"La justicia llega tarde pero repara"

El fallo incluyó el robo agravado de bienes y la sustracción, retención y ocultamiento de los niños Fernando Alvira, Víctor y Martín Almada. El Tribunal también ordenó que se investiguen las responsabilidades de otros uniformados en los hechos.

 Por Sonia Tessa

María Eugenia y Fernando Amestoy tendrían hoy 39 y 41 años. Los asesinaron cuando tenían tres y cinco, el 19 de noviembre de 1976, junto a sus padres, en San Nicolás. Sus miradas infantiles en la foto apoyada en el blíndex de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario se proyectaron sobre las cabezas del ex jefe del Area Militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, del ex militar Federico Bossie y del ex policía Federal Jorge Muñoz, condenados ayer a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. Las víctimas fueron el estandarte que los familiares sostuvieron durante la lectura de una sentencia impecable. El Tribunal también hizo lugar a los pedidos de la fiscalía para que se investiguen las responsabilidades de otros uniformados en los hechos. Bastó que el presidente del TOF, Omar Digerónimo, empezara a leer para que los presentes dejaran salir la catarata de lágrimas contenidas por años. El único sobreviviente de la masacre, Manuel Gonçalves Granada, lloraba sin parar. Sólo llanto se escuchó entre el público hasta el final de la lectura. Ahí sí, estallaron los aplausos y los abrazos. "Ahora descansan en paz" fue la frase más repetida por los familiares.

En el cantero central de Oroño, la gente se abrazaba a lo largo de la calle, alrededor del escenario armado por el Espacio Juicio y Castigo. "No vamos a recuperar lo que nos quitó la dictadura, pero sí vamos a recuperar, en días como hoy, la alegría y la esperanza de tener un día mucho mejor", dijo Manuel desde el escenario. La fiesta siguió toda la tarde. "La justicia a veces llega tarde, pero repara. No las ausencias, pero sí el alma maltrecha", sintetizó Florencia Amestoy, prima de los niños asesinados.

Saint Amant, Bossié y Muñoz fueron condenados por los los cinco homicidios agravados de Omar Amestoy, Ana María "Pochi" Fettolini, sus hijos María Eugenia y Fernando y de Ana María Granada, la mamá de Manuel, que tenía cinco meses y se salvó porque ella lo envolvió en un colchón antes de esconderlo en un placard. Saint Amant recibió sentencia además por las desapariciones de Regina Spotti, María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio y Eduardo Reale. El fallo incluyó el robo agravado de bienes y la sustracción, retención y ocultamiento de los niños Fernando Alvira, Víctor y Martín Almada, de entre 8 meses y dos años. También la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia de José Emilio Mastroberardino. José María Budassi, de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, sobreviviente y testigo de esta causa, consideró que el trabajo pendiente es difundir la dimensión histórica de esta sentencia en su ciudad.

"Es muy importante que el Tribunal haya hecho lugar a todos los pedidos para que continúe la investigación sobre otros posibles imputados en relación a hechos que surgieron en este debate oral y público", indicó el fiscal coadyuvante Juan Murray, que trabajó junto a la fiscal Adriana Saccone llevaron adelante el juicio oral. Ayer recibieron aplausos por su "convicción y seriedad".

Como la fiscalía había pedido, el Tribunal integrado por Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe remitió a la fiscalía federal de San Nicolás copia del expediente para determinar si los agentes Farías, Berutti, Gandulfo, Massoni, Cáceres y el subcomisario Ponce participaron de la masacre. También remitieron la declaración de Bossié para que se investigue la participación del oficial del Ejército, Salice, en ese operativo. Los magistrados también decidieron que se investigue al ex comisario Acosta por falso testimonio, ya que negó haber firmado un acta, pero luego se comprobó que sí lo había hecho. También será investigado el testigo Claudio Pereira, quien negó que los gases lacrimógenos hubieran causado la muerte de los niños.

La sentencia no tuvo desperdicio: el audio de la declaración de María Inés Alvuerne, vecina de Baronio y Reale, se utilizará para investigar la participación del agente del Ejército Luis Héctor Ponzi en el secuestro. Más causas se abrirán: el supuesto suicidio de Lagrutta, días después del secuestro de Baronio y Reale, fue desmentido por el testigo Carlos Fernández. El tribunal también remitió la testimonial de Marta Trepat de Giménez sobre los tormentos a los que fueron sometidos junto a su marido, Alfredo Giménez, en 1976, para ser incriminados por lo ocurrido en la masacre, ya que habían sido garantes del contrato de alquiler de la casa atacada.

Los magistrados revocaron las excarcelaciones de los represores, pero mantuvieron la prisión domiciliaria en sus domicilios reales (todos en Buenos Aires) hasta que la condena esté firme. Entonces, "y acorde a su estado de salud", deberán cumplirla en un instituto penitenciario.

Entre los presentes ayer, el diputado nacional del Frente para la Victoria Horacio Pietragalla resaltaba por su altura. Otra nieta recuperada, Victoria Montenegro, llegó hasta Rosario. En la primera fila de la sala de audiencias, las Madres de Plaza de Mayo Chiche Massa y Herminia Severini, junto a Celina Keka Koffman, de Santa Fe, escucharon la lectura. Gastón Gonçalves, el bajista de Los Pericos, acompañó a su hermano Manuel. "La sentencia fue la ideal, que esperamos en realidad en todos los juicios de este tipo", dijo Gastón.

Sentada en la primera fila del público estuvo Adriana Alvira. Su testimonio en el juicio fue demoledor. Después de la sentencia, sobre el escenario, recordó a su padre, Vicente Marcial Alvira. "Es una emoción enorme haber llegado a este día así, acompañados en esta lucha", dijo Adrianag. "Esto debió suceder mucho tiempo antes. Mis padres también debieron llegar a este día", dijo. Adriana, como todos, les agradeció a los querellantes Ana Oberlin, Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez por el trabajo realizado.

"Esperábamos esto porque sabíamos que había mucha prueba, pero igual siempre surgen una serie de temores, y de expectativas previas que, bueno, la verdad que se vieron mucho más que satisfechas. Llegar a este día y tener este resultado es maravilloso y vale la pena", dijo Oberlin, entre saludos.

La causa que terminó ayer se inició en octubre de 2004. Entonces, Manuel Gonçalves aún no había podido cambiar su nombre impuesto de Claudio Novoa, con el que creció hasta los 19 años. Aquel bebé que fue dado en adopción irregularmente por el juez Juan Carlos Marchetti ayer tuvo su segundo día de justicia. En abril del año pasado, los responsables de la desaparición de su padre, Gastón Gonçalves, fueron condenados. Ayer, le tocó a algunos de los asesinos de su mamá. Había pedido tres deseos antes de la sentencia. "Todos creímos en Papá Noel este año", dijo ayer, para contar: "Esperamos mucho tiempo para que llegue un día como éste. Lo mejor que supimos hacer en todos estos años fue la lucha colectiva, este triunfo es de todos". El abrazo de su hija, Martina, de 11 años, los dos emocionadísimos, fue el corolario de tantos años de búsqueda para terminar con la impunidad.

Prisión perpetua a los imputados por crímenes de lesa humanidad en San Nicolás

Los tres imputados fueron condenados a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común. El tribunal pidió además que se investigue a otras personas como presuntos partícipes de los crímenes ventilados en el proceso oral.

 El tribunal condenó este mediodía a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los ex coroneles retirados Fernando Manuel Saint Amant y Antonio Federico Bossie -jefe y número dos del Área Militar 2012 con asiento en San Nicolás durante el Terrorismo de Estado- y aplicó la misma pena al entonces jefe de la Policía Federal de esa ciudad, Jorge Muñoz, por la causa conocida como la masacre de Juan B. Justo.

En el juicio se ventilaron los pormenores de un operativo realizado en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de calle Juan B. Justo al 600 de San Nicolás por el Ejército y la policía, en el que fueron asesinados el matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y sus hijos María Eugenia y Fernando, de tres y cinco años.

También murió en ese episodio represivo Ana María Granada, quien alcanzó a resguardar con un colchón dentro de un placard a su bebé de apenas 5 meses, quien fue adoptado ilegalmente y luego recuperado por Abuelas para recuperar su identidad como Manuel Gonçalvez.

El tribunal también condenó a Saint Amant por la privación ilegítima de la libertad y los homicidios de seis militantes de la JP-Montoneros desaparecidos en los barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa entre abril y mayo de 1977, y por el secuestro de José Emilio Mastroberardino, quien alquiló su vivienda a uno de los matrimonios desaparecidos.

En esa causa se investigaron las desapariciones y muertes de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira.

Por último, la sentencia contra el ex jefe militar contempló la sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y el robo agravado por haber sido cometido con armas contra los militantes de la JP-Montoneros.

Tras la lectura de la sentencia, que fue seguida fuera del recinto de los tribunales federales de Rosario por cientos de militantes, Manuel Gonçalvez dijo : "Siento un gran peso menos, la verdad que convivir con los procesos judiciales es muy difícil porque lleva mucho de cada uno de nosotros y la cabeza casi no puede estar en otro lado que no sea en la causa".

"Haber cerrado esto de esta manera nos va a permitir no sólo a nosotros como familiares directos sino a toda la sociedad tener un país mucho mejor y vamos a vivir mucho mejor", añadió.

En esa línea, remarcó que "no significaría nada que estuviéramos sólo nosotros acá, estos juicios son una construcción colectiva y yo no lo tomo como una situación personal ni busco justicia para mi o por mi mamá o por mi papá; la dictadura nos pasó a todos, algunos fuimos afectados directos, otros no, pero todos fuimos afectados de alguna manera".

Por su parte, uno de los abogados querellantes y representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarniello, se mostró "conforme y feliz" con la sentencia.

"Todo lo que solicitamos fue decidido de esa manera e incluso se dictaron las revocaciones de las exenciones de prisión y las excarcelaciones (para los imputados), más allá de que van a seguir en prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme, pero fue un fallo ejemplar declarando todos los delitos como delitos de lesa humanidad".
 Tras conocerse la sentencia, Florencia Amestoy, familiar del matrimonio asesinado en la Masacre de Juan B. Justo, sostuvo que "la justicia no repara las ausencias pero sí cura un poco el alma maltrecha".

"Llegamos a fin de año con mucha justicia en este país, un país más justo, más libre y más seguro porque los genocidas están donde tendrían que haber estado hace más de 30 años: tras las rejas".

Víctor Almada, compañero de la desaparecida Regina Spotti, señaló que las condenas de hoy "son el cimiento de una larga historia, porque hoy sólo había tres acusados y son muchos más".

"No tengo mucha paz pero sí una gran alegría, porque nuestro compromiso con la historia es largo", señaló el hombre que llevaba colgado de su cuello una fotografía de su mujer asesinada por la dictadura.

Y agregó: "Hoy llegamos con rencores pero con justicia".

La lectura de la sentencia del tribunal integrado por los jueces Jorge Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani, fue acompañada por medio millar de militantes de las agrupaciones juveniles La Cámpora, Martín Fierro y JP-Evita, además de por las Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo de Rosario y la agrupación HIJOS.

También acompañaron a las víctimas y los familiares los nietos recuperados Horacio Pietragalla y Victoria Montenegro.

Un día de justicia para San Nicolás

Ayer, en la última audiencia por delitos de lesa humanidad en esa ciudad del norte bonaerense, dos de los tres imputados por los crímenes dijeron sus palabras finales, con chicanas y referencias a las organizaciones ERP y Montoneros.

 Por Sonia Tessa

Las audiencias del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en San Nicolás terminaron ayer con las palabras finales del ex militar Federico Bossié y del ex jefe de la Policía Federal Jorge Muñoz, acusados por la masacre de la calle Juan B. Justo 676, el 19 de noviembre de 1976. El ex jefe del Area 132 del Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, acusado también por seis desapariciones, eligió el silencio. Bossié expuso durante más de una hora datos inconexos sobre operaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, con datos sobre la raigambre de las dos organizaciones en la zona. Ninguna de esas referencias estaba relacionada con hechos debatidos en el proceso que comenzó el 3 de julio pasado. Al dar por finalizado el debate, el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Venegas Echagüe, anunció el veredicto para el jueves 27 de diciembre, a las 12, en Rosario, en Oroño 940.

La causa investiga la masacre en la que Amestoy, Fettolini y Granada murieron como consecuencia de los disparos que efectuaron las fuerzas conjuntas de las policías bonarense y federal, y el Ejército sobre la casa en la que vivían con los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, asfixiados por los gases lacrimógenos arrojados. Sólo se salvó Manuel Gonçalves Granada, arropado por su madre (Granada) en un colchón, adentro de un placard. Manuel fue llevado al hospital San Felipe, donde lo tuvieron cuatro meses solo en una habitación, con custodia policial. Nadie buscó a su familia biológica y fue dado en adopción de manera irregular. Recuperó su identidad en 1995. Es querellante en esta causa.

Saint Amant está imputado en la masacre, y también por la desaparición de Regina Spotti, Eduardo Reale, Beatriz Baronio, Raquel y María Cristina Alvira y Horacio Martínez, entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, en San Nicolás. En la misma causa se juzga la sustracción de los niños Fernando Alvira, Matías y Víctor Almada, todos menores de dos años.

Antes de las palabras finales, la Fiscalía respondió el planteo de nulidad hecho por el abogado defensor Gonzalo Miño, quien había objetado la designación de Juan Murray como fiscal coadyuvante y había considerado que Adriana Saccone debió excusarse de participar en la causa. La fiscal Saccone fue contundente al rechazar los planteos. Más tarde, Miño quiso contestarle y se produjo una situación irrisoria. Venegas Echagüe debió explicarle más de una vez que esa respuesta no formaba parte de las llamadas réplicas y dúplicas, que se producen en un juicio oral cuando las partes deben responder a hechos nuevos. Miño insistía más allá de las advertencias del magistrado, en un diálogo de sordos. En el medio, hubo un corte de luz que obligó a suspender la audiencia un cuarto de hora.

Tras las réplicas y dúplicas entre la acusación y la defensa, llegó el momento de las palabras finales de los imputados. Las de Bossié superaron largamente los 15 minutos estipulados por el Tribunal. Recién al final, y tras una advertencia de Venegas Echagüe, se refirió a los hechos en los que está acusado, para reflotar la teoría del enfrentamiento, y del suicidio de Ana María Fettolini y Omar Amestoy, los militantes asesinados en el baño de la casa de un tiro en la cabeza. A tal punto llegó su cinismo que sugirió que Ana María Granada pudo dispararles a sus dos compañeros. Una versión temeraria, de la cual no existió ningún indicio en el debate. Granada fue acribillada, su cuerpo tenía 14 impactos de armas de fuego.

Mientras se escuchaban los truenos de la tormenta que se hacía fuerte afuera, Bossié incorporó citas del libro Hombres y mujeres del peronismo revolucionario, de Roberto Baschetti, para hablar de Granada. Después, quiso referirse a otro militante, pero no llegó a completar el nombre. La abogada querellante Ana Oberlin lo interrumpió. "Señor presidente, va a hablar de mi padre (René Oberlin), que no corresponde al objeto procesal de la causa y no lo voy a permitir", dijo, enérgica, la profesional. "Va a hablar de mi padre y de mis tíos", insistió. Venegas Echagüe la avaló: "Ha lugar". Bossié atinó a decir: "De sus tíos no iba a decir nada".

Muñoz fue mucho más breve, pero en pocos minutos disparó varias chicanas. "Yo entré en la Policía Federal para ser auxiliar de la Justicia. Si yo hubiera entrado a la organización Montoneros no estaría acá", expresó el ex jefe de la Policía Federal en San Nicolás, uno de los fundadores de la organización Alianza Anticomunista Argentina, ladero del comisario Villar y custodio de Isabel Martínez de Perón. Aunque el sentido de su frase fuera otro, las fotos de las víctimas sostenidas por sus familiares le daban la razón.

Continúa el juicio contra represores en Reconquista

Con el testimonio de cuatro testigos continuará mañana el juicio que sigue el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a dos militares y a cinco policías retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad de Reconquista, dijeron voceros judiciales.

En la que será la penúltima audiencia del año el Tribunal escuchará los testimonios de Eulogio Sellarés, Vital Núñez, Olga Bassi y Miguel Wutrich, en tanto los testimonios que estaban previstos originalmente para hoy serán reprogramados para 2013.

El Tribunal Oral Federal santafesino, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Otmar Paulucci, juzga a siete represores por "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados".

Es el caso del comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos oficiales retirados de la Fuerza Aérea, y los ex policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca.

Pero, además, Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también son acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente, por lo que esta causa tiene la particularidad de ser la primera en la provincia que considera como de lesa humanidad los delitos sexuales.

La maldita impunidad : sigue en libertad Victor Rodríguez, genocida

VIíctor Rodríguez está acusado en la causa por el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi pero permanece en libertad.
Esta vez sí el Chuly puede quedar tras las rejas

El fiscal Murray pidió que se cumpla la detención ordenada, ya que seis camaristas entendieron que la libertad del represor Rodríguez podía llegar a poner en riesgo la investigación.

 Por José Maggi

El represor Víctor Hugo "Chuly" Rodríguez sigue por estos días en libertad, a pesar del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que por unanimidad lo encontró responsable en el caso del secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Es que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que le había dictado una falta de mérito, adujo que como la decisión del tribunal de alzada fue apelada ante Casación, ese recurso suspendía la ejecutoriedad de la medida de coerción personal. Esta semana el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió que se cumpla efectivamente la detención ordenada, ya que seis camaristas por unanimidad entendieron que la libertad de Rodríguez podía poner en riesgo la investigación. Rodríguez era el jefe del destacamento de Inteligencia del Ejercito cuando ocurrieron los secuestros en mayo de 1983.

La explicación del artilugio legal al que hechó mano el juez de San Nicolás, es advertido por el propio fiscal en su presentación: el código de procedimientos establece que la prisión preventiva solo puede ser dictada por el Juez de Instrucción, no por la Cámara. Esto último ha sido una construcción de los jueces por vía jurisprudencial. Así el código establece que si se apela la prisión preventiva no se suspende su ejecución. Nada dice si se interpone recurso de casación contra la prisión preventiva por que el legislador no previó que ésta pudiera ser dictada por la Cámara.

En los primeros días de febrero de 2012 Villafuerte Ruzo había dictado el falta de mérito del ex teniente coronel conocido por su difundido Cruce de los Andes a lomo de mula. Pero ese dictamen fue apelado por la abogada Ana Oberlin y el fiscal Murray.

El en la tercera semana de noviembre, la Cámara Federal de Rosario resolvió su procesamiento y detención "basada en la presunción fundada de que Rodríguez intente eludir la acción de al justicia para sustraerse al cumplimiento de una condena y que, en este estadio procesal, debe evitarse el eventual entorpecimiento de la labor instructoria y asegurar el descubrimiento de la verdad" según remarca Murray en su recurso de apelación.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal "nos encontramos frente a un hecho acaecido hace 29 años, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad perpetrado por el aparato organizado del estado terrorista, por lo que la eventual denegación, retardo de justicia o mantenimiento de la impunidad de los hechos puede hacer caer al estado nacional argentino en "responsabilidad internacional" por incumplimiento de las normas de tratados y pactos internacionales y de fallos rectores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia".

En su presentación Murray le advierte a Villafuerte Ruso que "ha fundado la denegatoria de la ejecución del dictado del auto de prisión preventiva sobre el imputado en los precedentes de la Cámara de Circuito en autos "Sfulcini" y "Gazari Barroso". "La lógica de vuestro resolutorio y del superior en los fallos mencionados encierra una trampa: seis jueces de un tribunal de alzada han considerado que en el caso de autos existe peligro de que Rodríguez fugue o que encontrándose en libertad entorpezca las investigaciones".

"La sustancia final del decisorio que se impugna radica en la consideración que el auto de Cámara no se encuentra firme pues contra él se ha interpuesto Recurso de Casación en los términos del articulo 456 y concordantes del código de rito y que, como no existe una especificidad en relación al efecto de tal recurso debe primar la norma genérica del artículo 442 del CPPN en relación al efecto suspensivo de los recursos, salvo expresión en contrario."

"Pero -agrega Murray- lo cierto y real es que ninguna norma del código procesal establece la posibilidad de que el tribunal de alzada dicte una medida de coerción personal las que en nuestro código de rito se encuentra legislada en cabeza de las facultades del juez de instrucción (artículos 283 y 310 del CPPN).

"El no reenvío de la causa a esa instancia inferior luego de la revocación del auto de falta de merito y la facultad de la Cámara de Apelaciones del dictado de auto de procesamiento con prisión preventiva es producto de una creación doctrinaria y pretoriana por lo que el legislador no pudo preveer un caso como el de autos. Asi el artículo 311 del CPPN, había establecido con que contra el auto de procesamiento sea este con prisión o sin prisión preventiva es admisible el Recurso de Apelación sin efecto suspensivo, o lo que es lo mismo, devolutivo. Y ello es así, pues se considera que si existe peligrosidad procesal y necesidad de cautelar en su libertad a una persona y esa peligrosidad ha sido merituada correctamente, la suspensión de la ejecutoriedad de la medida de cautela puede hacer desvanecer la concreción final del derecho.

"Resulta entonces a todas luces irrazonable que por el hecho que el dictado de la medida de coerción personal haya sido dispuesto por un tribunal superior (insisto han fallado por unanimidad seis jueces de Cámara) su resolución quede suspendida con el consiguiente peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación que ellos han merituado".

Represor con domiciliaria abusa sexualmente de una nena de 9 años

¿Ese hombre está preso?
Por Horacio Verbitsky

Para la justicia federal de Rosario, el abuso sexual a una nena de nueve años no viola el arresto domiciliario impuesto a un coronel del Ejército, con prisión preventiva por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio de 27 personas y por la sustracción de la hija de un matrimonio de detenidos políticos nacida en cautiverio.

El manoseo se produjo en el primer fin de semana largo de octubre en un complejo de cabañas en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, propiedad del represor. Los padres de la criatura abusada reclaman al juez por qué no tomó medidas para que pudieran saber que quien les alquiló alojamiento era un procesado por crímenes de crímenes de lesa humanidad.

Los protagonistas de esta sórdida historia son el coronel José Javier De la Torre y el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien en noviembre de 2011 procesó y dictó la prisión preventiva a De la Torre junto con el ex dictador Jorge Videla y el ex jefe del Ejército en Rosario, Ramón Díaz Bessone. En 1976, De la Torre era capitán y jefe de la sección de comando y servicios del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario.

 Entre las víctimas de ese grupo está la Nieta 103 recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, hija de los detenidos-desaparecidos Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. A pesar de que De la Torre tenía menos de 70 años (nació el 31 de mayo de 1943), Bailaque le concedió el arresto domiciliario para cumplirla, bajo juramento de no quebrantarlo.

De la Torre eligió la quinta La Chacra, en el camino rural Los Cardales, en Capilla del Señor. Es un predio con una casa grande, cuatro dormis para alquilar, canchas de tenis y paddle, pileta de natación, juegos para niños, parrilla y quincho. El fin de semana largo del 6 al 8 de octubre de este año, cuatro matrimonios amigos, que viven en el partido bonaerense de Almirante Brown, alquilaron esas instalaciones por Internet. Los ocho adultos viajaron en compañía de cinco hijos menores.

Uno de los hombres, Daniel Almada, declaró que el último día fue hacia la zona de juegos para ver qué hacían los chicos y descubrió una escena horrible. “La nena estaba frente a la ventana y De la Torre tenía extendidas las manos través de la ventana y le estaba tocando los pechos.” Almada se llevó a la nena, que “se puso a llorar y me dijo que la había tocado y le había mostrado el pito”.

–El viejo de la casa manoseó a tu hija –le explicó a su amigo Luis Alberto Acosta, quien salió disparado hacia la casa principal. El propietario abrió la puerta con una biblia y un rosario en la mano, “la camisa sólo con dos botones abrochados, el cinto abierto y el primer botón del pantalón todo desabrochado”. Acosta lo tomó de la camisa y le gritó:
–Vos manoseaste a mi hija, viejo de mierda.

Como De la Torre negó, Acosta lo llevó hacia fuera, lo sentó debajo de un árbol y pidió a sus amigos que llamaran a la policía. No pudieron comunicarse y Acosta decidió llevarlo él.

–Yo soy un preso político. Tengo arresto domiciliario, de acá no me podés sacar, flaco –dijo De la Torre.
–Qué no te voy a poder llevar –respondió el padre, furioso.
–Estás equivocado, flaco, no me podés sacar de acá, yo maté mucha gente para que ustedes ahora gocen de la libertad que tienen.

Cuando llegó la policía, confirmó que el hombre no podía salir del predio. La denuncia fue presentada por el padre en la comisaría de Campana, que la derivó a la justicia provincial. En Rosario, la Fiscal General Subrogante a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, Mabel Colalongo, solicitó a Bailaque que revocara el arresto domiciliario ya que “continúa desplegando su poder perverso”.

Bailaque rechazó la solicitud aduciendo que “no hay constancias que acrediten que De la Torre incumplió las disposiciones inherentes al régimen de detención domiciliaria”.

Consultado para esta nota, el padre de la nena dijo que “nadie me dio la oportunidad de decidir, en el momento de alquilar, si quería compartir con mi familia un lugar habitado por un tipo acusado por delitos de lesa humanidad. Esa falta de alternativas, por desinformación, permitió que hoy mi familia sea otra víctima de la impunidad”.

 La madre de la nena, Silvia Noemí Pérez, agregó que “la cachetada recibida por mi pequeña hija me hizo salir de la burbuja en la que vivía. Recorreré todos los caminos que sean necesarios para que este hombre no pueda seguir con su carrera delictiva.

Nuestra hija nos pregunta: ‘¿Ese hombre está preso’?”.

Indagaciones e imputaciones a 12 miembros de la patota de Feced

Más responsables irán al banquillo de los acusados

A pedido del fiscal Gonzalo Stara, el magistrado federal indagó a otros integrantes del grupo de tareas que operaba en el Servicio de Informaciones, entre ellos a Caramelo Altamirano y Ramón Ibarra. Esta semana declaran Videla, Lofiego y Scortechini.

 Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--tomó esta semana declaración indgatoria a 12 represores miembros de la Patota de Feced, a quienes imputó por delitos de lesa humanidad, ocurridos en el centro clandestino del Servicio de Informaciones que funcionaba en Dorrego y San Lorenzo. A la indagatoria prestada por el ex capellán Eugeno Zitelli --que Rosario/12 dió a conocer esta misma semana-- se sumó la de Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Mario "el Cura" Marcote, Carlos "Caramelo" Altamirano, Diego Portillo, Ricardo Enrique Corrales, Ramón Vergara, Ramon Telmo Alcides Ibarra, Daniel González, Julio César "Ronco" Nast y Marcelo "el Vasco" Olazagoitía. Se imputaron hechos de privación legítima de la libertad agravada mediando violencia y amenazas, y en algunos casos la comisión del delito de tormentos agravados y el delito de homicidio.

También se dictaron dos resoluciones: el procesamiento de Héctor Gianola y el sobreseimiento de Nilda Folch, alias la Polaca, quien fuera pareja del también exculpado Ricardo Chomicki, ambos ex detenidos que pasaron por el SI y que tuvieron roles de colaboradores más que activos con sus captores (ver aparte).

La docena de indagatorias concretadas esta misma semana se cimentan en la serie de testimonales brindadas en el juicio a Díaz Bessone y la gran cantidad de sobrevivientes que declararon en los dos últimos años en la causa aún en instrucción. Por eso, el fiscal Stara solicitó al juez Bailaque la realización de nuevas imputaciones. Como respuesta a esos pedidos, el magistrado ordenó una serie de declaraciones indagatorias que se fueron celebrando a lo largo de la semana.

Las imputaciones

*El caso de Daniel Gorosito, por cuyos delitos se imputó a Vallejo y Portillo.

*Por el caso de los integrantes de la comisión directiva de la biblioteca popular Constancio Vigil se imputó a Ibarra, Marcote y Corrales.

*Los casos de la Masacre de Los Surgentes fueron imputados como un único hecho a Vallejo, Ibarra, Vergara e Ibarra, Fermoselle y Marcote, luego de años de imputarse por separado, impidiendo la reconstrucción histórica de los delitos de los que resultaran víctimas José Oyarzábal, Sergio Jalil, Daniel Barjacoba, María Cristina Márquez, Cristina Costanzo Ana Lía Murgiondo y Daniel Laus.

*También se imputó por los tormentos de Adriana Beade a Portillo.

*Por los homicidios de Analía y Mario Urquizu (dos jóvenes pampeanos militantes de Montoneros asesinados en enero de 1977) y Daniel Roche se imputó a Vergara, Vallejo, Corrales y Altamirano.

*Por Osvaldo Vermeullen a Vallejo, Nast y González.

*Por María Sol Pérez Losada de Ameri a Dougour, Portillo, Marcote, Altamirano y Daniel González.

*Por la Masacre de Ibarlucea, como se conoce al fraguado intento de copamiento de la comisaría de ibarlucea se imputó a Corrales. En este caso se masacró entre otros a Nora Larrosa, Daniel Mellili y Rodolfo Segarra, procedimiento llevado adelante por el propio Agustín Feced.

Un cacerolero ronco

En relación a la conducta adoptada por los represores al momento de ser indagados, nadie contestó preguntas, pero en el caso de Julio Cesar "Ronco" Nast realizó algunas manifestaciones citando al co-imputado Calos Ulpiano Altamirano. Dijo que "el fiscal Stara comete persecución religiosa en perjuicio de Zitelli". Manifestó también que el fiscal fue designado en su función por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi, perteneciente a la organización terrorista montoneros, por lo cual no iba a declarar.

No conforme con esto, Nast señaló que "los días 13 de setiembre y 8 de noviembre 4 millones de personas salieron a la calle tañendo cacerolas e hicieron reverberar a lo largo y ancho del país la palabra libertad. Multitudes nunca antes vistas decidieron abnegar (sic) al silencio, la complicidad a la corrupción gubernamental".

Por si fuera poco, el represor acompañó "para colaborar con la averiguación de la verdad histórica" dos notas de El Informador Público, un medio ligado a servicios de inteligencia. En una, luce una nota titulada "Zafaroni involucrado en delitos de lesa humanidad" y en la otra, de fecha 12 de septiembre de 1974, "La juventud sindical se abocará a la identificación y captura de montoneros".

A su turno, Mario "el Cura" Marcote se autodeclaró "preso político" y dijo que no estaban dadas las condiciones para juzgarlo, al tiempo que aclaró que por sus creencias religiosas lo siguen llamando "El Cura".

Por su parte, Daniel "el Lagarto" González negó las imputaciones y manifestó: "No tuve nada que ver, con los detenidos tuve siempre buen trato".

Indagatorias no finalizadas

Algunas de las declaraciones aún deben realizarse. La declaración de Corrales, debido a la gran cantidad de prueba colectada en su contra continuará el próximo 10 de diciembre.

En tanto, las declaraciones de José Rubén Lofiego y Jorge Rafael Videla se tomarán el próximo martes en el Penal de Marcos Paz, donde se constituirán el juez Bailaque y el fiscal Stara.

En el caso de Scortechini, la declaración se suspendió porque el imputado adujo "razones de salud" que le impidieron presentarse en el tribunal por el momento. La misma fue reprogramada para los próximos días. En este último caso, la fiscalía acompañó un dictamen del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones que da cuenta de que el imputado se encuentra en condiciones de viajar a la ciudad de Buenos Aires, por tanto, el traslado al penal de Marcos Paz, sería inminente.

Nueva indagatoria al ex capellán Zitelli

Una pieza insustituible de Feced

"Zitelli representa la autoría directa de la iglesia en la represión ilegal en Rosario", dijo el fiscal Stara, quien no pudo interrogar al imputado ya que por asesoramiento de su abogado defensor Oscar Romera, se abstuvo de declarar.

 Por José Maggi

Eugenio Zitelli -ex capellán policial durante la última dictadura- se presentó ayer ante el juez federal Marcelo Bailaque, quien lo imputó por "haber intervenido en carácter de capellán del Servicio de Informaciones y de la Alcaidía de la jefatura de policía de Rosario en la privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas de Patricio Downes, Tomasa Verdum, José Raúl Villarreal, María del Rosario Ortiz de Villarreal y Miguel Angel López". El fiscal federal Gonzalo Stara no tuvo oportunidad de interrogar al imputado ya que por asesoramiento de su abogado defensor Oscar Romera, Zitelli se abstuvo de declarar.

A pesar de que todavía está pendiente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en relación al primer procesamiento de Zitelli, por otros nueve casos similares, el juez Bailaque volvió a indagar al ex capellán.

Para Stara "Zitelli representa la autoría directa de la iglesia en la represión ilegal en Rosario. El ejercicio de su capellanía fue parte fundamental de la implementación del plan sistemático. La importancia de la prueba colectada, ha provocado nuevas imputaciones antes de pronunciarse los camaristas. Las responsabilidades eclesiásticas pendientes son muchas. El accionar de Zitelli es solo el emergente".

El fiscal destacó la importancia de la jornada judicial donde se logró indagar al ex capellán en relación a nuevos casos, materializándose así las denuncias que desde los primeros días de la democracia formalizaron los sobrevivientes del SI.

La medida concretada ayer por el juez Bailaque, esto es haber prestado ampliación de indagatoria, repercute indefectiblemente en la decisión que tomará la Cámara Federal al momento de revisar el procesamiento de Zitelli respecto de los 9 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada y asociación ilícita.

Para Stara "de la prueba que se fue recolectando, queda acreditado, como no podía ser de otra manera, una sistemática actuación del imputado en los distintos sectores del SI; sectores no menores, sino todo lo contrario; eran el CCD mismo, como lo era el pasillo distribuidor que justamente comunicaba a las salas de tortura, el 'Boulevard Perdiste' como lo llamaban los sobrevivientes a dicho lugar y que pudimos escuchar a cientos de ellos en el juicio 'Díaz Bessone'; o el sector llamado 'favela', donde eran alojados los condenados a muerte o quienes iban a seguir siendo interrogado porque aún no se había decidido su suerte. Y también fue visto, en el llamado 'sótano'".

Para el fiscal del caso "la presencia de Zitelli, resulta innegable y los testigos así lo acreditan".

Por todo esto para el representante del Ministerio Público "además de los testimonios mencionados y los casos atribuidos en la indagatoria, se refuerza el cuadro probatorio, quedando claramente acreditada -nuevamente? la función de Zitelli en el CCD que funcionó en el SI. El imputado no solo cumplía funciones tendientes a obtener información de las personas que se encontraban en el SI, sino también funciones relativas a la contención espiritual de quienes estaban a cargo de los interrogatorios, entre otros. De ello da cuenta Tomasa Verdun de Ortiz cuando declara que ve a Zitelli hablando con quienes acababan de torturarla en la propia sala de torturas" destacó el funcionario.

Con este llamado a prestar ampliación indagatoria, se corrobora que Zitelli fue una pieza insustituible dentro del grupo que operó en el SI y que era conducido por Feced. Los contactos entre el imputado y familiares de detenidos, algunos desaparecidos, como es el caso de Braccacini, así lo demuestran. El imputado, por supuesto, se reunía con los familiares con el consabido fin de acallar los reclamos de éstos. Los testigos y los casos por los cuales se encuentra procesado así como indagado, así lo acreditan.

Piden perpetua para los represores en el juicio en San Nicolás

Piden perpetua para los represores

Saint Amant (ex jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977), Bossie, (integrante del Ejército) y Muñoz (ex jefe de la Policía Federal), están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre de la calle Juan B. Justo.

 Por Sonia Tessa

Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz fue el pedido de las querellas en el primer alegato del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Los abogados desgranaron la prueba que se produjo en el proceso comenzado el 3 de julio pasado, tanto sobre la desaparición de seis militantes santafesinos entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, como de la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976. En el público, Florencia Amestoy llevó como estandarte la foto de sus primos, Fernando, de tres años, y María Eugenia Amestoy, de cinco, asesinados en ese ataque. A unas pocas butacas, el único sobreviviente, Manuel Gonçalves Granada (que tenía cinco meses) seguía emocionado los argumentos de sus abogados. En la misma sala, Fernando Alvira --hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, él mismo sustraído por Saint Amant a los nueve meses-- escuchaba pero también estaba atento a su bebé, que había quedado afuera, en los brazos de la madre. Aquellos niños que fueron víctimas hoy esperan justicia.

Manuel Fernando Saint Amant era jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977 y está acusado por la desaparición de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y Regina Spotti, así como la sustracción de los niños Fernando Alvira (nueve meses), Martín Almada (siete meses) y Víctor Almada (un año y ocho meses). Además, junto Bossie, integrante de la plana mayor del Ejército en la misma época y a Muñoz, ex jefe de la Policía Federal, están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre.

La recopilación de los relatos de decenas de testigos del ataque de unos 50 efectivos en la casa de Juan B. Justo 676 que realizó la querella coincidieron en subrayar el intenso tiroteo sobre la casa en la que vivían Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando y María Eugenia, de tres y cinco años; Ana María Granada y su bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, el único sobreviviente, que hoy es querellante.

Sobre el ataque a esa casa, la abogada Ana Oberlin consideró que "la hipótesis del enfrentamiento ha sido descartada" y apuntó que se trató de "un brutal ataque". La profesional refutó uno a uno los argumentos de la defensa: que Amestoy y Fettolini se suicidaron. Lo contradijo con los documentos elaborados por el propio Muñoz, obrantes en el Archivo Provincial por la Memoria, en el que se habla de "delincuentes subversivos abatidos". Probó que los atacantes sabían de la presencia de niños, y aún así, tiraron gran cantidad de gases lacrimógenos. Que los niños murieron por la asfixia provocada por esos tóxicos, ya que fue la única sustancia consignada en la autopsia de Fernando. En el caso de María Eugenia, no se realizó autopsia pero la pericia consigna la misma causa de muerte que su hermano.

Oberlin les respondió a Muñoz y Bossie, que hicieron uso del derecho de defensa. "Insulta a la inteligencia de los que estuvimos en esta audiencia que Muñoz y Bossie, si sabían que podía haber delincuentes subversivos en esa casa, fueran cándidamente como lo relataron, a golpear la puerta o a pasar por enfrente", dijo la profesional. Más tarde, consideró: "También es increíble que tres poderosos delincuentes que resistieron un embate no hayan podido producir ni siquiera un rasguño a ninguno de los efectivos que atacaron la vivienda". En su extensa argumentación, dijo que Amestoy, Fettolini y Granada "eran personas que estaban en la casa durmiendo y fueron atacados, y lo primero que atinaron a hacer fue proteger a los niños".

Los abogados unificaron el alegato de las querellas particulares y las secretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Nación. Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez relataron las privaciones ilegítimas de la libertad de los seis desaparecidos, con su correspondiente prueba. Entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, estos militantes santafesinos fueron secuestrados tanto en sus casas como en la vía pública. Spotti compartió cautiverio con José María Budassi, que dio testimonio de haberla visto en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Baronio y Reale estuvieron con otro testigo, Pablo Martínez, en un centro clandestino de detención (CCD) del Ejército, cercano a Somisa. Unos 15 días después, Eduardo compartió cautiverio con otros cinco o seis detenidos, en otro CCD, cerca de la fábrica Pratto. Las hermanas Alvira estuvieron cautivas en una comisaría cercana a Somisa y Martínez en el mismo CCD que Reale. Todos ellos continúan desaparecidos. Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando sus padres fueron secuestrados, quedó en custodia de un vecino por orden del propio Saint Amant. Los abuelos maternos pudieron recuperarlo después de firmar bajo extorsión un documento en el que inculpaban a sus hijas.

Los abogados señalaron que más allá de la autoría mediata, a Saint Amant le correspondía la autoría material en los secuestros de las hermanas Alvira y Martínez, así como la sustracción de los tres menores, pues existen testigos de su participación directa. Lo mismo vale para los tres acusados por la masacre, pues está acreditado que los tres estuvieron presentes.

En el final de su argumentación, Oberlin respondió directamente a los represores. "Ellos hablaron del sufrimiento de sus familias. Me parece obsceno comparar lo que significó para la familia Amestoy, que fue totalmente arrasada y el sufrimiento que pasó Manuel, causado por el accionar doloso de los acusados. No puede compararse ni por asomo con lo que significa un proceso penal. No son equivalentes", dijo la abogada, con mucho esfuerzo para contener las lágrimas. En el público, sí, la mayoría lloraba.

El ex capellán Zitelli de nuevo ante el juez

Ampliarán indagatoriaZitelli tiene que volver ante el juez

La medida se suma a otras 15 también pedidas por el fiscal Gonzalo Stara a integrantes de la Patota de Feced. En la prueba testimonial se dio cuenta de la presencia del sacerdote en el Servicio de Informaciones, y de su rol en la represión.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía durante la última dictadura Eugenio Segundo Zitelli deberá prestar declaración indagatoria el próximo martes, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad. El juez federal Macelo Bailaque ordenó --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--, otras 15 indagatorias que incluyen a ex militares como Jorge Rafael Videla y la mayor parte de la denominada Patota de Feced.

Estas dieciséis nuevas declaraciones indagatorias que ordenó el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario tendrán lugar entre el martes 27 y el martes 4 de diciembre. Deberán declarar Ricardo Corrales, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara, Carlos Altamirano, Ramón Ibarra, Daniel González, Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Lucio Nast y Ovidio Olazagoitía.

A efectos de llevar adelante la medida, el Juzgado se constituirá en el Penal de Marcos Paz, junto con representantes de la defensa y el fiscal de la causa. En el caso del ex capellán, tendrá lugar el martes, en la sede del Juzgado, para lo cual se libró oficio de citación por conducto de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Rosario de Gendarmería Nacional. Las restantes declaraciones se dividen entre la sede del Juzgado y el Penal de Marcos Paz.

En relación a la responsabilidad de Zitelli por los hechos que damnificaron a Tomasa Verdún, José Raúl Villarreal y Miguel Angel López, se encuentra probada la presencia física de Zitelli en el lugar donde ocurrieron los hechos. En este sentido, Verdún lo ubica en el pasillo distribuidor del Servicio de Informaciones (el centro clandestino de detención que funcionaba en San Lorenzo y Dorrego, dentro de la jefatura de Policía); José Villarreal en el sótano y Miguel Angel López, en la favela, todas zonas del SI.

En la prueba testimonial hay concretos señalamientos que dan cuenta no solo de la presencia de Zitelli en el SI, sino también de los roles y funciones que allí éste cumplía. El ex capellán fue visto y tuvo contacto con víctimas alojadas en ese centro clandestino, tuvo contacto con detenidos ilegales en la Alcaidía y visitó a detenidos en cárceles.

Para Stara, "Zitelli tenía pleno conocimiento de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones tormentosas de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información". Y además, tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas junto a la Patota de Feced".

"En este sentido, el rol que le achacan las víctimas -﷓aclaró Stara-- consistía, principalmente, en recabar información de los detenidos, incluso 'tolerando" las torturas como medio de obtención de información, si fuere necesario".

Zitelli recuperó su libertad el 11 de abril pasado, previo pago de 50.000 pesos de fianza, luego de ser considerado probable autor de delitos de lesa humanidad e integrante de la Patota de Feced.

El 20 de marzo, Bailaque lo había procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieran como víctimas a Graciela Borda Osella; María de las Mercedes Sanfilippo; Olga Cabrera Hansen; María Inés Luchetti de Bettanín; Elba Juana Ferraro de Bettanín; Darío Castagnani; Maria Herminia Acevedo de Fernández; Mónica Cattoni y Eduardo Bracaccini. Además lo señaló como probable coautor del delito de asociación ilícita.

Bailaque fundó también su resolución en la comprobada presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones, concluyendo que estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones, que tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones y que conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas. También sostuvo que Zitelli estuvo presente en sesiones de torturas.

De igual modo se espera que el juez Bailaque al momento de indagar a Zitelli materialice los pedidos del fiscal en relación a los delitos cometidos contra Patricio Downes, Tomasa Verdún de Ortiz, y el ex alumno del Colegio San José, Miguel Angel Nicolau entre otros.

En tanto, Stara solicitó se amplíen las imputaciones a toda la patota que operó en el SI y sus responsables mediatos. El fiscal consideró a Zitelli un integrante más de esa asociación ilícita.

La resolución judicial hace lugar al pedido del fiscal, que pretende profundizar las responsabilidades de los represores que actuaron en el centro clandestino, luego de haber reconstruido la mecánica represiva durante la audiencia oral Díaz Bessone, finalizada en marzo de este año.

Sancionada la restitución de los bienes de la Biblioteca Popular Vigil

Una antigua deuda de la democracia

Aunque la ley habla de "donación" para cumplir las formas jurídicas, se trata de la devolución de distintas propiedades, entre ellas el emblemático edificio de Alem y Gaboto. La iniciativa recibió el respaldo unánime de las dos cámaras.

El Senado provincial convirtió en ley la restitución de bienes a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, a 35 años de la intervención y el saqueo ejecutado por la dictadura militar, y la persecución de sus directivos, docentes y estudiantes. "La democracia ha saldado una deuda", celebraron los impulsores de la iniciativa, el diputado peronista Luis Rubeo y el senador radical Hugo Rasetto, de cuyos respectivos proyectos se conformó la ley que establece la devolución del patrimonio económico y cultural que sobrevivió al despojo.

El texto de la norma encuadra el mandato como "donación", sólo para cumplir con la forma jurídica que debe observar el Estado provincial. "Pero lo correcto es hablar de restitución, ya que en realidad se está cumpliendo con un acto de estricta justicia, de reivindicación histórica al reparar en parte un avasallamiento a la cultura popular infligido a la entidad, a sus dirigentes, a sus asociados y a toda la ciudad de Rosario, ya que era beneficiaria de su actividad social, cultural y educativa", distinguió Rubeo.

En ambas cámaras la iniciativa avanzó con consenso unánime, una vez que la entidad recuperó su personería jurídica y, además, su histórica comisión directiva. Ese requisito permitió concretar ese deseo postergado. Con fuerza de ley, la Vigil recuperará a su nombre los bienes que siguen a continuación:

--Los inmuebles situados en las manzanas de Alem, Gaboto, 1º de Mayo y pasaje Perkins, y de Alem, Gálvez, Ayacucho y Virasoro, donde históricamente funcionó la institución.
--50 mil libros de la entidad que quedaron en custodia a cargo de la Biblioteca Pedagógica Provincial Eudoro Díaz.
--Los elementos que integraron sus recordadas mapoteca, discoteca, hemeroteca, diapoteca y archivo general.
--Un telescopio refractor Coudé Zeiss de 300 aumentos.
--Un telescopio reflector de hasta 800 aumentos.
--Un filtro monocromador Lyot para transmisión de la longitud de onda H-Alfa de emisión de hidrógeno.
--Una cámara Ross de 400 mm de distancia focal y 100 mm de abertura.
--Las piezas de animales embalsamados y colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la entidad.
--Cuadros originales de Julio Vanzo, Oscar Herrero Miranda, Carlos Uriarte, Carlos Alonso, Ricardo Supisiche, entre otras obras.

La sanción de la ley llegó dos días después del fallecimiento de uno de sus baluartes, Raúl Frutos, quien fuera vicepresidente de la institución de barrio Tablada y que padeció en carne propia el asalto del 25 de febrero de 1977, a manos de policías dirigidos por el capitán de corbeta Esteban Molina que inició la intervención y liquidación de la Vigil.

Reconquista: El martirio de las víctimas de la patota

Primera audiencia del juicio a Sambuelli y a otros seis represores de Reconquista.

Ayer se leyó el caso de Griselda Pratto, violada y secuestrada a los 16 años. Todos están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos. El juicio se extenderá hasta abril próximo.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Griselda Pratto no era militante política en febrero de 1977. Tenía 16 años cuando un grupo de tareas la secuestró en la casa de su hermana Luisa, en Reconquista. Eran las tres de la madrugada. La llevaron hasta la III Brigada Aérea, un centro clandestino de detención, donde cumplió los 17. Estuvo cautiva más de un mes, como rehén de la dictadura y sometida a la esclavitud sexual de la patota. Ella identificó a sus violadores, entre ellos a Danilo Sambuelli, entonces capitán y jefe de Inteligencia de la Base Aérea y hoy comodoro retirado. "Sambuelli me dijo que él tenía el poder, que podía hacer conmigo lo que quería", dijo Griselda. El suplicio y la amenaza se escucharon ayer en la lectura de la acusación fiscal, en la primera audiencia del juicio a Sambuelli y a otros seis represores de Reconquista, entre ellos su camarada de la Fuerza Aérea, Jorge Alberto Benítez, que operó como interventor de la Unidad Regional 9 de Policía. Se trata del décimo juicio en Santa Fe, pero el primero en la provincia y -el segundo en el país﷓ que juzgará los abusos sexuales y violaciones en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático de la represión. Los otros cinco imputados son policías de Reconquista que integraron el grupo de tareas: Carlos Nickisch (que era el jefe de Informaciones, el tristemente célebre D﷓2), Arnaldo Neuman, Rubén Molina, Horacio Machuca y Eduardo Luque. Todos, están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos: Sambuelli, Nickisch, Molina y Machuca, deberán responder también por el delito de violación a Griselda y Luisa Pratto.

El Tribunal Oral de Santa Fe (integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y su colega de Rosario, Otmar Paulucci) ya citó a declarar a más de cuarenta víctimas, entre ellas el ex intendente de Reconquista y ex senador de la provincia, Héctor Ocampo. Lo que significa que las audiencias se extenderán posiblemente hasta abril del año que viene.

Ayer, arrancó el debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público y de la querella. Hoy, a las 10, comenzarán las indagatorias de los acusados, que continuarán en las próximas dos semanas. Y las primeras testimoniales se escucharán el 4 de diciembre.

La acusación fiscal relató el martirio de las cuarenta víctimas. El clima de la sala pareció cambiar con el caso 33, el de Griselda Pratto. El secuestro fue el 5 de febrero de 1977, a las 3.15, en la casa de su hermana Luisa, que estaba embarazada. Ella había ido a visitarla. "Patearon la puerta, la rompieron", dijo Griselda cuando declaró en la causa. Uno de los secuestradores era Nickisch. "Le pegaron una trompada a mi hermana y la tiraron arriba de la cuna del bebé. Nickisch es el que le pegó". Le ataron las manos, la encapucharon y la subieron a uno de los vehículos del operativo.

"A la mañana siguiente, me desnudan, me ponen picana eléctrica en los pechos, en las axilas, en la vagina y en los pies, con agua en el piso", recordó Griselda. Le preguntaban qué hacía en Reconquista, qué información tenía. "Yo les dije que estaba de visita, para ayudar a mi hermana embarazada. No sabía de qué me hablaban. Y siguieron con la picana, después me empezaron a golpear, eran cinco personas. Me pegaron en la espalda, en el estómago, por todos lados, en los pechos, en la cara, caía al piso y me volvían a levantar y a aplicar picana. Me apuntaban con un arma y gatillaban. Y siempre, las mismas preguntas; después, los golpes, hasta que me arrastraron al mismo lugar donde había estado", sin colchón y encapuchada.

Al cuarto día comenzaron las violaciones. "Me decían que me iban a matar, que mis hermanos estaban muertos. Me ponían el arma en la sien. Fui violada por cuatro personas: Sambuelli, Nickisch, Neuman y el cabo Estofaretti", reveló. El martirio se prolongó "treinta días" hasta que un médico de la III Brigada Aérea, a quien identificó como "el doctor Arredondo" le curó las heridas. "Me dijo que no me iban a tocar más". Le dio jabón y pasta dental y cuando ya "no tenía más marcas" en el cuerpo la dejaron salir. "En un pasillo me encuentro con una mesa, estaba Sambuelli, que me da unas monedas y me dice: 'Tomá, andáte. No te quiero ver más en Reconquista'. Nunca me voy a olvidar, de Sambuelli, de Nickisch, de Neuman, de toda esa gente", agregó.

Cuando le preguntaron por los represores, Griselda contestó: "Sambuelli decía que el tenía el poder, que podía hacer conmigo lo que quería. Estofaretti también. Nickisch también, me paraban en la calle" y describió a Sambuelli como "un gordito, no muy alto, de un metro sesenta, tez blanca, medio pelado".

"La primera vez que me violaron yo estaba encapuchada. Pero en las otra no, ya me sacaban la capucha porque ellos tenían el poder. Creían que si me mostraban la cara me iban a matar, pensaba que iba a morir si los podía ver. A ellos, y al muchacho que se paseaba y me decía que no me podían tocar, que él estaba haciendo el servicio militar, ahí, en la Base Aérea de Reconquista, y que no me podían tocar".

Etapas decisivas en el juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás

Una justicia que demoró más de 36 años

Hoy es el aniversario de la masacre de la calle Juan B. Justo, donde el Ejército y la policía Federal y bonaerense mataron a tres adultos y dos niños. El único sobreviviente es querellante de una causa que el 27 comienza su etapa de alegatos.

 Por Sonia Tessa

Hoy se cumplen 36 años de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que el Ejército, junto a la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires mató a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, sus hijos de tres y cinco años, Fernando y María Eugenia, así como a Ana María Granada. Sólo se salvó Manuel Gonçalves Granada, que tenía cinco meses y fue arropado por su madre entre colchones, adentro de un placard. Hoy, Manuel es querellante en la causa que el próximo 27 ingresa en la última etapa del juicio oral y público. Desde ese día, las partes harán sus alegatos después de haberse escuchado toda la prueba. No es un aniversario más para el único sobreviviente, los familiares de los Amestoy y sus compañeros: en pocos días se conocerá la sentencia del juicio oral y público que se realiza en los Tribunales Federales de Rosario. Y hoy comienza en San Nicolás la semana de la Memoria, con actos que terminarán el 25 de noviembre.

La semana pasada, uno de los tres imputados, el ex militar Antonio Bossié, hizo su declaración indagatoria, y reflotó la teoría del "suicidio o pacto suicida" de la pareja asesinada (Omar y Ana María, a quien le decían Pochi) en una de las habitaciones de la casa, ubicada muy cerca del centro de San Nicolás. Claro que una pericia recibida en los últimos días por el Tribunal confirmó la firma del comisario general retirado Raúl Acosta, para certificar la veracidad de un documento en el que el Jefe de la Policía Federal de San Nicolás de entonces --Jorge Muñoz, otro de los acusados-- admite haber "abatido" a la pareja, a la que --fiel al lenguaje que las fuerzas de seguridad utilizaban en la época-- califica como "delincuentes subversivos".

El resultado de la pericia caligráfica que habían solicitado los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray fue concluyente: los peritos oficiales, de la querella y también el de la defensa de Muñoz, coinciden en atribuir la firma de Acosta para certificar el parte preventivo en el que Muñoz se responsabiliza como autor material de la muerte de los dos militantes. Acosta había desconocido si esa era o no su firma en la audiencia del miércoles 3 de octubre pasado.

De este modo, se cerró la producción de la prueba y se dio paso a la indagatoria de Bossié, que primero desconoció al Tribunal que lo juzga, pero a la vez aceptó preguntas. El ex militar deslindó responsabilidades en la orden de tirar gases lacrimógenos en el baño de la casa, que causaron la muerte de los niños Fernando y María Eugenia Amestoy. También afirmó que el objetivo del operativo que irrumpió en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en la calle Juan B. Justo haya sido matar a los tres militantes. "Matar nunca", enfatizó. "La directiva era clara, no había que matarlos, sino ponerlos a disposición de la justicia", agregó. Sin embargo, admitió que Granada salió ensangrentada de otra habitación, y fue ultimada. El represor también se refirió a un procedimiento de la noche anterior --el del barrio Las Mellizas﷓﷓, que la policía intentó disfrazar como un enfrentamiento con montoneros pero en realidad fue un encontronazo entre efectivos de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Según Bossié, fue por documentos encontrados en esa primera casa que llegaron hasta la calle Juan B. Justo.

En la audiencia del 10 de septiembre pasado, la investigadora de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, Claudia Bellingieri, explicó que el Area 132 de Inteligencia siempre hacía un trabajo previo antes de asaltar una casa, y refirió además: "Estamos realizando una investigación en la provincia de Buenos Aires. Se han podido analizar 38 casas atacadas. El patrón es el horario, los ataques eran a muy tempranas horas de la madrugada o por las noches. No se procedía con ningún tipo de protocolo", señaló Bellingieri, quien identificó un denominador común en esos operativos: "una fuerza desproporcionada sobre viviendas ubicadas en zonas urbanas".

El martes 27 de noviembre comenzarán los alegatos de las partes, y una vez que terminen, los tres acusados tendrán derecho a decir sus últimas palabras. Una vez que ello ocurra, el Tribunal Oral integrado por Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe dará a conocer el veredicto.

El aniversario de la masacre señala también el comienzo de la semana de la memoria. Esta tarde, a las 19, en el Centro Vasco de San Nicolás, comenzarán los actos de la Semana de la Memoria. Se inaugurarán una muestra plástica de ex alumnos detenidos desaparecidos de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y también una exposición de fotografías de alumnos 4º año de la Escuela de Arte 501 de San Nicolás. "Es el octavo 19N que los convocamos en este Día de la Memoria para los Nicoleños", expresan desde la Asociación Civil por la Memoria. "La luz de los 30 mil son las memorias de sus luchas y sus sueños que señalan el porvenir", dice el texto. El miércoles habrá, también a las 19, en el Centro Vasco, una función de Teatro por la Memoria; el jueves participarán en un acto en Cancillería nacional, en Capital Federal, en homenaje a quien fuera obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, asesinado en un accidente fraguado el 11 de julio de 1977. En el mismo acto se recordará a los sacerdotes palotinos masacrados en la iglesia San Patricio en julio de 1976 y al obispo Angelelli.

Las actividades volverán a San Nicolás el viernes, con la proyección del documental "Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno", también a las 19, en el Centro Vasco, en la que estará el sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra. El sábado, en el CIC, habrá una jornada con escuelas que participaron de las jornadas de Jóvenes y Memoria, en Chapadmalal y un recital. El domingo, a las 19, de nuevo en el Centro Vasco, se realizará un homenaje a Celia López Alonso.

En verdad, los actos comenzaron ayer, en Nogoyá, con el festival en homenaje a las víctimas de la masacre, que se realizó en la plaza Libertad de esa localidad. Amestoy y Fettolini eran de Nogoyá, un pueblo que desafió a la dictadura militar en noviembre de 1976, cuando llegaron los restos de la familia, y salió a la calle a despedirlos.

Santa Fé: militares y policías en el banquillo

Siete represores serán juzgados
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzará a juzgar a los represores por privaciones de la libertad, tormentos agravados y violaciones reiteradas a una menor. Los delitos fueron cometidos durante la última dictadura en la Brigada Aérea de Reconquista.

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad que incluye delitos sexuales en Santa Fe comenzará esta mañana en la capital provincial. El Tribunal Oral Federal de la provincia comenzará a juzgar a siete represores imputados de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y violaciones reiteradas cometidas durante la última dictadura en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia, en el marco de la investigación denominada “Causa 050”, cuyo centro de operaciones fue la III Brigada Aérea.

Los jueces José Escobar Cello, Omar Paulucci y María Ivone Vella juzgarán a dos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, Danilo Sambuelli y Jorge Alberto Benítez, y a los ex policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca por “privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados” cometidos en entre diez y cuarenta casos. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también están acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente en la III Brigada Aérea de Reconquista, que funcionó durante la dictadura como un centro clandestino de detención. La fiscalía estará representada por Martín Suárez Faisal y Roberto Salum.

Sambuelli, quien desde el 24 de marzo de 1976 actuó como interventor del municipio de Reconquista, secundó al brigadier Jorge van Thienen, ya muerto, en la cadena de poder de ese centro clandestino. Entonces, Benítez era interventor de la Unidad Regional IX de Policía, controlada por la Fuerza Aérea. Según el fiscal Roberto Salum, la represión en el norte de Santa Fe era manejada por la Aeronáutica, cuyas órdenes partían desde el jefe Van Thienen y de Sambuelli y eran ejecutadas por los policías Nickish, Luque, Molina, Neumann y Machuca.

Se trata del décimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia y el primero en el que los delitos sexuales se ubican a la altura de las privaciones de la libertad y los tormentos. Según fuentes judiciales, en anteriores debates que analizaron los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado se denunciaron delitos sexuales, pero será en esta ocasión la primera vez que sean considerados en el marco de violaciones a los derechos humanos.

En el auto de procesamiento, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, sostuvo que deben ser juzgados como tales los “abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio”, en referencia a la chica que cumplió sus 17 años en el centro clandestino.

El juicio oral comenzará esta mañana a las 9 con lectura de requisitorias. El inicio de las audiencias estaba previsto para el pasado 27 de septiembre, pero fue postergado para este lunes debido a que faltaban producir algunas pruebas ofrecidas por las partes, según las fuentes. Recién el martes 4 de diciembre comenzarán las declaraciones testimoniales de las víctimas. Se calcula que, entre los citados por las partes acusatorias y las defensas, los testigos superarán el medio centenar.