Genocida Perizzotti murió en su casa !!!

Murió el represor santafesino Juan Calixto Perizzotti

Tenía 82 años y purgaba condena a perpetua por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, gozaba de prisión domiciliaria por su avanzada edad.

El nombre de Juan Calixto Perizzotti se reiteró en los últimos años en casi todos los expedientes de causas federales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Santa Fe. El represor, de 82 años, falleció este jueves mientras cumplía prisión domiciliaria.

Perizzotti fue comisario, ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) durante los años de plomo. En 2016 fue condenado a prisión perpetua en la llamada “Causa acumulada” o “Megacausa” ventilada en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe. Fue el primer juicio en la ciudad capital donde se juzgó la apropiación y supresión de identidad de una menor de edad (María Carolina Guallane / Paula Cortassa), y en el cual Abuelas de Plaza de Mayo actuó como querellante.

En aquel momento, Perizzotti lo encontró culpable de los delitos de “homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad en perjuicio de diez personas; homicidio en perjuicio de otras cinco personas más; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra cinco personas; tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos; tormentos simple; sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y alteración del estado civil de un menor de 10 años, en perjuicio de María Carolina Guallane/Paula Cortassa”.

También contaba con una condena en la causa por delitos de lesa humanidad contra Silvia Suppo y otros cinco militantes rafaelinos. Suppo había sido secuestrada, torturada, violada y forzada a abortar por parte de sus propios abusadores mientras estaba detenida en la GIR

Al por entonces jefe de la GIR se lo acusó de ser “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada, por haberse cometido utilizando ilegalmente sus caracteres de funcionario público y por haberse cometido con violencia y amenazas”. También “aplicación de tormentos”.

Perizzotti falleció este jueves en su domicilio, donde cumplía la pena impuesta por el TOF.

La cruz del silencio

Una promesa de compromiso que el viento se lo llevo y del que nadie, nadie pronuncia una sola palabra sobre esta cruz del silencio, como tantas que pesa sobre la jerarquía eclesiástica. Lo mismo sucede con la causa del Movimiento Familiar Cristiano bonaerense,
 

En tanto en junio juzgaran por primera vez al sacerdote Eugenio Zitelli que fue capellán de la fuerza de seguridad durante la ultima dictadura junto a trece ex policías por crímenes de lesa humanidad en una causa por 155 casos de violaciones a los derechos humanos

El tramo de este diálogo con una presa política obvia todo comentario: 

– Padre, acá además de gente torturada llega gente violada y no importa la edad. Mi suegra de 54 años fue violada y también chicas de 16 años. 

– Un momento, la tortura es aceptable porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones habíamos acordado que no porque están en contra de la moral ¿Usted me autoriza a decírselo al Arzobispo

– Se lo exijo. 

Este fue el diálogo entre María Inés Luchetti de Bettanin, mientras estaba detenida en plena dictadura cívico militar en el Servicio de Informaciones (SI) de Dorrego y San Lorenzo, con Eugenio Zitelli, capellán de la Policía de Rosario, ocasión en la que era miembro activo de la patota del represor Carlos Feced.
María Inés fue secuestrada en enero de 1977 y, como muchas otras detenidas, había pedido un confesor para poder canalizar a través de la fe y la religión el duro momento que estaba viviendo. Desde 1984 viene denunciando el accionar del ex capellán en este Centro Clandestino de Detención (CCD) y su colaboración con las fuerzas represivas.

GENOCIDAS AL COUNTRY 2 (Campo de Mayo)

Comunicado de Prensa APDH Rosario

La APDH solicitó a los dos tribunales orales de Rosario que ordenen la inmediata remisión del genocida Jorge Alberto Fariña a una cárcel común.

 
El ex integrante del destacamento de inteligencia 121 dos veces condenado en las causas conocidas como Gerrieri 1 y 2, uno de los principales imputados en la causa Klotzman, se encuentra alojado en el pretendido penal de Campo de Mayo.

En efecto, la APDH había solicitado a los jueces federales que impidan los traslados a Campo de Mayo, y en ese marco fuimos notificados de que el represor se encuentra cómodamente alojado en las casas  de descanso de ese predio castrense.

El ahora pretendido penal fue cerrado por la falta de infraestructura para neutralizar el peligro de fuga que conlleva alojar a los detenidos por los delitos más graves del ordenamiento jurídico en un inmueble no preparado al efecto.

Una fuga de Fariña pondría en riesgo la causa Klotzman, donde por primera vez se juzgará la vinculación del destacamento de inteligencia con la policía federal en el despliegue de la represión ilegal en nuestra zona, donde él es el principal imputado.

La causa está pronta al juicio oral y entendemos imprescindible que inmediatamente se asegure su realización alojando a Fariña en una cárcel común e impidiendo que cualquier otro represor sea alojado en el penal ilegal de Campo de Mayo.

Ese fue nuestro pedido esta mañana y esperamos una pronta resolución judicial en ese sentido.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

APDH REGIONAL ROSARIO
Norma Ríos, Presidenta
Rosario, 29 de dic/2016

Rosario:“Los juicios tienen un nivel restitutivo”

Una mujer de 39 años que fue secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura, cuando apenas tenía seis meses, declaró este jueves en el juicio por delitos de lesa humanidad “Guerrieri III” y expresó que si bien el proceso oral no le devuelve a su padre desaparecido sí “tiene un nivel restitutivo”.

Una mujer de 39 años que fue secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura, cuando apenas tenía seis meses, declaró este jueves en el juicio por delitos de lesa humanidad “Guerrieri III” y expresó que si bien el proceso oral no le devuelve a su padre desaparecido sí “tiene un nivel restitutivo”.

“Por más que yo haya perdido y me hayan quitado la posibilidad de tener a mi papá, esto, si bien no me lo devuelve, tiene un nivel restitutivo”, dijo Mariana Victoria Flores ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario. Y apuntó a la dimensión social de los juicios: “Porque por fin esto dejó de pasarme a mí y empezó a pasarle a la sociedad”.

Flores fue secuestrada cuando solo tenía seis meses junto a su madre Laura Ester Repetti –quien también declaró en la audiencia de este jueves– y su padre Daniel Flores, que permanece desaparecido. El matrimonio era de origen cristiano y su creencia religiosa los movió a la militancia política de los años 70, contó hoy Repetti.

El 7 de junio de 1977 los tres fueron secuestrados por una patota de civil a la salida de un cine y conducidos al centro clandestino de detenciones “La Calamita”, ubicado en Granadero Baigorria, según pudo reconstruir con el tiempo Laura Repetti.

Su hija Mariana declaró que lo que conoce de su cautiverio “es por el relato de mi mamá”, puesto que no se posee memoria de lo ocurrido. “Hace poco yo pensé que una de las diferencias entre mi mamá y yo es que a mi mamá a los veintipico le sucedió algo”, le dijo al tribunal.

Y siguió: “A mí no me sucedió nada, a mí me constituye, yo no soy sólo eso, pero no soy sin eso”. “Para mi estar acá –dijo- es algo que desee toda la vida, yo lo único que deseaba es que los que eran responsables sean responsables”.

Flores contó que su infancia y adolescencia transcurrieron durante “muchos años de silencio” y que “la desaparición de mi papá acarreó la muerte de mi familia paterna”. Narró que hace poco tiempo una mujer que va al comercio que ella posee le contó que era prima de su papá, dato que había mantenido oculto a pesar de conocerla.

“Recién hace dos semanas que esa mujer me dijo llorando que era la prima de mi papá y me habló de él. Los juicios, las palabras dichas acá, traspasan y empieza a pasar algo”, consideró .

Los hijos y el marido de una desaparecida de Quinta de Funes declararon en Guerrieri 3

Recuerdos de la madre que hizo falta

Guillermo Sabino y María Celeste Martínez Reyna dieron testimonio por primera vez en un juicio oral y público. Contaron lo que pudieron recontruir del secuestro de María Adela Reyna Lloveras, una de las militantes ultimada en La Intermedia.

María Celeste y Guillermo Martínez junto a su padre, que también declaró ayer en el juicio. (Fuente: Alberto Gentilcore)
María Celeste y Guillermo Martínez junto a su padre, que también declaró ayer en el juicio.
(Foto: Alberto Gentilcore) - Por: Sonia Tessa

La mayor parte de las personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención La Calamita y sobrevivieron relatan que la encargada de cocinar era otra detenida, María. Esa mujer es una de las desaparecidas que pasó por el circuito Quinta de Funes-Escuela Magnasco y La Intermedia. Ayer, María Adela Reyna Lloveras llegó a la audiencia de la causa Guerrieri 3 en la voz de sus hijos Guillermo Sabino y María Celeste Martínez Reyna. "Toda mi vida he intentado reconstruir la historia de mi madre por partes... Y también hay un poco de... culpa de hurgar en la memoria y no recordar nada. A veces mi hermano me cuenta algo, pero yo no me acuerdo de ella. Voy reconstruyendo por las cosas que me cuentan, siempre cosas lindas, por las fotos. Me ha hecho mucha falta todo el tiempo", dijo María Celeste, con una voz suave, ante el Tribunal Oral Federal número 1. Tenía tres años cuando secuestraron a María, en octubre de 1976 (creen que el día 16), en una cita envenenada en capital Federal, según testimonios que Guillermo pudo recoger de uno de los compañeros de su madre. "Exactamente no recuerdo la última vez que la vi, que compartí con ella. Tengo muchos recuerdos de ella, siempre he hecho un esfuerzo memorístico para ver cuándo fue la última vez que me abrazó y no... Sí tengo recuerdos muy vívidos, muy fuertes, muchos", dijo Guillermo, que tuvo a su madre hasta los cinco años.

En la audiencia de ayer también declaró quien era el marido de María Adela, Guillermo Benito Martínez Agüero, hoy de 71 años, que cayó preso en Mendoza en octubre de 1974. Esa caída determinó que María debiera salir de la ciudad para militar en un lugar más seguro, y la organización Montoneros la destinó a Rosario. Los tres testigos de ayer declararon por primera vez en un juicio oral.

Martínez Agüero contó lo que pudo reconstruir del secuestro de su esposa, y recordó que "María Adela militó con mucho compromiso, entrega, sinceridad". Al finalizar su testimonio, les dijo a los integrantes del Tribunal: "No me gusta usar el término del horror, prefiero el homenaje, prefiero el término de la epopeya, porque fue épico lo que hicieron. Esta declaración tiene que ser un homenaje a esos compañeros que no están". Y también pidió que los juicios por delitos de lesa humanidad sean "una política de estado, no de gobierno". En la audiencia de ayer, además de Eduardo Costanzo y Juan Amelong, los únicos dos imputados que están siempre presentes, estuvo Rodolfo Isach, quien amplió su declaración indagatoria con un texto incomprensible que leyó para referirse a lo ocurrido como "una guerra civil". Es su derecho, como acusado, expresar lo que desee en el momento del juicio que elija, sin juramento de decir verdad. Otros imputados, como los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Marino González y los Personal Civil de Inteligencia Juan Cabrera y Walter Pagano siguieron la audiencia por videoconferencia. Armando Pelliza y Ariel López estaban en una sala contigua hasta que el Tribunal defina su situación.

En esta causa se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. El fiscal Adolfo Villatte lleva adelante la acusación, las querellas están representadas por Nadia Schujman, de Hijos y Santiago Bereciartúa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el Tribunal es presidido por José María Escobar Cello, junto a María Ivón Vella y Luciano Lauría.

Además de su testimonio, María Celeste aportó también documentación de su abuela materna, la mamá de María Adela. "Tengo notas escritas por ella de las cosas que iba diciendo la gente, de lo que tenía que hacer", relató la mujer de 43 años. Su madre de crianza, una prima hermana de María Adela, fue también para María Celeste un nexo con la historia de su madre, a quien quería mucho. Y fue la mujer que la crío, María Carlota, quien guardó cada papel y cada foto que remitiera a María Adela. "Quizás porque soy más grande, quizás porque soy madre, pero al ver esos papeles, representan la desesperación de una madre buscando a su hija. Con los llamados anónimos que le hacían, mi abuela materna manoteaba una receta del médico y escribía. Eso es muy impactante", dijo sobre la carpeta que ayer aportó a la causa. "Quizás ahora puedo entender no sólo el dolor que una vive, sino el dolor de otros", expresó. Cuando terminó su testimonio, se acercó al estrado del Tribunal y les explicó qué era cada papel. "Mi mamá de crianza guardaba absolutamente todo, las fotos, la ropa de mi mamá...", contó sobre el legado que llevó a la Justicia.

Anteayer, el Tribunal inspeccionó la Escuela Magnasco, el centro clandestino de detención (CCD) donde los prisioneros de la Quinta de Funes fueron llevados después del fracaso de la Operación México, y la llamada de un periodista mexicano que los obligó a desmantelar ese CCD. Allí estuvieron pocos días, porque luego los trasladaron a la Intermedia. El dato novedoso de esta inspección es que por primera vez pudieron acceder al entrepiso descripto por el único sobreviviente de ese circuito, Jaime Dri, quien contó que desde una ventana que se destapó accidentalmente pudo ver el nombre de la calle donde estaban, y describió una escalera pequeña, como también lo hizo Costanzo, el imputado que relató la muerte de los prisioneros en La Intermedia.

9º juicio de lesa humanidad por crímenes contra 47 víctimas

Su única defensa es la provocación

Amelong, que tiene una condena a perpetua firme, levantó un cartel que decía "sigue el curro", y el Tribunal lo echó de la sala. Son diez acusados por secuestros y homicidios. Rodolfo Isach es el único que afronta su primer juicio.

Se juzgan los crímenes cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidos. El tercer tramo de la causa Guerrieri parecía comenzar con las formalidades de siempre en el Tribunal Oral Federal número 1, cuando Juan Daniel Amelong levantó un cartelito que decía "Macri miente? Sigue el 'curro'". El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, le pidió el papel, y cuando se acercó, Amelong le puso las quejas: no comían desde el día anterior. El convicto atinó a volver a sentarse y dijo: "No sé para qué hacemos esto, si ya sabemos cómo termina. A dos de éstos ya los tuve en otro juicio. Si empiezan el circo, yo sigo con el circo". Jorge Fariña aprovechó para poner sus propias quejas: "Tengo 74 años, yo también tengo derechos humanos". Todos los represores han sido juzgados con todas las garantías constitucionales.

El magistrado los echó de la sala y el resto de los acusados aprovechó para irse a un espacio contiguo. Fariña y Amelong tienen condenas a prisión perpetua que ya están firmes, en la primera parte de esta causa, por la desaparición de 17 personas, entre otros delitos. Así comenzó el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Rosario. En el pasillo, Amelong todavía tuvo ánimo para provocar al concejal Eduardo Toniolli, hijo de una de sus víctimas. "Qué hacés, Toniolli", lo saludó. El único de los acusados en este proceso que nunca fue juzgado es Rodolfo Isach, quien deberá responder por homicidios.

Los represores acusados estaban en fila, sentados en sus sillas, contra la pared. Walter Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Cabrera, Amelong, Marino González, Isach y Armando Pelliza. Separado por un gendarme seguía Eduardo Costanzo. Guerrieri no estuvo ayer porque tuvo cólicos, pero convalidó el comienzo del juicio. Las partes estuvieron de acuerdo para evitar más demoras.

Cuando lo expulsaron de la sala, Amelong -decidido a generar conflicto- dijo también que le revocaba el poder a su defensor. Otro de los defensores públicos, Fabio Procajlo, arguyó que su defendido -Pelliza- no estaba en condiciones de ser sometido a juicio por su salud mental. El tema será tratado hoy, en la audiencia que comenzará a las 9.30, en Oroño 940. Para asistir, sólo hace falta llevar el DNI con una fotocopia.

Tras el incidente con Amelong y Fariña, el resto de los acusados pidió retirarse a una sala contigua, donde seguirán el juicio por televisión. Sólo Isach se quedó en la sala de audiencias.

En la primera jornada del juicio, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio oral para que cada imputado sepa de qué se lo acusa, de acuerdo con las garantías procesales. Allí se enumeraron las desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que sufrió cada una de las víctimas que pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención (ccd) La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, que dependían del Batallón de Inteligencia 121. Guerrieri era el segundo jefe de inteligencia de ese Batallón.

La lectura del requerimiento estuvo a cargo del secretario Osvaldo Facciano, quien resumió el circuito de ccd que estaban bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121. La Calamita funcionaba como tal desde septiembre de 1976, mientras la Quinta de Funes fue alquilada en septiembre de 1977. "Allí se encontraron cautivos un grupo de personas que fueron ultimados en La Intermedia, con excepción de Raquel Negro y Tulio Valenzuela", dice el requerimiento, donde se puntualiza que los secuestrados eran "obligados a actuar al exterior como si no estuvieran privados de la libertad". La fiscalía considera que ese accionar "no tenía ningún fin humanitario sino que profundizaba el tormento y la aflicción de las víctimas".

Entre las víctimas cuyas privaciones ilegítimas de la libertad se juzgan en este juicio, además de quienes estuvieron en Quinta de Funes, hay otras personas desaparecidas en La Calamita.

De los más violentos grupos de tareas

Tienen a cuatro represores por el secuestro del último jefe del PRT en Santa Fé
El D2 de la Policía santafesina está en la mira de la justicia que además libró órdenes de captura para otros cuatro represores que actuaron durante la última dictadura militar. En la causa se investiga la caída del último jefe político del PRT, Catalino Paez.

 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La detención de cuatro represores de la Policía de Santa Fe y la orden de captura de otros cuatro puso bajo la lupa esta semana a uno de los grupos de tareas más numerosos y violentos de la dictadura: el Departamento Informaciones (D2) que operaba bajo el control operacional del Ejército y -en determinadas épocas- al mando de asesores militares. Los presos son tres comisarios: Eduardo Enrique Riuli (que llegó a ser jefe de la Unidad Regional de Esperanza), Fernando Mendoza y Angel Roberto Córdoba y el sargento Rubén Oscar Isaurralde acusados por el secuestro y torturas de once víctimas. En la causa se investiga la caída del último jefe político del PRT en Santa Fe, Catalino Paez, de su esposa embarazada y de uno de sus hijos, Mario, quien era un niño de 14 años, en febrero de 1980, cuando los capturaron en un campito con hornos de ladrillo, donde trabajaban y vivían, en Lima, provincia de Buenos Aires, a 368 kilómetros de Santa Fe. El operativo siguió con el secuestro de otros ocho compañeros y amigos de Paez en Laguna Paiva, entre marzo y abril de 1980.

Las detenciones e indagatorias de los ocho imputados fueron solicitadas por el fiscal Martín Suárez Faisal el 31 de mayo, pero el juez federal Reinaldo Rodríguez dejó pasar la feria y recién las ordenó dos meses después. Esta semana, la emisora LT10 informó que cuatro de los ocho buscados estaban presos: los comisarios Riuli, Mendoza y Córdoba y el sargento Isaurralde. Pero las fuentes judiciales citadas por la radio no dijeron dónde están los otros cuatro.

Riuli es uno de los acusados por el secuestro de los Paez, en Lima, provincia de Buenos Aires y por otros hechos en Laguna Paiva, se abstuvo de declarar y fue alojado en el pabellón de represores de Las Flores, por lo que se deduce que los otros tres, que tienen más de 70 años, ya gozan de arresto domiciliario.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia Horacio Coutaz, quien la acompañó con el resultado de una pesquisa con abundante prueba testimonial y documental del equipo de investigadores que dirigía la abogada Alejandra Romero Niklison. En abril de 2015, el fiscal Walter Rodríguez promovió la acción penal y en mayo, el fiscal Suárez Faisal solicitó las ocho detenciones, de las que ahora se concretaron cuatro.

Una de las pruebas que aportó el equipo de investigación a cargo de Romero Niklison es una lista de 42 oficiales y suboficiales que operaban en D2, que tenía su base en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el microcentro santafesino, a una cuadra de bulevar Gálvez. En esa lista figura Héctor Romeo Colombini ("Pollo"), quien estaba adscripto al Destacamento de Inteligencia Militar 122 y falleció en agosto de 2012 cuando cumplía una condena a 23 años de prisión por secuestros y torturas.

Una de las víctimas que declararon en la causa dijo que Isaurralde era el "guardaespaldas de Colombini" y quién "lo golpeó fuertemente dejándolo sin respiración".

Mario Paez dijo que después de su secuestro y el de sus padres, el 15 de febrero de 1980, sus siete hermanos, de 9 a 13 años quedaron abandonados en la ladrillería de Lima, donde vivían. Y describió a los que "daban las órdenes" en el operativo como "un hombre de baja estatura canoso" y "se destacaba uno alto, elegante con un sombrerito de trapo".

Después, cuando ya estaba secuestrado en la base del D2, en San Martín y Obispo Gelabert, los pudo reconocer. Uno era "Eduardo æel FlacoÆ Riuli, me entero quién era porque lo llamaron así sus compañeros, de Laguna Paiva y era el que tenía el sombrerito el día del secuestro. Estaba allí y nos apuntaba".

En otro momento, lo llevaron a ver a su padre. "Allí estaba Riuli y el petiso canoso que era el jefe. Se que él vivía arriba con la familia, me lo dijo un policía raso", relató. Mario se refirió a la planta alta del D2, con entrada por calle San Martín, que solía ser la residencia de los jefes de Policía la provincia.

"Riuli y el canoso me decían: æhijo de puta, fíjate lo que vas a hacer ahora porque no queremos que seas como tu padre cuando salgas", contó Mario.

Luis María Vera Candioti fue condenado en Santa Fe a 15 años de prisión.

Fue encontrado culpable de “retener y ocultar” a Paula Cortassa/María Carolina Guallane, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato”.

"LO HEMOS LOGRADO"

Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral de Santa Fe dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti (15 años) por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. "Es lo que pretendía, que se hiciera justicia", dijo conmocionada.

El ex juez Luis María Vera Candioti siguió el juicio en una sala contigua al tribunal.

El Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por cuatro jueces de Rosario– dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. La condena fue por tres cargos: “retener y ocultar” a la niña, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato” y la pena: 15 años de prisión de “cumplimiento efectivo”. Ayer Vera Candioti ya no pudo volver a su casa. Carolina escuchó el veredicto en la sala de audiencias y lloró. “Es lo que pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado”, dijo ya en la calle, aún conmocionada por un fallo que consideró “ejemplar”.

Los otros dos imputados por el caso también resultaron culpables: el tribunal condenó al coronel Carlos Enrique Pavón a 13 años de prisión por los mismos delitos de Vera Candioti, más “falsedad ideológica de documento público” y al comisario Juan Calixto Perizzotti a “prisión perpetua” porque también lo juzgaron por el asesinato 16 montoneros, entre ellos los padres de Carolina, Enrique Cortassa y Blanca Zapata y el secuestro y tortura de otros cuatro. El cuarto acusado, otro coronel del Ejército, Domingo Morales, fue sentenciado a 22 años de cárcel por “asociación ilícita” y el “homicidio” de tres militantes.

El Tribunal ordenó detener a Vera Candioti y Pavón, que terminaron en la cárcel de Las Flores, mientras que Perizzotti y Morales seguirán en prisión domiciliaria.

A las 10 de la mañana, los cuatro acusados tenían la chance de decir sus últimas palabras, pero el único que habló fue Pavón. Sorprendió al confesar que los delitos que se juzgaban eran “aberrantes”, pero dijo que él no había participado, que era inocente, aunque tampoco explicó cómo habían ocurrido. Pavón puso a Carolina a disposición del ex juez Vera Candioti, con una nota del Ejército falsa, fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes del operativo militar que masacró a los Cortassa, en su casa de calle Castelli al 4500, el 11 de febrero de 1977. Enrique está desaparecido desde entonces y Blanca Zapata agonizó once días, con un embarazo a término.

Al mediodía, el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez, leyó el veredicto: perpetua para Perizzotti, 22 años de prisión para Morales, 15 años para Vera Candioti y 13 para Pavón. La condena más alta es la que habían pedido los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné y las otras están en la escala que solicitaron el fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa. Los fundamentos se conocerán el 21 de junio, a las 12.

El veredicto salió por mayoría, con dos disidencias parciales. El juez Omar Digerónimo calificó a los “delitos de lesa humanidad” por los que se condenó a los imputados como “genocidio” en los términos de la “Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948”. Y es el primer voto en esa línea en Santa Fe. Mientras que su colega, Beatriz Cavallero de Barabani, se inclinó por reducir la pena de Pavón de 13 a 10 años de prisión.

“¿La verdad? Estoy sorprendida”, dijo Carolina. Y era por la “trascendencia” del fallo y los montos de las penas a Vera Candioti y Pavón, que “cumplirán en una cárcel”. “Este es un ejemplo de la justicia que soñamos y queremos. Ojalá que en todos los juicios que vienen, los jueces actúen como actuaron en éste. Me voy satisfecha, aliviada, llena de tranquilidad. Es uno de los tantos alivios que obtuve en estos años, como los anteriores, cuando recuperé la identidad (en 1998) y me devolvieron los restos de Blanca (en 2000). Hoy es un alivio más.”

Carolina vivió la audiencia de ayer como la posibilidad de saldar una etapa. “Dar vuelta una página en el libro” de su historia, explicó. “A partir de ahora, intentaré ver la vida de otra manera, quiero cerrar con este tema que me afectó mucho, emocionalmente. Es lo pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado.”

Los abogados de Abuelas coincidieron que el fallo Vera Candioti será un “precedente increíble”. “Es el primer juez de menores que se condena en la Argentina por un caso de apropiación”, dijo Bereciartúa y comentó un diálogo telefónico con su jefe, Alan Iud. “Están todos muy emocionados, escucharon la sentencia por la web. No podían creer que lo que ellos trabajaron en el laboratorio jurídico está plasmado en una sentencia, todo lo que pedimos, todo se nos dio. Obviamente, porque los hechos ocurrieron, acá nadie mintió. Y los jueces supieron recibir lo que se planteaba a la luz de las pruebas que había. Es muy importante que se empiece a juzgar a los jueces que participaron en el plan sistemático del robo de bebés. Las Abuelas de Plaza de Mayo están muy agradecidas a este tribunal”, agregó Bereciartúa. Más tarde, Alan Iud escribió: “Excelente sentencia en Santa Fe por la apropiación de la nieta Paula Cortassa. Vera Candioti, primer juez condenado.”

Moyano le agradeció a Carolina la lucha por su identidad: “Este juicio es devolverte a vos esa búsqueda que supiste hacer desde muy temprana edad. Y es un compromiso de las Abuelas de Plaza de Mayo con vos y tu historia”, dijo Natalia. “Este es el camino que se inició hace 40 años, el imposible tarda, pero llega.”

“La historia de Carolina/Paula es lo que han vivido tantos niños en la dictadura, así que para nosotros fue muy duro escuchar su testimonio en el juicio. Y que ella esté en paz, y con la tranquilidad con que se expresó es para nosotros tan importante como la sentencia”, concluyó Bereciartúa.

Testigo del asesinato de dos militantes desarmados.

Tiros en plena plaza

El periodista Daniel Dussex contó ante el Tribunal Oral de Santa Fe cómo un hombre atacó a dos militantes desarmados en  1976. Y los reconoció en fotos como Livieres Bank y Ameri.

  Por Juan Carlos Tizziani   Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe escuchó esta semana al testigo de cargo de dos crímenes: un secuestro y un asesinato en la plaza de las Banderas, en una cita nacional de Montoneros, donde cayeron siete militantes en tres días, en febrero de 1976: dos fueron acribillados -entre ellos el jefe de la columna Rosario, Carlos Lorenzo Livieres Bank- y cinco están desaparecidos. El periodista Daniel Dussex relató que en una caminata por la plaza vio la persecución a un joven desarmado al que le dispararon por la espalda y luego agonizó sobre un charco de sangre a dos cuadras y la captura de su compañero, también desarmado, al que tenían de rodillas y con las manos en la nuca. Le exhibieron dos fotos y Dussex reconoció que una "podía ser" la del herido y la otra era "compatible" con su recuerdo del desaparecido. La primera era de Livieres y la segunda de Raúl Ameri, con lo cual el testimonio fortaleció la hipótesis del Ministerio Público que considera que el secuestrado era Ameri. En el operativo intervinieron dos policías del Comando Radioeléctrico y uno de ellos -que declaró en el juicio el año pasado, Alejandro Raúl Aranda- dijo que el procedimiento estaba a cargo de "militares" que operaban de civil y le ordenaron que llevara al "detenido" hasta la comisaría 1ª, y él cumplió la orden: lo dejó en la sala de guardia.

En la cita nacional de Montoneros, grupos de tareas del Ejército secuestraron a siete montoneros que llegaron a Santa Fe desde Rosario, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, entre el 16 y el 18 de febrero de 1976. Dos fueron asesinados: Livieres Bank y Elena Yolanda De Leonardi y cinco siguen desaparecidos: Antonio Silva, Daniel Angerosa, Enrique Guastavino, Orlando Finsterwald y Ameri. Silva tenía 17 años y Finsterwald, 19.

Según el testimonio de otra sobreviviente, Ana María Testa, la cita nacional era un "control sobre la seguridad de los militantes". Ella misma había llegado a Santa Fe a través de esa cita en la plaza de las Banderas, en diciembre de 1975 y el 14 de febrero de 1976 lo había hecho su compañero Juan Carlos Silva.

Pero algo pasó, porque dos días después, el 16 de febrero, cayó Antonio Silva, referente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), hermano de Juan Carlos y cuñado de Testa que venía de Resistencia. El 17, desaparecieron Angerosa, Guastavino (que era hermano del ex vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino) y Finsterwald. Y el 18, cayeron Livieres Banks, Ameri y De Leonardi, cuyo cuerpo apareció acribillado el 21 de febrero en Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

El asesinato de Livieres Banks en un "operativo antisubversivo" en Santa Fe era conocido desde el primer momento por el aparato del terrorismo de estado y no sólo en la Argentina sino también en el Paraguay desde el 23 de marzo de 1976, como lo prueba uno de los documentos encontrados en el Archivo del Terror, que data del 14 abril de 1977, disponible en la web (http://doc.wrlc.org/bitstream/handle/2041/55438/143F0439display.pdf?sequence=1). Livieres tenía la doble nacionalidad y el archivo incluye otros documentos sobre la persecución a su familia.

En el juicio en Santa Fe, sólo se juzgan los homicidios de Silva, Angerosa, Guastavino, Livieres y Ameri porque a De Leonardi la mataron en la zona sur y en diciembre de 2010, la Cámara Federal de Rosario excluyó a Finsterwald por supuesta falta de pruebas, a pesar de que su ex compañera María Julia Scocco aseguró que su rastro se pierde en esa cita.

El 18 de febrero de 1976, Dussex atravesaba en diagonal el sendero de la plaza de las Banderas cuando escuchó "estruendos" y vio a "un hombre con un arma en la mano que perseguía a otro" y le disparaba por la espalda. Ubicó la escena en Marcial Candioti e Iturraspe, en uno de los extremos de la plaza y la corrida por la vereda de Marcial Candioti, de norte a sur.

Según las crónicas de la época, el hecho ocurrió alrededor de las 10.30. "Había mucha gente, nos tomó por sorpresa a todos los que estábamos a esa hora por la zona", dijo Daniel. Y describió al perseguidor "vestido de civil", aunque por sus características dedujo que era "un militar" o "un policía de alto rango". Después, lo describió como un "petiso retacón, rubio, de pelo corto".

Recordó que en la corrida "dieron vuelta a la manzana" por calle Alvear (la paralela a Marcial Candioti), caminó entonces los cien metros por Juan del Campillo y desde la esquina de Alvear vio que el represor había logrado capturar a "dos jóvenes. Uno estaba herido y se retorcía en la vereda en un charco de sangre. Y el otro de rodillas, con las manos en la nuca. Era una situación dramática", dijo. Esa segunda escena, Dussex la ubicó sobre calle Alvear al 4100, en la vereda este, frente a una casa de alto con un balcón largo, que aún está, a pocos metros de la esquina de Iturraspe. El represor tenía "el control del hecho" y utilizaba un esquipo portátil de radio. Otros testigos dijeron que había más represores.

El fiscal Martín Suárez Faisal le preguntó por el arma del perseguidor. "Era importante, de puño, de grueso calibre", respondió Dussex.

--¿Cómo eran las víctimas?

--Jóvenes. Uno estaba mal herido, tenía el aspecto de un universitario. --¿Está seguro que el herido era el joven al que perseguían?

--Es probable. Porque además cesaron los disparos --contestó. "Había muchos vecinos en la esquina (y otros que observaban desde sus casas). El barrio estaba conmocionado", reflexionó el colega. El herido "perdía mucha sangre, pasaron varios minutos y no llegaba ninguna ambulancia", lo que aumentó la angustia colectiva. "Quedé muy impresionado, shockeado" por la situación, comentó.

A la tarde, El Litoral informó que Livieres Bank -a quien identificó por su nombre falso, Jorge Sorasi- había muerto al mediodía en el hospital José María Cullen y que su compañero estaba "detenido".

--¿Vio si los detenidos estaban armados? --volvió a preguntar el fiscal. --No, el único que tenía un arma era el perseguidor. El tenía el control del hecho. Era un militar o un policía de alto rango. No era un procedimiento legal --contestó Daniel, que por esa época cursaba la secundaria y militaba en la UES. Su hermano Fernando es uno de los desaparecidos en la Quinta de Funes, en 1978.

Dussex recordó que a poco de iniciarse la investigación judicial, relató el hecho en una nota periodística. La entrevista se publicó en el diario El Litoral el 18 de noviembre de 1998 ("Aporte de un testigo al caso Finsterwald"), una semana después de que la abogada Matilde Bruera denunciara que Orlando era uno de los desaparecidos en la cita nacional de Montoneros. Y está firmada por el periodista José Luis Pagés, quien describe a su interlocutor como "un testigo presencial de aquel procedimiento en las inmediaciones de la plaza de las Bandera el 18 de febrero de 1976". "En esa publicación no aparece mi nombre, pero el entrevistado soy yo", reveló Dussex. Suárez Faisal y el abogado querellante Guillermo Munne solicitaron al Tribunal que se le pida al diario una copia de la nota para agregarla a la causa.

El fiscal pidió que se le exhibieran a Dussex dos fotografías y cuando le mostraron la primera, le preguntó: "¿Es el herido que usted vio en calle Alvear?

--Podría ser --contestó Dussex. Y en la segunda foto, dijo que ese rostro era "compatible" con su recuerdo del muchacho con las manos en al nuca. La primera imagen era de Livieres Banks y la segunda de Ameri.

Testigos de la buena memoria: estremecedor relato sobre la masacre de Ituzaingó y Las Heras

En el juicio oral por la megacausa de una matanza del Ejército en el barrio santafesino Candioti, dos vecinos describieron con detalles el ataque mortal contra los dirigentes montoneros Ziccardi, Frigerio, Piotti, su esposa y una vecina.

  Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

El juicio por la megacausa se reanudó esta semana con el relato estremecedor de dos vecinos del barrio Candioti que revivieron ante el Tribunal Oral la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977. Es el edificio donde el Ejército ejecutó al líder de Montoneros en Santa Fe, Osvaldo Pascual Ziccardi, y a otros tres dirigentes: el secretario logístico Carlos Mario Frigerio, el secretario político Jorge Piotti y la esposa de éste, Ileana Gómez. La quinta víctima era una maestra que vivía en el departamento de al lado, Elina Carlen. Uno de los testigos, Oscar Alberto Ramayo, aseguró haber visto a un hombre y a una mujer que salieron desarmados a la calle y cayeron acribillados por el grupo de tareas. Su testimonio coincide con el de otros que ya dijeron que el hombre era Piotti y la mujer, Gómez. Pero Ramayo logró identificar también a uno de los represores, un tal "Valdéz" -dijo-, que operaba de civil y a quien vio estacionar un Chevrolet SS blanco, abrir el baúl, sacar una caja con una bazooka, armar las piezas, y sumarse al operativo. Lo acompañaban otros sujetos. La segunda testigo, Silvia Suárez, vivía en la casa de al lado que fue copada por los atacantes y convertida en centro de operaciones, mientras ella y sus padres permanecían en el dormitorio hasta el final del ataque.

Ramayo atendía una gomería a 20 metros de Ituzaingó y Las Heras, se movilizaba en bicicleta y así pudo sortear el cerco policial y llegar a su negocio. Intentó abrir las puertas, pero un militar les dijo que las cerrara. Eran casi las cuatro de la tarde. Se cruzó enfrente, a un galpón que utilizaban conocidas líneas de ómnibus y que el Ejército había transformado también en centro operativo. "Le pregunté al soldado que estaba de guardia y me dijo que habían detectado una célula terrorista. Y ya habían abatido a uno de ellos, que se asomó al balcón".

Entre otras cosas, Ramayo dijo que escuchó "muchos disparos" y "detonaciones", vio "mucha gente armada" de uniforme y de civil. Y un gran despliegue de vehículos, con los que armaron una barrera militar a unos 60 metros de Las Heras, más cerca de calle Belgrano. "Me llamó la atención el grado de histeria que había. Un griterío, órdenes y contraórdenes", recordó. Y hasta habló de "caos".

Quedó "impactado" por dos hechos que relató hasta con detalles ante el Tribunal. El primero, cuando vio caído a un hombre que no se explica cómo había logrado atravesar la barrera militar sobre Ituzaingó. "Era un muchacho blanquito, menudito", lo recordó. Y describió que tenía una de las piernas quebradas por un impacto. El segundo lo vio desde otro ángulo y era una chica que salió "con las manos en la cabeza, cruzó la vereda y la acribillaron. Ella salió con los brazos en alto, la vi bien, estoy seguro", dijo. Y después de la ejecución recordó el festejo de la muerte. "Empezaron a gritar de alegría, de alboroto, como si hubiera terminado" el operativo. "Creo que se sentían vencedores".

Según Ramayo, el frente del edificio fue "muy dañado" por los impactos y así quedó "durante mucho tiempo". "Había orificios grandes", como si hubieran utilizado armas pesadas.

El abogado querellante Guillermo Munné le preguntó si pudo reconocer algún represor. "Vi una persona que paró con un coche, un Chevrolet SS blanco, que abrió el baúl, sacó una caja y armaron una bazooka (como llamó al lanzador portátil). Lo conocí porque había jugado al básquet en las inferiores en Gimnasia, de 4 de Enero y Juan de Garay", relató.

Ramayo dijo que se trataba de un tal Valdéz, a quien describió como un hombre alto, de un metro 85 o un metro 90, corpulento, de pelo oscuro. "Me llamó la atención, porque venía acompañado por varios más". "Lo recuerdo porque era un referente del club".

--¿Vio si había militares o policías heridos? -quiso saber Munné.

--No, ellos estaban muy parapetados -contestó Ramayo.

El fiscal Martin Suárez Faisal volvió a preguntarle por Valdéz. "¿Sabe cuál es el nombre de pila?

--No.

--¿Y donde vivía?

--Por la zona de la Municipalidad de Santa Fe, creo que sobre calle Salta. Lo veíamos cuando iba a jugar al club, en las inferiores de Gimasia, de 4 de Enero y Juan de Garay.

--¿Puede ser Oscar Valdéz? -insistió el fiscal. Ramayo contestó que no lo sabía.

--En esa época, ¿cuántos años tenía usted?

--28 años.

--¿Y Valdéz?

--Entre 29 y 30.

--¿Sabe si era estudiante universitario?

--No, mi única relación con él era deportiva.

--Y de ese Chevrolet SS, ¿cuántos bajaron?

--Eran varios. Armaron la bazooka y se fueron hacia Ituzaingó. Eso ocurrió antes del tiroteo.

--¿Cómo estaba vestido Valdéz?

--De civil -concluyó Ramayo.

Desprecio a los derechos humanos : dañaron la placa que recuerda a Beatriz Perosio

El directorio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe de la 2ª Circunscripción con su Foro en Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado donde manifiesta su preocupación por eventos ocurridos con la placa que conmemora a la primera presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra), Psicóloga Beatriz Perosio y otros episodios que pueden vulnerar la vigencia de los DDHH.

Dicho Foro y el directorio del Colegio hacen saber "con pesar y profunda indignación nos enteramos de que ha sido dañada la placa?baldosa que evocaba a Beatriz Perosio (desaparecida el 8 de agosto de 1978), fecha que fue establecida como día del Psicólogo Víctima del Terrorismo de Estado".

En tal sentido se pliegan a lo sostenido por Apba: "La Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (Apba), expresa su tristeza y preocupación junto al compromiso por su reposición, ante el daño ocasionado durante arreglos de las veredas en Francisco Acuña de Figueroa 730, donde funcionaba la Apba, en la baldosa colocada en memoria de la detención desaparición en 1978 de Beatriz Perosio, presidenta de Apba y primer presidente de Fepra".

El Foro del Colegio de Psicólogos y su directorio subrayan: "El hecho cobra una dimensión preocupante en relación a otros episodios que pueden ser leídos como un desprecio y banalización de los Derechos Humanos y de los Organismos que gracias a su lucha han conseguido Memoria, Verdad y Justicia, además de la sanción de Leyes que ubican a la Argentina en los más altos lugares en materia de Niñez y Adolescencia, Matrimonio Igualitario, Identidad de género, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva".

Recuerdan que "a 40 años del golpe militar que se abatió sobre nuestro pueblo y a 32 años del restablecimiento de la democracia, tras haber vivido directa o indirectamente la violación sistemática de los DDHH, tomamos las palabras que Sófocles le hace decir a Antígona: 'Insistir es el derecho de quien tiene justicia en lo que pide'".

Así se unen "al pedido de Apba de que rápidamente se repare dicha placa y baldosa en homenaje a Perosio. Y repudiamos toda violación de los DDHH, que siempre se produce por parte del Estado; solicitamos enérgicamente que las políticas de DDHH sean cuestión de Estado (en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal) y no objeto de intercambio de los gobiernos de turno".

La Cámara Federal de Rosario rechazó la excarcelación de 4 represores

Los que empiezan el año tras las rejas
Uno es el coronel Héctor Melitón Martínez, acusado de "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a tres militantes políticos en 1977. Los otros tres son Luis Bellini, Raúl Giménez y Ricardo Brunel, ex miembros de la policía de Santa Fe.

  Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe.

En la última semana del año, la Cámara Federal de Rosario rechazó la excarcelación de cuatro represores de la dictadura en Santa Fe. Uno es el coronel Héctor Melitón Martínez, quien seguirá preso en la cárcel de Las Flores por supuesta "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "robo agravado" a tres militantes políticos en un centro clandestino de San José del Rincón, en diciembre 1977. Los otros tres son oficiales de la Policía santafesina que operaron en el Comando Radioeléctrico bajo control del Ejército: Luis Alberto Bellini, Raúl Giménez y Ricardo Brunel, éste último procesado por cuatro homicidios en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977 (ver aparte).

Las resoluciones fueron votadas por unanimidad y en plenario. La Cámara recordó que el "capitán Martínez" -como lo llamaban- está detenido y procesado por "presunto autor de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de Alba Sánchez, Daniel García y Andrea Trinchieri y robo agravado por el uso de armas y en banda perpetrado al matrimonio Sánchez".

"A esas calificaciones corresponde atenerse", dijo la Cámara. Y planteó que a Martínez "podría corresponderle, un máximo superior a los ocho años de pena privativa de libertad y un mínimo superior a los tres años, de modo que, en principio no corresponde conceder la excarcelación solicitada".

La investigación está a cargo del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros porque los dos magistrados de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, se excusaron de intervenir.

La Cámara consideró el "riesgo procesal" que significaría dejar libre a Martínez. Ante "la naturaleza y gravedad de los hechos" que se le imputan "es posible que el imputado intente evadir la acción de la justicia" frente al pronóstico "de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento o que pudiere intentar entorpecer la marcha de las investigaciones frustrando los fines del proceso".

Si bien la defensa sostuvo que Martínez tiene "domicilio estable" en Rosario, "donde convive con su esposa, posee ingresos como militar retirado y del ejercicio de la docencia, no registra antecedentes penales y no se resistió a su detención", la Cámara sostuvo que "los hechos endilgados deben calificarse como especialmente graves y de naturaleza violenta, en razón de las modalidades y circunstancias de su comisión, concretamente crímenes de lesa humanidad, por lo que se advierten cuestiones objetivas que permiten presumir que podría llegar a intentar entorpecer o eludir la acción de la justicia".

"Los delitos que se le atribuyen" a Martínez -advirtió el tribunal- "habrían sido cometidos" cuando éste operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe como "teniente primero" y "jefe de la Segunda Sección (Ejecución)". "Esas circunstancias, así como las características particulares que ofrece la investigación de los delitos que estamos ponderando fueron especialmente analizadas" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando revocó "excarcelaciones" que había concedido la Cámara Federal de Casación Penal a represores de "Destacamentos de Inteligencia que se desempeñaron en la Segunda Sección (Ejecución)" acusados por "delitos graves". La Corte "dejó sin efecto" la excarcelación por la "peligrosidad procesal" de los imputados y su rol de en "las estructuras de represión ilegítima formadas al amparo de la última dictadura militar".

La Cámara valoró también la "doctrina consolidada" de la Corte: "Los delitos contra la humanidad: son imprescriptibles, no son susceptibles de ser amnistiados, generan un derecho hacia las víctimas al conocimiento de la verdad y han generado una revisión del alcance conferido al instituto de la cosa juzgada". "Las características" de los crímenes y "las consecuencias resultantes, se presentan como elementos que pueden en cada caso ser computadas negativamente respecto del riesgo de sustracción del accionar de la justicia. En otras palabras, al ponderar la existencia de riesgos procesales no puede desconocerse la situación apuntada, la cual lleva a concluir en este caso que la decisión del juez se encuentra debidamente fundada y debe ser confirmada". Por lo tanto, la "presunción fundada de que el encausado intentará eludir el accionar de la justicia en caso de ser puesto en libertad encuentra suficiente sustento" en causa por "la complejidad del expediente" y "la gravedad de los delitos imputados".

El investigador Gonzalo Chaves declaró en la megacausa de Santa Fe

"La clave era la inteligencia"

El investigador Gonzalo Chaves declaró en la megacausa de Santa Fe por el asesinato de su compañero de militancia, Juan González Gentile. Dijo que la "Inteligencia Militar" era un "Ejército paralelo" que operaba desde el Destacamento 122 en la capital provincial.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

El investigador Gonzalo Leonidas Chaves dijo en el juicio por la megacausa al terrorismo de estado que el "eje" del plan clandestino de la represión era la "Inteligencia Militar", a la que definió como un "Ejército paralelo" que operaba desde el Batallón 601 y en Santa Fe, desde el Destacamento 122. Explicó que "el arma más importante en la lucha contra la subversión no era la de mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia" y el "frente de batalla" no era el territorio, sino los "centros clandestinos y las salas de torturas", donde se obtenía "información" y se quebraban "voluntades". El sistema de control era "infiltrar" las organizaciones políticas, sociales y sindicales -con la participación de civiles-, "torturar" y luego centralizar esa "información" en una "comunidad informativa" que articulaba el jefe de Inteligencia y estaba integrada por otras fuerzas represivas, la Side y hasta podía convocar a funcionarios judiciales. Luego, seguían los operativos de los grupos de tareas con más secuestros y crímenes y así sucesivamente. "Toda la estructura de la inteligencia está involucrada" en el exterminio, afirmó.

Chaves declaró esta semana como testigo ante el Tribunal Oral de Santa Fe por el asesinato de un ex compañero de militancia, Juan Carlos González Gentile, quien cayó en una emboscada el 12 de febrero de 1977, en el barrio Sargento Cabral (Belgrano, entre Pedro Zenteno y Pedro Ferré), donde lo acribilló un grupo de tareas. Caminaba hacia una cita, sin armas.

Oriundo de La Plata, González Gentile era un cuadro político de Montoneros, que llegó a ser apoderado del Partido Auténtico en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, "blanco" de la Inteligencia militar. El día anterior, 11 de febrero de 1977, se había producido la masacre de calle Castelli al 4500, donde cayó otro fundador del Partido Auténtico en Rosario, Enrique Cortassa, desaparecido desde entonces y sobrevivió su hija, Paula Cortassa, que es María Carolina Guallane. Antes de Chaves, declararon los dos hermanos de González Gentile, Roberto y Angela, que llegaron desde La Plata.

"El gallego" -como llamaban a González Gentile- "estaba muy perseguido", al punto que toda su familia tuvo que exiliarse en Bélgica, recordó Chaves. El también debió marcharse a Europa y desde su regreso a la Argentina escribió tres libros, el último "Rebelde acontecer", que es revela "las lógicas de la represión".

En esa línea, Chaves explicó cómo se diseñó el genocidio que luego ejecutó la dictadura cívico militar. La influencia de la doctrina francesa después del golpe de 1955, su continuidad en los '60 en el plan Conintes y su aplicación en 1976, cuando se dividió el país en Zonas y Areas militares con el mismo esquema que había utilizado en Argelia. "Era una división territorial para el control de la sociedad", señaló.

"El eje del accionar represivo era la inteligencia", dijo Chaves. El Ejército "sostenía que el arma más importante en la lucha contra la subversión no era la de mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia. Entonces comenzaron a estudiar el peronismo y las organizaciones político militares, a infiltrar y torturar, sacar información y operar sobre eso".

"El frente de batalla no estaba en el territorio, sino en los centros clandestinos y en las salas de torturas", donde "era la voluntad de ellos contra la voluntad del detenido, para arrancarle información o quebrarlo para que colabore", relató Chaves. "Y en eso participaban no sólo militares, sino también civiles porque la infiltración se hacía con civiles: hombres, mujeres, jóvenes, en la Universidad, en las propias organizaciones".

La "información" arrancada bajo tormentos se volcaba después en la "comunidad informativa", que estaba al mando del jefe del Destacamento de Inteligencia y en Santa Fe, la "integraban la Policía de la provincia, la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Side". Chaves dijo que ese organismo tenía "poder" suficiente para convocar a funcionarios judiciales. "Se reunían como mínimo una vez por semana". Y si la "información era operativo" en la oficina de al lado estaba "el grupo de tareas", que inmediatamente salía a operar contra otros "blancos".

La abogada querellante Lucila Puyol le preguntó si el asesinato de González Gentile podía vincularse con la Inteligencia militar. "Por supuesto. Ellos estudiaron las organizaciones político militares para operar sobre ellas, vigilaban sus movimientos, las infiltraban y torturaban" a los secuestrados", contestó Chaves. Y reiteró que el "frente de batalla" de los represores eran los chupaderos.

"La inteligencia militar era un Ejército paralelo. El jefe del Batallón 601 se comunicaba directamente con el jefe de Destacamento de Inteligencia (122 en Santa Fe), sin pasar por el jefe de Area. Esto significa que toda la estructura está implicada en la represión", concluyó

El Ejército atacó un edificio en Santa Fé en 1977. Un militante quiso entregarse y lo mataron igual

El bebé de la masacre de Ituzaingó y Las Heras

Un testigo reconoció que vió a un militante montonero pretender entregarse aquel día de 1977. Lo mataron igual y le pusieron un bebé en su pecho ensangrentado. Ese bebé era su hijo que hoy tiene 38 años y declaró también el juicio que se sigue.

 Por Juan Carlos Tizziani -  Desde Santa Fe.

Jorge Piotti soñó que su padre montonero lo acurrucaba en su pecho, que el abrazo lo

comunicaba con él, hasta que lo sentía muerto y un militar lo desprendía de su lado. El era un bebé de un mes. Se despertó tembloroso, en posición fetal. Y esa misma noche transformó el miedo en canción: "Secuelas". "Recordé un sueño de ayer, de una batalla que tiene un recuerdo y ese soy yo", escribió. El viernes, 38 años después y en la antesala de un juicio, descubrió que la pesadilla era real. Un testigo declaró ante el Tribunal Oral de Santa Fe que había visto a uno de los muertos en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977, tirado boca arriba en la vereda y en su pecho ensangrentado, un bebé que lloraba. La tortura a un niño, a la vista de todos. El caído era Jorge Piotti y el chiquito en llanto, su hijo, que también declaró en el juicio. Según otro testigo en una investigación a los autores materiales de la masacre, el montonero que salió a la calle, intentó entregarse con las manos en alto, pero un coronel al que llamaban "verdugo" y está prófugo, le ordenó a un soldado a su mando que dispare y éste cumplió la orden.

El ataque de fuerzas conjuntas al departamento de Ituzaingó y Las Heras fue el emblema de la dictadura por la caída de la cúpula de Montoneros. En ese primer piso vivían los Piotti, Jorge que era el secretario político de la organización, su pareja Ileana Gómez y sus dos hijos, Mariano de un año y el bebé de un mes. Los niños sobrevivieron en "un armario", según el relato del mayor. Y allí cayeron el líder de la columna, Osvaldo Pascual Ziccardi, el secretario logístico, Carlos Frigerio. Y una vecina del departamento de al lado, Elina Carlen, cuando intentó cerrar un ventanal que daba a un patio interno y un proyectil le destrozó el cuello.

En la audiencia del viernes por la megacausa del terrorismo de estado en Santa Fe, declararon las familias de dos víctimas. Los hijos de Carlen, Graciela y Carlos Alberto. Y los Piotti, las dos hermanas de Jorge, María Lidia y Leticia, su cuñado Cecilio Manuel Salguero y sus dos hijos, Jorge y Mariano. Es la primera vez en 38 años que un tribunal escuchó sus testimonios.

Graciela Carlen relató cómo murió su mamá. Estaban por dormir la siesta, cuando sonó el portero eléctrico. "Nunca supe qué le dijeron", recordó. Elina fue a cerrar el ventanal que daba al patio interno y cayó. "Escuché un disparo y ví que tenía medio cuello desgarrado. Los ojos abiertos. Creo que mi mamá ya estaba muerta", les contó a los jueces. Las fuerzas conjuntas habían copado los techos vecinos y rodeaban la zona. Graciela dijo que la desesperación la empujó a escapar. "Fue mi tormento de toda mi vida". "Salí a la calle" en medio del ataque. Le dijeron que "se tirara al suelo" y después se refugió en el pasillo de otra vecina.

Según Graciela, su madre fue la primera víctima. "Nunca pudo hablar". Y ratificó que el disparo atravesó el ventanal del este, que daba al patio interno y a los techos cercanos. Un informe de inteligencia de la Policía de Santa Fe incluyó a Elina Carlen entre los "cinco sediciosos abatidos". Después, el ex jefe del II Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo que la había matado "uno de los subversivos". Pero el relato de los Carlen dejó en claro que a su madre la asesinaron los atacantes del Ejército y la Policía.

El esposo de Carlen ya fallecido y su hijo Carlos se enteraron del hecho a las cuatro de la tarde, en Santa Rosa de Calchines, a 42 kilómetros, donde tienen el campo. Antes de las seis ya estaba en Santa Fe. "Era un desastre", relató Carlos. "¿Usted qué vio?", le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal. "Una cantidad de gente". Muchas armas, uniformes, vehículos. "Un muerto tirado en la vereda, que tenía un bebé arriba del pecho, que lloraba", dijo.

Los Carlen no pudieron ver el cuerpo de Elina, se la entregaron en cajón cerrado ("un tío la reconoció") y tampoco el departamento, al que recién pudieron ingresar "tiempo después". "Estaba todo destruido y había una mancha de sangre donde cayó mi mamá", dijo Carlos.

Graciela Carlen llegó a la audiencia con un libro. Abrió una de sus páginas y leyó el relato de un sargento ayudante del Ejército, que les dijo a los autores de la novela ("Hay un positivo") que Piotti había matado a su madre porque ésta se negó a esconder a los niños. "La señora quedó muerta sentada en un sillón que estaba frente a la puerta del departamento", dijo el militar. Y contó que él había interrogado a Graciela, que ella "estaba histérica y lloraba". "Ella me cuenta todo y levantamos un acta, teniendo como testigo a una vecina, la dueña de la casa donde ella se refugió". "Esto es mentira", dijo Carlen.

Y siguió con el relato de otra vecina que atribuyó la muerte de su madre a la compañera de Piotti, Ileana Gómez, también por el mismo motivo, porque se negó a esconder a los chicos. "La Negra le disparó y la mató". "Esto es otra mentira", cerró Graciela. Ella dijo que nunca más había visto a los chicos Piotti, que hoy tienen 39 y 38 años. Los volvió a ver el viernes, en esa antesala del juicio, donde Carlos recordó lo que les dijo a los jueces, que había visto a un montonero muerto en la vereda y arriba de su pecho a un bebé acurrucado, que lloraba. "Eso es lo que yo soñé", dijo Jorge Piotti. "Es lo que yo vi", dijo Carlen. Y siguió un abrazo interminable.

Los represores también eran violadores

EDUARDO "CURRO" RAMOS FUE PROCESADO POR VIOLAR A UNA ADOLESCENTE DE LA UES
Los represores también eran violadores

Ramos ya cumple dos condenas unificadas a 24 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. Lo juzgarán por el asesinato de Emilio Feresín y acaban de procesarlo por delitos sexuales contra dos chicas de 16 y 14 años.
 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.

Eduardo "Curro" Ramos ya cumple dos condenas unificadas a 24 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. En el próximo juicio de lesa humanidad, lo van a juzgar por el "homicidio" de un dirigente montonero, Emilio Feresín, en marzo de 1977. Y ahora, el juez federal Carlos Vera Barros lo procesó por otros casos que se unificaron tras el juicio al ex juez Víctor Brusa, en 2009: la "violación reiterada" a una militante de 16 años de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y el "abuso deshonesto" a una niña de 14, en julio de 1976. Y la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a tres militantes de izquierda, en octubre de 1976, en un operativo en el que participaron otros dos represores, Víctor Hugo Cabrera y un ex policía que está prófugo. "La banda del "Curro" Ramos", la llamó uno de sus denunciantes y secretario nacional de la Liga Argentina de por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman.

Vera Barros interviene en la causa porque los dos jueces federales de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, se apartaron. Así que la resolución salió después de tres reclamos del fiscal Walter Rodríguez -en abril y agosto de 2014 y febrero de 2015- y un recurso por "retardo de justicia" que la Cámara Federal de Rosario recién resolvió a principios de octubre. La Cámara lo declaró "abstracto", pero recomendó al magistrado que "extreme los recaudos procesales necesarios para evitar este tipo de demoras".

El juez recordó que la niña fue secuestrada junto a su madre, en la casa de sus abuelos, el 16 de julio de 1976. "Estaba por cumplir 14 años". Mientras que la adolescente de la UES cayó en su casa, cerca del casco histórico de Santa Fe, unos días después, el 30 de julio.

Las dos menores relataron los operativos. "Tocaron el timbre", dijo la niña. Y el grupo de tareas copó la casa de sus abuelos. Eran "personas con ropas oscuras que venían desde los techos. Uno de los represores que "después descubrió que era Ramos, le preguntó como se llamaba, la sacó de la casa", la llevó a un vehículo de la Policía y "mientras permanecía boca abajo, vendada y esposada, abusó sexualmente de ella", señaló el juez. "Después, la trasladaron hacia otro lugar que logró identificar como la seccional 1ª, donde la interrogaron en reiteradas oportunidades" y la torturaron con "picana eléctrica", "golpes" y "manoseos".

La militante de la UES "fue violada contra su voluntad y mediante el empleo de la fuerza e intimidación, en dos oportunidades" entre el 30 de julio y los primeros días de agosto de 1976, en la seccional 1ª, por un policía que "se identificó como Gerardo" y que ella "luego pudo saber que era Ramos", explicó el juez. La jovencita había sido secuestrada en su casa por "un operativo de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía de Santa Fe", en el que participó "el imputado Ramos".

La joven de 16 años explicó que una de las formas de torturas era cuando la obligaban a permanecer en "posición de cuclillas" largo tiempo. Ramos se burló de ella en la indagatoria, dijo que "ni Messi puede estar en cuclillas ni una hora" y pidió una "pericia `psiquiátrica" para la víctima, que el juez desestimó.

"Los testimonios" en los juicios de lesa humanidad "son coincidentes" sobre "el modo de operar de los represores santafesinos cuando se trataba de mujeres, especialmente menores de edad: torturas, vejaciones y violación", señaló Vera Barros.

"Las víctimas (...) describieron los hechos en forma objetiva sin ningún juicio de valor. Más allá del lógico dolor al describir hechos tan aberrantes, no se advierte en sus palabras móviles que indiquen que sus testimonios son falaces, sino por el contrario, todo lleva a aseverar que son absolutamente verosímiles", agregó.

"Los testimonios de las víctimas satisfacen el principio de la no contradicción, se presentan verosímiles, concordantes, coherentes, a lo largo del tiempo. No se advierte en ellos animadversión alguna y no obstante el dolor o angustia que revelaron las víctimas, perfectamente perceptible, no evidenciaron animosidad hacia el imputado".

Vera Barros recordó que "era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los centros clandestinos fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes o sufrieron otro tipo de violencia sexual". "Las violaciones y abusos no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la dictadura".

"Los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos, dirigidos contra ellas por su condición de mujer, lo que evidencia una clara intencionalidad discriminatoria", dijo el juez. Y "un caso de violencia sexual emblemático es el de Silvia Suppo", concluyó.