Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Nueva indagatoria al ex capellán Zitelli

Una pieza insustituible de Feced

"Zitelli representa la autoría directa de la iglesia en la represión ilegal en Rosario", dijo el fiscal Stara, quien no pudo interrogar al imputado ya que por asesoramiento de su abogado defensor Oscar Romera, se abstuvo de declarar.

 Por José Maggi

Eugenio Zitelli -ex capellán policial durante la última dictadura- se presentó ayer ante el juez federal Marcelo Bailaque, quien lo imputó por "haber intervenido en carácter de capellán del Servicio de Informaciones y de la Alcaidía de la jefatura de policía de Rosario en la privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas de Patricio Downes, Tomasa Verdum, José Raúl Villarreal, María del Rosario Ortiz de Villarreal y Miguel Angel López". El fiscal federal Gonzalo Stara no tuvo oportunidad de interrogar al imputado ya que por asesoramiento de su abogado defensor Oscar Romera, Zitelli se abstuvo de declarar.

A pesar de que todavía está pendiente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en relación al primer procesamiento de Zitelli, por otros nueve casos similares, el juez Bailaque volvió a indagar al ex capellán.

Para Stara "Zitelli representa la autoría directa de la iglesia en la represión ilegal en Rosario. El ejercicio de su capellanía fue parte fundamental de la implementación del plan sistemático. La importancia de la prueba colectada, ha provocado nuevas imputaciones antes de pronunciarse los camaristas. Las responsabilidades eclesiásticas pendientes son muchas. El accionar de Zitelli es solo el emergente".

El fiscal destacó la importancia de la jornada judicial donde se logró indagar al ex capellán en relación a nuevos casos, materializándose así las denuncias que desde los primeros días de la democracia formalizaron los sobrevivientes del SI.

La medida concretada ayer por el juez Bailaque, esto es haber prestado ampliación de indagatoria, repercute indefectiblemente en la decisión que tomará la Cámara Federal al momento de revisar el procesamiento de Zitelli respecto de los 9 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada y asociación ilícita.

Para Stara "de la prueba que se fue recolectando, queda acreditado, como no podía ser de otra manera, una sistemática actuación del imputado en los distintos sectores del SI; sectores no menores, sino todo lo contrario; eran el CCD mismo, como lo era el pasillo distribuidor que justamente comunicaba a las salas de tortura, el 'Boulevard Perdiste' como lo llamaban los sobrevivientes a dicho lugar y que pudimos escuchar a cientos de ellos en el juicio 'Díaz Bessone'; o el sector llamado 'favela', donde eran alojados los condenados a muerte o quienes iban a seguir siendo interrogado porque aún no se había decidido su suerte. Y también fue visto, en el llamado 'sótano'".

Para el fiscal del caso "la presencia de Zitelli, resulta innegable y los testigos así lo acreditan".

Por todo esto para el representante del Ministerio Público "además de los testimonios mencionados y los casos atribuidos en la indagatoria, se refuerza el cuadro probatorio, quedando claramente acreditada -nuevamente? la función de Zitelli en el CCD que funcionó en el SI. El imputado no solo cumplía funciones tendientes a obtener información de las personas que se encontraban en el SI, sino también funciones relativas a la contención espiritual de quienes estaban a cargo de los interrogatorios, entre otros. De ello da cuenta Tomasa Verdun de Ortiz cuando declara que ve a Zitelli hablando con quienes acababan de torturarla en la propia sala de torturas" destacó el funcionario.

Con este llamado a prestar ampliación indagatoria, se corrobora que Zitelli fue una pieza insustituible dentro del grupo que operó en el SI y que era conducido por Feced. Los contactos entre el imputado y familiares de detenidos, algunos desaparecidos, como es el caso de Braccacini, así lo demuestran. El imputado, por supuesto, se reunía con los familiares con el consabido fin de acallar los reclamos de éstos. Los testigos y los casos por los cuales se encuentra procesado así como indagado, así lo acreditan.

Piden perpetua para los represores en el juicio en San Nicolás

Piden perpetua para los represores

Saint Amant (ex jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977), Bossie, (integrante del Ejército) y Muñoz (ex jefe de la Policía Federal), están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre de la calle Juan B. Justo.

 Por Sonia Tessa

Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz fue el pedido de las querellas en el primer alegato del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Los abogados desgranaron la prueba que se produjo en el proceso comenzado el 3 de julio pasado, tanto sobre la desaparición de seis militantes santafesinos entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, como de la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976. En el público, Florencia Amestoy llevó como estandarte la foto de sus primos, Fernando, de tres años, y María Eugenia Amestoy, de cinco, asesinados en ese ataque. A unas pocas butacas, el único sobreviviente, Manuel Gonçalves Granada (que tenía cinco meses) seguía emocionado los argumentos de sus abogados. En la misma sala, Fernando Alvira --hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, él mismo sustraído por Saint Amant a los nueve meses-- escuchaba pero también estaba atento a su bebé, que había quedado afuera, en los brazos de la madre. Aquellos niños que fueron víctimas hoy esperan justicia.

Manuel Fernando Saint Amant era jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977 y está acusado por la desaparición de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y Regina Spotti, así como la sustracción de los niños Fernando Alvira (nueve meses), Martín Almada (siete meses) y Víctor Almada (un año y ocho meses). Además, junto Bossie, integrante de la plana mayor del Ejército en la misma época y a Muñoz, ex jefe de la Policía Federal, están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre.

La recopilación de los relatos de decenas de testigos del ataque de unos 50 efectivos en la casa de Juan B. Justo 676 que realizó la querella coincidieron en subrayar el intenso tiroteo sobre la casa en la que vivían Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando y María Eugenia, de tres y cinco años; Ana María Granada y su bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, el único sobreviviente, que hoy es querellante.

Sobre el ataque a esa casa, la abogada Ana Oberlin consideró que "la hipótesis del enfrentamiento ha sido descartada" y apuntó que se trató de "un brutal ataque". La profesional refutó uno a uno los argumentos de la defensa: que Amestoy y Fettolini se suicidaron. Lo contradijo con los documentos elaborados por el propio Muñoz, obrantes en el Archivo Provincial por la Memoria, en el que se habla de "delincuentes subversivos abatidos". Probó que los atacantes sabían de la presencia de niños, y aún así, tiraron gran cantidad de gases lacrimógenos. Que los niños murieron por la asfixia provocada por esos tóxicos, ya que fue la única sustancia consignada en la autopsia de Fernando. En el caso de María Eugenia, no se realizó autopsia pero la pericia consigna la misma causa de muerte que su hermano.

Oberlin les respondió a Muñoz y Bossie, que hicieron uso del derecho de defensa. "Insulta a la inteligencia de los que estuvimos en esta audiencia que Muñoz y Bossie, si sabían que podía haber delincuentes subversivos en esa casa, fueran cándidamente como lo relataron, a golpear la puerta o a pasar por enfrente", dijo la profesional. Más tarde, consideró: "También es increíble que tres poderosos delincuentes que resistieron un embate no hayan podido producir ni siquiera un rasguño a ninguno de los efectivos que atacaron la vivienda". En su extensa argumentación, dijo que Amestoy, Fettolini y Granada "eran personas que estaban en la casa durmiendo y fueron atacados, y lo primero que atinaron a hacer fue proteger a los niños".

Los abogados unificaron el alegato de las querellas particulares y las secretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Nación. Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez relataron las privaciones ilegítimas de la libertad de los seis desaparecidos, con su correspondiente prueba. Entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, estos militantes santafesinos fueron secuestrados tanto en sus casas como en la vía pública. Spotti compartió cautiverio con José María Budassi, que dio testimonio de haberla visto en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Baronio y Reale estuvieron con otro testigo, Pablo Martínez, en un centro clandestino de detención (CCD) del Ejército, cercano a Somisa. Unos 15 días después, Eduardo compartió cautiverio con otros cinco o seis detenidos, en otro CCD, cerca de la fábrica Pratto. Las hermanas Alvira estuvieron cautivas en una comisaría cercana a Somisa y Martínez en el mismo CCD que Reale. Todos ellos continúan desaparecidos. Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando sus padres fueron secuestrados, quedó en custodia de un vecino por orden del propio Saint Amant. Los abuelos maternos pudieron recuperarlo después de firmar bajo extorsión un documento en el que inculpaban a sus hijas.

Los abogados señalaron que más allá de la autoría mediata, a Saint Amant le correspondía la autoría material en los secuestros de las hermanas Alvira y Martínez, así como la sustracción de los tres menores, pues existen testigos de su participación directa. Lo mismo vale para los tres acusados por la masacre, pues está acreditado que los tres estuvieron presentes.

En el final de su argumentación, Oberlin respondió directamente a los represores. "Ellos hablaron del sufrimiento de sus familias. Me parece obsceno comparar lo que significó para la familia Amestoy, que fue totalmente arrasada y el sufrimiento que pasó Manuel, causado por el accionar doloso de los acusados. No puede compararse ni por asomo con lo que significa un proceso penal. No son equivalentes", dijo la abogada, con mucho esfuerzo para contener las lágrimas. En el público, sí, la mayoría lloraba.

domingo, 25 de noviembre de 2012

El ex capellán Zitelli de nuevo ante el juez

Ampliarán indagatoriaZitelli tiene que volver ante el juez

La medida se suma a otras 15 también pedidas por el fiscal Gonzalo Stara a integrantes de la Patota de Feced. En la prueba testimonial se dio cuenta de la presencia del sacerdote en el Servicio de Informaciones, y de su rol en la represión.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía durante la última dictadura Eugenio Segundo Zitelli deberá prestar declaración indagatoria el próximo martes, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad. El juez federal Macelo Bailaque ordenó --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--, otras 15 indagatorias que incluyen a ex militares como Jorge Rafael Videla y la mayor parte de la denominada Patota de Feced.

Estas dieciséis nuevas declaraciones indagatorias que ordenó el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario tendrán lugar entre el martes 27 y el martes 4 de diciembre. Deberán declarar Ricardo Corrales, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara, Carlos Altamirano, Ramón Ibarra, Daniel González, Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Lucio Nast y Ovidio Olazagoitía.

A efectos de llevar adelante la medida, el Juzgado se constituirá en el Penal de Marcos Paz, junto con representantes de la defensa y el fiscal de la causa. En el caso del ex capellán, tendrá lugar el martes, en la sede del Juzgado, para lo cual se libró oficio de citación por conducto de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Rosario de Gendarmería Nacional. Las restantes declaraciones se dividen entre la sede del Juzgado y el Penal de Marcos Paz.

En relación a la responsabilidad de Zitelli por los hechos que damnificaron a Tomasa Verdún, José Raúl Villarreal y Miguel Angel López, se encuentra probada la presencia física de Zitelli en el lugar donde ocurrieron los hechos. En este sentido, Verdún lo ubica en el pasillo distribuidor del Servicio de Informaciones (el centro clandestino de detención que funcionaba en San Lorenzo y Dorrego, dentro de la jefatura de Policía); José Villarreal en el sótano y Miguel Angel López, en la favela, todas zonas del SI.

En la prueba testimonial hay concretos señalamientos que dan cuenta no solo de la presencia de Zitelli en el SI, sino también de los roles y funciones que allí éste cumplía. El ex capellán fue visto y tuvo contacto con víctimas alojadas en ese centro clandestino, tuvo contacto con detenidos ilegales en la Alcaidía y visitó a detenidos en cárceles.

Para Stara, "Zitelli tenía pleno conocimiento de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones tormentosas de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información". Y además, tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas junto a la Patota de Feced".

"En este sentido, el rol que le achacan las víctimas -﷓aclaró Stara-- consistía, principalmente, en recabar información de los detenidos, incluso 'tolerando" las torturas como medio de obtención de información, si fuere necesario".

Zitelli recuperó su libertad el 11 de abril pasado, previo pago de 50.000 pesos de fianza, luego de ser considerado probable autor de delitos de lesa humanidad e integrante de la Patota de Feced.

El 20 de marzo, Bailaque lo había procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieran como víctimas a Graciela Borda Osella; María de las Mercedes Sanfilippo; Olga Cabrera Hansen; María Inés Luchetti de Bettanín; Elba Juana Ferraro de Bettanín; Darío Castagnani; Maria Herminia Acevedo de Fernández; Mónica Cattoni y Eduardo Bracaccini. Además lo señaló como probable coautor del delito de asociación ilícita.

Bailaque fundó también su resolución en la comprobada presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones, concluyendo que estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones, que tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones y que conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas. También sostuvo que Zitelli estuvo presente en sesiones de torturas.

De igual modo se espera que el juez Bailaque al momento de indagar a Zitelli materialice los pedidos del fiscal en relación a los delitos cometidos contra Patricio Downes, Tomasa Verdún de Ortiz, y el ex alumno del Colegio San José, Miguel Angel Nicolau entre otros.

En tanto, Stara solicitó se amplíen las imputaciones a toda la patota que operó en el SI y sus responsables mediatos. El fiscal consideró a Zitelli un integrante más de esa asociación ilícita.

La resolución judicial hace lugar al pedido del fiscal, que pretende profundizar las responsabilidades de los represores que actuaron en el centro clandestino, luego de haber reconstruido la mecánica represiva durante la audiencia oral Díaz Bessone, finalizada en marzo de este año.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Sancionada la restitución de los bienes de la Biblioteca Popular Vigil

Una antigua deuda de la democracia

Aunque la ley habla de "donación" para cumplir las formas jurídicas, se trata de la devolución de distintas propiedades, entre ellas el emblemático edificio de Alem y Gaboto. La iniciativa recibió el respaldo unánime de las dos cámaras.

El Senado provincial convirtió en ley la restitución de bienes a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, a 35 años de la intervención y el saqueo ejecutado por la dictadura militar, y la persecución de sus directivos, docentes y estudiantes. "La democracia ha saldado una deuda", celebraron los impulsores de la iniciativa, el diputado peronista Luis Rubeo y el senador radical Hugo Rasetto, de cuyos respectivos proyectos se conformó la ley que establece la devolución del patrimonio económico y cultural que sobrevivió al despojo.

El texto de la norma encuadra el mandato como "donación", sólo para cumplir con la forma jurídica que debe observar el Estado provincial. "Pero lo correcto es hablar de restitución, ya que en realidad se está cumpliendo con un acto de estricta justicia, de reivindicación histórica al reparar en parte un avasallamiento a la cultura popular infligido a la entidad, a sus dirigentes, a sus asociados y a toda la ciudad de Rosario, ya que era beneficiaria de su actividad social, cultural y educativa", distinguió Rubeo.

En ambas cámaras la iniciativa avanzó con consenso unánime, una vez que la entidad recuperó su personería jurídica y, además, su histórica comisión directiva. Ese requisito permitió concretar ese deseo postergado. Con fuerza de ley, la Vigil recuperará a su nombre los bienes que siguen a continuación:

--Los inmuebles situados en las manzanas de Alem, Gaboto, 1º de Mayo y pasaje Perkins, y de Alem, Gálvez, Ayacucho y Virasoro, donde históricamente funcionó la institución.
--50 mil libros de la entidad que quedaron en custodia a cargo de la Biblioteca Pedagógica Provincial Eudoro Díaz.
--Los elementos que integraron sus recordadas mapoteca, discoteca, hemeroteca, diapoteca y archivo general.
--Un telescopio refractor Coudé Zeiss de 300 aumentos.
--Un telescopio reflector de hasta 800 aumentos.
--Un filtro monocromador Lyot para transmisión de la longitud de onda H-Alfa de emisión de hidrógeno.
--Una cámara Ross de 400 mm de distancia focal y 100 mm de abertura.
--Las piezas de animales embalsamados y colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la entidad.
--Cuadros originales de Julio Vanzo, Oscar Herrero Miranda, Carlos Uriarte, Carlos Alonso, Ricardo Supisiche, entre otras obras.

La sanción de la ley llegó dos días después del fallecimiento de uno de sus baluartes, Raúl Frutos, quien fuera vicepresidente de la institución de barrio Tablada y que padeció en carne propia el asalto del 25 de febrero de 1977, a manos de policías dirigidos por el capitán de corbeta Esteban Molina que inició la intervención y liquidación de la Vigil.

martes, 20 de noviembre de 2012

Reconquista: El martirio de las víctimas de la patota

Primera audiencia del juicio a Sambuelli y a otros seis represores de Reconquista.

Ayer se leyó el caso de Griselda Pratto, violada y secuestrada a los 16 años. Todos están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos. El juicio se extenderá hasta abril próximo.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Griselda Pratto no era militante política en febrero de 1977. Tenía 16 años cuando un grupo de tareas la secuestró en la casa de su hermana Luisa, en Reconquista. Eran las tres de la madrugada. La llevaron hasta la III Brigada Aérea, un centro clandestino de detención, donde cumplió los 17. Estuvo cautiva más de un mes, como rehén de la dictadura y sometida a la esclavitud sexual de la patota. Ella identificó a sus violadores, entre ellos a Danilo Sambuelli, entonces capitán y jefe de Inteligencia de la Base Aérea y hoy comodoro retirado. "Sambuelli me dijo que él tenía el poder, que podía hacer conmigo lo que quería", dijo Griselda. El suplicio y la amenaza se escucharon ayer en la lectura de la acusación fiscal, en la primera audiencia del juicio a Sambuelli y a otros seis represores de Reconquista, entre ellos su camarada de la Fuerza Aérea, Jorge Alberto Benítez, que operó como interventor de la Unidad Regional 9 de Policía. Se trata del décimo juicio en Santa Fe, pero el primero en la provincia y -el segundo en el país﷓ que juzgará los abusos sexuales y violaciones en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático de la represión. Los otros cinco imputados son policías de Reconquista que integraron el grupo de tareas: Carlos Nickisch (que era el jefe de Informaciones, el tristemente célebre D﷓2), Arnaldo Neuman, Rubén Molina, Horacio Machuca y Eduardo Luque. Todos, están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos: Sambuelli, Nickisch, Molina y Machuca, deberán responder también por el delito de violación a Griselda y Luisa Pratto.

El Tribunal Oral de Santa Fe (integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y su colega de Rosario, Otmar Paulucci) ya citó a declarar a más de cuarenta víctimas, entre ellas el ex intendente de Reconquista y ex senador de la provincia, Héctor Ocampo. Lo que significa que las audiencias se extenderán posiblemente hasta abril del año que viene.

Ayer, arrancó el debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público y de la querella. Hoy, a las 10, comenzarán las indagatorias de los acusados, que continuarán en las próximas dos semanas. Y las primeras testimoniales se escucharán el 4 de diciembre.

La acusación fiscal relató el martirio de las cuarenta víctimas. El clima de la sala pareció cambiar con el caso 33, el de Griselda Pratto. El secuestro fue el 5 de febrero de 1977, a las 3.15, en la casa de su hermana Luisa, que estaba embarazada. Ella había ido a visitarla. "Patearon la puerta, la rompieron", dijo Griselda cuando declaró en la causa. Uno de los secuestradores era Nickisch. "Le pegaron una trompada a mi hermana y la tiraron arriba de la cuna del bebé. Nickisch es el que le pegó". Le ataron las manos, la encapucharon y la subieron a uno de los vehículos del operativo.

"A la mañana siguiente, me desnudan, me ponen picana eléctrica en los pechos, en las axilas, en la vagina y en los pies, con agua en el piso", recordó Griselda. Le preguntaban qué hacía en Reconquista, qué información tenía. "Yo les dije que estaba de visita, para ayudar a mi hermana embarazada. No sabía de qué me hablaban. Y siguieron con la picana, después me empezaron a golpear, eran cinco personas. Me pegaron en la espalda, en el estómago, por todos lados, en los pechos, en la cara, caía al piso y me volvían a levantar y a aplicar picana. Me apuntaban con un arma y gatillaban. Y siempre, las mismas preguntas; después, los golpes, hasta que me arrastraron al mismo lugar donde había estado", sin colchón y encapuchada.

Al cuarto día comenzaron las violaciones. "Me decían que me iban a matar, que mis hermanos estaban muertos. Me ponían el arma en la sien. Fui violada por cuatro personas: Sambuelli, Nickisch, Neuman y el cabo Estofaretti", reveló. El martirio se prolongó "treinta días" hasta que un médico de la III Brigada Aérea, a quien identificó como "el doctor Arredondo" le curó las heridas. "Me dijo que no me iban a tocar más". Le dio jabón y pasta dental y cuando ya "no tenía más marcas" en el cuerpo la dejaron salir. "En un pasillo me encuentro con una mesa, estaba Sambuelli, que me da unas monedas y me dice: 'Tomá, andáte. No te quiero ver más en Reconquista'. Nunca me voy a olvidar, de Sambuelli, de Nickisch, de Neuman, de toda esa gente", agregó.

Cuando le preguntaron por los represores, Griselda contestó: "Sambuelli decía que el tenía el poder, que podía hacer conmigo lo que quería. Estofaretti también. Nickisch también, me paraban en la calle" y describió a Sambuelli como "un gordito, no muy alto, de un metro sesenta, tez blanca, medio pelado".

"La primera vez que me violaron yo estaba encapuchada. Pero en las otra no, ya me sacaban la capucha porque ellos tenían el poder. Creían que si me mostraban la cara me iban a matar, pensaba que iba a morir si los podía ver. A ellos, y al muchacho que se paseaba y me decía que no me podían tocar, que él estaba haciendo el servicio militar, ahí, en la Base Aérea de Reconquista, y que no me podían tocar".

lunes, 19 de noviembre de 2012

Etapas decisivas en el juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás

Una justicia que demoró más de 36 años

Hoy es el aniversario de la masacre de la calle Juan B. Justo, donde el Ejército y la policía Federal y bonaerense mataron a tres adultos y dos niños. El único sobreviviente es querellante de una causa que el 27 comienza su etapa de alegatos.

 Por Sonia Tessa

Hoy se cumplen 36 años de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que el Ejército, junto a la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires mató a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, sus hijos de tres y cinco años, Fernando y María Eugenia, así como a Ana María Granada. Sólo se salvó Manuel Gonçalves Granada, que tenía cinco meses y fue arropado por su madre entre colchones, adentro de un placard. Hoy, Manuel es querellante en la causa que el próximo 27 ingresa en la última etapa del juicio oral y público. Desde ese día, las partes harán sus alegatos después de haberse escuchado toda la prueba. No es un aniversario más para el único sobreviviente, los familiares de los Amestoy y sus compañeros: en pocos días se conocerá la sentencia del juicio oral y público que se realiza en los Tribunales Federales de Rosario. Y hoy comienza en San Nicolás la semana de la Memoria, con actos que terminarán el 25 de noviembre.

La semana pasada, uno de los tres imputados, el ex militar Antonio Bossié, hizo su declaración indagatoria, y reflotó la teoría del "suicidio o pacto suicida" de la pareja asesinada (Omar y Ana María, a quien le decían Pochi) en una de las habitaciones de la casa, ubicada muy cerca del centro de San Nicolás. Claro que una pericia recibida en los últimos días por el Tribunal confirmó la firma del comisario general retirado Raúl Acosta, para certificar la veracidad de un documento en el que el Jefe de la Policía Federal de San Nicolás de entonces --Jorge Muñoz, otro de los acusados-- admite haber "abatido" a la pareja, a la que --fiel al lenguaje que las fuerzas de seguridad utilizaban en la época-- califica como "delincuentes subversivos".

El resultado de la pericia caligráfica que habían solicitado los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray fue concluyente: los peritos oficiales, de la querella y también el de la defensa de Muñoz, coinciden en atribuir la firma de Acosta para certificar el parte preventivo en el que Muñoz se responsabiliza como autor material de la muerte de los dos militantes. Acosta había desconocido si esa era o no su firma en la audiencia del miércoles 3 de octubre pasado.

De este modo, se cerró la producción de la prueba y se dio paso a la indagatoria de Bossié, que primero desconoció al Tribunal que lo juzga, pero a la vez aceptó preguntas. El ex militar deslindó responsabilidades en la orden de tirar gases lacrimógenos en el baño de la casa, que causaron la muerte de los niños Fernando y María Eugenia Amestoy. También afirmó que el objetivo del operativo que irrumpió en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en la calle Juan B. Justo haya sido matar a los tres militantes. "Matar nunca", enfatizó. "La directiva era clara, no había que matarlos, sino ponerlos a disposición de la justicia", agregó. Sin embargo, admitió que Granada salió ensangrentada de otra habitación, y fue ultimada. El represor también se refirió a un procedimiento de la noche anterior --el del barrio Las Mellizas﷓﷓, que la policía intentó disfrazar como un enfrentamiento con montoneros pero en realidad fue un encontronazo entre efectivos de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Según Bossié, fue por documentos encontrados en esa primera casa que llegaron hasta la calle Juan B. Justo.

En la audiencia del 10 de septiembre pasado, la investigadora de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, Claudia Bellingieri, explicó que el Area 132 de Inteligencia siempre hacía un trabajo previo antes de asaltar una casa, y refirió además: "Estamos realizando una investigación en la provincia de Buenos Aires. Se han podido analizar 38 casas atacadas. El patrón es el horario, los ataques eran a muy tempranas horas de la madrugada o por las noches. No se procedía con ningún tipo de protocolo", señaló Bellingieri, quien identificó un denominador común en esos operativos: "una fuerza desproporcionada sobre viviendas ubicadas en zonas urbanas".

El martes 27 de noviembre comenzarán los alegatos de las partes, y una vez que terminen, los tres acusados tendrán derecho a decir sus últimas palabras. Una vez que ello ocurra, el Tribunal Oral integrado por Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe dará a conocer el veredicto.

El aniversario de la masacre señala también el comienzo de la semana de la memoria. Esta tarde, a las 19, en el Centro Vasco de San Nicolás, comenzarán los actos de la Semana de la Memoria. Se inaugurarán una muestra plástica de ex alumnos detenidos desaparecidos de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y también una exposición de fotografías de alumnos 4º año de la Escuela de Arte 501 de San Nicolás. "Es el octavo 19N que los convocamos en este Día de la Memoria para los Nicoleños", expresan desde la Asociación Civil por la Memoria. "La luz de los 30 mil son las memorias de sus luchas y sus sueños que señalan el porvenir", dice el texto. El miércoles habrá, también a las 19, en el Centro Vasco, una función de Teatro por la Memoria; el jueves participarán en un acto en Cancillería nacional, en Capital Federal, en homenaje a quien fuera obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, asesinado en un accidente fraguado el 11 de julio de 1977. En el mismo acto se recordará a los sacerdotes palotinos masacrados en la iglesia San Patricio en julio de 1976 y al obispo Angelelli.

Las actividades volverán a San Nicolás el viernes, con la proyección del documental "Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno", también a las 19, en el Centro Vasco, en la que estará el sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra. El sábado, en el CIC, habrá una jornada con escuelas que participaron de las jornadas de Jóvenes y Memoria, en Chapadmalal y un recital. El domingo, a las 19, de nuevo en el Centro Vasco, se realizará un homenaje a Celia López Alonso.

En verdad, los actos comenzaron ayer, en Nogoyá, con el festival en homenaje a las víctimas de la masacre, que se realizó en la plaza Libertad de esa localidad. Amestoy y Fettolini eran de Nogoyá, un pueblo que desafió a la dictadura militar en noviembre de 1976, cuando llegaron los restos de la familia, y salió a la calle a despedirlos.

Santa Fé: militares y policías en el banquillo

Siete represores serán juzgados
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzará a juzgar a los represores por privaciones de la libertad, tormentos agravados y violaciones reiteradas a una menor. Los delitos fueron cometidos durante la última dictadura en la Brigada Aérea de Reconquista.

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad que incluye delitos sexuales en Santa Fe comenzará esta mañana en la capital provincial. El Tribunal Oral Federal de la provincia comenzará a juzgar a siete represores imputados de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y violaciones reiteradas cometidas durante la última dictadura en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia, en el marco de la investigación denominada “Causa 050”, cuyo centro de operaciones fue la III Brigada Aérea.

Los jueces José Escobar Cello, Omar Paulucci y María Ivone Vella juzgarán a dos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, Danilo Sambuelli y Jorge Alberto Benítez, y a los ex policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca por “privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados” cometidos en entre diez y cuarenta casos. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también están acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente en la III Brigada Aérea de Reconquista, que funcionó durante la dictadura como un centro clandestino de detención. La fiscalía estará representada por Martín Suárez Faisal y Roberto Salum.

Sambuelli, quien desde el 24 de marzo de 1976 actuó como interventor del municipio de Reconquista, secundó al brigadier Jorge van Thienen, ya muerto, en la cadena de poder de ese centro clandestino. Entonces, Benítez era interventor de la Unidad Regional IX de Policía, controlada por la Fuerza Aérea. Según el fiscal Roberto Salum, la represión en el norte de Santa Fe era manejada por la Aeronáutica, cuyas órdenes partían desde el jefe Van Thienen y de Sambuelli y eran ejecutadas por los policías Nickish, Luque, Molina, Neumann y Machuca.

Se trata del décimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia y el primero en el que los delitos sexuales se ubican a la altura de las privaciones de la libertad y los tormentos. Según fuentes judiciales, en anteriores debates que analizaron los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado se denunciaron delitos sexuales, pero será en esta ocasión la primera vez que sean considerados en el marco de violaciones a los derechos humanos.

En el auto de procesamiento, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, sostuvo que deben ser juzgados como tales los “abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio”, en referencia a la chica que cumplió sus 17 años en el centro clandestino.

El juicio oral comenzará esta mañana a las 9 con lectura de requisitorias. El inicio de las audiencias estaba previsto para el pasado 27 de septiembre, pero fue postergado para este lunes debido a que faltaban producir algunas pruebas ofrecidas por las partes, según las fuentes. Recién el martes 4 de diciembre comenzarán las declaraciones testimoniales de las víctimas. Se calcula que, entre los citados por las partes acusatorias y las defensas, los testigos superarán el medio centenar.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Alejandra y Sandra Routboul brindaron testimonio en la causa Vigil

ALEJANDRA Y SANDRA ROUTABOUL BRINDARON TESTIMONIO EN LA CAUSA VIGIL
Consecuencias de la barbarie

Integrantes de una familia estrechamente vinculada con la Biblioteca, las hermanas Routaboul aportaron relatos desgarradores sobre la intervención militar y la captura de su padre, que moriría en 1983 luego de una profunda depresión.

 Por Lorena Panzerini

Alejandra Routaboul fue alumna de la última promoción de graduados del secundario en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, antes de su intervención en 1977, durante la última dictadura militar. Con sus propios ojos vio el crecimiento de la institución, y participó cuanto pudo de todas las actividades que se ofrecían. "Vigil se convirtió en un pequeño monstruo en el barrio", dijo la mujer sobre aquellos tiempos que marcaron su infancia, y cada uno de sus días posteriores. Es que su padre formaba parte de la comisión directiva, como síndico, y al ver caer el trabajo de años, con el saqueo y despojo que sufrió la comunidad educativa de la biblioteca, entró en una profunda depresión tras estar ocho meses detenido en Jefatura. "Todos los miércoles, con los ojos vendados, en el subsuelo de la Jefatura, y mientras oía gritos desgarradores por lo que les hacían a otros detenidos, le ponían mi voz y la de mi hermana menor llamándolo: `Papá, papá...", relató sobre lo que supo mucho tiempo después de la muerte de Francisco Routaboul, quien falleció en 1983, a los 50 años. "Lo dejaron morir", sostuvo su hija en la declaración de la semana pasada, en el marco de la causa Vigil que investiga la Justicia Federal.

Alejandra cursó el secundario entre 1972 y 1976. Durante su infancia, estudió guitarra y teatro; y practicó vóley en lo que era la universidad popular de la Vigil. Toda la familia formaba parte de aquel espacio que vieron crecer. "Al día de hoy, no hubo otro proyecto educativo que pueda emular lo que fue la Vigil", aseguró la docente que hace 28 años trabaja en la escuela primaria Nº 518 y en la EEM 514. "Mi enojo es con todos los gobiernos democráticos que miraron para otro lado. Hoy estoy agradecida porque en este momento alguien escucha la necesidad de muchos. Voy a sanar la historia de mi papá, el día que se haga justicia por eso", dijo Alejandra. Sandra, su hermana, agregó que "debe valorarse lo que está haciendo el Gobierno Nacional, porque es lo que esperaban millones de familias".

En su testimonio, Alejandra dio cuenta de que "la Vigil se sustentaba con la rifa. Los que hacíamos actividades en la universidad popular las vendíamos y eso nos posibilitaba viajar gratis a algunos lugares turísticos. La Vigil se destacaba por el compromiso que tenía con todo el barrio. Después se expandió a toda la ciudad y a nivel nacional. Así la rifa llegó a casi todo el país. En ese entonces, vivíamos en La Falda, Córdoba, y le propusieron trabajar en una oficina de la capital con la venta de la rifa. En el 69, volvimos a Rosario. Desde entonces su trabajo fue muy cercano. La biblioteca empezó con el préstamo de libros, después se creó la escuela secundaria, la primaria y también había jardín y guardería, donde trabajaba mi mamá. En la secundaria había coro, folclore y talleres. Los adolescentes que no tenían posibilidades económicas tenían una beca a partir de cuarto año".

Los domingos eran los días más alegres de su niñez y adolescencia. "En Villa Diego funcionaba el centro recreativo: era un lugar gigante que llegaba a las barrancas del río Paraná. Era el paseo familiar obligado. Enfrente, se iba a construir un barrio para que la gente pudiera acceder a la vivienda. Sólo llegué a ver la maqueta", recordó Alejandra, que destacó: "En la época de toma de escuelas, nosotros tomábamos la Vigil para cuidarla".

La mujer recordó que los problemas empezaron "después del Rodrigazo (1975). Había desfasaje entre el costo de los productos de la rifa y lo recaudado. Aunque golpearon varias puertas, no hubo respuesta. El panorama se fue oscureciendo hasta que llegó esa noche, de la que no me acuerdo nada. Cuando llegaron a casa más de diez hombres -integrantes de la patota de Feced- armados y con uniforme, mi papá no estaba y le dejaron una cédula para que se presentara. Sólo me acuerdo de muchas llamadas telefónicas. Me queda la angustia, la sensación de desesperación y un sentimiento horrible. A mi papá le aconsejaban que se fuera, pero él respondía que no tenía nada que esconder".

Francisco Routaboul y Raúl Frutos -﷓vicepresidente de la comisión directiva﷓- se presentaron el 10 de mayo de 1977, según recordó Alejandra. "Mientras mi papá estuvo detenido había siempre un auto en la puerta de mi casa, y se quedó más de un año después que salió en libertad". Para la mujer, "el grueso de la gente no sabía qué estaba pasando. Supe de los interrogatorios y torturas a mi papá por boca de sus amigos, nunca por él. Tal vez, si le hubieran pegado, no habría muerto a los 50 años; pero sabían perfectamente cómo dañarlo".

Tras la detención de su padre, Alejandra recordó: "Cuando papá salió, nunca nos habló ni nos contó nada. Los compañeros que estuvieron con él hicieron algo para manifestarse; él se guardó todo y eso lo hizo mierda. No se repuso más, aunque intentó reinsertarse. Al tiempo tuvo un accidente neurológico, convulsiones y lo internaron. A los días pasó a terapia intensiva. Yo iba a verlo todos los días, hasta que empezó a mantener los ojos cerrados, apenas me hablaba; no estaba comiendo bien y el médico me dijo que `no quería vivir'".

Pese a la discusión con el director médico en el Sanatorio Rawson -que ya no existe- ante la ausencia del profesional que atendía a su padre, y la imposibilidad de contactarlo, sumado a las corridas para hallar a un neurólogo externo al efector que lo atendiera, Francisco murió el 21 de diciembre de 1983. Alejandra tenía 24 años y un hijo pequeño, el primero de sus "tres soles", como ella les llama. Aunque insistió, nunca pudo recuperar la historia clínica de su padre, "joven y sano".

La declaración de Alejandra, en el marco de la causa Vigil -desprendimiento de la mega causa Feced- iniciada en agosto pasado fue de las más "desgarradoras". Su hermana también declaró, y en su relato señaló que "la Vigil era una familia".

El fiscal, Gonzalo Stara, escuchó también a testigos que dieron cuenta de las actividades que desarrolló la biblioteca, del desguace al que fue sujeta, y sobre la cantidad de propiedades que tenía. Todos los relatos son corroborados con las pruebas documentales que acompañan la investigación.

En tanto, los relatos de ex alumnos, entre los que está el de Sandra, siguen dando cuenta de los interrogatorios que sufrían algunos estudiantes, incluso de la exhibición de armas y el estado de abandono del edificio. Los testigos detallaron el contexto en que se produjeron los delitos contra el patrimonio de la biblioteca: amenazas de todo tipo, atentados con bombas y secuestro de docentes interrogados por sus actividades en Vigil. Y en relación a los delitos económicos, las declaraciones permiten desandar el camino del despojo de los bienes.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Detenido represor imputado en graves delitos

EX PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA (PCI) FRANCISCO JOSE SCILABRA
Un represor atrapado en el sur

Fue detenido en Santa Cruz. Tenía orden de captura por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita y La Intermedia. También es investigado por su presunta participación en el robo de bebés y sustracción de identidad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) capturó en la provincia de Santa Cruz a un represor involucrado en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita y La Intermedia, que se encontraba prófugo desde 2009. Se trata del ex personal civil de inteligencia (PCI) Francisco José Scilabra, quien está acusado de secuestrar, torturar y trasladar a detenidos a la finca de Granadero Baigorria, y que fue señalado por su ex colega Eduardo "Tucu" Costanzo durante la instrucción de la causa "Guerrieri Pascual y otros", la primera en la que se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. El ex PCI también es investigado por su presunta participación en el robo de bebés y sustracción de identidad cometidos durante el mismo accionar represivo.

Desde 2008, por lo menos, Scilabra se había radicado en la provincia sureña, y desde entonces había cambiado de domicilio en al menos dos ocasiones. En un primer momento llegó a brindar cursos y asesoramiento en tareas de seguridad privada.

El juez federal nº 4 de Rosario, Carlos Vera Barros, libró orden de captura el 26 de marzo de 2009, y desde el Ministerio de Justicia de la Nación se había asignado un pago de 100 mil pesos para quien denunciara su paradero. La investigación encomendada a la PSA desembocó el lunes a la tarde en un allanamiento a una vivienda de dos plantas situada sobre la calle Isla Soledad al 1000, de Río Gallegos. Con un exhorto librado a la jueza federal de ese distrito, Cecilia Alvarez, los agentes de la fuerza aprehendieron a Scilabra, y ayer se esperaba la comisión especial que lo traería detenido a Rosario para comparecer ante Vera Barros.

Según el Ministerio de Justicia, Scilabra integró el staff del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, y solía usar el apodo de Federico Silver. Costanzo lo mencionó como parte de la patota que operó con base en La Calamita y en La Intermedia, como se conoció la casa quinta situada junto a la autopista Brigadier López y el río Carcarañá, propiedad de la familia del represor Juan Amelong, condenado en la causa Guerrieri. También habría tenido injerencia en el traslado de detenidos a una vivienda situada en las afueras de la localidad de Monje.

En la lista de prófugos con pedido de captura figuran otros dos represores imputados en la causa Guerrieri: Eduardo Rebechi, ex PCI del Destacamento 121, que actuaba bajo el pseudónimo "Rébora" en La Calamita, Quinta de Funes y Fábrica Militar y Juan Carlos Bossi, imputado en la misma causa, señalado como el encargado de inyectar a los detenidos para darles muerte.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Santa Fe: Secuestro, tortura y robo a militante de derechos humanos

El episodio ocurrió el jueves pasado a la mañana en inmediaciones de Bulevar y 9 de Julio. Policías lo increparon y golpearon sin razón. Organismos de Derechos Humanos brindará una conferencia para brindar detalles de la sucedido y dar a conocer las acciones a seguir. Será este lunes.

El pasado jueves, un militante de Derechos Humanos de Santa Fe manifestó se secuestrado y torturado por la policía santafesina cuando lo detuvieron, sin razón a las ocho de la mañana en inmediaciones de Bulevar y 9 de Julio.

Dado este hecho, organizaciones de Derechos Humanos, Madres De Plaza De Mayo, los H.I.J.O.S. de Santa Fe, realizarán este lunes una conferencia en el local de CTA – Rivadavia 3185-, a las 10 para contar cómo fueron los hechos y determinar las acciones a seguir.

Según un comunicado emitido: "Alrededor de la 8 del día de jueves 25 de octubre, dos policías de la provincia de Santa Fe, secuestraron a Choli, uno de nuestros compañeros. 

Lo abordan, lo palpan y lo suben a una camioneta de la fuerza, a plena luz del día por la zona de Boulevard Pellegrini y 9 de Julio. Comienzan a golpearlo, a insultarlo…lo amenazan, lo acusan de tener droga, lo aprietan. Lo siguen golpeando, entre amenazas le sugieren: “vamos a tener que arreglar”. El compañero se niega, los desmiente: “yo no tengo droga”. Los policías lo verdeguean un poco más, lo pasean sin ningún destino, y lo siguen apretando. Le roban el dinero que tenia encima y lo arrojan por la zona de Avda. Facundo Zuviría. Más tarde, llega a la casa lastimado y en estado de shock 

Choli nos cuenta lo sucedido. El momento más tremendo es cuando se da cuenta que no estaba siendo conducido a ninguna comisaría y que no pretendían detenerlo legalmente. En una camioneta de la policía, en un procedimiento clandestino, se preguntaba: “¿y ésto como termina?”.

Choli es un joven que como muchos espera el colectivo en cualquier esquina de nuestra ciudad, un compañero militante barrial, miembro de la Mesa por Juicio y Castigo, artista, murguero y activista comprometido con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia".