Los organismos de DDHH repudiaron al TOF 2

 

“Otra vez nos toman el pelo”

El espacio Juicio y Castigo Rosario, conformado por organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, testigos y querellantes de las causas contra el terrorismo de estado y organizaciones sociales y gremiales, repudió “al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario (que iniciará en abril el juicio por la denominada causa Feced) por ningunear el pedido de los organismos y víctimas de la dictadura para que la sala donde se desarrollen las audiencias sea un lugar donde realmente el juicio sea público”. El TOF2 emitió una resolución donde explica que “ya ha resuelto que el juicio oral y público se realizará en la sala de audiencias de este tribunal”.

Los organismos, que habían presentado al propio TOF2 la resolución del Concejo Municipal que ofrecía ese recinto para que se lleve adelante allí el juicio oral por la causa Feced, se notificaron esta semana que ese tribunal resolvió que el proceso se lleve adelante en su sala de audiencias ubicada en el edificio de Oroño 940. “ Otra vez nos toman el pelo y vuelven a desoír el reclamo de testigos, víctimas y organismos que pedimos que el juicio sea verdaderamente público y que la sala de audiencias permita que las víctimas, sus familiares y el público en general pueda ingresar sin restricciones de espacio”, expresaron desde Juicio y Castigo en su comunicado de repudio.

“Hay que tener en cuenta que este juicio es más numeroso en cantidad de víctimas (87) y testigos (193) que el iniciado el pasado 31 de agosto (Guerrieri-Amelong). Con sólo pensar que víctimas y testigos puedan ir acompañados por sus familiares ya nos damos cuenta la perversa restricción que nos está imponiendo el tribunal, con esta sala que también es muy pequeña”, señala el comunicado que agrega: “por esta razón queremos hacer pública nuestra indignación y repudio a la actitud del tribunal que parece no enderezar su actitud, luego de que en el juicio Guerrieri también nos impusiera una sala pequeñísima y nos censurara la posibilidad de llevar fotos de nuestros desaparecidos, entre otras actitudes reprobables”.

Cabe recordar que el juicio oral por la causa Guerrieri-Amelong, que retomará sus tramos finales el 2 de febrero, estuvo a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Beatriz Caballero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas; y que la causa Díaz Bessone (más conocida como Feced) se realizará en el TOF 2 que estará integrado por la misma terna de magistrados.

Ninguneo

Los organismos denunciaron además “el ninguneo manifestado por el TOF2 para con las víctimas y testigos, ya que la forma en que nos enteramos que no habían aceptado nuestra propuesta del recinto del Concejo Municipal, ni de ningún otro lugar, fue a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quien había también solicitado al TOF2 información sobre el lugar y las características que tendrá el juicio oral por la causa Feced. A los organismos y a los querellantes nunca nos contestaron nuestro pedido”.

El espacio Juicio y Castigo se reunió este viernes para analizar la contestación que el TOF 2 le había mandado a una comisión de apoyo a los juicios conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, y que la propia Secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, envío a los integrantes de Juicio y Castigo, debido a que desde ese espacio habían solicitado al gobierno de Santa Fe su compromiso de ofrecer un lugar al TOF 2, para que este tenga más opciones de lugares amplios disponibles para la realización del juicio que finalmente el tribunal ya decidió realizar en su propia sala.

Antes del inicio del anterior Juicio Oral (Guerrieri-Amelong), el TOF1 había “escrachado” a los gobiernos municipal y provincial ante los organismos, y había hecho público que ninguno de los dos estados habían respondido a la solicitud realizada por el propio tribunal para que ofrezcan espacios alternativos a la Sala 1 del edificio de calle Oroño.

Teléfonos de contacto:

Norma Ríos 156544058 (Presidenta de APDH Rosario)

Eduardo Toniolli 153811911 (querellante causa Guerrieri-Amelong)

Alfredo Vivono 156923740 (querellante causa Feced)

Olga Moyano 156942560 (querelante causa Guerrieri-Amelong)

Novillo Carlos 153112990 (querellante causa Guerrieri-Amelong)

Juane Basso 153359271 (H.I.J.O.S. Rosario)

(Comunicado del espacio Juicio y Castigo Rosario)

Otra vez nos toman el pelo

Queremos repudiar la actitud del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario (que iniciará en abril el juicio por la denominada causa Feced) por ningunear el pedido de los organismos y víctimas de la dictadura para que la sala donde se desarrollen las audiencias de la causa Diaz Bessone (ex Feced) sea un lugar donde realmente el juicio sea público.

Otra vez nos toman el pelo y vuelven a desoír el reclamo de testigos, víctimas y organismos que pedimos que el juicio sea verdaderamente público y que la sala de audiencias permita que las víctimas, sus familiares y el público en general pueda ingresar sin restricciones de espacio.

Para dimensionar de qué estamos hablando hay que tener en cuenta que este juicio es más numeroso en cantidad de víctimas (87) y testigos (193) que el iniciado el pasado 31 de agosto (Guerrieri-Amelong). Con sólo pensar que víctimas y testigos puedan ir acompañados por sus familiares ya nos damos cuenta la perversa restricción que nos está imponiendo el tribunal, con esta sala que también es muy pequeña.

Por esta razón queremos hacer pública nuestra indignación y repudio a la actitud del tribunal que parece no enderezar su actitud, luego de que en el juicio Guerrieri también nos impusiera una sala pequeñísima y nos censurara la posibilidad de llevar fotos de nuestros desaparecidos, entre otras actitudes reprobables.

Cabe recordar que el juicio oral por la causa Guerrieri-Amelong, que retomará sus tramos finales el 2 de febrero, estuvo a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Beatriz Caballero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas; y que la causa Díaz Bessone (más conocida como Feced) se realizará en el TOF 2 que estará integrado por la misma terna de magistrados.

Finalmente queremos denunciar el ninguneo manifestado por el TOF2 para con las víctimas y testigos, ya que la forma en que nos enteramos que no habían aceptado nuestra propuesta del recinto del Concejo Municipal, ni de ningún otro lugar, fue a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quien había también solicitado al TOF2 información sobre el lugar y las características que tendrá el juicio oral por la causa Feced. A los organismos y a los querellantes nunca nos contestaron nuestro pedido.

Antes del inicio del anterior Juicio Oral (Guerrieri-Amelong), el TOF1 había “escrachado” a los gobiernos municipal y provincial, y había hecho público que ninguno de los dos estados habían respondido a la solicitud realizada por el propio tribunal para que ofrezcan espacios alternativos a la Sala 1 del edificio de calle Oroño. Pero ahora que los mismos jueces tienen todo el tiempo del mundo para elegir otro lugar, y que luego del desplante anterior de la provincia y la municipalidad (también repudiado por los organismos), los dos estados pusieron a disposición del tribunal diferentes opciones, los magistrados muestran su verdadero rostro de insensibilidad para con las víctimas y testigos.

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Base alegatos contra represores

EL EQUIPO JURIDICO DE H.I.J.O.S. ROSARIO ADELANTA LOS FUNDAMENTOS DE LO QUE SERAN LOS ALEGATOS EN LA ETAPA FINAL DEL PROCESO A LOS REPRESORES.

"Estos juicios tienen un valor colectivo y otro de reparación para las víctimas"

En medio de la feria judicial, los abogados de la organización preparan los alegatos junto a los querellantes. Respecto de lo actuado hasta aquí ponderaron el criterio del Tribunal Oral Federal número 2, que es uno de los pocos en el país en homologar las desapariciones forzadas de personas con homicidios. Pero también destacaron: "Estos no son los juicios que queremos, son los que tenemos".

 

Por Sonia Tessa

Con el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Rosario en un impasse por la feria judicial, el equipo jurídico de H.I.J.O.S. prepara los alegatos en conjunto con los querellantes que patrocinan. Y plantearon un balance crítico del proceso, del que fueron impulsores en 2002. Por un lado, ponderaron el criterio del Tribunal Oral Federal número 2, que es uno de los pocos en el país en homologar las desapariciones forzadas de personas con homicidios, pero también destacaron: "Estos no son los juicios que queremos, son los que tenemos". Ana Oberlin, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Nadia Schujman son los abogados de la organización H.I.J.O.S que patrocinan, entre otras víctimas directas y familiares, a los querellantes Sebastián Alvarez (hijo de Raquel Negro) y -recientemente a Sabrina Gullino (hija de Negro y Tulio Valenzuela, que recuperó su identidad hace un año y medio). Para estos abogados y militantes de derechos humanos, lo importante es que se dicte la sentencia contra los represores. "Queremos que estén presos y de por vida", dijo Oberlin. Hubieran querido ver condenados a Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo antes de fin de año, pero las audiencias se dilataron. "No están todos los delitos ni todos los imputados, por distintas razones. Una es la forma misma en que se llevó adelante la represión. Ellos se ampararon en los alias, y tuvieron diversas formas de ocultar su identidad", agregó Oberlin.

 

Los profesionales entienden que estos juicios tienen un valor colectivo, pero también de reparación para las víctimas. Por eso comparten el proceso de escritura de alegato. "Con ellos discutimos y tomamos mandato en cuanto a los pedidos de pena. Y por eso trabajaremos junto a ellos los alegatos, van a escribir una parte", afirmó Baella. Por su parte, Oberlin subrayó: "Estos juicios no son nuestros, son históricos, tienen una trascendencia social inusitada, pero básicamente son los juicios de las víctimas. Hay que respetar mucho lo que quieren las víctimas y cómo los impacta esta situación. Porque estos son juicios de todos, pero los actores en los que se encarna este proceso son las víctimas concretas". Para la abogada, uno de los ejes de su trabajo es "tener en cuenta qué les pasa a las víctimas que están poniéndose en juego y pasando por el dolor que les implica pasar por esto".

 

El 1 de diciembre de 2002, los abogados de H.I.J.O.S. hicieron una presentación pidiendo la reapertura de las causas que habían sido truncadas por las leyes de punto final y obediencia debida. Pasaron siete años y cuatro jueces de instrucción hasta que lograron sentar a los represores en el banquillo de los acusados. En el medio, un hito se produjo el 8 de octubre de 2003, cuando el entonces juez federal Omar Di Jerónimo declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.

 

* Raquel Negro. "A nosotros nos cuesta que se imputen todos los delitos", indicó Oberlin. El caso más emblemático es el de Raquel Negro, que fue secuestrada en Mar del Plata en enero de 1978, junto a su pareja Tulio Valenzuela, y su pequeño hijo Sebastián, de un año y medio. Ella estaba embarazada, y "estando cautiva dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná, se supone que en los primeros días de marzo. En 2004, cuando Sebastián se presentó como querellante, sus abogadas "el escrito está firmado por Oberlin y Schujman pidieron que se investigue "la privación ilegítima de la libertad de Sebastián Álvarez; la desaparición de Raquel Carolina Negro (debido a que la última vez que fue vista con vida fue estando secuestrada en los centros clandestinos de detención aquí investigados), así como también sobre la apropiación y supresión de identidad de sus hijos". No lograron que la fiscalía aceptara la privación ilegítima de la libertad del niño. "Después, cuando Eduardo Costanzo empezó a hablar, dijo que Raquel Negro había sido asesinada en Paraná, y luego traída acá. La fiscalía tomó el criterio de que la desaparición de esta víctima debía investigarse en Paraná, y así fue", indicó Oberlin, como una prueba de las dificultades que encontraron durante los siete años de proceso. "En ese momento, perdimos como en la guerra", dijo sobre las diferencias entre lo que pidieron y lo que obtuvieron. Y señaló que no es el único delito que para ellos falta en el proceso. "En esta causa hay varios niños privados de la libertad con sus padres, como Pablo del Rosso", agregó la abogada. También Victoria, la hija de Marta María Forestello, fue secuestrada junto a su madre siendo una beba. Oberlin reiteró: "No todos los delitos que nosotros pedimos quedaron dentro de este juicio". En ese punto, mencionó las discrepancias de criterios que surgieron del paso de cuatro jueces de instrucción diferentes, así como "las reticencias propias del Poder Judicial para investigar este tipo de delitos".

 

* Cecilia Nazabal. Para los abogados de H.I.J.O.S., el paso del tiempo tuvo una consecuencia muy dolorosa. "En el medio de este juicio se murió Cecilia Nazabal, eso fue un golpe tristísimo. Y tiene que ver con la dilación", dijo Oberlin. En medio del dolor por lo irreparable, la abogada consideró que Cecilia fue "la que más tiempo le dedicó a la causa, quien desarrolló buena parte de la investigación. Fue terrible que se muriera como se murió, sin haber podido declarar".

 

Pero allí también tienen algo para decir, ya que Cecilia "con la salud deteriorada, pero en pie concurrió a las primeras audiencias, donde se leyeron los requerimientos de elevación a juicio, las únicas que pudieron ver los testigos antes de sentarse frente al Tribunal. "Nosotros hicimos una presentación donde pedimos que declararan los ofendidos "es decir, las víctimas y sus familiares en primer lugar. Eso se resolvió desfavorablemente", recordó Baella, quien puntualizó que la presentación de H.I.J.O.S. estuvo en línea no sólo con el Código Procesal Penal de la Nación, sino también con la doctrina internacional de derechos humanos, con los tratados internacionales sobre los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad. "A los familiares les generaba muchísima angustia y dolor la espera, porque tampoco podían participar del juicio", apuntó Baella. Y Oberlin fue más allá: "No fue anecdótico, al contrario. Cecilia estaba muy ansiosa, esperando desde hace muchos años. No sólo 32 años, sino los últimos siete. Y ella fue una pionera. Primero, la audacia de intentar presentarlo, poner la cara. Luego, que se animaran a ir, a pararse frente a los jueces. No hay que olvidar que en 2002 la situación era muy diferente, y aquello fue un acto de audacia". También recordó que "Cecilia participó en todas las testimoniales de la etapa de instrucción, y siempre aportaba muy buenas preguntas. Fue muy activa durante todos los años de la investigación".

 

Por eso, destacaron la movida realizada al principio del juicio para lograr que primero declararan las víctimas. "No esperábamos, por supuesto, la muerte de Cecilia, pero nos parecía injusto sustraer a los familiares que eran además testigos, de la posibilidad de presenciar el juicio", indicó Oberlin.

 

En cambio, en la causa Guerrieri, comenzaron los testigos contextuales, como el presidente del CEMIDA, Horacio Ballester, y periodistas que escribieron sobre estos temas. Sólo el sobreviviente Jaime Dri declaró en las primeras audiencias.

* Homicidios. Aún así, y con el juicio en marcha, subrayan enfáticamente el criterio del Tribunal, que sentará precedentes. "La interpretación del Tribunal fue que en virtud de cómo se dieron las privaciones ilegítimas de la libertad y el tiempo transcurrido, se trata de homicidios", indicó Ciarnello.

Un balance crítico no puede ignorar que este juicio tiene algunas particularidades: un integrante de la patota que relata, por ejemplo, cómo asesinaron a los 14 militantes que estuvieron alojados primero en Quinta de Funes, luego en la escuela Magnasco y más tarde en La Intermedia, donde los mataron. Y también la presencia de un sobreviviente "Jaime Dri que puede identificar por nombre de guerra a los cinco imputados, a los que les vio la cara. "Es distinto, sin dudas, de otras causas que llevamos en otros lados, en las que hay muchos sobrevivientes, pero estaban todos tabicados y no podían ver a sus captores. Por eso, hoy no pueden identificarlos", dijo Oberlin. Y Ciarnello aportó: "En esta causa tenés a todos los imputados con autorías directas, no tenés que recurrir a las inferencias de las víctimas".

 

* Instancia reparadora. Por otra parte, los abogados de H.I.J.O.S. valoraron que "este juicio fue una instancia reparadora para los familiares de las víctimas". Y mencionaron, por ejemplo, a la familia de Marta María Benassi, a quienes ellos no representan. "Porque habían sido muy vapuleados por el tema de la actitud colaboracionista de los que hoy están desaparecidos", indicaron.

 

Para Oberlin, "este juicio viene a poner las cosas en su lugar, y determina quiénes fueron las víctimas militantes y quiénes los represores". La posición debatida por H.I.J.O.S. es que "toda persona que entró por la fuerza a un centro clandestino de detención es víctima". Sobre los prisioneros de Quinta de Funes, para Oberlin, forma parte de "la terrible perversión con la que se llevó adelante el sistema represivo, por eso tiene aristas particulares". Al tiempo que recordó que los cautivos "tenían a sus familias de rehenes, los represores sabían donde vivía cada uno de sus familiares, y esa era la presión constante. Además, el grupo operativo visitaba a las familias en actitud intimidatoria". Para la abogada, "no se puede igualar a alguien que está libre con alguien que está detenido". Por eso, afirmó: "No queremos negar que tiene particularidades, pero queremos que quede muy claro con la sentencia que ésta fue una cara de la perversa represión ilegal".

La causa conocida como Quinta de Funes investiga 14 desapariciones, y Fábrica de Armas otras tres. Las privaciones ilegítimas de la libertad son 28, así como la aplicación de tormentos.

Josefina González : Sin la protección acordada

El comisario a cargo del Programa de Protección de Testigos, Omar Odriozola, relató por qué no había custodia en la casa de Josefina González y Federico Reynares en el momento del atentado, aunque negó que haya habido zona liberada

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Una causa penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, un sumario administrativo y uno interno de la Secretaría de Seguridad son algunas de las medidas en el marco de la investigación a la custodia de la querellante de la ex causa Feced, Josefina González, y su esposo, Federico Reynares, tras la irrupción en su casa del miércoles pasado. Al mismo tiempo, la abogada del matrimonio, Gabriela Durruty, adelantó que pedirán que las actuaciones se remitan a la Justicia Federal. El comisario a cargo de la Unidad Especial, Omar Odriozola, dijo que el miércoles 30 de diciembre "se produjo el relevo y la empleada que tenía que estar en el domicilio se sintió descompuesta. Por eso, se dirigió a la estación de servicio distante a un par de cuadras, y en ese tiempo sucedieron los hechos". El funcionario desestimó que haya habido zona liberada para la intimidación. Sin embargo, Josefina calculó que los intrusos estuvieron en su casa durante de una hora. En tanto, el ministro de Seguridad Alvaro Gaviola admitió que hubo "fallas en la custodia" y agregó que hasta ahora "el Programa de Protección de Testigos había funcionado bien y había sido elogiado por los organismos de derechos humanos".

El penúltimo día del año 2009, cuando el matrimonio llegó a su casa se encontró con el desastre: "Revolvieron cajones y papeles de la habitación y el escritorio", comentó ayer Federico Reynares, quien recordó el mensaje macabro del pañuelo de las mil marchas de Abuelas de Plaza de Mayo, "manchado con algo que parecía ser sangre", en la puerta de la casa. Josefina agregó que tocaron sus fotos tipo collage, en la que está ella puesta junto a sus padres, que están desaparecidos. Josefina fue secuestrada con sólo cinco meses de edad junto a su hermana y su madre.
La investigación de la provincia se centra en el motivo de la ausencia de la custodia en el domicilio de la pareja en el momento de la intimidación, cuando la orden era concreta: "Durante las 24 horas".
"Todos los caminos apuntan a que hubo un incumplimiento de los agentes que debían estar en el lugar", dijo el titular del programa, Oscar Blando, durante la conferencia de prensa que brindaron ayer Josefina y Federico. El blanco elegido por los atacantes, además, fue estratégico: la pareja trabaja en la fiscalía federal que elevó a juicio la megacausa por crímenes de lesa humanidad. Blando resaltó que los atentados "no son hechos aislados".
De la conferencia de ayer participó la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta. Y Blando señaló que el ministro de Justicia, Héctor Superti, envió una misiva en la que también repudia el atentado y subraya la necesidad de investigación. Blando aseguró que "todo lo que esté al alcance del Estado provincial, será realizado: es un compromiso".
Por su parte, la abogada del matrimonio amenazado adelantó que tomarán otras medidas, "más allá de la evaluación que hizo la policía de la provincia". Durruty consideró que "al tratarse de un hecho de tentativa de robo o violación de domicilio, lo que vamos a plantear es la inmediata remisión de las actuaciones a la Justicia Federal, porque hay responsabilidades del orden de lo político y otras penales que deben ser investigadas por la Justicia Federal. No podemos permitir que eso sea investigado por la justicia provincial, de la cual depende la misma policía que no cumplió sus funciones".
Al ser consultado sobre quién debía controlar el trabajo de los agentes de custodia, el comisario Odriozola deslindó: "Hay varios niveles de oficiales, yo tengo a cargo toda la provincia y tengo un responsable en cada uno de esos lugares, porque no puedo estar controlando todos los puestos, sino que superviso a los responsables de cada lugar". Y aseguró que la investigación incluye a ese funcionario.
Sobre el final de la conferencia, Josefina apuntó a seguir trabajando por verdad y justicia, al tiempo que aseguró que no lograron intimidarla. "Hay que levantarse y seguir. Tenemos que comprometernos a que no nos asusten, porque fuimos y somos un montón, no tengamos miedo, porque ahí es donde perdemos todos", dijo la querellante de la ex causa Feced.

Comunicado de prensa

El miércoles 30 de diciembre por la tarde entraron desconocidos en el domicilio que Josefina ‘la Tana’ González comparte con su esposo Federico Reynares. Burlando la custodia que el Programa de Protección de Testigos de la Provincia instaló en la casa, revolvieron cajones y expedientes, dejando inconfundibles mensajes intimidatorios y evidencias no menos elocuentes que llevan a descartar el robo como móvil del delito. Tanto la modalidad mafiosa del procedimiento como la singularidad de las personas a quienes fue dirigido y la oportunidad en que tuvo lugar, reclaman una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal, en cuya órbita se sustancian los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Josefina González es querellante en la causa “Díaz Bessone, Lofiego, Vergara, Marcote, Scortechini y Chomicki s/homicidio, violación y torturas” (ex causa Feced). En julio de 1976, con cinco meses de edad, fue secuestrada junto a su hermana y su madre, quien fuera asesinada meses después, tras interminables sesiones de tortura en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Josefina además trabaja en la Fiscalía que investiga, entre otros, los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención. Federico Reynares, en su carácter de Secretario del Ministerio Público, participó en la instrucción de la megacausa Feced, cuya primera parte, ya elevada a juicio, involucra a más de noventa víctimas. Las audiencias orales y públicas comienzan en abril, y dada la magnitud de los crímenes que abarca y el número de testigos involucrados, difícilmente termine en el transcurso de este año.

Este episodio se produce al terminar un año en el que más de tres decenas de represores fueron condenados por diversos Tribunales Orales en nuestro país, mientras se espera que esa cifra se multiplique durante el año en curso. El primer juicio oral de nuestra provincia - la causa Brusa, en la ciudad capital - terminó con condenas ejemplares, incluyendo la del ex juez que le da su nombre. En febrero seguramente se escucharán en Rosario los alegatos en el juicio Guerrieri-Amelong, y habrá pedidos de pena máxima para los imputados.

No nos cabe ninguna duda que este acto intimidatorio, tanto como el perpetrado casi en simultáneo en la Secretaría bonaerense de DDHH, se inscriben en un escenario nacional de avance en el enjuiciamiento de los genocidas, con la consiguiente desarticulación de los enclaves autoritarios, en el marco de la política de derechos humanos que sostiene con firmeza el gobierno nacional.

(En la foto Josefina González, su compañero y su abogada)

INTIMIDAN A UNA QUERELLANTE DE LA CAUSA FECED

Todo revuelto y sangre en el pañuelo

Por Martín Piqué

“Ojalá que esto, en vez de asustarnos, nos dé fuerzas para juntarnos”, dice, desde Rosario y sin alardes de dramatismo, Josefina González. Tiene 33 años, es estudiante de Derecho y está casada hace un mes y medio con el abogado Federico Reynares Solari. Conocida como “la Tana” por sus amigos, es una de las querellantes en la megacausa Feced. Se supone que González debería estar protegida: está inscripta en el programa de protección de testigos de Santa Fe. Sin embargo, el miércoles 30 de diciembre, entre las 16 y las 16.15, desconocidos ingresaron a la vivienda que comparte con su marido. No robaron nada a pesar de que a la vista había dinero para un viaje. Sí revisaron fotos de álbumes y portarretratos. También revolvieron los cuartos. En una puerta del fondo dejaron un pañuelo que González tenía como recuerdo de la marcha por los 1000 jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Sobre el pañuelo aparecieron manchas de sangre.

La causa Feced investiga crímenes cometidos en la Jefatura de Policía de Rosario durante la dictadura. El nombre de la megacausa, que involucra a 87 víctimas y 166 testigos, proviene del nombre del ex jefe de la policía de Rosario Agustín Feced. Por esos hechos están imputados seis represores: entre ellos el general Ramón Díaz Bessone, a cargo del II Cuerpo de Ejército. Y la historia familiar de Josefina González está trágicamente ligada a la represión en lo que fue el centro clandestino que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina. Su mamá, Rut González, fue secuestrada el 19 de julio de 1976 junto a sus dos hijas: Mariana, que tenía tres años, y la propia Josefina, entonces de cinco meses.

Rut estuvo detenida casi tres meses hasta que la asesinaron el 5 de octubre. Ese mismo día fueron asesinadas la tía de Josefina, Estrella González, y su marido Héctor Vitantonio. Diez meses antes de esos hechos, las patotas que actuaban en la represión ilegal habían hecho desaparecer al papá de Josefina, Dardo José Tosetto, y a su abuela materna, Amorosa Brunet de González. “En la causa Feced yo soy testigo pero también querellante”, dice Josefina. “También soy querellante porque en la causa se investiga el secuestro de mi hermana, que tenía tres años, y el mío, que tenía cinco meses. Las dos recibimos golpes, a mí me dejaron el bazo inflamado y luego me lo tuvieron que sacar. Y me falta la punta de una oreja”, cuenta a Página/12 la joven estudiante de Derecho.

La violación del domicilio de Josefina está siendo investigada por la Justicia y el gobierno santafesinos. El próximo martes se realizará una conferencia de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Allí se pedirá el esclarecimiento del hecho. Josefina todavía se pregunta cómo pudo ser que ingresaran a su casa si debería estar custodiada. “Aparentemente, la persona que estaba afuera se había retirado al baño. Todavía mucho no sé, estoy esperando a ver qué me dicen”, comenta Josefina. Pero nada evitará el impacto que significó encontrar los cuartos revueltos, constatar que las fotos de casamiento habían sido retiradas del álbum y vueltas a colocar, descubrir que alguien había dejado a la vista unas fotocopias de la declaración indagatoria a Díaz Bessone.

La gran contundencia de la memoria

La fiscal federal sostiene que hay pruebas "más que suficientes para condenar" a los cinco ex represores que están siendo juzgados.

Por José Maggi

"Hay pruebas más que suficientes para condenar a los cinco imputados. Todos pertenecian al Destacamento de Inteligencia 121 cuyo máximo responsable era (Pascual) Guerrieri quien fijaba los objetivos, marcaba los nombres de quienes iban a ser secuestrados, torturados y desaparecidos". De este modo la fiscal federal Mabel Colalongo evaluó para Rosario/12 la primer etapa del juicio por terrorismo de estado que se sustancia en esta ciudad, y cuyos alegatos comenzarán en el mes de febrero. Para la fiscal "no hay forma que se olviden estos hechos más allá de los 30 años que transcurrieron. Una sociedad que ha vivido el terror de la dictadura, y en este caso por quienes están imputados en esta causa es imposible que pueda olvidar estos hechos y sanar su tejido social si no se esclarecen. Quedó claro -agregó que los testigos, sobrevivientes y familiares podían describir la afectación de su dignidad como si los hechos hubiesen transcurrido ayer. No hay intento defensista que pueda contra la contundencia de la memoria de las víctimas de delitos de lesa humanidad. No hay defensa posible".

-¿Cuál entiende que ha sido la actitud del Tribunal Oral Federal Nº 1?

Creo que ha habido una evolución en el tribunal, un cambio de actitud desde el inicio del juicio. La primera vez que se mostró una foto de un desaparecido se hizo desalojar la sala, pero con el correr de las audiencias el publico pudo hacer manifestaciones y la reacción del tribunal no fue ordenar que actúe la Gendarmeria.

¿Cuál fue el momento más conmovedor de este tramo de juicio?

Hubo varios, algunos de ellos coincidieron con el relato de las personas a las que se las privó de su libertad y relataron el trato que se les dio en su cautiverio. Otro en cuanto a reflexiones generales que estos hechos le provocaron a familiares de las víctimas como el de Juan Benazzi, hermano de Maria, que en realidad inicialmente pidió que se lo desistiera porque consideraba que no tenía nada para decir y finalmente pidió declarar. Juan se preguntó públicamente cómo pudo pasar esto. Y recordaba que su hermana en una de sus cartas enviadas desde su lugar de encierro, apelaba a la Virgen María y cuando sus propios verdugos también lo hacían. Juan no entendía cómo podía pasar esto. Son estos planteos generales los que conmueven a uno desde otro lugar. O te conmueven y te llevan a reflexionar cosas que hasta el momento uno no reflexionó.

Un relato que me pareció increíble fue el de Olga Moyano, o el de Carlos Novillo, y me conmovió la señora Forestello, con más de ochenta años que llegó con su pañuelo y su historia, con su claridad y su contundencia. Y también como testimonio el de Rafael Bielsa, me pareció excelente, por distintos motivos, me provocaron distintas sensaciones.

Hubo una jornada muy especial en la que se realizó el reconocimiento de tres centros clandestinos de detención. ¿Cómo lo vivió?

Realmente entrar a La Intermedia fue muy fuerte. La sensación de ingresar al lugar donde Eduardo Costanzo decía que debía haber una escalera hacia un entrepiso donde dormían las parejas, que no encontraba, hasta que el doctor Venegas Echague entro a una habitación y descubrió la misma escalera de madera atada con alambre y el entrepiso fue sorprendente. Una casa llena de telarañas, en la que Costanzo iba señalando donde había dejado los cadáveres envueltos en frazadas, la verdad es que fue muy fuerte. Ingresar a ese sitio es lo que más me impactó. Tal vez porque estaba casi intacto, las cosas en el mismo lugar, la mesa, la ventana y porque ese fue el lugar donde se asesinó a catorce personas.

¿Hay pruebas suficientes para condenar a los imputados?

Hay pruebas sobradas, mucho más que suficientes. Y hay que contemplar que todos estos hechos ocurrieron en la mayor clandestinidad con todos estos señores teniendo la suma del poder público, disponiendo de todo, de la libertad, de la vida, de la integridad, se apoderaron de todos los derechos constitucionales de los habitantes de este país, imponiendo claramente un régimen de terror. Incluso después, Reynaldo Bignone ordenó destruir toda la documentación vinculada con la lucha contra la subversión. Por eso es valioso que aquí por ejemplo hemos encontrado en aquel famoso Archivo Intermedio, documentación donde aparecen las detenciones de las víctimas de esta causa como Forestello, Tosetto o Retamar. Esto prueba que los archivos sirvieron sin dudas, pero más allá de esto pusieron por escrito lo que testigos, sobrevivientes y familiares pusieron en palabras. Con esto quiero decir que tenemos pruebas escritas más los testimonios de gran contundencia. Además hay sumados testimonios como el Horacio Ballester un ex militar del Cemida (Centro de Militares por la Democracia) en el que claramente dijo que este fue un sistema de represión ilegal, y no otra cosa. Ballester además probó que pudo irse del Ejército, oponiéndose, y siguió vivo, no lo mataron, esto lo dijo él mismo.

¿Cuál es la importancia de este juicio?

Bueno obviamente las propias resoluciones y órdenes secretas que las fuerzas armadas escribieron para aniquilar la subversión, que fue este plan sistemático, le otorgaron a la inteligencia militar el rol de determinar y fijar los blancos, los sospechosos, algo que reconoció el mismos Jorge Fariña, que señaló a "los sospechosos que venían desde afuera para el Mundial 78". Este es el rol que tuvo la inteligencia militar en este sistema de terror. Y todos los señores que están aquí sentados participaron. Pascual Guerrieri manejaba el Destacamento de Inteligencia 121 y venía del Batallón de Inteligencia 601. Todos los que están sentados en este banquillo pertenecían a ese Destacamento. Esa era una área que era prioritaria en 1976 para combatir la subversión por parte de las fuerzas armadas, en toda esta región Rosario, San Nicolás, Villa Constitución. Las personas imputadas eran los que brindaban los nombres obtenidos bajo tortura, información que les permitía en cadena seguir deteniendo gente. Estos datos no salían de la nada. En este lugar según nos dijo el ex policía Adolfo Salzman, se confeccionó el Informe Sotera.