Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

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sábado, 1 de septiembre de 2012

Huellas profundas de una masacre

Testimonios en el juicio que se sigue por delitos de lesa humanidad en San Nicolás
Por primera Freddy Amestoy pudo contar frente a un Tribunal el horror que había padecido su familia. Por su parte, Manuel Goncalves Granada habló como el único sobreviviente de aquella masacre. Nieto recuperado en 1995, cuando tenía 19 años, Manuel creció creyendo que había sido abandonado por sus padres.

 Por Sonia Tessa

El dolor a flor de piel quedó expuesto esta semana en el juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de San Nicolás. Mario Alfredo Amestoy -Freddy le dicen los que lo conocen más- estrujó el corazón de los presentes al contar cómo la masacre de la familia de su hermano Omar partió en dos la vida de su madre, Beba Font de Amestoy. Omar Amestoy se recibió de escribano a los 23 años. Su esposa, Ana María Fettolini era maestra jardinera, la primera que hubo en Nogoyá. Sus hijos, María Eugenia y Fernando, de cinco y tres años, jugaban en la vereda de la calle Juan B. Justo hasta el 19 de noviembre, cuando las fuerzas conjuntas de la policía bonaerense, la federal y el Ejército irrumpieron a la madrugada para matar. Allí estaban también Ana María del Carmen Granada y su hijo, Manuel Goncalves Granada, que también contó su historia frente al Tribunal Oral Federal número 2 el lunes pasado. Miguel Angel Amestoy, otro de los hermanos de Omar, preguntó, desgarrado: "¿Qué mal pudieron hacer Fernandito y María Eugenia", mientras mostraba las fotos de los niños, colgadas sobre su pecho, a los jueces Beatriz Caballero de Baravani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe. Las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad siempre dejan historias por contar. Omar y Ana María eran tan queridos en su pueblo que aquel 29 de noviembre de 1976, sus cuerpos -que llegaron custodiados por la policía-, fueron acompañados en autos y bicicletas hasta el cementerio, en una caravana de cuadras y cuadras. La gente desafió el riesgo que suponía hacerlo en aquel momento. Al contarlo, Freddy se quebró. Revivió aquella prueba del respeto y el amor.

Freddy declaró el lunes pasado por la mañana. Contó que eran cuatro hermanos. El y Miguel Angel trabajaban en Corrientes. El 21 de noviembre de 1976 su hermano leyó en el diario que habían matado una familia "de extremistas" en San Nicolás. Sospecharon de qué se trataba. "En esa época no era tan fácil", relató las peripecias que vivió para reunirse con sus padres. Esperar los ómnibus interurbanos le llevó algunas horas. Cuando llegó a Nogoyá, sus padres habían viajado a Paraná. En la capital de Entre Ríos, volvieron a desencontrarse. Finalmente, supo que sus padres habían recibido un llamado telefónico anónimo que informaba sobre la muerte de la familia "en un accidente", aunque decía que María Eugenia se había salvado. La niña, de 5 años, llegó grave al hospital San Felipe, y sobrevivió pocas horas. Con la ilusión de encontrarse aunque fuera con la nieta, Omar y Beba fueron a San Nicolás. "Fuimos a la Federal con mis padres y allí nos dicen que la nena también murió", contó Freddy. Su madre sufrió un ataque de nervios. Fueron maltratados. La falta de respuesta los acercó a la cochería ubicada a 30 metros de la policía Federal. "Hablamos con un señor Fernández que nos trató muy bien, nos ofreció llevarnos al cementerio", contó Freddy. Les indicó dónde estaban enterrados los adultos y dónde los niños. La familia pidió dar sepultura a sus muertos. Los niños estaban juntos en un cajón.

Beba iba a visitar a su hijo a San Nicolás periódicamente y por eso conocía a Ana María Granada -alojada por los Amestoy, ya que su marido Gastón estaba desaparecido desde el día del golpe- y a su bebé. Cuando supo que Manuel había sobrevivido, volvió a San Nicolás para pedir que se lo entregaran. La demoraron en la policía, la maltrataron y le prohibieron volver antes de que las autoridades los llamaran. Eso ocurrió diez días después de la masacre, el 29 de noviembre. El traslado se hizo con fuerte custodia policial. "Mi madre quedó muy mal, y le quedó en la cabeza que María Eugenia estaba viva. Viajamos muchas veces a San Nicolás hasta que en 1996 abrieron el cajón y comprobaron que estaba muerta", contó con voz baja, y totalmente quebrada por la emoción, Freddy. Recordó que su madre lloraba y recordaba a los niños diariamente. "Ella murió en 2007, totalmente devastada y sin justicia", dijo el hombre.

Una de las veces que Freddy fue a San Nicolás, en 2005, se le acercó un hombre que le regaló el único objeto que puede conservar de los últimos meses de su hermano. "Me contó que en la tarde de ese día (de la masacre) entraron con su hijo de 13 años a ver cómo había quedado la casa, que vieron balazos y sangre por todos lados. Y me regaló esto, que es la única pertenencia de ellos que tenemos, no nos devolvieron nada", dijo Freddy, mientras sacaba de su bolsillo una vieja máquina de afeitar plateada.

Cuando Freddy terminó de declarar, costó recuperarse. Por primera vez podía contar frente a un Tribunal Oral el horror que había padecido su familia, y ese momento -liberador para él- dejó huellas en todos los presentes. Por la tarde, Manuel Goncalves Granada habló como el único sobreviviente de aquella masacre. Nieto recuperado en 1995, cuando tenía 19 años, Manuel creció creyendo que había sido abandonado por sus padres. Cuando el integrante del Equipo de Antropología Forense Alejandro Incháurregui le dijo que podía ser hijo de desaparecidos, supo también que se había salvado escondido por su madre en un placard, envuelto en un colchón. La masacre que sufrió con apenas cinco meses había quedado registrada de alguna manera, aunque no lo supiera. De niño, sufría anginas a repetición. En los momentos de alta fiebre, le decía a su madre de crianza: "Sacá a esos policías, sacá a esos soldados de mi habitación". La memoria guardaba aquella noche que perdió a su mamá y su identidad.

Manuel es una persona que transmite calma. En su declaración, contó cómo reconstruyó su historia volviendo a Escobar, donde militaban sus padres Gastón y Ana María; y a San Nicolás, donde compartió los cinco meses que tuvo con su madre. La noche de la masacre, Manuel fue llevado al hospital San Felipe, con problemas respiratorios. Una vez que se estabilizó, permaneció cuatro meses solo, en una pieza, con custodia policial. Si los efectivos que estaban en esa habitación tenían gorra, él lloraba. Muchos años más tarde, Manuel pudo volver al hospital. Uno de los médicos le mostró adónde le habían salvado la vida. Algunas enfermeras le contaron cómo fueron esos meses. Había una familia, la del policía Ricardi, autorizada para visitarlo. El matrimonio ﷓luego se separaron﷓ y los tres hijos de entre 10 y 13 años tenían expectativas de quedárselo, pero no fue posible. Un día llegaron y Manuel ya no estaba, había sido entregado a una familia de Lomas de Zamora. La madre y los chicos publicaron, en 1984, un aviso en el diario con la foto de Manuel, queriendo conocer su destino. Muchos años después, cuando él fue a San Nicolás, lo acompañaron en su búsqueda. El paraba en la casa de los Ricardi. En esa descripción, Manuel separa al policía, que "tuvo que saber lo que había sucedido, y por eso estaba autorizado a visitarme". Viviana Ricardi, una de las hijas, escuchó el testimonio de Manuel desde el público.

El ex policía, José Benjamín Ricardi, declaró al día siguiente. Negó haber sido quien trasladó a Manuel desde el lugar de la masacre hasta el hospital. Sin embargo, sus hijos y su ex esposa lo declararon así en el diario El Norte de San Nicolás, en una entrevista publicada en 1985. Ricardi sí reconoció que pasaron tiempo con Manuel. "Era un bebé y uno trataba de ayudarlo, tenía 5 o 6 meses, uno empezaba a encariñarse. Yo mismo le comunique a mi señora que estaba ese chico internado y que nadie lo iba a visitar. En esa época tenía dos hijas de ocho y diez años y un varón de 12, y le dije a mi señora si podía ir a acompañarlo con autorización del comisario. La Nochebuena y la Navidad del '76 lo acompañamos porque no tenía familiares", dijo el policía, que durante toda la declaración intentó eludir cualquier responsabilidad sobre el destino del niño. Sí admitió que en noviembre de 1976 lo designaron para controlar la guardia permanente que tenía Manuel.

-¿Qué sentido tenía custodiar a un bebé? -preguntó el abogado de la querella, Alvaro Baella.

-Cuando me designan, me dicen que al personal debían decirle que el niño no podía tener contacto con personas ajenas al Hospital, Tribunal de menores o Policía.

-¿La custodia estaba armada? -quiso saber el representante de Manuel.

-Sí, y uniformada.

Manuel tenía familiares, sólo que el juez de menores Juan Carlos Marchetti decidió no buscarlos. También evitó darlo en adopción a una familia de San Nicolás, donde todos sabrían quién era. Por eso, Manuel fue entregado a otra familia, lejos de allí, en Lomas de Zamora. Así creció sin saber quiénes eran sus padres durante 19 años.

En la audiencia del martes también declaró Carlos Alberto Pelliciotta, que fue médico de la Policía Federal hasta 1992. Si bien también se amparó en la falta de memoria, recordó que fue llamado cuando se hicieron las autopsias de los muertos en la masacre, aunque no la realizó. "En la camilla encuentro esta mujer, llena de sangre, sucia. No la vi en detalle. Tenía todo el cuerpo destrozado por armas de fuego, de repetición, una metralleta, no sabría decir", dijo el profesional. Esa mujer acribillada era Ana María Granada. Pelliciotta también dijo que "en la otra mesa de mármol había una mujer rubia que me resultó conocida, porque siempre la veía caminar por Nación (una calle céntrica de San Nicolás). Tenía una boutique en una galería". Esa mujer era Ana María Fettolini.

Por la masacre están procesados Manuel Fernando Saint Amant, que fuera jefe del Area 132 del Ejército hasta 1977, Antonio Bossie, que pertenecía a la plana mayor del Ejército y el ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz. En su indagatoria, el 1° de agosto pasado, Muñoz se ufanó de haber rescatado a aquel bebé. Durante la declaración de Manuel, el lunes pasado, el abogado defensor de Saint Amant y Muñoz, Mauricio Bonchini, le preguntó si sabía quién era la persona que lo había rescatado de la casa. Manuel respondió: "Conozco porque fue público lo que dijo uno de los acusados. No siento que haya sido un rescate. Los que generaron la situación adentro de la casa son los mismos que me sacaron. El infierno del que dicen haberme sacado no fue tal. En esa casa vivíamos seis personas. El infierno fue el ataque", subrayó el hijo de Ana María, que confía en obtener justicia.

El pedido que Manuel le hizo al Tribunal para que "hagan lo que corresponde" es parte del sentido de su vida desde que recuperó la identidad. Jean Paul Sartre escribió: "Siempre podemos hacer algo de lo que han hecho de nosotros; lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de nosotros". Manuel Goncalves Granada honra todos los días esa libertad.No me olvido más de las criaturas"

Antes de Mario Alfredo Amestoy, Freddy, declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás, el lunes pasado, Carlos Alberto Fernández. En la época de la masacre era titular de una empresa fúnebre y un servicio de ambulancias lindero al local de la Policía Federal en esa ciudad. Antes del operativo, los efectivos le pidieron un móvil. "No recuerdo si me contó el chofer o estaba yo ahí", dijo el lunes sobre los tiros que antes, en su declaración en instrucción, dijo haber escuchado aquella madrugada.

El comerciante sí recordó que su ambulancia llevó los cuerpos a la morgue del hospital San Felipe. "No me olvido más de las criaturas", dijo el hombre. "Estaban como dormidos. La nenita con dos maripositas o manzanitas en las colitas del pelo. No tenían heridas de bala", rememoró. Cuando los responsables del operativo fueron a poner los cuerpos en una fosa común, Fernández le pidió al encargado ﷓no lo supo identificar pero luego supo que era el jefe del Batallón﷓ que no enterraran a los niños de esa manera. "Los cuerpos estaban en el furgón de mi empresa. La Policía Federal me dijo que los lleve", relató. La fiscal Adriana Saccone le preguntó si él cobraba por esos servicios, pero él lo negó. Cuando Fernández preguntó si los chicos también iban a ser enterrados en una fosa común, el jefe le dijo que las fuerzas conjuntas no tenían dinero para ataúdes. "Yo le dije que por favor me dejara poner a las criaturas en una ataúd, que lo pagaba yo", le dijo al Tribunal. Así, cuando los padres y el hermano de Omar Amestoy, acompañados de uno de los hermanos de Ana María Fettolini fueron a recuperar los cuerpos, Fernández pudo identificar los dos lugares del cementerio en el que estaban. Ese día, todavía, la Policía Federal le prohibió al comerciante que les entregaran los cuerpos. Tardaron diez días en devolverlos.

miércoles, 11 de julio de 2012

San Nicolás : un coronel acusado

 Por Sonia Tessa

La historia del militante montonero Víctor Almada podría ser parte de una película de acción. El 21 de abril de 1977 volvía a su casa, tras llevar a reparar la moto con la que corría carreras en San Nicolás. Anochecía cuando bajó del colectivo en la ruta 9. Alcanzó a ver un movimiento extraño en su casa. Allí estaban Regina Spotti, su esposa, y sus hijos Víctor, de un año y ocho meses, y Martín, de ocho meses. Escapó corriendo a través de un baldío, pasó por el hotel Desirée y rodeó la manzana para volver a ver qué pasaba. La casa se la alquilaban a José Emilio Mastrobernardino, que además vivía en una de las habitaciones. La vivienda fue destruida, como también el galpón donde Almada tenía su taller de tapicería. Lo único que podía hacer era escapar. No supo sino años después que la patota volvería un rato después por el propietario de la casa, para secuestrarlo y torturarlo con el objetivo de que delatara a su inquilino, aunque no supiera nada. Mastrobernardino falleció poco tiempo después.

El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía en la causa Mastrobernardino se leyó ayer en la audiencia del primer proceso oral y público por delitos de lesa humanidad en San Nicolás, que realiza el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. El único imputado en esta causa –una de las tres acumuladas– es el coronel Manuel Saint Amant, jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército.

Aquella noche, Almada se escondió detrás de las torres de alta tensión ubicadas frente a su casa, mientras observaba a 8 o 9 hombres llevarse a su esposa y sus hijos. Escuchaba llorar a los nenes, pero sabía que no podía entregarse, porque era hombre muerto. Estaba sucio, ya que había trabajado en el taller todo el día. Así, se fue a pedirle a un compañero del motociclismo la gauchada de guardarse durante la noche. Le prestaron plata y ropa para que fuera a buscar a su madre a la Capital Federal. El único objetivo era recuperar a los chicos. Después de varios días de idas y venidas, el propio Saint Amant les devolvió los niños a los abuelos maternos, los padres de Regina. Por eso está imputado también por la privación ilegítima de la libertad de los pequeños. Regina Spotti está desaparecida.

La misma noche del secuestro de su esposa y sus hijos, y después de que Almada lograra escaparse, la patota volvió para secuestrar al dueño del inmueble. A Mastrobernardino se lo llevaron, lo torturaron durante varios días, para que delatara a Almada. No podía hacerlo, ya que desconocía todo sobre su inquilino. Ni siquiera sabía que era militante de la Juventud Peronista. Cuando lo liberaron, la salud de Mastrobernardino estaba muy deteriorada, no sobrevivió mucho tiempo. Su privación ilegal de la libertad es la tercera causa acumulada en el juicio que se realiza en Rosario. No tiene querellantes porque su familia se negó. Tiempo después del secuestro, cuando Almada volvió a preguntar en qué podía colaborar, le dijeron que su presencia había sido dañina, que no querían verlo más. Y así lo hizo. Es la única de las tres causas que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario en la que sólo acusa el Ministerio Público Fiscal, representado por Adriana Saccone y Juan Murray.

El lunes 30 de julio, después de la feria, se retomarán las audiencias.

jueves, 5 de julio de 2012

El desprecio por la vida de los hijos de los militantes populares

Una constante en la causa

Al asesinato de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, ayer se recordaron los casos de la privación ilegítima de la libertad de Carlos Alvira, de nueve meses y de Víctor y Martín Almada, de un año y siete meses, secuestrados junto a su madre.

 Por Sonia Tessa

El desprecio por la vida de los hijos de los militantes populares es una de las constantes en las causas que forman parte del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Al asesinato de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, por emanación de gases lacrimógenos, ayer se sumaron otras muestras durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la otra causa, caratulada Alvira, donde se juzga la desaparición de seis militantes montoneros entre abril y mayo de 1977. En esa causa se detalla la privación ilegítima de la libertad de Carlos Fernando Alvira, de nueve meses, hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, y también de Víctor y Martín Almada, de un año y ocho meses y siete meses. Estos dos bebés fueron secuestrados junto a su madre, María Regina Spotti, el 21 de abril de 1977, de su casa del kilómetro 4 de la ruta 188, en San Nicolás. Cuando irrumpió la patota, el esposo de la víctima, Víctor Almada, volvía a su hogar, y alcanzó a esconderse, aunque pudo observar cómo un grupo de entre 8 y 9 hombres vestidos de civil se llevaban a su familia. Tanto Fernando Alvira como Víctor y Martín Almada fueron restituidos después de algunos días a los abuelos, con intervención directa del principal imputado de la causa, Manuel Saint Amant, que era jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército. En el caso de Fernando Alvira, también participó el que era capellán del Batallón de Ingenieros, el sacerdote Miguel Regueiro, quien ofició de "mediador" para obligar a los abuelos maternos a firmar un documento que calificaba a sus hijas como delincuentes que habían abandonado al nene, bajo amenazas de impedirles que se lo llevaran. Regueiro estaba imputado en la causa, pero murió el año pasado. Lo mismo ocurrió con Diego Ricardes, otro imputado en la causa Alvira. De este modo, sólo Saint Amant responderá ante la justicia por estos crímenes.

Puntual, comenzó ayer la segunda jornada del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Con la presencia de Manuel Gonþalves, se completó durante la mañana la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por la causa de la masacre de la calle Juan B. Justo 676, donde el 19 de noviembre de 1976 mataron a María del Carmen Fettolini, Omar Amestoy, los niños Fernando (3 años) y María Eugenia (5), así como a Ana del Carmen Granada, y en la que Manuel -que tenía cinco meses- fue el único sobreviviente porque su madre lo envolvió en colchones y lo escondió dentro de un placard. Frente a los imputados Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz, se leyó el requerimiento de la Fiscalía.

Luego comenzaron a leerse las requisitorias por la causa Alvira, que investiga la desaparición entre fines de abril y principios de mayo de 1977 de los militantes de la Juventud Peronista Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, María Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti, así como la privación ilegítima de la libertad de Fernando Alvira, y de los hijos de Spotti, Víctor y Martín Almada.

"Todos los casos investigados en estas actuaciones ocurrieron en San Nicolás, momentos en los que el imputado Saint Amant se desempeñaba como Jefe del Area 132 del Ejército", dice el requerimiento de la querella que representa a Víctor Almada, el marido de María Regina Spotti.

En cuanto a la desaparición de Spotti, también se juzgará la sustracción de los enseres, objetos de valor y materiales de trabajo que había en la casa, y fueron sustraídos por el grupo represivo. Regina Spotti fue escuchada por última vez con vida por José María Budassi mientras estaban detenidos ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás.

Otra de las víctimas de la causa Alvira es María Rosa Baronio, secuestrada el 4 de mayo de 1977, cuando caminaba por calle Bolívar de esa ciudad. Luego, allanaron su casa. Allí secuestraon a Eduardo Luis Reale, pareja de la joven. Los represores se llevaron todos los muebles, aunque después los devolvieron. La pareja estuvo secuestrada en un centro clandestino de detención que estaría ubicado cerca del Barrio Somisa.

Las otras tres víctimas, María Cristina Alvira, Raquel Alvira y Horacio Arístides Martínez fueron secuestrados el 5 de mayo, alrededor de las 11.30, de su casa ubicada en Alvear 1519, del barrio Santa Rosa. Allí entró un grupo de entre 10 y 15 personas, entre los que había personal de la Policía de Santa Fe y personal militar del Batallón de Ingenieros de Combate 101. En el operativo participaron al menos un patrullero de la policía y un camión del ejército, mas dos vehículos particulares. El hijo de María Cristina y Horacio, Fernando, de 9 meses, quedó al cuidado de un vecino, por orden de Saint Amant, presente en el operativo. Días después, le indicaron a ese vecino que debía entregar al niño en el Batallón 101, indicación que cumplió el 9 de mayo. El bebé permaneció en un orfelinato religioso y luego fue entregado a sus abuelos, previa firma del documento incriminador. "Mi mamá lloraba porque los amenazaban con no devolver el bebé, y mi papá tuvo que firmar", rememoró el primer día del juicio Adriana, la hermana de Raquel y María Cristina.