Piden apartar al juez Villafuerte Ruzo de causas contra represores

Parcialidad y demoras burdas

Alejandra Gils Carbó opinó que el juez federal de San Nicolás no debe intervenir en el caso de Cambiaso y Pereyra Rossi, en el que le llevó seis años definir la citación de los imputados, entre los que está Luis Patti.

 Por Victoria Ginzberg

Comportamiento parcial. Demoras burdas. Compromiso personal contrario al avance de la instrucción. Así define la procuradora Alejandra Gils Carbó el desempeño del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Por ese motivo opinó que debe aceptarse la recusación contra el magistrado presentada por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, en la investigación sobre el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, cuyo principal acusado es el subcomisario preso Luis Abelardo Patti. “Si bien el apartamiento del magistrado sería para este caso particular, según se desprende de su conducta y de los argumentos del dictamen, correspondería que Villafuerte Ruzo no intervenga en ningún expediente relacionado con los crímenes de la última dictadura”, coincidieron ante Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Murray.

La conducta de Villafuerte Ruzo es, desde hace años, un obstáculo para el avance de las investigaciones que involucran a los represores. Sus demoras motivaron más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, recursos de reposición, apelación y queja por parte de Murray y reiterados oficios de la Unidad Fiscal que encabezan Parenti y Jorge Auat a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema.

Luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el juez dejó sentado que reabría las causas vinculadas al terrorismo de Estado “sólo en virtud de un deber funcional”, pero que él pensaba que este hecho violaba derechos fundamentales de los imputados. Esta opinión no implicó su apartamiento de estas causas, ya que se consideró que no constituía un caso de “prejuzgamiento típico”. El juez Fernando Barbará, de la Cámara Federal de Rosario, señaló en esa oportunidad: “Inequívoco es que la causal invocada por el Ministerio Público no se encuentra legislada en el artículo 55 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) ni en ningún otro artículo ni código, me animaría a decir, del mundo. Y ello por cuanto resulta a todas luces insólito e imprevisible para cualquier legislador que un juez instructor pueda invocar que acomete su tarea en cumplimiento de un deber funcional pese a que considera que al hacerlo viola los derechos humanos y principios constitucionales como el del debido proceso, irretroactividad de las leyes y legalidad”.

Gils Carbó explica en su dictamen que lo que podía sospecharse por aquella opinión del juez fue confirmado por su comportamiento en los trámites judiciales. Por ejemplo, a Villafuerte Ruzo le llevó seis años ordenar la citación de Patti y otros dos represores de la Unidad Regional de Tigre en el expediente sobre el asesinato, el 14 de mayo de 1983, en un bar de Rosario, de dos militantes peronistas. “El Ministerio Público promovió la reapertura de este proceso en marzo de 2005. El juez evitó expedirse en respuesta a ese planteo por más de dos años, hasta que en agosto de 2007 rechazó la petición, mas sin expedirse sobre el fondo del planteo, sino sólo alegando medidas de prueba pendientes de producción. Recién en agosto de 2010 el magistrado resolvió el fondo de la petición, reabriendo la instrucción del caso. Las citaciones a prestar declaración indagatoria que el agente fiscal había solicitado en 2005 fueron finalmente resueltas en octubre de 2011”, señala Gils Carbó. Una de las maniobras de Villafuerte Ruzo consistió en, literalmente, “cajonear” los expedientes: concedía las apelaciones, pero no enviaba los documentos a la Cámara. “Un simple trámite que no debería insumir mayor tiempo, a lo sumo, algunos días, ha llegado a dilatarse cerca de un año y medio”, dice el informe de la Unidad Fiscal que fundamentó el dictamen de la procuradora.

El caso del asesinato de Gastón Gonçalves ejemplifica, para Murray, la actitud del juez. “Para Villafuerte Ruzo no había pruebas ni siquiera para llamar a indagatoria a Patti, pero luego la causa cambió de jurisdicción, pasó a San Martín y con la instrucción que habíamos hecho acá, dos jueces de primera instancia y una Cámara Federal, lo procesaron, un Tribunal Oral lo condenó y Casación confirmó la sentencia. Es hora de que se analice el contenido de sus fallos”, señaló el fiscal a Página/12.

Hay una causa sobre crímenes de la última dictadura en la que Villafuerte Ruzo ya fue apartado. Es la investigación sobre la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León. Víctor Martínez estaba con el sacerdote cuando se produjo el choque en la Ruta 9. Martínez contó que llevaban documentos con denuncias sobre desapariciones, que el obispo fue asesinado y que él mismo estuvo secuestrado. Villafuerte Ruzo lo procesó por falso testimonio y, en ese caso, la Cámara de Casación admitió la recusación.

San Nicolás : El testimonio de los peritos

El testimonio de los peritos

 Por Sonia Tessa

El juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás continuó ayer en el Tribunal Federal de Rosario con peritos de la Gendarmería Nacional que realizaron peritajes en 2006 en la causa que investiga la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976, cuando fuerzas conjuntas de la policía provincial, federal y el Ejército masacraron a Ana María Fettolini, Omar Amestoy, Ana María del Carmen Granada y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. El comandante de Gendarmería, y Jefe de la División Balística, Hugo Ariel Iseas, ratificó que una saturación de gases lacrimógenos puede provocar la muerte de una persona "si el lugar es pequeño". Por asfixia murieron los dos niños, ya que una granada de ese químico fue arrojada por la claraboya de un baño de 3 metros de alto, por 1,70 de ancho y 2,45 de largo. Allí habían refugiado a los niños, para resguardo de la lluvia de disparos sobre la casa.

Por otra parte, dos testigos ofrecidos por la defensa del ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz y del ex jefe del Area 132 de Inteligencia, Manuel Fernando Saint Amant descartaron que hubiera impactos de bala en la vivienda ubicada enfrente de aquella en la que ocurrió la masacre. La licenciada en Criminalística de Gendarmería Nacional, María Silvina Lastreti, afirmó que al hacer el peritaje en junio de 2010, la casa estaba recién remodelada. En ese momento no observó ningún impacto de bala. Cuando le preguntaron si podría observar impactos de bala en una fotografía, la profesional lo descartó.

Cuando la abogada de la querella Ana Oberlin, le preguntó al perito de Gendarmería Martín Javier Moreno si, de haber podido constatar impactos --algo que no hicieron--, se podría determinar la fecha de esos impactos, el testigo respondió: "No, no hay forma". El 22 de agosto pasado el propietario de esa vivienda, Luis Broda, afirmó que su casa no había sufrido daño alguno.

Huellas profundas de una masacre

Testimonios en el juicio que se sigue por delitos de lesa humanidad en San Nicolás
Por primera Freddy Amestoy pudo contar frente a un Tribunal el horror que había padecido su familia. Por su parte, Manuel Goncalves Granada habló como el único sobreviviente de aquella masacre. Nieto recuperado en 1995, cuando tenía 19 años, Manuel creció creyendo que había sido abandonado por sus padres.

 Por Sonia Tessa

El dolor a flor de piel quedó expuesto esta semana en el juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de San Nicolás. Mario Alfredo Amestoy -Freddy le dicen los que lo conocen más- estrujó el corazón de los presentes al contar cómo la masacre de la familia de su hermano Omar partió en dos la vida de su madre, Beba Font de Amestoy. Omar Amestoy se recibió de escribano a los 23 años. Su esposa, Ana María Fettolini era maestra jardinera, la primera que hubo en Nogoyá. Sus hijos, María Eugenia y Fernando, de cinco y tres años, jugaban en la vereda de la calle Juan B. Justo hasta el 19 de noviembre, cuando las fuerzas conjuntas de la policía bonaerense, la federal y el Ejército irrumpieron a la madrugada para matar. Allí estaban también Ana María del Carmen Granada y su hijo, Manuel Goncalves Granada, que también contó su historia frente al Tribunal Oral Federal número 2 el lunes pasado. Miguel Angel Amestoy, otro de los hermanos de Omar, preguntó, desgarrado: "¿Qué mal pudieron hacer Fernandito y María Eugenia", mientras mostraba las fotos de los niños, colgadas sobre su pecho, a los jueces Beatriz Caballero de Baravani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe. Las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad siempre dejan historias por contar. Omar y Ana María eran tan queridos en su pueblo que aquel 29 de noviembre de 1976, sus cuerpos -que llegaron custodiados por la policía-, fueron acompañados en autos y bicicletas hasta el cementerio, en una caravana de cuadras y cuadras. La gente desafió el riesgo que suponía hacerlo en aquel momento. Al contarlo, Freddy se quebró. Revivió aquella prueba del respeto y el amor.

Freddy declaró el lunes pasado por la mañana. Contó que eran cuatro hermanos. El y Miguel Angel trabajaban en Corrientes. El 21 de noviembre de 1976 su hermano leyó en el diario que habían matado una familia "de extremistas" en San Nicolás. Sospecharon de qué se trataba. "En esa época no era tan fácil", relató las peripecias que vivió para reunirse con sus padres. Esperar los ómnibus interurbanos le llevó algunas horas. Cuando llegó a Nogoyá, sus padres habían viajado a Paraná. En la capital de Entre Ríos, volvieron a desencontrarse. Finalmente, supo que sus padres habían recibido un llamado telefónico anónimo que informaba sobre la muerte de la familia "en un accidente", aunque decía que María Eugenia se había salvado. La niña, de 5 años, llegó grave al hospital San Felipe, y sobrevivió pocas horas. Con la ilusión de encontrarse aunque fuera con la nieta, Omar y Beba fueron a San Nicolás. "Fuimos a la Federal con mis padres y allí nos dicen que la nena también murió", contó Freddy. Su madre sufrió un ataque de nervios. Fueron maltratados. La falta de respuesta los acercó a la cochería ubicada a 30 metros de la policía Federal. "Hablamos con un señor Fernández que nos trató muy bien, nos ofreció llevarnos al cementerio", contó Freddy. Les indicó dónde estaban enterrados los adultos y dónde los niños. La familia pidió dar sepultura a sus muertos. Los niños estaban juntos en un cajón.

Beba iba a visitar a su hijo a San Nicolás periódicamente y por eso conocía a Ana María Granada -alojada por los Amestoy, ya que su marido Gastón estaba desaparecido desde el día del golpe- y a su bebé. Cuando supo que Manuel había sobrevivido, volvió a San Nicolás para pedir que se lo entregaran. La demoraron en la policía, la maltrataron y le prohibieron volver antes de que las autoridades los llamaran. Eso ocurrió diez días después de la masacre, el 29 de noviembre. El traslado se hizo con fuerte custodia policial. "Mi madre quedó muy mal, y le quedó en la cabeza que María Eugenia estaba viva. Viajamos muchas veces a San Nicolás hasta que en 1996 abrieron el cajón y comprobaron que estaba muerta", contó con voz baja, y totalmente quebrada por la emoción, Freddy. Recordó que su madre lloraba y recordaba a los niños diariamente. "Ella murió en 2007, totalmente devastada y sin justicia", dijo el hombre.

Una de las veces que Freddy fue a San Nicolás, en 2005, se le acercó un hombre que le regaló el único objeto que puede conservar de los últimos meses de su hermano. "Me contó que en la tarde de ese día (de la masacre) entraron con su hijo de 13 años a ver cómo había quedado la casa, que vieron balazos y sangre por todos lados. Y me regaló esto, que es la única pertenencia de ellos que tenemos, no nos devolvieron nada", dijo Freddy, mientras sacaba de su bolsillo una vieja máquina de afeitar plateada.

Cuando Freddy terminó de declarar, costó recuperarse. Por primera vez podía contar frente a un Tribunal Oral el horror que había padecido su familia, y ese momento -liberador para él- dejó huellas en todos los presentes. Por la tarde, Manuel Goncalves Granada habló como el único sobreviviente de aquella masacre. Nieto recuperado en 1995, cuando tenía 19 años, Manuel creció creyendo que había sido abandonado por sus padres. Cuando el integrante del Equipo de Antropología Forense Alejandro Incháurregui le dijo que podía ser hijo de desaparecidos, supo también que se había salvado escondido por su madre en un placard, envuelto en un colchón. La masacre que sufrió con apenas cinco meses había quedado registrada de alguna manera, aunque no lo supiera. De niño, sufría anginas a repetición. En los momentos de alta fiebre, le decía a su madre de crianza: "Sacá a esos policías, sacá a esos soldados de mi habitación". La memoria guardaba aquella noche que perdió a su mamá y su identidad.

Manuel es una persona que transmite calma. En su declaración, contó cómo reconstruyó su historia volviendo a Escobar, donde militaban sus padres Gastón y Ana María; y a San Nicolás, donde compartió los cinco meses que tuvo con su madre. La noche de la masacre, Manuel fue llevado al hospital San Felipe, con problemas respiratorios. Una vez que se estabilizó, permaneció cuatro meses solo, en una pieza, con custodia policial. Si los efectivos que estaban en esa habitación tenían gorra, él lloraba. Muchos años más tarde, Manuel pudo volver al hospital. Uno de los médicos le mostró adónde le habían salvado la vida. Algunas enfermeras le contaron cómo fueron esos meses. Había una familia, la del policía Ricardi, autorizada para visitarlo. El matrimonio ﷓luego se separaron﷓ y los tres hijos de entre 10 y 13 años tenían expectativas de quedárselo, pero no fue posible. Un día llegaron y Manuel ya no estaba, había sido entregado a una familia de Lomas de Zamora. La madre y los chicos publicaron, en 1984, un aviso en el diario con la foto de Manuel, queriendo conocer su destino. Muchos años después, cuando él fue a San Nicolás, lo acompañaron en su búsqueda. El paraba en la casa de los Ricardi. En esa descripción, Manuel separa al policía, que "tuvo que saber lo que había sucedido, y por eso estaba autorizado a visitarme". Viviana Ricardi, una de las hijas, escuchó el testimonio de Manuel desde el público.

El ex policía, José Benjamín Ricardi, declaró al día siguiente. Negó haber sido quien trasladó a Manuel desde el lugar de la masacre hasta el hospital. Sin embargo, sus hijos y su ex esposa lo declararon así en el diario El Norte de San Nicolás, en una entrevista publicada en 1985. Ricardi sí reconoció que pasaron tiempo con Manuel. "Era un bebé y uno trataba de ayudarlo, tenía 5 o 6 meses, uno empezaba a encariñarse. Yo mismo le comunique a mi señora que estaba ese chico internado y que nadie lo iba a visitar. En esa época tenía dos hijas de ocho y diez años y un varón de 12, y le dije a mi señora si podía ir a acompañarlo con autorización del comisario. La Nochebuena y la Navidad del '76 lo acompañamos porque no tenía familiares", dijo el policía, que durante toda la declaración intentó eludir cualquier responsabilidad sobre el destino del niño. Sí admitió que en noviembre de 1976 lo designaron para controlar la guardia permanente que tenía Manuel.

-¿Qué sentido tenía custodiar a un bebé? -preguntó el abogado de la querella, Alvaro Baella.

-Cuando me designan, me dicen que al personal debían decirle que el niño no podía tener contacto con personas ajenas al Hospital, Tribunal de menores o Policía.

-¿La custodia estaba armada? -quiso saber el representante de Manuel.

-Sí, y uniformada.

Manuel tenía familiares, sólo que el juez de menores Juan Carlos Marchetti decidió no buscarlos. También evitó darlo en adopción a una familia de San Nicolás, donde todos sabrían quién era. Por eso, Manuel fue entregado a otra familia, lejos de allí, en Lomas de Zamora. Así creció sin saber quiénes eran sus padres durante 19 años.

En la audiencia del martes también declaró Carlos Alberto Pelliciotta, que fue médico de la Policía Federal hasta 1992. Si bien también se amparó en la falta de memoria, recordó que fue llamado cuando se hicieron las autopsias de los muertos en la masacre, aunque no la realizó. "En la camilla encuentro esta mujer, llena de sangre, sucia. No la vi en detalle. Tenía todo el cuerpo destrozado por armas de fuego, de repetición, una metralleta, no sabría decir", dijo el profesional. Esa mujer acribillada era Ana María Granada. Pelliciotta también dijo que "en la otra mesa de mármol había una mujer rubia que me resultó conocida, porque siempre la veía caminar por Nación (una calle céntrica de San Nicolás). Tenía una boutique en una galería". Esa mujer era Ana María Fettolini.

Por la masacre están procesados Manuel Fernando Saint Amant, que fuera jefe del Area 132 del Ejército hasta 1977, Antonio Bossie, que pertenecía a la plana mayor del Ejército y el ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz. En su indagatoria, el 1° de agosto pasado, Muñoz se ufanó de haber rescatado a aquel bebé. Durante la declaración de Manuel, el lunes pasado, el abogado defensor de Saint Amant y Muñoz, Mauricio Bonchini, le preguntó si sabía quién era la persona que lo había rescatado de la casa. Manuel respondió: "Conozco porque fue público lo que dijo uno de los acusados. No siento que haya sido un rescate. Los que generaron la situación adentro de la casa son los mismos que me sacaron. El infierno del que dicen haberme sacado no fue tal. En esa casa vivíamos seis personas. El infierno fue el ataque", subrayó el hijo de Ana María, que confía en obtener justicia.

El pedido que Manuel le hizo al Tribunal para que "hagan lo que corresponde" es parte del sentido de su vida desde que recuperó la identidad. Jean Paul Sartre escribió: "Siempre podemos hacer algo de lo que han hecho de nosotros; lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de nosotros". Manuel Goncalves Granada honra todos los días esa libertad.No me olvido más de las criaturas"

Antes de Mario Alfredo Amestoy, Freddy, declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás, el lunes pasado, Carlos Alberto Fernández. En la época de la masacre era titular de una empresa fúnebre y un servicio de ambulancias lindero al local de la Policía Federal en esa ciudad. Antes del operativo, los efectivos le pidieron un móvil. "No recuerdo si me contó el chofer o estaba yo ahí", dijo el lunes sobre los tiros que antes, en su declaración en instrucción, dijo haber escuchado aquella madrugada.

El comerciante sí recordó que su ambulancia llevó los cuerpos a la morgue del hospital San Felipe. "No me olvido más de las criaturas", dijo el hombre. "Estaban como dormidos. La nenita con dos maripositas o manzanitas en las colitas del pelo. No tenían heridas de bala", rememoró. Cuando los responsables del operativo fueron a poner los cuerpos en una fosa común, Fernández le pidió al encargado ﷓no lo supo identificar pero luego supo que era el jefe del Batallón﷓ que no enterraran a los niños de esa manera. "Los cuerpos estaban en el furgón de mi empresa. La Policía Federal me dijo que los lleve", relató. La fiscal Adriana Saccone le preguntó si él cobraba por esos servicios, pero él lo negó. Cuando Fernández preguntó si los chicos también iban a ser enterrados en una fosa común, el jefe le dijo que las fuerzas conjuntas no tenían dinero para ataúdes. "Yo le dije que por favor me dejara poner a las criaturas en una ataúd, que lo pagaba yo", le dijo al Tribunal. Así, cuando los padres y el hermano de Omar Amestoy, acompañados de uno de los hermanos de Ana María Fettolini fueron a recuperar los cuerpos, Fernández pudo identificar los dos lugares del cementerio en el que estaban. Ese día, todavía, la Policía Federal le prohibió al comerciante que les entregaran los cuerpos. Tardaron diez días en devolverlos.

La masacre de Juan B. Justo - Ausencias

LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

En noviembre de 1976 un operativo policial y militar en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos dejó como saldo cinco muertos, entre ellos dos niños. Hubo un solo sobreviviente, Manuel Gonçalvez Granada, quien fue apropiado y recién recuperó su identidad en 1995. Su padre había sido torturado y asesinado unos meses antes y por el hecho se está enjuiciando al ex comisario Luis Abelardo Patti. Manuel tiene 34 años y la ausencia marcada en la piel. Manuel fue Claudio durante mucho tiempo, diecinueve años para ser precisos. Manuel perdió su historia y fue su historia la que lo volvió a encontrar. Manuel tiene una nueva familia y una lucha, la de la búsqueda de tantos niños apropiados en la última dictadura.

Gastón Gonçalvez era montonero, libraba batallas cotidianas enseñando palabras en las villas y estaba marcado hacía rato. Apenas el país se desayunaba con la instalación de un gobierno militar cuando Gastón pasaba a formar parte de la eterna lista de desaparecidos. Era el 24 de marzo de 1976.

Por estos días el ex comisario Luis Abelardo Patti se encuentra siendo procesado, entre varios crímenes de lesa humanidad, por el asesinato de Gastón Gonçalvez en el año 1976. Este fue secuestrado en Zárate, torturado, quemado y abandonado a orillas del río Luján. Su cuerpo pasaría veinte años en una tumba NN hasta que el equipo de Antropología Forense lo pudiera identificar. Este sería el inicio de un largo camino.

Su mujer, Ana María Granada, apenas alcanzó a despedirse de su suegra antes que la fueran a buscar. Con su panza de varios meses pasó de un plumazo a la clandestinidad y los caminos la dejaron en la ciudad de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, compartiendo sus días con una pareja entrerriana, en su misma situación, y estrenando nombre e historia.

Manuel, hijo de Gastón, sería anotado con el apellido Valdéz por cuestiones de seguridad. Era junio y arrimaba a la vida en un clima de tensión y de clandestinidad. En una casa de la calle Juan B. Justo, Manuel berreaba y compartía sus primeros días con su mamá Ana María y también con Carmen, Omar y sus hijitos María Eugenia, de cinco años, y Fernandito, de tres. Y un día llegó el espanto.

Eran las seis de la mañana en la ciudad. Una ráfaga de metralleta partió la calma. Ese 19 de noviembre de 1976 policías y militares rodearon la casa. Ana María alcanzó a esconder a Manuel, de tan sólo cinco meses, envuelto en frazadas para evitar que se asfixie, en un ropero. Minutos despues catorce balas acabarían con su vida, tal y como le había pasado a su compañero pocos meses antes.

Carmen y Omar Amestoy eran de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Perseguidos por militar activamente educando adultos en las villas, terminaron en San Nicolás, con sus hijos y con Ana María y su nuevo bebé. Las balas tampoco les perdonaron la vida y los gases lacrímógenos mataron a Fernando en el baño donde estaba escondido. María Eugenia y su pequeño cuerpito sólo aguantaron un rato más, muriendo camino al Hospital San Felipe.

Manuel fue encontrado en el ropero y se convirtió en el primer bebé con custodia policial. Su cuna en el nosocomio permanecería vigilada varios meses en caso de una improbable rebelión infantil hasta que la cúpula militar decidiera que hacer con su futuro.

El hecho pasó a la historia como la Masacre de Juan B. Justo y por ello se encuentran procesados y en condiciones de ser juzgados, el coronel Fernando Saint Amant, por entonces jefe del área militar 132 y del Batallón de Ingenieros 101; el coronel Antonio Federico Bossie y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Jorge Muñoz. El proceso es el n° 28130 y radica en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario. Se espera que antes que termine el año la causa sea elevada a juicio.

Manuel fue entregado en adopción y así pasaría a ser Claudio Novoa. Desde chico supo que era adoptado, pero la posibilidad de que sus padres fueran desaparecidos nunca fue imaginada. Hasta que la verdad llamó a su puerta una tarde. “Tenés una abuela que te está buscando y que lo único que quiere saber es si estás bien”, le dijo un miembro del Equipo de Antropología Forense y Claudio/Manuel salió en búsqueda de su verdad.

Las vueltas del destino se mostraron rápidamente, Manuel no solo tenía a su abuela, sino también un medio hermano, fruto de una relación anterior de su padre. Gastón Gonçalvez hijo aparecía en su vida. Gastón era el bajista de la banda Los Pericos. Manuel era fanático del grupo. Muchas veces, en recitales, uno y el otro habían estado cerca. Esta vez la historia los enfrentaba y decidieron disfrutar de ese regalo. Hoy, quince años después, ambos hermanos encabezan la querella a Luis Abelardo Patti por la muerte de su padre.

Manuel tiene la ausencia marcada en la piel, pero esas sombras lo forman, lo empujan a seguir luchando, a no perder la memoria y a ayudar a reconstruirla. Ausencias llenas de vida en su sonrisa.

El represor esperaba "reconocimiento"

DECLARO EL EX JEFE DE LA POLICIA FEDERAL DE SAN NICOLAS

Muñoz es uno de los tres imputados en el juicio por la represión en la ciudad bonaerense señaló ante el Tribunal. Dijo que entregó al único sobreviviente de la masacre de la calle Juan B. Justo, por entonces un bebé de cinco meses.

 Por Sonia Tessa

Jorge Muñoz era jefe de la Policía Federal en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, y como tal, fue uno de los responsables de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que a las 6 de la mañana del 19 de noviembre de 1976 asesinaron a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, María Eugenia y Fernando Amestoy y Ana María Granada. El comisario general retirado es uno de los tres acusados en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad del norte bonaerense. Ayer, frente al Tribunal Federal Oral número 2, decidió ejercer el derecho a la declaración indagatoria, que es una herramienta de defensa, y como tal, no lo obliga a decir la verdad. Así, planteó frente al Tribunal que esperaba "si no una felicitación, al menos un reconocimiento" por haber entregado al único sobreviviente de esa masacre, un bebé de cinco meses, a los profesionales del hospital San Felipe y a la justicia. Aquel niño protegido apenas por un colchón creció con la identidad cambiada y a los 19 años supo que era Manuel Goncalves Granada. Hoy es querellante de la causa. "Si bien algunos miembros de otras fuerzas, por los motivos que tuvieran, han sido sancionados por quedarse con bebés en forma no normal, a quienes hemos actuado de acuerdo a la ley, no entiendo por qué se me sindica como autor mediato, si las circunstancias están claras", se defendió para dar pie al relato de lo que siempre calificó como "enfrentamiento", una versión desmentida por el estado de indefensión de las víctimas.

En la jornada de indagatorias, el responsable de la represión en San Nicolás, que fuera jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, acusado en las tres causas que se tramitan, se abstuvo de declarar. La causa Alvira juzga la desaparición de los militantes santafesinos María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Angélica Spotti, así como sustracción de bienes y secuestro de los niños Fernando Alvira, Víctor y Matías Almada. En tanto, la tercera causa es por el secuestro y torturas a José Emilio Mastroberardino. Tampoco habló quien fuera jefe del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás, Antonio Bossie, acusado solo por la masacre de la calle Juan B. Justo, como Muñoz.

En la indagatoria, Muñoz se refugió en el confuso relato de un supuesto enfrentamiento. Según su declaración, fueron al lugar sin datos previos de inteligencia, sino a "ver qué había en esa casa", como resultado de un anónimo, después de otro enfrentamiento fraguado en el barrio Las Mellizas. En realidad, según publicó Página/12 el 8 de abril pasado, existió un enfrentamiento en esa vivienda, pero fue entre policías de la provincia de Santa Fe y federales de San Nicolás, y como consecuencia del intercambio de disparos murieron dos agentes de la Federal, Vicente Testa y Carlos Loyola. Ese supuesto enfrentamiento se utilizó como excusa para el operativo que se realizó pocas horas después en la calle Juan B. Justo.

Según contó, golpeó la puerta de la casa, al grito de "policía" y recibió como respuesta dos disparos. Luego, siempre según la indagatoria, permaneció escondido enfrente de la vivienda atacada, y el teniente del Ejército que lo acompañaba pidió refuerzos, que llegaron al mando de Bossie. Pese a las dificultades para actuar desde el escondite, Muñoz dijo haber dado órdenes para que tiraran la granada de gases lacrimógenos por la claraboya del baño. Esas emanaciones provocaron la muerte por asfixia de María Eugenia y Fernando, de 5 y 3 años. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, le preguntó si Bossie había hecho referencia a la existencia de niños en el lugar. Según Muñoz -y en contra de las declaraciones de testigos del barrio -el militar había gritado: "Si hay menores, déjenlos salir". Muñoz también relató el intento de fuga de Ana Granada. Cuando el magistrado le preguntó cómo podría haberlo visto desde su escondite, Muñoz debió reconocer que repetía el relato del suboficial Fernando Gandulfo, autor de los disparos que terminaron con la vida de la militante. De hecho, Venegas Echagüe también le preguntó si él había dado la orden de ultimarla, y él dijo que Gandulfo había actuado en defensa propia. El cuerpo de Granada tenía 14 impactos de bala.

El ex comisario de la Federal también repitió el argumento de los suicidios de Omar Amestoy y Fettolini, que fue totalmente desacreditado por varias pruebas. De acuerdo con el legajo de Conadep, el matrimonio recibió disparos a quemarropa. Sin embargo, Muñoz relató que Bossie había ingresado a la casa de la calle Juan B. Justo cuando los tres adultos estaban muertos, y que él lo acompañó. También esta cronología difiere de los relatos de testigos. Según la versión policial, cuando entraron, vieron los cuerpos del matrimonio con disparos, ella en el parietal izquierdo y él en el derecho. Más tarde, cuando Venegas Echagüe quiso indagar si había podido comprobar con sus sentidos ese dato tan preciso, admitió que lo había leído en el expediente realizado durante la misma dictadura por el juez Luis Milesi, en el que se omitieron importantes pruebas. Después de varias contradicciones, Muñoz decidió no hablar más.

Fernando Alvira, hijo de desaparecidos en San Nicolás

Un momento de sensaciones encontradas

Tenía nueve meses cuando el Ejército secuestró a sus padres. Fue enviado a un orfanato, donde sus abuelos maternos fueron a buscarlo. En la causa por la sustracción de Fernando está acusado Saint Amant en el juicio oral y público que se realiza en Rosario.

 Por Sonia Tessa

Fernando Alvira tenía nueve meses el 5 de mayo de 1977, cuando un grupo de tareas del Ejército irrumpió en la casa de San Nicolás en la que vivían su mamá, María Cristina Alvira; su papá, Horacio Arístides Martínez, y donde estaba de visita Raquel Alvira, hermana de su madre. Cuando las fuerzas bajo las órdenes de Manuel Fernando Saint Amant, por entonces jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, secuestraron a los tres militantes, dejaron al bebé a cargo de un vecino, Juan Perazzo, con estrictas órdenes de llevarlo a un orfanato. El vecino cumplió, y el bebé permaneció muchos días en la institución, hasta que los abuelos maternos fueron a buscarlo. Allí, el sacerdote Miguel Regueiro les exigió a Carlos Alberto Alvira y su esposa que firmaran un documento incriminando a los hoy desaparecidos por actividades que entonces se denominaban "subversivas". Desesperados por recuperar al niño, el documento fue firmado. "Solamente bajo esa coerción me entregaron", dijo ayer, en la puerta de los Tribunales federales, Fernando, aquel bebé. En la causa por la sustracción de Fernando está acusado Saint Amant en el juicio oral y público que se realiza en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. Con un cúmulo de "sentimientos encontrados", Fernando llegó ayer para escuchar la audiencia, pero no pudo entrar porque comenzó la etapa del juicio en la que no ingresan testigos ni querellantes. En su caso, también estaban procesados Regueiro y Diego Ricardez, que murieron.

Fernando tiene 35 años y será papá por primera vez en setiembre. Cuando tenía nueve meses, la vuelta con su familia demoró. "Estuve unos cuantos días, hasta que mis abuelos maternos se enteraron de lo que pasó. En esa época no había internet, celulares, no había teléfonos prácticamente", sitúa el relato. La familia Alvira vivía en una pequeña colonia agrícola del norte santafesino, Colonia San Roque, cerca de Reconquista. Entonces, las familias materna y paterna se pusieron de acuerdo para que el niño creciera en la ciudad de Santa Fe, donde vivían los padres de Horacio Martínez. "Con la expectativa de que mis viejos se convirtieran en presos legales, y quedaran detenidos en Coronda o Las Flores, decidieron que me criara en Santa Fe con la familia de mis abuelos paternos", continúa su relato. La relación con los Alvira fue siempre fluida. De hecho, ayer, en la puerta de los Tribunales Federales, Fernando ﷓que vive en La Plata﷓ aprovechó para "ponerse al día" con su tía Adriana Alvira ﷓hermana de María Cristina y Raquel﷓ y sus primos. Todos ellos residen en Romang, y vienen a las audiencias a presenciar el esperado juicio.

"Este momento genera un cúmulo de sensaciones completamente encontradas. La satisfacción de algo que por fin se logró, que me parece increíble, pero por otro lado está la sensación de que quisiera tener a mi viejos", se sincera Fernando, que se crió con la firme advertencia de sus abuelos de evitar cualquier participación política ya sea en la escuela secundaria, la Industrial de Santa Fe, como en la Universidad Nacional del Litoral, donde Fernando estudió Ingeniería química. "Estaba pensando en el viaje hacia acá que esta pequeña lucha personal hace que el país que les dejemos, o que yo le deje a mis hijos, sea un poquito más justo. Es otro motivo para decir yo tengo que estar acá", dijo en la mañana fría de ayer, este científico, que es investigador del Conicet, del Centro de Investigaciones Opticas, donde trabaja con láseres de alta potencia, y también es docente de la Universidad Nacional de Quilmes.

San Nicolás : un coronel acusado

 Por Sonia Tessa

La historia del militante montonero Víctor Almada podría ser parte de una película de acción. El 21 de abril de 1977 volvía a su casa, tras llevar a reparar la moto con la que corría carreras en San Nicolás. Anochecía cuando bajó del colectivo en la ruta 9. Alcanzó a ver un movimiento extraño en su casa. Allí estaban Regina Spotti, su esposa, y sus hijos Víctor, de un año y ocho meses, y Martín, de ocho meses. Escapó corriendo a través de un baldío, pasó por el hotel Desirée y rodeó la manzana para volver a ver qué pasaba. La casa se la alquilaban a José Emilio Mastrobernardino, que además vivía en una de las habitaciones. La vivienda fue destruida, como también el galpón donde Almada tenía su taller de tapicería. Lo único que podía hacer era escapar. No supo sino años después que la patota volvería un rato después por el propietario de la casa, para secuestrarlo y torturarlo con el objetivo de que delatara a su inquilino, aunque no supiera nada. Mastrobernardino falleció poco tiempo después.

El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía en la causa Mastrobernardino se leyó ayer en la audiencia del primer proceso oral y público por delitos de lesa humanidad en San Nicolás, que realiza el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. El único imputado en esta causa –una de las tres acumuladas– es el coronel Manuel Saint Amant, jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército.

Aquella noche, Almada se escondió detrás de las torres de alta tensión ubicadas frente a su casa, mientras observaba a 8 o 9 hombres llevarse a su esposa y sus hijos. Escuchaba llorar a los nenes, pero sabía que no podía entregarse, porque era hombre muerto. Estaba sucio, ya que había trabajado en el taller todo el día. Así, se fue a pedirle a un compañero del motociclismo la gauchada de guardarse durante la noche. Le prestaron plata y ropa para que fuera a buscar a su madre a la Capital Federal. El único objetivo era recuperar a los chicos. Después de varios días de idas y venidas, el propio Saint Amant les devolvió los niños a los abuelos maternos, los padres de Regina. Por eso está imputado también por la privación ilegítima de la libertad de los pequeños. Regina Spotti está desaparecida.

La misma noche del secuestro de su esposa y sus hijos, y después de que Almada lograra escaparse, la patota volvió para secuestrar al dueño del inmueble. A Mastrobernardino se lo llevaron, lo torturaron durante varios días, para que delatara a Almada. No podía hacerlo, ya que desconocía todo sobre su inquilino. Ni siquiera sabía que era militante de la Juventud Peronista. Cuando lo liberaron, la salud de Mastrobernardino estaba muy deteriorada, no sobrevivió mucho tiempo. Su privación ilegal de la libertad es la tercera causa acumulada en el juicio que se realiza en Rosario. No tiene querellantes porque su familia se negó. Tiempo después del secuestro, cuando Almada volvió a preguntar en qué podía colaborar, le dijeron que su presencia había sido dañina, que no querían verlo más. Y así lo hizo. Es la única de las tres causas que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario en la que sólo acusa el Ministerio Público Fiscal, representado por Adriana Saccone y Juan Murray.

El lunes 30 de julio, después de la feria, se retomarán las audiencias.

San Nicolás: El “nido de subversivos”

EL CASO DE LAS DESAPARICIONES EN SAN NICOLAS
Un grupo de ex alumnos del Don Bosco fue secuestrado por el Primer Cuerpo, que quería atacar al obispo local. La causa que ahora llegó a juicio gira sobre los delitos del genocida Manuel Saint Amant.

 Por Sonia Tessa

A los 54 años, José María Budassi siente un “reverdecer de la militancia”. Secuestrado a los 19, el 4 de mayo de 1977, era uno de los ex alumnos del colegio Don Bosco de San Nicolás a los que habían señalado como “elementos subversivos”, dentro de una estrategia que culminó con el accidente fraguado que sufrió el 11 de julio de 1977 el obispo Carlos Ponce de León. Justamente, entre la documentación que llevaba el prelado en viaje a Buenos Aires estaban los pedidos por el paradero de Budassi, a quien sus compañeros llaman Cholo. Su militancia incansable desde 1983 para reconstruir la memoria en una ciudad esquiva llegó a una primera meta el martes pasado, con el comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás.

Después de describirlo así, Budassi aclara que “todavía falta llegar a la sentencia”. No es poco. Manuel Saint Amant es el principal imputado, fue jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército entre octubre de 1975 y octubre de 1977, y por ende máximo responsable de la represión ilegal en la zona. La posibilidad de sentarlo en el banquillo estuvo en duda hasta marzo, cuando la fiscal Mabel Colalongo y los abogados de la querella impugnaron las pericias del Cuerpo Médico Forense que lo declaraban incapaz. “Quedó en evidencia que los genocidas están entrenados para fingir”, afirmó Budassi. La próxima audiencia es el miércoles, cuando se terminarán de leer los requerimientos de las querellas y la fiscalía.

Budassi es testigo en el juicio. Es querellante de la causa que investiga la desaparición de dos ex alumnos del colegio Don Bosco, Gerardo Cámpora y Carlos Farayi, y el secuestro de varios ex alumnos de la institución. Las querellas, representadas por los abogados de Hijos Rosario, Ana Oberlin, Lucas Ciarniello Ibáñez, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez, pidieron que esa causa se acumulara con una de las que forman el juicio actual, la causa Alvira, pero no obtuvieron respuesta positiva.

Budassi estuvo encarcelado hasta la Navidad de 1982. Al salir, no se quedó quieto. En el verano de 1983 ya formaba parte del Grupo de Base por los Derechos Humanos de su ciudad y fue a volantear en la puerta del cine donde proyectaban la película Missing.

“Soy testigo en la causa que se llama Alvira, que reúne la desaparición de compañeros que eran militantes de la Juventud Peronista, que estaban viviendo en San Nicolás en aquel tiempo. Fui secuestrado como ellos en ese mismo período, que va del 21 de abril a los 10 primeros días de mayo del ’77. Estuvimos en los centros clandestinos con estos compañeros. En mi caso, con Regina Spotti, que yo la conocía de afuera, porque en el verano de 1976 militábamos juntos en los barrios de San Nicolás”, relata Budassi, con hablar pausado. “Cuando me llevaron a uno de los centros clandestinos en los que estuve, la brigada de investigaciones de San Nicolás, ella me escuchó y a la noche pudimos hablar. Fue el día después de caer, ésa fue la última noticia que nos quedó de Regina.”

La causa Alvira juzga la desaparición de Spotti, las hermanas Rosa Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio y Eduardo Reale. “El matrimonio de María Cristina Alvira y Horacio Martínez, y la cuñada de Martínez, cayeron el 4 de mayo. Yo escuché cuando los trajeron, incluso escuché la sesión de torturas. No los conocía, pero me di cuenta de que eran un matrimonio y que había otra mujer, y escuché la situación. Fue lo que más me conmovió, hasta intenté fugarme en ese momento. A raíz de eso tuvieron que levantar ese centro clandestino y a mí me llevaron a la Brigada de Investigaciones”, relata Budassi sobre aquellos días.

Pasó por tres centros clandestinos de San Nicolás. “El 24 de mayo, un tipo al que llamaban ‘el jefe’, hizo una perorata toda la madrugada, era como que estábamos en un salón grande y a la madrugada a mí y a mi compañero de la escuela secundaria, Pablo Martínez (también testigo en esta causa) nos metieron en el baúl de un coche y nos llevaron a Junín. Allá hicieron un simulacro de detención legal, digamos. Y del resto de los compañeros nunca más tuvimos noticias, nunca más supimos qué pasó.”

Budassi tiene claro que el secuestro de ellos tenía un fin específico para Saint Amant. “Querían armar un caso con ex alumnos del colegio Don Bosco. Detuvieron a compañeros nuestros que habían tenido en algún momento algún acercamiento, alguna militancia, alguna participación, y estigmatizaron al colegio como un nido de la subversión. Saint Amant, que era un ultracatólico preconciliar, tenía una confrontación con Ponce de León.”

Cuando cayó, Budassi recién comenzaba a cursar en la Escuela de Asistentes Sociales Diocesanos, que pertenecía al Obispado. “Hacía diez días que habían empezado las clases. Cuando me secuestraron, mi familia recurrió al obispo porque era un referente y porque yo venía del Don Bosco. Ponce de León tuvo una fuerte intervención, lo fue a ver a Saint Amant, insistió sobre mi paradero”, recordó el militante. “Me quedó claro que Ponce de León tuvo que ver con nosotros, porque cuando estábamos en Junín, en una oportunidad vino el subcomisario y me preguntó quién era yo. Cuando le dije que era Budassi, me dijo: ‘Ah, vos sos el que pidió el obispo’. A nosotros nos llevaron de Junín a San Nicolás como detenidos políticos el 8 de julio y el 11 Ponce de León tuvo un accidente de características muy similares al de (el obispo de La Rioja, Enrique) Angelelli. Viajaba a Buenos Aires, llevaba carpetas con los casos nuestros.”

Al ser liberado de la cárcel de La Plata, en la que pasó la mayor parte de su detención, Budassi tenía 25 años. “No bien salimos, con Pablo Martínez tratamos de empezar a recoger datos, cuando todavía no se sabía qué iba a pasar. Cuando se formó la Conadep, fuimos juntos y declaramos. En las listas de desaparecidos del informe, por coincidencia de fechas y averiguaciones con familiares, pudimos ligar los alias que conocíamos de los compañeros con sus nombres, sus caras y sus historias”, relató.

Para Budassi, la posibilidad de juzgar a Saint Amant debía cuidarse. “Era fundamental llegar a este juicio, más allá de que las causas particulares nuestras estuvieran o no, porque después hay entre ocho y diez causas que ya han sido elevadas para juicio oral, que estamos esperando que nos asignen fecha.” En todas, Saint Amant es el principal acusado. Por eso fue desesperante sentir que se escurría del proceso. “Su estrategia, como la de muchos genocidas, es la de su estado de salud. Le hicieron tres pericias, pero como había cierta connivencia entre el Cuerpo Médico Forense y las defensas, los entrenan a los genocidas para responder o conducirse en los tests que les hacen. Al introducir peritos de parte de organizaciones de la sociedad civil, se planteó otra batería de tests distintos. Y ahí quedó en evidencia que simulaba. Pero hasta hace poco todavía estábamos en ascuas sobre si iba o no a estar presente. Si era exceptuado, había dos causas que se caían”, explicó Budassi.

Como docente de Artes Gráficas de la Escuela de Artes de San Nicolás, Budassi se refugió durante la “década de amnesia” del ’90 en la investigación sobre la historia de vida de los compañeros desaparecidos y también en la enseñanza de la memoria a sus alumnos. En 2004, cuando se reactivaron las causas penales, todo era incertidumbre. “El juicio es como la culminación de un largo trecho, de un camino bastante largo. Yo lo cuento desde el ’83, cuando hicimos esa primera denuncia en la Conadep. Pero cuando empezamos esta etapa, que se abrió en 2003-2004, donde pasó a concretarse en un juicio penal, no sabíamos si íbamos a llegar a este lugar. Después, en el trayecto uno empezó a ver que íbamos a determinados lugares. El compromiso de las chicas y chicos de Hijos con las causas, sobre todo con esta Justicia que pone tantas trabas, es admirable, yo reverdecí mi militancia con ellos”, dice con una mirada que trasunta bondad y compromiso.

Arranca el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás

Las audiencias comienzan mañana. Las causas tienen tres imputados: el coronel retirado Manuel Fernando Saint Amant, por entonces jefe del Area Militar 132 y del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones de la zona, y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz, explicaron los abogados de la querella.


El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario iniciará mañana el juicio oral y público por tres causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

“Se trata de un solo juicio en el que se unificaron tres causas con 15 víctimas, unos 70 testigos y 3 imputados”, precisó  Lucas Ciarniello, abogado de la Agrupación HIJOS Rosario y querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El letrado consideró que el juicio se extenderá “algo más de tres meses si no hay inconvenientes” y agregó que “existe una gran cantidad de pruebas, tanto testimonial como documental, para llegar a una sentencia condenatoria” de los acusados.

En las audiencias se ventilarán tres causas por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás durante la última dictadura, que fueron instruidas en primera instancia por el juez federal de esa ciudad, Carlos Villafuerte Ruzzo, y elevadas a juicio oral en 2009 y 2010.

Las causas tienen tres imputados: el coronel retirado Manuel Fernando Saint Amant, por entonces jefe del Area Militar 132 y del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones de la zona, y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz, explicaron los abogados de la querella.

Una de las causas es la llamada “Masacre de Juan B. Justo”, un operativo conjunto de fuerzas militares y policiales que asaltó una vivienda ubicada en esa calle a la altura del 600, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976.

“En este operativo son asesinados el matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y sus dos pequeños hijos, Fernando (5) y María Eugenia (de 3 años, que fallece unas horas después en el Hospital San Felipe)”, recordaron desde la Mesa de la Memoria de San Nicolás.

También fue asesinada Ana María Granada, madre de Manuel Gonçalves, el único sobreviviente de la masacre y a quien se le restituyó su identidad luego de 19 años, tras haber sido entregado a otra familia, merced a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Por esta causa están imputados Saint Amant, Bossié y Muñoz por los delitos de quíntuple homicidio agravado y sustracción de bienes de las víctimas, puntualizó Ciarniello.

También se ventilarán en el proceso oral los asesinatos de un grupo de ocho militantes de la Juventud Peronista que desapareció en distintos procedimientos realizados entre abril y mayo de 1977 en los barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa de San Nicolás, detalla un informe de la Mesa de la Memoria.

Las víctimas fueron María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luís Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira, Raquel Rosa Alvira, Víctor Gustavo Almada y Martín Adrián Almada, y el único imputado por homicidio, privación ilegal de la libertad y sustracción de bienes es Saint Amant.

Por último, en el mismo juicio oral se analizará la causa “José María Mastroberardino”, un hombre que fue víctima de la dictadura por alquilar su vivienda al matrimonio Almada-Spotti, que fue desaparecido y su caso es investigado en el expediente por los crímenes de los ocho militantes de la JP.

Por la causa “Mastroberardino” el único imputado es Saint Amant, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, ampliaron las fuentes. Según se informó oficialmente, el Tribunal de Rosario estará integrado por los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que por el Ministerio Público actuará la fiscal Adriana Saccone y Juan Patricio Murray, en condición de fiscal coadyuvante.

Las audiencias se realizarán los lunes, martes y miércoles entre las 9.30 y las 17.00, según fijó en una acordada el TOF2.

Además, estableció que algunas testimoniales se tomen en la ciudad de San Nicolás, para evitar el traslado de los testigos, explicó Ciarniello. En esa línea, agregó que “también existe un compromiso verbal del tribunal para que la sentencia se lea en San Nicolás”.

3 de julio : El juicio tan esperado

LA CAUSA DE SAN NICOLAS

Para Manuel Gonçalves, una larga historia de búsqueda de justicia cerrará otro capítulo el próximo 3 de julio, a las 10, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario inicie el juicio por la masacre de la calle Juan B. Justo, el operativo que fuerzas conjuntas del Ejército, las policías Federal y bonaerense realizaron, con más de 40 efectivos, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, en pleno centro de San Nicolás. Manuel tenía 5 meses. Es el único sobreviviente del ataque, ya que su madre Ana María del Carmen Granada atinó a dejarlo dentro de un placard y rodearlo con un colchón para evitar que lo ahogaran los 30 cartuchos de gases lacrimógenos tirados por los represores. Los otros dos niños que estaban en la casa: Fernando y María Eugenia Amestoy, de 3 y 5 años, murieron, ya que en el baño no estuvieron a salvo de las emanaciones. Los adultos, Ana María, Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini fueron acribillados. El proceso que se iniciará, tras largas dilaciones, tiene tres imputados: el coronel Manuel Fernando Saint Amant, principal responsable de la represión en la zona, el policía Antonio Federico Bossie y el comisario general (RE) Jorge Muñoz.

La pericia realizada por el TOF 2 indica Saint Amant es imputable: está en condiciones de ser sometido a juicio, de modo que el 3 de julio deberá sentarse en la sala de audiencias para escuchar las acusaciones en su contra. La pericia fue realizada por profesionales de las facultades de Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Médica.

Manuel vivió 19 años con una identidad fraguada, ya que tras la masacre, el juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, lo entregó en adopción sin buscar a su familia. Desde que recuperó su verdadero nombre comenzó una investigación para reconstruir la historia. Manuel fue querellante en la causa contra Luis Abelardo Patti por la asesinato de su padre, Gastón Gonçalves, que terminó con una condena a prisión perpetua. Además, Manuel denunció a Marchetti por sustracción de identidad.

Ana María tenía 26 años, y su compañero (Gastón) había desaparecido cuando ella estaba embarazada. En la clandestinidad, afrontó el embarazo. Manuel no recordaba la masacre, pero había un registro inconsciente de lo ocurrido cuando sólo era un bebé de cinco meses. "Tenía muchos problemas de anginas y cuando tenía fiebre, gritaba: 'Por favor, sacá a los soldados de acá'. Veía en la habitación gente que revolvía todo. Después, fue inevitable relacionar esos sentimientos con lo ocurrido", relata Gonçalves, ansioso por el comienzo del postergado juicio, que debía iniciarse en agosto del año pasado.

Manuel estuvo cuatro meses con custodia policial en el hospital de San Felipe, en San Nicolás. El juez no intentó buscar a su familia. Las enfermeras recuerdan que, si el policía entraba con gorra, el niño lloraba desconsoladamente. "Claramente, fueron a matar a todos", afirma Manuel, que es patrocinado por Ana Pipi Oberlin.

Cuando supo, a los 19 años, que era hijo de Ana María y Gastón, Manuel necesitó armar un rompecabezas. "Reconstruí mi historia para encontrarme a mí mismo, por eso fui a hablar con vecinos y también pudo entrar a la casa de Juan B. Justo al 600. "Estaba todo muy a flor de piel, que había habido un solo sobreviviente, los vecinos relataban lo ocurrido. La casa tenía muchísimos impactos de bala, si bien hoy no parece que haya sido atacada", rememoró el joven.

Además de la masacre, el TOF 2 acumuló otras dos causas por hechos ocurridos en San Nicolás. Son las causas "Alvira", en que Saint Amant está procesado por la desaparición forzada de María Cristina y Raquel Rosa Alvira y de Horacio Arístides Martínez, y la causa "Mastroberardino", en que el ex jefe del Area Militar 132 está procesado por la privación ilegal de la libertad y torturas a José Emilio Mastroberardino.