Todo lo que tienen es su propio nombre

La placa que recuerda a los desaparecidos de Derecho está pero es genérica. Quieren que ahora figuren los nombres de los once.

 Por Sonia Tessa

Cuando Ana Clara Palombo fue a inscribirse a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, notó que la placa en recuerdo de los once desaparecidos que estudiaron allí era genérica, no tenía los nombres de cada uno. Además, estaba descuidada. Como presidenta del Centro de Estudiantes del Superior de Comercio, había impulsado que cada una de las aulas de la escuela llevara el nombre de un desaparecido que estudió en esa escuela. Eran 20, y 27 salones. En los restantes, se reconoció a otras personalidades de la ciudad como Rubén Naranjo y Olga Cossettini. La militancia universitaria, aún, se le presenta esquiva. Son otros códigos, que todavía la intimidan. Pero está decidida a impulsar la placa, y para eso presentará en los próximos días una nota al Consejo Directivo de la Facultad. En esa nota, argumenta la necesidad de recordar a cada uno de los militantes desaparecidos.

"Hace aproximadamente un año presenté en Asamblea Ordinaria del Centro de Estudiantes un proyecto titulado "Memoria On", que consiste en la instalación de una placa con apellido, nombre e identidad política de abogados egresados y de estudiantes que se encontraban cursando en esta Facultad al momento en que fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura militar acontecida en nuestro país, víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos", dice el texto para el que María Clara está juntando firmas de personalidades de la ciudad. "El plan fue apoyado por la totalidad de los estudiantes presentes en dicha Asamblea, contándose con el aval de representantes de todas las agrupaciones. Por lo tanto, el proyecto tendría su origen en el claustro estudiantil", continúa.

Ana Clara tiene recién estrenados 20 años, y se pregunta si su impulso a este proyecto nace de la ingenuidad. Encuentra otras respuestas. "En la escuela se hablaba más de estos temas y creo que un país sin memoria no tiene mucho futuro", afirma. Su propia historia personal ﷓a la que ella no alude﷓tiene que ver con esta historia: su padre, Jorge, fue militante de la UES, estuvo desaparecido y luego fue preso político. Al salir, se exilió en Venezuela donde conoció a Amparo, la mamá de Ana Clara. Esa historia que la joven quiere reivindicar es parte de la suya, pero ella sabe que es, fundamentalmente, una historia colectiva.

Ana Clara es tímida, pero está decidida a llevar adelante su proyecto para que cada desaparecido sea nombrado en su Facultad. "La finalidad de 'Memoria On' no es solo crear un espacio para la reflexión de nuestra historia como país, sino que además busca concientizar a los alumnos acerca de lo que es la construcción de un futuro basado en la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos. Considero oportuno señalar que como estudiantes de Derecho resulta un deber necesario construir nuestro conocimiento en base a un ideal de justicia y respeto a la memoria colectiva", indica el texto que la joven pondrá a consideración de los consejeros directivos de su Facultad.

Los estudiantes que formarán, en principio, parte de la placa que Ana Clara proyecta son José Antonio Oyarzábal (JUP, Montoneros), Eduardo Felipe Laus (JUMP, Montoneros), los dos asesinados en la masacre de Los Surgentes, así como Sergio Angel Rúa, también de la JUP, Edith Virginia Bazzara, y Adriana Tasada de Megna, todos militantes con la misma identidad política. En cuanto a los abogados que Ana Clara propone homenajear son Juan Máximo Ferrarons, de Montoneros, Felipe Manuel Rodríguez Araya, de la Unión Cívica Radical; César Raúl Tabares, del Movimiento Revolucionario Peronista (la cárcel de Coronda, de la que fue director, lleva su nombre), y Eduardo Garat, de la JUP.

Ana Clara considera "correcto" agregar "nombres, apellidos e identidades políticas de personas que resultaron víctimas de los mismos delitos de lesa humanidad pero en un período anterior a la fecha en el cual aconteció el último golpe de estado. He considerado correcto agregarlas ya que pertenecen al mismo proceso histórico".

Ratifican condenas a Brusa y Cía.

Jefe de la patota de saco y corbata

Ahora queda abierta la vía para un segundo juicio a los mismos imputados, pero ya no por secuestros sino por "asociación ilícita".

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó ayer el fallo del Tribunal de Oral de Santa Fe que en diciembre de 2009 condenó a 21 años de cárcel a Víctor Brusa, el primer juez federal de la Argentina juzgado por delitos de lesa humanidad y a un grupo de tareas: los oficiales de Inteligencia Héctor Colombini y Eduardo Ramos (a 23 años), los jefes de dos centros clandestinos, Juan Calixto Perizzotti (a 22 años) y Mario Facino (a 20) y la ex carcelera María Eva Aebi (a 19 años), también la primera mujer condenada por violaciones a los derechos humanos en el país. "Estamos muy emocionados",  uno de los fiscales que intervino en el juicio, al anoticiarse que la Cámara había confirmado las penas por los 55 hechos que se ventilaron en el debate. Por lo que ahora, queda abierta la vía para un segundo juicio a los mismos imputados, pero ya no por secuestros, torturas y apremios ilegales, sino por otro cargo: "asociación ilícita".

La sentencia a Brusa y compañía fue ratificada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal con el voto unánime de sus tres jueces: Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David. Hace menos de dos meses, el 23 de marzo, la misma Sala ya había confirmado la condena al ex agente secreto del Ejército y dirigente del gremio de la UOCRA, Horacio Barcos, a 15 años de cárcel. Lo que significa que Casación ya ratificó dos sentencias del Tribunal Oral de Santa Fe, aunque con distintos integrantes. En el juicio a Brusa, el tribunal estuvo integrado por el juez de Paraná, Roberto López Arango -que lo presidió﷓ y los abogados Andrea Creus y Carlos Renna, mientras que en el de Barcos intervinieron los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Daniel Laborde. En el primero, el Ministerio Público estuvo a cargo de los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti.

Brusa fue condenado a 21 años de prisión por ocho casos de "apremios ilegales" durante la dictadura cuando era el operador del ex juez federal Fernando Mántaras, ya fallecido, a quien sucedió en el cargo durante el gobierno de Carlos Menem. Hoy, cumple su condena en la cárcel de Las Flores, mientras es investigado en otras causas.

"Era el jefe de la patota de saco y corbata", lo definió una de sus víctimas, Silvia Abdolatif, que tardaron 25 años en llevarlo a juicio desde que lo denunciaron ante la Conadep, en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional.

La Cámara de Casación ponderó la sentencia del Tribunal de Santa Fe que probó que Brusa judicializada las declaraciones tomadas bajo torturas en centros clandestinos donde operaban los grupos de tareas. "En lo que atañe a Brusa, se acreditó que, como empleado judicial, tomó testimonios mediante amenazas y torturas para armar causas con el fin de legitimar la detención de las víctimas. Su rol, en la realidad, no era el de un simple empleado adscripto, sino de un colaborador directo y de confianza" del juez Mántaras, a quien en el juicio uno de sus ex secretarios, el doctor Rodolfo de Aguirre, calificó como "un nazi".

Brusa -dice el fallo de Casación "concurría a los lugares de detención, acompañado muchas veces de un empleado del Juzgado (el sumariante Ciriaco Núñez), dialogaba con los detenidos, estaba al tanto de sus causas, les reprochaba conductas determinadas, y ese contexto con total impunidad los apremiaba para que declararan en determinado sentido, bajo amenazas de ser sometidos a sesiones de tortura. La gravedad de los hechos es demostrativa de por sí del poder real e impunidad de que hacía gala y del dolo en su accionar", dijo la Cámara. Y sentenció: Brusa aportó su grano de arena al plan general que se constituyó en victimizar a las personas" que sufrieron el terrorismo de estado. "Visto desde la individualidad de cada conducta atribuida, de no haber existido su aporte tal vez no hubiese cambiado la historia o el final del destino de esas personas, pero les hubiese ahorrado el padecer la propia conducta del imputado, eventualmente demorando la causación del daño y principalmente, aunque parezca una obviedad, eximiéndose de responsabilidad. Su accionar a cara descubierta y sin ocultar identidad, en realidad no sirve como elemento desincriminante, sino más bien para patentizar el grado de impunidad con que podía actuar en nombre y representación de la justicia", agregó.

Brusa "gozaba de la confianza del juez Mántaras", sabía que "las declaraciones habían sido obtenidas bajo torturas" y amenazaba a sus víctimas "con reiterarlas si se lo contradecía. El objetivo era encontrar justificativos aparentes para dar legitimidad judicial a la privación de libertad"

Con-fianza divina. El cura que tiene el efectivo a mano

Zitelli pagó los 50 mil pesos de su fianza. Está procesado por terrorismo de Estado.
El cura que tiene el efectivo a mano

El ex capellán de la policía de Rosario durante la dictadura, había sido procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieron como víctimas a varios detenidos.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli, cumplió en los últimos días con el pago de la fianza que le permitirá proseguir en libertad hasta el juicio por terrorismo de estado, en el que esta procesado. Lo curioso es que lo depositó en efectivo cuando hubiese bastado con el documento de bienes que lo avalen. El hecho ocurrió el 11 de abril al cumplimentar el pago de $ 50.000 establecida por el juez federal Marcelo Bailaque como fianza que permitiría al procesado ex capellán recuperar su libertad durante esta etapa del proceso donde se lo consideró probable autor de delitos de lesa humanidad e integrante de la patota de Feced, por lo cual se lo procesa por el delito de asociación ilícita. En rigor seguirá alojado en la casa de retiros espirituales que la Iglesia Católica tiene en Zavalla, desde donde no podrá ausentarse por más de 24 horas sin comunicarlo.

Lo llamativo fue que el ex capellán de Feced eligió depositar en efectivo la suma establecida, cuando en realidad bastaba con presentar algún bien que cubriera el monto que el juez consideró suficiente para garantizar la comparecencia de Zitelli en el juicio.

Cabe recordar que el magistrado federal resolvió mediante resolución de fecha 20 de marzo ordenar el procesamiento de Eugenio Segundo Zitelli como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieran como víctimas a Graciela Borda Osella; María de las Mercedes Sanfilippo; Olga Delfina Cabrera Hansen; María Inés Luchetti de Bettanín; Elba Juana Ferraro de Bettanín; Darío Castagnani; María Herminia Acevedo de Fernández; Mónica Cattoni; Eduardo Bracaccini y, como probable coautor del delito de asociación ilícita.

En setiembre de 2010, la agrupación Familiares, la LADH, APDH y UMANO de Casilda habían pedido al fiscal Stara que investigue la responsabilidad del ex capellán en los delitos cometidos en el SI, provocando así el pedido de indagatoria que Stara presentara al Juez Bailaque.

Para evaluar la responsabilidad que le cupo al ex capellán, el juez consideró el relato de distintas víctimas y declaraciones de personas que recogieron a su vez testimonios sobre los hechos ocurridos el ex SI, pudiendo así dilucidar el rol que desempeñó mientras fue capellán de la Alcaidía de la Unidad Regional II.

Asimismo, para valorar la responsabilidad achacada destacó el manejo de información que tenía Zitelli respecto de las personas que eran alojadas en dependencias del Servicio de Informaciones o de la Alcaidía de la Unidad Regional II de esta ciudad. Fundó también su resolución en la comprobada presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones.

Todo ello lo llevaron a concluir que Zitelli estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones. También que tuvo pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones, y que conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas.

Bailaque también entendió que estuvo presente en sesiones de torturas. así como que estaba compenetrado con la necesidad de torturar a las personas detenidas para así poder obtener información.

De igual modo el juez entendió que si bien Zitelli no desplegaba una actividad permanente de guardia o custodia en ese lugar, en su carácter de personal policial y capellán de esas dependencias ejerció activamente una misión de custodia de las personas que allí estaban alojadas, tanto de manera física en cuanto a su presencia específica, como en su participación de contenedor espiritual de quienes estaban a cargo de la efectiva custodia de las víctimas.

La resolución fue apelada por el fiscal de la causa Gonzalo Stara tanto en lo que respecta a los casos por los que fue procesado como a la excarcelación misma, por entender que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció los standars mínimos para resolver las cuestiones de libertad en los casos de delitos de lesa humanidad, y apeló el monto establecido por considerarlo exiguo.

Sin embargo el fiscal consideró errónea la interpretación efectuada por el instructor acerca de los elementos típicos del delito de tormentos. "El error encuentra su origen en que el instructor no desconoce los tormentos sufridos por las víctimas, sino que se limita a afirmar que no hay elementos de convicción suficientes que permitan concluir que el nombrado participó -de algún modo concreto- en las mencionadas torturas". En palabras del fiscal, "esta afirmación la hace sin perjuicio de tener por acreditada la intervención de Zitelli en los hechos -calificados como PIL agravada- cometidos contra esas mismas víctimas y de encontrarlo miembro de la asociación ilícita conformada por la patota de Feced".

En este sentido Stara afirmó que "el delito de tortura fue parte constitutiva del sistema, no una práctica aislada y esto está probado por la ideología empleada, las enseñanzas de la 'escuela francesa', las confesiones de otros militares que las convalidaron como Díaz Bessone y Harguindeguy en los reportajes efectuados por la periodista francesa Monique Robin.

Para el fiscal entonces "no debe olvidarse que las condiciones de detención sufridas por las víctimas en cuestión formaron parte necesaria del plan sistemático implementado". "No solamente constituyen torturas o tormentos algunas prácticas sobre el físico de los sujetos detenidos, sino también las que derivan de las condiciones generales de su detención en sí mismas. Las severas condiciones de detención impuestas a las víctimas, deben considerarse actos de tortura", remarcó Stara.

En el caso Bracaccini, Zitelli ha sido procesado en orden a la privación ilegal de la libertad de Bracaccini, pero se le dicta falta mérito en cuanto a su homicidio.

El Tribunal Oral de Santa Fé condenó al comisario Roberto Martínez Dorr, pero en prisión domiciliaria

Eslabón del aparato represivo

"Morrongo" fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" a Froilán Aguirre, ex militante de la UES. "Quedó claro de qué lado está la verdad", dijo la víctima.

 Por Juan Carlos Tizziani

 
Desde Santa Fe Terminó ayer el juicio por el martirio de Froilán Aguirre, un ex militante de la UES secuestrado y torturado en octubre de 1976, que logró identificar a su verdugo y llevarlo al banquillo. El Tribunal Oral de Santa Fe condenó al comisario Roberto Martínez Dorr ("Morrongo") por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" a diez años y seis meses de prisión, la mitad de la pena que había pedido la querella y dos tercios de lo que reclamó el Ministerio Público. Es la condena más baja de todos los juicios de lesa humanidad que se realizaron hasta ahora, pero es probable que sea la primera para Martínez Dorr, que está imputado en otras causas donde se investigan otros crímenes del terrorismo de estado. "Lo importante es que quedó claro de qué lado está la verdad", dijo Froilán, satisfecho porque los jueces le creyeron, aun cuando admitió que esperaba una condena mayor. 

Su abogado y hoy secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz, valoró la sentencia porque el juicio probó que Martínez Dorr "era un eslabón del aparato represivo, que participó en un montón de operativos donde hubo desaparecidos y asesinados", dijo. La lectura del veredicto no le demandó más de cinco minutos a la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, acompañada por sus colegas, José María Escobar Cello y Otmar Paulucci. Afuera, en la calle, una muchedumbre saludó el fallo con aplausos y cánticos, a pesar de que las expectativas eran otras. 

Martínez Dorr fue detenido a principios de 2008, pasó 29 meses en la cárcel de Las Flores y desde mediados de 2010 está bajo arresto domiciliario en su casa de Guadalupe. El Tribunal le impuso "una pena de 10 años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y accesorias legales", pero postergó el pronunciamiento sobre "la modalidad de detención" hasta que la sentencia quede firme.

Lo que significa que ayer, Martínez Dorr volvió a su casa. Aguirre fue uno de los primeros en salir de la sala de audiencias, junto a Coutaz y su segunda abogada, Alejandra Romero Niklison. "Estamos satisfechos porque seguimos avanzando en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia para un país mejor. Cada juicio, es una mejora en la calidad democrática e institucional del pueblo", reflexionó. "En el plano personal se cierra un ciclo", aceptó Froilán. "Siento satisfacción por haber arribado a esta instancia de justicia. Hubiera preferido una condena más contundente y de cumplimiento efectivo en cárcel común. De todas maneras, tiene la condena social merecida. 

Estos juicios van a seguir, porque Martínez Dorr tiene otras causas pendientes", agregó. Desde que identificó a su torturador y asoció aquella imagen que guardaba en su memoria desde 1976 con una foto de Martínez Dorr que le acercaron, Froilán no declinó la búsqueda de justicia. "Me lo crucé varias veces en la calle, una situación tensa y desagradable por la impotencia que me generaba. Pero, en el juicio, cuando lo tuve enfrente y en sucesivas audiencias, lo hice desde otro lado, desde la justicia democrática que ahora lo condenó. Eso es lo importante", afirmó "Los jueces creyeron en su testimonio ".  Así es. Por eso valoro la sentencia, mi testimonio fue creíble porque nunca hubo ningún nivel de especulaciones y con todo lo que se ventiló durante el juicio ha quedado claro de qué lado estaba la verdad -contestó Froilán." Y había que tener el coraje de identificarlo, llevarlo a juicio y enfrentar esa situación."El coraje lo tiene el pueblo que viene avanzando sin descanso a lo largo de 30 años y eso lo que no dejo de valorar. El caso no era fácil. Uno esperaba más, pero era mi testimonio en condiciones terribles. Dentro de lo posible, hemos logrado condenarlo. La abogada de Hijos, Lucila Puyol Lucila Puyol valoró también la sentencia. "Estamos satisfechos. Esperábamos una condena más alta, mas ejemplificadora por todo lo que hizo Martínez Dorr, pero este es caso puntual, fue juzgado por un solo hecho, en una sola causa desmembrada de otras y en las que está imputado. 

Lo importante es que haya salida una condena y se haya determinado su responsabilidad como integrante de la patota represiva que durante la dictadura se dedicaba a secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer personas en Santa Fe. Que no se quede tranquilo, por ahora está en su casa, pero Martínez Dorr está imputado en muchísimas causas más", concluyó Puyol.

Organismos de DDHH repudian la resolución que establece que el genocida Díaz Bessone no puede ser juzgado

- Las Organizaciones nucleadas en la Mesa por el Juicio y Castigo de Paraná repudiaron enérgicamente la resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná, que separa y suspende el proceso de enjuiciamiento al genocida Ramón Genaro Díaz Bessone • Calificó la resolución como “aberrante”

La última pericia que se le hizo a este genocida fue hace tan sólo un mes, el 1º de marzo, en el marco del juicio que se llevó a cabo en Rosario, en la que se lo declaró apto para continuar el proceso judicial, donde se lo recluyó a cadena perpetua”, señalaron desde la Mesa en un comunicado enviado a esta

“El Tribunal Oral Federal de Paraná en una decisión por lo menos ligera, determinó la suspensión del proceso sin someterlo a una nueva pericia. Nos parece aberrante ya que estamos hablando de uno de los principales ideólogos del Terrorismo de Estado a nivel latinoamericano, produciendo teoría al respecto y adoctrinando a los integrantes de las Fuerzas Armadas y responsable de los delitos de lesa de humanidad que se cometieron en el Segundo Cuerpo de Ejercito durante la dictadura”, sostuvo.

“Esta resolución es tan arbitraria como otras medidas tomadas por algunos miembros de este Tribunal como fue la absolución de Marino Héctor González y la tibia sentencia para el médico Juan Antonio Zaccaría -quien hoy está en libertad, caminando por nuestras calles- en la causa conocida como Hospital Militar, quien siendo el Jefe de Terapia Intensiva del Hospital, tuvo en sus propias manos la vida y el destino de los mellizos hijos de la militante Raquel Negro asesinada después de dar a luz en el mismo Hospital Militar de Paraná y de Tulio Valenzuela, actualmente desaparecidos”, sostuvieron.

“Asimismo, en la causa conocida como “Brusa” y en el que el Doctor López Arango -integrante del Tribunal que los juzgó, conjuntamente con otros represores santafesinos- les otorgó un privilegio sin antecedentes en nuestro país, que no solo reduce significativamente la pena que debieran cumplir, sino que además les posibilita salir cada 15 días y caminar por las calles como si nada hubiera pasado, sin importarles los previos intentos de fuga y los procesos abiertos contra estos mismos genocidas”, dijeron.

“No hay que olvidarse que son criminales que nunca mostraron arrepentimiento y que con una prisión domiciliaria o una excarcelación ponen en peligro la integridad o la vida de quienes tienen que testificar en estos juicios”, aseveraron.

“En los últimos tiempos hemos sufrido el atentado a la sede de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, el asesinato de Silvia Suppo y la desaparición de Jorge Julio López. Además en nuestra provincia, hemos padecido las intimidaciones a militantes de Derechos Humanos, como es el caso del sobrino del militante asesinado por la Triple A Ramón “Pichon” Sánchez, como así también a la militante de Derechos Humanos María Luz Piérola y a la familia Germano”, agregaron.

“Estos imputados que hoy quieren aparecer como ancianos indefensos son los responsables y ejecutores de secuestros, torturas, robo de bebés, asesinatos y desapariciones forzadas de personas que sufrió nuestro país. Llegaron a esta edad disfrutando la tranquilidad de sus hogares por más de 20 años de vigencia de las leyes de impunidad”, manifestaron.

“Repudiamos también la decisión de la excarcelación que goza el militar Santiago Kelly del Moral, quien fuera Jefe de la Sección Exploración de Caballería Blindada II en Gualeguaychú. Esta situación le permite presenciar su procesamiento por Delitos de Lesa Humanidad mezclado con el público, como si fuera un espectador más, olvidándose que éste imputado estuvo prófugo de la justicia al igual que el Agente de la Policía Federal Darío Mazaferri que desde el 13 de mayo de 2009 continúa en la misma condición”, agregaron.

“¿Este mutismo de Díaz Bessone, no es otro escalón del Pacto de Silencio al que nos tienen acostumbrados?”, se preguntaron, al tiempo que expresaron: “La estrategia de silencio que este asesino utilizó debería ser repudiada y rechazada por quienes tienen en sus manos el proceso judicial”.

3 de julio : El juicio tan esperado

LA CAUSA DE SAN NICOLAS

Para Manuel Gonçalves, una larga historia de búsqueda de justicia cerrará otro capítulo el próximo 3 de julio, a las 10, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario inicie el juicio por la masacre de la calle Juan B. Justo, el operativo que fuerzas conjuntas del Ejército, las policías Federal y bonaerense realizaron, con más de 40 efectivos, en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, en pleno centro de San Nicolás. Manuel tenía 5 meses. Es el único sobreviviente del ataque, ya que su madre Ana María del Carmen Granada atinó a dejarlo dentro de un placard y rodearlo con un colchón para evitar que lo ahogaran los 30 cartuchos de gases lacrimógenos tirados por los represores. Los otros dos niños que estaban en la casa: Fernando y María Eugenia Amestoy, de 3 y 5 años, murieron, ya que en el baño no estuvieron a salvo de las emanaciones. Los adultos, Ana María, Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini fueron acribillados. El proceso que se iniciará, tras largas dilaciones, tiene tres imputados: el coronel Manuel Fernando Saint Amant, principal responsable de la represión en la zona, el policía Antonio Federico Bossie y el comisario general (RE) Jorge Muñoz.

La pericia realizada por el TOF 2 indica Saint Amant es imputable: está en condiciones de ser sometido a juicio, de modo que el 3 de julio deberá sentarse en la sala de audiencias para escuchar las acusaciones en su contra. La pericia fue realizada por profesionales de las facultades de Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Médica.

Manuel vivió 19 años con una identidad fraguada, ya que tras la masacre, el juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, lo entregó en adopción sin buscar a su familia. Desde que recuperó su verdadero nombre comenzó una investigación para reconstruir la historia. Manuel fue querellante en la causa contra Luis Abelardo Patti por la asesinato de su padre, Gastón Gonçalves, que terminó con una condena a prisión perpetua. Además, Manuel denunció a Marchetti por sustracción de identidad.

Ana María tenía 26 años, y su compañero (Gastón) había desaparecido cuando ella estaba embarazada. En la clandestinidad, afrontó el embarazo. Manuel no recordaba la masacre, pero había un registro inconsciente de lo ocurrido cuando sólo era un bebé de cinco meses. "Tenía muchos problemas de anginas y cuando tenía fiebre, gritaba: 'Por favor, sacá a los soldados de acá'. Veía en la habitación gente que revolvía todo. Después, fue inevitable relacionar esos sentimientos con lo ocurrido", relata Gonçalves, ansioso por el comienzo del postergado juicio, que debía iniciarse en agosto del año pasado.

Manuel estuvo cuatro meses con custodia policial en el hospital de San Felipe, en San Nicolás. El juez no intentó buscar a su familia. Las enfermeras recuerdan que, si el policía entraba con gorra, el niño lloraba desconsoladamente. "Claramente, fueron a matar a todos", afirma Manuel, que es patrocinado por Ana Pipi Oberlin.

Cuando supo, a los 19 años, que era hijo de Ana María y Gastón, Manuel necesitó armar un rompecabezas. "Reconstruí mi historia para encontrarme a mí mismo, por eso fui a hablar con vecinos y también pudo entrar a la casa de Juan B. Justo al 600. "Estaba todo muy a flor de piel, que había habido un solo sobreviviente, los vecinos relataban lo ocurrido. La casa tenía muchísimos impactos de bala, si bien hoy no parece que haya sido atacada", rememoró el joven.

Además de la masacre, el TOF 2 acumuló otras dos causas por hechos ocurridos en San Nicolás. Son las causas "Alvira", en que Saint Amant está procesado por la desaparición forzada de María Cristina y Raquel Rosa Alvira y de Horacio Arístides Martínez, y la causa "Mastroberardino", en que el ex jefe del Area Militar 132 está procesado por la privación ilegal de la libertad y torturas a José Emilio Mastroberardino.

La mujer silenciada. Silvia Suppo

Silvia Suppo - 1959-2010

 Por Sonia Tessa

Cuando Sara y Rita, amiga y cuñada de Silvia Suppo, llegaron al hospital de Rafaela, en la mañana del 29 de marzo de 2010, el médico forense les preguntó a qué se dedicaba la víctima, aún con vida, sorprendido por el ensañamiento de las nueve puñaladas en el cuerpo. En cuanto le dijeron que había sido presa política, el profesional las esquivó. En Rafaela, ciudad de cien mil habitantes orgullosa de su pujanza económica, orden y limpieza, no hubo nunca un asesinato en ocasión de robo de esas características. Silvia estaba atendiendo su local Todo Cuero y vivía en la parte de atrás. Tras su asesinato, faltaron muy poco dinero y alguna mercadería. Ella era algo más que una presa política: fue testigo en la causa Brusa, había declarado con lujo de detalles sobre su cautiverio y había podido verles la cara a todos los represores en el centro clandestino de detención de Santa Fe La Casita, adonde la llevaron tras realizarle un aborto para reparar “el error” de un embarazo producto de violaciones de los torturadores. Silvia fue secuestrada el 24 de mayo de 1977, tenía 18 años. El de 2002, para Silvia, fue un fin de año ambiguo: el 21 de diciembre había podido escuchar las fuertes condenas contra el ex juez federal Víctor Brusa, Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Eduardo Ramos, Héctor Colombini y Mario Facino. Pero esas fiestas fueron también las primeras sin su compañero de vida, Jorge Destéfani, con quien se casó cuando él salió de Coronda, cinco años después del secuestro que compartieron, en las primeras horas, sin saberlo. A Destéfani, el Corcho, lo habían puesto en el baúl del auto en el que también llevaron a Silvia y su hermano Hugo desde Rafaela a Santa Fe. El murió en 2009 de un cáncer, unos tres meses antes de la crucial declaración de Silvia en los Tribunales santafesinos.

Ese mismo año había nacido Juana, la hija de Marina. La niña cumplió un año pocos días antes del asesinato de una abuela a quien Marina describe así: “chocha”. Chocha por esa niña que el jueves 29 de marzo participó de la marcha por el esclarecimiento del asesinato de su abuela, llevando orgullosa su rostro en una pechera.

Marina y Andrés son, ahora, los que llevan la antorcha de la justicia para señalar una y otra vez que no se trató de un crimen común –como se les dice para diferenciarlo de los políticos–, que no hay pruebas concluyentes contra Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, dos jóvenes marginales que fueron procesados sin poder describir fehacientemente la escena del crimen. Desde el principio, tanto el juez provincial Alejandro Mognaschi como el juez federal Reynaldo Rodríguez se negaron a investigar la hipótesis política. Ni siquiera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se agote esa posibilidad los impulsó a avanzar en la declaración de un testigo de identidad reservada que acusó directamente a dos presos de la cárcel de Las Flores como autores materiales, en relación directa con Brusa, como instigador. El juez desestimó esa declaración y sobreseyó a los acusados por el testigo, sin aceptar ninguna de las medidas pedidas por la querella, que representan Lucila Puyol y Guillermo Munné. El 21 de marzo pasado estos abogados, acompañados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, apelaron el sobreseimiento ante la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Las irregularidades en la investigación son muchas: la escena del crimen fue mancillada (según el testigo protegido, hubo un policía asignado especialmente para hacerlo) a tal punto que no se pudo identificar restos de ADN. Los supuestos asesinos confesos dijeron que habían llevado a Silvia, ya herida, desde el negocio (todo vidriado, en el centro de la ciudad, a las 9 de la mañana, un horario de plena actividad) hasta la casa, en el fondo, pero no había rastros de sangre de ese traslado.

De lo que sí quedan rastros es de la tarea silenciosa que Silvia –entre tantas cosas, enfermera– hizo en su ciudad durante muchos años. Aquella militante de la Juventud Peronista dejó sembrada la semilla que germinó en sus hijos, pero también en el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo. Mientras no se sepa exactamente cómo la mataron, quiénes y por qué, su muerte seguirá siendo tan política como lo fue su vida.