Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

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domingo, 15 de diciembre de 2013

“Más que cómplice, la Iglesia es coautora”

Habla el hijo del ex sacerdote Mac Guire, torturado en el seminario salesiano de Funes
Santiago Mac Guire es el ex cura tercermundista detenido en un centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia, tal como viene denunciando Horacio Verbitsky en Página/12. Lucas tenía 5 años cuando su padre fue secuestrado. Aquí cuenta la historia.

 Por Natalia Biazzini *

En abril de 1978, Santiago Mac Guire apenas podía caminar. Recién salido de un centro clandestino de detención, dos soldados arrastraron al ex sacerdote tercermundista hasta el Batallón 121 de Rosario. Cuando les preguntó a esos hombres que lo trasladaban adónde había estado en esos días en que lo torturaron brutalmente, uno de los cabos le respondió: “En un lugar que se llama Ceferino Namuncurá”. Pasaron 35 años y recién ahora se está comenzando a investigar lo que ocurrió en ese predio, que perteneció a la Congregación Salesiana de Rosario y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura en el pueblo de Funes. En octubre, la familia de Mac Guire –que dejó los hábitos para casarse y tuvo cuatro hijos– se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga el circuito represivo que funcionó bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Después de pasar diez días en ese centro clandestino, los militares le informaron a Santiago que había sido juzgado por un consejo de guerra y que debía cumplir una pena de 15 años. Vivió los siguientes seis en cuatro cárceles y salió en libertad en 1983. Falleció en 2001, sin poder declarar ante la Justicia, pero lo hizo ante la Conadep en 1984. Nunca se cansó de perseguir a los que creyó responsables. Siguiendo esa búsqueda de justicia, a principios de octubre, la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, donde se está juzgando a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. “Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales, durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombres Gauna y Berra”, relata el escrito firmado por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el Arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino.

Corría el convulsionado año 1968, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales y rebeliones estudiantiles marcaban la época. En la Argentina, el militar Juan Carlos Onganía había llegado al poder dos años antes, tras derribar el gobierno de Arturo Illia. El sacerdote Mac Guire trabajaba en la villa rosarina Bajo Saladillo. Mac Guire formaba parte de los Sacerdotes del Tercer Mundo, como Carlos Mugica en Buenos Aires y Enrique Angelelli en La Rioja. Haciendo trabajo social, conoció a María Magdalena Carey, veinte años menor y de raíces irlandesas, como él. Se enamoraron, él dejó los hábitos y se casaron por civil. Tuvieron cuatro hijos. “Santiago era un militante peronista y siempre tuvo una vocación de servicio”, dice su hijo Lucas en una entrevista que le concedió a Infojus Noticias. Durante la charla, Lucas rara vez lo llamará “papá”, siempre dirá “Santiago”.
El secuestro y la “negociación”

La tarde del 18 de abril de 1978, Santiago había ido a buscar a Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. El niño se quedó solo en la calle, llorando, en el centro de Rosario. Lucas nunca pudo olvidar un cruce intenso de miradas con uno de los secuestradores. “Creo que no sabían qué hacer conmigo y por suerte me dejaron ahí”, dice hoy. Ese día comenzó el calvario de la familia Mac Guire: saber dónde estaba Santiago. Al hábeas corpus le siguió la respuesta más frecuente de aquel momento: no está bajo las fuerzas de seguridad.

“Mi mamá no tenía contactos militares ni policiales, así que fue al arzobispado con nosotros cuatro. Llorando, rogó por la vida del padre de sus hijos”, cuenta Lucas en su casa del barrio porteño de Congreso, con el fondo de las campanadas de un reloj antiguo que perteneció a su padre. Después de la visita al arzobispado, el general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del cuerpo de Ejército con sede en Rosario, se apersonó a la casa a los Mac Guire.

“A mí y a mis hermanos nos encerraron en un cuarto. Jáuregui se sentó con otros militares y mi mamá en la mesa familiar”, recuerda, y señala una vieja mesa de roble. “Allí la empezaron a interrogar. Le decían que ellos no lo tenían a Santiago y que seguramente había sido secuestrado por alguno de los guerrilleros que solía cobijar en la casa. En ese entonces, mi casa era un desfiladero de tíos nuevos”, recuerda Lucas entre risas.

–¿Saben de otras personas que estuvieron en el centro clandestino con su papá?

–Santiago estuvo con Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió; lo asesinaron. Cuando desde el arzobispado pidieron por Santiago, se confundieron y llevaron a Pistacchia. El arzobispo Guillermo Bolatti le pegó el grito en el cielo a Jáuregui por la confusión. Fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar. Por eso nosotros consideramos que la Iglesia más que cómplice fue coautora.

–¿Por qué piensa que a Santiago lo blanquearon y lo trasladaron a una cárcel común?

–Creo firmemente en un momento de coyuntura. Ya habían desmantelado los centros clandestinos más importantes, al menos de Rosario. Estaban llegando los organismos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido. Cuando cae mi papá, ya habían levantado el centro clandestino Quinta de Funes.

A fines de noviembre, Santiago recuperó la libertad. Había pasado por las cárceles de Coronda, La Plata, Caseros y Rawson. “Cuando lo volví a ver en libertad, yo había cumplido once años”, dice Lucas. En democracia, Santiago denunció en la Conadep que cuando salió del centro clandestino fue trasladado al Batallón 121 de Rosario. Había recibido la visita de Bolatti y la del capellán Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo.

En los años ’90, Santiago se ocupó de perseguir y escrachar a Zitelli a cada lugar donde era trasladado en su rol de sacerdote. Zitelli está imputado en la causa Guerrieri y cumple prisión domiciliaria. Santiago y su mujer, María Magdalena, se separaron, pero hace diez días ella declaró desde la cama de una clínica rosarina ante el fiscal Gonzalo Stara y el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

–Nuestra querella está en instrucción y se está incorporando a la causa. La Iglesia niega este centro clandestino. Nosotros tenemos los papeles de la venta del terreno un año después (1979) a la Aeronáutica. Lo vendieron porque deben haber pasado muchas más personas por ahí. También para borrar huellas. Ahora el lugar está todo reformado.

–¿Qué esperan?

–Ojalá que la gente de la Iglesia recapacite, no quiero ofender a nadie. Ya sabemos que los salesianos no son curas de base. Tienen colegios privados, locales en shoppings. Mueven millones de pesos. Espero que alguno pueda decir que ese lugar se le prestó al Ejército un año antes de ser vendido. Serviría mucho.

* De la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus).

domingo, 25 de noviembre de 2012

El ex capellán Zitelli de nuevo ante el juez

Ampliarán indagatoriaZitelli tiene que volver ante el juez

La medida se suma a otras 15 también pedidas por el fiscal Gonzalo Stara a integrantes de la Patota de Feced. En la prueba testimonial se dio cuenta de la presencia del sacerdote en el Servicio de Informaciones, y de su rol en la represión.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía durante la última dictadura Eugenio Segundo Zitelli deberá prestar declaración indagatoria el próximo martes, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad. El juez federal Macelo Bailaque ordenó --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--, otras 15 indagatorias que incluyen a ex militares como Jorge Rafael Videla y la mayor parte de la denominada Patota de Feced.

Estas dieciséis nuevas declaraciones indagatorias que ordenó el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario tendrán lugar entre el martes 27 y el martes 4 de diciembre. Deberán declarar Ricardo Corrales, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara, Carlos Altamirano, Ramón Ibarra, Daniel González, Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Lucio Nast y Ovidio Olazagoitía.

A efectos de llevar adelante la medida, el Juzgado se constituirá en el Penal de Marcos Paz, junto con representantes de la defensa y el fiscal de la causa. En el caso del ex capellán, tendrá lugar el martes, en la sede del Juzgado, para lo cual se libró oficio de citación por conducto de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Rosario de Gendarmería Nacional. Las restantes declaraciones se dividen entre la sede del Juzgado y el Penal de Marcos Paz.

En relación a la responsabilidad de Zitelli por los hechos que damnificaron a Tomasa Verdún, José Raúl Villarreal y Miguel Angel López, se encuentra probada la presencia física de Zitelli en el lugar donde ocurrieron los hechos. En este sentido, Verdún lo ubica en el pasillo distribuidor del Servicio de Informaciones (el centro clandestino de detención que funcionaba en San Lorenzo y Dorrego, dentro de la jefatura de Policía); José Villarreal en el sótano y Miguel Angel López, en la favela, todas zonas del SI.

En la prueba testimonial hay concretos señalamientos que dan cuenta no solo de la presencia de Zitelli en el SI, sino también de los roles y funciones que allí éste cumplía. El ex capellán fue visto y tuvo contacto con víctimas alojadas en ese centro clandestino, tuvo contacto con detenidos ilegales en la Alcaidía y visitó a detenidos en cárceles.

Para Stara, "Zitelli tenía pleno conocimiento de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones tormentosas de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información". Y además, tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas junto a la Patota de Feced".

"En este sentido, el rol que le achacan las víctimas -﷓aclaró Stara-- consistía, principalmente, en recabar información de los detenidos, incluso 'tolerando" las torturas como medio de obtención de información, si fuere necesario".

Zitelli recuperó su libertad el 11 de abril pasado, previo pago de 50.000 pesos de fianza, luego de ser considerado probable autor de delitos de lesa humanidad e integrante de la Patota de Feced.

El 20 de marzo, Bailaque lo había procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieran como víctimas a Graciela Borda Osella; María de las Mercedes Sanfilippo; Olga Cabrera Hansen; María Inés Luchetti de Bettanín; Elba Juana Ferraro de Bettanín; Darío Castagnani; Maria Herminia Acevedo de Fernández; Mónica Cattoni y Eduardo Bracaccini. Además lo señaló como probable coautor del delito de asociación ilícita.

Bailaque fundó también su resolución en la comprobada presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones, concluyendo que estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones, que tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones y que conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas. También sostuvo que Zitelli estuvo presente en sesiones de torturas.

De igual modo se espera que el juez Bailaque al momento de indagar a Zitelli materialice los pedidos del fiscal en relación a los delitos cometidos contra Patricio Downes, Tomasa Verdún de Ortiz, y el ex alumno del Colegio San José, Miguel Angel Nicolau entre otros.

En tanto, Stara solicitó se amplíen las imputaciones a toda la patota que operó en el SI y sus responsables mediatos. El fiscal consideró a Zitelli un integrante más de esa asociación ilícita.

La resolución judicial hace lugar al pedido del fiscal, que pretende profundizar las responsabilidades de los represores que actuaron en el centro clandestino, luego de haber reconstruido la mecánica represiva durante la audiencia oral Díaz Bessone, finalizada en marzo de este año.

domingo, 5 de agosto de 2012

Ahora entrega de archivos de hechos juzgados

El arzobispado de Rosario entregó archivos de la dictadura
Todo lo que registraron en la Iglesia durante esos años

La solicitud la hizo la abogada Gabriela Durruty y uno de los objetivos era profundizar la investigación que le cabe al ex capellán policial Eugenio Zitelli. El dossier comienza con una misiva firmada por el arzobispo José Luis Mollaghan.

 Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque recibió en los últimos días un legajo de 120 fojas enviados por el arzobispado rosarino, al que le había ordenado entregar todos los registros que poseyera acerca de la represión ilegal durante la última dictadura. El pedido había sido presentado por la abogada Gabriela Durruty y uno de los objetivos era profundizar la investigación que le cabe al ex capellán policial Eugenio Zitelli. El dossier comienza con una misiva del arzobispo José Luis Mollaghan que en sus párrafos más destacados reza, "después del tiempo necesario para llevar a cabo una búsqueda cuidadosa en la extensa documentación del archivo, puedo elevar a su digno conocimiento, cuanto sigue". El documento afirma también que "en los índices correspondientes al inventario del archivo no se han hallado referencias específicas a los hechos" .

A pesar de ello el Arzobispado remite algunas fojas de documental hallada en el "archivo físico" que ellos mismos organizan, acorde la siguiente descripción:

-- documentación referida a Causa Feced sobre hechos ya requeridos por la justicia

-- documentos referidos a Causa Feced consignados en el archivo del Arzobispado

Al analizar la documentación entregada la abogada de Familiares Gabriela Durruty manifestó: "Ante un primer análisis del material estamos en condiciones de afirmar que resulta exiguo, incompleto y carente de unicidad, pero indudablemente es el expreso reconocimiento de que se poseen gran cantidad de datos que aun no se han acercado a la justicia. Estamos analizando los pasos a seguir".

La documental acompañada se nutre mayoritariamente de cartas dirigidas por familiares de desaparecidos al arzobispado durante la época de comisión de los hechos, de copias de los hábeas corpus que se presentaban ante la justicia como parte de la desesperada búsqueda de sus seres queridos, y que eran también llevados al arzobispado para intentar conmover a las autoridades eclesiásticas de la época.

Durruty manifestó que resulta "notoria la ausencia de respuestas, la nula referencia a gestión alguna en pos de investigar los gravísimos hechos que numerosas familias denunciaban". Se abren muchos interrogantes: ¿Cuál es la postura actual de la iglesia rosarina? Acompañan desgarradoras cartas de familias en la búsqueda de integrantes desaparecidos que creían vivos. La desesperación de las misivas es desgarradora. El silencio de la iglesia es simplemente aterrador".

Párrafo aparte merece la encendida defensa del procesado capellán de la policía de Feced, Eugenio Zitelli, que realizara en 1984 el ex arzobispo Jorge Manuel López, no condena los hechos denunciados sino a los denunciantes por "atentar contra la reconciliación nacional".

También se acompaña un descargo que el imputado acompañara a sus jefes eclesiásticos donde niega haber "participado, ni conocido ningún acto que pueda ser repudiable en cuanto a violación de la libertad de las personas o haber visto procedimientos como torturas"

La iglesia no explica por qué descarta sin más las numerosas denuncias contra el ex capellán, la defensa de López en 1984 no dista en mucho de la que ensayara el párroco de la catedral, Raul Giménez más de dos décadas después.

En este sentido Durruty opinó que "ambas lógicas coinciden con la estrategia defensista que ensayaron durante años los perpetradores negando los hechos. Ese manto de duda ha sido desgarrado con la sentencia de la causa Díaz Bessone, es por ello que ya no pueden admitirse más dilaciones ni más silencios por parte de instituciones como la iglesia que sabemos participó activamente en la represión, hecho recientemente corroborado por otro procesado de la causa Feced, Jorge Rafael Videla.

Ambas defensas resultan inadmisibles, máxime conociendo el caudal de información que la iglesia manejó desde el día cero en relación a las víctimas del plan sistemático, agregó la abogada de Familiares Jesica Pellegrini.

También se incluyen en la documentación diversos petitorios presentados por Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Como una presentada en marzo de 1978 ante el Comando del Segundo Cuerpo y la misma iglesia, en la que se incluía además una lista de personas desaparecidas, y que chocó contra el muro de silencio impuesto por ambas instituciones. Entre ellas se cuenta una carta enviada al arzobispo Guillermo Bolatti: "Que paguen sus culpas los pecadores rodeados de la más amplia garantía de justicia, que aparezcan de una vez por todas los miles de ciudadanos desaparecidos, que sean puestos en libertad los que no cometieron delito alguno, que no sean maltratados en ningún momento los presos tal como lo exige nuestra tradición cristiana. Mientras ello no ocurra así, esas determinaciones y posturas de los hombres se convierten en caldo de cultivo de odios y venganzas de otros hombres, y se convierte en un círculo vicioso que solo aporta destrucción material y fundamentalmente espiritual. Por todo ello es que a usted también lo invitamos, con todo nuestro respeto, a que nos apoye en esta cruzada de guerra al odio, para que todos luchemos por la afirmación y consolidación de la Paz y la Justicia. Los católicos que firmamos estas líneas, sabemos que nuestro pastor no puede estar ausente".

Elida Luna, actual presidenta de la misma organización manifestó a Rosario/12 que "asomarse nuevamente a aquellos momentos, volver a leer nuestros pedidos nos conmueve infinitamente, nos trae el recuerdo de luchadores que ya no están y nos dan más fuerza para continuar en la búsqueda de los datos que la iglesia seguramente aun oculta.

Cabe recordar además que durante el juicio Díaz Bessone, se sucedieron numerosos testimonios que dan cuenta del rol que cumplió la iglesia durante la dictadura, como es el caso de Francisco y María Inés Oyarzábal, hermanos de José Oyarzábal, y Marcelo Márquez, hermano de Cristina, masacrados en Los Surgentes, quienes dieron cuenta del rol que el Padre García cumplió en la época de los hechos, por ejemplo al indicarles a las familia que "agregaran un plato para la Navidad porque sus familiares se presentarían a cenar".

Peti Luna está convencida que la Iglesia tiene mucha documental para mostrar: "Seguro registró datos del desarrollo del plan sistemático de represión ilegal, estos datos eran elevados por los vicariatos a cada obispado según jurisdicción, y desde cada obispo a la conferencia episcopal, quienes resguardan una copia, y otra se envió siempre a la sede del Vaticano a una oficina específicamente creada. El Vaticano guarda detalles del destino de nuestros familiares durante la dictadura eclesiástica cívico militar".

domingo, 22 de abril de 2012

Con-fianza divina. El cura que tiene el efectivo a mano

Zitelli pagó los 50 mil pesos de su fianza. Está procesado por terrorismo de Estado.
El cura que tiene el efectivo a mano

El ex capellán de la policía de Rosario durante la dictadura, había sido procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieron como víctimas a varios detenidos.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli, cumplió en los últimos días con el pago de la fianza que le permitirá proseguir en libertad hasta el juicio por terrorismo de estado, en el que esta procesado. Lo curioso es que lo depositó en efectivo cuando hubiese bastado con el documento de bienes que lo avalen. El hecho ocurrió el 11 de abril al cumplimentar el pago de $ 50.000 establecida por el juez federal Marcelo Bailaque como fianza que permitiría al procesado ex capellán recuperar su libertad durante esta etapa del proceso donde se lo consideró probable autor de delitos de lesa humanidad e integrante de la patota de Feced, por lo cual se lo procesa por el delito de asociación ilícita. En rigor seguirá alojado en la casa de retiros espirituales que la Iglesia Católica tiene en Zavalla, desde donde no podrá ausentarse por más de 24 horas sin comunicarlo.

Lo llamativo fue que el ex capellán de Feced eligió depositar en efectivo la suma establecida, cuando en realidad bastaba con presentar algún bien que cubriera el monto que el juez consideró suficiente para garantizar la comparecencia de Zitelli en el juicio.

Cabe recordar que el magistrado federal resolvió mediante resolución de fecha 20 de marzo ordenar el procesamiento de Eugenio Segundo Zitelli como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieran como víctimas a Graciela Borda Osella; María de las Mercedes Sanfilippo; Olga Delfina Cabrera Hansen; María Inés Luchetti de Bettanín; Elba Juana Ferraro de Bettanín; Darío Castagnani; María Herminia Acevedo de Fernández; Mónica Cattoni; Eduardo Bracaccini y, como probable coautor del delito de asociación ilícita.

En setiembre de 2010, la agrupación Familiares, la LADH, APDH y UMANO de Casilda habían pedido al fiscal Stara que investigue la responsabilidad del ex capellán en los delitos cometidos en el SI, provocando así el pedido de indagatoria que Stara presentara al Juez Bailaque.

Para evaluar la responsabilidad que le cupo al ex capellán, el juez consideró el relato de distintas víctimas y declaraciones de personas que recogieron a su vez testimonios sobre los hechos ocurridos el ex SI, pudiendo así dilucidar el rol que desempeñó mientras fue capellán de la Alcaidía de la Unidad Regional II.

Asimismo, para valorar la responsabilidad achacada destacó el manejo de información que tenía Zitelli respecto de las personas que eran alojadas en dependencias del Servicio de Informaciones o de la Alcaidía de la Unidad Regional II de esta ciudad. Fundó también su resolución en la comprobada presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones.

Todo ello lo llevaron a concluir que Zitelli estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones. También que tuvo pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones, y que conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas.

Bailaque también entendió que estuvo presente en sesiones de torturas. así como que estaba compenetrado con la necesidad de torturar a las personas detenidas para así poder obtener información.

De igual modo el juez entendió que si bien Zitelli no desplegaba una actividad permanente de guardia o custodia en ese lugar, en su carácter de personal policial y capellán de esas dependencias ejerció activamente una misión de custodia de las personas que allí estaban alojadas, tanto de manera física en cuanto a su presencia específica, como en su participación de contenedor espiritual de quienes estaban a cargo de la efectiva custodia de las víctimas.

La resolución fue apelada por el fiscal de la causa Gonzalo Stara tanto en lo que respecta a los casos por los que fue procesado como a la excarcelación misma, por entender que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció los standars mínimos para resolver las cuestiones de libertad en los casos de delitos de lesa humanidad, y apeló el monto establecido por considerarlo exiguo.

Sin embargo el fiscal consideró errónea la interpretación efectuada por el instructor acerca de los elementos típicos del delito de tormentos. "El error encuentra su origen en que el instructor no desconoce los tormentos sufridos por las víctimas, sino que se limita a afirmar que no hay elementos de convicción suficientes que permitan concluir que el nombrado participó -de algún modo concreto- en las mencionadas torturas". En palabras del fiscal, "esta afirmación la hace sin perjuicio de tener por acreditada la intervención de Zitelli en los hechos -calificados como PIL agravada- cometidos contra esas mismas víctimas y de encontrarlo miembro de la asociación ilícita conformada por la patota de Feced".

En este sentido Stara afirmó que "el delito de tortura fue parte constitutiva del sistema, no una práctica aislada y esto está probado por la ideología empleada, las enseñanzas de la 'escuela francesa', las confesiones de otros militares que las convalidaron como Díaz Bessone y Harguindeguy en los reportajes efectuados por la periodista francesa Monique Robin.

Para el fiscal entonces "no debe olvidarse que las condiciones de detención sufridas por las víctimas en cuestión formaron parte necesaria del plan sistemático implementado". "No solamente constituyen torturas o tormentos algunas prácticas sobre el físico de los sujetos detenidos, sino también las que derivan de las condiciones generales de su detención en sí mismas. Las severas condiciones de detención impuestas a las víctimas, deben considerarse actos de tortura", remarcó Stara.

En el caso Bracaccini, Zitelli ha sido procesado en orden a la privación ilegal de la libertad de Bracaccini, pero se le dicta falta mérito en cuanto a su homicidio.

miércoles, 21 de marzo de 2012

UN 24 MAS CERCA DE LA JUSTICIA.

Nuevos procesamientos en la mega causa Feced

Celebramos que el  juez Bailaque determinó el procesamiento de:
Jorge Rafael Videla, Ricardo Enrique Corrales,Alfredo Sotera, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote; José Carlos Antonio Scortechini; Ramón Rito Vergara; Carlos Ulpiano Altamirano; Lucio César Nast; Julio Héctor Fermoselle; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Ovidio Marcelo Olazagoitía, Diego Portillo,  Ernesto Vallejo y  Eduardo “Picha” Dugour, ampliando y profundizando las responsabiidades por los delitos cometidos contra nuestros/as compañeros/as en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de la dictadura.

El juez profundiza la acusación, tanto en relación a los autores materiales como en las responsabilidades de los jefes militares, como los casos de Alfredo Sotera y Jorge Videla, todos ellos por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos entre muchos otros contra:

Daniel Gorosito, Marta Bertolino, Oscar Manzur, Liliana Gómez, Laura Ferrer Varela, Alfredo Vivono, José Aloisio, todos los compañeros de la masacre de los Surgentes, Pedro Galeano, Osvaldo Vermeulen, Azucena Solana,María Inés Luchetti de Bettanín, Marisol Pérez, Carmes Lucero, Ana María Ferrari, Jorge Palombo, Carlos Pérez Rizzo, Pepe Berra, Mirta Castelini, y las lista sigue.

También procesan a Mario Marcote por el delito de abuso sexual contra Stella Maris Hernández.

Además, luego de tantos años de lucha, procesa a Eugenio Segundo Zitelli, ex capellán de Feced, por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y por integrar la asociación ilícita que solo nuestra región durante el genocidio perpetrado en nuestro país.

Desde las organizaciones que representamos celebramos esta decisión, esperando que sea solo el comienzo del trazado de un camino que despeje las responsabilidades que sin dudas le cupieron a los jerarcas de la iglesia católica, co – autores del genocidio argentino.

Le pedimos en 2010 al fiscal Stara que presentara en nuestro nombre la acusación, y finalmente, casi dos años después, la justicia procesa al genocida Zitelli.

Honremos A nuestros compañeros a 36 años del golpe genocida. Llenemos el 24 el monumento y el 26 el Bv Oroño para escuchar la condena en la causa Diaz Bessone

No hay futuro sin justicia.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE ROSARIO
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO (APDH Rosario)
UMANO DE CASILDA

martes, 22 de noviembre de 2011

Presentación de organismos.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS Rosario,  la LADH, APDH Rosario y UMANO de Casilda, presentarán ante el Juzgado Federal Nº 4 un pliego de preguntas en base a las cuales deberá deponer el párroco de la catedral rosarina, Héctor Giménez, a partir de los dichos que vertiera el viernes próximo pasado en relación al ex capellán de la policía de la dictadura, Eugenio Zitelli, imputado por la justicia federal por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El párroco afirmó que Zitelli  era injuriado por las acusaciones que sobre él pesan y que era totalmente ajeno a los hechos.
Ante la solicitud de que sea citado a prestar declaración interpuesta por la fiscalía, los organismos nos presentamos a fin de proponer algunas preguntas al juez, dado que el propio Giménez fue mencionado en un testimonio brindado en la causa Guerrieri / Amelong.
Asimismo, los organismos firmantes presentaremos una solicitud al arzobispado rosarino a fines de que tengan la posibilidad de explicar si la posición esgrimida por Giménez obedece a una decisión oficial de la iglesia o si fue hecha a título personal, a pesar de haber utilizado para ello el púlpito de la catedral de la ciudad.
La presentación judicial tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre a las 9,30 en Oroño 940.
Cabe destacar que el escrito cuenta con el apoyo de la Sra Gladys Bracachini, madre de Eduardo Bracachini, por cuyo homicidio está siendo investigado Zitelli. 
Los organismos queremos desmentir la versión difundida por Giménez: Eugenio Zitelli no es víctima de injurias, fue citado luego de que numerosos testimonios lo involucraran directamente con la represión ilegal.

A diferencia de los dichos de Giménez, no “lo tiene la iglesia”, se encuentra detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Quitan al cura Gieménez por defender a Zitelli

Apoyo a un cura de pasado complicado

Fue durante una misa. Las palabras del padre Giménez:  ahora un fiscal quiere que declare en la causa Feced.

 Por José Maggi

El fiscal federal Gonzalo Stara pidió ayer que se cite a declarar al párroco de la Catedral de Rosario, Raúl Giménez, por las afirmaciones que hizo durante la misa del pasado viernes, en la que defendió la inocencia del sacerdote Eugenio Zitelli, quien se desempeñaba como capellán de la policía durante la dictadura militar. Las afirmaciones de Giménez fueron publicadas en la edición del domingo de Rosario/12 , basadas en una testigo directa: la periodista Susana Pozzi quien estaba en la iglesia madre de Buenos Aires y Córdoba durante la primera misa del día que tiene lugar entre las 8 y las 9 de la mañana. Stara elevó la demanda al titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que entiende en la causa que se sigue por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone (ex Feced) y ordenó la detención de Zitelli, quien hasta hace solo unos meses estaba a cargo de la iglesia San Pedro de la vecina localidad de Casilda

"En el día de hoy, conforme con lo que habría manifestado Giménez, hemos solicitado al juez Bailaque que lo reciba antes posible para que de declaración testimonial para que de razón de los dichos que habría efectuado", señaló el fiscal Stara al programa "Trascendental" de LT8.

"En principio, aparentemente Giménez tendría algún tipo de información acerca de los hechos, acerca de Zitelli, acerca de los hechos por los que está citado Zitelli, y sobre su ajenidad en los hechos por lo que fue ordenada su detención", añadió el fiscal federal de la causa Díaz Bessone.

"Hemos pedido que se lo cite a declarar fundamentalmente para que de razón de sus dichos, no sólo sobre los hechos que se le imputan a Zitelli sino también sobre su participación en los mismos", ratificó el funcionario judicial, en relación con el pedido que presentó al juez Bailaque esta mañana.

Según el testimonio de Pozzi, "en el momento en que se piden las intenciones, un momento cúlmine de la celebración religiosa pues se consagran la sangre y el cuerpo de Cristo, el párroco de la Catedral Raúl Giménez pidió realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando. También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia. Hablé con él y le dije que pediríamos por su alma. Se puso muy contento cuando se lo comuniqué. Pidamos por él". De esta forma el párroco cerró la petición el viernes a la mañana, sin nombrarlo, pero dejando absolutamente claro que se trataba de ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli.

Conocidas las declaraciones el grupo UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido) de Casilda calificó de "inadmisibles las expresiones que tuviera Giménez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura".