El juicio por el crimen de Silvia Suppo suma dudas sobre la investigación

Con más puntos oscuros que claridad

Un amigo de la familia Suppo, Víctor Isaía, relató que horas después del homicidio, se hizo una razzia en un barrio donde él trabajaba, en la que llevaron a varios jóvenes. Uno de ellos estuvo detenido más tiempo de lo que consta en el acta.

 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe

Los puntos oscuros en la investigación del asesinato de Silvia Suppo volvieron a quedar a la vista en el juicio a los dos acusados por el crimen, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres. Un amigo de la familia de la víctima, el psicólogo Víctor Isaía, relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe que horas después del homicidio la Policía de Rafaela realizó una "razzia" - como la llamó- en búsqueda de sospechosos en el barrio Barranquitas, donde cayeron "entre siete y diez jóvenes de 18 a 20 años", entre ellos Emiliano "Bebo" Rodríguez, que luego quedó libre, pero que a su criterio "estuvo más tiempo preso" del que consta en el expediente. "Lo que recuerdo es que estuvo detenido más tiempo", dijo Isaías. Y reveló otra situación llamativa: un procedimiento policial en el que la hermana de Sosa, Mariana, entregó a la brigada que investigaba el caso Suppo un monedero negro y dos monedas extranjeras que Cóceres había dejado en su casa y la testigo que firmó el acta de secuestro es la "madre de Rodríguez". Isaías descubrió el hecho al comparar el domicilio de la testigo que avaló la entrega del monedero porque "es el mismo" que figura en el acta de allanamiento y detención de Rodríguez, en calle Entre Ríos al 600. "Hay cosas que no nos cierran", planteó Isaía. Rodríguez es uno de los dos imputados en la causa que investiga la hipótesis del crimen político que se desglosó del "asesinato en ocasión de robo" y a quien la Cámara Federal de Rosario le dictó la "falta de mérito".

Isaía es amigo de los Suppo desde hace 15 años. Cuando mataron a Silvia, el 29 de marzo de 2010, trabajaba en un espacio de la Municipalidad de Rafaela, en el barrio Barranquitas. El crimen provocó "una conmoción en Rafaela", relató ante los jueces. "Entré en un shock. No me esperaba algo así. Y empezamos a atar cabos sueltos, porque era raro que mataran a Silvia de nueve puñaladas, un hecho de tanta violencia", "un asesinato tan sangriento", dijo.

Pocos días después, el 2 de abril, se realizó una marcha en demanda de justicia en la que "participaron miles de personas". "La consigna era: ¿robo o asesinato político?", recordó. Sin embargo, la "investigación estuvo cerrada desde el primer momento" en la hipótesis del "homicidio en ocasión de robo". "La cerraron antes de que se investigara la otra pista", comentó.

Ante ese hecho, Isaía acompañó a los hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani, en la lectura y el análisis de la causa judicial. Y así descubrieron "inconsistencias en la investigación, que nos hace pensar en otros móviles. Hay cosas que no nos cierran", afirmó. "Buscamos la verdad y justicia, que este caso se esclarezca".

En esa línea, Isaía dijo que en las horas siguiente del crimen, la Policía realizó una "razzia" en el barrio Barranquitas, donde uno de los detenidos fue "Bebo" Rodríguez. "Lo que recuerdo es que estuvo más tiempo preso. Lo que figura en el expediente, no coincide con la fecha en que lo liberaron".

Y fue allí cuando mencionó otro hecho. Un procedimiento policial en el que Mariana Sosa - hermana de Rodrigo- entregó a la policía un "monedero tipo sobre" color negro, vacío, y dos monedas extranjeras: una de dos euros y otra de 50 centavos ecuatorianos que Cóceres había dejado en su casa y "no pertenecen a ninguna persona de su familia". El acta de secuestro tiene la firma de una testigo, María Elsa Zapata, que es "la madre de Rodríguez", dijo Isaía, que descubrió la coincidencia porque el domicilio de Zapata "es el mismo" que se allanó y detuvo a Rodríguez. Las dos actuaciones se realizaron el mismo 29 de marzo, aunque el allanamiento fue después de las 20.

El abogado querellante Guillemo Munné le preguntó por qué consideraba que la detención de Rodríguez no coincidía con lo que consta en la causa. "Cuando fui a trabajar al barrio Barranquitas, me cuentan que habían levantado a un motón de pibes que liberaron al día siguiente. Pero a 'Bebo' lo tienen detenido más tiempos. Las actas dicen que lo liberaron el mismo día, pero no se condice con lo que yo vi y conozco porque trabajaba en el barrio", respondió Isaía.

La presidenta del Tribunal María Ivón Vella le preguntó cómo conoció a 'Bebo' Rodríguez.

- Yo trabajaba en un salón de la Municipalidad, en Barranquitas. La casa del Bebo está a 30 metros. Conocí a muchas familias como los Rodríguez - contestó Isaía. Y volvió a plantear que la fecha en que liberaron a Rodríguez no coincide con su recuerdo. "El acta dice que lo liberaron el 30 de marzo y para mi fue después. Estuvo detenido más tiempo. Hay una persona que lo ve en el lugar (a la vuelta del negocio de Suppo), una testigo que lo identifica".

El defensor oficial Martín Gesino le preguntó por lo detenidos en la "razzia" en Barranquitas. "¿Recuerda los nombres y la cantidad?

- Entre siete y diez pibes: el 'Bebo', 'Toti', 'Caio' y unos cuantos más. Entre siete y diez pibes de 18 a 20 años - dijo Isaía

- ¿Vio reflejada esas detenciones en el expediente?

- No recuerdo.

- ¿Sabe por qué la Policía hizo la razzia?

- Es una zona de tres manzanas donde yo trabajaba y se llevaron los pibes.

- ¿En ese barrio vivían los imputados Sosa y Cóceres?

--No. Es la otra punta de la ciudad. Barranquitas está en el norte y el barrio 2 de Abril (donde vivían Sosa y Cóceres) en el extremo sur - concluyó Isaía.

Para la hija de Silvia Suppo, la reconstrucción del crimen "destaparía muchas cosas"

Según la querellante es sorprendente que no haya aún ningún policía imputado
 
La hija de Sivia Suppo, militante social y ex presa política de la dictadura que fue asesinada en la ciudad de Rafaela el 29 de marzo de 2010, Marina Destéfani, sostuvo hoy que "una reconstrucción del hecho es la piedra en el zapato, porque allí se destaparían muchas cosas", refiriéndose al juicio que investiga el crimen, cuya marcha criticó. "Se podría apreciar cómo se van luego de matarla, cuántas son las puñaladas y, sobre todo, cuándo quedó en claro que uno de los dos cuchillos encontrados no fue utilizado (para asesinarla); o el famoso remisero que los llevó a la salida y al que nunca se lo encontró", declaró Destéfani a Télam.

La hija de Silvia Suppo formuló estas declaraciones luego de la audiencia de esta mañana ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría.

"Inspecciones oculares ya se hicieron un montón, pero puede ser importante la presencia de los jueces (en la reconstrucción) ya que pueden tomar dimensiones de muchas cosas" dijo Destéfani, y añadió que, "a pesar de la negativa de los imputados, se puede hacer con actores"

La hija de Suppo deploró "toda la prueba que se nos fue negada en este juicio" y afirmó que "se viene actuando de manera tal que no aclara cosas. Nunca se abrió una causa por encubrimiento o que se investigue en Asuntos Internos de la Policía".

"Nos sorprende que no haya ningún policía imputado" dijo, y apuntó que hay "un grado total de impunidad. Nadie se acuerda de nada, el día del crimen todos trabajaron de choferes, según declararon".

Silvia Suppo fue apuñalada en su comercio del centro de Rafaela el 29 de marzo de 2010, poco después de declarar en el juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos ocurridos tras su secuestro.

Su caso, en otro escenario, presenta cierta semejanza con el del desaparecido Julio Jorge López, desaparecido luego de atestiguar en juicio contra el genocida bonaerense Miguel Etchecolatz.

Juicio por asesinato de Silvia Suppo: rechazan la reconstrucción

El Tribunal rechazó la reconstrucción del crimen ante la negativa de los propios imputados. Una médica y perito de la querella reveló que uno de los cuchillos secuestrados en la causa no es el arma homicida. Los dos estaban limpios sin material genético.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe rechazó ayer la reconstrucción del asesinato de Silvia Suppo tras el testimonio de una perito de la querella que reveló que uno de los cuchillos secuestrados en la causa no es el arma homicida y planteó dudas sobre el otro porque en ninguno de los dos se encontraron restos genéticos de la víctima. La médica María Dolores Perassolo declaró en la tercera semana del juicio para explicar los resultados de las autopsias que se realizaron en el cuerpo: la primera en Santa Fe, el 30 de marzo de 2010, al día siguiente del crimen y la segunda, varios meses después, que tampoco logró aclarar puntos oscuros.

El gran interrogante era si los dos cuchillos hallados por la Policía de Rafaela -uno de cocina con mango de madera tipo Tramontina y otro con hoja de doble filo de diez centímetros- eran compatibles con las heridas. Perassolo descartó al primero. "Un cuchillo de esas características no participó", dijo. Y expresó dudas sobre el otro porque "los dos estaban absolutamente limpios", sin material genético y "eso es muy difícil de lograr". "Hay que saber limpiarlos para que no quede ADN en la superficie", agregó.

En el ataque, Suppo sufrió nueve puñaladas, tres de ellas letales, pero no tenía heridas defensivas ni escoriaciones en manos y brazos. No había material genético debajo de las uñas. "Ella no se defendió", dijo Perassolo. Y explicó que Silvia recibió también un golpe en el parietal derecho con "una objeto rígido", con lo cual planteó la hipótesis de que quedó inerte y la apuñalaron sin resistencia. "Las heridas no se corresponden con una lucha. Es posible que hubiera quedado inconciente. La golpearon y la apuñalaron o la apuñalaron y ella se cayó", dijo Perassollo. "Por eso, sería importante la reconstrucción del hecho", entendió.

De las nueve puñaladas que recibió Suppo, tres fueron muy certeras: en el corazón, uno de los pulmones y el abdomen, que le provocaron una hemorragia general que le costó la vida. Intentaron reanimarla, pero llegó al quirófano casi sin signos vitales y con un paro cardiorespiratorio. "Nos llamó la atención el ensañamiento y la precisión con que se lesionaron órganos vitales. Evidentemente, los que la atacaron sabían lo que hacían", afirmó Perassolo. "No es fácil colapsar un pulmón y atravesar de una puñalada la parrilla toráxica", remarcó.

Uno de los abogados querellantes, Guillermo Munné, le preguntó si el resultado de las autopsias podía determinar la altura del atacante. Perassolo le respondió que para eso sería necesaria "una reconstrucción del hecho, se analizó la ropa de la víctima y de los atacantes y no se obtuvo nada".

Munné y su colega Lucila Puyol ya habían pedido la reconstrucción del crimen al juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, pero los imputados, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, se negaron a participar. Después, la solicitaron ante el propio Tribunal Oral que también la rechazó, así que el incidente llegó hasta la Cámara Nacional de Casación Penal. Y ayer, insistieron por tercera vez.

La fiscal Natalia Palacín no acompañó la solicitud de la prueba. "No es necesaria, pero no tenemos objeciones de que se realice", dijo. Mientras que el defensor oficial, Martín Gesino, directamente se opuso y planteó "la negativa de sus defendidos" Cóceres y Sosa a participar en una eventual reconstrucción del hecho.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó el pedido de los querellantes. "No resulta posible la reconstrucción del hecho, en principio, ante la negativa de los propios imputados", leyó la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella. Y sugirió que una alternativa sería "una inspección ocular" del lugar del hecho. "Mantenemos entonces la queja ante la Cámara de Casación", dijo Munné.

El juicio seguirá el viernes y Munné y Puyol ya anticiparon que le pedirán a los jueces que fijen fecha para la inspección ocular del negocio de Suppo, donde la mataron el 29 de marzo de 2010.

Nuevos testimonios en el juicio por la muerte de Silvia Suppo, incluido un albañil a quien torturaron

La noche anterior al crimen

El Tribunal Oral de Santa Fe reanudó el juicio por el asesinato de Suppo. Una testigo dijo que Silvia padeció un seguimiento poco antes del asesinato que la dejó "asustada". Además la policía nunca preservó la escena del lugar.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe reanudó el juicio por el asesinato de Silvia Suppo. Dos de los testigos que declararon ayer ofrecidos por su familia -su yerno, Germán Heck y la ex novia de su hijo, Estefanía Orellano-, ratificaron ante los jueces que la policía de Rafaela nunca preservó la escena del crimen, donde Silvia sufrió nueve puñaladas que le costaron la vida. Heck dijo que uno de los médicos que asistió a su suegra se sorprendió por el "grado de ensañamiento" del ataque y lo atribuyó a un victimario que "no está en sus cabales" o "alguien que sabe lo que hace, porque no es fácil atravesar el pecho o las costillas de una persona". Estefanía reveló otro hecho inquietante: un seguimiento que sufrió Silvia poco antes de que la mataran, cuando salió a caminar a la noche con una amiga y padeció el acoso de un vehículo utilitario Kangoo que la dejó "asustada". Los dos hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani, ya habían relatado incidentes similares, entre ellos otro seguimiento a Andrés, cuando salió de su casa al amanecer, rumbo a su trabajo, el mismo día que asesinaron a su mamá.

El juicio a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres, se reanudó ayer con la declaración de seis testigos. La última, fue la madre de Cóceres, María Rosa Sánchez, que entregó a su hijo y a su sobrino a la policía a las 48 horas del crimen, el 31 de marzo de 2010. La noche anterior, hubo un allanamiento en su casa en Santa Fe, en el barrio San Agustín, que duró "casi toda la noche". "¿Cómo toda la noche", le preguntó la abogada querellante, Lucila Puyol.

Sí, toda la noche- respondió Sánchez. El procedimiento se inició a la una de la madrugada y se extendió hasta las seis. "Nos rompieron todo", dijo la mujer. La Policía buscaba a Sosa y Cóceres y al día siguiente, cuando regresaron a la casa, ella los entregó en la comisaría 7ª.

La audiencia comenzó con los testimonios de Heck y Orellano, que relataron las horas siguientes tras el ataque a Silvia. Estefanía fue la primera que se enteró. Ella trabaja en el servicio de emergencias de Rafaela, donde una compañera recibió la llamada que pedía una ambulancia para una "persona mal herida" en el negocio de Suppo.

Los dos testigos coincidieron que la policía nunca preservó la escena del crimen. Y cuando llegaron (juntos con Andrés y Marina Destéfani) "había mucha gente adentro del negocio" y ninguna "faja de seguridad", apuntó Orellano. "Un policía nos dijo que buscáramos el cuchillo. Lo buscamos. Y después nos dijo que podíamos limpiar, pero un amigo de Silvia nos advirtió que no tocáramos nada", agregó.

La presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, le preguntó por qué la policía le pidió que limpiaran la escena. "Nos dijo que ya habían hecho su trabajo" en la búsqueda de supuestas huellas y rastros contestó Estefania.

En otro tramo de su relato, Estefanía dijo que Silvia estaba "asustada" por un hecho que había ocurrido poco antes de aquel 29 de marzo de 2010: "Me dijo que una nochecita había salido a caminar con una amiga y la había seguido una camioneta Kangoo, desde donde le dijeron cosas".

¿Le dijo si había visto movimientos extraños o sospechosos en el negocio? ¿O si había recibido amenazas? -le preguntó Puyol.

Lo más cercano fue lo de la Kangoo. Estaba asustada -repitió. En su testimonio en la instrucción, Estefanía dijo que Suppo "trató de meterse en algún lugar o doblar de forma tal que la Kangoo no la pudiera seguir, pero no sabía de quién se trataba".

EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DE SILVIA SUPPO, UN ALBAñIL CONTO QUE LO TORTURARON
"Querían que me hiciera cargo de algo"

La policía provincial de Rafaela allanó de manera irregular la casa del joven, hoy de 23 años. Le pegaron, le quebraron el tabique y le hicieron el submarino seco para que confesara el crimen de la testigo de causas de lesa humanidad.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Un albañil de 23 años, Juan Ramón Vázquez, a quien le allanaron la casa en un barrio de Rafaela y estuvo preso cuatro horas tras el asesinato de Silvia Suppo, el 29 de marzo de 2010, denunció ante el Tribunal Oral de Santa Fe que fue torturado durante su detención en la Policía de Rafaela, donde le marcaron el rostro a golpes, le quebraron el tabique de la nariz y hasta le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza. Todo, con el supuesto objetivo de involucrarlo en la causa. "Me pegaron. Querían que me hiciera cargo de algo que no hice. Y después, me largaron", reveló Vázquez al declarar esta semana como testigo en el juicio a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es parte querellante, pedirá al Tribunal que ordene investigar las torturas que sufrió Vázquez en el momento de su detención, según adelantó la abogada Lucía Tejera a Rosario/12. "Lo vamos a plantear en el alegato. Vamos a señalar todas las cuestiones que se han ventilado en las audiencias sobre el proceder de la policía de la provincia, que no preservó la escena del crimen y el papel que cumplió en los allanamientos y en la investigación", agregó.

Vázquez está detenido por otro hecho que no tiene nada que ver con el caso y esta semana lo llevaron a declarar ante el Tribunal. "¿Puedo decir algo?", preguntó apenas se sentó ante los jueces. "No", lo frenó la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, quien le dijo que había sido llamado como testigo y, primero, debía responder las preguntas de las partes.

- ¿Conoce el hecho que se investiga en esta causa? - le preguntó la abogada querellante, Lucila Puyol.

- No. No sé por qué me trajeron acá - protestó Vázquez. La jueza Vella le explicó entonces que era el juicio por el homicidio de Suppo y había sido convocado a pedido de la querella. En las horas siguientes del crimen, la Policía de Rafaela comenzó una escalada de allanamientos en barrios populares, entre ellos Barranquitas y 2 de Abril (donde vivían Sosa y Cóceres). Y como Vázquez cayó en la redada y estuvo detenido cuatro horas, lo citaron como testigo.

Puyol le preguntó si vivía en Barranquitas y si su casa había sido allanada el 29 de marzo de 2010.

- Sí - contestó Vázquez.

- ¿Le mostraron la orden de allanamiento?

- No.

--¿Fue arrestado?

- Sí. Me llevaron por averiguación de antecedentes.

- ¿Le preguntaron sobre este hecho?

- Sí. Querían que me hiciera cargo de algo que no hice - dijo. Y relató la secuencia del apriete: lo detuvieron por "averiguación de antecedentes", después lo acusaron de "un robo" y luego le dijeron que "él había robado en el negocio" de Suppo. "Yo no sabía que estaba muerta", dijo Vázquez. En esas cuatro horas, "me pegaron, me quebraron el tabique, me pusieron una bolsa (de nylon) en la cabeza", denunció. Lo dejaron libre a las 10 de la noche, con una constancia de que "era totalmente ajeno al hecho".

- ¿Hizo la denuncia?

- No - dijo el testigo. En el expediente, Vázquez declaró dos veces: el 29 de marzo de 2010 ante el jefe de Investigaciones, Horacio Maidana y el oficial Cristian Nagel y al día siguiente, ante el juez de la causa, Alejandro Mognaschi, pero no mencionó las torturas. "¿Quién va a denunciar a la policía?", se justificó en el juicio.

En la investigación del asesinato de Silvia operaron dos grupos: la brigada de Investigaciones a cargo de Maidana, a quien secundaba Nagel y el jefe de la seccional 1ª de Rafaela, Dante Giménez, que tenía como "secretario de actuaciones", al hoy comisario Carlos Alberto Flores. Los cuatro declararon en el juicio. Rosario/12 ya informó que Flores está preso desde en mayo de 2014 cuando era el jefe de la comisaría de Frontera por supuesta "tentativa de homicidio" y "lesiones gravísimas" en tres hechos, entre ellos el del chico que la Policía de San Francisco encontró atado con cintas a un palo que le atravesaba la espalda en cruz y le cubrían parte del rostro.

La última pregunta a Vázquez se la hizo la presidenta del Tribunal. "¿Qué quería decirnos cuando llegó?", le planteó la doctora Vella. Vázquez rezongó por la forma en que lo habían trasladado desde la cárcel de Coronda a la audiencia. "Yo pensaba que me llevaban a Rafaela, no a Santa Fe". Más tarde, la abogada Tejera se hizo eco de la queja y advirtió sobre una supuesta "notificación irregular", pero el Tribunal rechazó el planteo y dijo que el trámite se cumplió con "normalidad". "Quédese tranquila, doctora, se cumplieron todas las normas legales", le contestó el juez José María Escobar Cello.

Santa Fé: Desplazado el jefe policial por antisemita por otro involucrado en causa por drogas

Salida para el comisario de la esvástica

Tras los reclamos del Inadi y de organismos de derechos humanos, el gobierno de Bonfatti separó a Juan Pablo Garro, a quien recientemente había nombrado en Santa Fe. En su lugar reasumirá el comisario Sergio Vergara, involucrado en una causa por drogas.

La gobernación de Santa Fe sufrió un nuevo traspié en el manejo de la policía de la provincia. Ayer tuvo que desplazar de su cargo al comisario inspector Juan Pablo Garro, al que había designado como nuevo jefe de la Unidad Regional I –jefe de policía de la ciudad de Santa Fe–: la marcha atrás se debió a las quejas del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y los organismos de derechos humanos porque el policía había sido investigado en 2006 por presuntas conductas antisemitas y por tener en su despacho un cuadro con símbolos nazis. Como una sorpresa extra, la administración del socialista Antonio Bonfatti anunció que el lunes reasumirá el anterior titular de la dependencia policial, el comisario Sergio Vergara, que estaba de licencia obligada porque fue involucrado en una causa por presunto tráfico de drogas.

Los anuncios estuvieron a cargo del ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi. Al confirmar que la gobernación había resuelto sacar al comisario Garro para reponer al comisario Vergara, el funcionario argumentó que la designación del primero había sido “transitoria, al solo efecto de poder disponer de un funcionamiento adecuado para estos días en que Vergara tuvo que pedir licencia”.

Tras conocerse la novedad, el abogado de Vergara salió a hablar por los medios, a los que aseguró que su defendido “nunca” estuvo imputado en la causa conocida popularmente como la “del camión con droga” ni fue llamado a indagatoria.

Vergara había tenido que dejar su puesto por este caso, de fuertes repercusiones. La investigación, a cargo del juez federal Reinaldo Rodríguez, está centrada en un operativo en el que la policía informó haber encontrado un camión abandonado con una tonelada y media de marihuana. En el expediente fueron procesados el ex jefe de Orden Público Cristian Hang, el ex jefe de Inspección Martín Díaz y el sargento Alejandro Agüero, que operó en la sección inteligencia de Drogas Peligrosas. A pedido del fiscal Walter Rodríguez, el ahora repuesto Vergara y su subjefe, Sergio Fernández, tuvieron además que hacer un descargo ante el juez.

El camión apareció varado en la zona conocida como Arroyo Leyes, el 2 de noviembre a la madrugada. La policía presentó el operativo como un golpe al narcotráfico, pero el fiscal Rodríguez consideró en cambio que se trató de “una puesta en escena de la supuesta labor desplegada por la fuerza” que “no reflejó la realidad de lo ocurrido”.

Según el fiscal, del camión –que en las actas apareció estacionado y sin chofer– fue en realidad descargado parte del cargamento de droga, en una maniobra en la que habría participado el sargento Agüero, hoy procesado por presunto tráfico de estupefacientes agravado. Agüero quedó en prisión, al igual que Hang y Díaz, éstos acusados por supuesto encubrimiento agravado y por “favorecer la evasión de Agüero”, violación de deberes de funcionario público” y “falsificación ideológica de documento público”.

En cuanto a Garro, había sido ascendido hace menos de una semana, provocando la reacción del Inadi, que reclamó al gobernador Antonio Bonfatti que reviera la medida.

El Instituto contra la Discriminación alertó que el comisario, de acuerdo con una denuncia que guardaba en sus archivos, habría maltratado a un agente por su color de piel y por estar casado con una judía. El denunciante contó que el entonces subcomisario lo denigraba diciéndole cosas como “los negros son fusibles”, “negro de mierda” y “si Hitler hubiera estado acá tu familia no estaría hoy”. En el momento de ser denunciado, Garro era jefe del Grupo de Operaciones Especiales y le abrieron un sumario administrativo y una causa judicial, por lo que fue desplazado del cargo, aunque luego los expedientes resultaron archivados.

A Garro le habían encontrado además, en su despacho, un cuadro con una esvástica: él argumentó que se trataba de un regalo que “sólo había conservado”.

Junto con el Inadi se quejaron también los organismos de derechos humanos. “No se puede poner en ese cargo a un policía nazi”, señaló Celina “Queca” Kofman, integrante de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe. “Nosotros estamos cuestionando hace años a la policía provincial, ¿cómo podemos pensar en un jefe de policía con ideología nazi?” La agrupación H.I.J.O.S, la comunidad judía de Santa Fe y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia se manifestaron en el mismo sentido.

Garro finalmente debió pedir licencia. Ayer sostuvo no ser “nazi ni fascista”. “Tomo esta decisión por mi familia”, señaló, “para que descanse un poco de todas las habladurías falsas que están circulando sobre mi persona”.

Silvia Suppo : sus hijos relataron las profusas irregularidades en la investigación policial.

Declararon en la causa por el crimen de su madre "A los únicos que investigaron fue a nosotros, las víctimas", dijeron los hijos de Silvia Suppo

Andrés y Marina Destéfani relataron las profusas irregularidades en la investigación policial.
Andrés Destéfani pudo hablar con su mamá, Silvia Suppo, cuando la llevaban al quirófano del hospital de Rafaela tras las nueve puñaladas que le costaron la vida. Fue un momento. Le preguntó si la habían robado y ella le contestó: "¿Cómo me robaron?". El ignoraba que serían las últimas palabras de Silvia y el rostro de sorpresa, su última imagen, que guardó en la memoria. Andrés y su hermana, Marina Destéfani, declararon ante el Tribunal Oral de Santa Fe que juzga a los imputados por el crimen, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres. Los hijos de Suppo relataron el espanto del 29 de marzo de 2010, hace ya cuatro años y su demanda de justicia, pero también las "irregularidades" de la investigación, los manejos de la policía, las escuchas secretas a la familia y hasta un acoso telefónico. "Los únicos investigados fuimos nosotros", dijo Marina al revelar que en la causa se desgrabaron los diálogos con sus abogados y funcionarios del programa nacional Verdad y Justicia. "Los únicos escuchados e investigados fuimos las víctimas", denunció. "¿Y cómo siguió su vida?", le preguntó la querellante Lucila Puyol. "Con mucho miedo y tensión", contestó. Sosa y Cóceres son juzgados por supuesto "homicidio agravado" en ocasión de robo. La hipótesis del crimen político está varada en primera instancia, con dos imputados a los que la Cámara Federal de Rosario les dictó la "falta de mérito".

Silvia fue testigo en la causa Brusa, que terminó en diciembre de 2009 con condenas de entre 19 y 23 años de prisión para cinco genocidas santafesinos. Era la primera por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe.

Andrés dijo que ese lunes se levantó temprano. Cruzó a Silvia antes del desayuno y se fue a trabajar. La casa está al lado del negocio de los Destéfani, con una puerta que los comunica. Intentó apagar las luces del local, pero las dejó encendidas porque frente a la vidriera había un "hombre alto, robusto, pelado", que miraba hacia adentro. Salió a la calle. El hombre empezó a caminar atrás de él, un buen trecho, hasta que se cruzó de vereda, da cuenta Rosario/12.

*La carrera desesperada. Eran casi las diez, cuando Andrés recibió un llamado para que volviera al negocio de su madre porque habían pedido una ambulancia. Corrió. Y cuando llegó, la ambulancia partía hacia el hospital. "El local estaba lleno de gente", les dijo a los jueces. Y recordó lo que había visto en la parte posterior del negocio. Un cuadro del asalto: el charco de sangre, los zapatos de su mamá desparramados, los anteojos rotos y el cristal suelto, con salpicaduras rojas. "Mi mamá fue atacada en el fondo del negocio", interpretó. Andrés dijo que la policía nunca preservó la escena. "Nos pidieron que buscáramos los cuchillos" y después "nos dijeron: 'Si quieren limpiar, limpien'". Ellos no limpiaron.

Marina se enteró del ataque por un llamado de Andrés. Y al llegar, la impactó el desorden, la confusión. "Había vecinos pisando la sangre y con mi cuñada, Estefanía Orellano, tratamos de sacarlos afuera". Un policía nos pedía que "buscáramos el arma, que el cuchillo debía estar por allí". Y se revolvió todo. "La Policía nos dijo que limpiáramos".

¿Qué medidas de seguridad se adoptaron para preservar la escena? le preguntó otro de sus abogados, Guillermo Munné.

- Ninguna - contestó Marina. Y explicó que las cosas que supuestamente se llevaron Sosa y Cóceres no tenían valor de reventa. "Eran objetos de plata muy identificables". "Había cosas de más valor que no se llevaron". Silvia ahorraba en euros porque tenía previsto un viaje a Europa para visitar a su hermano, Hugo Suppo, que también va a declarar en el juicio, en febrero.

La fiscal de la causa y hoy jueza de Rafaela, Cristina Fortunato, recién apareció al día siguiente. "Teníamos derecho a que estuviera en ese momento", se quejó Marina.

- ¿Por qué usted dice: 'la fiscal'? preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal

- Porque después nos enteramos que era la doctora Fortunato -dijo Marina. Y siguió: "Mamá tenía muchas heridas" y "muy precisas". "Las nueve puñaladas eran indicios de algo muy extraño".

*El otro suplicio. "La policía nos pidió los números de teléfonos de la familia y se los dimos. Al poco tiempo, comenzamos a recibir llamadas extrañas, solicitando servicios sexuales", relató Marina. El acoso lo sufrió ella y su cuñada. Después, Andrés comentó que eran "llamadas de Rafaela, Buenos Aires y de Santa Fe". Y hasta "tres o cuatro ocasiones en distintas noches".

"Los únicos teléfonos investigados fueron los nuestros", apuntó Marina. Las escuchas a la familia se agregaron a la causa. "Los únicos que fuimos investigados y escuchados fuimos las víctimas". Y entre esas desgrabaciones, había diálogos con sus abogados o funcionarios del programa Verdad y Justicia. En esa etapa, el juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, llegó a rechazar como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que hoy es parte en el juicio.

Andrés dijo que el juez ordenó a la policía investigar el origen de las llamadas, pero sin resultados. "Una era de un hotel de Rafaela, donde había una lista con teléfonos y el de Estefanía se agregó a mano. Se le preguntó al hotel de qué habitación habían realizado la llamada y contestaron que no sabían porque el conmutador estaba roto".

*El video oculto. La trama de las filmaciones de la terminal de ómnibus de Rafaela volvió a salir en el juicio. El hecho ocurrió en las 48 horas siguientes del asesinato. Uno de los responsables de la empresa, Hernán Gunzinger - que está citado a declarar- dijo que entregó el CD al ex subjefe de Policía de Rafaela, Leandro Amaya, pero no le hizo firmar ningún papel. Amaya negó haberlo recibido y el video recién se incorporó a la causa, cuando Gunzinger entregó una segunda copia al juez Mognaschi, tres meses después, en junio de 2010.

Marina recordó el episodio en el juicio y dijo que en video se pueden ver a Sosa y Cóceres (antes de fugarse a Santa Fe, donde fueron detenidos) junto a otras dos personas: la hermana de Sosa, Marcela, con un bebé en brazos y "un hombre de pelo corto, de unos 40 años. Ese hombre nunca se identificó". Denunciamos el hecho "ante Asuntos Internos, pero no se hizo nada".

"La policía se manejaba de manera irregular con nosotros. Venían a las horas más imprevistas, incluso a la noche, para que reconociéramos algo o intentar que firmáramos algo", comentó Marina

*El hombre de afuera. Cuando declaró Andrés, el fiscal le preguntó sobre ese hombre que había visto al salir de su casa, el 29 de marzo, y lo siguió en el trayecto a su trabajo. "¿Lo volvió a ver?", le planteó Suárez Faisal.

- Sí - contestó Andrés. Lo ví dos veces, en un auto Megane blanco. Lo ví en dos ocasiones en la calle, en Rafaela.

- ¿Conoce a los imputados?

- Sí, a Sosa - respondió- . Porque cuidaba y lavaba autos en la cuadra del negocio de Silvia y a la vuelta de la esquina, frente a un restaurante. "Era un habitual de la zona, lo conocía toda la cuadra", dijo. Por eso, Andrés cree que "la intención de matarla estaba desde el primer momento porque si ella sobrevivía lo iba a reconocer", concluyó

Los restos de Mencho Germano fueron ayer devueltos a sus familiares

La coronación de un largo proceso

"Este proceso culmina con esta contradesaparición, que es la que permite que sepamos sin ningún margen de duda que Eduardo sí fue secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo escondido", enfatizó su hermano al recibir la urna en el Patio Cívico.

 Por José Maggi

Los convocó el reencuentro con Gustavo "Mencho" Germano, quien estuvo detenido en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura durante la última dictadura, y cuyos restos fueron ayer devueltos a sus familiares. Estaban allí Madres y Abuelas de la Plaza 25 de Mayo, Hijos, Familiares, militantes, ex detenidos desaparecidos, abogados, jóvenes de La Cámpora, Movimiento Evita y Unión de Estudiantes Secundarios, quienes hoy retoman las banderas que levantaba el Mencho. Fue ayer cuando caía la tarde en el Patio Cívico de Dorrego y San Lorenzo.

Su hermano Gustavo Germano, autor de la muestra fotográfica "Ausencias" fue quien recibió la urna con sus restos. "A 38 años del día en que mi hermano fue detenido con solo 18 años y torturado en este mismo lugar, y luego asesinado y su cuerpo escondido, podemos reencontrarnos con él", dijo. Y citó al poeta Juan Gelman, quien "decía que la palabra desaparecido era un poco tramposa, porque esconde cuatro procesos: el secuestro, la tortura, el asesinato y la ocultación del cuerpo". "Hoy (por ayer) siento que estamos coronando un proceso muy largo, fruto de una lucha colectiva durante cuatro décadas. Este proceso culmina con esta contradesaparición, que es la que permite que sepamos sin ningún margen de duda que Eduardo sí fue secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo escondido", enfatizó.

Viejos compañeros de militancia del Mencho recrearon la historia contada en la página web de Roberto Baschetti: "El día de la Navidad del 76, Germano fue asesinado en el barrio rosarino de Fisherton (calles Boulevard Argentino y Colombres), junto a otra compañera detenida María Cristina Pagnanelli. El comandante de Gendarmería, Feced, temible represor, ordenó cerrar el barrio e hizo traer a los dos jóvenes maniatados y en mal estado de salud, adentro de un Ford Falcon; los bajaron y los pusieron dentro de una estructura de metal de unos 4 metros de diámetro por 2 metros de alto. Luego hicieron explotar el cubículo con los dos pibes adentro, por lo que debieron recoger los restos diseminados algunos de los cuales fueron hallados por los propios vecinos el día después. Sus restos fueron enterrados como N.N. en el cementerio rosarino de La Piedad". Justamente el lugar donde fueron identificados tras la incansable tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, con Miguel Nieva a cargo de la investigación junto a la fiscal federal Mabel Colalongo, ambos ausentes ayer de la ceremonia.

La intendenta Mónica Fein y el ministro de Justicia Juan Lewis, participaron del acto, al igual que el secretario de Seguridad Comunitaria Angel Ruani, el subsecretario de Derechos Humanos Ramón Verón, y la Directora de la Memoria Nadia Schujman. Esta última -como abogada querellante de la causa Feced, que actualmente está en instrucción investigando entre otros el crimen de Germano en el Servicio de Informaciones- anunció que hoy presentara un nuevo pedido para que sean indagados los responsables de ese centro clandestino de detención. Schujman explicó a Rosario/12 que el pedido ya había sido girado hace varios meses -aunque sin suerte- por el fiscal Gonzalo Stara al juez federal Marcelo Bailaque.

También fue recordada en el acto María Luisa Quattrín, una estudiante secundaria de 18 años secuestrada y desaparecida en Fray Luis Beltrán.

Viviana Nardone y Rubén Chababo, responsables del Museo de la Memoria de Rosario, recibieron el expediente judicial con el caso Germano, para sumarlo a su biblioteca.

Gustavo Germano tuvo un aparte en su discurso para aquellos que hoy proponen cerrar el tema de los derechos humanos: "Esta gente no tiene ni idea de lo que ha sido esta construcción, de lo que ha sido este fenómeno social que surgió en tiempos en que gran parte de la sociedad justificaba estos hechos, o quería pensar en que no sucedían".