Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

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domingo, 8 de febrero de 2015

Nuevos testimonios en el juicio por la muerte de Silvia Suppo, incluido un albañil a quien torturaron

La noche anterior al crimen

El Tribunal Oral de Santa Fe reanudó el juicio por el asesinato de Suppo. Una testigo dijo que Silvia padeció un seguimiento poco antes del asesinato que la dejó "asustada". Además la policía nunca preservó la escena del lugar.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe reanudó el juicio por el asesinato de Silvia Suppo. Dos de los testigos que declararon ayer ofrecidos por su familia -su yerno, Germán Heck y la ex novia de su hijo, Estefanía Orellano-, ratificaron ante los jueces que la policía de Rafaela nunca preservó la escena del crimen, donde Silvia sufrió nueve puñaladas que le costaron la vida. Heck dijo que uno de los médicos que asistió a su suegra se sorprendió por el "grado de ensañamiento" del ataque y lo atribuyó a un victimario que "no está en sus cabales" o "alguien que sabe lo que hace, porque no es fácil atravesar el pecho o las costillas de una persona". Estefanía reveló otro hecho inquietante: un seguimiento que sufrió Silvia poco antes de que la mataran, cuando salió a caminar a la noche con una amiga y padeció el acoso de un vehículo utilitario Kangoo que la dejó "asustada". Los dos hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani, ya habían relatado incidentes similares, entre ellos otro seguimiento a Andrés, cuando salió de su casa al amanecer, rumbo a su trabajo, el mismo día que asesinaron a su mamá.

El juicio a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres, se reanudó ayer con la declaración de seis testigos. La última, fue la madre de Cóceres, María Rosa Sánchez, que entregó a su hijo y a su sobrino a la policía a las 48 horas del crimen, el 31 de marzo de 2010. La noche anterior, hubo un allanamiento en su casa en Santa Fe, en el barrio San Agustín, que duró "casi toda la noche". "¿Cómo toda la noche", le preguntó la abogada querellante, Lucila Puyol.

Sí, toda la noche- respondió Sánchez. El procedimiento se inició a la una de la madrugada y se extendió hasta las seis. "Nos rompieron todo", dijo la mujer. La Policía buscaba a Sosa y Cóceres y al día siguiente, cuando regresaron a la casa, ella los entregó en la comisaría 7ª.

La audiencia comenzó con los testimonios de Heck y Orellano, que relataron las horas siguientes tras el ataque a Silvia. Estefanía fue la primera que se enteró. Ella trabaja en el servicio de emergencias de Rafaela, donde una compañera recibió la llamada que pedía una ambulancia para una "persona mal herida" en el negocio de Suppo.

Los dos testigos coincidieron que la policía nunca preservó la escena del crimen. Y cuando llegaron (juntos con Andrés y Marina Destéfani) "había mucha gente adentro del negocio" y ninguna "faja de seguridad", apuntó Orellano. "Un policía nos dijo que buscáramos el cuchillo. Lo buscamos. Y después nos dijo que podíamos limpiar, pero un amigo de Silvia nos advirtió que no tocáramos nada", agregó.

La presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, le preguntó por qué la policía le pidió que limpiaran la escena. "Nos dijo que ya habían hecho su trabajo" en la búsqueda de supuestas huellas y rastros contestó Estefania.

En otro tramo de su relato, Estefanía dijo que Silvia estaba "asustada" por un hecho que había ocurrido poco antes de aquel 29 de marzo de 2010: "Me dijo que una nochecita había salido a caminar con una amiga y la había seguido una camioneta Kangoo, desde donde le dijeron cosas".

¿Le dijo si había visto movimientos extraños o sospechosos en el negocio? ¿O si había recibido amenazas? -le preguntó Puyol.

Lo más cercano fue lo de la Kangoo. Estaba asustada -repitió. En su testimonio en la instrucción, Estefanía dijo que Suppo "trató de meterse en algún lugar o doblar de forma tal que la Kangoo no la pudiera seguir, pero no sabía de quién se trataba".

EN EL JUICIO POR EL ASESINATO DE SILVIA SUPPO, UN ALBAñIL CONTO QUE LO TORTURARON
"Querían que me hiciera cargo de algo"

La policía provincial de Rafaela allanó de manera irregular la casa del joven, hoy de 23 años. Le pegaron, le quebraron el tabique y le hicieron el submarino seco para que confesara el crimen de la testigo de causas de lesa humanidad.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Un albañil de 23 años, Juan Ramón Vázquez, a quien le allanaron la casa en un barrio de Rafaela y estuvo preso cuatro horas tras el asesinato de Silvia Suppo, el 29 de marzo de 2010, denunció ante el Tribunal Oral de Santa Fe que fue torturado durante su detención en la Policía de Rafaela, donde le marcaron el rostro a golpes, le quebraron el tabique de la nariz y hasta le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza. Todo, con el supuesto objetivo de involucrarlo en la causa. "Me pegaron. Querían que me hiciera cargo de algo que no hice. Y después, me largaron", reveló Vázquez al declarar esta semana como testigo en el juicio a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es parte querellante, pedirá al Tribunal que ordene investigar las torturas que sufrió Vázquez en el momento de su detención, según adelantó la abogada Lucía Tejera a Rosario/12. "Lo vamos a plantear en el alegato. Vamos a señalar todas las cuestiones que se han ventilado en las audiencias sobre el proceder de la policía de la provincia, que no preservó la escena del crimen y el papel que cumplió en los allanamientos y en la investigación", agregó.

Vázquez está detenido por otro hecho que no tiene nada que ver con el caso y esta semana lo llevaron a declarar ante el Tribunal. "¿Puedo decir algo?", preguntó apenas se sentó ante los jueces. "No", lo frenó la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, quien le dijo que había sido llamado como testigo y, primero, debía responder las preguntas de las partes.

- ¿Conoce el hecho que se investiga en esta causa? - le preguntó la abogada querellante, Lucila Puyol.

- No. No sé por qué me trajeron acá - protestó Vázquez. La jueza Vella le explicó entonces que era el juicio por el homicidio de Suppo y había sido convocado a pedido de la querella. En las horas siguientes del crimen, la Policía de Rafaela comenzó una escalada de allanamientos en barrios populares, entre ellos Barranquitas y 2 de Abril (donde vivían Sosa y Cóceres). Y como Vázquez cayó en la redada y estuvo detenido cuatro horas, lo citaron como testigo.

Puyol le preguntó si vivía en Barranquitas y si su casa había sido allanada el 29 de marzo de 2010.

- Sí - contestó Vázquez.

- ¿Le mostraron la orden de allanamiento?

- No.

--¿Fue arrestado?

- Sí. Me llevaron por averiguación de antecedentes.

- ¿Le preguntaron sobre este hecho?

- Sí. Querían que me hiciera cargo de algo que no hice - dijo. Y relató la secuencia del apriete: lo detuvieron por "averiguación de antecedentes", después lo acusaron de "un robo" y luego le dijeron que "él había robado en el negocio" de Suppo. "Yo no sabía que estaba muerta", dijo Vázquez. En esas cuatro horas, "me pegaron, me quebraron el tabique, me pusieron una bolsa (de nylon) en la cabeza", denunció. Lo dejaron libre a las 10 de la noche, con una constancia de que "era totalmente ajeno al hecho".

- ¿Hizo la denuncia?

- No - dijo el testigo. En el expediente, Vázquez declaró dos veces: el 29 de marzo de 2010 ante el jefe de Investigaciones, Horacio Maidana y el oficial Cristian Nagel y al día siguiente, ante el juez de la causa, Alejandro Mognaschi, pero no mencionó las torturas. "¿Quién va a denunciar a la policía?", se justificó en el juicio.

En la investigación del asesinato de Silvia operaron dos grupos: la brigada de Investigaciones a cargo de Maidana, a quien secundaba Nagel y el jefe de la seccional 1ª de Rafaela, Dante Giménez, que tenía como "secretario de actuaciones", al hoy comisario Carlos Alberto Flores. Los cuatro declararon en el juicio. Rosario/12 ya informó que Flores está preso desde en mayo de 2014 cuando era el jefe de la comisaría de Frontera por supuesta "tentativa de homicidio" y "lesiones gravísimas" en tres hechos, entre ellos el del chico que la Policía de San Francisco encontró atado con cintas a un palo que le atravesaba la espalda en cruz y le cubrían parte del rostro.

La última pregunta a Vázquez se la hizo la presidenta del Tribunal. "¿Qué quería decirnos cuando llegó?", le planteó la doctora Vella. Vázquez rezongó por la forma en que lo habían trasladado desde la cárcel de Coronda a la audiencia. "Yo pensaba que me llevaban a Rafaela, no a Santa Fe". Más tarde, la abogada Tejera se hizo eco de la queja y advirtió sobre una supuesta "notificación irregular", pero el Tribunal rechazó el planteo y dijo que el trámite se cumplió con "normalidad". "Quédese tranquila, doctora, se cumplieron todas las normas legales", le contestó el juez José María Escobar Cello.


miércoles, 21 de marzo de 2012

Buscan cuerpos en el arroyo Candelaria

La justicia federal rosarina investiga enterramientos clandestinos en Casilda

La denuncia la hizo en 1984 un médico de apellido Heller, ya fallecido, y hasta 2005 nadie rastrilló ese sector. Ahora, por la intervención de la fiscal Mabel Colalongo, el Equipo Argentino de Antropología Forense explora el terreno.

 Por José Maggi

La justicia federal rosarina investiga un predio ubicado sobre la margen del arroyo Candelaria, en Casilda, en busca de posibles enterramientos clandestinos ocurridos durante la última dictadura. Todo comenzó en 1984 con la denuncia de un médico de Casilda de apellido Heller (ya fallecido) que había señalado el posible entrerramiento ilegal. La causa sin embargo recién tomó impulso el último año, con la intervención de la fiscal federal Mabel Colalongo, quien le solicitó peritar el terreno al juez federal Marcelo Bailaque. En la inspección realizada en setiembre de 2011, la fiscalía resolvió pedir se decrete la medida de no innovar sobre los dos sectores de terreno a analizar: se trata de dos rectángulos de tierra de 200 metros por 100 a la orilla del canal. El Equipo Argentino de Antropología Forense, con Miguel Nieva a al cabeza, trabaja en el terreno desde el último mes.

En 1984 un médico de Casilda denunció que en 1978 un campesino de la zona le había comentado que en el arroyo La Candelaria se habrían arrojado los cadáveres de varias personas. La hija del médico ratificó a mediados de 2005 la denuncia. A raíz de ese hecho, la Justicia había suspendido la tarea de remoción del arroyo sobre su margen izquierda, en un tramo de más de un kilómetro de extensión. Pero nunca se avanzó seriamente en el tema como ahora. Sobre ese arroyo, de 16 kilómetros de extensión, ubicado a unos 1000 metros de la Ruta Nacional 33, que une Rosario con el noroeste argentino, se efectuaron limpiezas de su lecho en 1984.

El EAAF trabaja con equipamiento que permite detectar sin excavar la presencia de restos óseos, pero lo más importante es el trabajo previo de investigación, que indicaran los posibles lugares.

Parte del sector a investigar es público, pero otro es privado. El juez Bailaque sin embargo firmó al orden judicial para trabajar en los dos sectores que data de setiembre de 2011. Sobre esta orden se notificó al gobernador de la provincia de entonces Hermes Binner, y al intendente de Casilda Juan Carlos Baccalini. Curiosamente, el propietario del campo lleva justamente ese apellido y es familiar del dirigente político. Aunque más curioso resulta que este haya colocado una tranquera sobre un camino público que debió ser abierta para poder llegar al lugar de trabajo.

En este sentido, Miguel Nieva del EAAF reveló a Rosario/12 que "se explora con diferentes técnicas, estamos explorando con nuevas tecnologías desde el punto de vista técnico, sobre la margen del arroyo para ver si hay enterramientos".

En 2005 se anunció que "el relevamiento sobre la zona en cuestión llevará aproximadamente dos meses de trabajo y mientras tanto el gobierno casildense podría continuar con la limpieza del arroyo únicamente en el trayecto que no aparece involucrado dentro de la denuncia. La dragalina retomó sus tareas merced a un acuerdo entre el municipio y las carteras provinciales de Derechos Humanos, Hidráulica, y Obras Públicas".

La zona que se investigó comprendió "un kilómetro de montículos de tierra ubicados sobre la margen sur del arroyo a unos mil metros de su cruce con la ruta nacional 33. Esa tierra esta allí desde la década del 70 cuando La Candelaria fue profundizada y ensanchada por primera vez tras una gran inundación que desencadenó en una violenta pueblada, conocida como el primer Casildazo".

También se advertía que "el estudio se realizará por etapas y el primer paso consistirá en rastrear la zona para detectar si hay metales compatibles con balas de armas de fuego, lo cual sería un indicio clave en la investigación. Además se harán radiografías terrestres y se tomarán fotos aéreas para luego comenzar con las remociones".

Sin embargo hay pocas constancias de este anunciado trabajo de investigación que se realizara en 2005. El tema continúa generando intriga en Casilda donde circulan versiones de todo tipo. Algunos sostienen la verosimilitud de la denuncia impulsada hace más de veinte años por Heller, mientras que otros la descalifican. Lo más sorprendente de esta historia es que nunca antes de 2005 se inspeccionó la zona.