Nueva indagatoria al ex capellán Zitelli

Una pieza insustituible de Feced

"Zitelli representa la autoría directa de la iglesia en la represión ilegal en Rosario", dijo el fiscal Stara, quien no pudo interrogar al imputado ya que por asesoramiento de su abogado defensor Oscar Romera, se abstuvo de declarar.

 Por José Maggi

Eugenio Zitelli -ex capellán policial durante la última dictadura- se presentó ayer ante el juez federal Marcelo Bailaque, quien lo imputó por "haber intervenido en carácter de capellán del Servicio de Informaciones y de la Alcaidía de la jefatura de policía de Rosario en la privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas de Patricio Downes, Tomasa Verdum, José Raúl Villarreal, María del Rosario Ortiz de Villarreal y Miguel Angel López". El fiscal federal Gonzalo Stara no tuvo oportunidad de interrogar al imputado ya que por asesoramiento de su abogado defensor Oscar Romera, Zitelli se abstuvo de declarar.

A pesar de que todavía está pendiente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en relación al primer procesamiento de Zitelli, por otros nueve casos similares, el juez Bailaque volvió a indagar al ex capellán.

Para Stara "Zitelli representa la autoría directa de la iglesia en la represión ilegal en Rosario. El ejercicio de su capellanía fue parte fundamental de la implementación del plan sistemático. La importancia de la prueba colectada, ha provocado nuevas imputaciones antes de pronunciarse los camaristas. Las responsabilidades eclesiásticas pendientes son muchas. El accionar de Zitelli es solo el emergente".

El fiscal destacó la importancia de la jornada judicial donde se logró indagar al ex capellán en relación a nuevos casos, materializándose así las denuncias que desde los primeros días de la democracia formalizaron los sobrevivientes del SI.

La medida concretada ayer por el juez Bailaque, esto es haber prestado ampliación de indagatoria, repercute indefectiblemente en la decisión que tomará la Cámara Federal al momento de revisar el procesamiento de Zitelli respecto de los 9 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada y asociación ilícita.

Para Stara "de la prueba que se fue recolectando, queda acreditado, como no podía ser de otra manera, una sistemática actuación del imputado en los distintos sectores del SI; sectores no menores, sino todo lo contrario; eran el CCD mismo, como lo era el pasillo distribuidor que justamente comunicaba a las salas de tortura, el 'Boulevard Perdiste' como lo llamaban los sobrevivientes a dicho lugar y que pudimos escuchar a cientos de ellos en el juicio 'Díaz Bessone'; o el sector llamado 'favela', donde eran alojados los condenados a muerte o quienes iban a seguir siendo interrogado porque aún no se había decidido su suerte. Y también fue visto, en el llamado 'sótano'".

Para el fiscal del caso "la presencia de Zitelli, resulta innegable y los testigos así lo acreditan".

Por todo esto para el representante del Ministerio Público "además de los testimonios mencionados y los casos atribuidos en la indagatoria, se refuerza el cuadro probatorio, quedando claramente acreditada -nuevamente? la función de Zitelli en el CCD que funcionó en el SI. El imputado no solo cumplía funciones tendientes a obtener información de las personas que se encontraban en el SI, sino también funciones relativas a la contención espiritual de quienes estaban a cargo de los interrogatorios, entre otros. De ello da cuenta Tomasa Verdun de Ortiz cuando declara que ve a Zitelli hablando con quienes acababan de torturarla en la propia sala de torturas" destacó el funcionario.

Con este llamado a prestar ampliación indagatoria, se corrobora que Zitelli fue una pieza insustituible dentro del grupo que operó en el SI y que era conducido por Feced. Los contactos entre el imputado y familiares de detenidos, algunos desaparecidos, como es el caso de Braccacini, así lo demuestran. El imputado, por supuesto, se reunía con los familiares con el consabido fin de acallar los reclamos de éstos. Los testigos y los casos por los cuales se encuentra procesado así como indagado, así lo acreditan.

Piden perpetua para los represores en el juicio en San Nicolás

Piden perpetua para los represores

Saint Amant (ex jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977), Bossie, (integrante del Ejército) y Muñoz (ex jefe de la Policía Federal), están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre de la calle Juan B. Justo.

 Por Sonia Tessa

Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Bossié y Jorge Muñoz fue el pedido de las querellas en el primer alegato del juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás. Los abogados desgranaron la prueba que se produjo en el proceso comenzado el 3 de julio pasado, tanto sobre la desaparición de seis militantes santafesinos entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, como de la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976. En el público, Florencia Amestoy llevó como estandarte la foto de sus primos, Fernando, de tres años, y María Eugenia Amestoy, de cinco, asesinados en ese ataque. A unas pocas butacas, el único sobreviviente, Manuel Gonçalves Granada (que tenía cinco meses) seguía emocionado los argumentos de sus abogados. En la misma sala, Fernando Alvira --hijo de los desaparecidos María Cristina Alvira y Horacio Martínez, él mismo sustraído por Saint Amant a los nueve meses-- escuchaba pero también estaba atento a su bebé, que había quedado afuera, en los brazos de la madre. Aquellos niños que fueron víctimas hoy esperan justicia.

Manuel Fernando Saint Amant era jefe del Area militar 132 entre 1975 y 1977 y está acusado por la desaparición de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y Regina Spotti, así como la sustracción de los niños Fernando Alvira (nueve meses), Martín Almada (siete meses) y Víctor Almada (un año y ocho meses). Además, junto Bossie, integrante de la plana mayor del Ejército en la misma época y a Muñoz, ex jefe de la Policía Federal, están acusados por los homicidios agravados de las cinco víctimas de la masacre.

La recopilación de los relatos de decenas de testigos del ataque de unos 50 efectivos en la casa de Juan B. Justo 676 que realizó la querella coincidieron en subrayar el intenso tiroteo sobre la casa en la que vivían Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando y María Eugenia, de tres y cinco años; Ana María Granada y su bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, el único sobreviviente, que hoy es querellante.

Sobre el ataque a esa casa, la abogada Ana Oberlin consideró que "la hipótesis del enfrentamiento ha sido descartada" y apuntó que se trató de "un brutal ataque". La profesional refutó uno a uno los argumentos de la defensa: que Amestoy y Fettolini se suicidaron. Lo contradijo con los documentos elaborados por el propio Muñoz, obrantes en el Archivo Provincial por la Memoria, en el que se habla de "delincuentes subversivos abatidos". Probó que los atacantes sabían de la presencia de niños, y aún así, tiraron gran cantidad de gases lacrimógenos. Que los niños murieron por la asfixia provocada por esos tóxicos, ya que fue la única sustancia consignada en la autopsia de Fernando. En el caso de María Eugenia, no se realizó autopsia pero la pericia consigna la misma causa de muerte que su hermano.

Oberlin les respondió a Muñoz y Bossie, que hicieron uso del derecho de defensa. "Insulta a la inteligencia de los que estuvimos en esta audiencia que Muñoz y Bossie, si sabían que podía haber delincuentes subversivos en esa casa, fueran cándidamente como lo relataron, a golpear la puerta o a pasar por enfrente", dijo la profesional. Más tarde, consideró: "También es increíble que tres poderosos delincuentes que resistieron un embate no hayan podido producir ni siquiera un rasguño a ninguno de los efectivos que atacaron la vivienda". En su extensa argumentación, dijo que Amestoy, Fettolini y Granada "eran personas que estaban en la casa durmiendo y fueron atacados, y lo primero que atinaron a hacer fue proteger a los niños".

Los abogados unificaron el alegato de las querellas particulares y las secretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Nación. Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez relataron las privaciones ilegítimas de la libertad de los seis desaparecidos, con su correspondiente prueba. Entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, estos militantes santafesinos fueron secuestrados tanto en sus casas como en la vía pública. Spotti compartió cautiverio con José María Budassi, que dio testimonio de haberla visto en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Baronio y Reale estuvieron con otro testigo, Pablo Martínez, en un centro clandestino de detención (CCD) del Ejército, cercano a Somisa. Unos 15 días después, Eduardo compartió cautiverio con otros cinco o seis detenidos, en otro CCD, cerca de la fábrica Pratto. Las hermanas Alvira estuvieron cautivas en una comisaría cercana a Somisa y Martínez en el mismo CCD que Reale. Todos ellos continúan desaparecidos. Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando sus padres fueron secuestrados, quedó en custodia de un vecino por orden del propio Saint Amant. Los abuelos maternos pudieron recuperarlo después de firmar bajo extorsión un documento en el que inculpaban a sus hijas.

Los abogados señalaron que más allá de la autoría mediata, a Saint Amant le correspondía la autoría material en los secuestros de las hermanas Alvira y Martínez, así como la sustracción de los tres menores, pues existen testigos de su participación directa. Lo mismo vale para los tres acusados por la masacre, pues está acreditado que los tres estuvieron presentes.

En el final de su argumentación, Oberlin respondió directamente a los represores. "Ellos hablaron del sufrimiento de sus familias. Me parece obsceno comparar lo que significó para la familia Amestoy, que fue totalmente arrasada y el sufrimiento que pasó Manuel, causado por el accionar doloso de los acusados. No puede compararse ni por asomo con lo que significa un proceso penal. No son equivalentes", dijo la abogada, con mucho esfuerzo para contener las lágrimas. En el público, sí, la mayoría lloraba.

El ex capellán Zitelli de nuevo ante el juez

Ampliarán indagatoriaZitelli tiene que volver ante el juez

La medida se suma a otras 15 también pedidas por el fiscal Gonzalo Stara a integrantes de la Patota de Feced. En la prueba testimonial se dio cuenta de la presencia del sacerdote en el Servicio de Informaciones, y de su rol en la represión.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía durante la última dictadura Eugenio Segundo Zitelli deberá prestar declaración indagatoria el próximo martes, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad. El juez federal Macelo Bailaque ordenó --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--, otras 15 indagatorias que incluyen a ex militares como Jorge Rafael Videla y la mayor parte de la denominada Patota de Feced.

Estas dieciséis nuevas declaraciones indagatorias que ordenó el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario tendrán lugar entre el martes 27 y el martes 4 de diciembre. Deberán declarar Ricardo Corrales, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara, Carlos Altamirano, Ramón Ibarra, Daniel González, Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Lucio Nast y Ovidio Olazagoitía.

A efectos de llevar adelante la medida, el Juzgado se constituirá en el Penal de Marcos Paz, junto con representantes de la defensa y el fiscal de la causa. En el caso del ex capellán, tendrá lugar el martes, en la sede del Juzgado, para lo cual se libró oficio de citación por conducto de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Rosario de Gendarmería Nacional. Las restantes declaraciones se dividen entre la sede del Juzgado y el Penal de Marcos Paz.

En relación a la responsabilidad de Zitelli por los hechos que damnificaron a Tomasa Verdún, José Raúl Villarreal y Miguel Angel López, se encuentra probada la presencia física de Zitelli en el lugar donde ocurrieron los hechos. En este sentido, Verdún lo ubica en el pasillo distribuidor del Servicio de Informaciones (el centro clandestino de detención que funcionaba en San Lorenzo y Dorrego, dentro de la jefatura de Policía); José Villarreal en el sótano y Miguel Angel López, en la favela, todas zonas del SI.

En la prueba testimonial hay concretos señalamientos que dan cuenta no solo de la presencia de Zitelli en el SI, sino también de los roles y funciones que allí éste cumplía. El ex capellán fue visto y tuvo contacto con víctimas alojadas en ese centro clandestino, tuvo contacto con detenidos ilegales en la Alcaidía y visitó a detenidos en cárceles.

Para Stara, "Zitelli tenía pleno conocimiento de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones tormentosas de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información". Y además, tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas junto a la Patota de Feced".

"En este sentido, el rol que le achacan las víctimas -﷓aclaró Stara-- consistía, principalmente, en recabar información de los detenidos, incluso 'tolerando" las torturas como medio de obtención de información, si fuere necesario".

Zitelli recuperó su libertad el 11 de abril pasado, previo pago de 50.000 pesos de fianza, luego de ser considerado probable autor de delitos de lesa humanidad e integrante de la Patota de Feced.

El 20 de marzo, Bailaque lo había procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas que tuvieran como víctimas a Graciela Borda Osella; María de las Mercedes Sanfilippo; Olga Cabrera Hansen; María Inés Luchetti de Bettanín; Elba Juana Ferraro de Bettanín; Darío Castagnani; Maria Herminia Acevedo de Fernández; Mónica Cattoni y Eduardo Bracaccini. Además lo señaló como probable coautor del delito de asociación ilícita.

Bailaque fundó también su resolución en la comprobada presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones, concluyendo que estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones, que tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones y que conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas. También sostuvo que Zitelli estuvo presente en sesiones de torturas.

De igual modo se espera que el juez Bailaque al momento de indagar a Zitelli materialice los pedidos del fiscal en relación a los delitos cometidos contra Patricio Downes, Tomasa Verdún de Ortiz, y el ex alumno del Colegio San José, Miguel Angel Nicolau entre otros.

En tanto, Stara solicitó se amplíen las imputaciones a toda la patota que operó en el SI y sus responsables mediatos. El fiscal consideró a Zitelli un integrante más de esa asociación ilícita.

La resolución judicial hace lugar al pedido del fiscal, que pretende profundizar las responsabilidades de los represores que actuaron en el centro clandestino, luego de haber reconstruido la mecánica represiva durante la audiencia oral Díaz Bessone, finalizada en marzo de este año.

Sancionada la restitución de los bienes de la Biblioteca Popular Vigil

Una antigua deuda de la democracia

Aunque la ley habla de "donación" para cumplir las formas jurídicas, se trata de la devolución de distintas propiedades, entre ellas el emblemático edificio de Alem y Gaboto. La iniciativa recibió el respaldo unánime de las dos cámaras.

El Senado provincial convirtió en ley la restitución de bienes a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, a 35 años de la intervención y el saqueo ejecutado por la dictadura militar, y la persecución de sus directivos, docentes y estudiantes. "La democracia ha saldado una deuda", celebraron los impulsores de la iniciativa, el diputado peronista Luis Rubeo y el senador radical Hugo Rasetto, de cuyos respectivos proyectos se conformó la ley que establece la devolución del patrimonio económico y cultural que sobrevivió al despojo.

El texto de la norma encuadra el mandato como "donación", sólo para cumplir con la forma jurídica que debe observar el Estado provincial. "Pero lo correcto es hablar de restitución, ya que en realidad se está cumpliendo con un acto de estricta justicia, de reivindicación histórica al reparar en parte un avasallamiento a la cultura popular infligido a la entidad, a sus dirigentes, a sus asociados y a toda la ciudad de Rosario, ya que era beneficiaria de su actividad social, cultural y educativa", distinguió Rubeo.

En ambas cámaras la iniciativa avanzó con consenso unánime, una vez que la entidad recuperó su personería jurídica y, además, su histórica comisión directiva. Ese requisito permitió concretar ese deseo postergado. Con fuerza de ley, la Vigil recuperará a su nombre los bienes que siguen a continuación:

--Los inmuebles situados en las manzanas de Alem, Gaboto, 1º de Mayo y pasaje Perkins, y de Alem, Gálvez, Ayacucho y Virasoro, donde históricamente funcionó la institución.
--50 mil libros de la entidad que quedaron en custodia a cargo de la Biblioteca Pedagógica Provincial Eudoro Díaz.
--Los elementos que integraron sus recordadas mapoteca, discoteca, hemeroteca, diapoteca y archivo general.
--Un telescopio refractor Coudé Zeiss de 300 aumentos.
--Un telescopio reflector de hasta 800 aumentos.
--Un filtro monocromador Lyot para transmisión de la longitud de onda H-Alfa de emisión de hidrógeno.
--Una cámara Ross de 400 mm de distancia focal y 100 mm de abertura.
--Las piezas de animales embalsamados y colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la entidad.
--Cuadros originales de Julio Vanzo, Oscar Herrero Miranda, Carlos Uriarte, Carlos Alonso, Ricardo Supisiche, entre otras obras.

La sanción de la ley llegó dos días después del fallecimiento de uno de sus baluartes, Raúl Frutos, quien fuera vicepresidente de la institución de barrio Tablada y que padeció en carne propia el asalto del 25 de febrero de 1977, a manos de policías dirigidos por el capitán de corbeta Esteban Molina que inició la intervención y liquidación de la Vigil.

Reconquista: El martirio de las víctimas de la patota

Primera audiencia del juicio a Sambuelli y a otros seis represores de Reconquista.

Ayer se leyó el caso de Griselda Pratto, violada y secuestrada a los 16 años. Todos están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos. El juicio se extenderá hasta abril próximo.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Griselda Pratto no era militante política en febrero de 1977. Tenía 16 años cuando un grupo de tareas la secuestró en la casa de su hermana Luisa, en Reconquista. Eran las tres de la madrugada. La llevaron hasta la III Brigada Aérea, un centro clandestino de detención, donde cumplió los 17. Estuvo cautiva más de un mes, como rehén de la dictadura y sometida a la esclavitud sexual de la patota. Ella identificó a sus violadores, entre ellos a Danilo Sambuelli, entonces capitán y jefe de Inteligencia de la Base Aérea y hoy comodoro retirado. "Sambuelli me dijo que él tenía el poder, que podía hacer conmigo lo que quería", dijo Griselda. El suplicio y la amenaza se escucharon ayer en la lectura de la acusación fiscal, en la primera audiencia del juicio a Sambuelli y a otros seis represores de Reconquista, entre ellos su camarada de la Fuerza Aérea, Jorge Alberto Benítez, que operó como interventor de la Unidad Regional 9 de Policía. Se trata del décimo juicio en Santa Fe, pero el primero en la provincia y -el segundo en el país﷓ que juzgará los abusos sexuales y violaciones en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático de la represión. Los otros cinco imputados son policías de Reconquista que integraron el grupo de tareas: Carlos Nickisch (que era el jefe de Informaciones, el tristemente célebre D﷓2), Arnaldo Neuman, Rubén Molina, Horacio Machuca y Eduardo Luque. Todos, están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos: Sambuelli, Nickisch, Molina y Machuca, deberán responder también por el delito de violación a Griselda y Luisa Pratto.

El Tribunal Oral de Santa Fe (integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y su colega de Rosario, Otmar Paulucci) ya citó a declarar a más de cuarenta víctimas, entre ellas el ex intendente de Reconquista y ex senador de la provincia, Héctor Ocampo. Lo que significa que las audiencias se extenderán posiblemente hasta abril del año que viene.

Ayer, arrancó el debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público y de la querella. Hoy, a las 10, comenzarán las indagatorias de los acusados, que continuarán en las próximas dos semanas. Y las primeras testimoniales se escucharán el 4 de diciembre.

La acusación fiscal relató el martirio de las cuarenta víctimas. El clima de la sala pareció cambiar con el caso 33, el de Griselda Pratto. El secuestro fue el 5 de febrero de 1977, a las 3.15, en la casa de su hermana Luisa, que estaba embarazada. Ella había ido a visitarla. "Patearon la puerta, la rompieron", dijo Griselda cuando declaró en la causa. Uno de los secuestradores era Nickisch. "Le pegaron una trompada a mi hermana y la tiraron arriba de la cuna del bebé. Nickisch es el que le pegó". Le ataron las manos, la encapucharon y la subieron a uno de los vehículos del operativo.

"A la mañana siguiente, me desnudan, me ponen picana eléctrica en los pechos, en las axilas, en la vagina y en los pies, con agua en el piso", recordó Griselda. Le preguntaban qué hacía en Reconquista, qué información tenía. "Yo les dije que estaba de visita, para ayudar a mi hermana embarazada. No sabía de qué me hablaban. Y siguieron con la picana, después me empezaron a golpear, eran cinco personas. Me pegaron en la espalda, en el estómago, por todos lados, en los pechos, en la cara, caía al piso y me volvían a levantar y a aplicar picana. Me apuntaban con un arma y gatillaban. Y siempre, las mismas preguntas; después, los golpes, hasta que me arrastraron al mismo lugar donde había estado", sin colchón y encapuchada.

Al cuarto día comenzaron las violaciones. "Me decían que me iban a matar, que mis hermanos estaban muertos. Me ponían el arma en la sien. Fui violada por cuatro personas: Sambuelli, Nickisch, Neuman y el cabo Estofaretti", reveló. El martirio se prolongó "treinta días" hasta que un médico de la III Brigada Aérea, a quien identificó como "el doctor Arredondo" le curó las heridas. "Me dijo que no me iban a tocar más". Le dio jabón y pasta dental y cuando ya "no tenía más marcas" en el cuerpo la dejaron salir. "En un pasillo me encuentro con una mesa, estaba Sambuelli, que me da unas monedas y me dice: 'Tomá, andáte. No te quiero ver más en Reconquista'. Nunca me voy a olvidar, de Sambuelli, de Nickisch, de Neuman, de toda esa gente", agregó.

Cuando le preguntaron por los represores, Griselda contestó: "Sambuelli decía que el tenía el poder, que podía hacer conmigo lo que quería. Estofaretti también. Nickisch también, me paraban en la calle" y describió a Sambuelli como "un gordito, no muy alto, de un metro sesenta, tez blanca, medio pelado".

"La primera vez que me violaron yo estaba encapuchada. Pero en las otra no, ya me sacaban la capucha porque ellos tenían el poder. Creían que si me mostraban la cara me iban a matar, pensaba que iba a morir si los podía ver. A ellos, y al muchacho que se paseaba y me decía que no me podían tocar, que él estaba haciendo el servicio militar, ahí, en la Base Aérea de Reconquista, y que no me podían tocar".

Etapas decisivas en el juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás

Una justicia que demoró más de 36 años

Hoy es el aniversario de la masacre de la calle Juan B. Justo, donde el Ejército y la policía Federal y bonaerense mataron a tres adultos y dos niños. El único sobreviviente es querellante de una causa que el 27 comienza su etapa de alegatos.

 Por Sonia Tessa

Hoy se cumplen 36 años de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que el Ejército, junto a la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires mató a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, sus hijos de tres y cinco años, Fernando y María Eugenia, así como a Ana María Granada. Sólo se salvó Manuel Gonçalves Granada, que tenía cinco meses y fue arropado por su madre entre colchones, adentro de un placard. Hoy, Manuel es querellante en la causa que el próximo 27 ingresa en la última etapa del juicio oral y público. Desde ese día, las partes harán sus alegatos después de haberse escuchado toda la prueba. No es un aniversario más para el único sobreviviente, los familiares de los Amestoy y sus compañeros: en pocos días se conocerá la sentencia del juicio oral y público que se realiza en los Tribunales Federales de Rosario. Y hoy comienza en San Nicolás la semana de la Memoria, con actos que terminarán el 25 de noviembre.

La semana pasada, uno de los tres imputados, el ex militar Antonio Bossié, hizo su declaración indagatoria, y reflotó la teoría del "suicidio o pacto suicida" de la pareja asesinada (Omar y Ana María, a quien le decían Pochi) en una de las habitaciones de la casa, ubicada muy cerca del centro de San Nicolás. Claro que una pericia recibida en los últimos días por el Tribunal confirmó la firma del comisario general retirado Raúl Acosta, para certificar la veracidad de un documento en el que el Jefe de la Policía Federal de San Nicolás de entonces --Jorge Muñoz, otro de los acusados-- admite haber "abatido" a la pareja, a la que --fiel al lenguaje que las fuerzas de seguridad utilizaban en la época-- califica como "delincuentes subversivos".

El resultado de la pericia caligráfica que habían solicitado los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray fue concluyente: los peritos oficiales, de la querella y también el de la defensa de Muñoz, coinciden en atribuir la firma de Acosta para certificar el parte preventivo en el que Muñoz se responsabiliza como autor material de la muerte de los dos militantes. Acosta había desconocido si esa era o no su firma en la audiencia del miércoles 3 de octubre pasado.

De este modo, se cerró la producción de la prueba y se dio paso a la indagatoria de Bossié, que primero desconoció al Tribunal que lo juzga, pero a la vez aceptó preguntas. El ex militar deslindó responsabilidades en la orden de tirar gases lacrimógenos en el baño de la casa, que causaron la muerte de los niños Fernando y María Eugenia Amestoy. También afirmó que el objetivo del operativo que irrumpió en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en la calle Juan B. Justo haya sido matar a los tres militantes. "Matar nunca", enfatizó. "La directiva era clara, no había que matarlos, sino ponerlos a disposición de la justicia", agregó. Sin embargo, admitió que Granada salió ensangrentada de otra habitación, y fue ultimada. El represor también se refirió a un procedimiento de la noche anterior --el del barrio Las Mellizas﷓﷓, que la policía intentó disfrazar como un enfrentamiento con montoneros pero en realidad fue un encontronazo entre efectivos de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Según Bossié, fue por documentos encontrados en esa primera casa que llegaron hasta la calle Juan B. Justo.

En la audiencia del 10 de septiembre pasado, la investigadora de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, Claudia Bellingieri, explicó que el Area 132 de Inteligencia siempre hacía un trabajo previo antes de asaltar una casa, y refirió además: "Estamos realizando una investigación en la provincia de Buenos Aires. Se han podido analizar 38 casas atacadas. El patrón es el horario, los ataques eran a muy tempranas horas de la madrugada o por las noches. No se procedía con ningún tipo de protocolo", señaló Bellingieri, quien identificó un denominador común en esos operativos: "una fuerza desproporcionada sobre viviendas ubicadas en zonas urbanas".

El martes 27 de noviembre comenzarán los alegatos de las partes, y una vez que terminen, los tres acusados tendrán derecho a decir sus últimas palabras. Una vez que ello ocurra, el Tribunal Oral integrado por Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe dará a conocer el veredicto.

El aniversario de la masacre señala también el comienzo de la semana de la memoria. Esta tarde, a las 19, en el Centro Vasco de San Nicolás, comenzarán los actos de la Semana de la Memoria. Se inaugurarán una muestra plástica de ex alumnos detenidos desaparecidos de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y también una exposición de fotografías de alumnos 4º año de la Escuela de Arte 501 de San Nicolás. "Es el octavo 19N que los convocamos en este Día de la Memoria para los Nicoleños", expresan desde la Asociación Civil por la Memoria. "La luz de los 30 mil son las memorias de sus luchas y sus sueños que señalan el porvenir", dice el texto. El miércoles habrá, también a las 19, en el Centro Vasco, una función de Teatro por la Memoria; el jueves participarán en un acto en Cancillería nacional, en Capital Federal, en homenaje a quien fuera obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, asesinado en un accidente fraguado el 11 de julio de 1977. En el mismo acto se recordará a los sacerdotes palotinos masacrados en la iglesia San Patricio en julio de 1976 y al obispo Angelelli.

Las actividades volverán a San Nicolás el viernes, con la proyección del documental "Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno", también a las 19, en el Centro Vasco, en la que estará el sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra. El sábado, en el CIC, habrá una jornada con escuelas que participaron de las jornadas de Jóvenes y Memoria, en Chapadmalal y un recital. El domingo, a las 19, de nuevo en el Centro Vasco, se realizará un homenaje a Celia López Alonso.

En verdad, los actos comenzaron ayer, en Nogoyá, con el festival en homenaje a las víctimas de la masacre, que se realizó en la plaza Libertad de esa localidad. Amestoy y Fettolini eran de Nogoyá, un pueblo que desafió a la dictadura militar en noviembre de 1976, cuando llegaron los restos de la familia, y salió a la calle a despedirlos.

Santa Fé: militares y policías en el banquillo

Siete represores serán juzgados
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzará a juzgar a los represores por privaciones de la libertad, tormentos agravados y violaciones reiteradas a una menor. Los delitos fueron cometidos durante la última dictadura en la Brigada Aérea de Reconquista.

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad que incluye delitos sexuales en Santa Fe comenzará esta mañana en la capital provincial. El Tribunal Oral Federal de la provincia comenzará a juzgar a siete represores imputados de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y violaciones reiteradas cometidas durante la última dictadura en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia, en el marco de la investigación denominada “Causa 050”, cuyo centro de operaciones fue la III Brigada Aérea.

Los jueces José Escobar Cello, Omar Paulucci y María Ivone Vella juzgarán a dos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, Danilo Sambuelli y Jorge Alberto Benítez, y a los ex policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca por “privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados” cometidos en entre diez y cuarenta casos. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también están acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente en la III Brigada Aérea de Reconquista, que funcionó durante la dictadura como un centro clandestino de detención. La fiscalía estará representada por Martín Suárez Faisal y Roberto Salum.

Sambuelli, quien desde el 24 de marzo de 1976 actuó como interventor del municipio de Reconquista, secundó al brigadier Jorge van Thienen, ya muerto, en la cadena de poder de ese centro clandestino. Entonces, Benítez era interventor de la Unidad Regional IX de Policía, controlada por la Fuerza Aérea. Según el fiscal Roberto Salum, la represión en el norte de Santa Fe era manejada por la Aeronáutica, cuyas órdenes partían desde el jefe Van Thienen y de Sambuelli y eran ejecutadas por los policías Nickish, Luque, Molina, Neumann y Machuca.

Se trata del décimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia y el primero en el que los delitos sexuales se ubican a la altura de las privaciones de la libertad y los tormentos. Según fuentes judiciales, en anteriores debates que analizaron los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado se denunciaron delitos sexuales, pero será en esta ocasión la primera vez que sean considerados en el marco de violaciones a los derechos humanos.

En el auto de procesamiento, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, sostuvo que deben ser juzgados como tales los “abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio”, en referencia a la chica que cumplió sus 17 años en el centro clandestino.

El juicio oral comenzará esta mañana a las 9 con lectura de requisitorias. El inicio de las audiencias estaba previsto para el pasado 27 de septiembre, pero fue postergado para este lunes debido a que faltaban producir algunas pruebas ofrecidas por las partes, según las fuentes. Recién el martes 4 de diciembre comenzarán las declaraciones testimoniales de las víctimas. Se calcula que, entre los citados por las partes acusatorias y las defensas, los testigos superarán el medio centenar.