Violación, embarazo y aborto impuesto: el ciclo de tortura que se juzga en Rafaela

Segunda audiencia en la Megacausa que analiza el caso de Silvia Suppo, a la que los represores le impusieron un aborto después de violarla y embarazarla durante el cautiverio

Redacción Canal Abierto | Se desarrolla en la ciudad de Rafaela la segunda audiencia de la Megacausa por delitos contra la humanidad cometidos en el noroeste santafesino durante el terrorismo de Estado.

Se trata del primer juicio por violaciones a los derechos humanos en el que se juzga la figura de aborto forzado como crimen de lesa. Es el caso de Silvia Suppo, ex detenida desaparecida en el Centro Clandestino La Casita, sobreviviente del genocidio, asesinada en 2010.

El proceso comenzó el pasado jueves y se extenderá hasta mediados de octubre.

Silvia Suppo, 2009

Los imputados son cuatro ex policías: los comisarios Ricardo Ferreyra y Juan Calixto Perizzotti, la sargenta María Eva Aevi y el oficial Oscar Adolfo Farina.

El abogado querellante Guillermo Munne, explica a Canal Abierto que “abarca la mayor parte de los crímenes de la última genocida cívico-militar-eclesiástica y, en este caso con más fuerza que nunca, patriarcal, cometidos en la zona”

El calvario de Silvia Suppo se incorpora mediante entrevistas periodísticas, un documental, testimoniales suyas en la etapa de instrucción, testimonios de familiares y compañeros, y a través de su declaración en el juicio de 2009, en el que relató los tormentos, las violaciones y el aborto al que la forzaron los represores.

“Se destaca el carácter misógino y patriarcal de esta dictadura retrógrada y reaccionaria en todas las dimensiones políticas, culturales y sociales, en los hechos que es que se juzgan: las violaciones contra Silvia y el aborto impuesto por el embarazo producto de esas violaciones, cuando fue secuestrada a los 17 años de edad”, aclara el abogado, que junto a Lucila Puyol encabezan la acusación.

Primera audiencia Megacausa Rafaela

Entre otros hechos, Ferreyra está acusado por los delitos sexuales. La interrupción del embarazo fue organizada por Perizzotti con la participación de Aebi y Farina. El hijo de Perizzotti, que es abogado y defiende a su padre, es reconocido militante anti-derechos contra el aborto legal, seguro y gratuito.

El 29 de marzo de 2010 Suppo fue asesinada en su negocio de nueve puñaladas en un hecho que su familia y las organizaciones de derechos humanos denunciaron como una venganza y un intento de amedrentar a la militancia por los derechos humanos. En 2015 el Tribunal Federal de Santa Fe condenó a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, auto-implicados en el crimen, a prisión perpetua, como “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad”.

En este juicio su voz la alzan sus hijos, Marina y Andrés Destéfani y su cuñada, Rita Destéfani.

Munne asegura que “con el asesinato buscaron acallar para siempre las denuncias de Silvia, pero no lo lograron, porque sus hijos mantuvieron esa lucha. Ella fue la denunciante inicial de esta causa, empezó con la denuncia de la desaparición de quien era su novio en el año 1977, Reinaldo Hattemer. Toda esa historia enorme de militancia de amor de valentía es la que llega a juicio en la mega causa”.

Silvia Suppo “es un emblema de todas las mujeres, de lo que es mantener la memoria siempre”, la reivindica Guillermo Munne

En la Megacausa Rafaela además se juzgan los casos del secuestro y desaparición de Reinaldo Hattemer, en la iglesia Sagrado Corazón de Rafaela, durante el casamiento de su hermano menor, Oscar Hattemer. Silvia Suppo era entonces novia de Reinaldo –que sigue desaparecido- y madrina de la boda; el homicidio de Rubén Carignano en la comisaría 4ª de Santa Fe; el secuestro del hermano de Silvia, Hugo Suppo, y de Jorge Destéfani, quien luego sería su esposo, en La Casita; secuestro y torturas de Graciela Rabellino y su compañero Ricardo Díaz, en el mismo circuito represivo.

María Carolina Guallane estuvo secuestrada y desaparecida en manos del Ejército

"La tenían para torturar a su padre"

Es la conclusión a la que arriba el juicio de la megacausa sobre el destino de María Carolina Guallane cuando era sólo una niña de 13 meses. Estuvo 58 días en manos del Ejército.

  Por Juan Carlos Tizziani  - Desde Santa Fe.

El fiscal Martín Suárez Faisal dijo que el juicio por la megacausa permitió descubrir y probar que María Carolina Guallane/Paula Cortassa estuvo "desaparecida 58 días", "en poder del Ejército Argentino" cuando era una niña de 13 meses, lo que fortalece "la hipótesis de que la tuvieron secuestrada en un centro clandestino de detención para torturar a su padre, Enrique Cortassa". "No tengo dudas sobre eso porque si no el Ejército la hubiera entregado antes", dijo en un diálogo con Rosario/12. El proceso terminó la semana pasada con la primera sentencia en la Argentina a un juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula y condenas a dos militares: Carlos Enrique Pavón (13 años) y Domingo Morales (22 años) y un comisario: Juan Calixto Perizotti (prisión perpetua). Y dejó un legado: la cantidad de pruebas que se volcarán en otras investigaciones, las certezas de cómo operaba el terrorismo de estado y el valor simbólico. "Se juzgaron hechos que marcaron profundamente a la sociedad santafesina por su crueldad y violencia, como los operativos de fuerzas conjuntas en Ituzaingó y Las Heras y en la casa de calle Castelli al 4500 (donde vivía Paula)", así que la sentencia será "un gran aporte a la verdad de lo que ocurrió en Santa Fe", sintetizó el fiscal.

En noviembre, cuando declaró ante el Tribunal -integrado por Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo-, Carolina dijo que había un bache en su vida, "una parte de la verdad" estaba "pendiente". Y "quería saber qué hicieron" con ella, desde el 11 de febrero de 1977 cuando sobrevivió a la masacre de su familia hasta el 13 de mayo de 1977, cuando Vera Candioti se la entregó a un matrimonio de Venado Tuerto, Jorge y María Guallane, adoptantes de buena fe. Ellos la recibieron "al borde de la muerte", con un cuadro de "shock emocional, tuberculosis, desnutrición, hepatitis", "problemas de motricidad, edemas en las piernas que hacen suponer que me metieron en un cajón y por eso caminé recién a los tres años", recordó. "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique?", le preguntó a los jueces. "Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", planteó.

Según el Ministerio Público, los días "en negro" en la vida de Paula fueron 58, desde el ataque militar del 11 de febrero de 1977 "hasta el primer día que tenemos registros en un lugar público (8 de abril de 1977), Paula estuvo 58 días sin que se sepa su real destino", explicó el fiscal.

-¿Coincide con la hipótesis de que la nena fue secuestrada para torturar al padre?

-Si, si. Yo creo que no hay dudas de eso. Porque si no el Ejército la hubiera entregado mucho antes.

-Hay un bache de muchos días.

-Si, nosotros contamos 58 días en los que estuvo fuera de cualquier institución oficial vinculada a los menores como el Hospital de Niños, la Casa Cuna o alguna guarda provisoria de una familia sustituta.

-¿Desaparecida?

-Si, durante esos días estuvo desaparecida, no se sabe dónde. La última vez que se la vio (en la casa de Castelli) fue en manos del Ejército y volvió a aparecer a través de una nota firmada por Pavón, también del Ejército. Quiere decir que en ese lapso estuvo en el Ejército Argentino. Y nadie nos ha explicado por qué. Pavón se ocupó de decir que no tenía nada que ver con el hecho, pero no dijo qué había pasado con Paula Cortassa durante ese tiempo -respondió Suárez Faisal.

El juicio probó el destino de los padres de Paula. Enrique Cortassa sigue desaparecido y Blanca Zapata, embarazada de siete meses, agonizó once días. "Lo que más me marcó es que cuando fuimos al barrio -en una inspección judicial a la casa de calle Castelli-, los vecinos de esa época nos contaban lo que había pasado, cómo habían llevado a Paula en una sábana ensangrentada, cómo sacaron a Blanca Zapata sin ninguna herida en su cabeza, aunque luego murió como consecuencia de un disparo en el cráneo. Y nos confirmaron que se llevaron vivo a Enrique Cortassa, lo que después nos dio la hipótesis de que esos casi dos meses que Paula estuvo en un destino incierto evidentemente fue usada para torturar a su padre", precisó el fiscal.

-¿Y hoy Vera Candioti es el primer juez de Menores condenado en el país?

-Era parte de un engranaje dentro del plan sistemático, un eslabón en la cadena que posibilitó que Paula Cortassa perdiera su identidad hasta que la recuperó por su propia iniciativa (22 años después). Tuvo una actitud absolutamente descuidada respecto de los derechos de la niña y eso es muy grave porque él representaba al Poder Judicial de Santa Fe, era la autoridad en materia de menores en la mayoría de los departamentos de la provincia, debía asegurar que se respetaran los derechos de los menores y en particular de los que estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande como se probó en el caso de Paula Cortassa. Pero en vez de garantizar esos derechos personalísimos a la identidad, a conocer su historia, a encontrarse con su familia de origen, se aseguró de que eso no pudiera ocurrir. Porque salteó de la lista (de adoptantes) a unas 20 familias para entregarle la niña a la que estaba más lejos, en Venado Tuerto, que eran los Guallane, que la adoptaron de buena fe, que quizás sospecharon cuál era su origen pero nunca tuvieron información fidedigna de dónde provenía. Y esto sólo pudo ser descubierto después de muchos años, por el esfuerzo de Paula y la ayuda de muchas personas y organismos de derechos humanos -concluyó.

La familia de Eduardo Garat quiere ser querellante

El abogado-militante desaparecido

La esposa y los hijos del militante desaparecido durante la dictadura, Eduardo Garat, se presentaron ayer en los Tribunales Federales para "ser tenidos como parte querellante en estos autos y en contra de las personas que resulten responsables en calidad de autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los hechos de los cuales resultara víctima Eduardo Héctor Garat". El escrito, patrocinado por la abogada de HIJOS Rosario, Nadia Schujman, solicita la inclusión en el expediente de la esposa de Eduardo, Elsa Martín, de sus hijos Florencia, Santiago y Julieta Garat.

Abogado, escribano, docente universitario y defensor de presos políticos, Garat participó en la comisión investigadora de la desaparición de Angel Brandazza, tuvo una intensa militancia en la JP y en la agrupación Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 13 de abril de 1978, en la esquina de Santa Fe y España. Esa mañana había bajado del departamento donde vivía Adriana Altieri junto a Graciela Brebbia, para tomar un taxi en la intersección de las calles Santa Fe y España, ya que acompañarían a Altieri a Buenos Aires y ésta luego viajaría a Europa.

Según pudo reconstruir la familia, Graciela escuchó una frenada desde la otra esquina de calle San Lorenzo, ruido de puertas de autos y ya no vio más a Eduardo. Desde la misma estación de trenes Graciela llamó a Carlos Garat (hermano de Eduardo) para avisarle de su desaparición.

"A través de lo que hemos podido reconstruir en estos años, y la prueba colectada en esta causa, hoy sabemos que Eduardo fue secuestrado por un grupo de tareas del Batallón 121 y conducido a un centro clandestino de detención en las afueras de Rosario, en el que se escuchaba ruido de aviones y el cual era manejado por militares. Allí compartió cautiverio con Santiago Mac Guire y Roberto Pistachia", se afirma en el escrito judicial.

La denuncia consigna que Garat "fue salvajemente torturado, hasta fallecer en una de esas interminables sesiones, esto fue corroborado tanto por Mac Guire como por Pistachia".

Las abogadas de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por GENOCIDIO

Alegaron dos de las querellas en el juicio a Porra y a otros 11 represores
Razones para que sea en cárcel común

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por genocidio, con penas de 20 y 25 años. También solicitaron que se retire el crucifijo de la sala de audiencias.

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas hicieron su alegato ayer en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Gabriela Durruty, Jessica Pellegrini y Daniela Asinari representan a dos de las víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Juan Rivero y Ramón Verón. Pidieron condena para los once imputados por genocidio pero, en caso de que el Tribunal Oral Federal número 1 decida no aplicar esa figura jurídica, solicitaron 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Juan Daniel Amelong, Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Eduardo Rodolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano por asociación ilícita agravada y 25 años de prisión en cárcel común para Ariel Antonio López, Ariel Zenón Porra, Joaquín Tomás Gurrera, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Armando Enrique Pelliza, todos ellos por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas contra sus representados. También alegó ayer Virginia Blando Figueroa, en representación de Adriana Arce, también sobreviviente de Fábrica Militar.

El alegato de las abogada de Familiares tuvo varios condimentos. Las abogadas rememoraron la complicidad eclesiástica con la última dictadura militar y dijeron: Debería comprenderse el pedido de la querellante Alicia Gutiérrez, sostenido también por Alicia Bernal y Viviana Nardoni. Esperemos que el próximo juicio no nos encuentre presididos por una imagen religiosa que fue enarbolada como bandera por quienes perpetraron estos delitos".

También hicieron hincapié en el necesario cumplimiento de las penas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su pena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad, y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los Genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley", dijo Durruty.

Las abogadas consideraron que "la pena les dice a los condenados que internalicen que lo suyo no fue una epopeya política para salvar a la patria, como han manifestado en sus indagatorias, sino el aniquilamiento masivo de sus conciudadanos de la forma más baja que puede hacerlo un ser humano, y en consecuencia el delito más grave que sancionan las legislaciones locales e internacionales".

Las representantes de Verón y Rivero entendieron que "las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país", al tiempo que consideraron las condenas como "aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permite y permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".

En su alegato, Durruty, Pellegrini y Asinari homenajearon a "los sobrevivientes del estado terrorista. Este juicio contribuye a llevar algo de paz a sus vidas, la paz que solo se obtiene mediante la justicia. En palabras de Paco Urondo: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos".

En términos de contexto político, Durruty afirmó que "ningún régimen dictatorial se sostiene sólo con leyes represivas, clandestinas o manifiestas, se necesita de la coautoría de otros sectores, fundamentalmente del sector empresario y financiero. Esta complicidad obedeció a un sistema económico implementado por la dictadura que redundó en enormes beneficios en su favor y en una dependencia política y económica cada vez mayor de nuestro pueblo".

El momento más emotivo fue al final del alegato, cuando Daniela Asinari se despidió de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Es mi última actuación como abogada de la matrícula. En breve asumiré mis tareas como defensora pública en la justicia provincial", dijo la profesional.

"La realidad de la argentina, con sus devenires increíbles, nos dio la inmensa posibilidad de representar a las víctimas del genocidio en los juicios en nuestra región. Gran desafío, hermosa tarea que siempre atesoraré", dijo Asinari, cuyo pliego fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, como aval a su trayectoria. En el público, había militantes de derechos humanos y también integrantes del Movimiento Giros, al que también pertenece Asinari. Hubo aplausos, lágrimas y felicitaciones. Las últimas palabras de Asinari dieron sentido a esa afirmación en el marco del juicio que llevan adelante Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero. "Sancionar los delitos más graves, que se cometieron con el fin último de excluir a grandes sectores de la población, también implica transcender en la historia inclinando la emblemática balanza de la justicia hacia la protección del justiciable por definición", subrayó.

Finalmente se Inicia juicio al ex comisario Martínez Dorr

El 1 de marzo comienza el juicio al ex comisario Roberto José Martínez Dorr

El ex comisario está acusado de secuestro y tortura en perjuicio de Froilán Aguirre en 1976, cuando tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. El militante social había sido secuestrado por un grupo de tareas en el interior del Hospital Iturraspe.

El 8 de septiembre de 1976, Froilán Aguirre tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Fue secuestrado por un grupo de tareas en el interior del Hospital Iturraspe. Había acordado un encuentro con otro compañero de militancia, Juan Carlos Beto Osuna, cuando los detuvieron.

Ambos fueron trasladados a una casa de campo situada en la zona de San José del Rincón y torturados durante horas. Durante la madrugada, Aguirre fue trasladado a la comisaría 1ª donde pasó 29 días en una celda de un metro cuadrado y fue golpeado sistemáticamente. Su compañero apareció acribillado en Paraná, en lo que se conoció como La Masacre de la Tapera.

Casi 36 años después, a partir del jueves 1 de marzo, Aguirre enfrentará en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, al ex comisario Roberto José Martínez Dorr (64). Más conocido como Morrongo, fue parte del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I de la Policía de la provincia de Santa Fe, con el cargo de oficial auxiliar, desde septiembre de 1976 hasta diciembre de 1978, y es a quien Aguirre señala como autor de brutales golpizas que recibió mientras estuvo detenido en la comisaría 1ª.

Los jueces que conformarán el tribunal serán María Ivón Vella (como presidenta de la causa), José María Escobar Cello y Roberto López Arango. El ministerio público fiscal estará a cargo del fiscal general Martín Suárez Faisal, y en representación del imputado actuará el defensor oficial, Germán Artola. Del debate participarán 30 testigos y la sentencia está prevista para el 23 de marzo.

La Casita
Aguirre relató por primera vez los tormentos sufridos ante la Conadep, en 1984, pero fue en mayo de 2006 cuando formalizó su denuncia. Aquel 8 de septiembre de 1976, el encuentro con Osuna estaba pautado para las 20. Apenas si alcanzaron a verse, cuando una patota, vestida de civil, armados y encapuchados, los secuestraron y los subieron en diferentes vehículos.

Aguirre fue trasladado en un Dodge 1500 color verde metalizado. Viajó recostado en el piso del auto, cubierto con su propio saco, mientras los policías lo pisaban y pateaban. Frenaron en una casa de campo, situada en la zona de San José del Rincón, que se estima que es La Casita: un centro clandestino de detención, que si bien aún no ha podido ser localizado con exactitud, se cree que se trata del mismo inmueble en el que estuvieron secuestrados otros militantes, entre ellos el matrimonio compuesto por Daniel García y Alba Sánchez.

Debajo de la escalera
A pesar del paso del tiempo, los recuerdos de terror de esa noche fueron imborrables para Aguirre. Fue desnudado a golpes en una habitación pequeña y luego trasladado a otro cuarto preparado para la tortura.

Lo ataron a un sillón metálico quedando reclinado y desde atrás alguien le tapaba la boca con un almohadón. Recibió descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo durante toda la noche, hasta quedar desmayado. Por momentos podía escuchar cómo torturaban a su compañero en la otra habitación.

La noción del tiempo se tornó difusa, pero pudo asegurar que fue esa misma madrugada cuando lo trasladaron de vuelta a la ciudad de Santa Fe, hasta la comisaría 1ª y lo encerraron en una pequeña celda situada debajo de la escalera. Allí permaneció entre dormido y desmayado casi cuatro días. Cuando despertó, continuaba esposado, encapuchado y con los pies atados.

La celda triangular, tenía dimensiones tan pequeñas que no superaban el metro por cada lado. En ese lugar permaneció casi un mes con los pies atados, encapuchado y con las manos esposadas a la espalda, los golpes se repetían todos los días.

“Un día logré sacarme las esposas con un alambre que encontré y escribí, mi nombre, la fecha y mi agrupación política en una de las paredes. Cuando descubrieron la inscripción recibí la peor paliza de todas a manos de quien después pude conocer que se llamaba Roberto José Martínez, alias Morrongo”, relató Aguirre.

 En esa ocasión, Martínez Dorr le azotó la cabeza contra la pared innumerables veces, saltaba sobre sus pies, lo golpeó en todo el cuerpo y también en sus genitales con un llavero. Froilán tenía 17 años y estaba totalmente debilitado y sin posibilidades de defenderse para cubrirse de los golpes. Su contextura física era pequeña “frente a un torturador de más de 100 kilos”, recordó.

Originariamente, la fecha de inicio de este juicio había sido fijada para el 31 de marzo del año pasado. Sin embargo, se suspendió cuando la defensa del imputado pidió la suspensión del juicio a prueba. Un beneficio que fue rechazado por el Tribunal pero llegó a la Cámara de Casación donde estuvo varios meses, hasta que el 28 de diciembre de 2011 rechazó el recurso extraordinario, y recién entonces se pudo volver a fijar audiencia.

Cinco juicios
Martínez Dorr está preso desde el 2008, cuando fue procesado por el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. En agosto del 2010, logró que Casación, tras la negativa del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, le concediera la prisión domiciliaria por “una degeneración macular relacionada con la edad”, llamada “maculopatía bilateral” en la cual “cada recaída implica una cicatriz”, habían explicado lo médicos.
 
Y, en marzo del año pasado, intentó una última maniobra para debilitar su persecución y solicitó al Tribunal Oral Federal la “suspensión del juicio a prueba”.

Los jueces también rechazaron la solicitud por considerar que “las violaciones a los derechos humanos” durante la dictadura “resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende”.

De esta manera, dentro de 20 días, el ex comisario llegará a la sala de audiencias, para ocupar el banquillo de los acusados en el quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que se tramita en la ciudad de Santa Fe.

Se reanuda el juicio contra represores en Rosario. El Espacio Juicio y Castigo solicita certezas

La megacausa Díaz Bessone tendrá su primera audiencia del año el martes. Querellantes y organismos de derechos humanos pedirán a los jueces una reunión para reclamarles celeridad en la conclusión del proceso, que lleva más de un año y medio

El juicio contra represores que se lleva adelante en Rosario por la megacausa Díaz Bessone se reanudará esta semana y tanto querellantes como organismos de derechos humanos pedirán a los jueces una reunión para reclamarles que aceleren la definición del proceso, que lleva más de un año y medio. La otra novedad es que el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2) decidió revocar la prisión domiciliaria al ex militar que da nombre a la causa.

La primera audiencia de debate del año tendrá lugar el martes y no este lunes, como estaba programado originalmente, dado que el juez a cargo Otmar Paulucci estará afectado a otros compromisos profesionales. Así se lo confirmó a Rosario3.com la presidenta en Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Norma Ríos.

El magistrado esgrimió formalmente que no podía acudir el 6 de febrero “por encontrarse en esa fecha cumpliendo funciones de juez de ejecución penal fuera de la jurisdicción”, por lo que el reinicio esperará otras 24 horas.

Cuando se produzca, el Espacio Juicio y Castigo Rosario, que agrupa a querellantes, organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la última dictadura, solicitará un encuentro con los miembros del TOF2, para reclamarles celeridad en la conclusión del juicio.

El militante de Hijos Rosario, Juane Basso, agregó que las demoras en el proceso fueron “una práctica continua” del tribunal y “eso fue generando una sensación de falta de respeto en los querellantes y testigos” de la causa.

“Queremos tener un ámbito formal en el cual poder plantearle al tribunal que se ajuste a su planteo original”, agregó Basso, en relación a una acordada del TOF2 de Rosario que estipuló audiencias los días lunes y martes, y los miércoles semana por medio, atento a la dimensión de la causa Díaz Bessone.

El proceso

En el expediente están acusados el ex comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías santafesinos José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini y Ramón Rito Vergara; y el civil acusado de complicidad con la represión Ricardo Miguel Chomicky.

Allí se ventilan los padecimientos sufridos por 89 víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario.

Las imputaciones contra los acusados son por homicidios, aplicación de tormentos y privación ilegítima de la libertad.

Definición demorada

El juicio oral, iniciado en julio de 2010, atraviesa su última etapa con los alegatos de la defensa de los imputados, mientras que los de la fiscalía y las querellas particulares ya se produjeron a fin del año pasado.

“Restan las réplicas y las dúplicas y luego la sentencia del tribunal”, explicó Ciarniello.

Según el abogado, “todavía no hay fecha de sentencia, y este mismo tribunal comienza nuevos juicios por delitos de lesa humanidad el 27 de febrero por causas de San Nicolás, así que seguramente lo van a aplazar, porque antes de esa fecha no va a haber sentencia”, advirtió el representante de la Secretaría de Derechos Humanos.

Sobre las demoras, agregó que “hubo un llamado de atención concreto de la Corte Suprema de Justicia sobre este tribunal, en un documento en que hacía referencia a juicios como los de la Esma, que ya terminó, y al de Rosario, que lleva más de un año y medio”.

En ese sentido, Norma Ríos adelantó a este diario digital que también la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás se plegará al documento que presentará el Espacio Juicio y Castigo Rosario, “para manifestar su preocupación” por la demora en los tribunales de Oroño al 900.

Por su parte, Basso pidió a los jueces del TOF2 -integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Jorge Venegas Echagüe y Omar Paulucci- que “dimensionen qué es con lo que están trabajando, porque no se trata de cualquier juicio, sino que es gente que afronta mucho dolor, recuerdos muy tremendos, y parece que el tribunal no sopesa esa cuestión”.

La convocatoria para el martes también es a “renovar el aguante frente a los tribunales federales de Rosario” cuando se retome la actividad. Llaman a “hacerse presente en la primera a audiencia del año”, que finalmente se realizará este martes en Oroño 940.

El Espacio Juicio y Castigo solicita certezas

Aunque se esperaba que recomiencen hoy, las audiencias del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad conocido como causa Díaz Bessone se reanudará mañana, a las 10, en los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940). El Espacio Juicio y Castigo que nuclea a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales convoca a sostener el espacio del "aguante" mientras continúa la última etapa del proceso con las exposiciones finales de las defensas de los seis imputados: Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del segundo cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, los policías José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortecchini y Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki.

El Espacio Juicio y Castigo pedirá además una audiencia con el Tribunal Oral Federal Número 2, integrado para este juicio por Otmar Paulucci, Jorge Venegas Echagüe y Beatriz Baravani de Caballero, para plantearles el malestar por la demora del proceso, que se inició el 29 de agosto de 2010, así como el rechazo al beneficio de prisión domiciliaria que sostuvieron para el principal imputado hasta hace pocos días, aún después de constatarse el incumplimiento de los requisitos.

"Nos pareció demasiado tolerante la actitud del tribunal respecto de Díaz Bessone", afirmó Juane Basso, integrante del Espacio y militante de la agrupación Hijos. "No es lo único que vamos a plantear. Una de las cuesitones que marcó el juicio a lo largo de estos años, y de cara al próximo mes, es la incertidumbre por las demoras y suspensiones constantes de las audiencias", indicó el militante, quien consideró que esa actitud reiterada del Tribunal constituye "una falta de respeto porque muchas veces los testigos, sus familiares y el público se enteran en el mismo momento de la suspensión de la audiencia. Queremos que los jueces comprendan las situaciones con las que están tratando, que significa para los testigos revivir situaciones muy dolorosas".

Basso apuntó además que el Espacio pedirá certezas sobre la fecha del veredicto contra los seis acusados. "Este es un juicio que no sólo se desarrolla en Tribunales, sino en toda la sociedad. Nosotros articulamos con compañeros de todo el país y muchos de ellos necesitan organizarse para venir a escuchar la sentencia, que significará una movilización como la del día de la sentencia de la causa Guerrieri, el 15 de abril de 2010", apuntó Basso.

Acostumbrado a la impunidad : Ex servicio de "inteligencia" mintió y encubrió.

Silvia Suppo lo identificó y acusó.

PROCESARON AL EX SERVICIO DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO, CESAR LUIS FRILLOCCHI
Por mentir en el juicio a otro servilleta

Frillochi -que actuaba con el nombre encubierto de Carlos Leandro Fittipaldi- fue procesado por mentir en el juicio a otro PCI, Barcos. Había dicho que no conocía a dos jefes de grupos de tareas y el juez Rodríguez probó que eran sus superiores inmediatos.
Por Juan Carlos Tizziani,
Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó por "falso testimonio" a un ex agente secreto del Ejército, César Luis Frillocchi, por haber mentido en el juicio a otro delator de la dictadura, Horacio Américo Barcos, a quien el Tribunal Oral de Santa Fe condenó el año pasado a 11 años de prisión por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978. Frillocchi había dicho en el juicio que ingresó como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 después del secuestro del matrimonio, pero la investigación judicial demostró que lo hizo dos semanas antes, el 1º de mayo de 1978. Y también negó haber conocido a dos jefes de los grupos de tareas que operaron en Santa Fe: el capitán Julio César Domínguez ("Potín") y el suboficial del Ejército, Eleodoro Jorge Hauque ("Vicente"), pero en la causa quedó probado que eran sus superiores inmediatos. Hauque, ya fallecido, fue identificado en el juicio a Barcos como uno de los secuestradores de Tur y Ricotti y el represor que luego acosaba a Amalia cuando ya estaban en libertad. Otras víctimas también lo reconocieron por fotos, entre ellas Silvia Abdolatif y Silvia Suppo, quien lo acusó en una causa judicial, varios meses antes de ser asesinada. Mientras que Domínguez fue identificado como un integrante de la patota que operaba en un centro clandestino en la zona de San José del Rincón, donde estuvieron secuestrados Daniel García, su esposa Alba Sánchez y la compañera de ambos, Andrea Trincheri.

Frillocchi declaró en el juicio a Barcos el 23 de marzo de 2010 y fue el primer testigo a quien el fiscal general Martín Suárez Faisal acusó por falso testimonio y pidió su arresto. El Tribunal rechazó la detención, pero se inició una causa en la que ahora fue procesado por el juez Rodríguez.

En su relato, Frillocchi dijo que comenzó a operar en el Destacamento de Inteligencia 122 recién en agosto de 1978, tres meses después del secuestro de Tur y Ricotti. Pero cuando el Tribunal le exhibió su legajo del Ejército, donde consta que había sido propuesto para el cargo, el 17 de abril de 1978, por el capitán Domínguez y que lo habían designado el 1º de mayo de 1978 en el cuadro C con un nombre encubierto: Carlos Leandro Fittipaldi, que utilizaba Frillocchi, volvió a negarlo. "Yo ingresé en agosto de 1978", se defendió.

Suárez Faisal le preguntó entonces si conocía a Hauque, a quien Ricotti identificó como uno de sus secuestradores. "No lo conozco, no sé quién es", respondió.

El juez Rodríguez desmintió a Frillocchi con tres pruebas:

* El legajo Hauque, reservado en la causa, donde consta que éste se desempeñó como PCI del Ejército "entre 1974 y 1982" y que "en 1978", (cuando ya operaba Frillocchi) era el jefe de los agentes secretos. "Lo mismo informó la Dirección General de Inteligencia", agregó el magistrado.

* El testimonio del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, teniente coronel Domingo Manuel Marcellini, quien dijo que Haunque tenía bajo su mando a todos los PCI de la unidad.

* Y la indagatoria de Barcos, quien admitió que "Hauque era la persona a la cual reportaba sus actividades de PCI, que era el encargado de calle, que se comunicaba telefónicamente con él en el Destacamento de Inteligencia 122 y que coordinaba los encuentros". Y que Hauque desempeñó esa tarea "hasta el año 1978".

"Hauque cumplía funciones en el Destacamento de Inteligencia 122 contemporáneamente con Frillocchi y el hecho de que éste último trabajara bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Ramón Ricciardi (quien sucedió a Marcellini, en 1978), no es óbice para que no haya conocido al mencionado Hauque", señaló el juez.

"Frillocchi también dijo que no conocía al capitán Domínguez, pero en su legajo personal surge que éste evaluó "sus condiciones morales, ideológicas y familiares" y lo consideró "apto" para ocupar el cargo de PCI. "La persona que Frillocchi dice no conocer" es la que después "conceptúa sus tareas", reveló el juez. Es más: "La Dirección General de Inteligencia al informar sobre las personas que revistaron como superiores del encartado, dice: 'el capitán Domínguez era el jefe del grupo en el que revistaba el causante (Frillocchi)".

Los responsables de evaluar a los PCI eran Hauque, Domínguez y el coronel Ricciardi, en ese orden. "Domínguez era el encargado inmediato de todo el personal civil de inteligencia, al menos en el año que menciona Frillocchi (1978), por lo tanto, "el imputado no puede desconocer a la persona que lo califica y más aún cuando se trata de las tareas que desempeñaba" en el Ejército, concluyó el juez.

El comisario Martinez Dorr acusado de torturas quiere evitar el juicio oral desde su arresto domiciliario

Está acusado de torturas contra un estudiante de la UES en los '70.
Represor que busca una probation

Un acusado por delitos de lesa humanidad pidió la probation para zafar del juicio oral. Es el primer caso en el país. El Tribunal de Santa Fe rechazó el pedido y ratificó la fecha del debate: 31 de marzo. Pero ahora, el represor podría recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal.
or Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Un comisario retirado de la Policía santafesina que está preso desde hace tres años, Roberto Martínez Dorr, se convirtió en el primer acusado por delitos de lesa humanidad del país que pidió la "suspensión del juicio a prueba" para beneficiarse con la "probation" y conmutar una eventual pena de cárcel por trabajos sociales. El Tribunal Oral de Santa Fe rechazó la solicitud por considerar que "las violaciones a los derechos humanos" durante la dictadura "resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende" y ratificó la fecha para el comienzo del juicio oral y público: el 31 de marzo próximo. Sin embargo, el abogado del represor, Néstor Oroño, dejó abierta la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo que si eso ocurre, el debate oral podría suspenderse. Martínez Dorr está preso desde febrero de 2008 aunque en agosto del año pasado logró el arresto domiciliario , por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a un ex detenido político, Froilán Aguirre, en octubre de 1976, cuando éste tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Martínez Dorr pidió la "suspensión del juicio a prueba" por considerar que la "acusación que pesa" en su contra "queda conformada a partir del mínimo de tres años (de prisión), lo que en principio tornaría viable la imposición de una condena de ejecución condicional". El planteo fue hecho con el patrocinio del penalista Néstor Oroño, abogado de otros represores y ahora candidato a senador por La Capital por la alianza entre el peronismo federal que responde a Eduardo Duhalde y el PRO de Mauricio Macri que postula como candidato a gobernador de Santa Fe al cómico Miguel Torres del Sel. El año pasado, Oroño defendió al ex gremialista de la Uocra y ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos, condenado a once años de cárcel por "secuestros" y "torturas" que después se unificó con otra por "extorsión" en 15 años.

El argumento de Martínez Dorr de una eventual "condena condicional" fue rechazado de plano por Ministerio Público Fiscal. Si hay una sentencia condenatoria, "la pena de prisión sería indudablemente de cumplimiento efectivo atento a la gravedad de los delitos que se le imputan", dice el dictamen del fiscal general Martín Suárez Faisal y de su segundo, Patricio Longo. Y reivindica "el interés de la sociedad en la resolución de este tipo de causas, dada la naturaleza y gravedad" de los delitos de lesa humanidad, "por lo que cobra aún mayor relevancia el desarrollo del debate, el cual implica la publicidad de su contenido, la discusión de las circunstancias fácticas y jurídicas y la declaración de responsabilidad del autor".

El dictamen fiscal advierte también sobre otro impedimento para que Martínez Dorr se beneficie con la probation y zafe del juicio oral y público. Y es su "calidad de funcionario público" cuando sucedieron los hechos, en octubre de 1976, y operaba como oficial del Comando Radioeléctrico de la Policía.

El Tribunal coincidió con los fiscales al considerar que el caso de Martínez Dorr "se encuentra expresamente excluido" del beneficio. Y citó el artículo 76 del Código Penal: "No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".

La incorporación de la probation al sistema penal argentino, explicó "se asienta en la necesidad de recurrir a alternativas sustitutivas de la pena para los casos de menor gravedad y de igual modo, obviar el juzgamiento de aquellos casos de menor trascendencia penal con el fin de preservar el juicio oral para los delitos más graves y complejos".

"Es evidente, entonces, que los hechos que aquí se investigan, relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende". "Los delitos de lesa humanidad son precisamente aquellos en los que más que ningún otro resulta imprescindible que sean sometidos a los principios que impone el debate oral, tales como la contradicción, la inmediación y la oralidad, que otorgan mayores garantías a todas las partes, y la publicidad en el desarrollo del juicio que posibilita a toda la sociedad conocer los hechos, la responsabilidad de quienes participaron en ellos y fundamentalmente el modo en que fue resuelto el conflicto", concluyó el Tribunal en una resolución que firman los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y su colega de Paraná, Roberto López Arango.

El juicio a Martínez Dorr sería el cuarto por crímenes de lesa humanidad que se realizará en Santa Fe. El diciembre de 2009, el Tribunal Oral condenó al ex juez Víctor Brusa a 21 años de cárcel y a otros cinco ex policías: Héctor Colombini y Eduardo Ramos (a 23 años de prisión), Juan Calixto Perizzotti (22 años), Mario Facino (20 años) y María Eva Aevi (19 años). Y el año pasado produjo otros dos fallos: el 12 abril, sentenció al ex agente civil del Ejército, Horacio Américo Barcos, a 15 años de cárcel y el 13 de agosto volvió a condenar a Facino a 23 años de prisión por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976 y ordenó que cumpla la pena en una cárcel común y no en su quinta de San José del Rincón, como lo hacía hasta entonces.