Genocida Perizzotti murió en su casa !!!

Murió el represor santafesino Juan Calixto Perizzotti

Tenía 82 años y purgaba condena a perpetua por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, gozaba de prisión domiciliaria por su avanzada edad.

El nombre de Juan Calixto Perizzotti se reiteró en los últimos años en casi todos los expedientes de causas federales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Santa Fe. El represor, de 82 años, falleció este jueves mientras cumplía prisión domiciliaria.

Perizzotti fue comisario, ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) durante los años de plomo. En 2016 fue condenado a prisión perpetua en la llamada “Causa acumulada” o “Megacausa” ventilada en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe. Fue el primer juicio en la ciudad capital donde se juzgó la apropiación y supresión de identidad de una menor de edad (María Carolina Guallane / Paula Cortassa), y en el cual Abuelas de Plaza de Mayo actuó como querellante.

En aquel momento, Perizzotti lo encontró culpable de los delitos de “homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad en perjuicio de diez personas; homicidio en perjuicio de otras cinco personas más; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra cinco personas; tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos; tormentos simple; sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y alteración del estado civil de un menor de 10 años, en perjuicio de María Carolina Guallane/Paula Cortassa”.

También contaba con una condena en la causa por delitos de lesa humanidad contra Silvia Suppo y otros cinco militantes rafaelinos. Suppo había sido secuestrada, torturada, violada y forzada a abortar por parte de sus propios abusadores mientras estaba detenida en la GIR

Al por entonces jefe de la GIR se lo acusó de ser “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada, por haberse cometido utilizando ilegalmente sus caracteres de funcionario público y por haberse cometido con violencia y amenazas”. También “aplicación de tormentos”.

Perizzotti falleció este jueves en su domicilio, donde cumplía la pena impuesta por el TOF.

A nueve años del crimen político de Silvia Suppo sigue en pie la exigencia de justicia

GENOCIDIO E IMPUNIDAD

El 29 de marzo de 2010 la ex detenida desaparecida y testigo clave en juicios de lesa humanidad, fue asesinada en su local comercial de Rafaela, Santa Fe. Su familia y organismos de derechos humanos luchan por que se sepa la verdad.

Constanza Villanueva

Abogada del CeProDH

Celina Tidoni

Abogada del CeProDH Rosario

El 29 de Marzo de 2016, frente al negocio donde trabajaba Silvia, sus hijos Marina y Andrés Destefani, colocaron una baldosa que decía: “Aquí soñó y vivió Silvia Suppo, militante peronista testigo en causas de lesa humanidad. Aquí fue asesinada el 29 de marzo de 2010. Verdad y Justicia. Baldosas por la Memoria”.

En cada lucha y movilización por el aniversario del Golpe cívico militar, Jorge Julio López y Silvia Suppo están presentes en el grito de decenas de miles que exigen memoria, verdad y justicia. Tienen en común haber sido sobrevivientes del terrorismo de Estado y que sus testimonios fueron claves para enjuiciar a genocidas. Pero no pudieron presenciar las tardías condenas.

Silvia Suppo fue asesinada en la mañana del 29 de marzo de 2010 en su local comercial de Rafaela (Santa Fe). Era militante política, víctima de delitos de lesa humanidad y testigo clave en los juicios a los represores de la última dictadura en esa provincia.

A pocas horas de los hechos, el gobierno provincial de Hermes Binner declaró que el asesinato de Silvia había sido consecuencia de un robo común, garantizando un manto de silencio e impunidad.

Sus hijos continúan exigiendo que se investigue el móvil político del crimen de Silvia y reclamando que se condene a los policías que participaron en la “investigación” por la cantidad de irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción como torturas y ocultamiento de pruebas.

Fallo histórico: los delitos sexuales son de lesa humanidad

Meses antes ser asesinada, Silvia había declarado como testigo en el juicio que concluyó con el primer exjuez federal de la Argentina condenado por crímenes de lesa humanidad, Víctor Brusa. El mismo fue funcionario judicial durante la dictadura y luego, ya en el período constitucional, promovido a juez. Durante el proceso, Silvia manifestó sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones.

Suppo fue secuestrada a los 18 años el 24 de mayo de 1977, horas antes habían secuestrado a su hermano y en enero a su compañero Reynaldo Hattemer en la puerta de una Iglesia. La trasladaron primero a la seccional 4° de la Policía en Santa Fe y de ahí al centro clandestino de detención “La Casita”.

En ese lugar, Silvia fue torturada y violada en varias ocasiones, luego fue derivada a la Guardia de Infantería Reforzada como presa legal y, al constatar su embarazo, le practicaron un aborto en un consultorio privado. Su carcelera era María Eva Aebi quien se hizo pasar por la hermana y el genocida Farina, como su marido.

Silvia tenía que volver a declarar en la “Megacausa Rafaela” que valientemente impulsó. Sus hijos Marina y Andrés Destéfani continuaron la querella representados por el equipo jurídico de HIJOS Santa Fe, en el juicio a los ex policías María Eva Aebi -ex sargenta primera-, Ricardo Ferreyra -comisario inspector retirado-, Juan Perizzotti -comisario mayor retirado- y Oscar Farina -comisario inspector retirado- por delitos de lesa humanidad cometidos a siete víctimas.

El 8 de octubre de 2018, finalmente el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en un inédito fallo en la provincia, condenó a los acusados del secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo Díaz y Graciela Rabellino, quienes sobrevivieron; de la desaparición forzada de Reinaldo Alberto Hattemer y del asesinato de Rubén Luis Carignano. Respecto a Silvia, se los condenó por Privación Ilegal de la Libertad, tormentos agravados por ser la víctima perseguida política, violaciones reiteradas (3 hechos) y aborto forzado, siendo considerado como un delito autónomo dentro de los crímenes del terrorismo de Estado.

Marina, hija de Silvia, expresó a este diario: “La condena para nosotros es un triunfo porque lo veníamos trabajando como querellantes en la causa y fue fundamental en ese sentido el asesoramiento y el testimonio que recibimos de parte de Susana Chiarotti que es abogada y militante feminista muy importante,y Lucila Puyol que es una referente feminista de la provincia”.

La visibilización de la violencia específica contra las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención, es producto de una gran tarea llevada adelante gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, abogadas y abogados querellantes contra los genocidas e investigadoras. Pero sobre todo, a las sobrevivientes que lo contaron como es el caso de Silvia Suppo.

En el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, la abogada y diputada porteña Myriam Bregman, querellante en varias de estas causas, señaló que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como constitutiva de ese plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976. Pese a ello, recién en 2010 se consiguió que esos crímenes fueran reconocidos como tales en un puñado de casos, lo que muestra hasta qué grado se perpetúa desde el Estado la violencia machista.

El Poder Judicial tardó más de 20 años en incorporar muchos de estos testimonios e inscribirlos como delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica, hizo su voto de silencio. Y muchos de los 400 hijos e hijas apropiados, continúan sin tener derecho a su identidad.

A nueve años, exigimos justicia por Silvia, reafirmamos el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas y mantener la lucha en las calles para que el Estado entregue los archivos de la represión en su totalidad.

Violación, embarazo y aborto impuesto: el ciclo de tortura que se juzga en Rafaela

Segunda audiencia en la Megacausa que analiza el caso de Silvia Suppo, a la que los represores le impusieron un aborto después de violarla y embarazarla durante el cautiverio

Redacción Canal Abierto | Se desarrolla en la ciudad de Rafaela la segunda audiencia de la Megacausa por delitos contra la humanidad cometidos en el noroeste santafesino durante el terrorismo de Estado.

Se trata del primer juicio por violaciones a los derechos humanos en el que se juzga la figura de aborto forzado como crimen de lesa. Es el caso de Silvia Suppo, ex detenida desaparecida en el Centro Clandestino La Casita, sobreviviente del genocidio, asesinada en 2010.

El proceso comenzó el pasado jueves y se extenderá hasta mediados de octubre.

Silvia Suppo, 2009

Los imputados son cuatro ex policías: los comisarios Ricardo Ferreyra y Juan Calixto Perizzotti, la sargenta María Eva Aevi y el oficial Oscar Adolfo Farina.

El abogado querellante Guillermo Munne, explica a Canal Abierto que “abarca la mayor parte de los crímenes de la última genocida cívico-militar-eclesiástica y, en este caso con más fuerza que nunca, patriarcal, cometidos en la zona”

El calvario de Silvia Suppo se incorpora mediante entrevistas periodísticas, un documental, testimoniales suyas en la etapa de instrucción, testimonios de familiares y compañeros, y a través de su declaración en el juicio de 2009, en el que relató los tormentos, las violaciones y el aborto al que la forzaron los represores.

“Se destaca el carácter misógino y patriarcal de esta dictadura retrógrada y reaccionaria en todas las dimensiones políticas, culturales y sociales, en los hechos que es que se juzgan: las violaciones contra Silvia y el aborto impuesto por el embarazo producto de esas violaciones, cuando fue secuestrada a los 17 años de edad”, aclara el abogado, que junto a Lucila Puyol encabezan la acusación.

Primera audiencia Megacausa Rafaela

Entre otros hechos, Ferreyra está acusado por los delitos sexuales. La interrupción del embarazo fue organizada por Perizzotti con la participación de Aebi y Farina. El hijo de Perizzotti, que es abogado y defiende a su padre, es reconocido militante anti-derechos contra el aborto legal, seguro y gratuito.

El 29 de marzo de 2010 Suppo fue asesinada en su negocio de nueve puñaladas en un hecho que su familia y las organizaciones de derechos humanos denunciaron como una venganza y un intento de amedrentar a la militancia por los derechos humanos. En 2015 el Tribunal Federal de Santa Fe condenó a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, auto-implicados en el crimen, a prisión perpetua, como “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad”.

En este juicio su voz la alzan sus hijos, Marina y Andrés Destéfani y su cuñada, Rita Destéfani.

Munne asegura que “con el asesinato buscaron acallar para siempre las denuncias de Silvia, pero no lo lograron, porque sus hijos mantuvieron esa lucha. Ella fue la denunciante inicial de esta causa, empezó con la denuncia de la desaparición de quien era su novio en el año 1977, Reinaldo Hattemer. Toda esa historia enorme de militancia de amor de valentía es la que llega a juicio en la mega causa”.

Silvia Suppo “es un emblema de todas las mujeres, de lo que es mantener la memoria siempre”, la reivindica Guillermo Munne

En la Megacausa Rafaela además se juzgan los casos del secuestro y desaparición de Reinaldo Hattemer, en la iglesia Sagrado Corazón de Rafaela, durante el casamiento de su hermano menor, Oscar Hattemer. Silvia Suppo era entonces novia de Reinaldo –que sigue desaparecido- y madrina de la boda; el homicidio de Rubén Carignano en la comisaría 4ª de Santa Fe; el secuestro del hermano de Silvia, Hugo Suppo, y de Jorge Destéfani, quien luego sería su esposo, en La Casita; secuestro y torturas de Graciela Rabellino y su compañero Ricardo Díaz, en el mismo circuito represivo.

Inauguraron un mural colectivo en homenaje a los 30 mil desaparecidos

En el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.30 mil desaparecidos "Apareceres" se inauguró este miércoles 13 de diciembre a las 10 horas en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera.

“El número 30.000 siempre ha sido una bandera de las luchas de los organismos de Derechos Humanos y de una sociedad que reclamó de manera contundente el "Nunca Más". Cuando decimos "30.000" queremos decir 30.000 voces, cuerpos, sueños, familias, amigos, proyectos, utopías, militancias, conquistas, compromisos... Cada persona que fue desaparecida forma un retazo de un gran rompecabezas, cada persona desaparecida fue/es única y debemos poder retomar el registro de lo singular para destacar todo lo humano que quisieron quitarles”, expresa la convocatoria a este mural colectivo.

“Ese rompecabezas que conforman la totalidad de las personas desaparecidas y/o asesinadas es "el 30.000" que deja así de ser solo un número y pasa a ser ese todo construido por cada pieza que hoy nos falta. A 34 años del retorno de la democracia seguimos levantando la bandera del Nunca Más y justicia por cada compañero desaparecido”, señala como objetivo de este trabajo que será inaugurado en el Espacio para la Memoria Campo de la RIbera

Cultura & Espectáculos 12/12/2017 Por Redacción La Nueva Mañana

Gendarmería Nacional avasalla la Univ. Rosario, en un acto por Santiago Maldonado

Gendarmería irrumpió en la Universidad de Rosario mientras se realizada una actividad por la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Ayer, en el predio del Centro Universitario Rosario, mientras se celebraba un acto al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería ingresó al predio universitario sin contar con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521. Por ANRed

Ayer, en el predio del Centro Universitario Rosario, mientras se celebraba un acto al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería ingresó al predio universitario sin contar con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521.

En tanto las autoridades de la Universidad mediante un comunicado informaron sobre su preocupación al respecto "La Universidad Nacional de Rosario repudia de manera enfática cualquier intento de amedrentamiento por parte de la fuerza pública a los miembros de nuestra comunidad, la cual goza del pleno derecho de expresar públicamente sus opiniones en el marco de las garantías que brinda el Estado de Derecho"

Asimismo el rector de la UNR, Héctor Floriani manifestó que se "ha instruido a Asesoría Jurídica de la Universidad para que presente de inmediato la denuncia de lo sucedido ante la Fiscalía Federal de turno."

4/10/17

La cruz del silencio

Una promesa de compromiso que el viento se lo llevo y del que nadie, nadie pronuncia una sola palabra sobre esta cruz del silencio, como tantas que pesa sobre la jerarquía eclesiástica. Lo mismo sucede con la causa del Movimiento Familiar Cristiano bonaerense,
 

En tanto en junio juzgaran por primera vez al sacerdote Eugenio Zitelli que fue capellán de la fuerza de seguridad durante la ultima dictadura junto a trece ex policías por crímenes de lesa humanidad en una causa por 155 casos de violaciones a los derechos humanos

El tramo de este diálogo con una presa política obvia todo comentario: 

– Padre, acá además de gente torturada llega gente violada y no importa la edad. Mi suegra de 54 años fue violada y también chicas de 16 años. 

– Un momento, la tortura es aceptable porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones habíamos acordado que no porque están en contra de la moral ¿Usted me autoriza a decírselo al Arzobispo

– Se lo exijo. 

Este fue el diálogo entre María Inés Luchetti de Bettanin, mientras estaba detenida en plena dictadura cívico militar en el Servicio de Informaciones (SI) de Dorrego y San Lorenzo, con Eugenio Zitelli, capellán de la Policía de Rosario, ocasión en la que era miembro activo de la patota del represor Carlos Feced.
María Inés fue secuestrada en enero de 1977 y, como muchas otras detenidas, había pedido un confesor para poder canalizar a través de la fe y la religión el duro momento que estaba viviendo. Desde 1984 viene denunciando el accionar del ex capellán en este Centro Clandestino de Detención (CCD) y su colaboración con las fuerzas represivas.

A 41 años del último golpe cívico militar Nombres recuperados

La Facultad e Humanidades de la UNR publicará los datos de los archivos de desaparecidos enterrados como NN en el Cementerio La Piedad que un grupo de investigadores recuperó.
 
Por Stefanía Sahakian*

Los cuerpos fueron separados de sus nombres. Sus rostros fueron enterrados sin identidad, sin reconocimiento. Durante años, la única condición de aquellos cuerpos era la de desaparecidos (aún es la de muchos) y sólo podían estar presentes en los familiares, en los amigos que intentaron sostener con sus propios cuerpos aquellos nombres. Con una guillotina de tinta, los verdugos de la última dictadura separaron a los cuerpos de sus nombres: los escribían NN. Pero lo que no imaginaron es que algunos años después, esas dos letras, jugarían en las fantasías de los que sobrevivieron como infinitas posibilidades para devolverles el rostro a los cuerpos enterrados.

Marcela Valdata es antropóloga y docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y fue quien lideró la investigación que trabajó con los archivos de inhumación del cementerio La Piedad, ingresados como NN o con nombre y apellido pero registrados como "muertes violentas". El proyecto comenzó hace unos diez años y hoy está finalizando con la digitalización de todos los datos que recuperaron, con el objetivo de hacerlos accesibles a toda la comunidad, en la Facultad de Humanidades y Artes.

Estos archivos que el equipo de Valdata rescató e investigó, permitieron que se realizaran exhumaciones de algunas fosas del cementerio, en las que se encontraron cuerpos enterrados en la dictadura como NN y fueron restituidos a sus familiares.

"En el 2004 empezamos a juntar todas las fuentes posibles de documentación: por un lado, las notas periodísticas de esos años, relevamos todo lo que estaba en la hemeroteca para reconstruir lo que aparecía como enfrentamientos o muertes violentas, sin ningún tipo de causa -explica Valdata-. Por otro lado, teníamos las declaraciones de la CONADEP y algunos testimonios sueltos de sepultureros. Entonces, cruzamos estos datos con la documentación que encontramos en La Piedad en torno a la inhumaciones como NN".

En ese momento, el Equipo Argentino de Antropología Forense había descartado a La Piedad como un espacio en donde podía haber cuerpos sin identificar, daban por hecho que todo había sido pasado a osario. Sin embargo, a partir de los relatos de algunos sepultureros del cementerio, aquellos rostros velados, sin nombre, seguían siendo una posibilidad para un equipo de investigación de seis personas -en el que participaban estudiantes de Antropología de la UNR y estudiantes de Museología,  dirigidos por la docente Marcela Valdata-, que decidió indagar en los archivos porque creían que los cuerpos podían estar allí todavía. "Nos derivaron a un depósito lleno de papeles y era terrible porque había muchos ácaros y se había caído el techo, así que todas las cosas estaban ahí abajo, en muy mal estado", cuenta Marcela.  Encontraron desde libros escritos con pluma en papel biblia, hasta una carta de renuncia de uno de los empleados del cementerio al que obligaron a irse durante el proceso, por su militancia. El hombre no había podido jubilarse porque esta carta no había sido registrada y no querían computarle esos años, así que su aparición fue una buena noticia para él.

Los documentos estaban muy sucios y corroídos por las ratas, por lo que dos de las integrantes del equipo que estudiaban Museología, Natalia Urquiza y Jorgelina Almeida, hicieron una limpieza, clasificación y escaneo para que el material físico no se manipulara más y quedara como un archivo de resguardo.

Hoy están finalizando con la digitalización de todos los datos recuperados, que van del año 1977 a 1983. Este proyecto está radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y el objetivo es publicarlos en esta unidad académica. Se podrá acceder a los datos cronológicamente, por años o por meses y se podrá buscar por Nombre y apellido o por NN. En cada categoría se accederá a toda la información del documento escaneado. El Museo de la Memoria y el cementerio La Piedad contarán también con una copia de estos archivos digitales.

Valdata cree importante "pensar a la Universidad como un actor fundamental en la reconstrucción histórica de ese momento. Además, desde la cuestión educativa puede llegar a existir una línea de investigación que quizás nosotros no hayamos visto o que no fue tomada aún, por ejemplo, no hay aún ningún análisis estadístico de edad, ocupación, etc., en torno a lo que está ahí documentado".

 

Los huesos siguen hablando

"Después de mucho trabajo, tuvimos un dato que era 99% certero y conseguimos a un familiar que estaba dispuesto a escuchar la situación, así que lo presentamos", relata Valdata. El caso fue el del militante entrerriano Eduardo Germano, "El Mencho". Tenía 18 años cuando fue asesinado en diciembre del '76 por un grupo liderado por Agustín Feced, que hizo explotar su cuerpo dentro de un barril metálico. En los diarios dijeron que fue un "enfrentamiento frustrado". La familia no imaginaba que algún día iba a poder tener sus restos porque lo que decían los medios era terrible.

El hermano del Mencho inició la querella y ésta accionó todas las exhumaciones que siguieron por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. Esa Navidad, la familia de Eduardo Germano se reunió e hicieron todos juntos un simulacro de enterratorio en La Piedad. Llevaron flores, lloraron, lo despidieron. Hicieron un ritual de inhumación suponiendo que ese lugar que Marcela y su equipo les señalaban había sido el de él. "La familia logró simbolizar ese entierro y eso era lo más importante para nosotros, era lo único que nos interesaba, devolverle a las familias sus historias", dice la antropóloga de la UNR y agrega: "Uno de los hermanos nos decía que no importaba si cuando exhumaran, el cuerpo de Eduardo no estaba ahí, que para ellos ese había sido su lugar y le daban validez a nuestra reconstrucción".

Finalmente, se hizo la exhumación y encontraron en la fosa al Mencho. Lamentablemente, sus padres y uno de sus hermanos fallecieron antes de que les restituyeran el cuerpo, pero otro de sus hermanos, Gustavo Germano, recibió el cuerpo y lo enterró en Entre Ríos.

Las exhumaciones continuaron y pudieron identificar a muchos de los registrados como NN en La Piedad. En palabras de Valdata, el trabajo de investigación que realizaron fue "súper minucioso y serio, y estábamos en lo cierto. Al principio eran muchos frentes abiertos y teníamos muchas dudas, no sabíamos si todos los datos nos iban a conducir a algo y la verdad es que cuando lo cerramos fue importantísimo".

Marcela recuerda entre todas las historias a "una madre que reconoció a su hijo porque él había tenido una operación de corazón. En la fosa encontró nada más que los huesos, pero pudo reconocerlo porque tenía todas las costillas atadas con broches de acero y supo que era él. Los huesos siguen hablando".

 

Los sin nombre

Las iniciales N.N. en español se leen como "Ningún Nombre" y en inglés como "No Name", pero en nuestro país dicen mucho más. N.N. quiere decir que los asesinos de la última dictadura le temían a los nombres. Como si acaso sospecharan que sólo los nombres fueran aquello que les daba identidad a los miles de chicos que asesinaron durante ese infierno, como si creyeran que los nombres fueran contagiosos de alguna idea, de alguna personalidad.

La relación que los investigadores tuvieron con las personas que no eran de rango en el cementerio fue importante para continuar con el trabajo. Los sepultureros de La Piedad fueron actores fundamentales en esta historia: "Nos parecía raro que ellos, que habían estado trabajando durante la dictadura, no nos negaran que los cuerpos estuviesen ahí, por eso insistimos en la búsqueda", resalta Valdata y agrega que "poco a poco empezaron a confiar en nosotros y a señalarnos cuáles eran las fosas que no habían tenido movilidad en esos años. Suponemos que los ellos mismos evitaban el movimiento para resguardarlas y que pudieran quedar allí para investigaciones futuras. Creo que fue tan doloroso para ellos, que empezaron a abrirnos puertas, porque la franja etárea de los chicos fallecidos que llevaban podía ser la de los hijos de los sepultureros".

Ellos, los encargados de sepultar los cuerpos, empezaron a desenterrar historias. Contaban que había madrugadas en las que llegaban los militares en un camión del ejército lleno de ataúdes. Y a veces sin ataúdes. Mientras los sepultureros hacían su trabajo, bajo amenaza y algunos con pocos recursos simbólicos para conocer completamente lo que sucedía, los uniformados apuntaban a los cadáveres que se iban cubriendo de tierra. "No dejaban de apuntarles con las armas hasta que los cuerpos quedaran completamente tapados, como si tuviesen miedo de que resucitaran", dice Marcela recordando el relato de los sepultureros.

Los militares temían que aquellos cuerpos despertaran, hablaran, los enfrentaran. Los dejaron abandonados, mutilados, bajo la tierra y sin nombre, sin rostro. Pero en contra de lo que planearon, hoy sus nombres resucitan y sobreviven gracias a los miles de testimonios recolectados por algunos cazadores de rostros desaparecidos, que lograron devolverles a los nombres sus cuerpos. Aquellos cuerpos que permanecían ocultos bajo una tierra muda, vieja y sucia, de la que no imaginaron que podrían volver a brotar nuevas historias.

*Integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR

Zitelli : Un sacerdote a juicio por crímenes de lesa humanidad

Trece expolicías de Santa Fe y el sacerdote católico Eugenio Zitelli, quien fue capellán de la fuerza de seguridad durante la última dictadura argentina, comenzarán a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad el 16 de marzo de 2017 en Rosario, en una causa por 155 casos de violaciones a los derechos humanos.

Según informa la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), se trata de la causa denominada “Feced III”, que constituye el tercer tramo de una amplia investigación sobre los crímenes de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario.

En el proceso, que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 2 de esta ciudad santafesina, se investigarán los delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 155 víctimas.

El tribunal está integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás). Los tres jueces que integran originalmente el TOF2 de Rosario se excusaron de participar de este juicio oral puesto que lo hicieron en los tramos anteriores, Feced I y II.

Los imputados que llegarán a juicio son los expolicías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lo Fiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli.

Sólo tres de los imputados no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa “Feced”: los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González; y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Gianola y González estaban prófugos cuando se celebraron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.

“Es el tramo más grande de la causa Feced en cuanto a la cantidad de víctimas y de acusados”, dijo el fiscal de causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate.

Explicó que de los 155 casos que se ventilarán en el debate oral “80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente”.

Según Villate, “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” y que cuenta con unos 300 testigos ofrecidos por las partes.

El fiscal destacó que este tramo de “Feced” tendrá como dato saliente que por primera vez “se va a juzgar la responsabilidad del excapellán del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario”.

Los acusados participaron, según la acusación, del circuito represivo que tuvo como eje el SI, el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe que funcionó en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, en pleno centro de Rosario.

En ese edificio, que hoy ocupa la sede local de la Gobernación santafesina, funcionó la Jefatura de Policía de Rosario.

Se calcula que por allí pasaron unos 2000 detenidos-desaparecidos durante los primeros años de la última dictadura, y fue “levantado” en 1978, a raíz del asesinato de un militante argentino y dos ciudadanos peruanos.

Se inician nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad

Comienza el jucio por crímenes en “La Casita”

En Santa Fé, el ex juez Víctor Hermes Brusa y cuatro ex policías provinciales están acusados de secuestros, torturas y un homicidio

Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad comenzará en febrero, tras la feria judicial, mientras que otros seis continuarán en todo el país, en uno más -ya concluido- se dará lectura a los fundamentos de la sentencia y, siempre en el segundo mes del año, en otra causa elevada a juicio se realizará la audiencia preliminar.

Los juicios en curso -en su mayoría en la etapa de los alegatos- se reanudarán este miércoles, en tanto un día después, en Santa Fe, comenzará el juzgamiento de los imputados por delitos cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “La Casita”.

También, aunque aún sin fecha ni horario confirmados, en el reinicio de la actividad judicial serán retomadas las audiencias, en la localidad mendocina de San Rafael, del juicio en el que están acusados 26 represores, entre ellos el ex capitán del Ejército Luis Alberto Stuhldreher, ex intendente de facto de esa ciudad.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal 2 porteño reanudará este miércoles el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 352 víctimas entre 1976 y 1979 en el circuito que conformaban los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO), dependiente del Cuerpo I de Ejército.

Brusa y otros

El jueves 2, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y con la intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal, se iniciará el proceso oral y público pospuesto en septiembre último en el se juzgará al ex juez Víctor Hermes Brusa y a cuatro ex policías provinciales.

Los hechos imputados comprenden los secuestros y torturas de 13 personas que pasaron por el centro clandestino de detención “La Casita”, en las afuera de la ciudad de Santa Fe y el homicidio del responsable zonal de Montoneros, el desaparecido Emilio Feresín.

También este jueves continuará en Mendoza el juicio conocido como “Causas unificadas” por delitos cometidos en centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza Aérea, por los que deberán responder 24 acusados.

Caballero II

En tanto, el viernes continuará en el Chaco el juicio de la causa “Caballero II” o “Caballero Residual”, en el que se juzga a once represores, entre militares y policías, por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia.

El lunes 6, el martes y el miércoles de la semana siguiente continuará en Bahía Blanca el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, tercer tramo de la investigación de crímenes cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura.

Se trata de la causa número 930 denominada “González Chipont, Julio Guillermo y otros sobre privación ilegal de la libertad”, en la que se encuentran imputadas 39 personas por delitos cometidos en perjuicio de 103 víctimas.

El mismo día, lunes 6 de febrero, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata dará a conocer los fundamentos del veredicto dictado el 29 de diciembre último, por el que fueron condenados a prisión perpetua seis ex policías federales que en octubre de 1976, durante operaciones represivas, participaron de homicidios y secuestros de militantes políticos en esa ciudad.

Multicondenado

En tanto, el próximo 9 de febrero comenzarán los alegatos de las querellas en el juicio por la denominada causa “Colegio Militar”, un nuevo proceso contra otro multicondenado, el genocida Santiago Omar Riveros. Se estima que esta causa llegará a sentencia alrededor del 7 de marzo.

A esos procesos orales se sumará el próximo 13 de febrero la audiencia preliminar del segundo juicio con 18 acusados por crímenes cometidos en la Subzona 14 del terrorismo estatal en La Pampa, que tramitará ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa

GENOCIDAS AL COUNTRY 2 (Campo de Mayo)

Comunicado de Prensa APDH Rosario

La APDH solicitó a los dos tribunales orales de Rosario que ordenen la inmediata remisión del genocida Jorge Alberto Fariña a una cárcel común.

 
El ex integrante del destacamento de inteligencia 121 dos veces condenado en las causas conocidas como Gerrieri 1 y 2, uno de los principales imputados en la causa Klotzman, se encuentra alojado en el pretendido penal de Campo de Mayo.

En efecto, la APDH había solicitado a los jueces federales que impidan los traslados a Campo de Mayo, y en ese marco fuimos notificados de que el represor se encuentra cómodamente alojado en las casas  de descanso de ese predio castrense.

El ahora pretendido penal fue cerrado por la falta de infraestructura para neutralizar el peligro de fuga que conlleva alojar a los detenidos por los delitos más graves del ordenamiento jurídico en un inmueble no preparado al efecto.

Una fuga de Fariña pondría en riesgo la causa Klotzman, donde por primera vez se juzgará la vinculación del destacamento de inteligencia con la policía federal en el despliegue de la represión ilegal en nuestra zona, donde él es el principal imputado.

La causa está pronta al juicio oral y entendemos imprescindible que inmediatamente se asegure su realización alojando a Fariña en una cárcel común e impidiendo que cualquier otro represor sea alojado en el penal ilegal de Campo de Mayo.

Ese fue nuestro pedido esta mañana y esperamos una pronta resolución judicial en ese sentido.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

APDH REGIONAL ROSARIO
Norma Ríos, Presidenta
Rosario, 29 de dic/2016

Rosario:“Los juicios tienen un nivel restitutivo”

Una mujer de 39 años que fue secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura, cuando apenas tenía seis meses, declaró este jueves en el juicio por delitos de lesa humanidad “Guerrieri III” y expresó que si bien el proceso oral no le devuelve a su padre desaparecido sí “tiene un nivel restitutivo”.

Una mujer de 39 años que fue secuestrada junto a sus padres durante la última dictadura, cuando apenas tenía seis meses, declaró este jueves en el juicio por delitos de lesa humanidad “Guerrieri III” y expresó que si bien el proceso oral no le devuelve a su padre desaparecido sí “tiene un nivel restitutivo”.

“Por más que yo haya perdido y me hayan quitado la posibilidad de tener a mi papá, esto, si bien no me lo devuelve, tiene un nivel restitutivo”, dijo Mariana Victoria Flores ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario. Y apuntó a la dimensión social de los juicios: “Porque por fin esto dejó de pasarme a mí y empezó a pasarle a la sociedad”.

Flores fue secuestrada cuando solo tenía seis meses junto a su madre Laura Ester Repetti –quien también declaró en la audiencia de este jueves– y su padre Daniel Flores, que permanece desaparecido. El matrimonio era de origen cristiano y su creencia religiosa los movió a la militancia política de los años 70, contó hoy Repetti.

El 7 de junio de 1977 los tres fueron secuestrados por una patota de civil a la salida de un cine y conducidos al centro clandestino de detenciones “La Calamita”, ubicado en Granadero Baigorria, según pudo reconstruir con el tiempo Laura Repetti.

Su hija Mariana declaró que lo que conoce de su cautiverio “es por el relato de mi mamá”, puesto que no se posee memoria de lo ocurrido. “Hace poco yo pensé que una de las diferencias entre mi mamá y yo es que a mi mamá a los veintipico le sucedió algo”, le dijo al tribunal.

Y siguió: “A mí no me sucedió nada, a mí me constituye, yo no soy sólo eso, pero no soy sin eso”. “Para mi estar acá –dijo- es algo que desee toda la vida, yo lo único que deseaba es que los que eran responsables sean responsables”.

Flores contó que su infancia y adolescencia transcurrieron durante “muchos años de silencio” y que “la desaparición de mi papá acarreó la muerte de mi familia paterna”. Narró que hace poco tiempo una mujer que va al comercio que ella posee le contó que era prima de su papá, dato que había mantenido oculto a pesar de conocerla.

“Recién hace dos semanas que esa mujer me dijo llorando que era la prima de mi papá y me habló de él. Los juicios, las palabras dichas acá, traspasan y empieza a pasar algo”, consideró .

Los hijos y el marido de una desaparecida de Quinta de Funes declararon en Guerrieri 3

Recuerdos de la madre que hizo falta

Guillermo Sabino y María Celeste Martínez Reyna dieron testimonio por primera vez en un juicio oral y público. Contaron lo que pudieron recontruir del secuestro de María Adela Reyna Lloveras, una de las militantes ultimada en La Intermedia.

María Celeste y Guillermo Martínez junto a su padre, que también declaró ayer en el juicio. (Fuente: Alberto Gentilcore)
María Celeste y Guillermo Martínez junto a su padre, que también declaró ayer en el juicio.
(Foto: Alberto Gentilcore) - Por: Sonia Tessa

La mayor parte de las personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención La Calamita y sobrevivieron relatan que la encargada de cocinar era otra detenida, María. Esa mujer es una de las desaparecidas que pasó por el circuito Quinta de Funes-Escuela Magnasco y La Intermedia. Ayer, María Adela Reyna Lloveras llegó a la audiencia de la causa Guerrieri 3 en la voz de sus hijos Guillermo Sabino y María Celeste Martínez Reyna. "Toda mi vida he intentado reconstruir la historia de mi madre por partes... Y también hay un poco de... culpa de hurgar en la memoria y no recordar nada. A veces mi hermano me cuenta algo, pero yo no me acuerdo de ella. Voy reconstruyendo por las cosas que me cuentan, siempre cosas lindas, por las fotos. Me ha hecho mucha falta todo el tiempo", dijo María Celeste, con una voz suave, ante el Tribunal Oral Federal número 1. Tenía tres años cuando secuestraron a María, en octubre de 1976 (creen que el día 16), en una cita envenenada en capital Federal, según testimonios que Guillermo pudo recoger de uno de los compañeros de su madre. "Exactamente no recuerdo la última vez que la vi, que compartí con ella. Tengo muchos recuerdos de ella, siempre he hecho un esfuerzo memorístico para ver cuándo fue la última vez que me abrazó y no... Sí tengo recuerdos muy vívidos, muy fuertes, muchos", dijo Guillermo, que tuvo a su madre hasta los cinco años.

En la audiencia de ayer también declaró quien era el marido de María Adela, Guillermo Benito Martínez Agüero, hoy de 71 años, que cayó preso en Mendoza en octubre de 1974. Esa caída determinó que María debiera salir de la ciudad para militar en un lugar más seguro, y la organización Montoneros la destinó a Rosario. Los tres testigos de ayer declararon por primera vez en un juicio oral.

Martínez Agüero contó lo que pudo reconstruir del secuestro de su esposa, y recordó que "María Adela militó con mucho compromiso, entrega, sinceridad". Al finalizar su testimonio, les dijo a los integrantes del Tribunal: "No me gusta usar el término del horror, prefiero el homenaje, prefiero el término de la epopeya, porque fue épico lo que hicieron. Esta declaración tiene que ser un homenaje a esos compañeros que no están". Y también pidió que los juicios por delitos de lesa humanidad sean "una política de estado, no de gobierno". En la audiencia de ayer, además de Eduardo Costanzo y Juan Amelong, los únicos dos imputados que están siempre presentes, estuvo Rodolfo Isach, quien amplió su declaración indagatoria con un texto incomprensible que leyó para referirse a lo ocurrido como "una guerra civil". Es su derecho, como acusado, expresar lo que desee en el momento del juicio que elija, sin juramento de decir verdad. Otros imputados, como los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Marino González y los Personal Civil de Inteligencia Juan Cabrera y Walter Pagano siguieron la audiencia por videoconferencia. Armando Pelliza y Ariel López estaban en una sala contigua hasta que el Tribunal defina su situación.

En esta causa se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. El fiscal Adolfo Villatte lleva adelante la acusación, las querellas están representadas por Nadia Schujman, de Hijos y Santiago Bereciartúa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el Tribunal es presidido por José María Escobar Cello, junto a María Ivón Vella y Luciano Lauría.

Además de su testimonio, María Celeste aportó también documentación de su abuela materna, la mamá de María Adela. "Tengo notas escritas por ella de las cosas que iba diciendo la gente, de lo que tenía que hacer", relató la mujer de 43 años. Su madre de crianza, una prima hermana de María Adela, fue también para María Celeste un nexo con la historia de su madre, a quien quería mucho. Y fue la mujer que la crío, María Carlota, quien guardó cada papel y cada foto que remitiera a María Adela. "Quizás porque soy más grande, quizás porque soy madre, pero al ver esos papeles, representan la desesperación de una madre buscando a su hija. Con los llamados anónimos que le hacían, mi abuela materna manoteaba una receta del médico y escribía. Eso es muy impactante", dijo sobre la carpeta que ayer aportó a la causa. "Quizás ahora puedo entender no sólo el dolor que una vive, sino el dolor de otros", expresó. Cuando terminó su testimonio, se acercó al estrado del Tribunal y les explicó qué era cada papel. "Mi mamá de crianza guardaba absolutamente todo, las fotos, la ropa de mi mamá...", contó sobre el legado que llevó a la Justicia.

Anteayer, el Tribunal inspeccionó la Escuela Magnasco, el centro clandestino de detención (CCD) donde los prisioneros de la Quinta de Funes fueron llevados después del fracaso de la Operación México, y la llamada de un periodista mexicano que los obligó a desmantelar ese CCD. Allí estuvieron pocos días, porque luego los trasladaron a la Intermedia. El dato novedoso de esta inspección es que por primera vez pudieron acceder al entrepiso descripto por el único sobreviviente de ese circuito, Jaime Dri, quien contó que desde una ventana que se destapó accidentalmente pudo ver el nombre de la calle donde estaban, y describió una escalera pequeña, como también lo hizo Costanzo, el imputado que relató la muerte de los prisioneros en La Intermedia.

"Algunas consideraciones sobre Operación México, la película"

Comunicado de los hijos de Tucho y Raquel

Ante el estreno de la película “Operación México, un pacto de amor”, nos encontramos con la necesidad de dejar sentada nuestra postura crítica con respecto a un producto de la industria cinematográfica que pretende relatar la historia de nuestros padres Tulio Valenzuela (Tucho) y Raquel Negro (María Amarilla), y de los compañeros con quienes militaron en la Columna Rosario en la agrupación Peronista Montoneros.

El triller del director Leonardo Bechini, que cuenta con los papeles protagónicos de Luciano Cáceres, Ximena Fassi y Ludovico Di Santo, se basa en la novela “Operación México, Tucho o lo irrevocable de la Pasión” escrita por Rafael Bielsa en el 2014. Aunque el primer intento de abordar esta historia desde el género de no ficción se pueda atribuir a Miguel Bonasso con “Recuerdo de la Muerte” (1984). Ambas obras recogen los testimonios de Jaime Dri, el único sobreviviente del circuito represivo (Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia) por el que pasaron todos los integrantes de la Columna Rosario, incluidos Tulio y Raquel. Hoy, todos ellos excepto Jaime Dri, se encuentran desaparecidos como consecuencia de uno de los más atroces genocidios que sufrió nuestro país. Casi treinta y nueve años después, seguimos buscando al hijo mellizo de Tulio y Raquel, nuestro hermano, nacido en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná y dado de alta con vida del Instituto Privado de Pediatría, el 27 de marzo de 1978.

Antes que nada queremos reconocer y agradecer la disposición que tuvieron los actores, quienes una semana antes del rodaje, intentaron extender un puente entre industria-familia. Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar el abordaje que realiza la película para relatar la modalidad represiva que se desarrolló en el Centro Clandestino de Detención Quinta de Funes.
Como hijos de Tucho y María y también como militantes de derechos humanos, hicimos las observaciones tras la lectura del guión. Sostuvimos una larga charla explicando la importancia de que la película incorporara una mirada más compleja sobre la experiencia concentracionaria de la Quinta de Funes. Este centro clandestino de detención no funcionó con la modalidad de torturas y tormentos que se desplegaban en la gran mayoría, sino que operó bajo un régimen represivo y perverso diferente que pretendía que los detenidos modificaran sus identidades políticas, plegándose a la propuesta de Galtieri de conformar un partido con cuadros revolucionarios “recuperados” y militares con futuros fines eleccionarios. La película tampoco empleó esfuerzos para explicar que los militantes de la Columna Rosario habían atravesado otros centros clandestinos de detención en donde sí habían sufrido la maquinaria del horror traducida en torturas inhumanas y en el hecho de tener a sus familias vigiladas y amenazadas.

Cabe destacar, que esta lógica binaria de mártires y delatores fue superada ampliamente gracias a un corpus de producciones jurídicas y sociológicas que se tradujeron en definiciones que desde el derecho planteó que el detenido que “entra víctima, sale como víctima” de un centro clandestino de detención.
Entendemos perfectamente que en una película no puede contarse todo, pero es nuestro deber expresar nuestro desacuerdo. El hecho de que el triller retome la división binaria del mundo conlleva una doble peligrosidad.

La primera, se relaciona al contexto de estreno de la película, un escenario nacional reaccionario en donde la discusión por la violación a los derechos humanos ha tenido un fuerte retroceso. Hoy, vuelven a discutirse cuestiones en torno a la cantidad de desaparecidos o se reavivan miradas fundadas en la teoría de los dos demonios.

La segunda, es que un relato tan simplificador puede llegar a arrasar con el sentido más enaltecido de aquella época y es que la lucha siempre es colectiva. Ejemplo que podemos ver en la lucha de las Madres, Abuelas, colectivos de exdetenidos y en compañeros de H.I.J.O.S.

Hacerse cargo de una herencia nunca es fácil ni puede realizarse de manera completa. De hecho es imposible llenar toda la mochila con pedazos de historias de generaciones más viejas. Todas las personas elegimos en cierta manera (aunque con diferentes márgenes de libertad) con lo que nos vamos a quedar, aquellas memorias que van a formar parte de nuestra identidad y que serán transmitidas a las futuras generaciones conformando una identidad colectiva, que por supuesto nunca es acabada.

Como argentinos heredamos un legado histórico-político complejo. Una historia densa, muchas veces abrumadora, incómoda de asimilar, pero rica en experiencias de luchas colectivas. Esta parte del legado es la que elegimos. Ser hijos de una generación que fue capaz de dedicar su vida para transformar la realidad, comprometida totalmente con su tiempo.

Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez Negro y Matías Valenzuela Espinosa
Hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela
Adhieren: HIJOS ROSARIO"

Declaró Sabrina Gullino, hija de Negro y Valenzuela, en la causa Guerrieri 3

"Busco a mi hermano y ellos están ahí"

 

La hija de Raquel Negro, cuya desaparición se juzga en este proceso, relató el proceso de reconstrucción de su identidad, y la búsqueda de su hermano mellizo. También declaró Jaime Dri, sobreviviente del centro clandestino Quinta de Funes.

Por: Sonia Tessa

Bastó que el fiscal Adolfo Villatte le preguntara a Sabrina Gullino Valenzuela Negro si algún familiar suyo había sido víctima de terrorismo de estado para que esta mujer de 38 años desplegara su historia, que conoció recién en diciembre de 2008. Sabrina es hija de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, nació en cautiverio el 2 o el 3 de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, junto a un hermano mellizo que es "un desaparecido con vida que estamos buscando". Mirando al Tribunal, dijo: "Es muy impresionante que yo esté declarando acá por cuarta vez y los responsables, que saben donde está el Melli, están ahí, pero ahí. Es muy impresionante, yo estoy buscando nada más y nada menos que a un hermano mellizo, y ellos están ahí, y sabemos que saben dónde está el Melli, a quién se lo dieron por lo menos". En este juicio, la causa Guerrieri 3, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas, se investiga la desaparición de la madre de Sabrina, Raquel Negro. Ayer también declaró Jaime Dri, sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes y testigo clave en las causas que juzgan a la patota del Destacamento de Inteligencia 121.

La última vez que vio a "María" (así le decían los compañeros a Raquel) planearon fugarse juntos, ella le dijo que la esperara, que con la panza no podía hacerlo. Se la llevaron a Paraná, y la trajeron de vuelta en un baúl, desnuda, con una bolsa de nylon en la cabeza, según el testimonio de Eduardo Costanzo al periodista de Rosario/12 José Maggi. "Eso es una muestra del ensañe de los represores con las mujeres", subrayó Sabrina.

Un error de comunicación con Gendarmería impidió que Juan Amelong participara personalmente de la audiencia, así que la miró por televisión desde el penal de Marcos Paz, junto a Jorge Fariña. Desde la cárcel de Ezeiza, también por videoconferencia, escucharon Rodolfo Isach y Walter Pagano. Desde su lugar de detención en Bouwer, Córdoba, la siguió Juan Cabrera, y desde Santa Fe, Marino González. En cambio, Oscar Guerrieri, en prisión domiciliaria, lo hizo desde los tribunales de Comodoro Py. En una sala contigua estuvieron Ariel López y Armando Pelliza, a la espera de que el Tribunal defina sus pedidos para no asistir. El único presente ayer fue Costanzo.

    "Preferí venir y no que vieran el video, porque declarar es hacer honor a este acto de justicia".


"El 2 de enero de 1978 fueron secuestrados mis papás biológicos junto a mi hermano Sebastián Alvarez. En la tienda Los Gallegos de Mar del Plata los llevaron a Tulio y Sebastián, y a dos cuadras, a Raquel, que estaba embarazada de mellizos", relató la mujer, quien se crió con su familia adoptiva. Sabrina se había puesto en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario la misma semana que le llegó una citación del juzgado federal de Paraná para comparecer. Así supo que había sido abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario, el 27 de marzo de 1978. Esa línea de investigación se abrió para Abuelas a partir de una declaración de Costanzo, quien dijo que Pagano y Amelong habían dejado a la beba en la puerta de "un convento".

Sabrina detalló minuciosamente lo que pudo reconstruir de su historia, gracias al impulso de Guillermo "Mencho" Germano y Sebastián Alvarez en la causa por la sustitución de su identidad, y también al testimonio de enfermeras del Hospital Militar y el Instituto Privado de Pediatría, donde fueron trasladados los mellizos pocos días después de nacer. Sabrina ingresó como Soledad López el 4 de marzo, y su hermano, como NN López, el 10 de marzo. El 27 tuvieron el alta los dos, pero el rastro del bebé hasta ahora está perdido.

Cada testimonio en estos juicios tiene un sentido, es como una pieza en el rompecabezas de la memoria colectiva. En este caso, para Sabrina, era importante participar en el proceso por la responsabilidad de los asesinos de su "mamá Raquel". "Las veces anteriores que declaré, no había sido mamá y no había atravesado un parto", dijo Sabrina, quien subrayó más de una vez "pensaba en una situación de tanta vejación, de tanto maltrato, en el momento de mayor vulnerabilidad y tambien de mayor potencia de una mujer y pensaba en no poderlo hacer en la absoluta libertad que merece ese estado, sino en una situación de secuestro, de tormentos".

En Sabrina, su propia experiencia de maternidad fue también una puesta en dimensión de la vivencia de su madre. "Quería hacer el comentario de lo que me imagino que pudo haber sido para ella ser secuestrada con dos bebés en la panza, y con el bebé chiquito que era Seba", dijo Sabrina. En el público, Sebastián -que tenía un año al momento del secuestro- escuchaba a su hermana.

Sabrina subrayó también que "la cúpula militar y los represores tenían especial ensañamiento con las militantes revolucionarias porque no sólo transgredían el sistema político sino también el rol socialmente atribuido a las mujeres de la maternidad y lo doméstico". Las calificó como "doblemente transgresoras".

Por eso, la declaración de ayer era distinta. "Yo quería traerla a Raquel, sobre todo, en este testimonio. Me imagino todo lo que habrá pasado de saber que la iban a matar. Pero no se imaginó que se iban a robar a sus bebés. Porque le dijo a una de las enfermeras, qué va a hacer mi mamá Emelina con tres bebés", dijo Sabrina.

Raquel había acordado con su compañero Tulio que iban a simular colaboración pero que él denunciaría el plan del jefe del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, al llegar a México con el declamado objetivo de matar a la cúpula de Montoneros. Raquel sabía que quedaba de rehén. Antes, habían logrado que Sebastián fuera llevado con sus abuelos maternos.

"Preferí venir y no que vieran el video, porque declarar es hacer honor y contribuir a este acto de justicia. Quizás 38 años para la vida de una persona son muchos, pero para la vida de un país es muy poco, y qué importante es que se estén desarrollando estos juicios", dijo Sabrina, que llegó al Tribunal con su pequeña hija y rodeada de compañeros y compañeras.

Y agregó: "En homenaje a Raquel, a sus compañeros, y a las mujeres que pasaron por esos centros clandestinos de detención, y por la responsabilidad de este tribunal para juzgar la responsabilidad de estos genocidos, porque hay delitos que se siguen cometiendo, y es que hoy no esté el Melli, y que mi hija no pueda conocerlo".

La memoria que va emergiendo

Tres militantes desaparecidos fueron identificados en el cementerio de San Lorenzo

Habían sido enterrados como NN en abril de 1975 en el cementerio de San Lorenzo, fueron identificadas por la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad de Rosario. El último de los identificados es Horacio Víctor O'Kelly. Tenía 19 años.

Las huellas dactiloscópicas de tres militantes políticos enterrados como NN en abril de 1975 en el cementerio de San Lorenzo, fueron identificadas por la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad de Rosario. "Dos de esas huellas, tomadas en 1975 como correspondientes a NN pertenecen a víctimas en cuyos casos se logró, también, la identificación de sus restos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense", informó la Fiscalía a cargo de Adolfo Villate. Se trata de Alberto Isidoro Losada y Pablo Martín Sandoval Luque. "En este último caso señaló la unidad fiscal a través de un comunicado sus restos se restituyeron a sus hermanos el 5 de agosto pasado". Según se informó ahora, "la tercera identificación dactiloscópica se corresponde con quien en vida fuera Horacio Víctor O'Kelly, de 19 años, quien había nacido el 24 de octubre de 1955 en la provincia de Córdoba, cuya identificación por ADN no pudo aún realizarse".

Los hechos que lo tuvieron como víctima fueron denunciados por su madre y recogidos, oportunamente, en el Legajo CONADEP Nº6504 como víctima de "desaparición forzada", informó la Fiscalía.

Las huellas dactiloscópicas que ahora permitieron la identificación de los militantes asesinados por la policía, habían sido tomadas en una causa instruída por la Justicia Militar para investigar el intento de copamiento del Batallón de Arsenales 121 "San Lorenzo" en la localidad de Fray Luis Beltrán.

El expediente de la Justicia Militar se instruyó en abril 1975 que ahora es utilizado en una causa donde se investigan enterramientos clandestinos durante el terrorismo de Estado en San Lorenzo, señaló la Fiscalía.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, las huellas fueron tomadas a los tres cadáveres que, según las noticias periodísticas de la época, habrían sido ejecutados el 14 de abril de 1975 por efectivos de la policía de San Lorenzo en la localidad de Roldán.

Días después fueron llevados al "Juzgado de Campaña" montado en el Batallón de Arsenales 121 por el juez Alberto Salvador Casals, a cargo en ese entonces del Juzgado de Instrucción Militar Nº 50 del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército.

El juez "ordenó rápidamente sus inhumaciones sin realizarles autopsias ni examen alguno, solo tomando las huellas dactiloscópicas de los mismos", indica el comunicado.

Agrega que los restos de los tres NN fueron inhumados el 17 de abril de 1975 aproximadamente a las 19.00 en el cementerio de San Lorenzo, "horario inusual para dicha tarea".

La causa donde fueron concretadas estas identificaciones tramitaba ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario y en el año 2012 fue delegada en la Unidad de Derechos Humanos de Rosario a cargo de Villate, que desde entonces dirige la investigación.

"Los trabajos periciales fueron realizados por el perito Pedro Augusto Sala, dactilóscopo del Departamento Científico Pericial de la Prefectura Naval Argentina", concluye el comunicado.

Ya a mediados de este año la Unidad Fiscal de Rosario que interviene en los procesos por crímenes contra la humanidad había informado que fueron identificados los restos de Pablo Martín Sandoval Luque, desaparecido desde abril de 1975, en una tumba sin identificación del Cementerio Municipal de la ciudad de San Lorenzo.

Al momento de su desaparición, Pablo Sandoval tenía 21 años. Había nacido el 17 de mayo de 1953 en la provincia de Córdoba y se encontraba residiendo en la zona de Rosario, donde estudiaba Medicina y militaba en el PRT ERP.

El cuerpo de Sandoval Luque estaba sepultado en el "Sector I adultos", en tierra, y había sido inhumado el 17 de abril de 1975.

La causa donde fue concretada la identificación tramitaba ante el Juzgado Federal Nº4 de Rosario y en el año 2012 fue delegada en la Unidad DD.HH. de Rosario, que desde entonces dirige la investigación.

Los trabajos periciales fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los estudios genéticos posteriores fueron concretados por el Laboratorio de Genética del EAAF en Córdoba, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas.

En tanto, el caso Losada ya había sido adelantado por Rosario/12 en febrero de 2006 con la firma de Alicia Simeoni. Alberto Isidoro Losada tenía 22 años cuando desapareció. No hay testimonios de su paso por un centro clandestino de detención. Había nacido el 25 de febrero de 1953. Su padre Americo, había llegado por entonces a Rosario a tratar de dar con los restos de su hijo. La ultima vez que lo vio fue el 22 de marzo de 1975, fecha en que Alberto Isidoro se fue de la casa en Córdoba y se supone que vino a Rosario en su condición de militante del ERP/PRT. Las bandas parapoliciales allanaron su casa dos días después y tuvieron encerrado al padre con el resto de su familia. De ahí en más nunca volvieron a verlo. Una llamada telefónica dio cuenta de que lo habían matado el 15 de mayo de 1975 y al día siguiente, el 16 ya estaba en Rosario para comenzar el largo camino que lo iba a llevar al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a dependencias policiales y judiciales sin encontrar respuesta.

Cabe remarcar que el primero de los restos identificados, fue encontrado en el sector noreste del cementerio de la ciudad de San Lorenzo, un lugar que quedó relacionado desde diciembre de 2002 con la denuncia de una mujer que dio cuenta de la posible existencia de lo que en ese momento se pensó que era una fosa común con enterramientos clandestinos.

Este diario reprodujo otro testimonio en su edición del 6 de abril de 2003, el de una mujer anciana, familiar de la primera que contó lo que vio en la necrópolis sanlorencina: camiones militares y hombres con uniforme militar descargando grandes bolsas de nylon. Esa denuncia y la existencia de tumbas en las que se habría enterrado a víctimas del terrorismo de estado tomó estado público por este diario.

Un crimen que busca su castigo

Declaró la esposa de Juan Carlos Gesualdo, desaparecido

María Rosa Balbi y su hijo, Juan Pablo, fueron los testigos de la audiencia de ayer en Guerrieri 3. El 8 de abril de 1977 se llevaron al estudiante de odontología y prometieron que volvía en horas, pero nunca más supieron de él.

A Juan Carlos Gesualdo le faltaba una materia para recibirse de odontólogo. Casado con María Rosa Balbi, que estaba embarazada de siete meses, vivían en Avellaneda 498, en la casa del papá de Juan Carlos, porque "no tenían un peso". La pareja de estudiantes eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. En la siesta del 28 de abril de 1977, una patota de unos 6 o 7 hombres ingresó en la vivienda, a eso de las 14.30. Llegaron desde atrás y desde el costado. Al dueño de casa y a María Rosa los pusieron en otra habitación y a Juan Carlos se lo llevaron. "Dijeron que iban a volver a las 6 de la tarde, pero nunca más. No supimos adonde lo llevaron ni qué pasó, a pesar de las averiguaciones que se hicieron", contó ayer una María Rosa todavía afectada, casi 40 años después, por el horror que comenzó esa tarde. "Teníamos ocho millones de pesos para el parto, que desaparecieron", relató la testigo de la causa Guerrieri 3, que por primera vez se sienta frente a un Tribunal Oral a hablar de lo ocurrido con su marido y con ella misma. Su hijo Juan Pablo Gesualdo fue el otro testigo en la audiencia de ayer, que relató sus dudas infantiles cuando iban al cementerio y la única tumba familiar inexistente era la de su padre.

La causa Guerrieri 3 juzga a los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Marino González y Alberto Pelliza, y al Personal Civil de Inteligencia Rodolfo Isach (que estuvo prófugo durante cuatro años), Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López y Juan Cabrera. En el proceso oral se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. Gesualdo es uno de ellos, y es la primera vez que se juzga a los responsables de su homicidio calificado. El tribunal oral federal número 1 está integrado, para este proceso, por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Luciano Lauría, y el fiscal es Adolfo Villatte.

La audiencia de ayer fue breve, pero intensa. El testimonio de Balbi expuso una vez más la actualidad de estos juicios. Además de la desaparición de su esposo, María Rosa sufrió ella misma privación ilegítima de la libertad, por ese delito tampoco hubo sanción hasta ahora. Tras el secuestro de Juan Carlos, ella se fue a refugiar a la casa de unas tías, en La Paz al 1900. A fines de junio, le avisaron que su padre estaba secuestrado. De inmediato, María Rosa concurrió al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A su padre lo liberaron y ella fue llevada a la Fábrica de Armas Domingo Matheu, donde estaba sola, con un embarazo a término, en una "piecita muy chiquita con un baño".

Los interrogatorios que le hicieron a María Rosa mientras estuvo presa en Rosario tenían que ver con el sustento de su matrimonio. "A mí me llamaba la atención porque lo que más me preguntaban era con qué vivíamos, de qué nos alimentábamos. A nosotros nos ayudó mucho la familia. Si no fuese por mi familia y por mi suegro, no hubiese podido terminar la carrera", dijo la mujer.

El 7 de julio, a María Rosa la llevaron a la Maternidad Martin a tener a su bebé, Juan Pablo. Y luego, siguió detenida -con el niño- en el Batallón 121. Desde allí la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, tras un breve paso por Devoto, donde estuvo detenida hasta febrero de 1979. Recién en mayo de 1978 pudo anotar a su hijo, que permaneció siempre con ella. Su principal preocupación era el bebé. Estaba indocumentado, sin ninguna prueba legal de filiación. María Rosa relató que su padre fue torturado durante las horas que lo tuvieron detenido ilegalmente. Cuando el fiscal Villatte le preguntó si ella también había sufrido tormentos, respondió: "No. La tortura más grande fue la de los documentos de Juan Pablo, porque yo no tenía ningún papel que dijera que era mi hijo".

La voz de María Rosa se entrecortó una vez. Fue cuando dijo: "Mi suegro, que se murió pensando que el hijo iba a aparecer, me dijo 'terminá vos así cuando viene Juan Carlos ya están encaminados'". María Rosa se recibió de odontóloga y el año pasado se jubiló.

"Fue difícil", dijo más de una vez. En su familia, se habló muy poco de lo ocurrido durante el secuestro de su papá. "Nos poníamos mal, llorábamos, y había que salir adelante", dijo ayer la mujer que en 1980 retomó la Facultad de Odontología. Para eso, le pidieron un certificado de buena conducta. Fue a la policía a buscar ese papel. "Ahí fue donde me pareció ver a uno de los que habían llevado a Juan Carlos". No tuvo más datos.

Todavía no hay ningún represor condenado por la desaparición de Gesualdo. En sus declaraciones, Costanzo -que relató algunos de los delitos cometidos por la patota del Destacamento de Inteligencia 121- develó que a Gesualdo lo marcó Pagano, y que el cadáver del joven fue llevado a la isla. El juicio es una oportunidad para dilucidar qué pasó y quiénes lo hicieron.

Ausentes. El Tribunal decidió ayer hacer lugar a los pedidos de todos los imputados -excepto Amelong, que quiere asistir- para no presenciar el proceso oral y público, arguyendo temas de salud (Guerrieri, Fariña, Marino González e Isach). Deberán seguirlo por videoconferencia desde sus lugares de detención. En cambio, Pelliza y López deberán esperar. El pedido de la defensa de Pelliza es que se suspenda el proceso porque no lo comprende, y eso aún no fue definido por el Tribunal. Mientras tanto, López lo solicitó porque tiene un hijo discapacitado. Los más llamativos son los argumentos de Pagano y Cabrera: la resocialización. Pagano estudia en la cárcel y Cabrera tiene salidas laborales para ir a una industria de Córdoba. Tambien a ellos el Tribunal les permite eludir la mirada de las víctimas. La fiscalía y las querellas de HIJOS, a cargo de Nadia Schujman y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Santiago Bereciartúa, se habían opuesto, pero el Tribunal decidió aceptar las solicitudes de los imputados. Las audiencias continúan el viernes próximo, a las 9.30, en Oroño 940.