Tarde....

Por Sonia Tessa. 

 Tres horas demoró ayer el inicio del juicio oral y público de la causa Feced II, que investigará la participación de diez integrantes de la llamada patota de Feced en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y asociación ilícita, así como los asesinatos de Conrado Galdame, Rory Chuang Céspedes y su hermana María Antonieta, en diciembre de 1978. La razón de la inusitada demora fue la llegada en ambulancia de José Lofiego, ya condenado a prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad. Lofiego arguyó razones de salud para ser eximido de participar en la audiencia, de modo tal que volverá al penal de Marcos Paz, donde está alojado junto a otros represores.

Además, el imputado Lucio Nast no participó de la audiencia por estar descompuesto, lo que provocó su internación. La presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Noemí Berros, informó a la defensa que comenzarían el debate con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio en las que no estuviera involucrado el ausente.

El primero en la fila de los acusados era Lo Fiego, en silla de ruedas. A su izquierda se sentó Ovidio Olazagoitia (alias El Vasco), le siguieron Carlos "Caramelo" Altamirano; José Torres; Ramón Telmo "Rommel" Ibarra; Eduardo "Picha" Dugour; Julio "Darío" Fermoselle; Pedro "Traba" Travagliante y Ernesto "Managua" Vallejos. Son acusados por delitos cometidos contra 42 víctimas. Sólo Altamirano está acusado por el homicidio de Conrado Galdame, ocurrido en el 16 de diciembre de 1978 en el Servicio de Informaciones, al que siguió un operativo en la casa donde vivía el estudiante junto a los hermanos Chuang Céspedes, en el que fraguaron un enfrentamiento armado. En esta causa, la agrupación Hijos será querellante.

El Tribunal integrado por Berros, Roberto López Arango, María Ivón Bella y el juez suplente José María Escobar Cello trató, antes de las lecturas de rigor en el comienzo de los juicios, los planteos de la defensa encabezada por Gonzalo Miño. El abogado particular había recusado al tribunal en pleno e incluso a Escobar Cello. Esa presentación fue rechazada, pero el profesional recurrió. La resolución del Tribunal fue clara: no había motivos para la recusación. Incluso, Berros le indicó a Miño que "actúe a favor de los verdaderos intereses de los imputados". "La causa de mención tiene su origen más alejado en el tiempo, ya que las víctimas comenzaron a denunciar en 1984. La suspensión deviene violatoria de los derechos de víctimas e imputados", leyó Berros con todas las letras. Y aunque no lo dijo de ese modo, le pidió a Miño que deje de dilatar el proceso. De hecho, le indicó que el Tribunal ya no aceptará planteos por escrito. De ese modo, limitarán las posibilidades de suspender o retardar audiencias para tratar planteos de las defensas. "No debe olvidarse que se trata de los delitos más graves que puedan juzgarse, los de lesa humanidad", dijo también la presidenta del Tribunal, que viaja desde Entre Ríos para este juicio, al igual que López Arango. Ivón Bella y Escobar Cello vienen desde Santa Fe.

Tras la parada de carro de Berros a Miño, comenzaron a leerse los requerimientos de la causa que investiga la privación ilegal de la libertad de Graciela Borda Osella, en la que el único acusado es Lofiego.

Para cumplir con la disposición de la Cámara de Casación Penal que dispuso medidas para agilizar los procesos, la secretaria del Tribunal Silvana Andalaf leyó un resumen de cada requerimiento de elevación a juicio, sin entrar en las justificaciones jurídicas que muchas veces se repiten. Los casos, el grado de participación de cada imputado y la calificación legal fueron los aspectos que se leyeron en la causa Ibarra, Fermoselle, Olazagoitia, Travagliante, Vallejo y Dogour.

Afuera, como en cada inicio de juicios por crímenes de lesa humanidad, una pequeña multitud se congregó en la vereda de Oroño 940. Circularon mates, pancartas, hubo una radio abierta y la certeza de que el sexto juicio en la ciudad era un hecho. A partir del jueves próximo, desde las 10, será el turno del aguante, ese abrazo colectivo a testigos víctimas y querellantes que se enfrentan, esta vez en Tribunales, a sus represores.

“Más que cómplice, la Iglesia es coautora”

Habla el hijo del ex sacerdote Mac Guire, torturado en el seminario salesiano de Funes
Santiago Mac Guire es el ex cura tercermundista detenido en un centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia, tal como viene denunciando Horacio Verbitsky en Página/12. Lucas tenía 5 años cuando su padre fue secuestrado. Aquí cuenta la historia.

 Por Natalia Biazzini *

En abril de 1978, Santiago Mac Guire apenas podía caminar. Recién salido de un centro clandestino de detención, dos soldados arrastraron al ex sacerdote tercermundista hasta el Batallón 121 de Rosario. Cuando les preguntó a esos hombres que lo trasladaban adónde había estado en esos días en que lo torturaron brutalmente, uno de los cabos le respondió: “En un lugar que se llama Ceferino Namuncurá”. Pasaron 35 años y recién ahora se está comenzando a investigar lo que ocurrió en ese predio, que perteneció a la Congregación Salesiana de Rosario y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura en el pueblo de Funes. En octubre, la familia de Mac Guire –que dejó los hábitos para casarse y tuvo cuatro hijos– se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga el circuito represivo que funcionó bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Después de pasar diez días en ese centro clandestino, los militares le informaron a Santiago que había sido juzgado por un consejo de guerra y que debía cumplir una pena de 15 años. Vivió los siguientes seis en cuatro cárceles y salió en libertad en 1983. Falleció en 2001, sin poder declarar ante la Justicia, pero lo hizo ante la Conadep en 1984. Nunca se cansó de perseguir a los que creyó responsables. Siguiendo esa búsqueda de justicia, a principios de octubre, la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, donde se está juzgando a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. “Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales, durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombres Gauna y Berra”, relata el escrito firmado por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el Arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino.

Corría el convulsionado año 1968, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales y rebeliones estudiantiles marcaban la época. En la Argentina, el militar Juan Carlos Onganía había llegado al poder dos años antes, tras derribar el gobierno de Arturo Illia. El sacerdote Mac Guire trabajaba en la villa rosarina Bajo Saladillo. Mac Guire formaba parte de los Sacerdotes del Tercer Mundo, como Carlos Mugica en Buenos Aires y Enrique Angelelli en La Rioja. Haciendo trabajo social, conoció a María Magdalena Carey, veinte años menor y de raíces irlandesas, como él. Se enamoraron, él dejó los hábitos y se casaron por civil. Tuvieron cuatro hijos. “Santiago era un militante peronista y siempre tuvo una vocación de servicio”, dice su hijo Lucas en una entrevista que le concedió a Infojus Noticias. Durante la charla, Lucas rara vez lo llamará “papá”, siempre dirá “Santiago”.
El secuestro y la “negociación”

La tarde del 18 de abril de 1978, Santiago había ido a buscar a Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. El niño se quedó solo en la calle, llorando, en el centro de Rosario. Lucas nunca pudo olvidar un cruce intenso de miradas con uno de los secuestradores. “Creo que no sabían qué hacer conmigo y por suerte me dejaron ahí”, dice hoy. Ese día comenzó el calvario de la familia Mac Guire: saber dónde estaba Santiago. Al hábeas corpus le siguió la respuesta más frecuente de aquel momento: no está bajo las fuerzas de seguridad.

“Mi mamá no tenía contactos militares ni policiales, así que fue al arzobispado con nosotros cuatro. Llorando, rogó por la vida del padre de sus hijos”, cuenta Lucas en su casa del barrio porteño de Congreso, con el fondo de las campanadas de un reloj antiguo que perteneció a su padre. Después de la visita al arzobispado, el general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del cuerpo de Ejército con sede en Rosario, se apersonó a la casa a los Mac Guire.

“A mí y a mis hermanos nos encerraron en un cuarto. Jáuregui se sentó con otros militares y mi mamá en la mesa familiar”, recuerda, y señala una vieja mesa de roble. “Allí la empezaron a interrogar. Le decían que ellos no lo tenían a Santiago y que seguramente había sido secuestrado por alguno de los guerrilleros que solía cobijar en la casa. En ese entonces, mi casa era un desfiladero de tíos nuevos”, recuerda Lucas entre risas.

–¿Saben de otras personas que estuvieron en el centro clandestino con su papá?

–Santiago estuvo con Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió; lo asesinaron. Cuando desde el arzobispado pidieron por Santiago, se confundieron y llevaron a Pistacchia. El arzobispo Guillermo Bolatti le pegó el grito en el cielo a Jáuregui por la confusión. Fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar. Por eso nosotros consideramos que la Iglesia más que cómplice fue coautora.

–¿Por qué piensa que a Santiago lo blanquearon y lo trasladaron a una cárcel común?

–Creo firmemente en un momento de coyuntura. Ya habían desmantelado los centros clandestinos más importantes, al menos de Rosario. Estaban llegando los organismos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido. Cuando cae mi papá, ya habían levantado el centro clandestino Quinta de Funes.

A fines de noviembre, Santiago recuperó la libertad. Había pasado por las cárceles de Coronda, La Plata, Caseros y Rawson. “Cuando lo volví a ver en libertad, yo había cumplido once años”, dice Lucas. En democracia, Santiago denunció en la Conadep que cuando salió del centro clandestino fue trasladado al Batallón 121 de Rosario. Había recibido la visita de Bolatti y la del capellán Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo.

En los años ’90, Santiago se ocupó de perseguir y escrachar a Zitelli a cada lugar donde era trasladado en su rol de sacerdote. Zitelli está imputado en la causa Guerrieri y cumple prisión domiciliaria. Santiago y su mujer, María Magdalena, se separaron, pero hace diez días ella declaró desde la cama de una clínica rosarina ante el fiscal Gonzalo Stara y el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

–Nuestra querella está en instrucción y se está incorporando a la causa. La Iglesia niega este centro clandestino. Nosotros tenemos los papeles de la venta del terreno un año después (1979) a la Aeronáutica. Lo vendieron porque deben haber pasado muchas más personas por ahí. También para borrar huellas. Ahora el lugar está todo reformado.

–¿Qué esperan?

–Ojalá que la gente de la Iglesia recapacite, no quiero ofender a nadie. Ya sabemos que los salesianos no son curas de base. Tienen colegios privados, locales en shoppings. Mueven millones de pesos. Espero que alguno pueda decir que ese lugar se le prestó al Ejército un año antes de ser vendido. Serviría mucho.

* De la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus).

Ratifican que las violaciones fueron parte del plan sistemático de la dictadura

Silvia Suppo detalló las violaciones que sufrió en cautiverio.

Por Juan Carlos Tizziani-Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario ratificó que las violaciones sexuales en centros clandestinos son delitos de lesa humanidad y parte del plan criminal de la dictadura. Lo resolvió en un acuerdo plenario que confirmó el procesamiento de dos imputados por el martirio de Silvia Suppo, en mayo de 1977, cuando fue secuestrada a los 18 años, violada por tres represores en "La Casita", un chupadero en las afueras de Santa Fe donde operaba el Ejército y obligada a abortar dos meses después. Se trata de un teniente coronel, Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122) y de un comisario, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra (ex jefe de la comisaría 4), a quienes la Cámara consideró "partícipes necesarios" del delito de "violación sexual agravada en grado reiterado (tres hechos)". Silvia murió asesinada en marzo de 2010, tres meses después de declarar en el juicio que condenó a 21 años de prisión al ex juez federal Victor Brusa y a su grupo de tareas.

La Cámara consideró a Diab y Ferreyra "partícipes necesarios" en las violaciones a Suppo por el "aporte esencial" que hicieron para consumar los delitos. "Ferreyra al entregarla directamente a quienes operaban en La Casita sabiendo lo que allí le ocurriría a la víctima y Diab porque como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia colaboró con los hechos, impartiendo directivas, aportando los medios materiales y garantizando el anonimato y la impunidad de sus subordinados". Todo, "en cumplimiento del plan (sistemático)" y con "la intención de que Suppo les diera la información de su interés, la torturaron y violaron", dice el fallo.

La causa investiga la represión ilegal a militantes de la Juventud Peronista de Rafaela ordenada por el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. Es la desaparición de Reinaldo Hattemer, el asesinato de Rubén Carignano y el secuestro y torturas a Silvia Suppo, su hermano Hugo Suppo, Jorge Destéfani, Ricardo Díaz y Graciela Ravellino. Hattemer fue secuestrado en las puertas de una iglesia de Rafaela el día que se casó su hermano, 25 de enero de 1977, a las 11 de la mañana y a la vista de su familia y decenas de invitados que participaban en la ceremonia; está desaparecido desde entonces. Carignano cayó el 23 de mayo de 1977 y fue asesinado en la comisaría 4?, donde intentaron enmascarar el crimen con un simulacro de suicidio. Los hermanos Suppo y Destéfani fueron detenidos al día siguiente, el 24 de mayo y los esposos Díaz y Ravellino, el 31 de mayo de 1977.

En junio de 2012, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez procesó a cinco imputados en la causa: al coronel Diab (por los "homicidios" de Hattemer y Carignano), al comisario Ferreyra (por el "homicidio" de Carignano) y a ambos, por la "privación ilegítima de la libertad agravada" y "tormentos agravados" de los siete militantes de la JP. Y reprochó a otros tres policías: el comisario Juan Calixto Perizzotti, la sargento María Eva Aebi y al comisario Oscar Farina, el "aborto" de Silvia Suppo, pero bajo la figura de "tormento agravado". Perizzotti era coordinador del Area 212 del Ejército (alcaide del centro clandestino que funcionó en la Guardia de Infantería Reforzada) y Aebi su mano derecha; los dos fueron condenados a 22 y 19 años de prisión en el juicio a Brusa.

El 4 de febrero de este año, la Cámara confirmó los procesamientos de Diab, Ferreyra, Perizzotti y Aebi, pero a los dos primeros los eximió de las "violaciones" a Silvia porque el juez Rodríguez no les había imputado los tres hechos en las indagatorias y benefició con una falta de mérito a Farina por falta de pruebas.

En abril, el fiscal Walter Rodríguez pidió la ampliación de indagatoria de Diab y Ferreyra por "el delito de violación reiterada" de Suppo. "La violencia sexual fue parte del terrorismo de Estado", señaló el dictamen. Y el 3 de mayo, el juez Rodríguez los procesó por esos cargos.

Ahora, la Cámara confirmó la ampliación de imputaciones a Diab y Ferreyra por el ataque sexual a Suppo. En el primer voto, el camarista Edgardo Bello recordó el suplicio de Silvia, desde su secuestro en Rafaela el 23 de mayo, el traslado a la comisaría 4? de Santa Fe, la noche del 26 cuando la llevan a "La Casita" y el regreso a la 4?. "Ella aclaró que sus violadores 'no emitieron palabra alguna y que sus gritos no se escuchaban por la mordaza que tenía en la boca'. Lo dicho se encuentra probado con las testimoniales en la causa, la declaración de la propia víctima y la prueba agregada al expediente", agregó el fallo.

En el segundo voto, el camarista Carlos Carrillo -al que adhirió la mayoría de sus colegas- dijo que ni Diab ni Ferreyra objetaron "los tres hechos de violación sufridos por Suppo". "Ella fue ilegalmente detenida por las fuerzas conjuntas que dependían del Area 212 (al mando de Rolón), con especial intervención del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y de la comisaría 4? de Santa Fe, de los que Diab y Ferrerya eran segundo jefe y titular, respectivamente".

"Después de uno o dos días en la dependencia policial, la llevaron al centro clandestino conocido como 'La Casita' (que funcionaba en la órbita del Destacamento de Inteligencia), lugar donde la interrogaron bajo tormentos y la violaron en tres ocasiones, para devolverla a la comisaría, donde siguió cautiva. Ese procedimiento no es más que la manera establecida por el plan sistemático aplicado desde las más altas esferas del gobierno militar (que la Corte Suprema tuvo por probado en el llamado Juicio a las Juntas), que se caracterizaba por la aprehensión ilegal de los sospechosos, su interrogatorio mediante tortura para obtener información y su mantenimiento en cautiverio muchas veces clandestino o su eliminación".

"En ese contexto, todas las razones dadas para considerar acreditado que Diab y Ferreyra fueron probables partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Suppo, permiten también asignarles la misma responsabilidad por las violaciones (...) para quebrar su resistencia y obtener la información que de ella se buscaba?, explicó la Cámara.

Por lo tanto, Diab y Ferreyra deben responder como "partícipes necesarios" en las violaciones a Suppo por "el aporte esencial" que hicieron para consumar los hechos. "Ferreyra, al entregarla a quienes operaban en La Casita sabiendo lo que allí le ocurriría a la víctima y Diab porque como segundo jefe del Destacamento colaboró con los hechos, impartiendo directivas, aportando los medios materiales y garantizando el anonimato y la impunidad de sus subordinados", concluyó.http://www.amprovincia.com.ar/noticias/17699-estamos-cansados-de-ver-la-manipulacion-de-la-memoria/

Las abogadas de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por GENOCIDIO

Alegaron dos de las querellas en el juicio a Porra y a otros 11 represores
Razones para que sea en cárcel común

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por genocidio, con penas de 20 y 25 años. También solicitaron que se retire el crucifijo de la sala de audiencias.

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas hicieron su alegato ayer en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Gabriela Durruty, Jessica Pellegrini y Daniela Asinari representan a dos de las víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Juan Rivero y Ramón Verón. Pidieron condena para los once imputados por genocidio pero, en caso de que el Tribunal Oral Federal número 1 decida no aplicar esa figura jurídica, solicitaron 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Juan Daniel Amelong, Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Eduardo Rodolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano por asociación ilícita agravada y 25 años de prisión en cárcel común para Ariel Antonio López, Ariel Zenón Porra, Joaquín Tomás Gurrera, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Armando Enrique Pelliza, todos ellos por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas contra sus representados. También alegó ayer Virginia Blando Figueroa, en representación de Adriana Arce, también sobreviviente de Fábrica Militar.

El alegato de las abogada de Familiares tuvo varios condimentos. Las abogadas rememoraron la complicidad eclesiástica con la última dictadura militar y dijeron: Debería comprenderse el pedido de la querellante Alicia Gutiérrez, sostenido también por Alicia Bernal y Viviana Nardoni. Esperemos que el próximo juicio no nos encuentre presididos por una imagen religiosa que fue enarbolada como bandera por quienes perpetraron estos delitos".

También hicieron hincapié en el necesario cumplimiento de las penas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su pena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad, y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los Genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley", dijo Durruty.

Las abogadas consideraron que "la pena les dice a los condenados que internalicen que lo suyo no fue una epopeya política para salvar a la patria, como han manifestado en sus indagatorias, sino el aniquilamiento masivo de sus conciudadanos de la forma más baja que puede hacerlo un ser humano, y en consecuencia el delito más grave que sancionan las legislaciones locales e internacionales".

Las representantes de Verón y Rivero entendieron que "las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país", al tiempo que consideraron las condenas como "aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permite y permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".

En su alegato, Durruty, Pellegrini y Asinari homenajearon a "los sobrevivientes del estado terrorista. Este juicio contribuye a llevar algo de paz a sus vidas, la paz que solo se obtiene mediante la justicia. En palabras de Paco Urondo: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos".

En términos de contexto político, Durruty afirmó que "ningún régimen dictatorial se sostiene sólo con leyes represivas, clandestinas o manifiestas, se necesita de la coautoría de otros sectores, fundamentalmente del sector empresario y financiero. Esta complicidad obedeció a un sistema económico implementado por la dictadura que redundó en enormes beneficios en su favor y en una dependencia política y económica cada vez mayor de nuestro pueblo".

El momento más emotivo fue al final del alegato, cuando Daniela Asinari se despidió de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Es mi última actuación como abogada de la matrícula. En breve asumiré mis tareas como defensora pública en la justicia provincial", dijo la profesional.

"La realidad de la argentina, con sus devenires increíbles, nos dio la inmensa posibilidad de representar a las víctimas del genocidio en los juicios en nuestra región. Gran desafío, hermosa tarea que siempre atesoraré", dijo Asinari, cuyo pliego fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, como aval a su trayectoria. En el público, había militantes de derechos humanos y también integrantes del Movimiento Giros, al que también pertenece Asinari. Hubo aplausos, lágrimas y felicitaciones. Las últimas palabras de Asinari dieron sentido a esa afirmación en el marco del juicio que llevan adelante Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero. "Sancionar los delitos más graves, que se cometieron con el fin último de excluir a grandes sectores de la población, también implica transcender en la historia inclinando la emblemática balanza de la justicia hacia la protección del justiciable por definición", subrayó.

A pesar que preocupa la posibilidad de fuga del condenado: ¡Autorizan al represor Amelong a asisitir a un curso!

Un represor en el Howard Johnson

Fue autorizado a asistir los sábados a un curso de mandatario del automotor. Preocupa la posibilidad de una fuga del condenado.

 Por Sonia Tessa

El represor Juan Daniel Amelong, condenado en la primera parte de la causa Guerrieri a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común, tiene permiso para ir mañana, de 9 a 15, a un curso de mandatario del automotor que realiza Funicomapu en el hotel Howard Johnson de Rosario, en Italia 1183. El juez Otmar Paulucci otorgó la autorización el 17 de octubre, que se extiende todos los sábados hasta el 18 de enero. Desde que permanece en la Unidad Penitenciaria 3 de Rosario, para asistir a la causa Guerrieri II, en la que está imputado, Amelong tiene una rutina de salidas nada desdeñable: cada tres domingos puede ir a Fisherton a visitar a su madre y semanalmente realiza consultas con un fisiatra, en un instituto privado. Enterada de estos privilegios por una denuncia, la Secretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia, Nadia Schujman, acudió al fiscal federal Gonzalo Stara, quien presentará un escrito para que se revea la medida. Stara pidió conocer las condiciones en las que el represor asiste al curso. "Ningún detenido federal que no sea un genocida obtiene un privilegio de ese tenor", manifestó Schujman, preocupada por la posibilidad de una fuga del condenado.

Stara informó ayer al TOF 1, integrado por los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, sobre la situación de Amelong. "Queríamos ponerlo en conocimiento de este Tribunal, fundamentalmente porque el imputado también se encuentra a su disposición. Recibimos la comunicación de Schujman y tomamos conocimiento de la autorización para asistir al curso, en el expediente donde tramita la ejecución de la pena", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además de presentar un escrito ante Paulucci, Stara solicitó ayer al Tribunal que "se resguarden las medidas del caso, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final del juicio". Como respuesta, López Arango ordenó indagar si "el Tribunal está debidamente notificado" del permiso dispuesto por Paulucci y prometió que, una vez dilucidado ese dato, tomarán "las medidas pertinentes".

Stara dijo a Rosario/12 que requieren información sobre "la seguridad en el ingreso al hotel, ya que el lugar no está preparado para alojar a una persona esposada, que llega con custodia de Gendarmería". Recordó que el detenido está a disposición del Tribunal que lo condenó en 2010, pero también del juez Marcelo Bailaque y del Tribunal actual.

Amelong fue sentenciado por 27 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, como así también de 17 homicidios agravados el 15 de abril de 2010. Se trata de víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la Intermedia, como así también en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Todos dependían del Destacamento de Inteligencia 121 con asiento en Rosario. Amelong era teniente coronel y su apodo era Daniel. Si bien está detenido en la cárcel de Marcos Paz, Amelong permanece en el penal rosarino de Montevideo y Ricchieri para asistir a las audiencias de la causa Guerrieri II, donde está imputado además por asociación ilícita.

Para Schujman, "este tipo de autorizaciones resultan llamativas. Nosotros consideramos que todos los detenidos deben tener garantizados sus derechos a la salud, a la educación y a mantener contacto con sus familiares, pero en este contexto, se transforma en un privilegio porque ningún otro detenido del sistema federal que no sea un genocida tiene este tipo de autorizaciones".

Sobre el curso de los sábados, Schujman se preguntó "cuáles son las condiciones de seguridad para que el detenido permanezca ahí sin que se produzca un riesgo de fuga. ¿Hay un gendarme parado al lado de él durante el curso?".

Represores se victimizan, cambian las declaraciones y ahora "no saben nada"

Los acusados ampliaron ayer su declaración indagatoria en la última etapa del juicio conocido como Guerrieri II. Descalificaron a Bielsa, Balza, Constanzo y negaron saber el destino de los desaparecidos.
 Por Sonia Tessa

Victimizarse y descalificar a los testigos fueron las estrategias de los acusados que ampliaron su declaración indagatoria ayer, en la última etapa del juicio oral y público de la causa Guerrieri II. El principal imputado, Oscar Pascual Guerrieri, admitió la desaparición de personas, aunque dijo desconocer el destino de las víctimas de la causa, por cuyos homicidios agravados fue condenado a prisión perpetua el 15 de abril de 2010. "¿Dónde están las personas que asesinaron en la Intermedia?", interrogó la vocal del Tribunal, Noemí Berros. "Yo no me ocupé de los desaparecidos. No lo sé", dijo Guerrieri. "Usted está reconociendo parte de los hechos que se le imputan. Una manera digna para darle un final a esto es que usted diga lo que sabe", arguyó la otra vocal, Lilia Carnero. "Pero no puedo decirle más de las cosas que sé", se escudó. Debido a la pregunta de Berros, Juan Daniel Amelong la recusó por prejuzgamiento (aunque los asesinatos son cosa juzgada), pero el Tribunal lo rechazó.

Como es su costumbre, Amelong habló durante tres horas, acusó a las víctimas de "terroristas" y puso en tela de juicio varios testimonios. El más notorio fue el del ex canciller Rafael Bielsa, de quien el represor condenado a prisión perpetua por homicidios agravados y otros delitos, dijo que "el rumor era que fue preso en una fiesta homosexual que se hizo en un departamento y no por montonero". En ese punto, el fiscal Gonzalo Stara intervino para exigir que el imputado se ciñera a la causa, pero el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, consideró que era parte del derecho a defensa y le permitió continuar con sus difamaciones.

Daniel --tal el apodo de Amelong en el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121-- amenazó: "A quienes cometen delitos de lesa humanidad contra mi persona en la actualidad, los veré en una audiencia". Y llegó a la paradoja. "Como abogado seguiré defendiendo la Constitución, mal que les pese a quienes quieren sacarme la matrícula", afirmó. También se ensañó con Martín Balza. "Tenía la misma jerarquía que el coronel Guerrieri, que era su compañero en la Escuela de Guerra. ¿Guerrieri sabía todo y él no sabía nada? Miente", dijo Amelong, condenado a prisión perpetua en Guerrieri I. La quinta La Intermedia donde --según el testimonio del también imputado Eduardo Costanzo-- fueron asesinados los militantes secuestrados en Quinta de Funes, pertenecía a la familia de Amelong.

Cada uno de los acusados que habló puso las quejas al Tribunal Federal Oral número 1 por las restricciones para atenderse en el hospital Militar y las denegaciones de prisión domiciliaria. Lo curioso es que también lo hizo Guerrieri, que goza del beneficio. De los doce represores, también quieren declarar Joaquín Gurrera y Andrés "El Barba" Cabrera, que pidió hacerlo último. Será el jueves próximo, desde las 9.30.

La declaración de Guerrieri cosechó el descontento de sus antiguos subordinados, que lo expresaron al Tribunal. En cambio, cuando Amelong terminó, el acusado Héctor Marino González atinó a aplaudir. Todos los acusados menos Alberto Pelliza --que se descompuso y fue atendido en el Sanatorio Plaza-- estuvieron ayer en la audiencia. Ariel Porra, Ariel López, Marino González y Walter Pagano no van a declarar.

También amplió indagatoria Carlos Antonio Sfulcini, acusado por la desaparición forzada de Fernando Messiez, secuestrado en la puerta de la copistería La Manija, frente a la Facultad de Humanidades y Artes, el 22 de agosto de 1977. El acusado, que también es abogado, basó su testimonio en descalificar a Constanzo. "Estoy imputado por un solo hecho y por las manifestaciones de una sola persona", dijo y aseguró que el diálogo sobre Messiez referido por Costanzo "es falso, no existió nunca porque nunca estuve en La Calamita ni en ningún otro centro de detención".

El último en declarar durante una maratónica jornada de más de ocho horas fue Jorge Fariña, alias Sebastián, que era capitán y se desempeñaba en Inteligencia. "No estoy de acuerdo ni comparto para nada todo lo manifestado por Guerrieri. Yo llevo diez años privado de mi libertad", se quejó el imputado por asociación ilícita, también condenado en la causa Guerrieri I. "Nunca impartí ninguna orden ilegal ni nunca recibí ninguna orden ilegal", dijo el represor. Para el final, habló del asesinato de Raúl Amelong, padre de Juan, "que fue reivindicado por Montoneros". De nuevo, confundió el motivo del juicio, en el que no se investiga ese hecho.

Senado designa juez de TOF de Santa Fé : ¡¡ a un colaborador de Brusa !!

Aquel viejo amigo de Brusa

A pesar de haber sido cuestionado e impugnado su pliego por organismos de derechos humanos, Lauría quedó designado por 49 votos a favor y 5 en contra en el Senado nacional. Es el segundo ex colaborador de Brusa en ser nombrado en la justicia federal.

 Por Juan Carlos Tizziani

El Senado de la Nación designó ayer al abogado Luciano Lauría, un ex colaborador y amigo de Víctor Brusa, juez del Tribunal Oral de Santa Fe, un cargo para el que ya había sido propuesto hace dos años e impugnado por los organismos de derechos humanos de Santa Fe, en agosto de 2011, pero el pliego recién se retiró el 4 de setiembre último, cuando se lo cambió por otro sin reproches. El nombramiento fue aprobado por 49 a 5, con el voto de la mayoría del Frente para la Victoria. "Lauría demostró idoneidad para ocupar el cargo", dijo el presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, al defenderlo en el recinto ante una supuesta ofensiva de "determinados grupos de poder" ﷓que no identificó﷓ y "creen que pueden sacar bolilla negra a algunos y a otros no". Su colega, el senador socialista Rubén Giustiniani, le pidió que identificara a esos "grupos de poder", pero Guinle no respondió. Lauría es el segundo ex funcionario de Brusa que el Senado asciende en la justicia de Santa Fe: en octubre de 2012 ya había nombrado juez federal de Rafaela, a Miguel Abásolo, el ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1.

Guinle desestimó la impugnación que pesaba sobre Lauría. En agosto de 2011, las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos lo cuestionaron en 2008 ﷓ya como secretario del Juzgado Federal Nº2﷓ se excusó de intervenir como juez subrogante en una causa que investiga a Brusa y a otros represores por asociación ilícita. "La conducta asumida por Lauría alegando un supuesto no contemplado en la ley muestra su escaso compromiso con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad" y abre las puertas para "su excusación o recusación en este tipo de causas", decía el escrito.

En el debate de ayer, Guinle dijo que Lauría "demostró que se debía excusar por razones de amistad" con Brusa. "Sería muy grave que alguien tuviera amistad con alguien y no se excusa. Y mucho más, cuando después Lauría consultado sobre la excusación, da su compromiso con las políticas de derechos humanos vigentes en el país", agregó el legislador.

Fue allí cuando Guinle dijo que "hay determinados grupos de poder que creen que pueden sacar bolilla negra a algunos y a otros no" y reiteró que Lauría "demostró idoneidad" para cubrir el cargo.

Giustiniani le pidió entonces que identificara a esos "grupos de poder", "que diga quienes son" los que rechazan el nombramiento de Lauría. "Evidentemente, siempre hay grupos de poder que actúan, pero lo bueno es decir quiénes son", desafió el socialista.

"Acá hay una impugnación sólida y válida de las Madres de Plaza de Mayo, los Hijos, los Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Estas son los organismos que lo impugnaron. Y no ningún grupo de poder. Y lo hicieron por las causas de derechos humanos que pueden caer en manos de alguien que se excusó en el juicio a un represor (Brusa) por cuestiones de conocimiento personal y social. Este es el fundamento, simple y contundente para rechazar la designación", agregó Giustiniani.

Guinle dijo que Lauría "se excusó en una causa donde se excusaron otros. Los otros nunca tuvieron impugnaciones, éste si. Los otros firmaron solicitadas y notas de apoyo a (a Brusa), éste no. Pero a éste justamente sí se lo impugna". "Nosotros somos absolutamente respetuosos de los organismos de derechos humanos, pero el meollo de la cuestión es una excusación" y "el compromiso que asume (Lauría) es respetar las políticas de derechos humanos vigentes en nuestro país", sostuvo.

Estos fueron los pasos del operativo:

* 19 de julio. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner manda al Senado de la Nación un nuevo pliego de Lauría para designarlo juez del Tribunal Oral de Santa Fe. Es el mensaje 955/13 que firma del ministro de Justicia, Julio Alak.

* 4 de setiembre. Dos meses después, queda a la vista un operativo en el recinto. El Senado devuelve al Poder Ejecutivo el pliego de Lauría que había sido impugnado por los organismos de derechos humanos dos años antes, el 18 de agosto de 2011 (mensaje 1.039/11). Y al toque, acepta el ingreso de un nuevo pliego (mensaje 955/13) que estaba en la mesa de entradas de la Cámara desde el 19 de julio y pasa a la comisión de Acuerdos.

* 30 de setiembre. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia denuncia la "maniobra" y advierte que el objetivo era "ocultar la impugnación" de 2011: se retiró el pliego anterior de Lauría que estaba impugnado y se volvió a ingresar un nuevo, pero limpio, sin el cuestionamiento de 2011. Una situación antirreglamentaria porque no se ha hecho pública la propuesta, ni se abrió un plazo para presentar nuevas impugnaciones", dice el documento que firman Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y agrega: "Lauría no tiene las cualidades de independencia, probidad y compromiso con los valores democráticos necesarios para un cargo de tanta relevancia". "Su conducta es contraria al respeto por la plena vigencia de los derechos humanos" y "a los principios de memoria, verdad y justicia".

* 1 de octubre. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se suma a la denuncia. Lauría es un funcionario judicial "formado a la sombra del siniestro Víctor Brusa" que "carece de compromiso en el juzgamiento de los delitos de lesa Humanidad" y "no reúne las condiciones éticas, de idoneidad y antecedentes necesarios para el cargo", señala. Mientras que uno de los referentes del organismo, Jorge Castro, coincide que el cambio del pliego impugnado por otro nuevo es "una maniobra política" y "arbitraria" que "debe tener algún tipo de respaldo". Y apunta a uno de los fogoneros: el senador Guinle. "Es indudable que se trata de un operativo político. Designar a Lauría es un cachetazo a la justicia federal de Santa Fe", agregó Castro.

* 2 de octubre. El presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, convoca a una audiencia pública para escuchar a Lauría. El plazo para impugnarlo y presentar preguntas ya había vencido el 24 de setiembre. Así que el propuesto salió de la entrevista seguro de su designación. "Demostró idoneidad", lo ponderó Guinle, en el debate de ayer. "Demostró que debía excusarse (en el juicio a Brusa) por razones de amistad. Y después, cuando fue consultado sobre cada uno de los aspectos de la excusación expresó su compromiso con las políticas de derechos humanos vigentes en el país", agregó el legislador.

* 13 de noviembre. El Senado aprueba la designación de Lauría por 49 a 5. Giustiniani fue el único santafesino que votó en contra.