Se volvió a pintar el Mural de San José que recuerda a detenidos desaparecidos

Una marca que hacía falta en la pared

El mural había sido tapado y el colectivo de ex presos lo volvió a pintar pero las autoridades del colegio no estaban de acuerdo. Una serie de reuniones en el Concejo Municipal finalmente pudieron destrabar el conflicto en favor de la memoria.

Ayer finalmente, el Colectivo de Ex Presos Políticos y Desaparecidos, familiares de detenidos durante la última dictadura, organizaciones de derechos humanos y militantes en general; pudieron pintar en la esquina de Jujuy y España el mural que recuerda a decenas de víctimas del genocidio en las paredes del Colegio San José, después de una ardua negociación mantenida con las autoridades eclesiásticas que se habían negado a que se repinte el mural después de haberlo tapado ellos mismos. Ayer los concejales del Frente para la Victoria﷓PJ, Norma López y Roberto Sukerman participaron también de la pintada.

La comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal fue el lugar elegido para sellar un acuerdo entre el Colectivo de Ex Presos Políticos y Desaparecidos y el Colegio San José para que se pinte el mural con los nombres de más de 400 militantes desaparecidos sobre una de las paredes externas de la institución.

Sukerman, miembro de la Comisión y uno de los que apoyó el acuerdo con la entidad educativa, recordó: "El colegio otorgó el derecho de uso del zócalo de 1,65 metros de alto por 26 metros de largo, a contar desde el inicio de la ochava por calle Jujuy hasta la tercer ventana de calle España. El plazo de la autorización será por seis años a contar desde la fecha, siendo a cargo del Colectivo el mantenimiento del mismo".

Por su parte, Norma López sostuvo: "El mural testimonial alusivo a desaparecidos y presos políticos desde el año 1955 al 2001 en Rosario y zona de influencia, es un gran avance para la visibilización de la lucha por Verdad, Memoria y Justicia, la que apoyamos y sostenemos desde las políticas públicas y la reparación histórica que llevamos adelante desde el 2003".

Desde antes que existiera el graffiti, las técnicas de los artistas callejeros y las intervenciones urbanas; la resistencia política se las arregló para comunicar sus ideas que -allá por la segunda mitad de los '50 en la Argentina- eran clandestinas para el régimen. Con una base de cal y con carbón se escribieron las primeras consignas, los primeros nombres de los mártires de las luchas populares, para ponerlos al resguardo del olvido, para volver a hacerlos presentes en las calles en las que lucharon junto a su pueblo. Esa es la memoria, la lucha y el accionar político que honra el Colectivo de Ex Presos Políticos y Sobrevivientes del Pozo de Rosario que ya lleva realizados más de 54 murales en la ciudad y que había vuelto a pintar uno de los más emblemáticos: el que había sido tapado en España y Salta, en una de las paredes del Colegio San José. La institución al principio no daba respuestas, no se supo si se cubrió esa pared por desprecio o por ignorancia, tampoco concedió las reuniones que se le pidieron para tramitar el repintado del mural. Pero después, las negociaciones en el Concejo Municipal permitieron arribar a una solución para que el mural pudiese volver a pintarse, esta vez en la esquina de Jujuy y España.

"Esta actividad la encaramos desde la militancia de la memoria, elegimos los lugares emblemáticos de Rosario, donde cayeron muertos los compañeros, o donde fueron secuestrados", explicó en su momento Mónica Garbuglia a Rosario/12. "La idea siempre fue armar una narración urbana que sirva de homenaje, de recuerdo, pero también de información para los más jóvenes y para la sociedad toda. Que se pregunten por qué estos nombres, quiénes fueron, qué fue lo que les pasó en este lugar", explicó la integrante del Colectivo.

La Biblioteca Vigil recuperará lo que es suyo

Con la media sanción, se giró al Senado una ley para devolver lo que fue sustraído por la dictadura. Es el tercer intento de reparación histórica, pero confían en que este año salga.

Por Juan Carlos Tizziani  - Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado un proyecto para restituir a la Biblioteca Vigil los bienes saqueados por la dictadura después de la intervención militar en 1977, que luego pasaron al patrimonio de la provincia, entre ellos el emblemático edificio de Alem y Gaboto, en el barrio Tablada. "Será un acto de memoria y justicia", dijo el presidente de la Cámara y autor de la iniciativa, Luis Rubeo, que inició el trámite parlamentario a mediados de agosto con la adhesión y la firma de más de veinte de sus colegas de todos los bloques y ayer logró una media sanción por unanimidad. No es la primera vez que Diputados vota una ley para devolver los bienes a la Vigil: ya lo había hecho en 2004 y 2006 al aprobar un mensaje del ex gobernador Jorge Obeid, que estaba dispuesto a concretar la reparación histórica. Pero el proyecto quedó trunco y no pasó el Senado, quizás por disidencias internas en la Biblioteca que hoy ya fueron superadas. "La tercera será la vencida", dijo Rubeo y se mostró optimista que la Cámara de Senadores -﷓ahora sí-﷓ lo convertirá en ley antes de fin de año. "Para que el año que viene podamos iniciar el proceso de restitución del patrimonio a una entidad que tiene una historia muy rica en Rosario", agregó.

El proyecto propone donar los bienes por una razón jurídica, pero "en realidad es una restitución. Devolver todos los inmuebles, el patrimonio cultural, el material didáctico que tenía la Biblioteca Vigil es un acto de justicia, que nos llena de orgullo", dijo Rubeo a Rosario/12. Y recordó sus lazos afectivos. "Hay una historia personal que me vincula a la Biblioteca, porque yo realicé parte de mi secundario en la escuela y fui el primer presidente del centro de estudiantes, en 1972. Pero más allá de esto, lo importante es la reparación histórica", afirmó.

Ya Obeid intentó dos veces restituir los bienes a la Biblioteca Vigil, pero no pudo. En 2004, mandó a la Legislatura el mensaje 2849 que Diputados aprobó a mediados de 2005 y caducó en el Senado. Al año siguiente, el ex gobernador volvió a insistir con un segundo mensaje 3138, idéntico al anterior, que Diputados también votó el 24 de agosto de 2006 y terminó en un cajón del Senado.

"El problema que hubo en aquella oportunidad es que la Biblioteca no estaba normalizada y por lo tanto no se pudo llevar adelante la restitución", recordó Rubeo. "Pero ahora tenemos la suerte que el 31 de julio pasado se volvió a normalizar y fue elegida la misma comisión que había sido intervenida por la dictadura militar, en febrero de 1977. Entonces, ahora sí podemos restituirles los inmuebles a la Biblioteca, con el reconocimiento jurídico que permite una comisión que se haga cargo porque antes, al estar intervenida, no había quién se hiciera cargo".

Rubeo dijo que ya habló con el senador Miguel Lifschitz para que "también pueda tomar la tarea de llevar adelante la ley en el Senado y no nos quedemos sólo con la media sanción de Diputados", como ocurrió en 2004 y 2006. En el Senado, el senador radical Hugo Rasetto es autor de un proyecto similar, que empalmaría con el que votó Diputados.

El presidente de la Cámara agradeció a sus pares que primero firmaron el proyecto y ayer lo votaron por unanimidad. "Esto significa un reconocimiento a una institución con muchísima historia en Rosario y en el sur de Santa Fe", dijo. Y estimó que el trámite será similar en el Senado.

En 2006, en el debate del frustrado proyecto de Obeid, un ex diputado del PJ recordó cómo fue el saqueo militar. "El nefasto golpe de estado de 1976 terminó con muchas instituciones civiles de naturaleza popular y a la Vigil la descuartizó y persiguió a sus dirigentes. Los interventores militares -﷓dijo el ex diputado Danilo Kilibarda-﷓ practicaban el tiro al blanco sobre las piezas del museo que tenía la Vigil. Se robaron y quemaron libros, se hicieron desaparecer bienes valiosos. La Vigil fue saqueada por la intervención militar, que terminó vendiendo o malvendiendo muchos de sus bienes".

Pasos de impunidad: conceden detención domiciliaria al genocida Scortechini

Por una cuestión de salud

El represor podrá seguir en su casa, por dos meses, su recuperación de una operación por pancreatitis y una afección respiratoria. El fiscal Stara se opuso al traslado al explicar que el penal de Marcos Paz cuenta con calificado personal médico.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario autorizó al represor José Carlos Scortechini -condenado a 10 años de prisión en la causa Díaz Bessone- a cumplir arresto domiciliario los próximos dos meses. El motivo es lograr su recuperación de una operación por pancreatitis y una afección respiratoria que sufriera recientemente.

El 16 de agosto, el TOF II resolvió no hacer lugar al pedido de detención domiciliaria presentado por el condenado Scortechini, que originara la realización de una pericia médica en base a la cual el fiscal federal Gonzalo Stara se opuso al pedido, obteniendo eco en la resolución de los magistrados. Transcurrido menos de un mes de aquel incidente, el tribunal volvió sobre sus pasos y concedió el pedido al represor. Esto fue decidido en base a un informe del médico forense de apellido Siettecase que informa que Scortechini estaría recuperándose de un "cuadro respiratorio agudo". El informe médico provocó la inmediata suspensión de la orden de traslado al Penal de Marcos Paz. La defensa del imputado acompañó por su parte informes que respaldarían, a entender del letrado, la resolución de enviar al condenado a su casa.

Sin embargo Stara apuntó una irregularidad del tribunal: se entrevistó directamente con el represor y decidió mantener la decisión de que permanezca en su domicilio. El fiscal se opuso a la decisión judicial considerando que se encuentra ante una nulidad absoluta, en vistas de que no se ha dado la debida intervención al Ministerio Público Fiscal, que en estos actos resulta, al decir del funcionario "indispensable e insoslayable".

En este sentido apuntó: "Nos encontramos fundamentalmente analizando un discurso ajeno al derecho, esto es, un discurso médico, y por tanto esta fiscalía tiene el derecho y el deber de ser asistido por profesionales de la salud". Mientras la decisión se torna efectiva, la fiscalía intenta que la decisión sea revisada por los magistrados.

Cabe recordar que Scortechini fue condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad consistentes en privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita. Pero por otro lado se encuentra actualmente procesado por otras comisiones de delitos idénticos a los nombrados y también por homicidio.

De igual manera el fiscal Stara cuestionó la ausencia de datos en la resolución que permitan inferir las razones por las cuales el condenado no puede cumplir su recuperación en el penal de Marcos Paz que cuenta con calificado personal médico. En este sentido mencionó la resolución anterior en la cual se reseña, como fundamento de la orden de traslado a Marcos Paz, que "el complejo penitenciario Nº 2 de Marcos Paz cuenta con una unidad médico asistencial donde el interno puede ser asistido con todas sus dolencias y realizar los controles y dietas que sean necesarios".

El represor cobró celebridad cuando fue objeto de una denuncia por parte del Patronato de Liberados de la provincia, que reveló que no estaba en su domicilio en pleno juicio oral. Fue al realizar los controles de rutina para cerciorarse de que cumpliera con su detención domiciliaria. Después argumento que estaba en sus clases de enseñanza de vuelos a pilotos. Curiosamente la consecuencia fue ampliarle sus horarios de instructor de vuelo.

"Estamos ante delitos gravísimos, los derechos de las víctimas que represento al acceso a la justicia se encuentran comprendidos en pactos internacionales, deben extremarse los cuidados ante cada decisión, que, como en este caso, indudablemente afecta ese derecho pues estamos ante una excepción al modo de cumplimiento de la pena de prisión impuesta", sentenció Stara.

Testimonio de Pablo Martínez por videoconferencia

Por Sonia Tessa

Desde la Embajada Argentina en Madrid, por videoconferencia, Pablo Leonardo Martínez declaró ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Martínez recordó su secuestro, el 4 de mayo de 1977, cuando estaba tomando el ómnibus en el barrio número 2 de Somisa. "Dos personas me interceptaron, una de ellas con algo en la mano, y me dijeron: 'quedate quieto o te quemo'. Me arrojaron a un vehículo y me llevaron a una casa donde fui sometido a torturas", contó. Allí estuvo dos días, y después de las torturas lo llevaron a una habitación donde había otras personas, entre las que recordó a las hermanas María Cristina y Raquel Alvira y a Horacio Martínez, esposo de la primera. En 1984, cuando declaró ante la Conadep, también había mencionado a Coca (Rosa Baronio) y Polo (Eduardo Reale), pero ayer le costó rememorarlo. Cuando el fiscal Juan Murray le leyó lo que había dicho entonces, Martínez fue contundente: "Lo que declaré en ese momento es estrictamente cierto. Había transcurrido mucho menos tiempo, tenía los recuerdos mucho más claros y había tenido mucho tiempo para pensar". Pablo estuvo seis años presos. Antes, había dejado claro lo que significa para los sobrevivientes del terrorismo de estado declarar después de 35 años. "Hay cosas que recuerdo y otras que he querido olvidar", expresó.

Por la desaparición de las hermanas Alvira, Horacio Martínez, Baronio, Reale y María Regina Spotti está acusado Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe del Area 132 del Ejército, y como tal comandó la represión ilegal en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pablo Martínez escuchó, en el tercer sitio de su detención ilegal, que uno de sus captores le decía a un compañero: "Ahí viene Saint Amant". Luego, siempre vendado, sintió que le mostraban a alguien su estado físico, en una especie de inspección.

El testigo contó que durante su privación ilegítima de la libertad lo tuvieron en tres sitios diferentes: el primero era una casa. Allí lo torturaron, primero a él y luego siguieron con José María Budassi, que era su compañero de colegio y fue secuestrado tres horas después, también en la calle. En el mismo lugar pudo intercambiar unas palabras con Gerardo Cámpora, que también había estudiado con él. Cámpora continúa desaparecido, y su caso es parte de la causa de los ex alumnos del colegio Don Bosco de San Nicolás, en el que Budassi es querellante.

El segundo lugar de secuestro fue la Unidad 3 de San Nicolás, donde permaneció 10 días. El traslado fue con Cámpora, las Alvira y Martínez. Mientras Cámpora fue llevado con él a la cárcel, a las otras tres personas las bajaron en la comisaría de San Nicolás. A Cámpora volvieron a trasladarlo, y no supo más de él. Después de diez días en una condición absolutamente irregular en la cárcel -"las autoridades tenían que saber que yo estaba ahí"-, Pablo Martínez fue llevado a otra casa, cerca de la fábrica Protto, en el camino a Villa Constitución. Allí volvieron a torturarlo, y escuchó nuevamente que Horacio Martínez estaba allí, cautivo como él.

Finalmente, en un procedimiento irregular, él y Budassi fueron dejados en un descampado, los obligaron a subir a un auto, y fraguaron una detención por llevar "elementos subversivos", que derivó en su blanqueo en la comisaría de Junín. Pablo permaneció seis años detenido, y al salir de la cárcel reconstruyó quiénes fueron sus compañeros de cautiverio. Ayer, después de 35 años, lo ratificó en un juicio oral y público.

También declaró ayer el perito médico de la Cámara Federal de Paraná, Armando González, que participó de la inhumación de los restos de Omar Amestoy y Ana María Fettolini, en el cementerio de Nogoya, en 2011. El matrimonio fue asesinado en la masacre de la calle Juan B. Justo, el 19 de noviembre de 1976, junto a Ana María Granada, y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. El único sobreviviente de esa masacre, Manuel Goncalves Granada, es querellante en la causa. Por esa masacre están procesados, además de Saint Amant, el ex militar Antonio Bossie y el ex jefe de la policía Federal de San Nicolás, Jorge Muñoz.

Santa Fé: Postergan el juicio por la represión ilegal. El primero que juzgará las violaciones

Es la primera vez que llegarán a la instancia oral los delitos sexuales como parte de una causa de lesa humanidad en la provincia y la segunda vez en el país. Son siete imputados, dos ex oficiales de la Fuerza Aérea y cinco policías.  Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe 

El juicio a la patota que operó en el norte santafesino bajo el mando de la III Brigada Aérea de Reconquista será el primero en la provincia -y el segundo en el país- que juzgará los abusos sexuales y la violación en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático de la represión. La audiencia estaba prevista para el 27 de setiembre, pero el Tribunal Oral de Santa Fe la postergó hasta el 19 de noviembre porque falta "producir algunas pruebas ofrecidas por las partes", según una fuente judicial. Son siete imputados: dos ex oficiales de la Fuerza Aérea: el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez. Y cinco policías que integraban el grupo de tareas: Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neuman y Horacio Machuca. Todos están acusados por "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos (Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca), también por "violaciones reiteradas" a una adolescente de 16 años que cumplió los 17 en el chupadero. En la investigación, ella identificó a sus violadores: "Sambuelli decía que él tenía el poder, que él podía hacer lo que quería conmigo", dijo la jovencita.

Los tormentos sexuales ya se denunciaron en tres juicios en Santa Fe, pero es la primera vez que serán juzgados como delitos de lesa humanidad. En la causa contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros integrantes de la patota, tres víctimas denunciaron violaciones, entre ellas Silvia Suppo, asesinada en Rafaela dos meses después de la condena. Lo mismo sucedió en el juicio al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos -fallecido el mes pasado-, a quien acusó una de sus víctimas, Amalia Ricotti. Y en el proceso al ex comisario Mario Facino, ex jefe de la comisaría 4ª, donde fue violada y asesinada Alicia López, militante de las Ligas Agrarias, en octubre de 1976.

Precisamente, en el caso Barcos, el fiscal general Martín Suárez Faisal pidió que las violaciones sufridas por la víctima fueran consideradas delitos de lesa humanidad, porque formaban parte del plan sistemático de la represión. Y así lo declaró el Tribunal Oral de Santa Fe en la sentencia que lo condenó a once años y medio de prisión.

En abril del año pasado, en el procesamiento de Sambuelli y compañía, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, coincidió con el Tribunal Oral de Santa Fe que los "abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio" son delitos de lesa humanidad, "como ocurrió en el caso de Ricotti", dijo en una resolución de 115 páginas. "Resulta comprensible que la víctima no haya mencionado en anteriores presentaciones tal padecimiento, pudiendo hacerlo recién luego de superar la vergüenza y humillación que implica haber sido sometida a semejante práctica degradante, que lamentablemente parece haber sido habitual en hechos como los que aquí se juzgan. Por ello consideramos que la violencia sexual soportada por las víctimas de estos aberrantes crímenes, también constituye una forma más de tormentos, y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", señaló el juez Alurralde al citar el fallo del Tribunal santafesino.

"El Estatuto de Roma establece entre los modos de comisión de los crímenes de lesa humanidad 'la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable". "La violencia sexual ha sido utilizada históricamente (...) para causar terror o humillación (...)", agregó Alurralde.

Después del golpe, la III Brigada Aérea de Reconquista se convirtió en un centro clandestino, por donde pasaron decenas de víctimas. El jefe era el brigadier Jorge Arturo Van Thienen, ya fallecido. Y seguían en la cadena de mandos, Sambuelli (que era capitán y jefe de Inteligencia) y Benítez (que era teniente). El 24 de marzo de 1976, Sambuelli asumió como interventor de la Municipalidad de Reconquista y Benítez como interventor de la Unidad Regional 9 de Policía de Reconquista, que estaba bajo el "control operacional" de la Fuerza Aérea.

Varias víctimas identificaron a Sambuelli, entre ellas una joven de 16 años que lo señaló como uno de sus violadores. "Sambuelli decía que él tenía el poder, que él podía hacer lo que quería conmigo", dijo la adolescente. Otros represores también le dijeron lo mismo. Y el juez Alurralde valoró todas las pruebas y le creyó: "Los presuntos violadores perseguían como objetivo degradar física y moralmente la deponente, por entonces una adolescente, lo que de hecho consiguieron", escribió el magistrado.

El fiscal Roberto Salum -que asistirá al fiscal Suárez Faisal en las audiencias- ya dijo cómo operaba el sistema represivo en el norte de la provincia, que a diferencia de lo que ocurrió en Santa Fe y Rosario, estaba bajo el mando de la Aeronáutica. "Las órdenes bajaban desde el jefe de la Base Aérea, que en ese momento era Van Thienen, y de Sambuelli y llegaban a los ejecutores directos que eran los policías detenidos", dijo."Incluso, uno de los imputados admitió que después del golpe de 1976, la Policía dependía de la III Brigada. Entendemos que hemos hecho un mapa importante de cómo funcionaba el sistema represivo en el norte santafesino", explicó el fiscal.

San Nicolás : El testimonio de los peritos

El testimonio de los peritos

 Por Sonia Tessa

El juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás continuó ayer en el Tribunal Federal de Rosario con peritos de la Gendarmería Nacional que realizaron peritajes en 2006 en la causa que investiga la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976, cuando fuerzas conjuntas de la policía provincial, federal y el Ejército masacraron a Ana María Fettolini, Omar Amestoy, Ana María del Carmen Granada y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. El comandante de Gendarmería, y Jefe de la División Balística, Hugo Ariel Iseas, ratificó que una saturación de gases lacrimógenos puede provocar la muerte de una persona "si el lugar es pequeño". Por asfixia murieron los dos niños, ya que una granada de ese químico fue arrojada por la claraboya de un baño de 3 metros de alto, por 1,70 de ancho y 2,45 de largo. Allí habían refugiado a los niños, para resguardo de la lluvia de disparos sobre la casa.

Por otra parte, dos testigos ofrecidos por la defensa del ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz y del ex jefe del Area 132 de Inteligencia, Manuel Fernando Saint Amant descartaron que hubiera impactos de bala en la vivienda ubicada enfrente de aquella en la que ocurrió la masacre. La licenciada en Criminalística de Gendarmería Nacional, María Silvina Lastreti, afirmó que al hacer el peritaje en junio de 2010, la casa estaba recién remodelada. En ese momento no observó ningún impacto de bala. Cuando le preguntaron si podría observar impactos de bala en una fotografía, la profesional lo descartó.

Cuando la abogada de la querella Ana Oberlin, le preguntó al perito de Gendarmería Martín Javier Moreno si, de haber podido constatar impactos --algo que no hicieron--, se podría determinar la fecha de esos impactos, el testigo respondió: "No, no hay forma". El 22 de agosto pasado el propietario de esa vivienda, Luis Broda, afirmó que su casa no había sufrido daño alguno.

A pintar el mural de la memoria

ACUERDO ENTRE EL COLEGIO SAN JOSE Y EX PRESOS POLITICOS

En el acta firmada ayer en el Concejo se dejó constancia que el colegio otorgó el derecho de uso del espacio para ser utilizado en mural testimonial alusivo a desaparecidos y presos políticos desde el año 1955 al 2001 en Rosario.

 Por Claudio Socolsky

La comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal fue el lugar elegido ayer para sellar un acuerdo entre el Colectivo de Ex presos políticos y desaparecidos y el Colegio San José para que el 22 de setiembre se pinte el mural con los nombres de más de 400 militantes desaparecidos sobre una de las paredes externas de la institución. En el acta acuerdo firmada en el despacho de la presidenta de la Comisión, María Fernanda Gigliani (PPS), el colegio otorga el derecho de uso del zócalo de 1,65 metros de alto por 26 metros de largo, a contar desde el inicio de la ochava por calle Jujuy hasta la tercer ventana de calle España. "Se puede decir que llegamos a la solución casi perfecta, estamos contentos. Más allá de todo el trayecto transcurrido, lo importante es que se saldó, y esto es bueno para toda la sociedad rosarina", resumió Gigliani al término de la reunión. "Es un día de alegría, de gozo, estamos satisfechos", destacó Marta Garbuglia del Colectivo de Ex presos políticos y desaparecidos.

Participaron del encuentro los ediles María Eugenia Schmuck (UCR), Pablo Colono (PS), Roberto Sukerman (FpV) y Diego Giuliano (Encuentro por Rosario). Garbuglia junto al doctor Marcelo Abaca firmaron en representación del Colectivo de Ex presos políticos y desaparecidos, mientras que el Padre Víctor Sánchez junto con el doctor Damián Escudero lo hicieron en representación del Colegio San José.

Al término de la reunión, la concejala Gigliani fue la encargada de leer el contenido del acta acuerdo, lectura que fue cerrada con un fuerte aplauso de parte de los ediles y los integrantes del Colectivo. "El colegio cede 26 metros de pared para que el Colectiva pueda hacer el mural. En todo el espacio que resta de la pared, hasta el portón de calle España, la escuela junto a los alumnos hará un mural alusivo a los derechos humanos. Además, la escuela realizará y colocará una placa con los nombres de los alumnos y el cura desaparecido de la institución", precisó Gigliani.

Además, se acordó que toda la actividad a desarrollarse en las paredes del colegio serán supervisadas y autorizadas por el Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio de la Dirección de Patrimonio, que depende de la secretaría de Planeamiento municipal, a efectos de permitir que el colegio mantenga el status de inmueble de patrimonio histórico.

En el acta se dejó constancia que el colegio otorgó el derecho de uso del espacio para ser utilizado en mural testimonial alusivo a desaparecidos y presos políticos desde el año 1955 al 2001 en Rosario y zona de influencia, pintando exclusivamente nombres y apellidos de los mismos y la agrupación política a la que pertenecían. El Colectivo pintará el mural en el espacio cedido el 22 de setiembre y presentará a las autoridades para su conocimiento el bosquejo del mural testimonial.

El plazo de la autorización será por sies años a contar desde la fecha, siendo a cargo del Colectivo el mantenimiento del mismo. "Es la primera vez que todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario han estado de acuerdo con una postura que era pintar el mural, que se va a pintar el 22 de setiembre", señaló emocionada Garbuglia, quien por otra parte agradeció la difusión realizada por la prensa gráfica y radial, en especial al periodista de Rosario/12, José Maggi.

"Pintar el mural fue positivo porque fue comunitario, abierto a la comunidad y entre todos. Ahora se suma la posibilidad de que los alumnos del colegio hagan un mural al lado del nuestro, es interesante la apertura que dio", agregó Garbuglia, para luego destacar que en lo personal rescata "no llevarse el sabor amargo de una defraudación de una comunidad religiosa como la salesiana que tuvo una impronta de progreso y de compromiso social tan grande en las décadas del 60 y 70. Volver a conciliarnos entonces con esta idea nos da una tranquilidad muy grande". El mural de España, entre Jujuy y Salta, se pintó por primera vez en 2007. Dos años después se retocaron algunos detalles y en diciembre del año pasado las autoridades del colegio pintaron los exteriores y tapó el mural que se repintó el pasado 23 de junio. Dos días después, el Colegio volvió a taparlo, lo que motivó la convocatoria de los ediles para acordar la restitución del mural pintado. En la primera de esas reuniones, las autoridades del Colegio rechazaron la iniciativa. En la segunda, dijeron que aceptaban la propuesta del Colectivo pero que debían consultarlo con sus superiores. Ayer, como destacó la edila Gigliani, se pudo llegar a "un final feliz".