Procesaron a Luis Patti y a Reynaldo Bignone por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.
La medida alcanza a nueve represores. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo también dispuso la falta de mérito de dos acusados. Para procesar a Patti por este hecho, ocurrido en 1983, hubo que anular su sobreseimiento.
Por Diego Martínez
A casi ocho años de la reapertura de la causa, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a nueve represores por los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La medida alcanzó al dictador Reynaldo Bignone, al ex policía Luis Abelardo Patti, al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario coronel Pascual Guerrieri y a su segundo, teniente coronel Luis Américo Muñoz, el único que sigue libre. Con argumentos que se desconocen, ya que las partes no fueron notificadas, el juez de San Nicolás dictó la falta de mérito del coronel Víctor Hugo Rodríguez, de quien dependían los civiles de Inteligencia (PCI) que participaron de los secuestros, y del ex arquero Edgardo Andrada, identificado por su ex compañero Eduardo Constanzo entre los miembros del grupo a cargo del operativo. “Chubi” Rodríguez y “El Gato” Andrada son curiosamente los únicos imputados que no están condenados o procesados en otras causas. En los próximos días Villafuerte Ruzo deberá indagar al ex policía Juan Amadeo Spataro, quien integró junto con Patti la patrulla que se encargó de los fusilamientos, en tanto siguen libres e impunes con el visto bueno del juez y de la Cámara Federal de Rosario todos los miembros de las planas mayores de zona, subzona y áreas militares que el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió citar a indagatoria en junio del año pasado.
Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez, que murió impune, los asesinó horas después en un camino vecinal cerca de Zárate. Fue uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de Inteligencia, asesinato en tiroteo fraguado por policías. Los fusiladores fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos demostró luego que los militantes peronistas fueron torturados con picana y atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y dictó el sobreseimiento provisorio, que el paso del tiempo convirtió en definitivo el mismo día que se sancionó la ley de Obediencia Debida. La pelea de Murray y de los abogados querellantes para revertir la “cosa juzgada” rindió frutos recién el año pasado, cuando Villafuerte Ruzo la declaró nula, decisión que luego confirmó la Cámara de Rosario y que quedó firme por la presentación extemporánea del recurso ante Casación.
Los procesamientos dictados por Villafuerte Ruzo, recusado (sin suerte) por congelar expedientes y por pronunciarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, abarcaron a cinco civiles de Inteligencia: Walter Pagano (condenado en 2010 a prisión perpetua), Juan Andrés Cabrera, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Ariel Porra, quien según Constanzo trasladó a las víctimas hasta el camino donde los ejecutaron. La misma función que los citados PCI cumplía Andrada, ex arquero de Rosario Central y de la Selección argentina de fútbol. Su falta de mérito no es el primer beneficio que le concede Villafuerte Ruzo: antes dictó su exención de prisión y le permitió conservar en su casa un arsenal que incluía pistolas de 9 y 11,25 milímetros, tres fusiles Winchester y una carabina, entre otras armas de guerra. “¿Qué juez, en una causa cualquiera, primero dejaría en libertad a un sospechoso de doble homicidio, y segundo le permitiría conservar en su poder semejante arsenal?”, planteó el camarista Fernando Barbará al analizar la conducta del nicoleño. “La pregunta, naturalmente, es del todo retórica, ya que la respuesta obvia es: ninguno”, escribió, en el fallo de la Cámara de Rosario que finalmente ordenó secuestrar la armería del Gato Andrada.
La falta de mérito del Chubi Rodríguez también asombró a quienes integran la acusación. El entonces capitán era jefe de la Sección Segunda del Destacamento, de la que dependían varios de los PCI procesados, y fue mencionado por El Tucu Constanzo entre los secuestradores. Casi treinta años después es el actual presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, que cada año cruza los Andes con el ex intendente y ahora senador provincial Miguel Lifschitz. El teniente coronel Rodríguez se afeitó el bigote para concurrir a la indagatoria, a la que llegó en un Nissan de vidrios polarizados acompañado por custodios con trajes negros, y no hizo descargo ni ofreció pruebas para defenderse. “No imagino qué gato sacó de la galera” Villafuerte Ruzo para beneficiarlo, confió Murray.
El único procesado libre, beneficio sobre el que debe pronunciarse la Cámara de Casación, es el teniente coronel Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento y superior inmediato de Rodríguez. De su legajo surge una de las pruebas más concluyentes de la actuación criminal del Ejército, aun en 1983, y del esmero en borrar pruebas en democracia. En 1989, disconforme con una calificación que frenaba su ascenso, Muñoz pidió que se consideraran sus “merecimientos” y citó dos “operaciones especiales” que por “razones de contrainteligencia” no había relatado pese a que participó “directa y activamente”. La primera fue en 1983 y “consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales” antes de las elecciones de octubre. Advirtió “el riesgo de ponerse en evidencia” pero cumplió la orden “como corresponde a un soldado”, escribió, y apuntó que un coronel amigo tuvo que realizar otra “operación especial” para que el semanario Siete Días no informara sobre los protagonistas del hecho. La segunda, en 1984, fue “un gran despliegue de efectivos y medios” para “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales” a hombres como él, y “cumplió ampliamente con su cometido”, explicó.
El fiscal Murray no dudó al pedir la detención que la operación de 1983 fue el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi; no sólo porque Muñoz integraba el destacamento de Inteligencia de Rosario, donde se produjeron los secuestros, sino también porque la revista Humor registró el vínculo del caso con la “operación especial” del coronel amigo. Luego de recibir un informe secreto “sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso-Pereyra Rossi”, un cronista y un fotógrafo de Siete Días intentaron hablar con uno de los protagonistas. “Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro”, les advirtió el militar, según relató el periodista Enrique Vázquez en Humor. La operación de guerra de 1984, dedujo Murray, fue el robo de expedientes sobre la represión ilegal de los Tribunales Provinciales de Rosario. Los secuestros y el robo fueron “las dos operaciones más delicadas de toda mi carrera”, confesó Muñoz, no porque enfrente tuviera a un ejército real sino por la “gran repercusión”. “Hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”, destacó el soldado, orgulloso porque el robo de expedientes permitió “llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.
