Menciones al PCI César Luis Frilocchi en el juicio por Cambiaso y Pereyra Rossi

Un espía en Santa Fe para vigilarlos

El testigo Francisco Clarick recordó que el ex PCI, que todavía es empleado de la UNL, estaba infiltrado en Intransigencia y Movilización, donde militaban las víctimas. El Foro contra la Impunidad de Santa Fe pidió la exoneración.

 Por Sonia Tessa

La causa por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, el 14 de mayo de 1983, sumó una revelación: El testigo Francisco Alfonso Clarick, militante de Intransigencia y Movilización peronista entonces, relató la participación del Personal Civil de Inteligencia (PCI), César Luis Frilocchi, como infiltrado de esa organización. De hecho, Frilocchi estuvo -según el relato de compañeros de Clarick- en el acto político que se realizó en Luz y Fuerza de Santa Fe, el 13 de mayo de 1983. "Cambiaso estuvo permanentemente vigilado en el Litoral por dos PCI que eran una mujer de apellido Torres, de Paraná y en Santa Fe, por Frilocchi", dijo el testigo, que fue preso político en Coronda, donde compartió cautiverio con Cambiaso.

Clarick fue liberado el 20 de noviembre de 1982, con libertad condicional, y volvió a su ciudad, Casilda, donde debía presentarse semanalmente. "No me podía mover de Casilda", rememoró. Allí fue a buscarlo Daniel Gollán -actual ministro de Salud de la Nación, que también fue preso político- para convocarlo a formar parte de Intransigencia y Movilización, agrupación en la que Cambiaso era dirigente. En su declaración en la audiencia del 9 de septiembre, Clarick relató que Cambiaso "aún en los tiempos más duros pregonaba más la cuestión política que la cuestión armada" y subrayó por qué los represores querían eliminarlo. "Sabían que la mayoría de los compañeros íbamos a volver a militar con "el viejo" Cambiaso", expresó.

Clarick recordó que el 13 de mayo, "Cambiaso estuvo en el acto d eSanta Fe con Pereira Rossi. Yo no estuve".

Después del secuestro y asesinato de los militantes en el bar Magnum, en el mediodía del 14 de mayo de 1983, Clarick se hizo una promesa. "Me tomé el compromiso de acumular la mayor cantidad de datos posibles sobre cómo habían llegado al Carlón y al Viejo", contó ante el Tribunal Oral Federal número 2, que integran Beatriz Baravani, Jorge Benegas Echagüe y Omar Digerónimo.

Clarick contó que llegó a indagar que "Cambiaso estuvo permanentemente vigilado" y que Frilocchi "haciéndose pasar por militante, estaba puesto exclusivamente para informar todo lo que hacía Osvaldo". Para Clarick, fue Frilocchi quien informó al Destacamento de Inteligencia 121 qué iban a hacer Cambiaso y Pereira Rossi a la mañana siguiente en Rosario.

Si bien la declaración de Clarick planteó una hipótesis, la condición de PCI de Frilocchi es pública. De hecho, revistó como personal de inteligencia del Ejército hasta 2006, cuando la ministra Nilda Garré desmanteló esa estructura. Es decir que, aún en democracia, siguió espiando a la población civil.

El Foro contra la Impunidad por la Justicia de Santa Fe, que integran numerosos organismos de Derechos Humanos, hizo dos presentaciones ante el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, para pedirle la exoneración de Frilocchi. También realizaron múltiples manifestaciones.

En uno de los pedidos presentado por el Foro, el 20 de marzo de 2014, se recuerdan las declaraciones de Frilocchi en la causa contra otro PCI, Horacio Barcos. La primera fue el 9 de julio de 2006. Posteriormente, en octubre de 2007, el Ejército envió al juez Reinaldo Rodríguez la nómina de los PCI, donde figuraba Frilocchi. "En sus posteriores declaraciones en el juzgado federal de instrucción y ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, Frillocchi intentó despegarse de Barcos, e incurrió en tantas contradicciones, que la fiscalía pidió su procesamiento y detención por falso testimonio. Dos votos de los miembros del TOF permitieron que quedara en libertad, mientras que uno de los jueces coincidía con el pedido de la fiscalía acerca de la procedencia de detenerlo en la misma sala de audiencia del tribunal. En la causa por falso testimonio que luego se le inició ante el juzgado federal de instrucción, fue procesado. Las resoluciones posteriores que buscan dejar sin efecto tal procesamiento, se encuentran recurridas, tanto por la fiscalía de 1ª instancia como por la fiscalía de Cámara de Apelaciones y la cuestión debe ser resuelta por la Cámara de Casación Penal", recuerdan los integrantes del Foro.

A partir de la presión social y las presentaciones del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, en octubre del año pasado, la Universidad Nacional del Litoral abrió un sumario administrativo a Frilocchi, pero sólo lo desplazó del estratégico cargo que ocupaba en la sección Títulos. Hoy revista en la Planta de Alimentos del Observatorio Social de la UNL. "Una Universidad comprometida con los valores democráticos no puede sostener a Frilocchi como planta de sus empleados y menos jerarquizado", subrayó Lucila Puyol, abogada, militante de H.I.J.O.S. e integrante del Foro.

El tiro del final del terrorismo de Estado

Procesaron a Luis Patti y a Reynaldo Bignone por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

La medida alcanza a nueve represores. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo también dispuso la falta de mérito de dos acusados. Para procesar a Patti por este hecho, ocurrido en 1983, hubo que anular su sobreseimiento.

 Por Diego Martínez

A casi ocho años de la reapertura de la causa, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a nueve represores por los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La medida alcanzó al dictador Reynaldo Bignone, al ex policía Luis Abelardo Patti, al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario coronel Pascual Guerrieri y a su segundo, teniente coronel Luis Américo Muñoz, el único que sigue libre. Con argumentos que se desconocen, ya que las partes no fueron notificadas, el juez de San Nicolás dictó la falta de mérito del coronel Víctor Hugo Rodríguez, de quien dependían los civiles de Inteligencia (PCI) que participaron de los secuestros, y del ex arquero Edgardo Andrada, identificado por su ex compañero Eduardo Constanzo entre los miembros del grupo a cargo del operativo. “Chubi” Rodríguez y “El Gato” Andrada son curiosamente los únicos imputados que no están condenados o procesados en otras causas. En los próximos días Villafuerte Ruzo deberá indagar al ex policía Juan Amadeo Spataro, quien integró junto con Patti la patrulla que se encargó de los fusilamientos, en tanto siguen libres e impunes con el visto bueno del juez y de la Cámara Federal de Rosario todos los miembros de las planas mayores de zona, subzona y áreas militares que el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió citar a indagatoria en junio del año pasado.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez, que murió impune, los asesinó horas después en un camino vecinal cerca de Zárate. Fue uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de Inteligencia, asesinato en tiroteo fraguado por policías. Los fusiladores fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos demostró luego que los militantes peronistas fueron torturados con picana y atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y dictó el sobreseimiento provisorio, que el paso del tiempo convirtió en definitivo el mismo día que se sancionó la ley de Obediencia Debida. La pelea de Murray y de los abogados querellantes para revertir la “cosa juzgada” rindió frutos recién el año pasado, cuando Villafuerte Ruzo la declaró nula, decisión que luego confirmó la Cámara de Rosario y que quedó firme por la presentación extemporánea del recurso ante Casación.

Los procesamientos dictados por Villafuerte Ruzo, recusado (sin suerte) por congelar expedientes y por pronunciarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, abarcaron a cinco civiles de Inteligencia: Walter Pagano (condenado en 2010 a prisión perpetua), Juan Andrés Cabrera, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Ariel Porra, quien según Constanzo trasladó a las víctimas hasta el camino donde los ejecutaron. La misma función que los citados PCI cumplía Andrada, ex arquero de Rosario Central y de la Selección argentina de fútbol. Su falta de mérito no es el primer beneficio que le concede Villafuerte Ruzo: antes dictó su exención de prisión y le permitió conservar en su casa un arsenal que incluía pistolas de 9 y 11,25 milímetros, tres fusiles Winchester y una carabina, entre otras armas de guerra. “¿Qué juez, en una causa cualquiera, primero dejaría en libertad a un sospechoso de doble homicidio, y segundo le permitiría conservar en su poder semejante arsenal?”, planteó el camarista Fernando Barbará al analizar la conducta del nicoleño. “La pregunta, naturalmente, es del todo retórica, ya que la respuesta obvia es: ninguno”, escribió, en el fallo de la Cámara de Rosario que finalmente ordenó secuestrar la armería del Gato Andrada.

La falta de mérito del Chubi Rodríguez también asombró a quienes integran la acusación. El entonces capitán era jefe de la Sección Segunda del Destacamento, de la que dependían varios de los PCI procesados, y fue mencionado por El Tucu Constanzo entre los secuestradores. Casi treinta años después es el actual presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, que cada año cruza los Andes con el ex intendente y ahora senador provincial Miguel Lifschitz. El teniente coronel Rodríguez se afeitó el bigote para concurrir a la indagatoria, a la que llegó en un Nissan de vidrios polarizados acompañado por custodios con trajes negros, y no hizo descargo ni ofreció pruebas para defenderse. “No imagino qué gato sacó de la galera” Villafuerte Ruzo para beneficiarlo, confió Murray.

El único procesado libre, beneficio sobre el que debe pronunciarse la Cámara de Casación, es el teniente coronel Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento y superior inmediato de Rodríguez. De su legajo surge una de las pruebas más concluyentes de la actuación criminal del Ejército, aun en 1983, y del esmero en borrar pruebas en democracia. En 1989, disconforme con una calificación que frenaba su ascenso, Muñoz pidió que se consideraran sus “merecimientos” y citó dos “operaciones especiales” que por “razones de contrainteligencia” no había relatado pese a que participó “directa y activamente”. La primera fue en 1983 y “consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales” antes de las elecciones de octubre. Advirtió “el riesgo de ponerse en evidencia” pero cumplió la orden “como corresponde a un soldado”, escribió, y apuntó que un coronel amigo tuvo que realizar otra “operación especial” para que el semanario Siete Días no informara sobre los protagonistas del hecho. La segunda, en 1984, fue “un gran despliegue de efectivos y medios” para “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales” a hombres como él, y “cumplió ampliamente con su cometido”, explicó.

El fiscal Murray no dudó al pedir la detención que la operación de 1983 fue el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi; no sólo porque Muñoz integraba el destacamento de Inteligencia de Rosario, donde se produjeron los secuestros, sino también porque la revista Humor registró el vínculo del caso con la “operación especial” del coronel amigo. Luego de recibir un informe secreto “sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso-Pereyra Rossi”, un cronista y un fotógrafo de Siete Días intentaron hablar con uno de los protagonistas. “Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro”, les advirtió el militar, según relató el periodista Enrique Vázquez en Humor. La operación de guerra de 1984, dedujo Murray, fue el robo de expedientes sobre la represión ilegal de los Tribunales Provinciales de Rosario. Los secuestros y el robo fueron “las dos operaciones más delicadas de toda mi carrera”, confesó Muñoz, no porque enfrente tuviera a un ejército real sino por la “gran repercusión”. “Hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”, destacó el soldado, orgulloso porque el robo de expedientes permitió “llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

Patti ya no puede escabullir más la acción judicial, por dos casos

La Justicia federal va por Patti en el caso Cambiaso y Pereyra Rossi.
Persecusión penal ya habilitada

La decisión judicial marca el final de un largo capítulo iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados.
Por José Maggi

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario habilitó definitivamente la posibilidad de persecución penal contra los autores del secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en mayo de 1983. Se trata del entonces oficial inspector de la policía bonaerense Luis Abelardo Patti, el entonces cabo Juan Amadeo Spataro y el ex sargento Rodolfo Dieguez, adscriptos al entonces Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional de Tigre. La decisión marca el final de un largo capítulo judicial iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que con la adhesión de los representantes de las hermanas Cambiaso, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello y Alvaro Baella, habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados. En agosto de 2010 el juez Villafuerte Ruzo habia decidido reabrir la causa pero el defensor del represor había apelado la reapertura, y finalmente la Cámara local, refrendó lo actuado por le juez. "Este era un obstáculo para poder indagarlos, incluso porque ellos esgrimían que habían sido sobreseídos, por lo cual no se podía perseguirlos. Esto destraba la posibilidad de la persecución penal hacia estas personas", explicó Ana Oberlin a Rosario/12

Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 1983, en el bar "Magnum" -ubicado en calle Córdoba y Ovidio Lagos. Con posterioridad trasladaron a Cambiaso y a Pereyra Rossi a la ciudad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se simuló un enfrentamiento con policías bonaerenses y ambos resultaron muertos.

Murray había argumentado que la investigación del hecho "se llevó adelante ante la Justicia Ordinaria cuando debió hacérselo ante la Justicia Federal". Y que "el auto de sobreseimiento dictado por la justicia ordinaria en favor de los encartados, convertido en definitivo por el transcurso de tiempo, resulta ser nulo por controvertir el orden público constitucional y procesal por resultar un absurdo jurídico".

"En definitiva -agregaba el fiscal en su presentación del 2005- una investigación llevada adelante por la justicia de facto, y una pretendida autoridad de cosa juzgada, en el contexto histórico político pre mencionado, y con las falencias detalladas, no pueden prevalecer por sobre el derecho de las víctimas y la sociedad en general de conocer la verdad de lo acontecido y procurar el castigo de los responsables de los hechos y de su encubrimiento". Más aún "estando enmarcados los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas dentro de los denominados delitos de lesa humanidad, la persecución de estos posee carácter imprescriptible".

Con estos argumentos, Villafuerte Ruzo le dió la razón, pero Silvio Duarte, el abogado defensor de Patti, apeló la medida. Con fecha 1º de julio la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con la firma de Guillermo Toledo, Liliana Arribillaga, Carlos Carrillo, Edgardo Bello, Elida Vidal y Fernando Barbara, resolvieron ratificar la reapertura.

Como la defensa de Patti había argumentado la aplicación del criterio "ne bis in idem" es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismos delito, y el ex comisario de Escobar junto a sus dos cómplices habían sido sobreseídos por el simple paso del tiempo, bien vale la pena apuntar lo dicho por la Cámara.

"Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: I) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; II) el procedimiento no fue instruído independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o III) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 'aparente' o 'fraudulenta'. Por otro lado, dicha Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana, desplazan la protección del ne bis in idem".

Reabren causa por el secuestro y asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi

Un reclamo que se hizo realidad

El fiscal federal de San Nicolás había solicitado hace cinco años la anulación de los sobreseimientos de Patti, y otros dos imputados por el crimen de los dos militantes. Ayer, el juez Villafuerte Ruzo decidió reabrir la causa.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, firmó ayer la reapertura de la causa por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en Rosario en mayo de 1983. La medida había sido solicitada por el fiscal Juan Patricio Murray y los abogados de HIJOS, representantes legales de las hermanas Ethel y Gladys Cambiaso. En un fallo inédito, y luego de cinco años de reclamos el magistrado aceptó el pedido de la fiscalía y las querellas para que se declare la denominada "Cosa juzgada írrita", categoría jurídica que permitirá retomar la investigación por los secuestros, torturas y homicidios de los dos militantes, y en la que se encuentran imputados, entre otros, el ex comisario de Escobar Luis Abelardo Patti.

El fiscal federal de San Nicolás, quien realizó una profunda investigación sobre la suerte corrida por Cambiaso y Pereyra Rossi, había solicitado en marzo de 2005 al juez Villafuerte Ruzo que declare la "cosa juzgada írrita". Esto es la anulación de los sobreseimientos dictados por el juez Juan Carlos Marchetti, con que fueron beneficiados Patti, y otros dos imputados en 1986. También había pedido la reapertura de la causa. A ese requerimiento, se habían sumado también los familiares de las víctimas patrocinados por los abogados de la agrupación HIJOS Rosario, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello Ibáñez y Alvaro Baella.

Para Gerardo Fernández, de HIJOS, la noticia significa "un paso importante para que el crimen de esos compañeros no quede impune, para que los familiares recuperen esperanzas en la justicia, y para avanzar en este camino hacia la construcción de una sociedad que no deja sin castigo los delitos de lesa humanidad cometidos contra los hombres y mujeres de su pueblo que dieron la vida por una patria para todos".

El 14 de mayo de 1983 a las 10.30 un grupo de entre cinco y diez personas irrumpió en el bar Magnun ubicado en la esquina de calle Córdoba y Ovidio Lagos, donde Cambiaso y Pereyra Rossi tomaban un café. Luego de reducirlos el grupo comando arrastró a ambos hasta los vehículos que habían dejado estacionados frente al local. Alrededor de las 17 del mismo día, los militantes fueron fusilados por los integrantes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre, Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Dieguez, en un camino rural de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, a dos kilómetros de la Ruta Nacional 9.

Murray sostiene que "los sucesos políticos previos y posteriores a los asesinatos, acentúan la hipótesis de que los Servicios de Inteligencia de las tres fuerzas armadas ejecutaban operaciones y acciones con la finalidad de enrarecer el clima político, para justificar la suspensión al llamado a elecciones generales para el mes de octubre". También se buscaba "condicionar a las autoridades legítimas que surgieran de las mismas en la pretendida investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas como operaciones de Terrorismo de Estado durante la dictadura por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales".

El trabajo de revisión de todo lo actuado por la justicia realizado por el fiscal Murray, permitió afirmar que desde un primer momento se pretendieron ocultar los rastros de lesiones producto de las torturas sufridas por las víctimas previo a sus muertes, y esconder que una de las lesiones mortales de una de las víctimas había sido producto de un disparo de arma de fuego a quemarropa y a una distancia incompatible con el relato formulado por los imputados.

Según las conclusiones que constan en el escrito presentado por el fiscal federal a Villafuerte Ruzo, este trabajo de simulación fue realizado "por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Buenos Aires, quienes actuaron ejecutando las tareas de instrucción -supuestamente para dilucidar lo acontecido-, primero bajo la dirección del juez federal Luis Milesi -quien resultaba ser Suboficial Mayor (RE) del Ejército Argentino y ocupaba dicha Judicatura desde el 24 de marzo de 1976 y luego del juez Juan Carlos Marchetti, complicado en causas de robo de hijos de desaparecidos en su rol de Juez de Menores de San Nicolás en esa época".