La Cámara Federal de Rosario rechazó la excarcelación de 4 represores

Los que empiezan el año tras las rejas
Uno es el coronel Héctor Melitón Martínez, acusado de "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a tres militantes políticos en 1977. Los otros tres son Luis Bellini, Raúl Giménez y Ricardo Brunel, ex miembros de la policía de Santa Fe.

  Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe.

En la última semana del año, la Cámara Federal de Rosario rechazó la excarcelación de cuatro represores de la dictadura en Santa Fe. Uno es el coronel Héctor Melitón Martínez, quien seguirá preso en la cárcel de Las Flores por supuesta "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "robo agravado" a tres militantes políticos en un centro clandestino de San José del Rincón, en diciembre 1977. Los otros tres son oficiales de la Policía santafesina que operaron en el Comando Radioeléctrico bajo control del Ejército: Luis Alberto Bellini, Raúl Giménez y Ricardo Brunel, éste último procesado por cuatro homicidios en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977 (ver aparte).

Las resoluciones fueron votadas por unanimidad y en plenario. La Cámara recordó que el "capitán Martínez" -como lo llamaban- está detenido y procesado por "presunto autor de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de Alba Sánchez, Daniel García y Andrea Trinchieri y robo agravado por el uso de armas y en banda perpetrado al matrimonio Sánchez".

"A esas calificaciones corresponde atenerse", dijo la Cámara. Y planteó que a Martínez "podría corresponderle, un máximo superior a los ocho años de pena privativa de libertad y un mínimo superior a los tres años, de modo que, en principio no corresponde conceder la excarcelación solicitada".

La investigación está a cargo del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros porque los dos magistrados de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, se excusaron de intervenir.

La Cámara consideró el "riesgo procesal" que significaría dejar libre a Martínez. Ante "la naturaleza y gravedad de los hechos" que se le imputan "es posible que el imputado intente evadir la acción de la justicia" frente al pronóstico "de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento o que pudiere intentar entorpecer la marcha de las investigaciones frustrando los fines del proceso".

Si bien la defensa sostuvo que Martínez tiene "domicilio estable" en Rosario, "donde convive con su esposa, posee ingresos como militar retirado y del ejercicio de la docencia, no registra antecedentes penales y no se resistió a su detención", la Cámara sostuvo que "los hechos endilgados deben calificarse como especialmente graves y de naturaleza violenta, en razón de las modalidades y circunstancias de su comisión, concretamente crímenes de lesa humanidad, por lo que se advierten cuestiones objetivas que permiten presumir que podría llegar a intentar entorpecer o eludir la acción de la justicia".

"Los delitos que se le atribuyen" a Martínez -advirtió el tribunal- "habrían sido cometidos" cuando éste operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe como "teniente primero" y "jefe de la Segunda Sección (Ejecución)". "Esas circunstancias, así como las características particulares que ofrece la investigación de los delitos que estamos ponderando fueron especialmente analizadas" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando revocó "excarcelaciones" que había concedido la Cámara Federal de Casación Penal a represores de "Destacamentos de Inteligencia que se desempeñaron en la Segunda Sección (Ejecución)" acusados por "delitos graves". La Corte "dejó sin efecto" la excarcelación por la "peligrosidad procesal" de los imputados y su rol de en "las estructuras de represión ilegítima formadas al amparo de la última dictadura militar".

La Cámara valoró también la "doctrina consolidada" de la Corte: "Los delitos contra la humanidad: son imprescriptibles, no son susceptibles de ser amnistiados, generan un derecho hacia las víctimas al conocimiento de la verdad y han generado una revisión del alcance conferido al instituto de la cosa juzgada". "Las características" de los crímenes y "las consecuencias resultantes, se presentan como elementos que pueden en cada caso ser computadas negativamente respecto del riesgo de sustracción del accionar de la justicia. En otras palabras, al ponderar la existencia de riesgos procesales no puede desconocerse la situación apuntada, la cual lleva a concluir en este caso que la decisión del juez se encuentra debidamente fundada y debe ser confirmada". Por lo tanto, la "presunción fundada de que el encausado intentará eludir el accionar de la justicia en caso de ser puesto en libertad encuentra suficiente sustento" en causa por "la complejidad del expediente" y "la gravedad de los delitos imputados".

Justicia con gusto a poco : condenitas a represores en Paraná

El juez Leandro Ríos dictó penas mucho menores a las solicitadas por fiscales y querellantes. Un ex policía recibió perpetua y seis represores fueron condenados a entre tres y 18 años. Cuatro de ellos quedarán en libertad por el tiempo que ya llevan en prisión.

 Por Juan Cruz Varela  Desde Paraná

Las voces de disconformidad se alzaron fuerte bajo el cielo gris. El juez Leandro Ríos leyó finalmente, después de doce años de esperas, chicanas y desgarradores testimonios, la sentencia del juicio a los represores de la denominada megacausa Area Paraná. Los siete acusados fueron condenados por delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales y aplicación de tormentos contra 52 víctimas, de la cuales cinco están desaparecidas.

El ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio de Victorio Erbetta y Pedro Miguel Sobko, que permanecen desaparecidos. El resto de las condenas quedaron más lejos de las expectativas: el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani fue condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas de 27 víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink, también desaparecido; José Anselmo Appelhans, también militar, ex director de la cárcel de varones, recibió una pena de 14 años de prisión por secuestros y torturas de 58 víctimas; el médico Hugo Mario Moyano, único civil imputado en la causa, fue condenado a ocho años de prisión por participar de sesiones de torturas a detenidos políticos; el militar Alberto Rivas fue condenado a seis años de prisión, pero fue absuelto de la mitad de los delitos que se le imputaban y quedará en libertad apenas se le notifique de la sentencia, por el tiempo que ya pasó detenido; Rosa Susana Bidinost, ex directora de la cárcel de mujeres, fue condenada a seis años de prisión por permitir el traslado de presas políticas para que sean torturadas en centros clandestinos de detención; y Oscar Ramón Obaid, otro militar, recibió tres años de prisión condicional. Cuatro de los condenados quedarán en libertad.

La sentencia también se vivió en la calle, a trescientos metros de la plaza principal de Paraná, frente al edificio de los tribunales federales. Ahí estuvieron acompañando la jornada organizaciones políticas, sindicales, músicos y artistas de la ciudad, que colmaron tanto el interior de la sala de la Cámara Federal de Apelaciones como su exterior, acompañando a los sobrevivientes y familiares de las víctimas que cuarenta años después de padecer los más atroces tormentos a los que un ser humano pueda someter a un semejante recibieron una tardía reparación y algo parecido al alivio en forma de Justicia.

El fallo del juez Ríos dejó sensaciones encontradas, aunque predominó la decepción. “Es un panorama desolador, pero no vamos a aflojar, vamos a seguir en la lucha”, exclamó María Luz Piérola, sobreviviente de la dictadura, apenas conocido el veredicto. “Estamos con bronca porque las penas son débiles y flojas; acá corrieron ríos de sangre y el juez no estuvo a la altura de las circunstancias; pero seguiremos luchando y vamos a apelar; hay que seguir andando”, acotó.

Por su parte, Alicia Dasso, ex detenida política, destacó “que todos los genocidas hayan sido condenados porque se le dio entidad y verdad a lo que vinimos aportando las víctimas desde hace cuarenta años”, dijo ante la consulta de Página/12.

En el mismo sentido se expresó el fiscal José Ignacio Candioti: “Es importante que se haya condenado a los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, porque un país respetuoso del Estado de Derecho no se puede permitir la impunidad para los autores de los secuestros, torturas y homicidios que ocurrieron durante la dictadura”. Sin embargo, coincidió con los sobrevivientes en cuanto a que “las penas son, en la mayoría de los casos, bastante más bajas de lo que se había solicitado”, por lo que no descartó apelar el fallo, luego de analizar los fundamentos, junto con el otro fiscal, Mario Silva.

Por su parte, Marcelo Boeykens, abogado querellante, sostuvo que “la sentencia produce una mezcla de sensaciones: la satisfacción de haber podido dar un corte después de tantos años de lucha en los que perdimos a varios compañeros y familiares que no han podido llegar a esta etapa reparatoria que significa la condena para los victimarios, y el hecho de que haya siete condenados; pero las penas nos dejan una insatisfacción total porque son muy menores a las que esperábamos. Hoy cualquier persona que comete un delito común recibe penas similares a las que tuvieron algunos de los imputados, con la salvedad de que acá estamos hablando del delito de genocidio”.

Doce años le llevó a la Justicia entrerriana resolver el expediente más voluminoso con las denuncias por crímenes de la dictadura en la provincia. Las actuaciones tramitaron por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, que prevé actuaciones escritas y tiene una dinámica completamente distinta a la de cualquier juicio oral y público.

Eso que los organismos de derechos humanos llaman “impunidad biológica” benefició a catorce represores y las condenas recayeron sobre apenas un puñado de los perpetradores del horror. No llegó a estar en el banquillo Juan Carlos Trimarco, el jefe de la represión en Entre Ríos, muerto impune hace dos años; tampoco el jefe de la Iglesia, Adolfo Servando Tortolo, que bendijo la represión y recibió a detenidos políticos en su casa en el Parque Urquiza; ni los enlaces de la Fuerza Aérea. Con ellos se completa el mapa del horror en esta zona. Sin embargo, el de ayer fue un día histórico, un día de justicia por los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de 52 víctimas; un día de justicia para Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Pedro Sobko, que permanecen desaparecidos; y fue también un día de justicia para Juan Alberto Osuna, asesinado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2007.

La sentencia, discutible por lo bajo de sus penas, ratifica que a partir del 24 de marzo de 1976, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención y alojados en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día. Eso ocurrió en Paraná, en los cuarteles del Ejército, en comisarías, en la cárcel, en inmuebles precarios abandonados en cercanías de la Base Aérea y en otros sitios, adonde eran trasladados para los interrogatorios y aplicación de tormentos.

En algunos casos, los terminaban asesinando y se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las fuerzas armadas y de seguridad; otros fueron sometidos a parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo tortura.

El investigador Gonzalo Chaves declaró en la megacausa de Santa Fe

"La clave era la inteligencia"

El investigador Gonzalo Chaves declaró en la megacausa de Santa Fe por el asesinato de su compañero de militancia, Juan González Gentile. Dijo que la "Inteligencia Militar" era un "Ejército paralelo" que operaba desde el Destacamento 122 en la capital provincial.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

El investigador Gonzalo Leonidas Chaves dijo en el juicio por la megacausa al terrorismo de estado que el "eje" del plan clandestino de la represión era la "Inteligencia Militar", a la que definió como un "Ejército paralelo" que operaba desde el Batallón 601 y en Santa Fe, desde el Destacamento 122. Explicó que "el arma más importante en la lucha contra la subversión no era la de mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia" y el "frente de batalla" no era el territorio, sino los "centros clandestinos y las salas de torturas", donde se obtenía "información" y se quebraban "voluntades". El sistema de control era "infiltrar" las organizaciones políticas, sociales y sindicales -con la participación de civiles-, "torturar" y luego centralizar esa "información" en una "comunidad informativa" que articulaba el jefe de Inteligencia y estaba integrada por otras fuerzas represivas, la Side y hasta podía convocar a funcionarios judiciales. Luego, seguían los operativos de los grupos de tareas con más secuestros y crímenes y así sucesivamente. "Toda la estructura de la inteligencia está involucrada" en el exterminio, afirmó.

Chaves declaró esta semana como testigo ante el Tribunal Oral de Santa Fe por el asesinato de un ex compañero de militancia, Juan Carlos González Gentile, quien cayó en una emboscada el 12 de febrero de 1977, en el barrio Sargento Cabral (Belgrano, entre Pedro Zenteno y Pedro Ferré), donde lo acribilló un grupo de tareas. Caminaba hacia una cita, sin armas.

Oriundo de La Plata, González Gentile era un cuadro político de Montoneros, que llegó a ser apoderado del Partido Auténtico en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, "blanco" de la Inteligencia militar. El día anterior, 11 de febrero de 1977, se había producido la masacre de calle Castelli al 4500, donde cayó otro fundador del Partido Auténtico en Rosario, Enrique Cortassa, desaparecido desde entonces y sobrevivió su hija, Paula Cortassa, que es María Carolina Guallane. Antes de Chaves, declararon los dos hermanos de González Gentile, Roberto y Angela, que llegaron desde La Plata.

"El gallego" -como llamaban a González Gentile- "estaba muy perseguido", al punto que toda su familia tuvo que exiliarse en Bélgica, recordó Chaves. El también debió marcharse a Europa y desde su regreso a la Argentina escribió tres libros, el último "Rebelde acontecer", que es revela "las lógicas de la represión".

En esa línea, Chaves explicó cómo se diseñó el genocidio que luego ejecutó la dictadura cívico militar. La influencia de la doctrina francesa después del golpe de 1955, su continuidad en los '60 en el plan Conintes y su aplicación en 1976, cuando se dividió el país en Zonas y Areas militares con el mismo esquema que había utilizado en Argelia. "Era una división territorial para el control de la sociedad", señaló.

"El eje del accionar represivo era la inteligencia", dijo Chaves. El Ejército "sostenía que el arma más importante en la lucha contra la subversión no era la de mayor cadencia de fuego, sino la inteligencia. Entonces comenzaron a estudiar el peronismo y las organizaciones político militares, a infiltrar y torturar, sacar información y operar sobre eso".

"El frente de batalla no estaba en el territorio, sino en los centros clandestinos y en las salas de torturas", donde "era la voluntad de ellos contra la voluntad del detenido, para arrancarle información o quebrarlo para que colabore", relató Chaves. "Y en eso participaban no sólo militares, sino también civiles porque la infiltración se hacía con civiles: hombres, mujeres, jóvenes, en la Universidad, en las propias organizaciones".

La "información" arrancada bajo tormentos se volcaba después en la "comunidad informativa", que estaba al mando del jefe del Destacamento de Inteligencia y en Santa Fe, la "integraban la Policía de la provincia, la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Side". Chaves dijo que ese organismo tenía "poder" suficiente para convocar a funcionarios judiciales. "Se reunían como mínimo una vez por semana". Y si la "información era operativo" en la oficina de al lado estaba "el grupo de tareas", que inmediatamente salía a operar contra otros "blancos".

La abogada querellante Lucila Puyol le preguntó si el asesinato de González Gentile podía vincularse con la Inteligencia militar. "Por supuesto. Ellos estudiaron las organizaciones político militares para operar sobre ellas, vigilaban sus movimientos, las infiltraban y torturaban" a los secuestrados", contestó Chaves. Y reiteró que el "frente de batalla" de los represores eran los chupaderos.

"La inteligencia militar era un Ejército paralelo. El jefe del Batallón 601 se comunicaba directamente con el jefe de Destacamento de Inteligencia (122 en Santa Fe), sin pasar por el jefe de Area. Esto significa que toda la estructura está implicada en la represión", concluyó

Carolina Guallane relató ante el tribunal la búsquedad e verdad y justicia

"Tres meses de mi vida están en blanco"

Carolina declaró en el juicio por la megacausa. Dijo que "una parte de la verdad está pendiente". Y les pidió a los jueces que investiguen si fue rehén de la dictadura para torturar a su papá.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe.

Le preguntaron si sabía quién era. "Soy Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata y Enrique Cortassa", contestó. María Carolina Guallane relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe su búsqueda de verdad y justicia desde aquel el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército masacró a su familia en la casa donde vivían, en Castelli al 4500. Ella era una beba de un año. Blanca agonizó doce días con un embarazo a término y un tiro de gracia en la frente y Enrique está desaparecido desde entonces. Tres meses después, el 13 de mayo de 1977, el ex juez de Menores Luis María Vera Candioti se la entregó a Jorge y María Guallane, un matrimonio de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe y la acompañó en una búsqueda que aún no terminó. En 1998, el análisis genético confirmó que es Paula, en 2000 recuperó los restos de Blanca. Y ahora, en el juicio de la megacausa contra el terrorismo de estado, planteó que "una parte de la verdad está pendiente". "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción, les dijo a los jueces. Les preguntó si había sido rehén de la dictadura para quebrar a su padre. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -como llamó a los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", se corrigió.

Carolina declaró más de tres horas ante el Tribunal que juzga a los tres imputados por el "ocultamiento" y "supresión" de su identidad: Vera Candioti, el coronel Carlos Enrique Pavón y el comisario Juan Calixto Perizzotti (a quien se lo acusa también por diez homicidios, entre ellos los de Blanca y Enrique Cortassa). Pavón era teniente y oficial de guardia del Centro de Operaciones Tácticas (COT) cuando entregó la beba al ex juez de Menores con una nota del Ejército fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes de la masacre.

En su testimonio, Carolina pidió respuestas al Tribunal sobre esos tres meses que están en "blanco" o en "negro", desde el 11 de febrero hasta el 13 de mayo de 1977, cuando la adoptaron los Guallane. En la audiencia siguiente, su ex abogado Jorge Pedraza precisó que el plazo de la ilegalidad era de 54 días.

- ¿Por qué 54 días? -le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.

-Desde la fecha del operativo, el 11 de febrero, hasta que ingresa a la Casa Cuna, el 6 de abril, en estado de shock. Son 54 días -contestó Pedraza. Y coincidió que en ese lapso la beba pudo haber sido torturada en un centro clandestino para quebrar a su padre, Enrique Cortassa, un cuadro político de Montoneros, que era "objetivo" de la Inteligencia militar.

Ya en sus primeros años, Carolina dijo que tenía dudas sobre su identidad. Una tarde vio por televisión una mujer embarazada y preguntó si ella había estado en la panza de su madre adoptiva. María le contestó que no. En la pre adolescencia sufrió pesadillas. "Soñaba con ruidos, explosiones, sirenas, personas con uniforme. Me despertaba con miedo", dijo entre lágrimas. Y en la secundaria, una profesora de historia les habló sobre la dictadura y de los hijos robados a los desaparecidos, que eran como ellos. Volvió a casa y le preguntó: "¿Yo soy hija de desaparecidos?"

-Eso es lo que nos dijeron, pero no sé si es verdad -le contestó María. La respuesta la desarmó. "Fue impactante", les dijo a los jueces al relatar su angustia. "A mi papá nunca lo vi tan triste como ese día. Me parece que él sintió miedo".

En 1977, la asistente social del Juzgado de Menores que operó la entrega de la niña a los Guallane fue Blanca Soria, ya fallecida. Y su hermana, Irma, la que confirmó a los adoptantes que "los padres de Carolina estaban desaparecidos. Era lo que le había dicho Blanca, pero después cuando ésta murió, Irma quemó todos sus papeles", señaló Carolina. "Creo que Irma sabía algo más, pero no lo dijo por respeto a su hermana".

Carolina dijo que Irma Soria le aconsejó que no revolviera el pasado, que no buscara a su familia biológica. Ella le contestó que "necesitaba saber". Irma insistió y le propuso que si dejaba de buscar y "se quedaba tranquila", le pagaba los estudios en la Universidad. "Le dije que no", reveló Carolina.

Irma la llevó hasta la casa de Vera Candioti. "Yo tenía 19 años. 'Carolina, es imposible olvidar esa cara'", me dijo. El diálogo fue breve. Ella sabía ya que sus padres eran desaparecidos, pero Vera Candioti se escudó en la desmemoria. "Se acordaba de mi cara, pero no de mi caso", sospechó.

En la entrega, en mayo de 1977, Blanca Soria les había dicho a los Guallane que "la nena puede ser una bomba de tiempo". Ellos no preguntaron por qué. Y dos años después, en 1979, cuando la adopción era plena, les reveló que los padres de Carolina "no habían muerto en un accidente -como les dijo la primera vez-, sino "en un procedimiento antisubversivo", relató Carolina. "Fue un baldazo de agua fría porque Jorge Guallane era peronista, tenía las mismas convicciones que Enrique y Blanca".

-¿Qué parte de la verdad queda pendiente? -le preguntó la abogada Zulema Rivera.

-Saber que hicieron conmigo desde el 11 de febrero hasta 13 de mayo de 1977 -contestó Carolina. El 11 de febrero aniquilaron a su familia. El 13 de mayo se la entregaron a los Guallane. "¿Qué hicieron conmigo en esos tres meses? No puedo vivir tranquila con ese trauma en mi cabeza -planteó Carolina. Y recordó sus llantos, su angustia. Y dos crisis: el día que fue mamá "se me vino el mundo abajo". Y después, cuando Nicolás cumplió "un año y dos meses" y les dijo a los abuelos Guallane: '¿Así era yo cuando me secuestraron?'. De un momento a otro, me arrancaron de los brazos de Blanca y Enrique. ¿Cómo se puede vivir después de eso?", se preguntó Carolina.

"Lo que me revuelve el estómago es lo que hicieron conmigo. ¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Quiero que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que estos tipos me tocaban para quebrar a mi papá. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro".

A casa con la impunidad : Excarcelaron al coronel Carlos Pavón

No hay peligro de fuga (¿?)

Pavón está imputado como coautor de "retención", "ocultamiento" y "supresión de identidad y estado civil" de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, antes de que comience el juicio.

Por Juan Carlos Tizziani . Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe dejó en libertad al coronel Carlos Enrique Pavón que estaba preso desde abril para garantizar su presencia en el juicio por la megacausa, en el que se lo juzga junto al ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y el ex comisario Juan Calixto Perizzotti por "supresión de identidad" de la hija de desaparecidos Paula Cortassa (María Carolina Guallane), en 1977, entre otros cargos. La resolución se conoció ayer, 48 horas antes de que comience el debate sobre el caso de Carolina, quien está citada a declarar mañana, jueves, a las 10. El único que se opuso a la excarcelación del militar fue el fiscal Martín Suárez Faisal, pero a pesar de eso el Tribunal concedió el beneficio por entender que no existe "peligro de fuga" ni de "entorpecimiento" de la causa, aunque sí obligó al imputado a constituir una "caución real", que antes era de 3.000 pesos y ahora la aumentó a 10 mil.

Pavón era el único que dormía en la cárcel de Las Flores. Vera Candioti siempre estuvo libre y los días del juicio observa la audiencia desde una sala contigua por un circuito de TV y después vuelve a su casa. Mientras que Perizzotti también cumple en su domicilio sus dos condenas por delitos de lesa humanidad, que se unificaron en 23 años de prisión. El cuarto imputado es otro coronel que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, Domingo Morales.

Carolina tenía un año cuando un ataque masivo del Ejército masacró a su familia, en febrero de 1977, en la casa de Castelli al 4500, donde vivía junto a sus padres biológicos: Enrique Cortassa, desaparecido desde entonces y Blanca Zapata, que agonizó con un embarazo a término y un disparo en la cabeza. En la masacre, cayó otra militante de Montoneros, Cristina Ruiz de Ziccardi, y se salvaron sus dos hijos pequeños.

Vera Candioti y Pavón están imputados como "coautores" de "retención", "ocultamiento" y "supresión de identidad y estado civil" de Carolina. Al ex juez también se lo acusa como "autor" de "prevaricato" y al militar como "autor" de "falsificación ideológica de documento público". En tanto que a Perizotti se lo juzga como "autor mediato" de "supresión, retención y ocultamiento" de la niña y de diez homicidios, entre ellos los de Cortassa, Zapata y Ruiz de Ziccardi.

En el arranque del juicio, el 23 de abril, el Tribunal -﷓integrado por los jueces de Rosario, Ricardo Vásquez, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani-﷓ había revocado la excarcelación de Pavón, que entonces estaba detenido por otra causa, y así evitar el "traslado" del imputado de "una unidad penitenciaria de otra jurisdicción".

Pero el 6 de noviembre, la Cámara Federal de Rosario dejó sin efecto el "procesamiento" de Pavón en la segunda causa y dispuso su "falta de mérito". Según la defensa, el "motivo" que impulsó al Tribunal "a dejar sin efecto la libertad" del imputado "ha desaparecido". Y argumentó que "no existe peligro de fuga" ni de "entorpecimiento de la investigación".

El fiscal Suárez Faisal rechazó el planteo de la defensa. "El Tribunal dispuso la detención de Pavón para asegurar el normal desarrollo del debate" y "su presencia en el juicio". Esas "causales aún continúan vigentes", explicó.

El Tribunal valoró a favor de Pavón que mientras éste estuvo "en libertad en la presente causa" lo autorizó a viajar al exterior en dos oportunidades, "para visitar a su hija que residía" en Chile, "sin generar entorpecimiento alguno, ni peligro de fuga, ya que dichos viajes se realizaron con total normalidad". Y "tampoco se registró ningún acto que permitiera presumir un posible entorpecimiento de la investigación", agregó.

Ahora, que la Cámara Federal de Rosario dictó la "falta de mérito" de Pavón en la causa en la que estaba detenido y el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, lo dejó en libertad. Y al no haber "motivos fundados para presumir" que el militar "pueda eludir el accionar de la justicia, y/o exista peligro de que pueda entorpecer la investigación, resulta adecuado conceder la excarcelación bajo caución real. Atento a que el imputado constituyó dicha caución en la suma de 3.000 pesos, corresponde actualizar dicha suma a 10 mil pesos" y "fijar domicilio" en Santa Fe, resolvió el Tribunal.

El Ejército atacó un edificio en Santa Fé en 1977. Un militante quiso entregarse y lo mataron igual

El bebé de la masacre de Ituzaingó y Las Heras

Un testigo reconoció que vió a un militante montonero pretender entregarse aquel día de 1977. Lo mataron igual y le pusieron un bebé en su pecho ensangrentado. Ese bebé era su hijo que hoy tiene 38 años y declaró también el juicio que se sigue.

 Por Juan Carlos Tizziani -  Desde Santa Fe.

Jorge Piotti soñó que su padre montonero lo acurrucaba en su pecho, que el abrazo lo

comunicaba con él, hasta que lo sentía muerto y un militar lo desprendía de su lado. El era un bebé de un mes. Se despertó tembloroso, en posición fetal. Y esa misma noche transformó el miedo en canción: "Secuelas". "Recordé un sueño de ayer, de una batalla que tiene un recuerdo y ese soy yo", escribió. El viernes, 38 años después y en la antesala de un juicio, descubrió que la pesadilla era real. Un testigo declaró ante el Tribunal Oral de Santa Fe que había visto a uno de los muertos en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977, tirado boca arriba en la vereda y en su pecho ensangrentado, un bebé que lloraba. La tortura a un niño, a la vista de todos. El caído era Jorge Piotti y el chiquito en llanto, su hijo, que también declaró en el juicio. Según otro testigo en una investigación a los autores materiales de la masacre, el montonero que salió a la calle, intentó entregarse con las manos en alto, pero un coronel al que llamaban "verdugo" y está prófugo, le ordenó a un soldado a su mando que dispare y éste cumplió la orden.

El ataque de fuerzas conjuntas al departamento de Ituzaingó y Las Heras fue el emblema de la dictadura por la caída de la cúpula de Montoneros. En ese primer piso vivían los Piotti, Jorge que era el secretario político de la organización, su pareja Ileana Gómez y sus dos hijos, Mariano de un año y el bebé de un mes. Los niños sobrevivieron en "un armario", según el relato del mayor. Y allí cayeron el líder de la columna, Osvaldo Pascual Ziccardi, el secretario logístico, Carlos Frigerio. Y una vecina del departamento de al lado, Elina Carlen, cuando intentó cerrar un ventanal que daba a un patio interno y un proyectil le destrozó el cuello.

En la audiencia del viernes por la megacausa del terrorismo de estado en Santa Fe, declararon las familias de dos víctimas. Los hijos de Carlen, Graciela y Carlos Alberto. Y los Piotti, las dos hermanas de Jorge, María Lidia y Leticia, su cuñado Cecilio Manuel Salguero y sus dos hijos, Jorge y Mariano. Es la primera vez en 38 años que un tribunal escuchó sus testimonios.

Graciela Carlen relató cómo murió su mamá. Estaban por dormir la siesta, cuando sonó el portero eléctrico. "Nunca supe qué le dijeron", recordó. Elina fue a cerrar el ventanal que daba al patio interno y cayó. "Escuché un disparo y ví que tenía medio cuello desgarrado. Los ojos abiertos. Creo que mi mamá ya estaba muerta", les contó a los jueces. Las fuerzas conjuntas habían copado los techos vecinos y rodeaban la zona. Graciela dijo que la desesperación la empujó a escapar. "Fue mi tormento de toda mi vida". "Salí a la calle" en medio del ataque. Le dijeron que "se tirara al suelo" y después se refugió en el pasillo de otra vecina.

Según Graciela, su madre fue la primera víctima. "Nunca pudo hablar". Y ratificó que el disparo atravesó el ventanal del este, que daba al patio interno y a los techos cercanos. Un informe de inteligencia de la Policía de Santa Fe incluyó a Elina Carlen entre los "cinco sediciosos abatidos". Después, el ex jefe del II Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo que la había matado "uno de los subversivos". Pero el relato de los Carlen dejó en claro que a su madre la asesinaron los atacantes del Ejército y la Policía.

El esposo de Carlen ya fallecido y su hijo Carlos se enteraron del hecho a las cuatro de la tarde, en Santa Rosa de Calchines, a 42 kilómetros, donde tienen el campo. Antes de las seis ya estaba en Santa Fe. "Era un desastre", relató Carlos. "¿Usted qué vio?", le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal. "Una cantidad de gente". Muchas armas, uniformes, vehículos. "Un muerto tirado en la vereda, que tenía un bebé arriba del pecho, que lloraba", dijo.

Los Carlen no pudieron ver el cuerpo de Elina, se la entregaron en cajón cerrado ("un tío la reconoció") y tampoco el departamento, al que recién pudieron ingresar "tiempo después". "Estaba todo destruido y había una mancha de sangre donde cayó mi mamá", dijo Carlos.

Graciela Carlen llegó a la audiencia con un libro. Abrió una de sus páginas y leyó el relato de un sargento ayudante del Ejército, que les dijo a los autores de la novela ("Hay un positivo") que Piotti había matado a su madre porque ésta se negó a esconder a los niños. "La señora quedó muerta sentada en un sillón que estaba frente a la puerta del departamento", dijo el militar. Y contó que él había interrogado a Graciela, que ella "estaba histérica y lloraba". "Ella me cuenta todo y levantamos un acta, teniendo como testigo a una vecina, la dueña de la casa donde ella se refugió". "Esto es mentira", dijo Carlen.

Y siguió con el relato de otra vecina que atribuyó la muerte de su madre a la compañera de Piotti, Ileana Gómez, también por el mismo motivo, porque se negó a esconder a los chicos. "La Negra le disparó y la mató". "Esto es otra mentira", cerró Graciela. Ella dijo que nunca más había visto a los chicos Piotti, que hoy tienen 39 y 38 años. Los volvió a ver el viernes, en esa antesala del juicio, donde Carlos recordó lo que les dijo a los jueces, que había visto a un montonero muerto en la vereda y arriba de su pecho a un bebé acurrucado, que lloraba. "Eso es lo que yo soñé", dijo Jorge Piotti. "Es lo que yo vi", dijo Carlen. Y siguió un abrazo interminable.

Los represores también eran violadores

EDUARDO "CURRO" RAMOS FUE PROCESADO POR VIOLAR A UNA ADOLESCENTE DE LA UES
Los represores también eran violadores

Ramos ya cumple dos condenas unificadas a 24 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. Lo juzgarán por el asesinato de Emilio Feresín y acaban de procesarlo por delitos sexuales contra dos chicas de 16 y 14 años.
 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe.

Eduardo "Curro" Ramos ya cumple dos condenas unificadas a 24 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. En el próximo juicio de lesa humanidad, lo van a juzgar por el "homicidio" de un dirigente montonero, Emilio Feresín, en marzo de 1977. Y ahora, el juez federal Carlos Vera Barros lo procesó por otros casos que se unificaron tras el juicio al ex juez Víctor Brusa, en 2009: la "violación reiterada" a una militante de 16 años de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y el "abuso deshonesto" a una niña de 14, en julio de 1976. Y la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a tres militantes de izquierda, en octubre de 1976, en un operativo en el que participaron otros dos represores, Víctor Hugo Cabrera y un ex policía que está prófugo. "La banda del "Curro" Ramos", la llamó uno de sus denunciantes y secretario nacional de la Liga Argentina de por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman.

Vera Barros interviene en la causa porque los dos jueces federales de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, se apartaron. Así que la resolución salió después de tres reclamos del fiscal Walter Rodríguez -en abril y agosto de 2014 y febrero de 2015- y un recurso por "retardo de justicia" que la Cámara Federal de Rosario recién resolvió a principios de octubre. La Cámara lo declaró "abstracto", pero recomendó al magistrado que "extreme los recaudos procesales necesarios para evitar este tipo de demoras".

El juez recordó que la niña fue secuestrada junto a su madre, en la casa de sus abuelos, el 16 de julio de 1976. "Estaba por cumplir 14 años". Mientras que la adolescente de la UES cayó en su casa, cerca del casco histórico de Santa Fe, unos días después, el 30 de julio.

Las dos menores relataron los operativos. "Tocaron el timbre", dijo la niña. Y el grupo de tareas copó la casa de sus abuelos. Eran "personas con ropas oscuras que venían desde los techos. Uno de los represores que "después descubrió que era Ramos, le preguntó como se llamaba, la sacó de la casa", la llevó a un vehículo de la Policía y "mientras permanecía boca abajo, vendada y esposada, abusó sexualmente de ella", señaló el juez. "Después, la trasladaron hacia otro lugar que logró identificar como la seccional 1ª, donde la interrogaron en reiteradas oportunidades" y la torturaron con "picana eléctrica", "golpes" y "manoseos".

La militante de la UES "fue violada contra su voluntad y mediante el empleo de la fuerza e intimidación, en dos oportunidades" entre el 30 de julio y los primeros días de agosto de 1976, en la seccional 1ª, por un policía que "se identificó como Gerardo" y que ella "luego pudo saber que era Ramos", explicó el juez. La jovencita había sido secuestrada en su casa por "un operativo de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía de Santa Fe", en el que participó "el imputado Ramos".

La joven de 16 años explicó que una de las formas de torturas era cuando la obligaban a permanecer en "posición de cuclillas" largo tiempo. Ramos se burló de ella en la indagatoria, dijo que "ni Messi puede estar en cuclillas ni una hora" y pidió una "pericia `psiquiátrica" para la víctima, que el juez desestimó.

"Los testimonios" en los juicios de lesa humanidad "son coincidentes" sobre "el modo de operar de los represores santafesinos cuando se trataba de mujeres, especialmente menores de edad: torturas, vejaciones y violación", señaló Vera Barros.

"Las víctimas (...) describieron los hechos en forma objetiva sin ningún juicio de valor. Más allá del lógico dolor al describir hechos tan aberrantes, no se advierte en sus palabras móviles que indiquen que sus testimonios son falaces, sino por el contrario, todo lleva a aseverar que son absolutamente verosímiles", agregó.

"Los testimonios de las víctimas satisfacen el principio de la no contradicción, se presentan verosímiles, concordantes, coherentes, a lo largo del tiempo. No se advierte en ellos animadversión alguna y no obstante el dolor o angustia que revelaron las víctimas, perfectamente perceptible, no evidenciaron animosidad hacia el imputado".

Vera Barros recordó que "era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los centros clandestinos fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes o sufrieron otro tipo de violencia sexual". "Las violaciones y abusos no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la dictadura".

"Los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos, dirigidos contra ellas por su condición de mujer, lo que evidencia una clara intencionalidad discriminatoria", dijo el juez. Y "un caso de violencia sexual emblemático es el de Silvia Suppo", concluyó.