Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

viernes, 30 de octubre de 2015

Estrenan un documental sobre Silvia Suppo

El viernes 30 de octubre, a las 19 h, en el Museo de la Memoria, se realizará la proyección estreno del documental 'Silvia', realizado por Wayruro Comunicación Popular.

La actividad es organizada por el espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo. De la presentación participarán Andrés Destéfani (hijo de Silvia Suppo), Paula Kuschnir (directora de la película) y Ma. del Carmen Villarreal. Todos ellos son miembros del espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.

La película, escrita y dirigida por Paula Kuschnir, reconstruye a Silvia Suppo en su dimensión de madre, mujer y amiga, en su carácter político y en su sensibilidad, para dar a conocer su causa: “Buscamos una verdad que haga justicia sobre su muerte y rescate, sobre todo, el valor de su vida”.
En 1977, Silvia Suppo fue secuestrada y violada bajo la última dictadura cívico militar argentina. 

Como consecuencia, quedó embarazada y los represores le practicaron un aborto “para subsanar el error”, según le dijeron. En 2009, su testimonio fue clave para lograr la condena -la primera en el país- de un juez federal, Víctor Brusa, y de todo un grupo de tareas por crímenes de lesa humanidad. Unos meses después, fue asesinada brutalmente en su comercio en Rafaela (Santa Fe, Argentina). Hoy su asesinato sigue impune.


jueves, 22 de octubre de 2015

La causa Klotzman investiga la desaparición y muerte varios militantes del PRT-ERP en 1976

Homicidios, secuestros y tormentos

Es la primera vez en Rosario que oficiales de la Federal son sometidos a juicio por terrorismo de Estado. La causa Klotzman investiga la desaparición y muerte varios militantes del PRT-ERP en 1976. También se les atribuye el asesinato de Oscar Medina.

 Por José Maggi

Cuatro policías federales y un jefe de la inteligencia militar serán juzgados por la justicia federal rosarina por la llamada causa Klotzman que reúne víctimas del PRT-ERP que cayeron en la primera quincena de agosto de 1976. Es la primera vez que un grupo de federales se sienta en el banquillo de los acusados. La instrucción fue hecha en 2011 por la entonces fiscal federal Mabel Colalongo. También serán juzgados por el crimen de Oscar Medina, ocurrido en octubre. El expediente suma en total 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

La resolución de elevación a juicio tiene fecha 5 de octubre de 2015, y fue emitida el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Marcelo Bailaque. El magistrado dispuso clausurar parcialmente la instrucción de la Causa Klotzman y elevarla a juicio oral para el juzgamiento de Jorge Alberto Fariña jefe de la inteligencia militar rosarina y los cuatro policías federales: Federico Almeder, René Juan Langlois, Enrique Andrés López y Luis Paulino Coronel. Esta medida se da sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones respecto de restantes imputados y casos aún en investigación, y, por supuesto de los recursos que interpongan eventualmente las defensas.

Para la abogada querellante Gabriela Durruty "esta es una de las grandes causas emblemáticas del genocidio en nuestra ciudad y tiene la particularidad de haberse conformado con un criterio distinto al de las restantes que fueron erigidas en base a los circuitos represivos o centros de detención clandestina, tales como la Causa Guerrieri, donde se investiga lo ocurrido en lo que se conoce como el circuito del Ejército en los CCD de la Quinta de Funes, Escuela Magnasco, Intermedia, Calamita, Fábrica Militar de Armas, Batallón 121, Ceferino Namuncurá de Funes, y la mega causa Feced (donde se investiga lo sucedido en el Servicio de Informaciones de Rosario, el mayor centro de detención clandestina de nuestra zona que funcionó además como lugar de distribución de detenidos".

La causa Klotzman reúne los hechos que damnificaron a víctimas del PRT-ERP en un lapso temporal: todos ocurrieron en la primera mitad del mes de agosto de 1976 (puntualmente entre el 2 y el 16 de ese mes y año), a excepción solamente del caso de Oscar Medina, ocurrido en Octubre. Los delitos más graves que se ventilarán en la audiencia oral.

Entre los homicidios se encuentran los casos de Ricardo Klotzman, Cecilia Barral, Juan Alberto Tumbetta, María Laura González, Ricardo Machado, Elvira Marquez, Héctor Alberto González, Osvaldo Matisky Szeverin, José Angel Albá, Daniel Emilio Garrera, Liliana Girardi, Julio Curtolo, María Teresa Vidal Martinez Bayo, María Teresa Latino, Alejandro Pastorini, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Márquez, Dante Rubén Vidali, Isabel Angela Carlucci, Victor Hugo Fina, Teresita Serra, Juan Carlos Lieby, Elvio Ignacio Castañeda, Oscar Medina, María Victoria Gazzano Bertos y Edgardo Silva.

Además, se ventilarán los delitos de sustracción de un menor de diez años y supresión de identidad con relación a la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. El matrimonio fue secuestrado y conducido al CCD conocido como Quinta Operacional de Fisherton ( ubicada a la altura de Mendoza al 9100) desde entonces permanecen desaparecidos. Fernando Brarda, sobreviviente de aquel CCD, corroboró la presencia en el lugar de los mismos y dio cuenta del estado avanzado de embarazo de Cecilia Barral. Durante el curso de la instrucción pudo establecerse que la misma dio a luz a una nena que fue sustraída por los represores y entregada a una familia de la ciudad de Santa Fe. Se trata de la nieta 103, recuperada en abril de 2011, Josefina Kerz.

Al ordenar la acumulación de los hechos en esta causa, el juez entendió además que "está comprobado -en su mayoría- que los operativos presentaban similares características, siendo autodenominados "operativos conjuntos" dado que participaban tanto integrantes del Ejército como de la Policía Federal Argentina (en algunos casos también personal de la policía de la provincia de Santa Fe) y a cargo de los mismos estaba el Ejército.

"Lamentablemente quedaron fuera responsables emblemáticos de la represión por razones de salud y fallecimiento tales como Ramón Genaro Díaz Bessone, Alfredo Sotera y Jorge Rafael Videla, todos ellos habían sido procesados en la causa", se lamentó Durruty.

Fariña fue capitán del Destacamento de Inteligencia 121 y su cargo era Jefe de la Primera Seccción. Con 73 años de edad actualmente se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Fue dos veces condenado por el TOF 1 de Rosario por delitos de lesa humanidad en las causas Guerrieri 1 y 2. En tanto Almeder, de 65 años y Lopez de igual edad están presos en Marcos Paz. Langlois, 69 años de edad, está detenido en Ezeiza. Mientras Coronel de 74 años está detenido en su domicilio.

La abogada Durruty junto con Jesica Pellegrini representan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organización que ha formulado querella en las tres grandes causas de esta jurisdicción con el fin de asumir la representación de las víctimas que no han iniciado querella particular. También son apoderadas de Ana Lina Klotzman, Ramón Juan José Serra, Crispina Yolanda Medina y Héctor Hipólito Medina, por los casos de Ricardo Horacio Klotzman, María Teresa Serra y Oscar Medina.

"Celebramos el avance de la causa, independientemente de los recursos que seguramente articularán las defensas, entendemos que estamos a unos pasos del juicio oral" explicó la abogada Pellegrini. "Se juzgarán por primera vez casos impunes hasta la fecha como el de Ricardo Klotzman, Teresita Serra y Oscar Medina, cuyos familiares tenemos el orgullo de representar y que batallaron incansablemente contra la vergonzante impunidad de sus desapariciones" sumó Durruty. "Será un juicio fundamental, pudimos probar que la policía federal actuaba en los operativos conjuntos del ejército y la policía provincial, cumpliendo un rol fundamental, reflejado en sus propios legajos por sus superiores jerárquicos. El entramado de la impunidad en nuestra jurisdicción se va desandando a cada paso", concluyó la letrada.

martes, 13 de octubre de 2015

Orden de captura para un coronel cuyo nombre se mantiene en secreto (¿?)

POR LA MASACRE DE ITUZAINGO Y LAS HERAS EN SANTA FE EN ENERO DE 1977.

En un edificio en esa esquina de Santa Fe, militantes Montoneros fueron abatidos por fuerzas militares y policiales en enero de 1977. Los uniformados tiraron 129 proyectiles de FAL, 115 proyectiles de Itaka y 345 proyectiles 9 mm, según el informe.

Desde Santa Fe

Un coronel conocido como "verdugo" tiene orden de captura y dos suboficiales retirados del Ejército quedaron presos esta semana en una investigación judicial por crímenes de lesa humanidad en la caída de la segunda cúpula de Montoneros en Santa Fe, en enero de 1977. La llaman la masacre de Ituzaingó y Las Heras, por el departamento que ocupaban en un edificio en esa esquina, donde un operativo militar ejecutó a cuatro jefes de la organización: el líder de la Columna, Osvaldo Pascual Ziccardi ("Cholo"), el secretario logístico Carlos Mario Frigerio ("Guido"), el secretario político Jorge Piotti ("Pelado Mario") y a la compañera de éste, Ileana Esther Gómez ("Negra"), responsable del frente sindical. Sólo sobrevivieron los dos hijos de Gómez: el mayor, de un año y un bebé de 30 días. Un testigo que declaró en la causa dijo que uno de los montoneros salió a la calle y se entregó con las manos en alto, pero el "verdugo" le ordenó a un soldado a su mando que dispare y éste cumplió la orden.

La quinta víctima del ataque es una maestra que vivía en el departamento de al lado, Elina Jagou de Carlen, a quien un informe de inteligencia de la Policía santafesina incluyó entre los "cinco sediciosos abatidos". Después, el ex jefe del II Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo que la había matado "uno de los subversivos". La familia de la docente lo desmintió. "A ella la asesinó uno de los tiros que hicieron desde afuera los del Ejército o la Policía", dijo el esposo.

El nombre del coronel buscado se mantiene en reserva, pero los detenidos son el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez, quienes se negaron a declarar ante el juez federal Reinaldo Rodríguez hasta no conocer las acusaciones en su contra. Las pruebas se las leyeron en la indagatoria.

El juez Rodríguez ordenó también la detención de otros ocho policías del Comando Radioeléctrico, entre ellos el ex comisario Rodolfo Antonio Reible, quien operaba en la Brigada de Explosivos que dependía del Comando y se lo señala como "subjefe" en los libros de guardia de 1977. Reible ya cumple prisión domiciliaria por otro hecho: el "homicidio" de tres militantes montoneros, en octubre de 1976, en una causa en la que estuvo prófugo más de seis meses. En el gobierno de Jorge Obeid, llegó a sonar como jefe de Policía de la provincia, pero los corrillos sobre su pasado frenaron el ascenso.

La investigación dio un vuelco con el testimonio de 30 soldados que hicieron el servicio militar en 1977, en el Comando de Artillería 121, el enclave del terrorismo de estado. El jefe era el coronel Juan Orlando Rolón, quien estaba al mando del Area 212 y del Comando de Operaciones Tácticas (COT), que conducía los grupos de tareas.

Los testigos revelaron que allí operaba una fuerza especial: la Sección de Empleo Inmediato (SEI), que participó en el ataque de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977. Estaba al mando de un oficial y dos suboficiales y la integraban doce soldados con fusiles FAL y cien proyectiles cada uno. El más robusto portaba "el FAP, un fusil automático pesado, que tenía más potencia de fuego", dijo uno de los testigos. "Los oficiales llevaban granadas y las ametralladoras se montaban en la parte de atrás de camionetas F?100".

El fiscal que investiga la causa, Walter Rodríguez, logró probar que los tres militares imputados, entre ellos Balla y Gómez, operaban en la Sección de Empleo Inmediato (SEI), bajo las órdenes de otro coronel, Mario Víctor Fontana, ya fallecido. Había más oficiales y suboficiales que aún no fueron identificados.

Diez testigos mencionaron al coronel buscado por la Policía que en esa época era teniente. Uno dijo que era "un verdugo bárbaro" y otro recordó que "un soldado le comentó que por orden del oficial le disparó a un muchacho indefenso en el procedimiento de Ituzaingó y las Heras, que salió con los brazos en alto y que éste le gritó que le dispare". El soldado cumplió la orden.

El juez Rodríguez ya indagó a tres de los ocho policías imputados: José Rufino Martellini, Mario Daniel Aquino y Rolando Martínez. Y el martes, indagará a otros tres: Reible, Abel Romero y Carlos Albornoz, éstos dos ya presos en Las Flores por el "homicidio" de tres militantes montoneros, en octubre de 1976. Todos participaron en el operativo del 19 de enero de 1977 a bordo de ocho móviles que regresaron al Comando Radioeléctrico a las 18.35.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Menciones al PCI César Luis Frilocchi en el juicio por Cambiaso y Pereyra Rossi

Un espía en Santa Fe para vigilarlos

El testigo Francisco Clarick recordó que el ex PCI, que todavía es empleado de la UNL, estaba infiltrado en Intransigencia y Movilización, donde militaban las víctimas. El Foro contra la Impunidad de Santa Fe pidió la exoneración.

 Por Sonia Tessa

La causa por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, el 14 de mayo de 1983, sumó una revelación: El testigo Francisco Alfonso Clarick, militante de Intransigencia y Movilización peronista entonces, relató la participación del Personal Civil de Inteligencia (PCI), César Luis Frilocchi, como infiltrado de esa organización. De hecho, Frilocchi estuvo -según el relato de compañeros de Clarick- en el acto político que se realizó en Luz y Fuerza de Santa Fe, el 13 de mayo de 1983. "Cambiaso estuvo permanentemente vigilado en el Litoral por dos PCI que eran una mujer de apellido Torres, de Paraná y en Santa Fe, por Frilocchi", dijo el testigo, que fue preso político en Coronda, donde compartió cautiverio con Cambiaso.

Clarick fue liberado el 20 de noviembre de 1982, con libertad condicional, y volvió a su ciudad, Casilda, donde debía presentarse semanalmente. "No me podía mover de Casilda", rememoró. Allí fue a buscarlo Daniel Gollán -actual ministro de Salud de la Nación, que también fue preso político- para convocarlo a formar parte de Intransigencia y Movilización, agrupación en la que Cambiaso era dirigente. En su declaración en la audiencia del 9 de septiembre, Clarick relató que Cambiaso "aún en los tiempos más duros pregonaba más la cuestión política que la cuestión armada" y subrayó por qué los represores querían eliminarlo. "Sabían que la mayoría de los compañeros íbamos a volver a militar con "el viejo" Cambiaso", expresó.

Clarick recordó que el 13 de mayo, "Cambiaso estuvo en el acto d eSanta Fe con Pereira Rossi. Yo no estuve".

Después del secuestro y asesinato de los militantes en el bar Magnum, en el mediodía del 14 de mayo de 1983, Clarick se hizo una promesa. "Me tomé el compromiso de acumular la mayor cantidad de datos posibles sobre cómo habían llegado al Carlón y al Viejo", contó ante el Tribunal Oral Federal número 2, que integran Beatriz Baravani, Jorge Benegas Echagüe y Omar Digerónimo.

Clarick contó que llegó a indagar que "Cambiaso estuvo permanentemente vigilado" y que Frilocchi "haciéndose pasar por militante, estaba puesto exclusivamente para informar todo lo que hacía Osvaldo". Para Clarick, fue Frilocchi quien informó al Destacamento de Inteligencia 121 qué iban a hacer Cambiaso y Pereira Rossi a la mañana siguiente en Rosario.

Si bien la declaración de Clarick planteó una hipótesis, la condición de PCI de Frilocchi es pública. De hecho, revistó como personal de inteligencia del Ejército hasta 2006, cuando la ministra Nilda Garré desmanteló esa estructura. Es decir que, aún en democracia, siguió espiando a la población civil.

El Foro contra la Impunidad por la Justicia de Santa Fe, que integran numerosos organismos de Derechos Humanos, hizo dos presentaciones ante el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, para pedirle la exoneración de Frilocchi. También realizaron múltiples manifestaciones.

En uno de los pedidos presentado por el Foro, el 20 de marzo de 2014, se recuerdan las declaraciones de Frilocchi en la causa contra otro PCI, Horacio Barcos. La primera fue el 9 de julio de 2006. Posteriormente, en octubre de 2007, el Ejército envió al juez Reinaldo Rodríguez la nómina de los PCI, donde figuraba Frilocchi. "En sus posteriores declaraciones en el juzgado federal de instrucción y ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, Frillocchi intentó despegarse de Barcos, e incurrió en tantas contradicciones, que la fiscalía pidió su procesamiento y detención por falso testimonio. Dos votos de los miembros del TOF permitieron que quedara en libertad, mientras que uno de los jueces coincidía con el pedido de la fiscalía acerca de la procedencia de detenerlo en la misma sala de audiencia del tribunal. En la causa por falso testimonio que luego se le inició ante el juzgado federal de instrucción, fue procesado. Las resoluciones posteriores que buscan dejar sin efecto tal procesamiento, se encuentran recurridas, tanto por la fiscalía de 1ª instancia como por la fiscalía de Cámara de Apelaciones y la cuestión debe ser resuelta por la Cámara de Casación Penal", recuerdan los integrantes del Foro.

A partir de la presión social y las presentaciones del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, en octubre del año pasado, la Universidad Nacional del Litoral abrió un sumario administrativo a Frilocchi, pero sólo lo desplazó del estratégico cargo que ocupaba en la sección Títulos. Hoy revista en la Planta de Alimentos del Observatorio Social de la UNL. "Una Universidad comprometida con los valores democráticos no puede sostener a Frilocchi como planta de sus empleados y menos jerarquizado", subrayó Lucila Puyol, abogada, militante de H.I.J.O.S. e integrante del Foro.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Los desaparecidos del rugby rosarino

Al menos 16 jóvenes que integraron planteles de conocidos equipos de la ciudad fueron víctimas del terrorismo de Estado. Familiares, ex compañeros de equipo y militantes de los turbulentos años setenta compartieron testimonios y recuerdos con Más para completar el rompecabezas de esas historias truncadas por la represión más cruel que haya conocido la Argentina.

    El primero a la derecha, arriba, es Raúl De Sanctis, el “Mono”, que está desaparecido. El tercero desde la derecha, en la misma fila, es Alejandro Stancanelli, el “Pato”, que fue asesinado.

    Detrás del jugador que tiene la pelota, Guillermo White. Sus restos aún no han sido hallados. Su madre, María Rosa Saint Girons, fue una de las Madres de Plaza de Mayo de Rosario.

    Fernando Alberto Belizán jugaba en Universitario de wing forward o ala. Fue asesinado en Tucumán. Con él su esposa Analía Arriola, que está desaparecida

    Roberto De Vicenzo y su esposa Miriam Moro. Ambos fueron secuestrados y asesinados.

    A la izquierda de la imagen, el desaparecido Guillermo White. A su lado, el diputado provincial Gerardo Rico, quien habló con Más.

Por Laura Vilche / La Capital - lvilche@lacapital.com.ar
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 En el bar de La Plata Rugby Club aún está colgada la foto de varios de los veinte jugadores que eran parte del plantel en los años setenta y fueron asesinados o desaparecidos por el terrorismo de Estado. Se ve a ocho de ellos con los cortos ajustados y las camisetas amarillas. Cerca de esa imagen también hay una plaqueta de acrílico de 2006, que los recordó cuando se cumplieron tres décadas del golpe de Estado. ¿Y en Rosario? ¿Qué sucedió por entonces en la comunidad de la ovalada, por la que pasaron tantos militantes? ¿No hubo víctimas? “Sí las hubo, pero nadie, ningún club las recordó: por el contrario, todo se silenció”, le dijo a Más un familiar directo de un muchacho asesinado, que jugó al rugby en la ciudad. Mientras que Dolores Araya, sobrina de Jorge Araya, otra de las víctimas, aportó otra mirada: “El preocuparse por el otro, uno de los valores de estos jóvenes volcados a la militancia, para mí se construyó también desde el deporte y es bueno rescatarlo”.

Al menos se conocen 16 jóvenes (ver aparte) que integraron planteles de Maristas, Duendes, Plaza, Jockey, Old Resian, Logaritmo, Gimnasia y Esgrima, Universitario, Sagrado Corazón y Tacuara. Muchachos veinteañeros que forman parte del negro listado de los desaparecidos y asesinados del rugby local, un ambiente que también incluyó a represores, delatores e integrantes de la Triple A.

Muchos fueron recordados por haberse sentado en las aulas de colegios como el Politécnico y el Superior de Comercio, por haber estudiado en alguna facultad de la Universidad Nacional de Rosario, por haber trabajado en un banco o en la Municipalidad. Pero nunca se los recordó institucionalmente allí donde jugaron tocatas, patearon conversiones, tacklearon o saltaron para arañar la pelota en un line.

Familiares, ex compañeros de equipo y militantes compartieron testimonios y recuerdos para completar el rompecabezas de esas historias jóvenes en las que confluían los perfiles de ciudadanos rosarinos, hijos de clase media y también de familias de apellidos con linaje; estudiantes y trabajadores (o ambas cosas), padres, novios o maridos, militantes que en algunos casos optaron por la lucha armada y se obligaron a la clandestinidad. Y también jugadores de rugby, un deporte que los apasionaba pero del que se distanciaban cuando comenzaban a militar.

A pesar de que Ernesto Guevara de la Serna, el Che, era para estos muchachos un referente político que había jugado al rugby en Estudiantes de Córdoba y en San Isidro Club (SIC), en esa época deporte y militancia eran campos casi antagónicos. “Llenaba de contradicciones priorizar el rugby cuando fuera de la cancha se vivía una represión feroz”, dijo Carlos Pérez Rizzo, ex rugbier de Universitario y ex preso político, al referirse a esos años de plomo y camiseta Uribarri, que “prácticamente no se lavaba”. Años también de botines Ocelote para la mayoría (ya que los Adidas eran palabra mayor) y los jeans Levi’s, Lee y las primeras Topper para fuera de la cancha.

“El compromiso exigía muchas horas y como éramos jóvenes éramos más radicales: las amistades del rugby comenzaban a tener otro perfil político e ideológico, se hablaba otro idioma. Uno sentía que ellos estaban de joda mientras nosotros íbamos a los barrios a poner vacunas y hacer zanjas. «¿Qué carajo hago acá con esta gente?», nos preguntábamos”, dijo Pérez Rizzo.

Muchos de esos rugbiers devenidos en militantes fueron raptados, baleados en la calle a plena luz del día, padecieron el cautiverio y la tortura. Los restos de un puñado fueron encontrados y sepultados. Se rescató a la hija de uno de ellos. Otros aún siguen desaparecidos.

En el suplemento Ovación de La Capital, el 11 de agosto pasado, se publicó la foto del equipo de La Plata, en el marco de la entrevista a Claudio Gómez, el autor de Maten al rugbier. La historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, recientemente publicado por Sudamericana. Por ese puntapié es que surge esta nota de los rugbiers locales, aunque haya otros tantos jóvenes asesinados o desaparecidos en más deportes. Si bien en Rosario las víctimas del rugby podrían formar un equipo entero (pero con distintas camisetas) e incluso con varios suplentes, sólo cuatro historias con sus testimonios fotográficos se contarán en representación de todas. “No es fácil recordar, las imágenes son imprecisas y duelen”, dijo un ex compañero de un jugador, uno de los tantos deportistas de esa época que accedió a hablar pero prefirió no dar su nombre.


Guillermo, de Maristas

Guillermo White jugaba de tres cuartos, en Maristas. “Y era petisito, flaco y rápido”, aseguró un ex compañero del plantel, el actual diputado provincial Gerardo Rico. La familia de White aún conserva una foto hermosísima en blanco y negro donde se lo ve de short y camiseta arremangada con cuatro cuadros al frente (dos celestes y dos blancos) y botines Conti. De perfil (con patilla y melena a lo Robert Redford) y mirando a tres compañeros más altos que él y que siguen vivos (entre ellos Rico, a su lado). Posan en lo que supo ser la cancha de Maristas, en Granadero Baigorria.

“Guille era alumno de La Salle, a Sagrado lo llevó un amigo y luego se fue a Maristas”, recordó su hermana María Rosa White. Ese amigo es Gustavo Rebord. “Yo vivía en la casa de Guillermo porque su familia era muy amigable: sus padres siempre nos invitaban a todos los chicos a su casa y a la de Tanti, también, en vacaciones. Éramos familias con apellido más que con guita. Lo invité a jugar en Maristas porque era buen deportista y se enganchaba en todas. Corriendo era una máquina, era pasional: no quería perder ni una tocata. Eran épocas en que no se viajaba mucho con el deporte pero con él supimos ir a varios seven a dedo: al Quillá de Santa Fe, a Córdoba”.

Gustavo retrató a Guillermo, dentro y fuera de la cancha, como un “tipo solidario y alegre”. Recordó cuando una noche se despidieron en peatonal Córdoba y Mitre y a él lo quisieron pelear entre cinco muchachos. “Guillermo, que ya había hecho unos metros, volvió a defenderme aun sabiendo que nos darían una biaba a los dos”. Una escena que tendría rasgos similares a la última vez que lo vio con vida.
“Fue en la esquina del bar Victoria de la esquina de San Lorenzo y Presidente Roca, él militaba y me avisó que se iría a Santa Fe, a trabajar. Lo quise ir a despedir a su casa, me advirtió que no, que lo estaban siguiendo. Nos despedimos allí. Por años cargué con la culpa de estar vivo, mientras él no”.

White militaba en Vanguardia Comunista (partido marxista leninista, ex PRML, luego Partido de la Liberación). Fue secuestrado en la vía pública en Santa Fe con 24 años, en febrero de 1977. Fue torturado y pasó por el centro La Calamita, en Granadero Baigorria. Se había casado con Stella Buna (quien también padeció cautiverio, pero sobrevivió). “El día de su luna de miel, todos los amigos y nuestras parejas les dimos una sorpresa y nos fuimos con ellos a Tanti en colectivo: recuerdo que jugábamos partidos de fútbol mixto y también al rugby por esos días”, dijo Rebord.

La madre de White, María Rosa Saint Girons, presentó un hábeas corpus ante la desaparición de Guillermo. Fue una de las Madres de Plaza de Mayo de Rosario. Falleció. Al día de hoy no se han encontrado los restos de su hijo.

El “Pato” y el “Mono”: de Old a Nahuel

A Alejandro Víctor Stancanelli todos lo conocían como el Pato y a Raúl René De Sanctis lo llamaban el Mono. Ambos habían sido alumnos del colegio San José, donde también cursó otro ex rugbier de Universitario desaparecido, Luis Bonamín, sobrino nieto del provicario castrense Victorio Bonamín (ver aparte). En ese mismo colegio trabajaban varios curas salesianos politizados y adherentes a la Teología de la Liberación. Ambos, el Pato y el Mono, militaban en la JUP y jugaban al rugby.

El Pato había pasado por Plaza cuando tenía unos 11 años, luego fue parte de las sexta, quinta y cuarta de Old Resian. Su padre, Víctor Stancanelli, fue unos de los fundadores del club pegado a Caranchos y ubicado a pocos metros del Mercado de Concentración de Fisherton. Más tarde, junto al Mono y el resto de los compañeros de ese equipo —incluido el técnico Jorge Trevisán— se fueron con las “H” bajo el brazo y las levantaron en terrenos ubicados a la entrada de la localidad de Pérez. Los aires ingleses tornaron en mapuches: crearon el club Nahuel, que en lengua aborigen significa tigre. Era un plantel de temer por esa época, si se tiene en cuenta que en 1974 les ganaron a Hindú y Champagnat, dos poderosos equipos porteños.

“Ambos eran tercera línea. El Pato jugando era cerebral, inteligente, muy habilidoso; el Mono era una máquina de tacklear”, contó un ex compañero del plantel mientras los señalaba en una foto de la primera división de 1973, en que se los ve con las camisetas tricolores de Old Resian y los brazos cruzados.

Para ellos, aún muy jóvenes, todo era el colegio, Led Zeppelin, Spinetta, los botines Adipan y una única camiseta de rugby, gruesa y pesada, que se usaba de las inferiores hasta la primera. No obstante, ya habían comenzado las acciones terroristas de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en Rosario, y había efervescencia y revuelta política en las calles. Y paradójicamente, allí donde pateaban la ovalada el Pato y el Mono, también lo hacía el represor Carlos Gabriel Jesús Turco Isach, implicado en múltiples crímenes de lesa humanidad y ex empleado del municipio de Rosario. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo incluyó oportunamente en la lista de represores prófugos por los que se ofrece recompensa. “Jugó conmigo pero no llegó a primera. Era un tarado, peleador, un cuadrado: tenía un hermano comisario (Rodolfo Isach), le decíamos el Turquito”, recordó el ex rugbier.

No obstante, hay un dato más sobre el represor rugbier aún prófugo de la Justicia. En 2008, una víctima de sus torturas en el centro clandestino de la Fábrica de Armas, Ramón Verón, declaró en el marco de la causa Guerrieri, ante el Tribunal Oral Federal Nº 1: “Era un nazi, se jactaba de ser un rugbier del club Universitario que tenía muchas influencias, decía a boca de jarro que había que matar a todos los subversivos porque afectaban a su clase social”.

Sobre la militancia del Pato y el Mono no se hablaba demasiado en el club, pero tampoco se ocultaba. “Nosotros sabíamos que los chicos militaban porque iban a la facultad como muchos de nosotros. El Pato cursaba en la Tecnológica y era de hablar en las asambleas, el Mono estudiaba antropología. Eso estaba visible y nosotros éramos todos amigos, entrenábamos, éramos buenos, jugábamos parecido al equipo de La Plata, que tenía buen seven. Éramos un equipo, pero no cualquiera, un grupo de esos que vos sabés que todos daban la vida adentro de la cancha, que cada uno cuidaba al otro... mirá lo que digo, dar la vida... pucha”, se lamentó quien fue amigo de ambos al recordarlos y antes de agregar: “Al Pato lo asesinaron y del Mono me enteré que había desaparecido en el 83, cuando leí la noticia y supe también que una hija suya había nacido en cautiverio; la conocí el año pasado, tiene su misma cara: nosotros no perdimos a dos militantes, perdimos a dos amigos”.

A Stancanelli lo asesinaron a los 21 años, el 1º de julio de 1976, en un supuesto “enfrentamiento”, según se informó en los medios de la época. Varios hombres lo corrieron a los tiros cuando lo vieron en bulevar Oroño y San Juan, donde iba a encontrarse con su novia. Volvía de trabajar y estaba desarmado.

En el Tribunal Oral Federal Nº 2, por el juicio Díaz Bessone, la testigo Clelia Righi, ex jugadora de hockey de Plaza Jewell, dio testimonio en marzo de 2011 sobre el asesinato. Contó que ella iba acompañada por un chico, que se lo cruzó a Stancanelli y conversaron frívolamente. “Qué linda estás, me voy a la facultad... ¿seguís jugando al hockey?”, recordó que le preguntó el Pato. Luego la muchacha dijo que escuchó tiros y vio a Stancanelli corriendo rengo hacia calle Alvear.

“Detrás de él venían personas disparando. Se cae al suelo frente a una casa muy linda. Veo que le tiran un arma encima, un revólver”. Por la misma causa también declaró el hermano del Pato, Rafael Stancanelli, quien en el juicio le habló a la cara a un ex militante acusado de delator por sus compañeros de la Unión Estudiantes Secundarios (UES) y que merodeó varios años después por el ambiente del rugby de Duendes. Se trata de Ricardo Cady Chomicki, a quien interpeló en el tribunal: “Cady, mi mirada es para que digas quién mató a mi hermano”.

El cuerpo de Stancanelli fue reconocido por su padre en la Asistencia Pública, con varios impactos de bala. Días después, en la Jefatura de Policía, le entregaron los efectos personales de su hijo asesinado: su reloj Seiko, las llaves de su departamento y un certificado de buena conducta, entregado por la misma policía, en un portadocumentos. Un subcomisario de apellido Guzmán le advirtió al padre, mostrándole varios cadáveres colgados en ganchos de sus extremidades inferiores: “Déjese de embromar y meta violín en bolsa y no averigüe más sobre el tema, acá mandamos nosotros”. Los restos de Stancanelli fueron sepultados por su familia en el cementerio El Salvador.

En cuanto al Mono, era cinco años más chico que su primo Raúl De Sanctis. “Jugaba de wing forward y era bueno, muy bueno: una bestia”, remarcó.

Comenzó a trabajar en Acindar. El y su mujer Myriam Tita Ovando, militantes de Montoneros, fueron secuestrados entre el 1º de abril y el 20 de mayo de 1977. Él tenía 23 años y desapareció en Campana (provincia de Buenos Aires). Ella tenía 22 y estaba embarazada de seis meses: fue detenida en Virreyes (Buenos Aires). El Mono fue visto en condiciones de cautiverio en la guarnición de Campo de Mayo antes de su asesinato. Ella dio a luz en cautiverio, en agosto, a una niña que llamó Laura Catalina. Fue apropiada en forma ilegítima y su familia la recuperó en 2008. Sus padres permanecen desaparecidos.

El "Ciruja", de Duendes

“A finales de los 60 mi hermano el Ciruja comenzó en Sagrado Corazón, con su camiseta negra y blanca, y después con un grupo grande se fue a Duendes: se pasó a la negra y verde”. Así comenzó el relato sobre José Antonio Oyarzábal su hermano Francisco, el Vasco. “Yo era más chico: cuando él estaba en cuarta yo estaba en séptima, recuerdo que se juntaba con mis primos que también jugaban al rugby, pero para Old Resian, y hablaban siempre de los partidos y las jugadas. Yo los miraba y escuchaba con admiración. Claro: lo veía grandote, creo que jugaba de forward y era cancherito, iba con sus botines haciendo ruido a metal por los pisos duros, embarrado, sacando pecho... los tres años de diferencia eran enormes a nivel político y deportivo”, aseguró el Vasco, de 58 años, y remarcó que su hermano, asesinado en Los Surgentes junto con otros jóvenes, hoy tendría 61.

Carlos Araujo, ex jugador de Duendes y presidente de la UAR, también se acuerda del Ciruja. Tiene una foto enmarcada de la 5ª división del equipo verdinegro, de 1969, y al volverla a ver recordó una anécdota: “Una vez José Luis (Imhoff, ex Puma y técnico de Duendes) nos estaba entrenando y le explicó al Ciruja dónde poner los pies en el scrum: él jugaba de hooker. El Ciruja le dio un pisotón sin querer a Imhoff, que lo insultó por varios segundos mientras todos nos reíamos”, recordó.

El Ciruja cursaba algunas materias de Derecho en la UNR y escuchaba rock nacional. “El primer disco que llevó a mi casa fue el simple de Mañana campestre de Arco Iris, el grupo de Gustavo Santaolalla”, recordó el Vasco. También militaba en la Juventud Peronista. En 1976 estaba en la clandestinidad. “Bueno, recién empezaba esa situación porque en verdad él venía de vez en cuando a almorzar a casa, en el centro: de hecho un día de esos fue la última vez que lo vimos”.

Oyarzábal fue detenido el domingo 12 de octubre de 1976 en la vía pública con folletos de propaganda política; el mismo día en que el general Leopoldo Fortunato Galtieri se hizo cargo del II Cuerpo de Ejército. Estuvo cautivo en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Rosario (Dorrego y San Lorenzo) y junto a seis víctimas más fue trasladado a la localidad cordobesa de Los Surgentes, donde fueron acribillados en un camino rural. Tiraron los restos en una fosa común en el cementerio de San Vicente. En los primeros años de la democracia los restos fueron exhumados de manera descuidada, “a pico y pala”, lamentó su hermano. Y posteriormente fueron incinerados, lo que impidió establecer las identidades vía análisis de ADN. Su familia nunca los recuperó

domingo, 28 de junio de 2015

Rosario: perpetuas a cuatro represores del “cinturón rojo del Paraná”



El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 sentenció a prisión perpetua a Manuel Saint Amant, Antonio Bossie, Norberto Ferrero y Daniel Quintana. Fijó penas de 3 a 20 años de cárcel para otros ocho imputados, y absolvió a Guillermo Adrover. La megacausa “Saint Amant” comprobó la persecución política que sufrieron los obreros, estudiantes y militantes de la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín.

Por: Juan Manuel Mannarino-Fotos Leo Vincenti

Una nueva sentencia por delitos de lesa humanidad, en una región del Paraná entre San Nicolás y Rosario, comprobó el accionar represivo de la última dictadura para aniquilar la intensa actividad política, estudiantil, sindical y religiosa en los ‘70.  El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a los represores Manuel Saint Amant, Antonio Bossie, Norberto Ferrero y Daniel Quintana. Además, fijó penas de 3 a 20 años de cárcel para otros ocho imputados, y absolvió a Guillermo Adrover. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 7 de septiembre próximo, a las 10.
“El tribunal 
comprobó que todos los hechos traídos a juicio sucedieron y sólo hubo una absolución que apelaremos a Casación. A diferencia de otros juicios, tenemos dos nuevas perpetuas. Este juicio fue ejemplar porque se trataron causas esque taban separadas y eso permitió entender que hubo una actuación orgánica de la represión, entre el Ejército, la Policía Federal y la bonaerense para eliminar la militancia social”, dijo el fiscal Federico Reinares a Infojus Noticias.
La megacausa, caratulada “Saint Amant, Manuel Fernando y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada”, comprobó la persecución política que sufrieron los operarios, obreros, estudiantes y militantes sociales del llamado ‘cinturón rojo del Paraná’, como le solía decir el presidente de facto entre 1971 y 1973, Alejandro Agustín Lanusse, para referirse a la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín, por la importancia de la actividad industrial con empresas como Acindar, Somisa, Jabón Kopp y Celulosa Argentina

lunes, 4 de mayo de 2015

Por culpa de un juez rosarino, el represor Alcides López Aufranc murió impune

Se trata de Marcelo Bailaque, que en 2014 demoró la causa Acindar en la que el ex general estaba a punto de ser procesado por primera vez en 40 años. El magistrado fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por frenar investigaciones de narcos en Santa Fe. Es el mismo que en 2012 concedió prisión domiciliaria al represor De la Torre, a pesar de no superar los 70 años.

El pasado 26 de abril, a raíz de las demoras procesales impuestas por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex general Alcidez López Aufranc murió impune y sin que nadie pudiera someterlo a juicio debido a su participación activa en el terrorismo de Estado. Pieza fundamental en la represión del Cordobazo, responsable de haber importado la escuela francesa de exterminio practicada en Argelia, y sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la dirección de la metalúrgica Acindar –papel que lo convirtió en símbolo perfecto del maridaje cívico-militar durante el genocidio–, López Aufranc fue un caso paradigmático: en las cuatro décadas que sucedieron al golpe militar nunca fue imputado en causas de lesa humanidad, y ni siquiera llamado a declarar en calidad de testigo.

El año pasado, el juez federal porteño Norberto Oyarbide dispuso indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de Acindar, por el operativo represivo contra sus trabajadores desatado en Villa Constitución en marzo de 1975. El muerto estaba en esa lista. Pero Bailaque, después que la justicia de su provincia no hizo nada durante 40 años para investigar aquello, demostró un sorpresivo interés y presionó para que la causa pasara al fuero santafecino, aduciendo que los delitos se produjeron en ese lugar. Aduciendo una mera formalidad en donde no contó toda la verdad (ver más adelante), lo único que logró el juez fue volver a cero un expediente que estaba avanzado, y permitir que López Aufranc respirara aliviado por haber zafado otra vez. Hasta la semana pasada, en que dejó de respirar para siempre.

"A Bailaque lo enterneció la promesa del genocida de no escaparse".

UN INTELECTUAL DE LA TORTURA. Nacido en 1921, López Aufranc adhirió a los azules en la interna militar posterior al derrocamiento de Juan Perón en 1955, y se convirtió en un estudioso de tácticas y estrategias de represión. Lo impresionó el profesionalismo de los franceses para eliminar argelinos y desarrollar métodos de tortura a opositores políticos, a tal punto que importó esa metodología, que sus pares ensayaron en 1975 y perfeccionaron a partir del golpe del año siguiente. López se hizo experto en métodos de interrogatorio, desaparición de personas, submarino seco y algunas otras materias que lo develaron. Organizó en Buenos Aires el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, del que participaron catorce países. "Con la sangre se aprenden muchas cosas", dijo para un documental francés de la investigadora Marie Monique Robin.

Con la llegada del ex general al directorio de Acindar en 1976, la metalúrgica dejó en la calle a 2000 operarios de su planta en la Villa, archivó convenios laborales, prohibió cualquier actividad sindical y monopolizó la producción nacional de metales. Mientras sus camaradas sembraban con cadáveres el territorio, López integró el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Además, fue consejero de FIEL, director del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) y presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

En estos días, el sitio oficial de la Fundación Konex le rinde tributo, recordando el Premio de Platino con el que homenajeó al genocida en 1988.

HACETE AMIGO DEL JUEZ. A mediados del año pasado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante en la causa Acindar, ya había denunciado la maniobra de Bailaque como dilatoria, y su pedido, como inconsistente y totalmente extemporáneo. Nunca antes la justicia santafesina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar los reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa.

La entrada en escena del magistrado, que pidió la inhibición de Oyarbide, también salvó del procesamiento a directivos muy cercanos a Martínez de Hoz, como Arturo Acevedo –integrante del grupo familiar fundador de la empresa–, Roberto Pellegrini y Pedro Aznárez. En su escrito, el juez porteño sostuvo que el grupo empresario fue clave para que se produjera el operativo, y determinó como directa la responsabilidad de López Aufranc en el hecho. La causa incluye un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que "los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a 'marcar' y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar."

La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: "En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas."

La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó un represor de apellido Fischietti, conocido como "Don Chicho", entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Area IV de Seguridad Federal en el noroeste.

El expediente demorado por Bailaque, que le dio tiempo al ex general para morirse limpio, sostiene que "se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como ACINDAR, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de ACINDAR, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución." Y agrega: "Por otra parte, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar." Es decir, cuando López Aufranc ya controlaba la empresa. 

Bailaque muestra algunos antecedentes en eso de embarrar canchas. En febrero de 2013 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por negar medidas procesales en causas de narcotráfico tramitadas en Rosario. La denuncia, basada en quejas de los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares, sostuvo que el accionar de su juzgado contribuía a "la pérdida de pruebas necesarias para poder avanzar en la investigación".

EL EXTERMINIO EN ACINDAR. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafecina, la Guardia Rural "Los Pumas", Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.

La Iglesia también participó de la cacería. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol. Y los policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta Villa Constitución con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo, del grupo Los Pumas; y algunas bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.

Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que los manifestantes desocuparan el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.

Bailaque se hizo el preocupado y en 2014 reclamó la causa para su fuero por entender que la represión se produjo en Santa Fe. Algo cierto, pero no lo más importante. No mencionó, por ejemplo, que  los operativos se originaron en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la movilización de fuerzas federales hacia la Villa. Y tampoco un comunicado del Gobierno nacional de la época, reservándvose la custodia de los detenidos. "Desde esta querella –afirmó la Liga en un comunicado–, estamos probando que la asociación ilícita entre funcionarios nacionales, empresarios de Acindar y jerarcas militares no sólo se limitó a los hechos de Villa Constitución, sino que trascendieron a los mismos, puesto que la empresa criminal que emprendieron continuó con su secuencia de secuestros, asesinatos y negocios espurios con posterioridad al 20 de marzo de 1975. Es esta la hipótesis que se debe seguir investigando…  y es al Juzgado Federal Nº 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide a quien le corresponde entender en esta investigación".
Cuando el magistrado protegió a un pedófilo

En 2011, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó al ex coronel José Javier De la Torre, por su responsabilidad en el secuestro, tortura y homicidio de 27 personas, delitos a los que se agregó la sustracción de un bebé nacido en cautiverio, hijo de los detenidos-desaparecidos Cacilia Barral y Ricardo Klotzman. A Bailaque lo enterneció la promesa del genocida de no escaparse, y a pesar de que De la Torre era menor de 70 años, permitió que cumpliera prisión domiciliaria. Y que el militar siguiera alquilando esas lindas casitas que tenía en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires para estirar una jubilación que no le alcanzaba.

La estancia del anciano se llama "La Chacra". Se compone de un enorme parque, cabañas, canchas para distintos deportes, pileta de natación, sala de juegos y un gran quincho con parrilla. Ideal, pensó Luis Acosta, que en octubre de 2012 buscaba en Internet un lindo lugar para alquilar, y pasar el fin de semana largo junto a su familia y tres matrimonios amigos.

Sin saber quién era el dueño del predio, el grupo cerró trato, y viajó a Capilla. La última tarde, uno de los hombres vio cómo De la Torre manoseaba a la hijita de Acosta, de nueve años, frente a la casa principal de la propiedad, y fue corriendo a contarle al padre. Cuando Luis increpó furioso al torturador, que revoleaba una biblia mientras negaba el toqueteo, Acosta le advirtió que lo llevaría a la comisaría, y De la Torre lo prepoteó, diciéndole que nadie lo podía sacar de ahí porque cumplía arresto domiciliario. Finalmente, la denuncia fue presentada en la comisaría de Campana, hasta que la Unidad de Asistencia para Causas de Derechos Humanos pidió a Bailaque que revocara la domiciliaria. El juez rechazó el requerimiento: "No hay constancias que acrediten que De la Torre incumplió las disposiciones inherentes al régimen de detención domiciliaria", dijo.

Recién siete meses después, cuando lo tapaban en su escritorio varios reclamos de fiscales y uno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el magistrado dispuso que el abusador cumpliera su pena en el Complejo Penitenciario de Buenos Aires. Para Alvaro Baella, encargado por la Secretaría para llevar el caso, el juez "ni siquiera constató que estando (De la Torre) en una zona suburbana, con explotación de cabañas, se garantizara la atención de su salud. Y tampoco resguardó quién iba a llevar adelante el control de esa prisión domiciliaria."
"Nuestro tradicional estilo de vida"

Como responsable del Directorio de Acindar, Alcides López Aufranc firmó de puño y letra una carta dirigida al grupo de accionistas en 1977. "A comienzos de 1976 –arranca el texto–, el país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos político y económico, e inmerso en una violencia que inicialmente fue fomentada y luego se hizo ingobernable."

"A partir del 24 de marzo de 1976 –agrega–, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva."

Para el genocida, y "pese a los inconvenientes señalados", "es evidente que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente."

López Aufranc finaliza: "No deseo terminar esta carta a los accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida, y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra querida patria."

Daniel Enzetti