Solicitaron de 11 a 20 años de prisión para el jefe de la patota del norte santafesino

Es el tiempo de los alegatos

La querella unificada pidió ayer condenas para cinco de los siete imputados en el juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista. Por primera vez, se juzga la violencia sexual de los represores como delito de lesa humanidad.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La querella unificada pidió ayer condenas de 20 a 11 años de cárcel para cinco de los siete imputados en el juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista. Los abogados Lucila Puyol e Iván Bordón solicitaron 20 años de prisión para el jefe de la patota, Danilo Sambuelli; 19 años para el ex interventor militar de la Unidad Regional IX de Policía, Jorge Alberto Benítez; 15 años para el ex jefe del Departamento Informaciones (D﷓2), Carlos Nickisch y once años para dos subalternos de éste, Horacio Machuca y Arnaldo Neumann. Hoy, seguirá el alegato de los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum que completarán los cargos a los otros dos acusados: Eduardo Luque y Rubén Molina y alegarán por todas las víctimas, alrededor de 40, entre ellas las hermanas Griselda y Luisa Pratto, martirizadas por la violencia sexual de los represores que se juzga por primera vez en la provincia como delito de lesa humanidad. Griselda fue secuestrada cuando era una niña de 16 años y cumplió los 17 como esclava sexual en un centro clandestino y Luisa tenía 23, estaba embarazada de siete meses -de un bebé, luego apropiado﷓ y sufrió violaciones hasta dos años después de su secuestro. "Es necesario visibilizar estos delitos como delitos autónomos de la tortura porque son violaciones a los derechos humanos con la particularidad que están dirigidas a las mujeres en su condición de tales", dijo Puyol.

El tiempo de los alegatos arrancó con Puyol y Bordón, en representación de seis sobrevivientes que se constituyeron como querellantes: Elvira Dieringer, Alejandro Córdoba, Raúl Pintos, Silvio Iznardo, Adolfo Maggio y Osvaldo Marcón. Acusaron por secuestros, torturas y vejámenes a cinco de los siete integrantes de la patota y pidieron condenas rigurosas: 20 años de prisión a Sambuelli, 19 a Benítez, 15 a Nickisch y once años a Machuca y Neumann. "Por la crueldad demostrada por los autores de los hechos, su falta de arrepentimiento, su negativa a colaborar. Por su insistencia cuando dicen que nunca dieron ni recibieron una orden ilegal. Por todo esto, debe aplicarse el máximo rigor de la ley, reservado para los casos de extrema gravedad", afirmó Bordón. Y comparó la escala penal con la que el mismo Tribunal Oral -con otros integrantes﷓ aplicó en el juicio al ex juez Víctor Brusa y el grupo de tareas que operó en Santa Fe.

"Señores jueces -planteó Bordón-, los juicios se han demorado mucho tiempo. Por Eduardo Sartor y Nélida Esquivel, que fallecieron sin ver justicia. Y por todas las víctimas, pedimos justicia".

Puyol dedicó un capítulo de su alegato a "la violencia sexual en centros clandestinos que se juzga por primera vez en la provincia como delito de lesa humanidad". Mencionó el caso de su representada, Elvira Dieringer, quien padeció el acoso de los represores en el secuestro y los traslados. Y señaló el martirio de las hermanas Pratto, que padecieron el terror y el estigma, hasta de sus más cercanos. "Luisa lo dijo claramente en el juicio, que hasta su familia le cerraba las puertas. Le decían: 'Por favor, Luisa, andate, no nos comprometas'", recordó la abogada.

"Griselda Pratto fue secuestrada a los 16 años, de la casa de Luisa, en febrero de 1977. Ella había ido a Reconquista a ayudar a su hermana con sus hijos pequeños y un embarazo de siete meses. La torturaron durante días en la III Brigada Aérea, en los pechos, en la vagina, en las axilas", recordó Puyol. "Una noche la subieron a un auto, la llevaron a otro lugar y la violaron. Lo dijo en el juicio: fueron Sambuelli, Nickisch, Neumann y el cabo Estofaretti (que no está entre los imputados). Ella dijo que 'Sambuelli tenía el poder, que podía hacer con ella lo que quisiera'", remarcó.

Y agregó: "También su hermana, Luisa Pratto, sufrió violaciones. Su esposo, Rubén Maulín, estaba detenido, tenía un niño de dos años y medio y una beba de 9 meses y estaba embarazada de siete meses. Sufrió abusos y violaciones en su domicilio durante dos años. Y además, le robaron lo poco que tenía para alimentar a sus hijos".

Puyol cerró entonces con un fallo de la Cámara Federal de Mendoza sobre la violencia sexual como delito de lesa humanidad. "Algunas de las formas de violencia sexual son la violación, el abuso y la amenaza de abuso. Es necesario visibilizar estos delitos como delitos autónomos de la tortura porque son violaciones a los derechos humanos con la particularidad que están dirigidas a las mujeres en su condición de tales", concluyó.

Tramo final del juicio por delitos de lesa humanidad en Reconquista

A un paso de recibir condena

Comienzan hoy los alegatos de la causa contra siete represores de la patota que operó en la III Brigada Aérea del norte provincial, cuyo jefe era Danilo Sambuelli. Se incluyen secuestros, torturas y delitos sexuales contra dos mujeres.

 Por Juan Carlos Tizziani -  Desde Santa Fe

Comienza hoy el tramo final del juicio a siete represores de la patota que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista, acusados por más de 40 casos secuestros y torturas, a los que se agregaron -"por primera vez en la provincia-" los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad, entre ellos la violación de una niña de 16 años y su hermana de 23, que estaba embarazada. A partir de las 10, el Tribunal Oral de Santa Fe escuchará los alegatos de los abogados querellantes Lucila Puyol e Iván Bordón y mañana, el de los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum. Las defensas seguirán la semana que viene y el veredicto se conocerá después de la feria de julio. Los siete imputados son dos oficiales de la Fuerza Area: el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez y cinco policías: Carlos Nickisch (ex jefe del Departamento Informaciones, el temible D"2), Eduardo Luque, Rubén Molina, Horacio Machuca y Arnaldo Neumann.

La jornada de alegatos de la acusación arrancará hoy con la querella unificada, a cargo de Puyol y Bordón y mañana les tocará a los representantes del Ministerio Público. El Tribunal está integrado por los dos jueces de Santa Fe, José María Escobar Cello y María Ivon Vella y su colega de Rosario, Otmar Paulucci.

Sambuelli y compañía están imputados por "privación ilegítima de la libertad calificada", "tormentos agravados" y "vejámenes" en un universo de casos que oscila entre 10 y 40 víctimas, según el acusado. Pero Sambuelli, Nickisch, Machuca y Neumann deben responder también por las "violaciones reiteradas" -﷓como delitos de lesa humanidad-﷓ a dos hermanas; el primero, a una adolescente de 16 años que cumplió los 17 cuando estaba secuestrada en la III Brigada Aérea y los otros tres, a la hermana mayor, de 23.

El juicio comenzó el 19 de noviembre; en Reconquista, es conocido por el número del expediente ("la causa 050") y en Santa Fe, por el apellido del jefe del grupo de tareas ("Sambuelli"), que operó como jefe de Inteligencia de la III Brigada Aérea y después del golpe del 24 de marzo de 1976, asumió como interventor de la Municipalidad de Reconquista. La Unidad Regional IX de Policía, a la que pertenecían los cinco policías imputados, quedó al mando del otro oficial de la Aeronáutica, Benítez.

Uno de los acusadores de Sambuelli fue un militante político, Silvio Iznardo, que cumplió el servicio militar en la III Brigada Aérea a las órdenes del represor un tiempo antes y por lo tanto conocía hasta su timbre de voz. Iznardo sufrió dos secuestros, el primero, en febrero de 1976 y el segundo, un mes después, el 24 de marzo. Cuando lo tenían secuestrado después del golpe, en un hangar de la Brigada Aérea, identificó a su ex jefe. "Escuché una voz conocida que daba las órdenes: 'Lleven a éste para acá, traigan a este otro'. Al pasar cerca de mí lo reconocí. Era Sambuelli, a quien en la desesperación, como había sido soldado bajo su mando, mis padres fueron a verlo y les prometió que se ocuparía de mi situación. Por supuesto, que mis padres nunca se enteraron que Sambuelli era uno de los represores y asesinos. El comandaba el grupo de tareas que operaba en Reconquista".

"Sambuelli era el jefe de Inteligencia de la base aérea, todos los detenidos de esa época pasaban por las manos de él", recordó Iznardo. "También atendía personalmente a los familiares de las víctimas" y de esa manera, "tapaba lo que en realidad nos hacían padecer en las celdas", agregó. "Sambuelli estuvo como mínimo en dos o tres interrogatorios que me hicieron. Lo reconocí perfectamente, por la voz y porque hice el servicio militar bajo su mando durante catorce meses y salí cuatro o cinco meses antes de que me secuestraran", concluyó.

El Tribunal Oral de Santa Fé suspendió la autorización para viajar a Brasil de un procesado

El represor se quedó sin caipirinhas

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por delitos de lesa humanidad, no podrá salir hoy del país para pasar diez días de vacaciones en Buzios. El Tribunal Oral de Santa Fe abrió el recurso que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal –al que se sumó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alvaro Baella–, pero lo hizo “con efecto suspensivo”. Lo que significa que el viaje de turismo que había autorizado desde hoy hasta el 16 de junio quedó en suspenso hasta tanto lo autorice la Cámara Nacional de Casación Penal. Y comunicó la sentencia a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que si Pavón intenta tomar hoy su vuelo a Río de Janeiro, que sale a las 6.30 de la mañana, lo frenen en el aeropuerto de Ezeiza. “Nada de caipirinhas”, sintetizó una fuente judicial, en referencia al título de Página/12, que el domingo informó sobre el permiso para vacacionar en Brasil, que ayer fue revocado.

Pavón está procesado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane, cuando era una beba de un año y medio, en 1977. En 2009, logró la excarcelación y espera en su casa el juicio oral que recién se realizaría el año que viene. En 2011 y el año pasado, el Tribunal Oral de Santa Fe lo autorizó a viajar a Chile, y como volvió, le concedió un tercer permiso para pasar diez días de vacaciones en Buzios, desde hoy hasta el 16 de junio.

El fiscal Suárez Faisal apeló la resolución y advirtió sobre el riesgo de una fuga. “Resulta dramático desde la perspectiva de la víctima que aquella persona que ha sido procesada y acusada por integrar un sistema delictivo que la separó de su familia de origen y luego asesinó a sus padres, que suprimió su verdadera identidad y la reemplazó por otra nueva bajo la idea de que se trataba de una hija de ‘delincuentes subversivos’, hoy espera el ya demorado juzgamiento descansando en playas tropicales, con el serio y grave riesgo de que, favorecido por esas libertades, pueda evadir la acción de la Justicia”, dijo el fiscal. El abogado de Abuelas se asoció al argumento.

El Tribunal admitió que el permiso a Pavón para irse de vacaciones a Buzios “puede causar a las partes un gravamen irreparable o de insuficiente reparación ulterior” y “poner en riesgo” el juicio oral y público ante “el peligro de una fuga”. Con la consecuencia –ya advertida por el Ministerio Público– de la “gravedad institucional” que tienen los delitos de lesa humanidad y el “compromiso internacional” de la Argentina de juzgar al terrorismo de Estado. Por lo tanto, y “sin perjuicio de los fundamentos” que se evaluaron para autorizar el viaje de Pavón a Brasil –que no eran otros que sus idas y vueltas a Chile–, “los argumentos en que se fundan los agravios resultan suficientes para abrir el recurso”, dijo el Tribunal que integran los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo.

En consecuencia, concedió “el recurso con efecto suspensivo al no existir otro camino posible para lograr que la resolución por la cual se autorizó a Pavón a salir del país” pueda ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

HIJOS-Santa Fé, repudió el ascenso a un juez de la dictadura

Los principios innegociables

La agrupación de Derechos Humanos de Santa Fe cuestionó al gobernador Bonfatti por haber promovido a Fernando Ferrer, de Rafaela, a camarista. Ya en 2009, Binner lo había intentado pero el pliego fue rechazado por 34 a 0 por la Legislatura.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La agrupación Hijos impugnó el pliego del juez de Faltas de Rafaela Fernando Ignacio Ferrer, repudió la decisión del gobernador Antonio Bonfatti de designarlos vocal de la Cámara Penal de Santa Fe (Sala II) -porque salió segundo en el concurso del Consejo de la Magistratura- y solicitó a la Asamblea Legislativa que rechace el ascenso del magistrado por que integró el aparato judicial de la dictadura. "Ferrer fue uno de los tantos jueces que miraron para otro lado y dejaron hacer mientras se violaban los derechos de los ciudadanos, se saqueaba el país y se regaba las calles de sangre y miedo", afirmó la agrupación. "Los simpatizantes, cómplices y beneficiarios de la dictadura cívico militar no deberían ocupar cargos en la justicia de la democracia y mucho menos ser ascendidos o promovidos. Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", agregó.

Bonfatti es el segundo gobernador que propone a Ferrer como camarista de Santa Fe. Hermes Binner ya lo había hecho en 2009 para el mismo cargo, al que no pudo acceder porque la Asamblea Legislativa rechazó el pliego por unanimidad (34 a 0). El argumento de entonces es el que mismo que ahora plantea Hijos: "Un juez de la dictadura no puede ser juez de la democracia".

El pliego de Ferrer -y de otros cinco camaristas penales para Santa Fe y Rosario- debía tratarse hoy, pero la Asamblea fue postergada para el jueves que viene porque mañana cierra el plazo de presentación de listas de candidatos municipales para las primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

La impugnación de Hijos criticó la "insistencia" de Bonfatti en ascender a juez de Cámara a "un participe de la última dictadura cívico?militar", un "cargo en el cual debe garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes de la República". Y le reclamó al gobernador "el efectivo compromiso con la memoria, la verdad y la justicia" para que sus "actos y acciones" sean coherentes con sus "discursos de la construcción de la justicia".

"La Legislatura no puede aprobar el ascenso de Ferrer a camarista por ser partícipe de quienes convalidaron el accionar de civiles y militares que atentaron contra la democracia", agregó.

"Durante la dictadura cívico militar, Ferrer fue designado juez de Faltas de Helvecia, según el decreto 1237/80 del usurpador Poder Ejecutivo y se desempeñó a partir del 12 de mayo de 1980. Y el 12 de de abril de 1983, ascendido a fiscal titular de San Cristóbal. Ya en los '80 --recordó Hijos-? "el aparato genocida ya se había cobrado la vida de miles de militantes políticos y sociales, las cárceles estaban atestadas de ciudadanos torturados, deshumanizados, y sin ningún acceso a la justicia ni al derecho de defensa; los partidos políticos seguían prohibidos y varios de ellos eran considerados ilegales; los sindicatos intervenidos y no se respetaban los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional". "La dictadura contaba con un aceitado mecanismo represivo y opresor" y designaba "sólo a sus simpatizantes y seguidores en cargos del Estado. No existía la posibilidad de acceder a ningún cargo de poder sin tener una clara y manifiesta afinidad con el sistema represivo, anticonstitucional y genocida", explicó.

"Ferrer juró acatar los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Fue promovido y ascendido durante el terrorismo de estado y uno de los tantos jueces cómplices que miraron para otro lado".

"Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", dijo Hijos. Y recordó los casos del ex juez federal Víctor Brusa, con condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, procesado por la "supresión de identidad" de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane. "El aparato judicial formaba parte del sistema represivo y genocida de nuestra provincia", concluyó.

Autorizaron a un represor procesado a ir de vacaciones a Buzios para tomar caipirinhas

Carlos Enrique Pavón está acusado de ocultamiento y supresión de la identidad de una hija de desaparecidos, pero está excarcelado. El fiscal apeló la autorización que le dio el tribunal, que ya le había dado permiso para ir a Chile en dos oportunidades.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe autorizó a un represor del Ejército, acusado de suprimir la identidad de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, cuando era una beba de un año y medio, en 1977, a salir del país y pasar diez días de vacaciones en las playas de Buzios. El Ministerio Público Fiscal apeló la resolución ante la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque no se descarta que pueda adoptar otras medidas ante el riesgo de una fuga. El turista es el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por “retención y ocultamiento” de un niña desaparecida, “supresión de su identidad” y “falsificación de documento público”, pero está excarcelado y libre desde 2009 hasta que se realice el juicio oral, posiblemente el año que viene. Pavón ya había logrado un permiso del Tribunal para ir a Chile dos veces, la última en noviembre de 2012, así que su viaje a Brasil será el tercero al exterior, desde el viernes que viene hasta el 16 de junio. “Resulta dramático desde la perspectiva de la víctima, que aquella persona que ha sido procesada y acusada por integrar un sistema delictivo que la separó de su familia de origen y luego asesinó a sus padres, que suprimió su verdadera identidad y la reemplazó por otra nueva bajo la idea de que se trataba de una hija de ‘delincuentes subversivos’, hoy espera el ya demorado juzgamiento, descansando en playas tropicales, con el serio y grave riesgo de que favorecido por esas libertades pueda evadir la acción de la Justicia”, dice el recurso de casación que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal, al que accedió Página/12.

Pavón solicitó la autorización para viajar a Buzios, el 29 de abril. “Ya dispone de los pasajes aéreos, con fecha de salida del aeropuerto de Ezeiza el 7 de junio y regreso el 16 de junio”, dice el escrito de su abogado, Héctor Tallarico. Y acompañó una factura del costo del vuelo: 2287 pesos.

El Tribunal corrió vista al fiscal Suárez Faisal que se opuso al pedido. “La autorización para salir del país de un procesado excarcelado resulta una excepción que debe justificarse en razones concretas, serias y relevantes. No cabe conceder un permiso con apreciaciones generales, abstractas y fórmulas dogmáticas, sino que corresponde tener en cuenta (...) los hechos imputados, la expectativa de pena y el derecho de la víctima a encontrar una respuesta jurisdiccional adecuada.”

Pavón está imputado por “delitos de lesa humanidad”, recordó el fiscal. “No son delitos comunes, sino crímenes del poder, cometidos por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrado por numerosas personas que, en algunos casos, hasta hoy han conseguido permanecer impunes respecto de sus horribles abusos. Razonar sobre su capacidad para conservar un estatus de privilegio frente a la ley de igual modo con que se lo haría en el caso de delincuentes sin semejantes capacidades resultaría cuando menos una ingenuidad.”

El fiscal pidió al tribunal que prohíba a Pavón salir del país, anote esa prohibición en Migraciones para evitar que “transponga los límites fronterizos de la Argentina en cualquier momento” y aumente el monto de la “caución”, que hoy es “irrisoria”, “similar al costo del pasaje” en avión. El tribunal solicitó a Pavón que informe los motivos de su excursión. “Un viaje de turismo”, contestó su abogado. La respuesta fue suficiente. El 27 de mayo, el Tribunal le autorizó una estadía “desde el 7 al 16 de junio en Río de Janeiro, con fines turísticos”, dice la resolución de los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo. El fundamento es que el represor ya viajó a Chile dos veces, en 2011 y el año pasado y volvió. “No existe impedimento para salir del país que pese sobre el imputado”, por lo tanto, “corresponde hacer lugar”.

Suárez Faisal planteó entonces el recurso de casación ante el riesgo de fuga. Aceptar que un acusado por delitos de lesa humanidad pueda salir del país “es una afrenta para las víctimas de estos hechos”, dijo. Carolina fue secuestrada por un grupo de tareas, “el 11 de febrero de 1977, cuando tenía 18 meses. Su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, murió el 23 de febrero” por un balazo en la cabeza. El bebé nació muerto. “Y su padre, Enrique Cortassa, fue secuestrado y permanece desaparecido.” Una de las hipótesis que evalúa el fiscal es que los represores utilizaron a Carolina “en los interrogatorios bajo tortura” de su papá, por “las secuelas psicológicas que la niña presentó durante sus primeros años”.

Después del operativo, Pavón –que entonces era teniente primero– puso la niña a disposición del entonces juez de Menores, Luis María Vera Candioti, también procesado en la causa, con un documento del Ejército falso, con fecha anterior al secuestro de la familia Cortassa. “La naturaleza, gravedad y carácter de lesa humanidad de los delitos por los que ha sido procesado y será juzgado Pavón, impone a los jueces de la Nación la responsabilidad y el deber inexorable de garantizar que los compromisos en defensa de los derechos humanos que asumió internacionalmente la Argentina sean cumplidos” y que “las aspiraciones de justicia de las víctimas no se desbaraten por situaciones de indebido privilegio”, concluyó el fiscal.

Marie Monique Robin declaró en la causa de derechos humanos en San Lorenzo

"Estaban muy seguros de su impunidad"

La periodista francesa, autora del libro y del documental "Los escuadrones de la muerte", rememoró su célebre entrevista con Díaz Bessone y detalló el uso de torturas y desaparición forzada de personas tomada de la batalla de Argel.

 Por Sonia Tessa

El 13 de mayo de 2003, cuando la periodista francesa Marie Monique Robin entrevistó a Ramón Genaro Díaz Bessone en la sede del Círculo Militar de Buenos Aires, el represor estaba libre. "Se comportó como un príncipe. Estaban muy seguros de su impunidad", describió la investigadora el viernes, frente al tribunal Oral Federal número 1 de Rosario. "Nunca se habrá imaginado lo que pasó con esta entrevista. Y yo tampoco, para serle franca", agregó. Durante más de una hora, Robin declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad sufridos por el dirigente del sindicato municipal de San Lorenzo, Manuel Casado, secuestrado el 25 de marzo de 1977. Por videoconferencia, desde la Embajada Argentina en Francia, Robin se refirió a la influencia de la llamada escuela francesa en la represión ilegal argentina. La develó en un documental y un libro, ambos llamados "Los escuadrones de la muerte. La escuela francesa", producidos en 2003 y de los que Página/12 dio cuenta el 31 de agosto de ese año. Era oro en polvo. Cuando Robin lo llamó a Horacio Verbitsky para contarle que tenía ese material, la primera reacción del argentino fue decirle: "No te creo".

Ante el Tribunal, la periodista amplió información y respondió preguntas. Hace una década, después de la célebre entrevista en la que Díaz Bessone justificó las torturas y desapariciones forzadas de personas y dijo que "no podían fusilar a 7.000 personas", el entrevistado la invitó a cenar. En un momento de la charla, la esposa de Díaz Bessone, Leticia le preguntó a Robin a qué se dedicaba su marido. "Yo le contesté sin pensar que era sociólogo, y la mujer se descompuso. El clima de la cena se descompuso y ella me dijo que en la Argentina todos los sociólogos son subversivos de extrema izquierda. Yo le respondí que en Francia los había también de extrema derecha", relató la periodista su anécdota frente una pregunta del abogado querellante, Gustavo Feldman.

Robin consiguió su entrevista con Díaz Bessone de una manera muy sencilla: llamó al Círculo Militar y allí lo encontró. Díaz Bessone gozaba de libertad, ya que pese a haber sido un ideólogo del terrorismo de Estado, su primera condena la recibió el 26 de marzo del año pasado, en Rosario, crímenes de lesa humanidad contra 81 víctimas. "La casualidad fue que Néstor Kirchner decidió luchar contra la impunidad y hoy estoy hablando en un juicio", dijo ayer Robin, para contextualizar el valor jurídico que tomó su investigación. De hecho, las entrevistas originales fueron remitidas a jueces argentinos.

Robin quería demostrar la influencia de los métodos implementados por los militares de su país en Argelia en las dictaduras latinoamericanas. "Yo estaba haciendo un documental sobre el papel de los franceses. Cuando fui a Argentina, no pensé que lo que iban a decir los generales iba a ser tan importante para los argentinos", admitió.

Robin reseñó que el Ejército argentino recibió desde 1959 instrucción de militares franceses que habían participado de la llamada Batalla de Argel, desarrollada entre enero y septiembre de 1957 en Argelia. En su documental, la periodista entrevista a algunos de los participantes de esa operación en el norte de Africa que incluyó torturas y desapariciones forzadas de personas. El objetivo era romper los vínculos entre el Frente de Liberación Nacional y la población, considerada militarmente la retaguardia. Lo mismo decidieron hacer los militares argentinos en el país, a partir de marzo de 1976.

Cuando el fiscal Gonzalo Stara le preguntó sobre el marco legal que tomaron los militares franceses para la guerra antisubversiva, como ellos llamaban, la investigadora refirió que "ellos publican textos donde explican que a los llamados terroristas, como no respetan las leyes de la guerra, o la Convención de Ginebra, no se les puede aplicar las leyes". Ese "estatuto especial" para los subversivos goza de buena vida: tras el atentado a las torres Gemelas, en 2001, la administración de George Bush también lo aplica a los sospechosos de "terrorismo".

Es la segunda vez que la periodista francesa --autora también del libro "El mundo según Monsanto"-- declara en una causa por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario. El 17 de mayo de 2011, su testimonio fue fundamental en el juicio que se le seguía a Díaz Bessone por los crímenes de lesa humanidad cometidos como Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, entre 1975 y 1976. En la causa que declaró el viernes, los acusados son el ex jefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, Rubén Cervera; su segundo, Horacio Maderna, que fueron intendente y secretario gobierno de facto en San Lorenzo y el civil colaborador Pedro Rodríguez, que fue director jurídico del municipio antes y después del golpe militar.

Declaró Manuel Casado en la causa por secuestro y torturas en San Lorenzo

Pili Rodríguez, el entregador

El ex secretario general del sindicato municipal contó por décima vez en la justicia que fue levantado por un carro militar, y permaneció detenido varios días. Las hermanas de Casado señalaron sin citar al civil como quien marcó a la víctima.

 Por Sonia Tessa

"Hace treinta y siete años que tengo secuelas. A veces no duermo de noche. Ahora, desde hace días no puedo dormir. El tener que pensar en esto me removió todo de nuevo". Manuel Casado revivió ayer por décima vez en los Tribunales lo ocurrido aquel 25 de marzo de 1976 en Urquiza y San Martín de San Lorenzo, llamada "la esquina de los Bancos". En ese lugar, Pedro Pili Rodríguez lo marcó para que lo levantaran. Las dos hermanas de Casado, Justa y Olga, lo recordaron y reconocieron sin dudar al entonces asesor letrado de la Municipalidad, que llegó a ser diputado provincial en democracia. La víctima, además, recordó su secuestro en un carrier militar para llevarlo a la Municipalidad, donde Rodríguez le espetó: "De esta no te salvás". Los golpes que le dejaron huellas en la cabeza y el brazo durante mucho tiempo, la picana eléctrica. Cuando la integrante del Tribunal Oral Federal número 1 María Ivon Vella le preguntó en qué parte del cuerpo lo habían torturado, Casado fue concreto: "En los testículos, estuve seis meses durmiendo con mi mujer como hermanos".

La primera vez que Manuel Casado contó su secuestro ante un juez fue el 7 de noviembre de 2003. Desde entonces, brindó seis declaraciones en la etapa de instrucción y fue sometido a tres careos con los imputados en la causa, Rodríguez y los militares Horacio Maderna y Rubén Cervera. Casado era secretario general del gremio municipal de San Lorenzo, un operario que se desempeñaba como "encargado de pavimento". Estuvo unos diez días secuestrado y pocos días después de su liberación, fue cesanteado de su trabajo. El propio Maderna le recomendó que dejara de reclamar la reincorporación. "Usted tiene cinco hijos, es feo que se queden sin padre", fue la amenaza apenas velada del capitán, que era subjefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán y secretario de gobierno municipal de facto.

Ante el TOF 1 que preside Otmar Paulucci e integra también José María Escobar Cello, Casado relató ayer, por décima vez, que volvía del cementerio con su madre y sus hermanas, aquel 25 de marzo de 1976, a la tarde, cuando vieron varios vehículos militares por la calle. A él lo alzaron a los golpes, lo llevaron hasta la Municipalidad, donde fue agredido por un cabo de apellido Pintos, entre otros. Allí pudo ver a los tres acusados. "Ellos no eran los que pegaban, pero daban las órdenes", dijo ayer. Más tarde, los militares fueron hasta su casa, donde revisaron "todo" en busca de armas. En medio de esa faena, revolearon un colchón en el que estaba el pequeño hijo de Casado, de una semana de vida. Tras el allanamiento, volvieron a llevar a Casado a la Municipalidad, para trasladarlo más tarde al Batallón. Allí pasó varios días. Además de recibir golpes constantemente, fue torturado. Unos días después, Casado fue llevado a la Jefatura de policía de San Lorenzo, donde permaneció en un altillo. Otra vez, Maderna, en presencia de Rodríguez y Cervera, le preguntó por su actividad política. Tres días después, recuperó la libertad, pero no volvió a trabajar en la Municipalidad hasta 1990, cuando el Concejo municipal le devolvió su puesto.

Fiel a la estrategia que lleva desde que empezó el juicio, Maderna pidió una ampliación de indagatoria para decir que Casado miente. Sin embargo, afirmó que el denunciante había faltado a trabajar en aquella fecha por encontrarse "a disposición de la justicia". Es decir, detenido. El dato fue concluyente. Maderna también aludió a una denuncia por falso testimonio que presentó contra la víctima. El representante de Casado, Gustavo Feldman, puntualizó que esa denuncia "tiene siete años y si nunca lo llamaron a declarar, quiere decir que está prescripta".

Tras la declaración de Casado, dos de las hermanas que lo acompañaban esa tarde rememoraron lo ocurrido. Justa, de 50 años y empleada doméstica, fue la más tímida. Era una adolescente de 13 cuando su hermano fue señalado en la calle por un civil que iba en el carro de los militares. A ese hombre lo identificó sin hesitar: era Rodríguez. "Vimos que venían militares en la esquina de los bancos, en Urquiza y San Martín, y nos paramos de curiosos. No nos imaginábamos que en minutos nos iban a rodear a nosotros. Un hombre señaló a mi hermano, y se lo llevaron", contó Justa.

Olga Casado tiene dos años más que su hermana y fue más locuaz. Recordó el mismo episodio: los militares y la marca que hizo Rodríguez. "Nosotros nunca nos íbamos a imaginar que lo buscaban a mi hermano", afirmó ayer, antes de describir el allanamiento. "Al rato vinieron a mi casa y revisaron todo, pero no pudieron encontrar armas, porque nunca hubo. Rodearon toda la manzana, hicieron un desastre. Y se llevaron cosas que no les pertenecían. Mi mamá tenía el reloj de oro que mi papá, entonces recién fallecido, le había regalado. Eso no lo vimos más", rememoró ayer la testigo. Aunque también era adolescente, reconstruyó el secuestro con nitidez. "Nunca nos vamos a olvidar de eso", dijo.