Rosario : La verdad sale a luz y la historia los condena

Comunicado
En la audiencia de la causa Diaz Bessone del día de la fecha, todos los imputados, a excepción del que da su nombre al expediente, tuvieron la oportunidad de decir sus palabras finales al tribunal antes de que los jueces se retiren a deliberar acerca del veredicto, que se conocerá el próximo 26 de marzo.

Esa fue otra de las oportunidades que los genocidas negaron a nuestros compañeros y compañeros, cuyos destinos fueron ventilados en casi dos años de juicio.

En el caso particular de Chomicki, el civil integrante de la patota que está siendo juzgado por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos agravados y de integrar la asociación ilícita que los cometió junto con los co-acusados, dirigió sus lamentos y sus insultos particularmente a la figura de nuestras abogadas.

Estos lamentos e insultos no le alcanzan a represores como Chomicki para ocultar de que manera participò en las aberraciones cometidas dentro del centro clandestino del Servicio de Informaciones.

Es nuestra intención dejar bien en claro, una vez más, que quienes acusan a Chomicki no son 4 abogadas, sino sus vícitmas, las víctimas del servicio de informaciones, quienes lo acusan fehacientemente desde hace más de 3 décadas, y cuyo número excede en mucho al grupo de querellantes que las compañeras abogadas representaron en este juicio oral y público.

Ellas solo hacen el trabajo de traducir al lenguaje jurídico los reclamos que se vienen presentando desde enero de 1984, en los inicios de la megacausa Feced.

No explicó Chomicki por qué todos estarían complotados por más de treinta años en su contra, y mucho menos explicó por qué dio dos versiones tan distintas a través de los años en sus distintas declaraciones indagatorias.

Es la hora de la verdad y de la justicia.

La decisión queda ahora en manos del tribunal,que no debe olvidar que el juicio de la historia es inapelable.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DDHH
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

La sentencia se conocerá el próximo 26 de marzo

Los represores hablaron

Las chicanas de Chomicki -un civil integrante de la patota que está siendo juzgada por la comisión de privaciones ilegales y torturas- contra las abogadas querellantes fueron parte de la audiencia de ayer, donde ex policías expusieron por última vez.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 escuchó ayer en el marco de la causa Díaz Bessone a imputados, quienes expresaron sus palabras finales. Todos los presentes hicieron uso de la palabra, salvo Ramón Genaro Díaz Bessone, que alegará desde sus domicilio en fecha a designar por el tribunal. El Ciego Lofiego dijo que "actuó en un estado de necesidad exculpante producto del andamiaje jurídico represivo del terrorismo de estado sobre la estructura policial". José Scortechini señaló no haber estado en el Servicio de Informaciones al momento de los hechos, mientras el represor Mario Marcote negó la calidad de "clandestino" de dicho centro de detención, aunque no negó haber estado allí. Por su parte, Ramón Vergara optó por el silencio. Pero el más polémico fue Ricardo "Cady" Chomicki, quien cargó contra las abogadas querellantes que pidieron 25 años de condena en su contra por haber sido parte del aparato represivo. "La querella compro una historia a libro cerrado sin verificar nada, estamos ante un hecho de incompetencia extrema. Si lo verificaron y lo usaron igual son unas inescrupulosas", disparó. Y señaló a la abogada Gabriela Durruty como "la vocera de un grupito de militantes que afirman mentiras desde 1984". "Todos los testigos hicieron referencia a mi condición de preso. La calidad de agente se le ocurrió como única opción para juzgarme y no surge del debate, ni de los testimonios: la doctora Durruty tiene una frondosa imaginación" ironizó el Cady.

La abogada Leticia Faccendini indicó que "los imputados ensayaron la misma defensa que venían practicado en sus ampliaciones de indagatoria, que, puestas en su contexto, representan verdaderas confesiones. En el caso particular del imputado Chomicki, en un último intento de defenderse, intentó confundir ante el tribunal los medios con los fines. El equipo jurídico es solo el medio por el cual llevamos a la audiencia el reclamo de justicia de los testigos que desfilaron por la audiencia como lo habían hecho desde 1984 por los distintos estrados judiciales. Hacer foco en las abogadas es obviar, una vez más, la incontrastable cantidad de prueba en su contra que se ventiló en las audiencias".

Por su parte Elida Luna de Familiares recordó que "Chomicki es un civil integrante de la patota que está siendo juzgado por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos agravados y de integrar la asociación ilícita que los cometió junto con los co﷓acusados" y criticó su actitud de" dirigir sus lamentos y sus insultos particularmente a la figura de nuestras abogadas".

"Es intención de Familiares dejar bien en claro, una vez más, que quienes acusan a Chomicki no son cuatro abogadas, sino sus víctimas, las víctimas del servicio de informaciones, quienes lo acusan fehacientemente desde hace más de tres décadas, y cuyo número excede en mucho al grupo de querellantes que las compañeras abogadas representaron en este juicio oral y público. No explicó Chomicki por qué todos estarían complotados por más de treinta años en su contra, y mucho menos explicó por qué dio dos versiones tan distintas a través de los años en sus distintas declaraciones indagatorias. Es la hora de la verdad y de la justicia. La decisión queda ahora en manos del tribunal que no debe olvidar que el juicio de la historia es inapelable", apuntaron en un comunicado de prensa Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH y Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La sobreviviente Marta Bertolino también replicó duramente el alegato del Cady: "Chomicki argumenta una conspiración urdida contra él (y Folch) que tendría como fin aplicarles el 'código revolucionario', que castiga duramente a los traidores. O sea, los sobrevivientes los castigan por haberse quebrado, y como lo único que tienen a mano es el Código Penal de la Nación, les inventan delitos a él y a Folch que son ¡pobres víctimas! No explica por qué, con esa misma lógica, conspiraciones similares no estarían operando sobre tantos ex﷓detenidos﷓desaparecidos que según el imputado Chomicki delataron a sus compañeros, punto en el que se explayó tratando de pasar por la cloaca a unos cuantos sobrevivientes, con frases que se acercaron mucho a las pronunciadas oportunamente por Marcote y Scortecchini y con una sensibilidad que lo aúna claramente al grupo de los represores".

Posteriormente, el TOF 2 fijó como fecha de sentencia el lunes 26 de este mes. Se dará a conocer a las 12 del mediodía.

La mujer que vio al mellizo de Negro

Raque Negro

Ex celadora de la policia de menores de Rosario
Por Juan Cruz Varela
Desde Paraná

Norma Ramos -ex celadora de la Policía de Menores de Rosario- prestó declaración indagatoria en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de esta ciudad por el secuestro y sustitución de identidad del mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. La mujer quedó en libertad, pero sigue vinculada con la investigación.

De piel morena y pelo teñido de cobrizo y recogido con una media cola; con el gesto adusto y el rostro preocupado, ingresó Ramos al edificio de los tribunales federales de Paraná. Con ella iban dos muchachos jóvenes. En el primer piso la esperaba el juez Gustavo Zonis, que tiene a su cargo la investigación por robo de bebés.

Ramos declaró durante una hora como imputada por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad en la causa denominada "NN Facundo", en la que se investiga el destino que se dio al mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacido en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

La mujer era una celadora de la Policía de Menores de Rosario y su nombre fue mencionado por el militante peronista Oscar Kopaitich, quien en una entrevista con Rosario/12 la señaló como quien entregó el mellizo al ex agente de inteligencia del Ejército Paúl Alberto Navone, quien se suicidó en 2008, el día que tenía que presentarse a declarar como imputado en la causa principal por robo de bebés.

En su declaración, Ramos negó cualquier vinculación con los hechos que se le imputan y dijo no conocer ni a los integrantes de la patota del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario condenados por la sustracción y sustitución de identidad de Sabrina Gullino ni al ex agente de inteligencia Navone. Sin embargo, la celadora abrió nuevas puntas que el juez Zonis pretende seguir investigando antes de resolver su situación procesal y, por ese motivo, no dispuso su detención.

La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, presentó un informe en el que dejaba abierta la posibilidad de que Ramos estuviera involucrada en apropiaciones ilegales. Inclusive, de su legajo personal surgió que tenía un hijo nacido en febrero de 1978. La propia Ramos accedió, sobre el final de la indagatoria, a realizarse extracciones de sangre, tanto ella como su hijo, que no se le apartó desde su arribo a los tribunales. El juez Zonis accedió, aunque le aclaró que la imputación no era porque ella se hubiera apropiado de un menor, sino por haber tenido contacto directo con el mellizo. El estudio se realizó en un laboratorio y se estima que los resultados podrían demorar una semana

Revocan la prisión domiciliaria del represor de la Quinta de Funes, Ariel Porra

De acuerdo a la noticia difundida por el programa de Radio Nacional Rosario, Aire Público, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, revocó este miércoles la  prisión domiciliaria del represor de la dictadura Ariel Puma Porra, quien está imputado de crímenes de lesa humanidad. Según fuentes judiciales, tras haber sido corroboradas las denuncias anónimas de vecinos del ex Personal Civil de inteligencia (PCI), el magistrado enviaría al Puma al penal de Marcos Paz por haberviolado su condición procesal. La información que desencadenó el fin del beneficio para Porra, había llegado a este medio a través de la diputada provincial Alicia Gutiérrez y sido presentada semanas atrás por Redacción Rosario ante la fiscal Mabel Colalongo.

La diputada Alicia Gutiérrez ‒quien además es querellante en la causa‒ recibió las primeras denuncias de los vecinos del Puma a fines de 2011. En enero de este año, los comentarios de que el Puma violaba sistemáticamente su prisión domiciliaria se volvieron a repetir ante la legisladora, que en contacto con este medio, coordinó una investigación con Redacción Rosario, y este a su vez con la fiscal federal Mabel Colalongo, para una formal constatación de los hechos.

El 17 de febrero desde esta redacción se presentó una nota ante Colalongo en la que se reproducían las denuncias de los vecinos de Porra. La fiscal rápidamente requirió diferentes medidas al juez Bailaque que este miércoles, y de acuerdo a la información revelada por la producción de Radio Nacional, habría decidido terminar con el beneficio de la prisión domiciliaria de Porra.

El Puma, Ariel Zenon Porra, es un reconocido integrante del grupo de tareas que comandó Pascual Guerrieri, que por ser capturado después de la elevación a juicio del primer proceso oral y público contra represores de la dictadura de Rosario, zafó de la condena que recibieron sus camaradas de armas. En aquel histórico veredicto, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong , Walter Pagano y Eduardo Costanzo fueron sentenciados a prisión perpetua, por secuestros, torturas y privación ilegítima de la libertad de decenas de militantes políticos y por el homicidio de 16 ellos.

En ese juicio, denominado Guerrieri-Amelong, se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia, Escuela Magnasco y Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Porra, al igual que una buena parte de los acusados que todavía no fueron sometidos a juicio oral, espera un próximo proceso en el que deberá soportar los mismos cargos, y en el que se especula que correrá la misma suerte que sus camaradas.

Además de los más de sesenta testimonios que identificaron a los represores de esos centros de detención, dos integrantes del grupo de tareas confesaron los nombres y el accionar de ellos mismos y sus compañeros del grupo de tareas. El represor Francisco Bueno, que declaró desde Brasil y ya lo había hecho durante la década del ochenta, brindó nombres y apodos de los integrantes de la patota. Pero fue Eduardo Tucu Costanzo ‒uno de los represoresque más ha contado, desdeadentro, sobre el accionar del terrorismo de Estado‒ el que más complicó a Porra con sus testimonios ofrecidos en sede judicial.

En una reciente entrevista brindada al periódico El Eslabón, Costanzo no sólo confirmó la participación de Porra en las acciones y operativos del Batallón 121, sino que identificó fotografías conseguidas por el medio de investigación, en las que se ve al Puma con otros represores en distintos lugares, uno de ellos la mismísima Calamita, el temible campo de concentración ubicado en cercanías de la localidad de Baigorria, por el que pasaron cientos de secuestrados políticos, decenas de ellos posteriormente desaparecidos.

Las denuncias

Los vecinos de la zona donde vive Ariel Porra ‒los cuales solicitaron estricta reserva de sus nombres‒, denunciaron “la sistemáticas salidas de Porra de su casa”, donde cumplía arresto domiciliario. El domicilio del Puma se ubica en República de Checoslovaquia 5423.Según señalaron las fuentes "los vecinos, lo vemos salir con total impunidad, aminado o en su auto”. Los denunciantes indicaron que Porra “tiene teñido el pelo pero está claramente reconocible” y detallaron que “sale a hacer compras”, que “se lo ve salir comúnmente en el auto” y que “los fines de semana se va a la mañana y vuelve por la noche. “Las salidas son sistemáticas”, subrayó la fuente.

Ante el conocimiento de los pesados delitos por los que se lo acusa, los testigos confesaron tener “miedo a hacer la denuncia con nombre y apellido” por “temor a las reprimendas que pueden recibir por parte de Porra”. “Y más si tenemos en cuenta con la impunidad que incumple la supuesta prisión domiciliaria que dicen que tiene”, afirmaron.

Por Juane Basso.

El juicio a Díaz Bessone y la patota de Feced, entra en su etapa final

La larga causa que empezó en 1984

Ayer se reanudaron las audiencias. Sólo resta el derecho de los imputados a decir las últimas palabras y luego, la fecha del veredicto, justo en el mes que se recuerda el golpe militar del 76. Hoy se sabrá si Díaz Bessone expone desde su casa.

 Por Sonia Tessa

El Tribunal Oral Federal número 2 reanudó ayer las audiencias de la causa Díaz Bessone, tras la confirmación dada por los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Nación sobre la capacidad del principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, de comprender el juicio al que está siendo sometido. Fue una audiencia fructífera, que dejó el proceso a un paso del final. De hecho, sólo resta el derecho de los imputados a decir las últimas palabras y luego, la fecha del veredicto. Ayer, el defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, hizo un breve alegato, en el que eludió tratar cada una de las acusaciones por privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios calificados y asociación ilícita que pesan sobre su defendido contra 51 víctimas. Por el contrario, se amparó en un discurso político sustentado en la teoría de los dos demonios.

Miño subrayó su convicción de que "la suerte está echada", por eso prefirió adherir a los argumentos de los defensores de los otros acusados, los policías José Lofiego, Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón Vergara y el civil Ricardo Chomicki. En algunos casos, esos argumentos se amparaban en la obediencia debida y el control operacional de la policía de parte del Ejército, pero eso no fue un obstáculo para Miño, que repitió los argumentos del dictador Jorge Rafael Videla, al afirmar que los procesos penales en marcha son "políticos", y que "sin la presión del Consejo de la Magistratura y sin órdenes presidenciales estos juicios hubieran sido otra cosa". Cuando el abogado terminó su alegato, se escucharon algunos abucheos del público y el presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, los paró con una frase que pareció dirigida también a Miño: "Este Tribunal va a defender a ultranza el derecho de las partes".

Desde octubre pasado, Miño despliega una estrategia defensista para dilatar el proceso, que incluyó la dispensa de alegar en más de una oportunidad porque, según arguyó, la salud de su defendido le impedía darle órdenes para estructurar una defensa. El Tribunal llegó a apercibirlo para haga su exposición, pero Miño se amparó en cuestiones de salud.

Sin embargo, el lunes el Tribunal Oral, que completan Beatriz Baravani de Caballero y Otmar Paulucci interrogó a los peritos oficiales. Los integrantes del Cuerpo Médico Forense afirmaron que Díaz Bessone estaba en condiciones de seguir siendo sometido a juicio, aunque no pueda permanecer en la sala de audiencias, por eso lo sigue desde su casa. Justamente, Venegas Echagüe adelantó que hoy el Tribunal determinará la forma en que Díaz Bessone pueda ejercer su derecho a la última palabra.

Lo que siguió fueron una serie de pasos formales del proceso: la respuesta a los pedidos de nulidades de los defensores de los represores por parte del fiscal Gonzalo Stara y las querellas, las réplicas a los alegatos y las dúplicas de los defensores.

Entre las nulidades más técnicas, que respondió Stara basado en jurisprudencia, hubo una discusión de auténtico interés público y masivo: la respuesta del Ministerio Público Fiscal al pedido de Gritzko Gadea para que su defendido, José Rubén Lofiego, acusado de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, continúe sin cumplir prisión efectiva más allá del veredicto, al considerar que la sentencia no estará firme hasta que se expida la Cámara de Casación Penal. "El Tribunal sí tiene competencias para ordenar la inmediata detención al momento de dictar sentencia", expresó Stara.

Otro punto "novedoso" de réplica estuvo a cargo de Daniela Asinari, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Asinari respondió al defensor Nicolás Foppiani, quien había relativizado los testimonios de las víctimas sobrevivientes como "falsos recuerdos y percepciones creadas" en contacto con otras víctimas y los organismos de derechos humanos. Asinari afirmó: "A los sobrevivientes les debemos la posibilidad de conocer la dinámica del genocidio y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención", mientras que los organismos de derechos humanos, con su permanente lucha contra la impunidad, merecen el "reconocimiento internacional". Foppiani se limitó a decir que su defensa "respetó el carácter de víctima de los testigos y no incurrió en victimización".

A la salida de la audiencia, el clima era de satisfacción y hasta cierta incredulidad: la causa que se inició bajo el nombre de Feced en enero de 1984, por la que tanto bregaron víctimas y familiares durante 28 años, por cuya instancia oral pasaron más de 100 testigos desde el 10 de julio de 2010, en la que se investigan delitos de lesa humanidad contra 91 víctimas, que tiene entre los imputados a importantes integrantes de la patota del ex interventor de la policía rosarina Agustín Feced está llegando a su fin, justo en el mes que se cumplen 36 años del golpe del 24 de marzo.

"Tribunales, les queremos avisar, que si no le dan perpetua, qué quilombo se va a armar".

En caso de sentencia, Díaz Bessone está en condiciones de comprenderla
Argumentos para que siga el juicio

Los peritos convocados por el Tribunal que juzga a Díaz Bessone afirmaron que está en condiciones de seguir sometido a juicio, aunque no pueda asistir a las audiencias. Los camaristas darán a conocer hoy la resolución.

 Por Sonia Tessa

El juez Jorge Venegas Echagüe le hizo la pregunta directa al perito oficial Esteban Toro Martínez: "¿En caso de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, Ramón Díaz Bessone está en condiciones de comprenderla?". La respuesta del integrante del Cuerpo Médico Forense no dejó lugar a dudas: "Sí". El acusado, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado en la Argentina, está en condiciones de seguir sometido a juicio, aunque no pueda asistir a las audiencias. Formalmente, el Tribunal Oral Federal número 2 resolverá hoy la continuidad del proceso penal contra el ex Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Ayer, el alivio --y la alegría-- fueron las sensaciones predominantes entre las querellas. El minucioso trabajo de los peritos de parte Oscar Pellegrini, Gisela Felibert y Mauricio Moussalli fue la base de las preguntas que realizó el juez, al que antecedió Beatriz Baravani de Caballero, quien realizó preguntas de índole médica.

"Estamos conformes con lo que hizo el tribunal, que no se haya quedado con los informes escritos y haya indagado a los peritos oficiales. Los jueces no tienen por qué aceptar informes que puedan hacer peritos altamente cuestionados. En este caso, hicieron uso de las herramientas que ellos tienen para cerciorarse del estado de salud del acusado, para saber que no se trata de una ficción", expresó Ana Oberlin, abogada de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Mientras se realizaba la audiencia en el edificio de la Cámara Federal, en Entre Ríos al 400, en la calle había una manifestación de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y la murga La Memoriosa. El clima era de intranquilidad. El propio ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, se acercó con el objetivo de presenciar la audiencia, pero el ingreso estaba restringido a los integrantes del Tribunal (que completa Otmar Paulucci), los abogados defensores y los que representan a las querellas. En medio del calor, la llegada del defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, convocó el grito de "sorete" de los manifestantes. El abogado ingresó rápidamente, flanqueado por dos hombres, al edificio.

Antes de la audiencia, Nadia Schujman, también abogada de Hijos y la Secretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia señaló que la estrategia de Díaz Bessone para evitar la persecución penal no es novedosa. "Es lo mismo que quisieron hacer (Domingo) Bussi y (Luciano) Menéndez. Díaz Bessone está procesado en otras causas, pero aún, a los 86 años, no tiene condenas. Sin dudas la pericia de parte deja en claro que tiene capacidad de comprender los delitos por los que se lo acusan, al punto que en la entrevista responde que él no mató ni torturó", expresó Schujman.

El clima previo a la audiencia era pesimista. Incluso, cuando ingresó el vehículo que llevaba a los jueces y otros funcionarios judiciales a la audiencia, los manifestantes estallaron al grito de "Tribunales, les queremos avisar, que si no le dan perpetua, qué quilombo se va a armar". Muchos de los presentes daban por hecho que Díaz Bessone lograría ser apartado del juicio. Todo cambió cuando los abogados de las querellas salieron de la audiencia.

"El tribunal interrogó a los peritos oficiales sobre el alcance de la conclusión que habían escrito en su pericia y dejaron bien claro que Díaz Bessone comprende la acusación que pesa sobre él y que puede seguir sometido a proceso, que era el punto de pericia, y como la respuesta en la pericia oficial era un tanto ambigua, decidieron ampliarla", indicó Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quien se mostró también muy optimista y destacó el trabajo de Pellegrini, Felibert y Mousalli. "La pericia de parte era excelente porque no sólo contestaba los puntos con total fundamento sino que hacía una descripción cricunstanciada de lo que había pasado, habían contado de qué manera respondía, con quién estaba, no sólo cómo respondió al test". La resolución será hoy, a las 9.30, en el Tribunal Oral Federal número 2, pero Durruty consideró que "no hay ninguna posibilidad de que sea en contra de las dos pericias".

También Oberlin destacó el trabajo de los peritos, que integran el sistema público de salud. "Miño intengó sustraer a Díaz Bessone del proceso penal, y gracias al peritaje muy correcto, que describía exactamente la situación, ese intento quedó sin fundamento. Sin ese instrumento no hubiera podido el Tribunal completar las conclusiones de la pericia oficial. Estamos muy confiados que se logre que Díaz Bessone continúe en el proceso. Creemos que de la audiencia no quedó duda", afirmó la abogada.

Diaz Bessone: ahora el genocida se hace el depresivo

Mañana deciden si puede seguir siendo sometido a juicio
El mismo argumento del viejo achacado

Un cuerpo forense habló de su "deterioro cognitivo moderado y un síndrome depresivo que debilitan su psiquismo". Pero peritos de parte sostienen que el imputado puede seguir siendo enjuiciado, aunque podría hacerlo desde su domicilio.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 resolverá mañana si el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone puede seguir siendo sometido a juicio, o si su estado de salud lo impide. Lo hará luego de escuchar vía teleconferencia la explicación de los peritos del Cuerpo Médico Forense, que el jueves último arribaron a la ciudad, con ese fin. Para estos tres profesionales "Díaz Bessone presenta un deterioro cognitivo moderado y un síndrome depresivo que debilitan su psiquismo. Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, al momento del examen, no se encuentra en condiciones psíquicas de estar en juicio en audiencia de debate. Desde el punto de vista físico no se evidencian modificaciones significativas en el estado neurológico al momento actual". Asi reza el parte del cuerpo médico forense de la Corte firmado por los doctores Mónica Herrán, Celmina Guzmán, Esteban Toro Martínez, Néstor Estevez y Nicolás Fiore.

Sin embargo los tres peritos de parte puestos por la querella -Gisela Felibert, Oscar Pellegrini y Mauricio Moussalli, quienes son profesionales del sistema de salud público de Santa Fe- el imputado está en condiciones de seguir en juicio, aunque comparten con los de la Corte en este momento que debería seguirlo desde su domicilio.

En tanto desde la agrupación Familiares convocaron a manifestarse frente a la Cámara Federal ( Entre Ríos y Urquiza) el lunes a las 11 "para decirle a los jueces que separarlo del juicio sería una burla a los sobrevivientes, a la memoria de nuestros compañeros y a la democracia misma".

"Aun considerando el grado moderado de afectación cognitiva que plantea el escrito pericial oficial, entendemos que ese nivel de afectación no priva al periciado de su capacidad comprensiva para permanecer en el juicio que se le lleva adelante. Si bien coincidimos en licenciar al mismo de su permanencia en la sala de audiencias para disminuirle los niveles de estrés concomitantes y permitirle que pueda seguir dicho proceso en su ámbito domiciliario".

Según el informe de los peritos de parte, los achaques de salud de Díaz Bessone no son muy distintos de los de cualquier hombre de su edad. "Si bien sus funciones psíquicas se encuentran lentificadas, solidario con los tiempo propios de una persona de 86 años, esto no impide que el mismo comprenda y perciba con claridad", observaron los profesionales.

Los médicos de la salud provincial hicieron alusión en su escrito al parte del Hospital Militar del que fue dado de alta Díaz Bessone tras haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) en octubre pasado, en el que constaba "que el paciente fue dado de alta con buena evolución, deambula con uso de asistencia, mejora su labilidad emocional". Los peritos constataron que desde aquel momento a la actualidad, "hay una mejora significativa, ya que en la actualidad deambula solo".

El informe consigna que ante la pregunta de cómo se siente, Díaz Bessone responde con la obvia actuación: "mal, decaído, olvido nombres, medicinas, el pasado". Y más adelante ante una consulta similar responde, como si le hubiera recomendado un especialista: " ahogo, confusión, perturbación".

Para la abogada querellante Gabriela Durruty "la contundencia del dictamen pericial de Pellegrini, Felibert y Mousalli no dejan lugar a la duda: Díaz Bessone tiene capacidad para ser sometido a proceso. Solo debemos estar a algunas de las escenas sucedidas durante la pericia para comprender la veracidad de esta afirmación. Preguntado acerca de las imputaciones que pesan sobre él responde: "Nunca maté ni torturé" Luego dirá "Yo no cometí delito". "Soy católico profundo, confío en Dios". Luego agregará: " Yo no cometí delito, no tengo dinero, me ayudan mis hijos".

Para Durruty "las respuestas están en la misma línea de su defensa material, en sus ampliaciones indagatorias en el juicio el procesado sostuvo afirmaciones similares. Comprende perfectamente lo que ocurre. Dice tener abogado y que no le interesa la causa. Se trata de una estrategia defensista, la última, para evitar la justeza de una sentencia condenatoria" amplía al abogada.

Para la abogada "sería de una gravedad supina que se le permita tener éxito y salir impune luego de casi dos años de juicio. Estas estrategias no son nuevas, al contrario, proliferan entre los genocidas, recordemos a Massera, cuya lucidez solo fue reconocida por los peritos italianos, a Pinochet parándose de su silla de ruedas al arribar a Chile luego de burlar a los peritos británicos, a Patti, entrando en camilla a la sala de audiencia, a Bussi, escudándose en un respirador, y podríamos seguir".

Según Durruty "la pericia ofrecida por esta querella debe contrastarse con una ambigua opinión de los peritos oficiales y de la propia defensa que realmente no responde la pregunta del tribunal. Diaz Bessone debe seguir en juicio y ser condenado a prisión perpetua a cumplirse en cárcel común".