Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

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miércoles, 14 de marzo de 2012

La sentencia se conocerá el próximo 26 de marzo

Los represores hablaron

Las chicanas de Chomicki -un civil integrante de la patota que está siendo juzgada por la comisión de privaciones ilegales y torturas- contra las abogadas querellantes fueron parte de la audiencia de ayer, donde ex policías expusieron por última vez.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 escuchó ayer en el marco de la causa Díaz Bessone a imputados, quienes expresaron sus palabras finales. Todos los presentes hicieron uso de la palabra, salvo Ramón Genaro Díaz Bessone, que alegará desde sus domicilio en fecha a designar por el tribunal. El Ciego Lofiego dijo que "actuó en un estado de necesidad exculpante producto del andamiaje jurídico represivo del terrorismo de estado sobre la estructura policial". José Scortechini señaló no haber estado en el Servicio de Informaciones al momento de los hechos, mientras el represor Mario Marcote negó la calidad de "clandestino" de dicho centro de detención, aunque no negó haber estado allí. Por su parte, Ramón Vergara optó por el silencio. Pero el más polémico fue Ricardo "Cady" Chomicki, quien cargó contra las abogadas querellantes que pidieron 25 años de condena en su contra por haber sido parte del aparato represivo. "La querella compro una historia a libro cerrado sin verificar nada, estamos ante un hecho de incompetencia extrema. Si lo verificaron y lo usaron igual son unas inescrupulosas", disparó. Y señaló a la abogada Gabriela Durruty como "la vocera de un grupito de militantes que afirman mentiras desde 1984". "Todos los testigos hicieron referencia a mi condición de preso. La calidad de agente se le ocurrió como única opción para juzgarme y no surge del debate, ni de los testimonios: la doctora Durruty tiene una frondosa imaginación" ironizó el Cady.

La abogada Leticia Faccendini indicó que "los imputados ensayaron la misma defensa que venían practicado en sus ampliaciones de indagatoria, que, puestas en su contexto, representan verdaderas confesiones. En el caso particular del imputado Chomicki, en un último intento de defenderse, intentó confundir ante el tribunal los medios con los fines. El equipo jurídico es solo el medio por el cual llevamos a la audiencia el reclamo de justicia de los testigos que desfilaron por la audiencia como lo habían hecho desde 1984 por los distintos estrados judiciales. Hacer foco en las abogadas es obviar, una vez más, la incontrastable cantidad de prueba en su contra que se ventiló en las audiencias".

Por su parte Elida Luna de Familiares recordó que "Chomicki es un civil integrante de la patota que está siendo juzgado por la comisión de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos agravados y de integrar la asociación ilícita que los cometió junto con los co﷓acusados" y criticó su actitud de" dirigir sus lamentos y sus insultos particularmente a la figura de nuestras abogadas".

"Es intención de Familiares dejar bien en claro, una vez más, que quienes acusan a Chomicki no son cuatro abogadas, sino sus víctimas, las víctimas del servicio de informaciones, quienes lo acusan fehacientemente desde hace más de tres décadas, y cuyo número excede en mucho al grupo de querellantes que las compañeras abogadas representaron en este juicio oral y público. No explicó Chomicki por qué todos estarían complotados por más de treinta años en su contra, y mucho menos explicó por qué dio dos versiones tan distintas a través de los años en sus distintas declaraciones indagatorias. Es la hora de la verdad y de la justicia. La decisión queda ahora en manos del tribunal que no debe olvidar que el juicio de la historia es inapelable", apuntaron en un comunicado de prensa Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH y Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La sobreviviente Marta Bertolino también replicó duramente el alegato del Cady: "Chomicki argumenta una conspiración urdida contra él (y Folch) que tendría como fin aplicarles el 'código revolucionario', que castiga duramente a los traidores. O sea, los sobrevivientes los castigan por haberse quebrado, y como lo único que tienen a mano es el Código Penal de la Nación, les inventan delitos a él y a Folch que son ¡pobres víctimas! No explica por qué, con esa misma lógica, conspiraciones similares no estarían operando sobre tantos ex﷓detenidos﷓desaparecidos que según el imputado Chomicki delataron a sus compañeros, punto en el que se explayó tratando de pasar por la cloaca a unos cuantos sobrevivientes, con frases que se acercaron mucho a las pronunciadas oportunamente por Marcote y Scortecchini y con una sensibilidad que lo aúna claramente al grupo de los represores".

Posteriormente, el TOF 2 fijó como fecha de sentencia el lunes 26 de este mes. Se dará a conocer a las 12 del mediodía.

domingo, 12 de febrero de 2012

Amelong, el genocida quiere ejercer de abogado

Apeló la sus pensión y recuperó la matrícula para ejercer. El represor recusó al tribunal

El Colegio de Abogados de Rosario debía resolver ayer si retiraba la matrícula del abogado-represor, pero Amelong impugnó a integrantes del Tribunal de Etica por lo que el plenario volverá a reunirse en 15 días. Mientras tanto, podrá ejercer.

Juan Daniel Amelong llegó ayer al Colegio de Abogados para hacer uso de su derecho a defensa en la reunión del Tribunal de Etica convocada para tratar la suspensión de su matrícula. Condenado el 15 de abril de 2010 a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común por crímenes de lesa humanidad, el ex militar apeló y pidió la nulidad de la suspención de su matrícula, resuelta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados, el 28 de diciembre pasado. Ante ello, la asamblea se postergó por 15 días. En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal por el fallo que en diciembre pasado revocó la cancelación de la matrícula del represor decidida por el directorio del Colegio el 4 de agosto pasado. Si la Cámara acepta el planteo de Del Vecchio, éste será elevado a la Corte Suprema de Justicia provincial para su resolución. Al mismo tiempo, ayer venció el plazo de suspensión preventiva de la matrícula del ex militar decidida a fines de diciembre pasado, por lo que desde hoy está habilitado para jercer.

El ex militar fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario, en 2010, en el marco de la causa Guerrieri, por la desaparición de 17 personas. En agosto del año pasado, el directorio del Colegio decidió cancelarle la matrícula. Del Vecchio recordó que la decisión se tomó porque "el doctor (Amelong) refrenda lo que se ha hecho con los delitos de lesa humanidad". En ese sentido, señaló: "Tenemos que velar por todo el foro, y asegurar a toda la población rosarina que quien ejerza la profesión de abogado lo haga dentro de los mínimos planos de ética; por eso le cancelamos la matrícula".

La resolución institucional provocó que el año pasado el defensor de Amelong, Gonzalo Miño presentara un recurso de apelación ante la Cámara Penal. La respuesta de la Cámara de Apelaciones en lo penal llegó el 13 de diciembre pasado, cuando la Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, dejó sin efecto la resolución del directorio por dos motivos expresados en el fallo: el Tribunal de Etica del Colegio no se había expedido al respecto, y la condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad no está firme, está a revisión de la Cámara de Casación.

En consecuencia, el viernes 3 de febrero, Del Vecchio presentó un recurso de inconstitucionalidad de ese fallo, que será contestado la semana próxima. Si esa instancia es aceptada por la Cámara Penal, la presentación para cancelar la matrícula del represor será elevada a la Corte provincial.

Posteriormente, la presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, Isabel Fernández Acevedo, citó de urgencia a una asamblea que se realizó el 28 de diciembre, en la que se votó --siete a dos-- la suspensión provisoria de la habilitación del represor para ejercer la abogacía. El plazo venció ayer y Amelong pidió la nulidad de dicha reunión porque no se dio a conocer quiénes integraban el Tribunal para tomar esa decisión.

Al cumplirse la fecha establecida en diciembre, los miembros se reunieron ayer para evaluar la continuidad de la medida preventiva. Al encuentro fue citado el ex militar con su defensor, quien presentó una serie de planteos, entre los que hay una recusación de los miembros que conformaron el Tribunal de Etica. Ayer, Enrique Sirio, Carmen Borghini, María Rosa Galardi, Mónica Vittola, Julián Cochero, Héctor Morelli, Eduardo Tetamantti, Susana Hercovich, Carlos Almada y el vicepresidente del cuerpo, David Nardiello --quien presidió la asamblea ante la ausencia de la presidenta, que se excusó de votar ya que firmó como querellante de la causa en la que fue condenado el represor en cuestión--, estaban dispuestos a votar, pero ante la apelación de Amelong, debió posponerse la votación. Nardiello señaló que "el Tribunal de Etica se vio obligado a citar a un nuevo plenario, en 10 o 15 días para evaluar esos planteos".

Ante la sorpresa que causó la presencia de Amelong en los Tribunales Provinciales, Nardiello afirmó que "no fue circunstancial"; sino que la reunión permitió "al denunciado tener la oportunidad de recusar a los miembros del Tribunal". "Se le garantizó a Amelong el derecho a la defensa", concluyó.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Amelong: Ud. genocida no puede ser abogado

Medida contra el represor Amelong
Matrícula suspendida

 Por José Maggi

Desde Rosario

El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, citado ayer en forma urgente por su presidenta, Isabel Fernández Acevedo, suspendió en forma provisoria la matrícula del represor Juan Daniel Amelong. La medida fue en respuesta a la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que días atrás revocó la decisión del mismo Colegio de cancelar la matrícula del ex militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. La medida es provisoria y fue apoyada por siete de los nueve miembros presentes.

El titular del Colegio de Abogados rosarino, Ignacio Del Vecchio, explicó que los integrantes del Tribunal de Etica volverán a reunirse en 10 de febrero para definir si la anulación de la matrícula de Amelong será definitiva. Del Vecchio analiza presentar, además, un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y recurrir a instancias superiores. Si es necesario llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el tema.

De acuerdo con el titular del Colegio, para la suspensión de la matrícula del represor el Tribunal analizó la condena a prisión perpetua que pesa sobre Amelong por delitos de lesa humanidad, que aún no está firme porque fue apelada por su defensor.

En cuanto a la resolución de la Cámara Penal de Apelaciones que levantó la suspensión de la matrícula porque el caso no había sido analizado por el Tribunal de Etica del Colegio, Del Vecchio aclaró que “lo que hizo el directorio fue cancelar la matrícula y no suspenderla”.

El presidente del Colegio del foro local agregó que la determinación se tomó “no en base al caso concreto de la condena por delitos de lesa humanidad, sino en función de que los integrantes del directorio entendimos que el doctor Amelong no reunía los estándares mínimos para el ejercicio de la profesión en forma decorosa”.

“Nosotros somos un ente público no estatal y como tal la ley especifica que tenemos que velar por el decoro del foro”, abundó Del Vecchio con respecto a la decisión de Colegio de Abogados de Rosario.

Amelong fue condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en una causa que ventiló los pormenores del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu de Rosario y en la denominada Quinta de Funes.

El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó también en aquella oportunidad al ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles de inteligencia Walter Pagano y Eduardo Costanzo.