Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 22 de mayo de 2016

El ex juez que quiere volver a casa

Vera Candioti condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula Cortassa. .

El ex juez que quiere volver a casa

Está juzgado en el marco de la causa por terrorismo de Estado en Santa Fe. El defensor oficial pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. Los abogados querellantes se oponen.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La defensa está muy activa para lograr la vuelta a casa del ex juez de Menores Luis María Vera Candioti, condenado a 15 años de prisión por borrar la identidad de María Carolina Guallane/Paula Cortassa, pero entre los allegados de aquel se admite en público que el intento "es difícil". El defensor oficial Martín Gesino pidió el arresto domiciliario del ex magistrado por el "frágil estado de salud" y la edad de su defendido que ya tiene 76 años. El fiscal Martín Suárez Faisal no opuso "objeciones" a que se le conceda el beneficio. La abogada Zulema Rivera que patrocina a Carolina solicitó -antes de expedirse- que Vera Candioti pase por "un examen del Cuerpo de Médicos Forenses (CMF)" de la Corte Suprema de la Nación. Y los querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano, rechazaron el pedido de Gesino por la "precariedad probatoria" que lo "fundamenta" (el "certificado médico privado" de un "amigo" de Vera Candioti), apoyaron la "pericia médica" y advirtieron sobre el "peligro de fuga". El Tribunal ordenó un "examen médico exhaustivo" del ex juez, a cargo de peritos de la Corte y remitir el "dictamen" al Servicio Penitenciario Federal para que "informe si cuenta con dependencias aptas para alojar a una persona en las condiciones señaladas en dicha pericia y brindarle las atenciones necesarias".

En la sentencia del 28 de abril que condenó a Vera Candioti y al otro imputado por el caso Carolina, coronel Carlos Enrique Pavón (a 13 años de prisión), el Tribunal revocó las excarcelaciones de ambos y decidió que cumplan la pena en el Servicio Penitenciario Federal. Esta semana, Pavón sumó el segundo pedido de "detención domiciliaria" por razones de salud para evitar su traslado a los complejos de Ezeiza o Marcos Paz, pero el fiscal aún no dictaminó y las querellas no respondieron las vistas.

En ese veredicto, el Tribunal explicó por qué mandaba a Vera Candioti y a Pavón a una cárcel federal. Se trata de "penas graves" y "cumplimiento efectivo" que "aportan un mayor énfasis, a la presunción de que en caso de mantener la libertad, los imputados habrán de eludir la acción de la justicia", dice el fallo de los jueces Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.

El 4 de mayo -a los tres días hábiles de la condena-, Gesino pidió la "detención domiciliaria" de Vera Candioti, que hoy está en Las Flores. Y la fundamentó en el "frágil estado de salud" del ex juez, que sumado "a su avanzada edad, exige control estricto y permanente" de sus dolencias. "Resulta aconsejable" la vuelta a casa -dijo- para que su "asistido" tenga "óptimo tratamiento" y la "ayuda y contención de su núcleo familiar".

Es más, Gesino descartó "por completo" un "posible riesgo de fuga" de Vera Candioti ante un eventual arresto domiciliario porque "lo único que desea es permanecer con su familia". Un "detenido tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad" y "el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad", planteó el defensor.

El fiscal Suárez Faisal dictaminó que "no tenía objeciones" ante el pedido de la defensa. Pero el Tribunal dio otro paso y corrió vista a las querellas. La abogada de Carolina solicitó un "examen médico" de Vera Candioti a cargo de peritos de la Corte -que es el que se ordenó-. Y los abogados de Abuelas, rechazaron el pedido de Gesino por su "precariedad probatoria". "El mero certificado" de un "médico privado amigo de la familia" "no es prueba determinante", plantearon Bereciartúa y Moyano.

"El Servicio Penitenciario Federal cuenta con los medios apropiados para atender las necesidades de salud de los detenidos a su cargo, ya sea en el complejo de Ezeiza o en el de Marcos Paz", dijeron los abogados de Abuelas, en otro retruque a la defensa. "De ninguna manera se demuestra que el alojamiento carcelario vulnera" el derecho del imputado "a ser tratado humanamente y con respecto a su dignidad personal".

Los abogados de Abuelas citaron fallos de la Cámara de Casación que coinciden que la "prisión domiciliaria" es "una excepción" al "principio general" de que la pena "debe cumplirse en un establecimiento penitenciario" y por lo tanto "debe interpretarse de manera restrictiva". Explicaron que el beneficio "no es automático" y "se debe evaluar en cada caso concreto" y que "la discrecionalidad del juez" para otorgarlo "debe ser utilizada de manera racional y para un uso adecuado".

Según los querellantes de Abuelas, "son tres los componentes que entran en tensión" a la hora de otorgar la prerrogativa, entre los que el Tribunal "debe encontrar el equilibrio justo": "las razones humanitarias, el interés colectivo y la gravedad del hecho". Y explicaron por qué:

"No existen razones humanitarias que impidan la prisión efectiva" de Vera Candioti, que "goza de un estado de salud acorde a su edad, al menos hasta que se demuestre objetivamente lo contrario, y puede ser perfectamente controlado en una unidad penitenciaria, no transformándose así de ningún modo en un trato cruel, inhumano o degradante".

"El interés colectivo que se pone en juego ante delitos de lesa humanidad es trascendental, ya que son hechos ilícitos que no sólo afectan a las víctimas directas sino también a la sociedad toda y el Estado asumió la obligación internacional de perseguirlos y penarlos".

"La gravedad de los hechos" por los que se condenó a Vera Candioti "es de tal entidad que han sido perpetrados con el más alto nivel de violencia posible, la violencia del terrorismo amparados en la estructura del Estado, procurándose así, durante todo estos años, la impunidad".

domingo, 8 de mayo de 2016

Rafael Luis Galli, ex decano de la Facultad de Ingeniería durante la dictadura

Un cómplice escondido entre los trenes

Se presenta como mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren, a la que acuden niños de todas las edades cuando la presenta. Pero lo que oculta este ingeniero es su participación en la dictadura como decano de una facultad que tuvo muchos desaparecidos.

  Por José Maggi

El ingeniero Rafael Luis Galli, se presenta públicamente como el mentor de la muestra de ferromodelismo Mundo Tren. En ese rol ha desplegado su muestra en escuelas y ante estudiantes de distintos niveles tanto en ámbitos privados y públicos, como el Planetario Municipal hasta hace pocos meses. Lo que Galli no cuenta y que la enorme mayoría de padres y docentes no saben es que detrás de ese rostro de viejo bueno, de abuelo sensible por los trenes, se esconde la historia de cómplice civil de la última dictadura: "El ingeniero Galli tiene sus manos manchadas con sangre, fue el decano de Ingeniería, que tiene estudiantes secuestrados y docentes desaparecidos. Quiero contarlo porque no creo que en su curriculum diga 'fui el decano de Videla'. Yo lo sufrí en carne propia: me suspendió de la facultad cuando me faltaban un par de materias para recibirme y tuve que irme del país". La confesión corre por cuenta de Juan Jaureguiberry, quien en el año 1979, sufrió la persecución en esa casa de altos estudios a instancias de quien era un eslabón civil en la represión de los claustros universitarios, y quien firmaba los decretos de suspensión, debajo del nefasto interventor Humberto Riccomi.

-¿Quién es Rafael Luis Galli?

-El ingeniero Galli fue el decano de la facultad de Ingeniería durante casi todo el período de la dictadura militar, desde 1976, no recuerdo bien la fecha pero antes hubo una breve intervención de un militar a cargo después del golpe y cuando subieron las autoridades civiles que aceptaron gestionar la universidad, Galli se hizo cargo del decanato.

-¿Cómo lo conoció?

-Era alumno de Ingeniería Mecánica, entré en el 74 a la facultad, y venía del Politécnico, donde habíamos formado el Centro de Estudiantes en el 72, en la dictadura de Lanusse. En el 75 fui elegido miembro de la Comisión directiva del centro de estudiantes. Cuando ocurre el golpe pasamos de algún modo a la clandestinidad simbólica en la facultad de Ingeniería. Seguimos gestionando igual, a pesar de que había muchas restricciones: no había Consejo Directivo, no había nada. El decano tenía el poder absoluto concentrado para la aplicación directa de un régimen de exclusión de la universidad, de persecución política y donde estaba prohibida toda actividad política. Hay una placa con los nombres de las verdaderas victimas. Quiero decir que Galli asume en un momento donde venían de ser secuestrados varios profesores del Departamento de Física, como Eduardo Pasquini y Julia Huarque que nunca más aparecieron. En esa época hubo varios allanamientos sobre muchos otros docentes. Recuerdo a Ferraro de Matemáticas y realmente era un clima de intimidación terrible sobre todo en el movimiento estudiantil y docente de la facultad de Ingeniería.

-¿Había cesantías, suspensiones, persecuciones en esa época?

-Hubo un régimen de terror durante un período con secuestros y desapariciones con las direcciones precisas que evidentemente venían de las inscripciones en los padrones de la facultad. Hubo muchos allanamientos y hubo muchos estudiantes que se mudaron y se fueron a vivir a otro lado, porque era gente que estaba muy marcada. Por supuesto que mantuvimos niveles de organización, como en el 78, acompañamos a la Comisión de la OEA durante el Mundial en la que pudimos rescatarlo a Sergio Schilman de adentro de la Jefatura.

-¿Hubo algún blanco elegido especialmente en Ingeniería?

-Bueno, el departamento de Física fue el lugar principal donde ellos se ensañaron desde el primer momento. Había allí un grupo de docentes muy comprometido, y también en el Departamento de Matemáticas, entre ellos Carlos Meritano, que luego fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ya en tiempos de López Rega en la facultad de Ingeniería había un foco de resistencia grande de docentes, que fueron puntal de la APDH.

-¿Le tocó vivir algún capítulo puntual con Galli?

-A finales del año 1979, presentamos un petitorio y juntamos firmas contra el turno castigo. Esta era una de tantas trabas que se habían implementado en la universidad, por el cual si rendías mal una mesa no la podías tirar en la segunda ni en la tercera sino que tenías que ir al otro período. Si te iba mal en diciembre, pasabas a marzo derecho. El objetivo era retrasar a los estudiantes, enmascarado en la idea de calidad. Estaba por recibirme, mientras trabajaba en una fábrica. Pedimos una entrevista, siempre a titulo personal, porque no estaba permitido el centro de estudiantes. El día de la reunión con el decano uno de los alumnos no vino, asi que el secretario académico de apelldio Canoba -un hombre muy vinculado al decano de Filosofía de entonces de apellido Luraschi, famoso por recibir a los alumnos con una pistola sobre su escritorio- me preguntó si quería pasar. Me llamó por mi nombre, ya que me conocía desde el Politécnico donde era instructor de ajedrez, y yo fui jugador. Me hizo pasar a la entrevista y dos meses después me iniciaron un sumario en el Rectorado por suplantación de identidad y falsedad ideológica, como si yo me hubiese hecho pasar por el otro alumno que no había ido.

-¿Qué te implicó el sumario?

-Lo curioso es que el sumariante de apellido Chedes, en un primero momento rechazó instruir el sumario porque entendía que no había fundamentos. Pero me enteré después que fue el mismo Rafael Galli quien exigió mi sanción, y usó todo su poder interno en rectorado para exigirlo. Finalmente me sancionaron. Entonces me dan seis meses de suspensión justo cuando me estaba por recibir, tenía 44 materias aprobadas. Todo vino acompañado de un serie de amenazas sobre mi persona por gente vinculada a la CNU y al final aparece alguien que me aconseja desaparecer de la facultad, y me fui del país por un período y después nunca más termine la carrera.

-¿Alguna vez se lo cruzó a Galli?

-Lo encontré a Galli una vez en un cine del centro, sentado delante mío, obviamente ya en democracia. Me sentí muy violentado emocionalmente, y cuando salimos lo increpe a los gritos en el hall. Le dije que todos se tenían que enterar que ese hombre había sido el decano de la dictadura, que tenía las manos manchadas de sangre, porque evidentemente durante su gestión se secuestraron y desaparecieron estudiantes. Sabemos que ellos pasaban información, y que el grupo que se manejaba en el decanato podía entrar sin golpear la puerta. Cuando terminé de gritarle, solo me contestó: 'vos no sos nadie'.

María Carolina Guallane estuvo secuestrada y desaparecida en manos del Ejército

"La tenían para torturar a su padre"

Es la conclusión a la que arriba el juicio de la megacausa sobre el destino de María Carolina Guallane cuando era sólo una niña de 13 meses. Estuvo 58 días en manos del Ejército.

  Por Juan Carlos Tizziani  - Desde Santa Fe.

El fiscal Martín Suárez Faisal dijo que el juicio por la megacausa permitió descubrir y probar que María Carolina Guallane/Paula Cortassa estuvo "desaparecida 58 días", "en poder del Ejército Argentino" cuando era una niña de 13 meses, lo que fortalece "la hipótesis de que la tuvieron secuestrada en un centro clandestino de detención para torturar a su padre, Enrique Cortassa". "No tengo dudas sobre eso porque si no el Ejército la hubiera entregado antes", dijo en un diálogo con Rosario/12. El proceso terminó la semana pasada con la primera sentencia en la Argentina a un juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, a 15 años de prisión por borrar la identidad de Paula y condenas a dos militares: Carlos Enrique Pavón (13 años) y Domingo Morales (22 años) y un comisario: Juan Calixto Perizotti (prisión perpetua). Y dejó un legado: la cantidad de pruebas que se volcarán en otras investigaciones, las certezas de cómo operaba el terrorismo de estado y el valor simbólico. "Se juzgaron hechos que marcaron profundamente a la sociedad santafesina por su crueldad y violencia, como los operativos de fuerzas conjuntas en Ituzaingó y Las Heras y en la casa de calle Castelli al 4500 (donde vivía Paula)", así que la sentencia será "un gran aporte a la verdad de lo que ocurrió en Santa Fe", sintetizó el fiscal.

En noviembre, cuando declaró ante el Tribunal -integrado por Ricardo Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo-, Carolina dijo que había un bache en su vida, "una parte de la verdad" estaba "pendiente". Y "quería saber qué hicieron" con ella, desde el 11 de febrero de 1977 cuando sobrevivió a la masacre de su familia hasta el 13 de mayo de 1977, cuando Vera Candioti se la entregó a un matrimonio de Venado Tuerto, Jorge y María Guallane, adoptantes de buena fe. Ellos la recibieron "al borde de la muerte", con un cuadro de "shock emocional, tuberculosis, desnutrición, hepatitis", "problemas de motricidad, edemas en las piernas que hacen suponer que me metieron en un cajón y por eso caminé recién a los tres años", recordó. "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses", desde el secuestro hasta la adopción. "¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique?", le preguntó a los jueces. "Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos -los represores- me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", planteó.

Según el Ministerio Público, los días "en negro" en la vida de Paula fueron 58, desde el ataque militar del 11 de febrero de 1977 "hasta el primer día que tenemos registros en un lugar público (8 de abril de 1977), Paula estuvo 58 días sin que se sepa su real destino", explicó el fiscal.

-¿Coincide con la hipótesis de que la nena fue secuestrada para torturar al padre?

-Si, si. Yo creo que no hay dudas de eso. Porque si no el Ejército la hubiera entregado mucho antes.

-Hay un bache de muchos días.

-Si, nosotros contamos 58 días en los que estuvo fuera de cualquier institución oficial vinculada a los menores como el Hospital de Niños, la Casa Cuna o alguna guarda provisoria de una familia sustituta.

-¿Desaparecida?

-Si, durante esos días estuvo desaparecida, no se sabe dónde. La última vez que se la vio (en la casa de Castelli) fue en manos del Ejército y volvió a aparecer a través de una nota firmada por Pavón, también del Ejército. Quiere decir que en ese lapso estuvo en el Ejército Argentino. Y nadie nos ha explicado por qué. Pavón se ocupó de decir que no tenía nada que ver con el hecho, pero no dijo qué había pasado con Paula Cortassa durante ese tiempo -respondió Suárez Faisal.

El juicio probó el destino de los padres de Paula. Enrique Cortassa sigue desaparecido y Blanca Zapata, embarazada de siete meses, agonizó once días. "Lo que más me marcó es que cuando fuimos al barrio -en una inspección judicial a la casa de calle Castelli-, los vecinos de esa época nos contaban lo que había pasado, cómo habían llevado a Paula en una sábana ensangrentada, cómo sacaron a Blanca Zapata sin ninguna herida en su cabeza, aunque luego murió como consecuencia de un disparo en el cráneo. Y nos confirmaron que se llevaron vivo a Enrique Cortassa, lo que después nos dio la hipótesis de que esos casi dos meses que Paula estuvo en un destino incierto evidentemente fue usada para torturar a su padre", precisó el fiscal.

-¿Y hoy Vera Candioti es el primer juez de Menores condenado en el país?

-Era parte de un engranaje dentro del plan sistemático, un eslabón en la cadena que posibilitó que Paula Cortassa perdiera su identidad hasta que la recuperó por su propia iniciativa (22 años después). Tuvo una actitud absolutamente descuidada respecto de los derechos de la niña y eso es muy grave porque él representaba al Poder Judicial de Santa Fe, era la autoridad en materia de menores en la mayoría de los departamentos de la provincia, debía asegurar que se respetaran los derechos de los menores y en particular de los que estaban en una situación de vulnerabilidad muy grande como se probó en el caso de Paula Cortassa. Pero en vez de garantizar esos derechos personalísimos a la identidad, a conocer su historia, a encontrarse con su familia de origen, se aseguró de que eso no pudiera ocurrir. Porque salteó de la lista (de adoptantes) a unas 20 familias para entregarle la niña a la que estaba más lejos, en Venado Tuerto, que eran los Guallane, que la adoptaron de buena fe, que quizás sospecharon cuál era su origen pero nunca tuvieron información fidedigna de dónde provenía. Y esto sólo pudo ser descubierto después de muchos años, por el esfuerzo de Paula y la ayuda de muchas personas y organismos de derechos humanos -concluyó.

viernes, 29 de abril de 2016

Luis María Vera Candioti fue condenado en Santa Fe a 15 años de prisión.

Fue encontrado culpable de “retener y ocultar” a Paula Cortassa/María Carolina Guallane, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato”.

"LO HEMOS LOGRADO"
Por Juan Carlos Tizziani

El Tribunal Oral de Santa Fe dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti (15 años) por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. "Es lo que pretendía, que se hiciera justicia", dijo conmocionada.

El ex juez Luis María Vera Candioti siguió el juicio en una sala contigua al tribunal.
El Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por cuatro jueces de Rosario– dictó ayer la primera sentencia en el país a un ex juez de menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, por borrarle la identidad y su historia a una beba de 14 meses, María Carolina Guallane, quien recién recuperó su nombre, Paula Cortassa, 21 años después. La condena fue por tres cargos: “retener y ocultar” a la niña, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato” y la pena: 15 años de prisión de “cumplimiento efectivo”. Ayer Vera Candioti ya no pudo volver a su casa. Carolina escuchó el veredicto en la sala de audiencias y lloró. “Es lo que pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado”, dijo ya en la calle, aún conmocionada por un fallo que consideró “ejemplar”.

Los otros dos imputados por el caso también resultaron culpables: el tribunal condenó al coronel Carlos Enrique Pavón a 13 años de prisión por los mismos delitos de Vera Candioti, más “falsedad ideológica de documento público” y al comisario Juan Calixto Perizzotti a “prisión perpetua” porque también lo juzgaron por el asesinato 16 montoneros, entre ellos los padres de Carolina, Enrique Cortassa y Blanca Zapata y el secuestro y tortura de otros cuatro. El cuarto acusado, otro coronel del Ejército, Domingo Morales, fue sentenciado a 22 años de cárcel por “asociación ilícita” y el “homicidio” de tres militantes.

El Tribunal ordenó detener a Vera Candioti y Pavón, que terminaron en la cárcel de Las Flores, mientras que Perizzotti y Morales seguirán en prisión domiciliaria.

A las 10 de la mañana, los cuatro acusados tenían la chance de decir sus últimas palabras, pero el único que habló fue Pavón. Sorprendió al confesar que los delitos que se juzgaban eran “aberrantes”, pero dijo que él no había participado, que era inocente, aunque tampoco explicó cómo habían ocurrido. Pavón puso a Carolina a disposición del ex juez Vera Candioti, con una nota del Ejército falsa, fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes del operativo militar que masacró a los Cortassa, en su casa de calle Castelli al 4500, el 11 de febrero de 1977. Enrique está desaparecido desde entonces y Blanca Zapata agonizó once días, con un embarazo a término.

Al mediodía, el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez, leyó el veredicto: perpetua para Perizzotti, 22 años de prisión para Morales, 15 años para Vera Candioti y 13 para Pavón. La condena más alta es la que habían pedido los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné y las otras están en la escala que solicitaron el fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa. Los fundamentos se conocerán el 21 de junio, a las 12.

El veredicto salió por mayoría, con dos disidencias parciales. El juez Omar Digerónimo calificó a los “delitos de lesa humanidad” por los que se condenó a los imputados como “genocidio” en los términos de la “Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948”. Y es el primer voto en esa línea en Santa Fe. Mientras que su colega, Beatriz Cavallero de Barabani, se inclinó por reducir la pena de Pavón de 13 a 10 años de prisión.

“¿La verdad? Estoy sorprendida”, dijo Carolina. Y era por la “trascendencia” del fallo y los montos de las penas a Vera Candioti y Pavón, que “cumplirán en una cárcel”. “Este es un ejemplo de la justicia que soñamos y queremos. Ojalá que en todos los juicios que vienen, los jueces actúen como actuaron en éste. Me voy satisfecha, aliviada, llena de tranquilidad. Es uno de los tantos alivios que obtuve en estos años, como los anteriores, cuando recuperé la identidad (en 1998) y me devolvieron los restos de Blanca (en 2000). Hoy es un alivio más.”

Carolina vivió la audiencia de ayer como la posibilidad de saldar una etapa. “Dar vuelta una página en el libro” de su historia, explicó. “A partir de ahora, intentaré ver la vida de otra manera, quiero cerrar con este tema que me afectó mucho, emocionalmente. Es lo pretendía, que se hiciera justicia y lo hemos logrado.”

Los abogados de Abuelas coincidieron que el fallo Vera Candioti será un “precedente increíble”. “Es el primer juez de menores que se condena en la Argentina por un caso de apropiación”, dijo Bereciartúa y comentó un diálogo telefónico con su jefe, Alan Iud. “Están todos muy emocionados, escucharon la sentencia por la web. No podían creer que lo que ellos trabajaron en el laboratorio jurídico está plasmado en una sentencia, todo lo que pedimos, todo se nos dio. Obviamente, porque los hechos ocurrieron, acá nadie mintió. Y los jueces supieron recibir lo que se planteaba a la luz de las pruebas que había. Es muy importante que se empiece a juzgar a los jueces que participaron en el plan sistemático del robo de bebés. Las Abuelas de Plaza de Mayo están muy agradecidas a este tribunal”, agregó Bereciartúa. Más tarde, Alan Iud escribió: “Excelente sentencia en Santa Fe por la apropiación de la nieta Paula Cortassa. Vera Candioti, primer juez condenado.”

Moyano le agradeció a Carolina la lucha por su identidad: “Este juicio es devolverte a vos esa búsqueda que supiste hacer desde muy temprana edad. Y es un compromiso de las Abuelas de Plaza de Mayo con vos y tu historia”, dijo Natalia. “Este es el camino que se inició hace 40 años, el imposible tarda, pero llega.”

“La historia de Carolina/Paula es lo que han vivido tantos niños en la dictadura, así que para nosotros fue muy duro escuchar su testimonio en el juicio. Y que ella esté en paz, y con la tranquilidad con que se expresó es para nosotros tan importante como la sentencia”, concluyó Bereciartúa.

domingo, 13 de marzo de 2016

Ingreso al centro clandestino de detención Quinta de Funes

Viaje al tenebroso plan de Galtieri
Los dueños del predio cuya expropiación tiene media sanción accedieron al pedido de la Comisión de la Memoria y lo abrieron. El diputado Jorge Henn prometió impulsar la ley. El 25 de marzo será declarado sitio de memoria.

  Por Pablo Fornero
"Esta era la oficina de Galtieri", dice alguien y el silencio se apodera de la habitación. Se respira hondo, se cierra el pecho y fortalece el alma para seguir el recorrido por el lugar donde quien era jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército en 1977 pergeñó un plan para asesinar a los integrantes de la conducción de Montoneros en México. Unos cuarenta años atrás, al menos 16 personas fueron detenidas y sometidas al más cruento cautiverio entre esas paredes, hoy sucias y descuidadas. Tulio "Tucho" Valenzuela pudo escapar, pero el precio fue alto: quedó como rehén su compañera Raquel Negro, embarazada de mellizos que nacieron el 27 de febrero de 1978, en cautiverio, y que continúa desaparecida.

Ahora, a la espera de la firma de la expropiación de la Quinta de Funes que demora el Senado, los propietarios de la finca accedieron al pedido de la Comisión por la Memoria local y abrieron las puertas del ex centro clandestino de detención, ubicado en Ruta 9 y diagonal San José.

Los acompañó el diputado provincial Jorge Henn, quien reveló que el proyecto tiene "preferencia" para la primera sesión del año. No obstante, se comprometió a renovar el dialogo con los legisladores de la Cámara Alta. Por la tarde se recibió la gratísima noticia de que Derechos Humanos de la Provincia y la Nación se pusieron de acuerdo para reconocer el 25 de marzo a la Quinta como Sitio Histórico de la Memoria.

"Qué fuerte esto, ¿no?". Esa frase sencilla se repitió varias veces, como una especie de abrazo contenedor y solidario para sostener la emoción. "Lo lindo y tenebroso", describió acertadamente el ex vicegobernador. Es que la inmensa Quinta realmente es un predio "lindo", provisto de un ingreso de piedras, una frondosa arbolada de diversas especies, una pileta grande, la casa (muy dañada, incluso con un par de salones con las marcas incendiarias de un acto de vandalismo, "un par de años atrás"), más un garaje, un galpón y la cancha de tenis en el fondo. Pero su belleza es indisoluble del pasado "tenebroso" que la distingue y que ahora, con su probable reconversión en espacio de memoria y escuela pública, promete resembrarse.

Eduardo Toniolli, Fernando Dussex, Marta María Benassi, Ignacio Laluf, Marta María Forestello, Miguel Angel Tosetti, Ana María Gurmendi, Jorge Novillo, Teresa Soria, Oscar Capella, Liliana Nahz, Fernando Agüero, María Adela Reina Lloveras y Héctor Retamar estuvieron cautivos en ese lugar donde Galtieri había armado una base de operaciones para ejecutar su plan, frustrado por la fuga de Valenzuela cuando llegó a México. Entonces, Galtieri ordenó desmantelar el centro clandestino y llevó a los cautivos a la Escuela Magnasco, para trasladarlos luego a una quinta en La Ribera de la familia Amelong. Allí -según el relato de Eduardo Costanzo- fueron asesinados. Jaime Dri también pasó por la Quinta de Funes, aunque luego fue llevado nuevamente a la ESMA. Menos Dri, todos continúan desaparecidos. Incluso Valenzuela, abatido en 1978 cuando la organización le ordenó volver al país. Por esta causa, en abril de 2010, el Tribunal Oral número 1 condenó a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común a Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Walter Pagano, Juan Daniel Amelong y Eduardo Costanzo.

Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná, el 27 de febrero de 1978. En 2008, Sabrina Gullino Negro Valenzuela recuperó su identidad, al comprobarse lo dicho por Costanzo: Pagano y Amelong la habían llevado a la puerta del Hogar del Huérfano, donde la dejaron abandonada. Más tarde la adoptó una familia de Ramallo. Sabrina se busca desde entonces a su hermano mellizo, que fue dado de alta el 27 de marzo de 1978 en el Instituto Privado de Pediatría de Paraná.

Al ex vicegobernador se le hizo "un nudo en la panza" al ingresar al inmueble. Se conmovió, los ojos se le tornaron vidriosos y lamentó que en "un lugar hermoso" se haya "pergeñado un plan de exterminio". En diálogo con Rosario/12, remarcó que la defensa de los derechos humanos "pertenece a todos los argentinos" y, en función de la presidencia de Mauricio Macri, dijo que "todos" están "muy atentos de que esto siga siendo así, que pensar hacia adelante significa afianzarnos en lo que ocurrió, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir".

Henn dijo que renovará el diálogo con los senadores, a quienes frecuentó durante cuatro años como vicegobernador, para que finalmente el proyecto de expropiación obtenga la sanción definitiva. A fines de diciembre, en la última sesión ordinaria, quedó a las puertas de convertirse en ley, pero finalmente perdió prioridad. El legislador radical reveló ayer que tiene "preferencia", aunque pidió "ser cuidadoso" con los resultados. Se comprometió a "trabajar para que eso sea".

Tanto el diputado como los integrantes de la Comisión destacaron y agradecieron la predisposición de los dueños de la finca, que aceptaron por primera vez el ingreso irrestricto de dirigentes y agrupaciones. "Lo hacemos con un profundo respeto a la propia historia de la Quinta", destacó Henn. Más tarde, uno de los titulares del predio y guía de la recorrida, Raúl Porreca, admitió que en alguna oportunidad se pensó desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar. Ante el impedimento, consideró que "si la manera de solucionar es la expropiación, estamos totalmente de acuerdo". "Nosotros siempre nos portamos de la misma manera, vino Rafael Bielsa a filmar una película ("Tucho", que recrea la vida de Valenzuela) y se la quisimos dar un mes a la casa. Podemos no coincidir, pero el fin es extraordinario, un colegio público, Funes necesita una escuela técnica", apuntó.

Las sensaciones poderosas del viernes no culminaron con la visita. Después del mediodía siguieron las "emociones fuertes y buenas noticias", como lo definió David Rullo, uno de los autores de la ordenanza que declara de interés municipal la expropiación de la Quinta, firmada en conjunto con el ex concejal Mauro Miguez. La Comisión recibió la novedad de que el viernes 25 de marzo la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en acuerdo con la Nación, se hará cargo de la señalización definitiva del inmueble como "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado", conforme a una ordenanza local.

Inspección judicial en el edificio de Ituzaingó y Las Heras, bombardeado por la dictadura

Más pruebas que incriminan al Ejército
La inspección en el lugar permitió establecer responsabilidades en las fuerzas armadas por el asesinato de una vecina y aproximó una respuesta a uno de los interrogantes de la masacre: ¿Dónde estaban el bebé de un mes y su hermanito de un año que sobrevivieron al bombardeo?

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

La inspección judicial en el edificio de Ituzaingó y Las Heras sumó más pruebas para atribuir al Ejército el asesinato de una vecina del primer piso que resultó la quinta víctima y aproximó una respuesta a uno de los interrogantes de la masacre: ¿Dónde estaban el bebé de un mes y su hermanito de un año que sobrevivieron al bombardeo? El viernes, los jueces del Tribunal Oral de Santa Fe que intervienen en el juicio de la megacausa fueron los primeros en casi 40 años en recorrer el lugar donde aún persisten las manchas de sangre y murieron cinco personas, en 1977. Cuatro militantes montoneros: Jorge Piotti y su pareja, Ileana Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio -que ocupaban el departamento del primero piso sobre Ituzaingó-. Y su vecina, Elina Carlen -que vivía al lado, con ventanas sobre Las Heras. Los acompañaron dos testigos: Graciela Carlen, quien vio morir a su mamá y Jorge Giorgetti, que ocupaba un departamento del tercer piso, con su esposa y su hijo de 8 meses. Un rato antes, por teleconferencia desde San Juan, había declarado un tercer testigo, el abogado Daniel César Terussi, que vivía en la planta baja.

Los relatos volvieron al 19 de enero de 1977, cuando el ataque del Ejército dejó en ruinas el departamento de los Piotti y gran parte del edificio. Graciela Carlen ratificó ante los jueces lo que había dicho en la audiencia de noviembre, que el disparo de un fusil que entró por la ventana del este mató a su madre. "Fue el primer tiro, una explosión, que le desgarró el cuello. Es una imagen que no la puedo olvidar", dijo Graciela. "Fue un solo impacto cuando ella quiso cerrar la ventana. Nunca habló, no dijo nada, nunca gimió. Fue terrible".

Al día siguiente, el Ejército atribuyó el asesinato de Carlen a uno de los "subversivos" que había "utilizado como escudos" a los chicos Piotti cuando "intentó refugiarse" en el departamento de Elina y ella se resistió. El mayor de los niños, Mariano, tenía un año y el bebé, un mes. Graciela dijo que el relato de la dictadura era "falso" y que a su madre la mató un disparo que venía del grupo atacante que copó la azotea del edificio y los techos vecinos.

Ante el asesinato de su madre, Graciela sufrió un schok, bajó la escalera y salió a la calle, donde la asistió una vecina. La puerta de su departamento quedó abierta.

Giorgetti dijo que el departamento de Piotti estaba demolido por los tiros y explosiones. "Es imposible que los nenes hubieran sobrevivido allí, absolutamente imposible". Y planteó la hipótesis de que en medio del bombardeo, los chicos fueron escondidos en el placard de la señora Carlen. "Estoy seguro que los envolvieron en una manta y los pusieron en ese placard, donde no entró ningún balazo. Eso es lo que hicieron".

Terussi coincidió que por el estado en que quedó el departamento de los Piotti "nadie hubiera podido sobrevivir" allí. El piso estaba cubierto de "sangre coagulada" y las paredes estampadas por las "esquirlas de granada".

Graciela Carlen se sumó a esa hipótesis de Giorgetti, que los niños sobrevivieron porque los escondieron en el placard de su madre. "Creo que sí", dijo. "La primera vez que volví al departamento (un mes después del bombardeo), lo primero que hice fue ir a ver ese placard de mi mamá y no tenía impactos de balas, estaba intacto. O sea que si los niños estuvieron ahí, se salvaron". Lo que dice Giorgetti "puede ser verdad", agregó Graciela.

-¿O sea que a los chicos los trasladaron después de que vos saliste del edificio? -preguntó Rosario/12.

-Si, los pueden haber llevado después porque yo dejé la puerta del departamento abierta -respondió Graciela.

En la esquina, apenas comenzó la inspección, Giorgetti señaló a los jueces el balcón de enfrente, donde había una ametralladora de 22 mm. con trípode que disparaba contra el edificio. "Perforó todos los balcones, medio metro por arriba del piso, así que si había alguien escondido ahí, lo mataban. Tiraban y si hubiera estado una criatura, el tiro era para la criatura", recordó.

El relato de un sobreviviente apunta al Sargento Jorge Balla

"Enseñaba a copar edificios"
Lo dijo el abogado Daniel César Terussi al declarar por video conferencia desde San Juan, en el marco de la causa que investiga la masacre del 19 de enero de 1977 en el edificio de Ituzaingó y Las Heras en el centro de la capital provincial.

Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe.

Un represor enseñaba a sus soldados cómo era el tiro del final. Les decía que los "subversivos" "no eran muy hombres ni muy valientes" porque antes de morir se quejaban: "'¡Mamita, mamita!". El relato llegó al Tribunal Oral de Santa Fe por un sobreviviente del bombardeo de Ituzaingó y Las Heras que declaró el viernes en el juicio por la megacausa. Y el instructor que mencionó es el sargento Jorge Alberto Balla, quien está preso desde octubre en la cárcel de Las Flores por "cuatro homicidios" en aquella masacre, el 19 de enero de 1977. "Balla nos enseñaba a copar edificios como el de Ituzaingó y Las Heras, primero había que tomar la azotea y luego los pisos inferiores". Y en una clase, hizo ese comentario sobre los montoneros que "no eran muy hombres ni muy valientes" porque antes de morir, suplicaban: "Mamita, mamita", dijo el abogado Daniel César Terussi al declarar por video conferencia desde San Juan.

Terussi relató dos hechos. Uno en 1977, el ataque del Ejército al edificio donde él vivía en un departamento de planta baja, pero que vio desde la calle porque salió un rato antes. Y el otro, dos años después, en 1979, cuando cumplió el servicio militar en el Comando de Artillería 121, donde sus jefes eran Balla y el teniente 1º Ramón Abel Recio.

En el juicio estaban imputados los "autores mediatos" de la masacre de Ituzaingó y Las Heras, ya fallecidos. Pero en instrucción, hay una segunda causa que investiga a los "autores materiales" con diez presos y un prófugo. Los detenidos son dos militares: Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez y ocho policías que operaban en el Comando Radioelétrico, entre ellos el comisario Rodolfo Antonio Reible. El prófugo es el coronel Recio, que integró el Batallón de Inteligencia 601 y hoy tiene orden de captura en Interpol. Uno de los testigos que declaró en la investigación dijo que Recio era "un verdugo".

Aquel 19 de enero de 1977, Terussi salió del departamento, que era propiedad de un compañero, alrededor de las tres de la tarde. Lo pasó a buscar un amigo para ir a la playa, así que fue "descalzo y sin documentos". Volvió una hora después, cuando ya había comenzado el ataque que dejó cinco muertos: los dueños del departamento del primer piso, Jorge Piotti y su pareja Ileana Gómez, dos compañeros de ambos: Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio. Y la vecina de al lado. Elina Carlen. Sobrevivieron los dos hijos de Piotti: Mariano, de un año y Jorge, de un mes.

"A las tres de la tarde cuando me fui era una calma total, no había nadie en la calle. Y una hora después, el escenario era dantesco", dijo Terussi. Un retén lo frenó en bulevar Pellegrini y Las Heras, a dos cuadras, pero después pudo acercarse más. "Escuchaba los tiros y las explosiones".

"En medio del tiroteo salió una chica a la calle con los brazos en altos. Alguien le dice que se tire al suelo y Terussi dijo que él la contuvo y la acompañó hasta la casa de una vecina. "Era Graciela Carlen, que estaba en estado de schock y me dice habían matado a la madre. "El primer disparo lo recibió ella en el cuello", recordó. Graciela estaba entre el público, su recuerdo es que apenas salió a la calle, un hombre se acercó y la llevó a la casa de una vecina. En el juicio, se enteró que era Daniel Terussi, su vecino.

Al día siguiente -siguió Terussi "leí en el diario El Litoral" que "uno de los delincuentes subversivos" había asesinado a la mamá de Graciela. "Eso es falso. A la señora Carlen la mataron los militares, Graciela me dijo que el primer disparo lo recibió su madre".

Después del operativo, Terussi pudo ingresar a su departamento, pero no quedarse. "Estaba todo roto y faltaban cosas". "Clausuraron el edificio y recién pudimos volver a los cuatro o cinco días".

Fue allí cuando describió que el departamento de Piotti había quedao en ruinas. El piso era una alfombra roja: estaba cubierto de "sangre coagulada" y las paredes estampadas por "esquirlas de granada". Uno de los muros interiores tenía un "agujero como si le hubieran tirado con una bazuca o demolido con una piqueta", ilustró.

Según Terussi, el bombardeo había sido letal. "Nadie hubiera podido sobrevivir" en ese lugar, con lo cual coincidió con la hipótesis que ya plantearon otros testigos, que los chicos sobrevivieron porque los escondieron en el placard de Carlen. La hipótesis la planteó Jorge Giorgetti, que vivía en el tercer piso, Graciela coincide porque el placard de su mamá "no había recibido impactos" y ahora lo dijo Terussi. "El olor a sangre era nauseabundo, insoportable", recordó Daniel. Y junto con su compañero Tomás Azpilcueta compraron diez botellas de desodorante de ambiente y las volcaron en el departamento de Piotti. "Se arruinó la vida, se vino el mundo abajo".

El fiscal Martín Suárez Faisal le preguntó por el servicio militar que cumplió en el Comando de Artillería 121, en 1979. "¿Recuerda algo?".

-Sí, a un sargento Balla que nos daba instrucción de cómo copar un edificio como el de Ituzaingó y Las Heras, que había que tomar primero la azotea y de ahí para abajo. Y al final nos hizo comentarios. "Que los subversivos no eran muy hombres ni muy valientes porque cuando los mataban, gritaban: '¡Mamita, mamita!' -respondió Terussi.

Suárez Faisal insistió y Terussi dijo que Balla hablaba "en general", se refería "a los subversivos", que antes de morir, gritaban: "'¡Mamita, mamita!' Las palabras que usó eran más gruesas".

-¿Qué palabras usó?

-No las recuerdo exactamente.

Terussi dijo que Balla lo presionaba. "Me decía: 'yo te conozco bien, vos sos medio subversivo'". Entonces, él empezó sospechar que Balla había estado en su departamento "cuando ocurrió lo de Ituzaingó y Las Heras. Se llevaron todas las cosas de valor. Yo tenía muchos libros, algunos sobre marxismo. Balla me decía que me conocía bien y era medio subversivo".

-¿Quien era el jefe del Comando de Artillería 121?

-Un coronel (Pedro José Canevaro) que estaba alterado, porque en la puerta del despacho tenía una luz roja encendida, así que no se podía golpear, ni entrar. No querían que lo molestaran.

-¿Y en el Servicio de Empleo Inmediato (SEI)?

-El teniente primero Recio, el subteniente Furque y el sargento Balla. Recio nos chumbaba con un ovejero alemán que nos mordía los talones. Balla nos instruía sobre cómo copar un edificio. Nos lavaban la cabeza sobre la subversión -concluyó.