El juicio a Díaz Bessone y la patota de Feced, entra en su etapa final

La larga causa que empezó en 1984

Ayer se reanudaron las audiencias. Sólo resta el derecho de los imputados a decir las últimas palabras y luego, la fecha del veredicto, justo en el mes que se recuerda el golpe militar del 76. Hoy se sabrá si Díaz Bessone expone desde su casa.

 Por Sonia Tessa

El Tribunal Oral Federal número 2 reanudó ayer las audiencias de la causa Díaz Bessone, tras la confirmación dada por los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Nación sobre la capacidad del principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, de comprender el juicio al que está siendo sometido. Fue una audiencia fructífera, que dejó el proceso a un paso del final. De hecho, sólo resta el derecho de los imputados a decir las últimas palabras y luego, la fecha del veredicto. Ayer, el defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, hizo un breve alegato, en el que eludió tratar cada una de las acusaciones por privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios calificados y asociación ilícita que pesan sobre su defendido contra 51 víctimas. Por el contrario, se amparó en un discurso político sustentado en la teoría de los dos demonios.

Miño subrayó su convicción de que "la suerte está echada", por eso prefirió adherir a los argumentos de los defensores de los otros acusados, los policías José Lofiego, Mario Marcote, José Scortecchini, Ramón Vergara y el civil Ricardo Chomicki. En algunos casos, esos argumentos se amparaban en la obediencia debida y el control operacional de la policía de parte del Ejército, pero eso no fue un obstáculo para Miño, que repitió los argumentos del dictador Jorge Rafael Videla, al afirmar que los procesos penales en marcha son "políticos", y que "sin la presión del Consejo de la Magistratura y sin órdenes presidenciales estos juicios hubieran sido otra cosa". Cuando el abogado terminó su alegato, se escucharon algunos abucheos del público y el presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, los paró con una frase que pareció dirigida también a Miño: "Este Tribunal va a defender a ultranza el derecho de las partes".

Desde octubre pasado, Miño despliega una estrategia defensista para dilatar el proceso, que incluyó la dispensa de alegar en más de una oportunidad porque, según arguyó, la salud de su defendido le impedía darle órdenes para estructurar una defensa. El Tribunal llegó a apercibirlo para haga su exposición, pero Miño se amparó en cuestiones de salud.

Sin embargo, el lunes el Tribunal Oral, que completan Beatriz Baravani de Caballero y Otmar Paulucci interrogó a los peritos oficiales. Los integrantes del Cuerpo Médico Forense afirmaron que Díaz Bessone estaba en condiciones de seguir siendo sometido a juicio, aunque no pueda permanecer en la sala de audiencias, por eso lo sigue desde su casa. Justamente, Venegas Echagüe adelantó que hoy el Tribunal determinará la forma en que Díaz Bessone pueda ejercer su derecho a la última palabra.

Lo que siguió fueron una serie de pasos formales del proceso: la respuesta a los pedidos de nulidades de los defensores de los represores por parte del fiscal Gonzalo Stara y las querellas, las réplicas a los alegatos y las dúplicas de los defensores.

Entre las nulidades más técnicas, que respondió Stara basado en jurisprudencia, hubo una discusión de auténtico interés público y masivo: la respuesta del Ministerio Público Fiscal al pedido de Gritzko Gadea para que su defendido, José Rubén Lofiego, acusado de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, continúe sin cumplir prisión efectiva más allá del veredicto, al considerar que la sentencia no estará firme hasta que se expida la Cámara de Casación Penal. "El Tribunal sí tiene competencias para ordenar la inmediata detención al momento de dictar sentencia", expresó Stara.

Otro punto "novedoso" de réplica estuvo a cargo de Daniela Asinari, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Asinari respondió al defensor Nicolás Foppiani, quien había relativizado los testimonios de las víctimas sobrevivientes como "falsos recuerdos y percepciones creadas" en contacto con otras víctimas y los organismos de derechos humanos. Asinari afirmó: "A los sobrevivientes les debemos la posibilidad de conocer la dinámica del genocidio y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención", mientras que los organismos de derechos humanos, con su permanente lucha contra la impunidad, merecen el "reconocimiento internacional". Foppiani se limitó a decir que su defensa "respetó el carácter de víctima de los testigos y no incurrió en victimización".

A la salida de la audiencia, el clima era de satisfacción y hasta cierta incredulidad: la causa que se inició bajo el nombre de Feced en enero de 1984, por la que tanto bregaron víctimas y familiares durante 28 años, por cuya instancia oral pasaron más de 100 testigos desde el 10 de julio de 2010, en la que se investigan delitos de lesa humanidad contra 91 víctimas, que tiene entre los imputados a importantes integrantes de la patota del ex interventor de la policía rosarina Agustín Feced está llegando a su fin, justo en el mes que se cumplen 36 años del golpe del 24 de marzo.

"Tribunales, les queremos avisar, que si no le dan perpetua, qué quilombo se va a armar".

En caso de sentencia, Díaz Bessone está en condiciones de comprenderla
Argumentos para que siga el juicio

Los peritos convocados por el Tribunal que juzga a Díaz Bessone afirmaron que está en condiciones de seguir sometido a juicio, aunque no pueda asistir a las audiencias. Los camaristas darán a conocer hoy la resolución.

 Por Sonia Tessa

El juez Jorge Venegas Echagüe le hizo la pregunta directa al perito oficial Esteban Toro Martínez: "¿En caso de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, Ramón Díaz Bessone está en condiciones de comprenderla?". La respuesta del integrante del Cuerpo Médico Forense no dejó lugar a dudas: "Sí". El acusado, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado en la Argentina, está en condiciones de seguir sometido a juicio, aunque no pueda asistir a las audiencias. Formalmente, el Tribunal Oral Federal número 2 resolverá hoy la continuidad del proceso penal contra el ex Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Ayer, el alivio --y la alegría-- fueron las sensaciones predominantes entre las querellas. El minucioso trabajo de los peritos de parte Oscar Pellegrini, Gisela Felibert y Mauricio Moussalli fue la base de las preguntas que realizó el juez, al que antecedió Beatriz Baravani de Caballero, quien realizó preguntas de índole médica.

"Estamos conformes con lo que hizo el tribunal, que no se haya quedado con los informes escritos y haya indagado a los peritos oficiales. Los jueces no tienen por qué aceptar informes que puedan hacer peritos altamente cuestionados. En este caso, hicieron uso de las herramientas que ellos tienen para cerciorarse del estado de salud del acusado, para saber que no se trata de una ficción", expresó Ana Oberlin, abogada de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Mientras se realizaba la audiencia en el edificio de la Cámara Federal, en Entre Ríos al 400, en la calle había una manifestación de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y la murga La Memoriosa. El clima era de intranquilidad. El propio ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, se acercó con el objetivo de presenciar la audiencia, pero el ingreso estaba restringido a los integrantes del Tribunal (que completa Otmar Paulucci), los abogados defensores y los que representan a las querellas. En medio del calor, la llegada del defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, convocó el grito de "sorete" de los manifestantes. El abogado ingresó rápidamente, flanqueado por dos hombres, al edificio.

Antes de la audiencia, Nadia Schujman, también abogada de Hijos y la Secretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia señaló que la estrategia de Díaz Bessone para evitar la persecución penal no es novedosa. "Es lo mismo que quisieron hacer (Domingo) Bussi y (Luciano) Menéndez. Díaz Bessone está procesado en otras causas, pero aún, a los 86 años, no tiene condenas. Sin dudas la pericia de parte deja en claro que tiene capacidad de comprender los delitos por los que se lo acusan, al punto que en la entrevista responde que él no mató ni torturó", expresó Schujman.

El clima previo a la audiencia era pesimista. Incluso, cuando ingresó el vehículo que llevaba a los jueces y otros funcionarios judiciales a la audiencia, los manifestantes estallaron al grito de "Tribunales, les queremos avisar, que si no le dan perpetua, qué quilombo se va a armar". Muchos de los presentes daban por hecho que Díaz Bessone lograría ser apartado del juicio. Todo cambió cuando los abogados de las querellas salieron de la audiencia.

"El tribunal interrogó a los peritos oficiales sobre el alcance de la conclusión que habían escrito en su pericia y dejaron bien claro que Díaz Bessone comprende la acusación que pesa sobre él y que puede seguir sometido a proceso, que era el punto de pericia, y como la respuesta en la pericia oficial era un tanto ambigua, decidieron ampliarla", indicó Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quien se mostró también muy optimista y destacó el trabajo de Pellegrini, Felibert y Mousalli. "La pericia de parte era excelente porque no sólo contestaba los puntos con total fundamento sino que hacía una descripción cricunstanciada de lo que había pasado, habían contado de qué manera respondía, con quién estaba, no sólo cómo respondió al test". La resolución será hoy, a las 9.30, en el Tribunal Oral Federal número 2, pero Durruty consideró que "no hay ninguna posibilidad de que sea en contra de las dos pericias".

También Oberlin destacó el trabajo de los peritos, que integran el sistema público de salud. "Miño intengó sustraer a Díaz Bessone del proceso penal, y gracias al peritaje muy correcto, que describía exactamente la situación, ese intento quedó sin fundamento. Sin ese instrumento no hubiera podido el Tribunal completar las conclusiones de la pericia oficial. Estamos muy confiados que se logre que Díaz Bessone continúe en el proceso. Creemos que de la audiencia no quedó duda", afirmó la abogada.

Diaz Bessone: ahora el genocida se hace el depresivo

Mañana deciden si puede seguir siendo sometido a juicio
El mismo argumento del viejo achacado

Un cuerpo forense habló de su "deterioro cognitivo moderado y un síndrome depresivo que debilitan su psiquismo". Pero peritos de parte sostienen que el imputado puede seguir siendo enjuiciado, aunque podría hacerlo desde su domicilio.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 resolverá mañana si el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone puede seguir siendo sometido a juicio, o si su estado de salud lo impide. Lo hará luego de escuchar vía teleconferencia la explicación de los peritos del Cuerpo Médico Forense, que el jueves último arribaron a la ciudad, con ese fin. Para estos tres profesionales "Díaz Bessone presenta un deterioro cognitivo moderado y un síndrome depresivo que debilitan su psiquismo. Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, al momento del examen, no se encuentra en condiciones psíquicas de estar en juicio en audiencia de debate. Desde el punto de vista físico no se evidencian modificaciones significativas en el estado neurológico al momento actual". Asi reza el parte del cuerpo médico forense de la Corte firmado por los doctores Mónica Herrán, Celmina Guzmán, Esteban Toro Martínez, Néstor Estevez y Nicolás Fiore.

Sin embargo los tres peritos de parte puestos por la querella -Gisela Felibert, Oscar Pellegrini y Mauricio Moussalli, quienes son profesionales del sistema de salud público de Santa Fe- el imputado está en condiciones de seguir en juicio, aunque comparten con los de la Corte en este momento que debería seguirlo desde su domicilio.

En tanto desde la agrupación Familiares convocaron a manifestarse frente a la Cámara Federal ( Entre Ríos y Urquiza) el lunes a las 11 "para decirle a los jueces que separarlo del juicio sería una burla a los sobrevivientes, a la memoria de nuestros compañeros y a la democracia misma".

"Aun considerando el grado moderado de afectación cognitiva que plantea el escrito pericial oficial, entendemos que ese nivel de afectación no priva al periciado de su capacidad comprensiva para permanecer en el juicio que se le lleva adelante. Si bien coincidimos en licenciar al mismo de su permanencia en la sala de audiencias para disminuirle los niveles de estrés concomitantes y permitirle que pueda seguir dicho proceso en su ámbito domiciliario".

Según el informe de los peritos de parte, los achaques de salud de Díaz Bessone no son muy distintos de los de cualquier hombre de su edad. "Si bien sus funciones psíquicas se encuentran lentificadas, solidario con los tiempo propios de una persona de 86 años, esto no impide que el mismo comprenda y perciba con claridad", observaron los profesionales.

Los médicos de la salud provincial hicieron alusión en su escrito al parte del Hospital Militar del que fue dado de alta Díaz Bessone tras haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) en octubre pasado, en el que constaba "que el paciente fue dado de alta con buena evolución, deambula con uso de asistencia, mejora su labilidad emocional". Los peritos constataron que desde aquel momento a la actualidad, "hay una mejora significativa, ya que en la actualidad deambula solo".

El informe consigna que ante la pregunta de cómo se siente, Díaz Bessone responde con la obvia actuación: "mal, decaído, olvido nombres, medicinas, el pasado". Y más adelante ante una consulta similar responde, como si le hubiera recomendado un especialista: " ahogo, confusión, perturbación".

Para la abogada querellante Gabriela Durruty "la contundencia del dictamen pericial de Pellegrini, Felibert y Mousalli no dejan lugar a la duda: Díaz Bessone tiene capacidad para ser sometido a proceso. Solo debemos estar a algunas de las escenas sucedidas durante la pericia para comprender la veracidad de esta afirmación. Preguntado acerca de las imputaciones que pesan sobre él responde: "Nunca maté ni torturé" Luego dirá "Yo no cometí delito". "Soy católico profundo, confío en Dios". Luego agregará: " Yo no cometí delito, no tengo dinero, me ayudan mis hijos".

Para Durruty "las respuestas están en la misma línea de su defensa material, en sus ampliaciones indagatorias en el juicio el procesado sostuvo afirmaciones similares. Comprende perfectamente lo que ocurre. Dice tener abogado y que no le interesa la causa. Se trata de una estrategia defensista, la última, para evitar la justeza de una sentencia condenatoria" amplía al abogada.

Para la abogada "sería de una gravedad supina que se le permita tener éxito y salir impune luego de casi dos años de juicio. Estas estrategias no son nuevas, al contrario, proliferan entre los genocidas, recordemos a Massera, cuya lucidez solo fue reconocida por los peritos italianos, a Pinochet parándose de su silla de ruedas al arribar a Chile luego de burlar a los peritos británicos, a Patti, entrando en camilla a la sala de audiencia, a Bussi, escudándose en un respirador, y podríamos seguir".

Según Durruty "la pericia ofrecida por esta querella debe contrastarse con una ambigua opinión de los peritos oficiales y de la propia defensa que realmente no responde la pregunta del tribunal. Diaz Bessone debe seguir en juicio y ser condenado a prisión perpetua a cumplirse en cárcel común".

Inicio del juicio por el secuestro de FROILAN AGUIRRE en 1976

“Siempre pensé que llegaría al juicio”

Tenía apenas 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) cuando fue secuestrado. Logró identificar a su captor, Roberto José Martínez Dorr, un comisario retirado que goza de prisión domiciliaria por “razones de salud”.

 Por Alejandra Dandan

Froilán Aguirre está convencido de que el juicio no es sólo una reparación para un “damnificado”, sino una extensión de su rol de militante político: “Desde siempre pensé que alguna vez iba a llegar a esta instancia de justicia, memoria y verdad”, dice. “Uno lo vive como un granito de arena más en este proceso de búsqueda que mejora la institucionalidad de este país y de todo lo que hemos buscado durante tantos años.”

Hoy empezará el juicio por su secuestro, en septiembre de 1976, cuando militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y tenía 17 años. El Tribunal Oral de Santa Fe integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango llevará adelante el debate en el que el único acusado es el ex comisario Roberto José Martínez Dorr, conocido como Morrongo, de 64 años, que era parte del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1 de la policía de la provincia de Santa Fe y a quien Froilán logró ver, y con los años reconocer, entre la patota que lo golpeó en la comisaría 1ª. A esta altura, Martínez Dorr está con prisión domiciliaria por razones de salud, gracias a un beneficio que le dio la Cámara de Casación. En su legajo de servicio figura una felicitación por participar de un operativo que terminó con dos militantes fusilados. Y en los años ’90 ganó varios ascensos. El comienzo del juicio se pospuso varias veces porque el ex comisario presentó varios recursos que incluyeron hasta el pedido de una probation. El pedido fue rechazado y apelado una y otra vez hasta que en diciembre la Corte Suprema lo rechazó definitivamente. Entre sus estrategias de defensa, suele decir que él no es la persona que Froilán dice que es, pese a sus antecedentes, el legajo de servicios o los dichos de varios testigos que lo mencionan en la comisaría 1ª.

Justamente por esas dilaciones, la causa que originalmente incluía a otras víctimas y a otros acusados se fraccionó y Froilán llega al juicio solo: a enfrentarse, y acusar, solo, a uno de sus victimarios. “No es miedo lo que tengo, no”, intenta explicar. “Pero en algún momento tuve cierta inseguridad de que fuera consistente la acusación, pero después aparecieron otras víctimas que también lo identificaron y aparece en varios momentos, eso me da tranquilidad.”

A Froilán lo secuestraron el 8 de septiembre de 1976 en el Hospital Iturraspe de Santa Fe mientras esperaba a Juan Alberto “Beto” Osuna, uno de sus compañeros. Una patota se los llevó a los dos a una casa de campo en San José del Rincón. Los torturaron durante horas. A la madrugada, a Froilán se lo llevaron a la comisaría 1ª; pasó 29 días en una celda de un metro cuadrado y lo golpearon “tremendamente”, dice, entre varias personas, de las cuales reconoció a Martínez Dorr. Del Beto Osuna, su compañero, supo poco y nada con el paso de los años y es otra de las cosas que espera saber todavía. Sabe que Osuna apareció acribillado en el interior de una casa, en Paraná, en un episodio revestido con la supuesta cobertura de los enfrentamientos, que se llamó La Masacre de la Tapera.

“Después no supe más nada de él”, dice Froilán. “Siempre me quedé con la espina de saber qué pasó, de que se haga justicia con él, tenía esperanza de saber cómo realmente fueron las cosas, y de otros compañeros, porque alrededor de mi militancia hay decenas de compañeros muertos, y uno los lleva en la memoria.”

Hasta la intervención, la escuela era una usina de trabajo político y compromiso militante. El día que intervinieron las facultades, los estudiantes del secundario se fueron hasta el edificio de al lado donde funcionaba Ingeniería. Entraron en medio de una asamblea, pero las patotas del nuevo rector los corrieron a los tiros. En su escuela asumió un nuevo rector, llamado Raúl Calvo. Pese a que era septiembre, cerró la escuela apenas llegó por el grado de movilización y activismo. Dio por aprobadas todas la materias y la abrió recién en marzo de 1975.

“Cuando se inicia el ciclo lectivo de 1975 con todo el mundo eximido, en la escuela había entre 60 y 70 preceptores nuevos, todos gendarmes retirados, policías retirados y pibes jóvenes manejados por ellos”, dice Froilán. “En la puerta de entrada pusieron una mesa con un personal de policía femenina y otro masculino que nos pedían documentos y te los devolvían al salir de la escuela.”

Froilán terminó ese año, pero en 1976 dejó la escuela. “La cosa venía muy densa y la cosas no daban para que yo fuera otro año. Una vez volví a ver a un compañero, habrá sido a principios de abril, ya había sido el golpe y cuando quiero salir, unos minutos después, la policía que está en la puerta me detiene porque alguien me había identificado. Me llevan a dirección y me vienen a buscar en patrullero. Esa vez se enteraron mis familiares y me fueron a buscar, pero al poco tiempo, en junio, hubo una gran represión en la que cae todo el mundo de la UES y a mí me allanan la casa.”

Durante unos ocho meses estuvo escondiéndose, pero en septiembre lo secuestraron en el hospital: “En ese momento, durante unos diez días, fueron bastantes los que cayeron de los nuestros, uno tras otro, reventaron las casas”.

Antes de todo eso, la UES había alcanzado un desarrollo político importante en esa escuela. En septiembre de 1974, habían ganado el centro de estudiantes en una alianza con la Fede pero nunca lograron asumir. Hasta entonces, en la escuela, cada agrupación tenía lo que le decían “la casilla”, un espacio físico para el trabajo. “Nosotros teníamos una biblioteca en el hall, le habíamos puesto José Gervasio Artigas, y además de literatura hacíamos producción de apuntes y material de estudio.”

Froilán empieza hoy su juicio por él mismo como víctima de la dictadura, y un juicio que a la vez es colectivo. La querella la llevará adelante el mismo abogado de siempre, Horacio Coutaz, que como ahora es secretario de Derechos Humanos de Santa Fe se tomará unos días de licencia para asistirlo.

Detuvieron represor Rodolfo Isach, en un chalet junto al mar

En Ostende, el represor Rodolfo Daniel Isach, en una playa junto al mar

El procedimiento se realizó el último fin de semana, cuando después de cuatro años de estar prófugo, Isach pudo ser detenido y trasladado a Rosario para ser indagado por el juez federal Bailaque. Está acusado de crímenes en centros clandestinos.

Por José Maggi

El represor Rodolfo Daniel Isach, ex comisario de la policía provincial y ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército (PCI) fue capturado en Ostende, un pueblo de la costa atlántica tras ser allanado su domicilio. El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando después de cuatro años de estar prófugo, Isach pudo ser detenido y trasladado a Rosario para ser indagado por el juez federal Marcelo Bailaque, con la presencia de la fiscal federal Mabel Colalongo. Isach se negó a declarar y su defensor oficial Osvaldo Gandolfo hizo una presentación por escrito.

Isach solo reconoció que en su paso por la policía santafesina fue destinado a la Brigada de Explosivos, entre otros destinos a San Lorenzo, donde llegó incluso ya en democracia a ser el jefe de la Unidad Regional 17. El detenido fue alojado en el penal policial de la Jefatura, en avenida Francia al 5000, a la espera de ser trasladado al penal de Marcos Paz.

El hermano de Rodolfo Isach, Carlos, continúa prófugo en el marco de la causa Guerrieri, cuyo juicio oral ya condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Este diario había publicado las fotos de la propiedad de Ostende, ubicada en calle Irigoyen 98, el domingo 17 de agosto de 2008, bajo el título "Escondite en la playa", luego que "Tucu" Costanzo entregara la filmación de esa propiedad como prueba en el expediente donde se ordenara la captura de los hermanos Isach.

Justamente Costanzo lo había señalado en su declaración ante la justicia federal, como uno de los partícipes de la matanza en La Intermedia, la casa quinta de la familia Amelong donde habían sido llevados los detenidos de la Quinta de Funes. "Los hicieron salir uno por uno, hacia otra construcción más precaria, la de los caseros y allí los fue matando Rodolfo Isach, de dos disparos, con una ametralladora. Después los pusieron en la galería, antes les habían tapado los agujeros de las balas, les decían que era por los aviones. Y los envolvieron en frazadas", declaró Costanzo en la recorrida hecha el 24 de noviembre de 2009.

El represor detenido era buscado junto a otros 26, entre ellos los ex oficiales de la Policía de Santa Fe César Heriberto Peralta y Antonio Tuttolomundo, acusados de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia- había ofrecido el año pasado una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte datos ciertos que permitiera ubicar a estos sospechosos, en el marco de causas que tramita el Juzgado Federal de Bailaque.

Isach fue capturado en Ostende, en el mismo lugar al que fue a vivir tras retirarse de la Policía provincial en 2000. Si bien en todo este tiempo lo habían ido a buscar nunca había sido hallado en su casa de Yrigoyen 98.

Isach de 65 años, ingresó a la Policía a principios de los 70, y se incorporó a los grupos de tareas que operaron en Rosario y el sur de Santa Fe antes y durante la dictadura. Al regreso de la democracia se mantuvo dentro de las filas policiales e incluso ascendió posiciones sin ser molestado. Sin embargo su nombre ya había sido mencionado por sobrevivientes de centros clandestinos de detención.

De hecho, en el marco de la causa Guerrieri por la que estaba prófugo está acusado de delitos muy graves, todos de lesa humanidad, al igual que el resto de los ex policías y militares que fueron condenados en la causa Quinta de Funes y que recibieron condenas a cadena perpetua.

Represor Morales: dirigía los procedimientos de secuestros

Al frente de un grupo de tareas

"La primera vez que veo a Domingo Morales fue el 23 de marzo de 1977, cuando un grupo de tareas ingresa en mi domicilio, en calle 4 de Enero, donde vivía con mis padres", recordó Anatilde Bugna. "Y cuando digo grupo de tareas me refiero a que estaba integrado por militares, policías y civiles, entre ellos, este señor, a quien luego pude identificar por su nombre, Domingo Morales, que estaba de civil. No era muy alto, cara redonda, pelo largo, de unos 30 años aproximadamente, retacón, no tenía un aspecto atlético. Me llamaron la atención los bigotes: tupidos, oscuros, eran tan llamativos que pensé que eran falsos".

"Morales y otro que estaba con uniforme del Ejército dirigían el procedimiento en mi casa", relató Bugna. "Morales tenía aspecto más formal, a pesar de que estaba de civil. Era imperativo en su tono. Mi padre le preguntó adónde me llevaban y él le contestó que a la Policía Federal, que estaba en calle 1º de Mayo. Nunca me llevaron allí, fui conducida directamente a la comisaría 4ª y luego a 'La Casita'", agregó.

"Las voces que escuché en 'La Casita' eran las mismas de los que estaban de civil cuando fui secuestrada. Entre esas voces estoy segura de que estaba la de aquella persona que dijo que venían a buscarme para hacerme preguntas sobre mi hermano que estaba detenido. Reconocí la voz de quien describí particularmente por sus bigotes y que luego puedo saber que se llama Morales. Además, estoy convencida de que este señor Morales era el encargado del chupadero, debajo de Nicolás Correa (El Tío), que era el jefe. Y aún cuando no podía verlo porque estuve encapuchada, estoy segura que estaba presente en el lugar porque escuchaba su voz".

Bugna dijo que volvió a ver a Morales en el despacho de Perizzotti, en la GIR, después del traslado desde "La Casita". "Me hacen entrar y veo a Perizzotti conversando con Correa, a quien reconozco por su voz. No tengo ninguna duda de que era él. Y en otro escritorio, sentado, vuelvo a ver a Morales, con esos bigotes que tanto me habían llamado la atención en mi casa cuando soy secuestrada. Entro y me dice: 'Hola, Anatilde'. Sabía quién era, me había monitoreado todo el tiempo de mi detención y aún más, ya que hablaba de mi relación con mi esposo, Juan Perassolo", explicó.

Suficientes prueblas sobre su responsabilidad
Morales dirigía y tomaba decisiones

La abogada querellante Lucila Puyol dijo que las pruebas producidas en la investigación judicial revelan la responsabilidad de Domingo Morales en el circuito represivo de Santa Fe. En diciembre de 2010, la Cámara Federal de Rosario lo desprocesó de los cargos de asociación ilícita, 16 homicidios y supresión de identidad de una menor por considerar que "al momento de los hechos" era "capitán" y no integraba la "franja de los oficiales superiores". "Las pruebas nos conducen de manera decisiva a una conclusión opuesta", dijo Puyol. Y mencionó algunas:

*"El legajo personal de Morales indica que fue designado con tareas de Inteligencia en Santa Fe el 15 diciembre de 1976 y luego nombrado jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia (fs. 108)".

*"El imputado figura en el Libro Histórico del Ejército Argentino, Destacamento de Inteligencia 122, que se agregó al expediente. Y figura en la Nómina del Personal Superior del Destacamento de Inteligencia 122".

*"El Boletín Reservado del Ejército (BRE) Nº 4694, pág. 1049, consigna: 'Por resolución del señor Comandante en Jefe del Ejército de fecha 15 Dic. 76, pasen a continuar sus servicios a los destinos que en cada caso se especifica, el siguiente personal superior (el resaltado me pertenece), proveniente de la Escuela de Inteligencia al Destacamento de Inteligencia 122: Teniente 1ro. D. Domingo Morales'".

*"En el legajo personal puede verse que fue ascendido a capitán y posteriormente a jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia".

*"En su testimonial, Anatilde Bugna, reconoce al imputado Morales como quien dirigía el grupo de tareas que la secuestró en su casa y que luego la interrogó en La Casita, al punto que lo considera el encargado del lugar. En la GIR también fue interrogada por Morales, quien finalmente le dice que va a salir en libertad, cosa que efectivamente sucedió, lo que denota un grado importante de dirección y participación en los hechos", concluyó Puyol.

Morales: El represor que apretaba a las presas adolescentes

 Tres militantes peronistas acusan a Teniente Domingo Morales,como integrante dek Destacamento de inteligencia 122

Anatilde Bugna, Cecilia Mazzetti y la asesinada Silvia Suppo ubicaron al militar como jefe de operativos de secuestro, y torturador. A Mazzetti, que tenía 17 años y estaba embarazada, la amenazaba con que se iba a "pudrir" en la cárcel.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Tres militantes peronistas son las que acusan al represor de la dictadura que esta semana volvió a la cárcel de Las Flores, Domingo Morales, un teniente coronel que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe. Anatilde Bugna lo identificó como uno de los jefes del operativo que la secuestró en su casa, el 23 de marzo de 1977, y a quien luego escuchó en las sesiones de torturas en un centro clandestino al que llamaban "La Casita", en Santo Tomé, y en interrogatorios en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Cecilia Mazzetti lo señaló como uno de sus torturadores en la comisaría 4ª y luego en la GIR, donde la interrogaba en la oficina del jefe del centro de detención, Juan Calixto Perizzotti y hasta llegó a amenazarla en el patio. Y Silvia Suppo fue testigo de esas amenazas de Morales a Mazzetti, según relató en el juicio al ex juez Víctor Brusa y a otros represores santafesinos, en octubre de 2009, cinco meses antes de ser asesinada en Rafaela. En los tiempos del martirio, en 1977, Mazzetti tenía 17 años y esperaba un bebé y Suppo, 18 años.

Morales quedó detenido el jueves en los Tribunales Federales, tras participar en una rueda de reconocimiento de personas ﷓-donde Mazzetti lo señaló sin titubeos-﷓ y ser indagado por el juez federal Reinaldo Rodríguez. Ya había estado preso cuatro meses, a principios de 2010, por asociación ilícita, 16 homicidios y supresión de identidad de la hija de desaparecidos, pero zafó cuando la Cámara Federal de Rosario anuló el procesamiento, en diciembre de 2010. Uno de los crímenes que el magistrado imputó a Morales es el asesinato del esposo de Mazzetti, Roberto Daniel Suárez, desaparecido el 1º de agosto de 1977, cuando cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601, en Santo Tomé.

Las tres denunciantes coinciden en que Morales operaba en el circuito represivo de la dictadura y una de ellas dijo haberlo escuchado en "La Casita". "Estoy convencida de que era el encargado del chupadero", afirmó Bugna, cuando declaró en la causa el 4 de abril de 2011 (ver aparte). Los juicios de lesa humanidad en Santa Fe ya probaron que los grupos de tareas que operaban en los centros clandestinos estaban bajo el mando del jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, ya fallecido.

Mazzetti denunció a Morales en el juicio a Brusa, Perizzotti y a otros represores, en setiembre de 2009. Lo señaló como uno de sus torturadores en la comisaría 4ª y dijo que luego lo volvió a ver en la GIR. "En diciembre de 1977, se llevan a casi todas las mujeres menores de edad que estábamos allí. Yo quedo un año más, con dos chicas de Rafaela, Silvia Suppo y Graciela Rabellino", recordó.

"Durante ese año (1978) me bajaron varias veces a la oficina de Perizotti, donde me encontraba con esta gente que me había interrogado en la comisaría 4ª y me seguía amenazando. Me decían que si no les decía lo que ellos querían saber no me iba a ir más de ahí. Mi compañero estaba desaparecido", desde el 1º de agosto de 1977.

"Perizzotti estuvo varias veces al costado del escritorio donde me interrogaban. Y un día, cuando salíamos al recreo vino uno de ellos y me dijo: 'Yo soy el capitán Morales'. Parecía disfrazado, porque usaba ropa vieja. 'Soy de inteligencia del Ejército. Vos nunca me dijiste lo que yo quiero saber, así que te vas a pudrir acá', me dijo. Eso lo hacia cada tanto, cada quince días", agregó Mazzetti.

En el juicio, Cecilia señaló sobre un plano de la GIR el despacho de Perizzotti y la ubicación de los muebles. "Había dos escritorios. En uno de ellos estaba el capitán Morales y otras dos personas que me interrogaban. A veces, también estaba (María Eva) Aebi, que era la secretaria de Perizzotti", recordó. "Algunas de las veces que me bajaron a la oficina de Perizotti, también me interrogaba él. Me decía que era encargado de evaluar mi posible reinserción en la sociedad".

Cecilia salió en libertad el 24 de diciembre de 1978. Y al mes, vuelve a sufrir otra amenaza. "Llegó a buscarme un grupo de hombres para deportarme a Chile. Mis padres les muestran mis documentos, que soy argentina. Pero les dicen que tengo que presentarme en San Martín y Obispo Gelabert (donde funcionaba el D﷓2, el servicio de Inteligencia de la Policía santafesina). Por supuesto que no voy", le comentó al Tribunal Oral. Sin embargo, como vivía cerca del D﷓2, pasó por el lugar "cuando salían el capitán Morales y (Nicolás) Correa. Y me dicen: 'Hola, Cecilia'. Nunca más los volví a ver".

Silvia Suppo fue testigo de la persecución y las amenazas de Morales a Mazzetti. Y lo dijo el 5 de octubre de 2009, cuando declaró ante el Tribunal Oral que juzgó a Brusa y Perizzotti. Un testimonio espeluznante sobre su martirio en el circuito represivo de Santa Fe, donde sufrió violaciones y un aborto. Una de las abogadas de la querella, Lucrecia Fascendini, le preguntó sobre su detención en la GIR, junto con otras menores, entre ellas Mazzetti, Patricia Isassa y Milagros Almirón. "Nos dejaban salir a un patio en el que había un aljibe, primero todas juntas y luego las tres que quedamos: Cecilia Mazzetti, Graciela Ravellino y yo, porque las demás fueron llevadas a Devoto", dijo.

-¿Vio al capitán Domingo Morales? --quiso saber la abogada.

-Sí, en el patio. Siempre que la veía a Cecilia, iba a presionarla. Le decía: "Vos no me dijiste una cosa que yo quiero saber, así que te vas a pudrir acá dentro. Ellas dos van a salir y vos no" --contestó Silvia.

-¿Y usted, cuándo recupera su libertad?

-En diciembre de 1978 --concluyó.