Desplazaron a represor de la Universidad del Litoral (¡¡ al fin !!)

El rector puso la firma

Cantard separó de su cargo a un ex agente secreto del Ejército, César Frilocchi porque "podría haber incurrido en conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos y la democracia". Tuvieron que pasar cuatro años desde que se lo pidieron.

Desde Santa Fe

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albord Cantard, le abrió un sumario al ex agente secreto del Ejército, César Luis Frilocchi, y lo desplazó de su cargo de director de Diplomas y Legalizaciones porque operó como "Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura" y "podría haber incurrido en conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos y la democracia", dijo. Cantard se tomó su tiempo para firmar la resolución. Tuvieron que pasar cuatro años desde marzo de 2010, cuando le pidieron "por la memoria de los desaparecidos y asesinados de la Universidad" que explique "qué labor cumplía Frilocchi como PCI" en esa casa de estudios y tres marchas del Foro contra la Impunidad y por la Justicia en los últimos meses, que le reclamaron la cesantía del ex informante de la dictadura.

Cantard ordenó "instruir el sumario administrativo" a Frilocchi y "desafectarlo preventivamente" de su puesto hace un mes, el 9 de setiembre, pero la norma recién se conoció en las últimas horas cuando le entregó una copia a representantes del Foro que volvieron al rectorado a reclamar respuestas, como lo hicieron en las marchas del 20 de marzo y el 4 de junio último. La resolución 539 es refrendada por el secretario general de la Universidad, Pedro Sánchez Izquierdo y la secretaria administrativa, María de los Milagros Denner.

Entre las pruebas, Cantard valoró "un informe del Programa de Derechos Humanos" y "lo expresado por el fiscal del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal" y concluyó que había "elementos suficientes para iniciar el correspondiente sumario administrativo a los efectos de determinar la responsabilidad" de Frilocchi.

La segunda cuestión era si Cantard lo dejaba o no al frente de la Dirección de Diplomas y Legalizaciones de la UNL, pero resolvió separarlo "preventivamente". "Resulta oportuno desafectarlo" mientras se instruye el expediente por "la sensibilidad que despierta en la comunidad universitaria que el agente Frilocchi continúe en funciones", explicó.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia (que integran Madres de Plaza de Mayo de Santa Fé, , Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones) ya le entregó al rector de la UNL "suficientes fundamentos jurídicos, legales y reglamentarios para que la Universidad separe de su seno al represor". Uno de los documentos es un informe sobre "La estructura represiva de Santa Fe" (1974?1983)" y otro, sobre cómo operaba y quiénes integraron el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe.

Según el legajo que está en la justicia, Frilocchi operó como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 en dos etapas: desde abril de 1978 hasta 1979 con el nombre falso de Carlos Leandro Fitipaldi y luego, a partir de 1980, como Carlos Lucas Fernández.

"Los documentos no dejan lugar a dudas sobre el rol que cumplió un PCI de Ejército infiltrado en la UNL en los peores años de la dictadura y brindan suficientes fundamentos jurídicos, legales y reglamentarios para que la Universidad separe de su seno, sin dilación alguna, al referido represor", señaló el Foro.

"Muchas veces nos preguntamos dónde están y qué hacen hoy, los que llevaron adelante el terrorismo de estado en la última dictadura. Por mucho tiempo se dijo que eran 'mano de obra desocupada' pero ahora sabemos que no es ni fue así. Los represores santafesinos llegaron a ser jueces, presidentes comunales, altos funcionarios de gobierno en seguridad, candidatos electorales, sindicalistas y a veces se quedaron en los puestos de trabajo que la dictadura les asignó, como es el caso de Frilocchi".

"Formalmente, el alta de Frilocchi en el cargo de PCI es de abril de de 1978. Sin embargo, a pocos días del golpe cívico militar, el 1 abril de 1976 el interventor militar en la UNL, coronel José H. Núñez, designó a Frilochi en un cargo no docente. No fue casual su asignación a la Sección Alumnado de la Facultad de Ingeniería Química ya que desde esa oficina tenía acceso a los legajos con toda la información de los estudiantes". "Además, fue estudiante crónico en la FIQ y se infiltró" en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) para "colectar información de manera directa". Química es la facultad con más desaparecidos y asesinados de la UNL.

COMUNICADO APDH ROSARIO: abogado pro-genocidas

SOLICITAMOS A UDS. LA MAS AMPLIA DIFUSIÓN,
MUCHAS GRACIAS

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH Rosario) quiere hacer públicas algunas consideraciones respecto del alegato defensista presentado en la causa Feced II por el Dr.  Juan Antonio Tobías, abogado de los represores Olazagoitía, Torres y Altamirano y Director de la Unidad de Letrados Móviles para IMPUTADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD del Ministerio Público de Defensa de la Nación , esperando que el mencionado profesional, no haya recibido instrucciones de parte de la Defensora General de la Nación para ensayar este tipo de defensas.

El abogado, Dr. Juan Antonio Tobías, se refirió al asesinato de los hermanos Céspedes Chung como un presunto enfrentamiento, desconociendo qué significaba alegar un “enfrentamiento” en pleno Plan Sistemático de Represión Ilegal.

Manifestó también que no está probada la alevosía (puesta en estado de indefensión) en ambos homicidios.

La defensa oficial no puede desconocer qué significaba cuando durante el plan sistemático  se hablaba de “enfrentamientos”: Eso es ideológico, no técnico

Siguió,  alegando que los testigos no mienten, apelando a lo que él llama la “psicología de los testigos”, para restarle valor a sus valientes dichos.
Es muy grave porque se trata de la defensa pública.

Dijo el abogado   Juan AntonioTobías, defendiendo a los genocidas:
“Los testigos no son mendaces, es una cuestión de psicología del testimonio”
 Es decir, los testigos no mienten pero no les creemos.

Insulta nuestra inteligencia creyendo que con sólo decir a cada rato que no se trata de invocar mendacidad, salva el hecho de que en cada análisis, sólo manifiesta lo que él llama “contradicciones” , pero que en la trascendencia que la defensa pretende darles, se están interpretando como mentiras lisas y llanas.

También manifestó que en el peor de los casos,  el Art.  10 de la ley orgánica de Policía de la Provincia de Santa Fe autorizaba a los policías a detener por averiguación de antecedentes, ensayando una defensa de su representado el “Conejo” Torres. Tamaño desmadre, intentando teñir de legalidad los secuestros de la Dictadura , durante la implementación del último Genocidio Nacional,  es una ofensa grave a la Memoria Colectiva.

Por lo demás, pondera lo establecido en el Juicio a las Juntas, ROZANDO LA TERRIBLE TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS. Intenta demostrar que si los detenidos no eran militantes no puede aplicarse la agravante de perseguidos políticos, como si hubiese que buscar en la víctima y no el opresor el motivo de los secuestros.
Dijo el Dr. Tobías, no hay asociación ilícita en la policía, la conformidad de quien recibía una orden era intrascendente, solo debían cumplirla.

Menciona el testimonio de Nené Bettanín que se refirió a los imputados como barriletes de grupos económicos para decir que no hubo acuerdo de voluntades para integrar la asociación ilícita, omite decir que su mismo defendido Torres le decía a los secuestrados en el lugar del hecho “algún días Uds nos van a juzgar,  las cosas se dan vuelta”.

Finalmente pidió la libertad de sus defendidos Altamirano y Olazagoitía desde el momento mismo del veredicto y se mantenga la libertad de Torres, pidió la libertad plena y como si eso fuera  poco, solicitó la condena condicional para un criminal de Lesa Humanidad. Esto es verdadera inseguridad, pedir que haya asesinos seriales en la calle.

Debemos recordarle las reglas de ONU para el tratamiento de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad, que en el punto 6 establece que los procedimientos jurídicos no deben dar lugar a un nuevo trauma. En el menor de los casos llamó a los/as testigo/as loco/as,  si no mendaces.

Defendemos las garantías de los  juicios a los genocidas para darles las oportunidades de defensa que nunca tuvieron sus víctimas, pero no vamos a permitir defensas ideológicas, AL MENOS POR PARTE DE LA DEFENSA PÚBLICA ,( que nosotros pagamos con nuestros impuestos)  para que hagan  apología del delito.

En su defensa de los genocidas el Dr. Juan antonio  Tobías parece creer que tenemos que pedirles disculpas a los peores criminales de nuestra historia reciente, sin entender que muchos años han pasado, mucha impunidad nos ha atravesado, muchos pequeños y grandes “tobías” se han interpuesto en nuestro camino mintiendo, ensuciando a los testigos, siendo cómplices por opción u omisión, por ideología o dinero… y sin embargo, acá estamos en el  día a día, con todo la certeza que más temprano que tarde la justicia llegará, porque  después de tanto dolor, solamente  resta esperar el veredicto para saber si el tribunal cree o no en los testimonios.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

APDH ROSARIO

Rosario, 12 de septiembre de 2014-

La familia de Eduardo Garat quiere ser querellante

El abogado-militante desaparecido

La esposa y los hijos del militante desaparecido durante la dictadura, Eduardo Garat, se presentaron ayer en los Tribunales Federales para "ser tenidos como parte querellante en estos autos y en contra de las personas que resulten responsables en calidad de autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los hechos de los cuales resultara víctima Eduardo Héctor Garat". El escrito, patrocinado por la abogada de HIJOS Rosario, Nadia Schujman, solicita la inclusión en el expediente de la esposa de Eduardo, Elsa Martín, de sus hijos Florencia, Santiago y Julieta Garat.

Abogado, escribano, docente universitario y defensor de presos políticos, Garat participó en la comisión investigadora de la desaparición de Angel Brandazza, tuvo una intensa militancia en la JP y en la agrupación Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 13 de abril de 1978, en la esquina de Santa Fe y España. Esa mañana había bajado del departamento donde vivía Adriana Altieri junto a Graciela Brebbia, para tomar un taxi en la intersección de las calles Santa Fe y España, ya que acompañarían a Altieri a Buenos Aires y ésta luego viajaría a Europa.

Según pudo reconstruir la familia, Graciela escuchó una frenada desde la otra esquina de calle San Lorenzo, ruido de puertas de autos y ya no vio más a Eduardo. Desde la misma estación de trenes Graciela llamó a Carlos Garat (hermano de Eduardo) para avisarle de su desaparición.

"A través de lo que hemos podido reconstruir en estos años, y la prueba colectada en esta causa, hoy sabemos que Eduardo fue secuestrado por un grupo de tareas del Batallón 121 y conducido a un centro clandestino de detención en las afueras de Rosario, en el que se escuchaba ruido de aviones y el cual era manejado por militares. Allí compartió cautiverio con Santiago Mac Guire y Roberto Pistachia", se afirma en el escrito judicial.

La denuncia consigna que Garat "fue salvajemente torturado, hasta fallecer en una de esas interminables sesiones, esto fue corroborado tanto por Mac Guire como por Pistachia".

Se posterga el juicio a Vera Candiotti ex juez de menores cómplice de la dictadura

Se postergó juicio a Vera Candiotti

Supresión de identidad de Paula Cortassa

El Tribunal Oral de Santa Fe postergó el inicio de un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, en perjuicio de 55 personas, que tiene como imputados a un ex juez de Menores, tres ex militares y un ex policía. Se trata de la denominada "Causa acumulada", en el marco de la cual serán juzgados el ex juez  de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los ex militares Jorge Roberto Diab, José María González y Carlos Enrique Pavón; y el ex policía Juan Calixto Perizzotti. Entre los delitos que se intentarán probar figura la supresión de identidad de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, quien durante años se llamó María Carolina Guallane.

El juicio iba a iniciarse el próximo lunes, pero debió postergarse debido a que se incorporó un segundo tramo de la causa y está pendiente el añadido de un tercer tramo. Además, uno de los integrantes del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, se apartó de la causa, por lo cual deberá designarse un reemplazante. Fuentes judiciales indicaron que el inicio del juicio aún no tiene fecha definida, pero se estima que podría realizarse "antes de fin de año".

Entre los delitos que se intentarán probar figura la supresión de identidad de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, quien durante años se llamó María Carolina Guallane por haber sido dada en adopción a una familia de la ciudad de Venado Tuerto cuando tenía un año y medio, en abril de 1977.

En esa época el ex teniente coronel Diab era subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122; Pavón era oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT); en tanto González, quien cumple una pena de prisión perpetua, era jefe del área 212. Por su parte, Perizzotti recibió dos condenas en causas por delitos de lesa humanidad, en su caso en los mismos juicios que mandaron a la cárcel al ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa.

En esta causa Vera Candioti será juzgado por el ocultamiento y supresión de identidad de Paula Cortassa luego del secuestro de sus padres Enrique Cortassa y Blanca Zapata, quienes permanecen en calidad de desaparecidos por la dictadura.

Cortassa y Zapata fueron secuestrados por una patota del área 212, que dependía del II Cuerpo del Ejército, en un operativo realizado el 11 de febrero de 1977 en la casa que habitaban en Castelli 4531 de la ciudad de Santa Fe.

Las fuentes indicaron que en ese operativo y en los días posteriores Zapata recibió duras golpizas que derivaron en la pérdida de un embarazo de siete meses. La investigación reveló que la mujer fue asesinada días más tarde mediante un disparo de arma de fuego en el cráneo. En el mismo operativo los integrantes del grupo de tareas asesinaron a Cristina Ruiz y sus hijos fueron entregados a sus abuelos.

Triunfo de la memoria: despidieron los restos de una militante del PRT-ERP

En otra enorme batalla ganada por la memoria y la lucha popular, el jueves pasado se inhumaron los restos de la militante del PRT y Teniente del ERP, Irma Elena Montenegro, conocida como “la Negra Celia”. 

Fue en el cementerio de Puerto General San Martín, al norte de Rosario, donde se dieron cita representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, músicos populares y compañeros y compañeras de militancia de la joven secuestrada y asesinada durante la última dictadura militar. Su hijo, nietos y otros familiares encabezaron el homenaje.

Otra vez la historia se hizo presente demostrando que el pasado está vivo y que no es algo que podrá olvidarse por decreto. No habrá jamás borrón y cuenta nueva y menos aún hasta que no se recupere la identidad de cada militante desaparecido y de cada hijo cuya identidad fue robada y no se enjuicie a cada genocida responsable de las atrocidades realizadas durante la última dictadura militar.

Prueba de ello fue el acto con el que se despidieron los restos, ahora identificados, de la militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Teniente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Irma Elena Montenegro, “la Negra”, cuyo nombre de guerra era Celia. Allí, su hijo, sus nietos y otros familiares, junto a sus compañeros y compañeras de militancia, dejaron en claro que el dolor no se olvidó y que sigue siendo absolutamente necesaria la ceremonia del duelo que permita ayudar a cicatrizar nuestra historia. Cómo no darse cuenta de ello al ver caer las lágrimas de los ojos de niños y niñas de no más de 10 o 12 años, probablemente nietos de Irma, al encontrarse con los relatos de mucha gente y los abrazos sentidos de desconocidos que les daban apoyo hablándoles de su abuela.

Montenegro fue, además, compañera de vida del Gringo Ángel Porcu, también militante del PRT y dirigente de la UOM de Villa Constitución. Juntos tuvieron un hijo, Gabriel, que pudo confirmar su identidad hace algunos años, ya que su madre, ante la inminencia del peligro, prefirió dejarlo al cuidado de su hermano, quien nunca le reveló su verdadero origen. Nélida Turlione, una de las compañeras presentes en el homenaje, remarcó que “la Negra estaba muy preocupada por su hijo. O caíamos todos o salvábamos al chiquitito. Fue muy doloroso para ella dejar a su hijo con su hermano”.

Por su parte, el Secretario General de ATE Rosario y de la CTA provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez, fue íntimo amigo y compañero de Porcu, por lo que su recuerdo de Irma fue por la vía del relato del Gringo. De hecho, afirmó que a Gabriel lo conoció “a través de la imaginación del Gringo, que se preguntaba cómo sería”.

Quien también tomó la palabra durante el homenaje fue Héctor “la Chinche” Medina, quien en los '70 fue militante de la Juventud Guevarista, la rama juvenil del PRT. “La conocí cuando era muy pibe, cuando iban a Villa Gobernador Gálvez a enseñarnos a organizarnos para pelear por la libertad”, rememoró. Quizás por eso eligió catalogar a la recuperación de los restos de la Negra Celia como “un triunfo” y aseguró que seguirán “peleando para encontrar a cada uno, para saber la verdad y luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia, para que todos los genocidas terminen con cárcel común, perpetua y efectiva”.

El “Colorado” Jorge Marcos, también integrante del PRT y el ERP, incluyó en sus palabras un toque de humor y hasta de recuerdos amorosos. Enumeró muchas y enormes cualidades de la compañera Irma, y destacó que “era muy difícil que una mujer pudiera llegar a ser teniente del ERP y ella era muy valiente”. El Colo también recordó que ella fue una de las que custodió a Stanley Sylvester, el gerente del Swift y cónsul inglés en Rosario, secuestrado por el ERP en 1971. Marcos hasta se animó a confesar que se debía haber enamorado de ella. “De las compañeras que conocí yo creo que era la más brillante”, concluyó.

Luego de varios oradores más, un grupo de músicos oriundos del Cordón Industrial interpretó algunas canciones en honor a Montenegro. Después de ellos, un integrante de la actual Juventud Guevarista, “el Mecha”, se ofreció a cantar la zamba “La Guerrillera”, y luego, a pedido, ejecutó la marcha del ERP, que acompañaron varios de los presentes con sus voces y sus puños en alto.

Un profundo silencio acompañó, más tarde, la despedida de los restos hasta el sepulcro, que se quebró con un cerrado y prolongado aplauso. Vale recordar que Irma Montenegro fue secuestrada por un grupo de tareas en la zona sur de Rosario y permaneció desaparecida en el centro clandestino de detención llamado La Calamita, en Granadero Baigorria. Fue asesinada en junio de 1977 en esa localidad, en uno de los habituales simulacros de enfrentamiento perpetrados por los dirigentes de la dictadura, conocido como la "Masacre de Las Verbenas y 9 de Julio".

Finalizado el homenaje, “la Chinche” Medina evaluó la importancia de este hecho y puso sobre la mesa los valores que viene a levantar la recuperación de los restos de Montenegro. “Además de una compañera, recuperamos el cuerpo de una referente, una militante destacada, una revolucionaria que luchaba por el socialismo, que luchaba por los más humildes, puso su compromiso hasta tal punto de dar su vida por una sociedad más justa. Lo que expresaba la Negra era la voluntad de construir una sociedad distinta en representación de los trabajadores y el pueblo argentino”.    rosario@indymedia.org

El Equipo de Antropología Forense identificó los restos de Gustavo Bruzzone

El ajedrez y la militancia

Fue secuestrado en Rosario el 19 de marzo del 77, asesinado cinco días después en un enfrentamiento fraguado y enterrado en el cementerio La Piedad. "Necesitábamos cerrar la historia. Se lo llevaron cuando era un pibe", dijo su hermano Rodolfo Bruzzone.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Gustavo Bruzzone, un joven secuestrado en Rosario el 19 de marzo de 1977, asesinado cinco días después en un enfrentamiento fraguado y enterrado en el cementerio La Piedad. Tenía 22 años, militaba en la Juventud Peronista y era un destacado ajedrecista que había representado a la provincia en varios torneos.

El EAAF comenzó a trabajar en el cementerio en 2011, en 120 tumbas que, se presumía, podrían corresponder a desaparecidos. La selección se hizo identificando primero las inhumaciones NN entre 1976 y 1983, para luego determinar cuáles fueron muertes violentas y, en algunos casos, la constancia en los registros de una intervención del Comando del II Cuerpo de Ejército o de la policía.

Tal como publica el portal Infojusnoticias con la firma de Nicolás Lovaisa, a partir de esa investigación el EAAF, a cargo de Miguel Nieva, comprobó que Bruzzone había sido trasladado a El Pozo, el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de Rosario. Cinco días después de su detención lo sacaron de allí junto con otros dos detenidos. Los tres cayeron en un supuesto "enfrentamiento", que obviamente fue fraguado, en Córdoba al 5600.

El diario La Capital publicó el día después: "El comandante del Segundo Cuerpo de Ejército informa a la población que el día 24 de marzo con motivo de la persecución que efectúan las fuerzas legales contra las bandas de terroristas se produjeron los siguientes hechos: 1. Siendo las 3.30 en la calle Córdoba al 5600, de la ciudad de Rosario, fueron abatidos 3 delincuentes subversivos al estallar el artefacto explosivo que transportaban en el vehículo en que se trasladaban".

"Necesitábamos cerrar la historia. Yo lo llevo en mi corazón, pero es muy duro poder verlo sólo en una foto. Se lo llevaron cuando era un pibe. Tenía apenas 22 años. A mi hermano no lo dejaron vivir", afirmó Rodolfo Bruzzone. Junto con su madre Irma Godone recorrieron hospitales, comisarías, cuarteles, para saber qué había pasado con Gustavo. Durante un año viajaron a Rosario para entrevistarse con el teniente coronel Enrique González Roulet. "Un día no aguanté más sus mentiras y le dije que si quería una novela me compraba un buen libro. Me echó y me dijo que no volviera más, era mayo de 1978", recordó Chocha, que fue una de las primeras Madres de Santa Fe. "Ahora ya puedo partir tranquila. Sé donde está y va a descansar junto a sus compañeros", agregó.

En el verano del 72, Bruzzone comenzó a militar en la Juventud Peronista. Visitaba los barrios más humildes de la ciudad, se comprometió para darle una mano a los vecinos de Alto Verde en la inundación de 1973 y se involucró en la campaña para la vuelta de Juan Domingo Perón. Se inscribió en la Facultad de Ingeniería Química. "Rindió ocho materias espaciadas, porque la militancia le llevaba mucho tiempo, a pesar de mis protestas. Un día me dijo que abandonaba la facultad porque quería pelear por lo que creía, y que si dejaba su vida en el camino se sentiría feliz", recordó Irma.

Con su hermano Rodolfo fue más claro: "Esto lo hago por mi ahijado (Víctor Rodolfo, en homenaje al ex futbolista de Unión, Marchetti). Y si dejo los huevos en el camino va a ser por él".

El Ministerio de Educación lo designó como profesor de ajedrez en la escuela General José de San Martín, donde había cursado la primaria. Luego ingresó por concurso al Centro de Cómputos de la provincia. En 1974 se casó con su novia de toda la vida, Carmen Liliana Nahs. Se mudaron a Rosario, donde trabajó en el puerto, en un taller, lavó piezas, pintó paredes. Junto a su esposa se mudaron de pensión en pensión hasta que lograron alquilar una casa en Rioja 5349. El 19 de marzo de 1977 fue a buscar el auto de un amigo al taller. En ese vehículo iba a volver a Santa Fe para festejar el cumpleaños de su madre al día siguiente. Pero nunca llegó. Su esposa fue secuestrada el 8 de agosto de 1977 y continúa desaparecida. De Liliana se sabe que pasó por la Quinta de Funes.

Una placa robada

"Soñé con él. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Soñé que lo encontraba, que hablaba con él. Hace mucho tiempo entendí que no voy a volver a verlo, pero necesito saber qué le pasó. Creo que volver a soñar con él es como una señal". La frase de su madre Irma Godone fue meses atrás. Igual la familia espera la concreción de otro sueño: desde el 25 de julio de 2009, a través de una propuesta de la vecinal del barrio María Selva aprobada por el Concejo Municipal de Santa Fe, una plazoleta de la ciudad lleva el nombre de Gustavo Bruzzone. Está ubicada en la intersección de las calles Ruperto Godoy y Rivadavia, a cien metros de la avenida Aristóbulo del Valle. Allí se colocó una placa con su nombre y las autoridades municipales (en aquel momento el intendente era Mario Barletta) se comprometieron a colocar tableros de ajedrez, como una manera de recordarlo, y también de promover el juego. Nada de eso ocurrió. La placa fue robada el año pasado y no se colocó una nueva.

Largo sendero de justicia para Santiago

Indagatoria para los sacerdotes Eugenio Zitelli y Rodolfo Yaquinto, y el gendame Adolfo Kushidonchi, por el caso Mac Guire

El pedido de las indagatorias lo hicieron los hijos y la mujer de Santiago Mac Guire, un sacerdote tercermundista que dejó los hábitos para casarse pero que siguió en su militancia social al lado de los más pobres. Lo secuestraron en abril de 1978, en La Paz al 800, cuando llevaba a su hijo Lucas del jardín de infantes.

La familia Mac Guire pidió esta semana al juez Bailaque que se indague a los sacerdotes Eugenio Zitelli, procesado en la causa Feced, y Rodolfo Yaquinto, que era secretario del entonces obispo Guillermo Bolatti, como así también al gendarme Adolfo Kushidonchi, que fue jefe de la cárcel de Coronda. Martín, Lucas, Federico y Bárbara, los cuatro hijos y María Magdalena Carey, la esposa del recordado sacerdote tercermundista del Bajo Saladillo que se enamoró y dejó los hábitos pero siguió militando por los más pobres se presentaron en octubre del año pasado para que se investigue las responsabilidades en el secuestro de Santiago el 18 de abril de 1978, en La Paz al 800, cuando llevaba a su hijo Lucas del jardín de infantes hacia la casa. Santiago estuvo desaparecido doce días en el centro clandestino de detención Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de Funes, un mes y medio en el Batallón 121 de Rosario y luego pasó detenido casi seis años en distintas cárceles. Además de pedir las indagatorias, las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jessica Pellegrini pidieron que la querella pueda presenciar esa declaración, al considerar que es su derecho como víctimas, de acuerdo a las Convenciones de Derechos Humanos vigentes en Argentina . 

"Creemos que Zitelli debe estar detenido, nos parece que no corresponde haberle puesto una fianza que le permite estar en libertad, porque hay suficientes testimonios de su participación en la represión ilegal", dijo Lucas Mac Guire, que tenía seis años cuando presenció el secuestro de su padre.

Para Lucas, no sólo es importante que se haga justicia por su padre. "Nosotros sabemos que los delitos que cometieron con mi viejo, por más que sean de lesa humanidad, no contemplan muchos años de cárcel. Sí consideramos los elementos que podemos aportar a partir de su secuestro, hubo una persona que estuvo secuestrada junto con 'l, el abogado Eduardo Garat, que continúa desaparecido. De alguna manera, esta presentación también es para reconocer a los que no están", dijo Lucas.

El pedido realizado por Durruty y Pellegrini recuerda en primer lugar, el derrotero de Mac Guire, en base al testimonio del 27 de agosto de 1985 ante la Conadep. "Llega por fin, me sacan de la celda, estábamos extenuados por mucha tortura. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes, encapuchados siempre, sin comer. Por caminos de tierra me llevan en auto, no sé pensando que alguno lo podía seguir y aparezco en el 121 y estuve un mes y medio atado de noche y de día a la cama. En ese interín me hacen Consejo de Guerra, me dictan 15 años de reclusión. Podíamos vislumbrar algunos lúcidos de que no íbamos a estar tanto, porque no se podía mantener esa tesitura de los militares genocidas. No se olviden, que yo les estoy hablando de 1978. Mientras yo esperaba, contra la pared, que apenas me podía tener y con las esposas, a 3 metros estaba Zitelli con Kusidonchi. ?Saben quién es Kusidonchi? Fue el director de la cárcel de Coronda más cruel de la historia, pero con cara de bueno cual nipón en las películas de guerra de la segunda guerra mundial, que cuando salía el visitante tocaba un timbre y lo liquidaba, así era. Fumando, tomando café los dos, Zitelli y el director éste, por fin me hacen pasar, me hace pasar Zitelli, eran dos pares", relató Mac Guire ante la Comisión, y recordó un diálogo que mantuvo con ese sacerdote. "Que tal, cómo está", le preguntó Zitelli a Mac Guire, en condiciones deplorables e ilegales de detención. "Más que eso no pude hacer, mirarlo seriamente y decirle ?y qué te parece?. Dice 'yo estaba de paso por acá, yo estaba de paso. ?y cómo anda?'", siguió recordando Mac Guire"¨ ?Y cómo puedo andar?' insisto, 'muy mal, el Señor me asiste'. Lo desprecié con la mirada, todo lo que pude. Es lo menos que podía hacer", rememoró la víctima. Zitelli era capellán de la policía y no sólo fue visto por Mac Guire sino que hay distintos testimonios en la causa Díaz Bessone de su presencia en el Servicio de Informaciones de Rosario, y de su aval a la tortura como método para obtener información. La presentación judicial también recuerda la declaración de María Carey, el 5 de diciembre pasado, ante el propio juez Bailaque. "Allí sostuvo que a los dos o tres días del secuestro de su esposo, decidió ir al Arzobispado con sus hijos a pedirle a Bolatti que hiciera algo por él ya que Santiago había dado todo por la Iglesia. La hizo volver a los días para decirle que estaba hablando con todo el mundo pero que muchos consideraban que por ahí había sido secuestrado por algún compañero, que era lo que se decía en ese momento, pero que por ahora no me podía dar ningún dato", contó María.

En esa época, con su marido desaparecido y cuatro hijos, María recibió una visita intimidante. "El propio Luciano Jáuregui, quien fuera por entonces jefe del Comando de II Cuerpo con asiento en nuestra ciudad, se apersonó en su casa para interrogarla por Santiago y para decirle que seguramente había sido secuestrado por sus compañeros, coincidiendo con lo que le había manifestado Bolatti", dice la presentación judicial.

La complicidad eclesiástica volvió a quedar al descubierto pocos días después, cuando María recibió un llamado de Rodolfo Yaquinto del Obispado, que le dijo que Santiago había aparecido en el Batallón 121. Fueron al lugar y allí María describe haberlo encontrado a Santiago en una cama atado de pies y manos. "Estaba muy lastimado, estaba muy mal realmente. Lo vi, mucho no hablamos. Estaba como si lo hubieran torturado, él me dijo que lo habían maltratado, que le habían pasado picana y que lo habían golpeado mucho", recordó la mujer ante el juez.

Luego fue trasladado a la Cárcel de Coronda, donde la familia pudo visitarlo. Allí, Mac Guire le contó a María que estando en el 121 como una visión ve la cara de Bolatti, "porque parece ser que lo fue a ver al 121 y no podía creer que lo había ido a visitar. Y otro que lo fue a ver fue Zitelli, que había sido un cura que lo reemplazó en el bajo Saladillo cuando él se casó conmigo e hizo todo lo contrario a lo que había hecho Santiago, porque ideológicamente no tenían nada que ver. Y también, fue a preguntarle cómo estaba y si necesitaba algo. Ambas visitas fueron rápidas, no sé si Zitelli lo había ido a ver o si se lo encuentra por casualidad en ese lugar. A los dos los ve una sola vez. Bolatti me dijo que sí lo había ido a visitar", rememoró María en diciembre pasado.

Para Lucas, la presentación judicial y el impulso a la causa tiene varios motivos. "Es por mi viejo, es por la memoria de mi papá, pero sobre todo, lo hago más conscientemente por aquellos que no están, y de los que no se tiene ningún dato. Lo fui a ver a mi viejo, incluso en el 121, apenas lo llevaron, maltrecho, torturado, y también a Coronda. Y siempre me quedó esta sensación de que yo a mi papá lo tenía, pensó en los que no estaban. Para mí es esa lucha, poder comprobar a partir del secuestro de mi papá, la responsabilidad que tuvieron en el asesinato de Eduardo Garat", consideró Lucas.

El querellante subraya el papel de la Iglesia. "Los responsabilizamos a ellos de actos de los que fueron absolutamente conscientes, nadie duda que la iglesia pudo haber tenido algo que ver con la aparición de mi papá pero lejos de agradecerles yo tengo que acusarlos. Sí, mi papá apareció, gracias. Pero no es un agradecimiento sino que, a partir de eso hay una clara evidencia de que ellos eran los responsables a quienes mi mamá fue a tocarles la puerta", interpreta el querellante.

La presentación judicial recuerda, además, que el titular de la Unidad Fiscal en materia de delitos de lesa humanidad, Gonzalo Stara, también pidió la indagatoria de Zitelli por estos hechos y ello aún no ha sido resuelto. Y recordó que el 20 de marzo de 2012, Zitelli fue procesado como partícipe necesario de 9 casos de privación ilegítima de la libertad agravada y como coautor del delito de asociación ilícita teniendo en cuenta que "estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones. Entre las personas que allí lo situaron están, por ejemplo, María Inés Luchetti, Olga Cabrera Hansen, Mónica Catoni. En segundo lugar que Zitelli tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones". El 6 de mayo de 2013 fue procesado por el mismo delito hacia otras cinco víctimas. Ahora, el testimonio de Mac Guire y Carey, agregan que también estuvo en el Batallón 121.

Fuera del lenguaje más judicial, Lucas tiene "esperanza de que el juez Bailaque se pueda acordar del momento en que mi mamá hizo la declaración. La acompañó para que el juez verdaderamente tome conciencia de que Zitelli no tiene que estar en libertad. No puede ser que por una fianza de 50 mil pesos quede libre. Nosotros consideramos que él tiene que estar detenido, tiene que decir qué pasó con Garat, adónde fue a parar su cuerpo. Esperamos que el juez tenga la suficiente fuerza, que tome en cuenta jurisprudencia como la del caso de Von Wernich".

Justamente, las abogadas transcriben algunos párrafos de esa sentencia en su presentación. "En la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N? 1 de La Plata en la causa N? 2506/07 contra Christian Federico Von Wernich, se brindaron valiosos elementos a fin de ponderar la responsabilidad que le cupo al ex capellán como miembro del aparato represivo y que resultan a todas luces enriquecedores en este caso. Allí se dijo: 'No tiene en ese sentido ninguna importancia lo dicho por la defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba 'después' de la tortura. Era precisamente esa la tarea asignada en el grupo que integraba'", detalla la presentación.

Por eso, también se pidió ??por primera vez?? la indagatoria de Yaquinto. "Debiera imputarse la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Santiago Mac Guire a Rodolfo Yaquinto, quien se comunicara con su esposa, durante la privación, notificándole el lugar en el que se encontraba", dice el escrito firmado por las abogadas. Yaquinto acompañó a María, la esposa de Mac Guire, al Batallón de Comunicaciones 121 e incluso le facilitó el ingreso al lugar donde su marido estaba detenido ilegalmente.

Durruty y Pellegrini recuerdan que "Yaquinto fue mencionado por otras víctimas de la represión en nuestra zona. En efecto, ya en el año 1984, en su declaración ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Inés Pérez declaró que ante la desaparición de su hermana María Sol Pérez ocurrida en el mes de diciembre de 1976, la familia realizó innumerables gestiones. Una de ellas fue ante el Arzobispado. En ese lugar fueron atendidos por el 'Secretario de Monseñor Bolatti, el hermano Yaquinto', a quien conocían sus padres, éste les proporcionó una carta de recomendación del Arzobispo con la que se dirigieron a la jefatura de Policía, a la Sede del Comando, entre otros lugares, todo con resultado negativo". María Inés Pérez declaró el 3 de abril de 1984, y ese testimonio está incorporado en la causa Feced.

"Estas actividades denotan un grado de compenetración con la represión ilegal manifiesta a las claras su responsabilidad. Si consideramos que fue parte fundamental en el proceso de blanqueo del secuestrado, acorde la teoría que explica la autoría funcional por reparto de funciones, entendemos que el aporte de Yaquinto fue vital para mantener a Santiago Mac Guire cautivo y atormentado, por lo cual entendemos se acredita en exceso el grado de sospecha bastante requerido por la legislación procesal para proceder al llamado a declaración indagatoria".

Para Lucas, resulta incomprensible que Yaquinto nunca haya sido llamado a declarar. "Fue el que se comunicó con mi mamá para decirle que mi papá estaba en el Batallón 121. Mi mamá le había ido a pedir por favor que la iglesia no le soltara la mano a Santiago, mi papá. El le dijo que seguramente lo habían secuestrado los compañeros, como decían en esa época, pero a los dos días cae la cúpula del ejército en mi casa, interrogan a mi mamá", relató su propia historia el querellante.

Por su parte, Kushidonchi también es investigado, a instancias de Stara, por su responsabilidad tanto como director de la Unidad 3 de Rosario en 1976, cuando recibía a detenidos de manera irregular, con evidentes signos de tortura, como posteriormente de la cárcel de Coronda, junto a Octavio Zirane, que murió impune hace pocos días. "La presencia de Kushidonchi en el Centro de Detención Clandestina que funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 121, amerita cuanto menos su llamado a indagatoria e inmediata detención por los hechos que sufriera Santiago Mac Guire", expresaron las abogadas.

Para poder mirar a los responsables a los ojos

Las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jessica Pellegrini solicitan además que la querella pueda presenciar las indagatorias solicitadas. Para eso, consideran que el artículo 295 del Código Procesal Penal contradice las Convenciones de Derechos Humanos a las que Argentina está suscripta. Ese artículo dice que "a la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el ministerio fiscal. El imputado ser informado de este derecho antes de comenzar con su declaración".

Durruty lo explica: "Entendemos que se opone a las convenciones internacionales que no se permita a las querellas ingresar al acto de las indagatorias". Además de citar una amplia jurisprudencia sobre el valor y los derechos del querellante, la presentación indica que no tiene sentido la prohibición de presenciar las indagatorias, "si tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que el querellante posee facultad suficiente para proseguir la acusación y por lo tanto realizar la elevación a juicio, reconociéndole además la facultad de proseguir hasta la instancia extraordinaria, aún cuando el Ministerio Público Fiscal haya desistido de la acusación o solicitado el sobreseímiento del imputado". Entonces, para las abogadas, "cómo negarle válidamente la posibilidad de fijar los términos de la acusación, máxime cuando de ello depende el éxito posterior de la calificación final del delito que se juzgue. No es la primera vez que estas abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas piden que las querellas están en las indagatorias. "Entendemos además que el artículo 295 de nuestro Código Procesal Penal no resiste al control de convencionalidad", explican. Lucas expresa su derechos como familiar de una víctima: "Queremos verle la cara a los responsables del secuestro de mi viejo".