Contemplaciones y consideraciones para genocidas

Se exime a 8 represores de tener que presenciar el juicio oralNo mirarán a sus víctimas a los ojos

Los jueces también decidieron que Amelong pueda defenderse como abogado. Las querellas exigieron que no interroge a los testigos. El TOF le permitió a él, como así también a Sfulcini y González, contar con una notebook en la cárcel.

 Por Sonia Tessa

El represor Juan Daniel Amelong --condenado a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común-- podrá ejercer su defensa técnica como abogado, junto al defensor oficial que lo asiste y contará con una notebook en Marcos Paz, su lugar de detención para poder hacerlo. El Tribunal Oral Federal número 1 integrado por los jueces de Entre Ríos Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros aceptó ayer el pedido de Amelong. También Carlos Sfulcini y Marino González podrán tener computadoras en su lugar de detención. Además, ocho de los doce imputados fueron eximidos de presenciar las audiencias, a su pedido. De ese modo, sólo Amelong, González, Sfulcini y Ariel Porra estarán presentes en las declaraciones testimoniales de las víctimas del terrorismo de estado. El resto de los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército podrá eludir la mirada de sus víctimas. Ante las concesiones del Tribunal, Juan Andrés Cabrera redobló la apuesta: pidió contar con conexión a internet para seguir las instancias del juicio en su lugar de detención, en la cárcel federal de Bouwer, en Córdoba. Cabrera estuvo prófugo y fue apresado en 2009, en Cosquín.

Si bien las querellas y la fiscalía entendieron que los doce acusados por crímenes de lesa humanidad contra 27 víctimas, entre los cuales se encuentran 14 homicidios agravados tenían derecho a ser eximidos de estar en la sala de audiencia, solicitaron que sí estuvieran en el Tribunal, por si el desarrollo del juicio requería su presencia. López Arango justificó la decisión del Tribunal en que "hace tiempo están sometidos a proceso en estado de detención".

Incluso, Sfulcini pidió ser trasladado a la Alcaidía de la Jefatura de Policía, pero la abogada Gabriela Durruty comunicó que las propias autoridades provinciales admitieron ante Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas la falta de seguridad del penal para impedir fugas. "La Alcaidía no tiene las mínimas condiciones de seguridad para evitar una fuga", afirmó. El Tribunal pidió un informe al Servicio Penitenciario Provincial.

El defensor oficial Nicolás Foppiani, que representa a Joaquín Gurrera, Ariel López y Carlos Sfulcini, trasladó la queja de sus representados porque anoche se cortó la luz en la Unidad Penal Provincial número 3 y debieron dormir sin calefacción. El reclamo despertó una exclamación en el público, ya que algunos ex detenidos, como Olga Regina Moyano y Héctor Medina recordaban sus días de presos políticos sin agua ni luz. "Nosotros dormíamos en el suelo", rememoró Moyano.

La causa investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Fábrica Militar de Armas, Escuela Magnasco y La Intermedia, por los integrantes de la patota del Ejército, bajo las órdenes de Oscar Pascual Guerrieri, que también fue eximido de presenciar el juicio, al igual que Jorge Fariña, Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López, Gurrera, Cabrera y Pelliza.

Los pedidos habían sido rechazados por las querellas y el fiscal Gonzalo Stara. Cuando el Tribunal hizo lugar a que Amelong ejerza su co-defensa, Durruty solicitó que las víctimas no sean interrogadas por el represor. López Arango afirmó que el imputado podrá hacer preguntas a los testigos mediante la presidencia del tribunal. Es decir, que él trasladará las preguntas. "Lo único que hace es entorpecer el accionar del juicio y embarrar la cancha", dijo tras la audiencia Alvaro Baella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El abogado subrayó: "Las querellas nos opusimos a que Amelong pregunte directamente a los testigos, porque era el mismo que hacía en los centros clandestinos con los detenidos tabicados o encapuchados. Para ellos es como revivir el tormento", completó.

El represor Alberto Pelliza pidió ser separado del juicio por "motivos de salud"

Todas las respuestas del gran simulador

Uno de los once represores imputados de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios agravados contra decenas de víctimas argumentó un ACV de 1982 para ser separado del proceso. Los jueces lo interrogaron, y ordenaron una pericia.

 Por Sonia Tessa

Alberto Pelliza contestó con monosílabos, aseguró que no recuerda su apellido y ni siquiera cómo se lee. El presidente del Tribunal Oral Federal número 1, Roberto López Arango, lo confrontó: "Cuando le dije Pelliza, usted me prestó atención, o sea que reconoce su apellido", le dijo en un momento del largo interrogatorio que le hizo junto a las dos vocales del TOF, Lilia Carnero y Noemí Berros. "Da la impresión de que usted comprende lo que pasa", agregó López Arango más tarde. Pelliza es uno de los doce imputados en la causa conocida como Guerrieri II que comenzó el viernes pasado en el Tribunal Oral Federal Número 1. Como el resto, está acusado de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios agravados contra decenas de víctimas. Ayer solicitó --a través de su defensora oficial, María Jimena Sendra-- ser separado del juicio oral y público por razones de salud, a raíz de un Accidente Cerebro Vascular sufrido en 1982 que le provoca "un retardo para responder a órdenes sencillas e imposibilidad de responder a órdenes complejas, así como la dificultad de recordar ciertos hechos". El argumento es utilizado repetidamente en estos procesos. En algunos casos, como el del represor Javier De La Torre, se comprobó la simulación.

El imputado sólo presentó el certificado de un médico particular, y por eso tanto el fiscal Gonzalo Stara como las querellas se opusieron al apartamiento, hasta que se realice un peritaje con intervención de las partes. "Con el certificado presentado por el imputado, se actualiza el estado de salud de 2008. ¿Recién ahora se ven en la necesidad de hacerlo? Parece que no demandaba tanta urgencia como aquí se pretende", argumentó el abogado querellante Alvaro Baella; mientras el fiscal Gonzalo Stara agregó: "Es llamativo que dicho padecimiento no haya sido tratado durante todos estos años. Pelliza sólo realizó una consulta con un oftalmólogo y algunas con un dentista en ese lapso". La representante de otra querella, Gabriela Durruty, consideró: "Hasta tanto no se realice al menos una pericial con posibilidad de control, entendemos que debe ser rechazado el pedido".

Los jueces que están a cargo del debate --los tres vienen de Paraná-- decidieron hacer pasar a Pelliza, que sigue la audiencia por televisión, en una sala contigua. El interrogatorio fue jugoso. El hombre entró acompañado de su esposa --la defensora dijo que "no puede estar solo en situaciones de stress"-- y caminó balanceándose hasta la silla. Allí, dijo no recordar ni siquiera su nombre, que leyó del documento de identidad. Con frases entrecortadas e inaudibles, le preguntaba a la mujer --sentada en un costado-- cuestiones básicas. "Usted dijo que no podía leer pero recién leyó su documento", observó Berros.

--¿Qué hace todo el día? --preguntó Carnero.

--Riego plantas --contestó el imputado, con la voz más baja que pudo.

--¿Ayuda a su esposa con los quehaceres del hogar? --insistió la jueza.

--En lo que puedo sí.

--¿Qué puede? --repreguntó López Arango.

--En lo que me dice...

--¿Lava los platos? --insistió el presidente del Tribunal.

--Sí.

--¿Barre?

--No.

--¿Mira televisión? --inquirió Berros.

--Muy poco.

--¿Qué ve en televisión? ¿Qué le gusta ver? --quiso saber la magistrada.

--No sé. Lo que usted está diciendo, cuando yo pueda salir de ahí, no voy a acordarme --insistió el imputado, en un súbito rapto de lucidez que le permitió articular una frase para insistir en que sus respuestas no tenían validez.

La otra pregunta de los jueces fue si reconocía a los otros imputados. "Tendrían que presentármelos", respondió Pelliza. Cuando le pidieron que los observara, el hombre no dudó: se dio vuelta y miró a los once imputados, no tuvo confusión alguna sobre el lugar que ocupaban en la sala de audiencias sus compañeros del grupo de tareas que dependía del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Con una rapidez inusual en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron hasta ahora en Rosario, el Tribunal resolvió mantener a Pelliza en el debate hasta tanto se haga la pericia médica que permita develar si está en condiciones de someterse a juicio. Más tarde, se completó la ronda de indagatorias. Juan Daniel Amelong --que es abogado-- solicitó ejercer su defensa técnica a la par del defensor oficial Silvio Galarza Azzoni, que tiene asignado. Los mismos jueces, en Paraná, se lo permitieron en otro proceso. El represor --condenado a prisión perpetua en la primera parte de este juicio-- también solicitó contar con una notebook. Todos sus antiguos compañeros se sumaron a la solicitud. También Ariel López hizo un pedido: no estar presente en el juicio porque debe cuidar a su hijo discapacitado. Por la misma razón había solicitado prisión domiciliaria, que fue otorgada por López Arango y Carnero, pero revocada en julio pasado por la Cámara de Casación Penal. Mañana, el TOF informará las resoluciones de todos los pedidos, y la semana próxima comenzarán a declarar los testigos.

8 años y 6 meses para tres represores... irán a cárcel común

Penas de 8 años y 6 meses de prisión para Rebén Cervera, Horacio Madesrna y Pedro Rodriguez. Alivio y alegría por tres condenas

Cuando el fallo esté firme, irán a cárcel común. La celebración fue diferente a otras sentencias: hubo un minuto de silencio por la víctima, Manuel Casado, fallecido en pleno juicio y por los muertos en la tragedia de Salta 2141.

 Por Sonia Tessa

Un grito de alivio y alegría sobrevino en la sala cuando el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 Otmar Paulucci leyó la condena a ocho años y 6 meses de prisión para Pedro Rodríguez como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y tormentos a Manuel Casado, que era secretario general del Sindicato Municipal de San Lorenzo el 25 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado en plena calle por un camión del Ejército. Los aplausos por la sentencia al civil que lo "marcó" vinieron cargados de lágrimas de emoción. Ya se habían leído las mismas condenas, como autores penalmente responsables, para Rubén Cervera, que era jefe del Batallón de Arsenales y también interventor de la Municipalidad tras el golpe militar de 1976, como así también para Horacio Maderna, que lo secundaba en el Batallón y como Secretario de Gobierno Municipal. Una vez que esté firme, la pena será de cumplimiento efectivo en cárceles comunes. En la Sala de Audiencias del Tribunal, la mujer y los hijos de la víctima lloraban, transidos de dolor y bronca porque no llegó a ver la justicia que persiguió por 37 años. Manuel Casado murió el 13 de junio pasado.

"Sentimos muchísima satisfacción, sobre todo en la equiparación de las responsabilidades, en que no se haya hecho este deslinde entre civiles y militares", expresó Soledad Chiodín, pieza fundamental del Espacio Memoria y Justicia de San Lorenzo. También el abogado de Casado, Gustavo Feldman, se mostró satisfecho. "Creo que la condena hace justicia, el monto de pena es una cuestión subjetiva de los jueces. Seguramente anidaba la idea de una gradación mayor de pena, pero lo importante es que no ha quedado impune un hecho de la entidad, la gravedad y de la severidad que tuvo que soportar Manuel Casado, que lamentablemente no pudo ver este fallo".

Sin música, con la misma congoja que atraviesa a toda la ciudad, la celebración de las tres nuevas sentencias a genocidas en Rosario tuvo un tono diferente al habitualmente festivo. Esta vez, los globos para la suelta fueron negros, en señal de luto. Y el acto en el cantero central de Oroño 940, a pocas cuadras de la zona de catástrofe, comenzó con un minuto de silencio por Casado y por los muertos de la explosión en Salta 2141. Los abrazos, como siempre, fueron el cerco de protección del espacio memoria y justicia de San Lorenzo y del Espacio Juicio y Castigo de Rosario. Las Madres de Plaza 25 de Mayo, Norma Vermeulen y Elsa Chiche Massa estaban ahí, firmes, como siempre. Después se iban a comer unos ravioles, para volver a la tarde a la plaza, para la ronda que sostienen desde hace más de 30 años.

Roberto Casado era un bebé de siete días cuando su padre fue secuestrado. Los represores lo tiraron al piso, envuelto en un colchón, durante el allanamiento. Ayer no podía contener las lágrimas. "Estoy contento, a pesar de que mi padre no lo pudo disfrutar. Tengo una impotencia, un dolor en mi corazón, de verlo en la foto y no poder estar adelante. Siento mucho dolor porque esto lo peleó y una verdad histórica. Le doy gracias a Dios", expresó el hombre de 37 años, quien se confortó. "Creo que él estaría contento, y no sé si hubiese aguantado su corazón, quizás lo hubiese matado la emoción", dijo.

En el acto hubo un incidente con el precandidato a concejal Sergio Davobe, de San Lorenzo, identificado con el sector político de Pedro Rodríguez. Fueron gritos y repudios aislados que duraron minutos. Lo duradero fueron las palabras de Edilio "Didi" Quiroga, testigo de la causa. "Queremos recordar y pedir justicia por los 17 desaparecidos del cordón que faltan llegar a juicio. Ese era el espíritu de Manuel, pedir justicia no sólo por él sino por todos los compañeros desaparecidos", dijo Quiroga, que también trabajaba en la Municipalidad de San Lorenzo en 1976 y sufrió persecución política.

El hijo mayor de Casado, que también se llama Manuel, habló en el cantero central de Oroño. "Hoy mi mamá y mis hermanos estamos sufriendo. No lo tenemos, pero sí tenemos unos recuerdos muy lindos de cómo peleó. No dejemos de pelear. Seamos fuertes", dijo el joven.

La alegría contenida por la tristeza general era palpable entre los militantes de los Espacios de Memoria y Justicia de San Lorenzo como de Juicio y Castigo de Rosario. De las tres condenas, la de Rodríguez fue la que se vivió con mayor satisfacción ya que se trató de un hombre que era funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo antes del golpe militar y continuó después, con activa participación. Y que llegó a ser diputado provincial por el Partido Justicialista, a principios de los 90. "La Justicia le está dando forma a lo que significa dictadura cívica militar, y fundamentalmente en esta causa y en la causa por venir donde Pedro Alberto Rodríguez --enfatizó Chiodín-- se infiltró dentro de la agrupación Montoneros, dentro de la columna Sabino Navarro, entregó la nómina de todos los compañeros que querían transformar el cordón industrial y que le daban batalla a los intereses que hasta ese minuto representaba, que son los que diseñaron este plan sistemático".

La militante de las causas del Cordón Industrial expresó su "eterno agradecimiento a Mabel Colalongo, quien nunca desvió el sentido que tenía que tener esta causa, que era del poder económico contra la clase trabajadora". Como activa impulsora de la causa, se sinceró: "Me tiemblan las piernas aún. Volvemos heroicos a San Lorenzo, somos un puñado de diez que nos vamos a multiplicar en miles. Se terminó en San Lorenzo la mentira, se terminó".

También la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia para la zona sur, Nadia Schujman, estaba conforme. "Si bien siempre los organismos, los familiares, esperan la máxima pena posible, que es la condena pedida por la fiscalía, me parecen muy importantes estas condenas, particularmente a Pedro Rodríguez, que se llenó la boca diciendo que iba a volver a ser funcionario, a ser concejal, pienso que una vez más estas condenas vienen a poner las cosas en su lugar", dijo la funcionaria, de larga militancia en la agrupación H.I.J.O.S.

Empieza la causa Guerrieri II

Es una cita de honor, como cada vez que comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Hoy, a las 9, en los Tribunales Federales de Oroño 940 empiezan las audiencias de la segunda parte de la causa Guerrieri, caratulada como Ariel Porra. Es la que juzgará a mayor número de represores de las que se hicieron hasta ahora en Rosario: los cinco que ya recibieron condenas a prisión perpetua el 15 de abril de 2010, y otros siete, que por primera vez serán juzgado como integrantes del grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121, que respondía al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Los acusados son Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, todos condenados en la primera parte de la causa, como así también Marino González, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera. Los delitos que les imputan son asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.

Pedido por Roberto Daniel Suárez, desaparecido cuando hacía el servicio militar

Audiencia para reivindicar la memoria

Cecilia Mazzetti, esposa del militante secuestrado en agosto de 1977, quiere una reunión con el ministro Agustín Rossi para lograr "justicia" por su compañero.

 Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe

Cecilia Mazzetti confía en lograr una audiencia con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para pedirle "que se haga justicia" por la desaparición de su esposo, Roberto Daniel Suárez, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé, en 1977. Los dos militaban en la Juventud Peronista. Cecilia fue secuestrada a los 17 años, en 1976, embarazada de Sebastián, que nació en cautiverio. Daniel desapareció unos meses después, el 1º de agosto de 1977, cuando uno de sus jefes lo mandó a entregar un paquete a la casa de otro oficial de la unidad militar, en Guadalupe. Nunca más se supo de él. "A 36 años de la desaparición de Daniel, aún espero que el Ministerio de Defensa, ahora a cargo no de un militar sino de un político de la democracia, me llame, y disponga de todo lo necesario para que se haga justicia", dijo Cecilia en una carta que difundió esta semana.

Suárez es uno de los tres conscriptos desaparecidos en Santa Fe, en 1977. Los otros dos son Edgardo Luis Ferreira, a quien le dieron la baja en el Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario y lo siguieron hasta su casa en Santa Fe, el 4 de enero de 1977 y Francisco Domingo Lera, que desapareció nueve días más tarde, el 13 de enero, en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA), en Guadalupe.

"Daniel tenía tan solo 22 años" y era "militante de la JP" cuando desapareció en el servicio militar. "Estaba bajo la responsabilidad del Ejército Argentino", escribió Cecilia en la carta que publicó el diario digital Redacción Santa Fe ("Sin novedad en el frente"). "Soy su viuda, querellante en la causa, tenemos nombres, datos, pero no hay testigos. Aunque hay un responsable, éste nunca se asumió como tal", agregó.

"En aquel tiempo de dictadura, el Ejército se limitó con gran impunidad y descaro a manifestarnos que para ellos Daniel era un desertor. Y era tal la impunidad, que ni siquiera se tomaron la molestia de hacer la papelería de rigor en caso de deserción".

"Ya en democracia, se consiguieron pocas cosas, casi nada. Una es que ya no figura como desertor. Ahora, es reconocido como víctima de desaparición forzada, algo de lo que yo nunca he dudado", insistió.

Cecilia dijo que uno de los ex jefes de su marido en el Ejército, Alberto Julio Candioti "tiene alguna responsabilidad en la desaparición de Daniel", pero el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, que "entiende en la causa considera que no hay pruebas suficientes para indagarlo". Candiotti, ex teniente coronel y abogado, estaba prófugo en Montevideo, donde fue capturado por Interpol en marzo de este año por delitos de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones de San Justo, Buenos Aires, que formó parte del circuito Camps, cuando era capitán del Ejército. En 1978 y 1979 fue asignado al Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata y en democracia se recicló en el fútbol, como vicepresidente y tesorero del club Colón de Santa Fe y asesor del presidente de la AFA, Julio Grondona.

"Situaciones similares se repiten, a lo largo y ancho del país, con otras familias de colimbas desaparecidos", afirmó Mazzetti. "Todos esperamos aún saber cuál fue el destino final de nuestros seres queridos. La investigación no debería ser muy complicada dado que cada conscripto estaba en un grupo que tenía un superior inmediato, quien a su vez tenía un superior y así sucesivamente siguiendo la línea de mandos de la institución, todos con nombres y apellidos".

"¿Será que los muertos que tiene el Ejército dentro de su placard son pocos? ¿No tienen peso político? Es sólo una pregunta. Una pregunta que para mí sí tiene respuesta y que es una verdad de Perogrullo: aunque sea por un solo crimen, se debe buscar al responsable para juzgarlo y condenarlo. Para cada uno de nosotros ese ser querido, al que le robaron la vida y los sueños, es lo más importante, nunca equiparable a ninguna especulación política".

"Comprendo que el presente de estas instituciones no es sencillo, pero lo será menos, si no se esclarecen los hechos del pasado, algo que también debería ser una perogrullada pero obviamente no lo es. Tal vez para muchos, lo manifestado no sea políticamente correcto, expresión muy de moda y poco feliz para mí, porque considero que habla de enjuagues e intereses que están muy lejos de mi fe en la verdadera política y la ética, algo por lo que tanto hemos luchado y por lo que tantos dieron su vida, uno de ellos mi esposo y compañero, a quien recuerdo cada día con inmenso amor. Roberto Daniel Suárez: ¡presente! ¡Ahora y siempre!", concluyó Cecilia.

Pidieron 20 años de cárcel para Cervera y Maderna, y 18 para Rodriguez

El plan represivo en San Lorenzo

El fiscal Stara los consideró a los dos militares responsables de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos del ex dirigente sindical Manuel Casado. Al civil Rodríguez como partícipe necesario de los mismos delitos.

 Por Sonia Tessa

El fiscal federal Gonzalo Stara solicitó ayer penas de 20 años de prisión para Rubén Cervera y Horacio Maderna como autores penalmente responsables de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos; y de 18 años para Pedro Rodríguez como partícipe necesario de los mismos delitos cometidos contra Manuel Casado, que era secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de estado. "Los tres imputados conformaron, junto a otras personas, y bajo las órdenes de Cervera, un grupo que llevó adelante el plan sistemático de represión ilegal en la zona; para ello, cometieron secuestros, torturas y asesinatos en cumplimiento de los designios de dicho plan", dijo ayer el fiscal. En su alegato, Stara exigió la detención inmediata de los imputados, que atraviesan el juicio en libertad. Después de deliberar, el Tribunal Oral Federal Nº 1 integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella rechazó el pedido. Al mismo tiempo, Stara requirió que las condenas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal. También pidió que se revoque la falta de mérito dictada para los acusados en los otros casos de desapariciones y privaciones ilegítimas de la libertad del cordón industrial.

Cervera era jefe del Batallón de Arsenales y asumió como intendente interino de San Lorenzo el 24 de marzo de 1976. Maderna era subjefe, y al mismo tiempo secretario de Gobierno municipal de facto. Rodríguez había sido nombrado como Director de Asuntos Jurídicos durante el gobierno constitucional, pero luego se convirtió en un estrecho colaborador de las autoridades militares.

"No debe olvidarse que los procesados conformaron un grupo operativo que cumplió tareas de inteligencia con el propósito de mantener la mencionada secuencia operacional: secuestro, ingreso a un centro clandestino de detención, obtención de la información con interrogatorios con torturas que era transformada con la intervención de las áreas más sensibles del Segundo Cuerpo de Ejército, en nuevos secuestros y nuevos interrogatorios", rememoró el representante del Ministerio Público Fiscal.

Stara desplegó la acusación durante más de tres horas y solicitó que se inicien nuevos procesos penales surgidos a partir de este debate. Pidió que se investigue si Daniel Urcia, que era chofer de Cervera al momento de los hechos, incurrió en falso testimonio; como así también la apertura de una causa por la privación ilegal de la libertad de Luis Vivas, que fue intendente de San Lorenzo electo en 1973, y depuesto por el golpe militar. Las medidas más importantes solicitadas por el fiscal fueron los pedidos de revocatorias de las faltas de mérito dictadas a Maderna por la desaparición de Hugo Parente mientras cumplía el Servicio militar en el Batallón de Arsenales y a Cervera por la misma desaparición, como así también por las de Ramón Di Fiori, Rafael Antonio Carroza, Roberto Bonifacio Camuglia, Ramón Oscar Riquelme, Lina Teresa Funes, Juan Pablo Funes y por privación ilegítima de la libertad y tormentos a Luis Lapisonde.

Además solicitó que a Cervera y Maderna se los indague por el secuestro de Carlos Avalos, por el que ya fueron procesados, aunque posteriormente esos procesamientos fueron revocados. El fiscal recordó que la ribera del Paraná, desde Zárate a San Lorenzo, por ser un área de concentración industrial, era un blanco prioritario para la represión ilegal.

Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, a las 16.30, en la esquina de los bancos de San Lorenzo, cuando volvía del cementerio junto a sus hermanas. Lo señaló Rodríguez. Lo subieron a un camión del Ejército y allí arriba, varios uniformados empezaron a golpearlo. Lo llevaron a la Municipalidad de San Lorenzo, donde vio a Cervera y Maderna. Allí llegó a verlo, con las manos en la cabeza, Juan Curatolo, que era secretario de Obras Públicas. Desde el municipio, Casado fue llevado a su casa por los secuestradores, quienes robaron una alhaja de la madre y tiraron al suelo al hijo más pequeño del militante, Roberto, que tenía sólo siete días.

En varios puntos del alegato, Stara hizo referencia a las profusas ampliaciones de indagatorias de Maderna, para desestimar sus dichos. El dato más jugoso, sin embargo, fue el de la participación del capitán, en febrero y marzo de 1975, del Operativo Independencia, en Tucumán, que fue el preludio del plan sistemático de represión ilegal. El fiscal fue contundente: "Debe decirse que el imputado Maderna, al igual que Cervera, no cumplieron funciones de jefe de mantenimiento ni de secretario de gobierno o solo de manera formal, ya que, lo que sí hizo, la función que cumplió, fue operar en la zona integrando un grupo de tareas a las órdenes de Cervera, con el grado de capitán, y para ello intervino en secuestro, torturas y homicidios de militantes sindicales y políticos de la zona".

Para Stara, durante las audiencias quedó probado que "bajo la dirección del jefe del batallón, el teniente coronel Cervera, el imputado Rodríguez integró un grupo compuesto principalmente por miembros del Batallón de Arsenales, que operó en la zona llevando adelante la persecución de militantes políticos y sindicales". Stara subraya que "el acreditado conocimiento de los cuadros políticos y sindicales de la zona por parte del imputado le permitieron al grupo llevar adelante su misión de manera eficaz". Al mismo tiempo, Stara sostiene que la función de Rodríguez en el grupo "hacía necesaria su intervención directa tanto en los interrogatorios como en los secuestros".

Tras la irrupción en la vivienda, Casado fue trasladado al Batallón de Arsenales, donde fue torturado con picana eléctrica y, unos días después, a la Jefatura de Policía de San Lorenzo, donde volvieron a torturarlo e interrogarlo sobre la posesión de armas. Cuando lo liberaron, Casado tenía golpes en todo el cuerpo, y un brazo inmóvil por la tortura. Más tarde fue cesanteado de la Municipalidad y le resultó difícil, incluso, conseguir changas. El 16 de mayo pasado, Casado declaró en el juicio oral y público, por décima vez desde que hizo la denuncia. No pudo reponerse: su salud se deterioró y murió el 13 de junio. Ayer, no pudo escuchar el alegato de la fiscalía. Sí estuvieron su esposa y tres de sus nueve hijos. Todos llevaban una foto con la inscripción: "Manuel Casado, hasta la victoria siempre", y se sentaron en la primera fila del público.

Cuestionan las demoras para restituir los bienes a la biblioteca Vigil

Como si 36 años no fuera nada

La fecha para completar la devolución de los edificios y demás pertenencias de la biblioteca popular intervenida por la dictadura militar es el 6 de diciembre. Desde la institución, afirman que existe una virtual paralización del traspaso.

 Por Lorena Panzerini

A seis meses de la promulgación de la Ley Provincial de Restitución de Bienes para la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, saqueada durante la última dictadura cívico militar, los miembros de la Comisión Directiva lamentaron los "escasos avances" en la recuperación de los espacios indispensables para el funcionamiento. De hecho, el presidente de la institución, el abogado Marcelo Abaca, habló de una suerte de "paralización", ya que todavía no cuentan con el edificio de la ex unidad administrativa, que además necesita importantes refacciones. "Hay buen diálogo con la provincia; no hay conflicto, pero los tiempos no son los mismos. Nuestro cronograma es que al 6 de diciembre tenemos que tener disponibilidad de Gaboto 450, el teatro Saulo Benavente y el lugar donde está hoy la biblioteca", reclamó Abaca. Por su parte, el vicegobernador Jorge Henn lamentó que "a veces los tiempos no son los que uno quisiera", pero aseguró: "Estamos trabajando para la restitución".

La ley de traspaso tuvo media sanción en Diputados, en septiembre de 2012. Al mes siguiente, Senadores la transformó en ley. En diciembre, el gobernador Antonio Bonfatti la promulgó, y estableció desde ese día el plazo de un año que planteaba el proyecto votado en la Legislatura.

Sin embargo, rápidamente se desaceleró la marcha: ya pasó el primer semestre y la Comisión Directiva de Vigil no cuenta siquiera con el edificio de Gaboto y Alem, donde funcionó la sede local del Ministerio de Educación de la provincia. Hoy está vacío y "en estado de abandono". La imagen de los vidrios rotos y paredes descascaradas de la histórica institución, que hasta 1977 fue emblema de la cultura, la educación y símbolo social de la ciudad, golpea con fuerza a quienes buscan recuperar esa impronta, desde la mesa de un bar, ubicado frente al edificio.

"La provincia designó funcionarios, pero hay muchas cuestiones internas con la organización que hacen parecer que eso es la centralidad de la historia. En ningún momento lo prioritario es Vigil", lamentó Abaca. "No queremos chocar con el gobierno, sino reflejar un hecho cierto, porque la biblioteca sigue sin un espacio propio para funcionar", agregó. "Aunque la gente se va a asociando, no tenemos espacio para las actividades culturales", dijo. Pese a trabajar desde un bar o en la casa de algunos miembros de la comisión, unos 350 socios se reinscribieron a la institución.

Al repetir la idea de la recuperación, Abaca describió que buscan "abrir la biblioteca con más de 50 mil volúmenes; tener espacio para eventos culturales como se viene haciendo en otros lugares y muchos objetivos más", dijo.

Como respuesta al reclamo, el vicegobernador, quien mantuvo las primeras reuniones con la Comisión, aseguró que "se ha tomado la decisión política de devolver la Vigil a la asociación, tal como lo sancionó la Legislatura. A veces los tiempos no son los que uno quisiera para resolver esto. Estamos trabajando para que eso ocurra", dijo Henn a Rosario/12.

Por su parte, Abaca subrayó: "Hay una fecha cierta: el 6 de diciembre tiene que estar todo a nuestro nombre". Al mismo tiempo, adelantó que luego de ingresar un pedido por escrito, se dispuso que dos bibliotecarias comiencen a recatalogar los libros que están en la Biblioteca Pedagógica Provincial Eudoro Díaz.

Los miembros de la Comisión trabajan para que la histórica sede de Vigil en Alem y Gaboto vuelva a ser sinónimo de cultura y organización popular, que la dictadura cívico militar cerró y saqueó, en 1977. Los que se desea recuperar son aquellos bienes y espacios que sobrevivieron a la liquidación y que quedaron bajo custodia estatal.

El traspaso de bienes incluye la media manzana delimitada entre las calles Alem, Gaboto, 1º de Mayo y pasaje Perkins, y la manzana enmarcada por Alem, Gálvez, Ayacucho y Virasoro. También deben restituirse elementos de la mapoteca, discoteca, hemeroteca y diapoteca; piezas de animales embalsamados, colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Biblioteca y elementos del observatorio astronómico. La serie de cuadros que están bajo custodia del Ministerio de Cultura en Plataforma Lavarden es otro de los tesoros a devolver.

La importancia de esta restitución se traslada a 1953, cuando se fundó Vigil. Seis años después, lanzó la primera rifa en cuotas. No tardó en promover la lectura en el barrio Tablada, junto con la organización de una universidad popular, una escuela secundaria, gimnasio, teatro para 500 personas, y la publicación de más de un centenar de títulos desde su editorial. Como si eso fuera poco, construyó un edificio de siete plantas con un observatorio astronómico.

Pero en 1977, todo se derrumbó: hombres armados a las órdenes del dispositivo de represión de Agustín Feced asaltaron su sede el 25 de febrero de ese año. Comenzó así la intervención militar, la persecución de sus miembros más activos, sus secuestros, y el saqueo del patrimonio que se hoy se busca recuperar.

Un juicio emblemático a represores

Es el primero en la provincia que destapa la violencia sexual como uno de los mecanismos del terrorismo de estado para quebrar voluntades. "Las violaciones perseguían el objetivo de anular la personalidad" de las víctimas, señalaron los fiscales.

 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe

El juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista ya es emblemático: el primero en la provincia que destapa la violencia sexual como uno de los mecanismos del terrorismo de estado para quebrar voluntades. Y ayer, el alegato del Ministerio Público lo ratificó. Los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum imputaron a los siete represores del banquillo por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" a 39 víctimas -según los casos?, pero a cinco de ellos: el jefe de la patota, Danilo Sambuelli y cuatro policías: Carlos Nickisch, Arnaldo Neumann, Rubén Molina y Horacio Machuca, los acusaron también por "violaciones reiteradas y agravadas" a una niña de 16 años y a su hermana de 23. Y pidieron las penas consiguientes: 25 años de prisión para Sambuelli, 20 para Nickisch, 15 para Neumann y 12 para Molina y Machuca, todas de cumplimiento efectivo. "La violencia sexual era parte del plan sistemático de la represión. Los cuerpos de las mujeres afectadas se transformaban en campos de batalla, en el que los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres", dijo uno de los fiscales al citar un fallo del Tribunal Oral de Santa Fe en 2010, el mismo que juzga ahora a los represores de Reconquista, y que fue el primero en el país que consideró la violación en centros clandestinos como una de las formas de la tortura.

El lunes, los abogados querellantes Lucila Puyol e Iván Bordón habían pedido condenas de 20 a 11 años de prisión. Ayer, los fiscales Suárez Faisal y Salum solicitaron el máximo de la escala penal para Sambuelli, el jefe del grupo de tareas: 25 años de prisión. Y 20 años de cárcel para sus dos laderos: el comisario Nickisch (ex jefe del Departamento Informaciones) y Jorge Alberto Benítez (ex interventor militar en la Unidad Regional IX). El resto va en descenso: Neumann (15 años), Molina y Machuca (12 años) y Eduardo Luque (8 años).

Pero el fiscal acusó también a "Sambuelli, Nickisch, Neumann, Molina y Machuca por el delito de violaciones reiteradas y agravadas" a dos hermanas, Griselda y Luisa Pratto. Griselda era una niña de 16 años cuando la secuestraron el 5 de febrero de 1977 en la III Brigada Aérea, hasta el 26 de marzo: 49 días de martirio y esclavitud sexual, en los que cumplió los 17. Luisa tenía 23, dos pequeños hijos y un embarazo de siete meses. Suárez Faisal imputó a Sambuelli, Nickisch y Neumann por la violación de Griselda y a Nickisch, Neumann, Molina y Machuca por la violación de Luisa.

"La violencia sexual fue el medio que utilizaron los represores para torcer la voluntad" de las hermanas Pratto, relató el fiscal. La familia ya había sido secuestrada: el compañero de Luisa, Rubén Maulín, su suegra y tres hermanos. Luisa quedó a cargo de sus chiquitos -el mayor de dos años y medio y una beba de un año?, más el embarazo de siete meses. Griselda había ido a Reconquista para ayudarla. "Ninguna de las dos estaba en condiciones físicas ni morales para oponerse a los represores, que las violaron siempre en conjunto, en una patota que operaba en los procedimientos ilegales", agregó.

"Los relatos de Luisa y Griselda Pratto demuestran la inescindible relación entre las violaciones, las torturas y el objetivo perseguido, que era la anulación de la personalidad, la obtención de una declaración autoincriminatoria o datos sobre el paradero de otras personas que habían etiquetado como 'subversivos'", explicó el fiscal. Y mencionó los relatos de Maulín y de uno de los hermanos Pratto, Juan Carlos. Otro testigo, Alberto Prez, que estaba alojado en calabozo de la III Brigada Aérea, vio por una rendija "a una chica desnuda y rodeada por represores, y que tiempo después la volvió a ver completamente ensangrentada y escuchó sus llantos y quejidos toda la noche". "No tenemos dudas de que esa adolescente era Griselda Pratto", reveló el fiscal Salum.

Salum citó también una "investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de estado", que se publicó en Rosario ("Grietas en el silencio") y el fallo del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó al ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos, el 12 de abril de 2010. "Los abusos sexuales y la violación sufridos por la víctima durante su cautiverio constituyen crímenes contra la humanidad", dijo. "Los cuerpos de las mujeres afectadas se transforman en campos de batalla, en los que los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres". En el juicio, Griselda dijo que Sambuelli le decía que él "tenía el poder", que podía hacer con ella lo que quisiera.

El fiscal Salum aportó otro argumento más, que las violaciones a las víctimas del terrorismo de estado podían ser en centros clandestinos, pero también afuera, como ocurrió con Luisa y Griselda. "Cuando eran llevadas a otro lugar físico o privadas de su libertad y abusadas en su propio domicilio. Lo relevante no es el lugar donde se comete el delito, sino el ejercicio de un determinado tipo de poder que se expresa en la acción, precisamente, el tipo de poder característico de los crímenes contra la humanidad", concluyó.