Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

viernes, 7 de junio de 2013

El Tribunal Oral de Santa Fé suspendió la autorización para viajar a Brasil de un procesado

El represor se quedó sin caipirinhas

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


El teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por delitos de lesa humanidad, no podrá salir hoy del país para pasar diez días de vacaciones en Buzios. El Tribunal Oral de Santa Fe abrió el recurso que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal –al que se sumó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alvaro Baella–, pero lo hizo “con efecto suspensivo”. Lo que significa que el viaje de turismo que había autorizado desde hoy hasta el 16 de junio quedó en suspenso hasta tanto lo autorice la Cámara Nacional de Casación Penal. Y comunicó la sentencia a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que si Pavón intenta tomar hoy su vuelo a Río de Janeiro, que sale a las 6.30 de la mañana, lo frenen en el aeropuerto de Ezeiza. “Nada de caipirinhas”, sintetizó una fuente judicial, en referencia al título de Página/12, que el domingo informó sobre el permiso para vacacionar en Brasil, que ayer fue revocado.

Pavón está procesado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane, cuando era una beba de un año y medio, en 1977. En 2009, logró la excarcelación y espera en su casa el juicio oral que recién se realizaría el año que viene. En 2011 y el año pasado, el Tribunal Oral de Santa Fe lo autorizó a viajar a Chile, y como volvió, le concedió un tercer permiso para pasar diez días de vacaciones en Buzios, desde hoy hasta el 16 de junio.

El fiscal Suárez Faisal apeló la resolución y advirtió sobre el riesgo de una fuga. “Resulta dramático desde la perspectiva de la víctima que aquella persona que ha sido procesada y acusada por integrar un sistema delictivo que la separó de su familia de origen y luego asesinó a sus padres, que suprimió su verdadera identidad y la reemplazó por otra nueva bajo la idea de que se trataba de una hija de ‘delincuentes subversivos’, hoy espera el ya demorado juzgamiento descansando en playas tropicales, con el serio y grave riesgo de que, favorecido por esas libertades, pueda evadir la acción de la Justicia”, dijo el fiscal. El abogado de Abuelas se asoció al argumento.

El Tribunal admitió que el permiso a Pavón para irse de vacaciones a Buzios “puede causar a las partes un gravamen irreparable o de insuficiente reparación ulterior” y “poner en riesgo” el juicio oral y público ante “el peligro de una fuga”. Con la consecuencia –ya advertida por el Ministerio Público– de la “gravedad institucional” que tienen los delitos de lesa humanidad y el “compromiso internacional” de la Argentina de juzgar al terrorismo de Estado. Por lo tanto, y “sin perjuicio de los fundamentos” que se evaluaron para autorizar el viaje de Pavón a Brasil –que no eran otros que sus idas y vueltas a Chile–, “los argumentos en que se fundan los agravios resultan suficientes para abrir el recurso”, dijo el Tribunal que integran los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo.

En consecuencia, concedió “el recurso con efecto suspensivo al no existir otro camino posible para lograr que la resolución por la cual se autorizó a Pavón a salir del país” pueda ser revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

miércoles, 5 de junio de 2013

HIJOS-Santa Fé, repudió el ascenso a un juez de la dictadura

Los principios innegociables

La agrupación de Derechos Humanos de Santa Fe cuestionó al gobernador Bonfatti por haber promovido a Fernando Ferrer, de Rafaela, a camarista. Ya en 2009, Binner lo había intentado pero el pliego fue rechazado por 34 a 0 por la Legislatura.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


La agrupación Hijos impugnó el pliego del juez de Faltas de Rafaela Fernando Ignacio Ferrer, repudió la decisión del gobernador Antonio Bonfatti de designarlos vocal de la Cámara Penal de Santa Fe (Sala II) -porque salió segundo en el concurso del Consejo de la Magistratura- y solicitó a la Asamblea Legislativa que rechace el ascenso del magistrado por que integró el aparato judicial de la dictadura. "Ferrer fue uno de los tantos jueces que miraron para otro lado y dejaron hacer mientras se violaban los derechos de los ciudadanos, se saqueaba el país y se regaba las calles de sangre y miedo", afirmó la agrupación. "Los simpatizantes, cómplices y beneficiarios de la dictadura cívico militar no deberían ocupar cargos en la justicia de la democracia y mucho menos ser ascendidos o promovidos. Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", agregó.

Bonfatti es el segundo gobernador que propone a Ferrer como camarista de Santa Fe. Hermes Binner ya lo había hecho en 2009 para el mismo cargo, al que no pudo acceder porque la Asamblea Legislativa rechazó el pliego por unanimidad (34 a 0). El argumento de entonces es el que mismo que ahora plantea Hijos: "Un juez de la dictadura no puede ser juez de la democracia".

El pliego de Ferrer -y de otros cinco camaristas penales para Santa Fe y Rosario- debía tratarse hoy, pero la Asamblea fue postergada para el jueves que viene porque mañana cierra el plazo de presentación de listas de candidatos municipales para las primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

La impugnación de Hijos criticó la "insistencia" de Bonfatti en ascender a juez de Cámara a "un participe de la última dictadura cívico?militar", un "cargo en el cual debe garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes de la República". Y le reclamó al gobernador "el efectivo compromiso con la memoria, la verdad y la justicia" para que sus "actos y acciones" sean coherentes con sus "discursos de la construcción de la justicia".

"La Legislatura no puede aprobar el ascenso de Ferrer a camarista por ser partícipe de quienes convalidaron el accionar de civiles y militares que atentaron contra la democracia", agregó.

"Durante la dictadura cívico militar, Ferrer fue designado juez de Faltas de Helvecia, según el decreto 1237/80 del usurpador Poder Ejecutivo y se desempeñó a partir del 12 de mayo de 1980. Y el 12 de de abril de 1983, ascendido a fiscal titular de San Cristóbal. Ya en los '80 --recordó Hijos-? "el aparato genocida ya se había cobrado la vida de miles de militantes políticos y sociales, las cárceles estaban atestadas de ciudadanos torturados, deshumanizados, y sin ningún acceso a la justicia ni al derecho de defensa; los partidos políticos seguían prohibidos y varios de ellos eran considerados ilegales; los sindicatos intervenidos y no se respetaban los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional". "La dictadura contaba con un aceitado mecanismo represivo y opresor" y designaba "sólo a sus simpatizantes y seguidores en cargos del Estado. No existía la posibilidad de acceder a ningún cargo de poder sin tener una clara y manifiesta afinidad con el sistema represivo, anticonstitucional y genocida", explicó.

"Ferrer juró acatar los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Fue promovido y ascendido durante el terrorismo de estado y uno de los tantos jueces cómplices que miraron para otro lado".

"Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", dijo Hijos. Y recordó los casos del ex juez federal Víctor Brusa, con condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, procesado por la "supresión de identidad" de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane. "El aparato judicial formaba parte del sistema represivo y genocida de nuestra provincia", concluyó.

domingo, 2 de junio de 2013

Autorizaron a un represor procesado a ir de vacaciones a Buzios para tomar caipirinhas

Carlos Enrique Pavón está acusado de ocultamiento y supresión de la identidad de una hija de desaparecidos, pero está excarcelado. El fiscal apeló la autorización que le dio el tribunal, que ya le había dado permiso para ir a Chile en dos oportunidades.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe


El Tribunal Oral de Santa Fe autorizó a un represor del Ejército, acusado de suprimir la identidad de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, cuando era una beba de un año y medio, en 1977, a salir del país y pasar diez días de vacaciones en las playas de Buzios. El Ministerio Público Fiscal apeló la resolución ante la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque no se descarta que pueda adoptar otras medidas ante el riesgo de una fuga. El turista es el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, procesado por “retención y ocultamiento” de un niña desaparecida, “supresión de su identidad” y “falsificación de documento público”, pero está excarcelado y libre desde 2009 hasta que se realice el juicio oral, posiblemente el año que viene. Pavón ya había logrado un permiso del Tribunal para ir a Chile dos veces, la última en noviembre de 2012, así que su viaje a Brasil será el tercero al exterior, desde el viernes que viene hasta el 16 de junio. “Resulta dramático desde la perspectiva de la víctima, que aquella persona que ha sido procesada y acusada por integrar un sistema delictivo que la separó de su familia de origen y luego asesinó a sus padres, que suprimió su verdadera identidad y la reemplazó por otra nueva bajo la idea de que se trataba de una hija de ‘delincuentes subversivos’, hoy espera el ya demorado juzgamiento, descansando en playas tropicales, con el serio y grave riesgo de que favorecido por esas libertades pueda evadir la acción de la Justicia”, dice el recurso de casación que interpuso el fiscal general Martín Suárez Faisal, al que accedió Página/12.

Pavón solicitó la autorización para viajar a Buzios, el 29 de abril. “Ya dispone de los pasajes aéreos, con fecha de salida del aeropuerto de Ezeiza el 7 de junio y regreso el 16 de junio”, dice el escrito de su abogado, Héctor Tallarico. Y acompañó una factura del costo del vuelo: 2287 pesos.

El Tribunal corrió vista al fiscal Suárez Faisal que se opuso al pedido. “La autorización para salir del país de un procesado excarcelado resulta una excepción que debe justificarse en razones concretas, serias y relevantes. No cabe conceder un permiso con apreciaciones generales, abstractas y fórmulas dogmáticas, sino que corresponde tener en cuenta (...) los hechos imputados, la expectativa de pena y el derecho de la víctima a encontrar una respuesta jurisdiccional adecuada.”

Pavón está imputado por “delitos de lesa humanidad”, recordó el fiscal. “No son delitos comunes, sino crímenes del poder, cometidos por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrado por numerosas personas que, en algunos casos, hasta hoy han conseguido permanecer impunes respecto de sus horribles abusos. Razonar sobre su capacidad para conservar un estatus de privilegio frente a la ley de igual modo con que se lo haría en el caso de delincuentes sin semejantes capacidades resultaría cuando menos una ingenuidad.”

El fiscal pidió al tribunal que prohíba a Pavón salir del país, anote esa prohibición en Migraciones para evitar que “transponga los límites fronterizos de la Argentina en cualquier momento” y aumente el monto de la “caución”, que hoy es “irrisoria”, “similar al costo del pasaje” en avión. El tribunal solicitó a Pavón que informe los motivos de su excursión. “Un viaje de turismo”, contestó su abogado. La respuesta fue suficiente. El 27 de mayo, el Tribunal le autorizó una estadía “desde el 7 al 16 de junio en Río de Janeiro, con fines turísticos”, dice la resolución de los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo. El fundamento es que el represor ya viajó a Chile dos veces, en 2011 y el año pasado y volvió. “No existe impedimento para salir del país que pese sobre el imputado”, por lo tanto, “corresponde hacer lugar”.

Suárez Faisal planteó entonces el recurso de casación ante el riesgo de fuga. Aceptar que un acusado por delitos de lesa humanidad pueda salir del país “es una afrenta para las víctimas de estos hechos”, dijo. Carolina fue secuestrada por un grupo de tareas, “el 11 de febrero de 1977, cuando tenía 18 meses. Su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, murió el 23 de febrero” por un balazo en la cabeza. El bebé nació muerto. “Y su padre, Enrique Cortassa, fue secuestrado y permanece desaparecido.” Una de las hipótesis que evalúa el fiscal es que los represores utilizaron a Carolina “en los interrogatorios bajo tortura” de su papá, por “las secuelas psicológicas que la niña presentó durante sus primeros años”.

Después del operativo, Pavón –que entonces era teniente primero– puso la niña a disposición del entonces juez de Menores, Luis María Vera Candioti, también procesado en la causa, con un documento del Ejército falso, con fecha anterior al secuestro de la familia Cortassa. “La naturaleza, gravedad y carácter de lesa humanidad de los delitos por los que ha sido procesado y será juzgado Pavón, impone a los jueces de la Nación la responsabilidad y el deber inexorable de garantizar que los compromisos en defensa de los derechos humanos que asumió internacionalmente la Argentina sean cumplidos” y que “las aspiraciones de justicia de las víctimas no se desbaraten por situaciones de indebido privilegio”, concluyó el fiscal.

domingo, 26 de mayo de 2013

Marie Monique Robin declaró en la causa de derechos humanos en San Lorenzo

"Estaban muy seguros de su impunidad"

La periodista francesa, autora del libro y del documental "Los escuadrones de la muerte", rememoró su célebre entrevista con Díaz Bessone y detalló el uso de torturas y desaparición forzada de personas tomada de la batalla de Argel.

 Por Sonia Tessa

El 13 de mayo de 2003, cuando la periodista francesa Marie Monique Robin entrevistó a Ramón Genaro Díaz Bessone en la sede del Círculo Militar de Buenos Aires, el represor estaba libre. "Se comportó como un príncipe. Estaban muy seguros de su impunidad", describió la investigadora el viernes, frente al tribunal Oral Federal número 1 de Rosario. "Nunca se habrá imaginado lo que pasó con esta entrevista. Y yo tampoco, para serle franca", agregó. Durante más de una hora, Robin declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad sufridos por el dirigente del sindicato municipal de San Lorenzo, Manuel Casado, secuestrado el 25 de marzo de 1977. Por videoconferencia, desde la Embajada Argentina en Francia, Robin se refirió a la influencia de la llamada escuela francesa en la represión ilegal argentina. La develó en un documental y un libro, ambos llamados "Los escuadrones de la muerte. La escuela francesa", producidos en 2003 y de los que Página/12 dio cuenta el 31 de agosto de ese año. Era oro en polvo. Cuando Robin lo llamó a Horacio Verbitsky para contarle que tenía ese material, la primera reacción del argentino fue decirle: "No te creo".

Ante el Tribunal, la periodista amplió información y respondió preguntas. Hace una década, después de la célebre entrevista en la que Díaz Bessone justificó las torturas y desapariciones forzadas de personas y dijo que "no podían fusilar a 7.000 personas", el entrevistado la invitó a cenar. En un momento de la charla, la esposa de Díaz Bessone, Leticia le preguntó a Robin a qué se dedicaba su marido. "Yo le contesté sin pensar que era sociólogo, y la mujer se descompuso. El clima de la cena se descompuso y ella me dijo que en la Argentina todos los sociólogos son subversivos de extrema izquierda. Yo le respondí que en Francia los había también de extrema derecha", relató la periodista su anécdota frente una pregunta del abogado querellante, Gustavo Feldman.

Robin consiguió su entrevista con Díaz Bessone de una manera muy sencilla: llamó al Círculo Militar y allí lo encontró. Díaz Bessone gozaba de libertad, ya que pese a haber sido un ideólogo del terrorismo de Estado, su primera condena la recibió el 26 de marzo del año pasado, en Rosario, crímenes de lesa humanidad contra 81 víctimas. "La casualidad fue que Néstor Kirchner decidió luchar contra la impunidad y hoy estoy hablando en un juicio", dijo ayer Robin, para contextualizar el valor jurídico que tomó su investigación. De hecho, las entrevistas originales fueron remitidas a jueces argentinos.

Robin quería demostrar la influencia de los métodos implementados por los militares de su país en Argelia en las dictaduras latinoamericanas. "Yo estaba haciendo un documental sobre el papel de los franceses. Cuando fui a Argentina, no pensé que lo que iban a decir los generales iba a ser tan importante para los argentinos", admitió.

Robin reseñó que el Ejército argentino recibió desde 1959 instrucción de militares franceses que habían participado de la llamada Batalla de Argel, desarrollada entre enero y septiembre de 1957 en Argelia. En su documental, la periodista entrevista a algunos de los participantes de esa operación en el norte de Africa que incluyó torturas y desapariciones forzadas de personas. El objetivo era romper los vínculos entre el Frente de Liberación Nacional y la población, considerada militarmente la retaguardia. Lo mismo decidieron hacer los militares argentinos en el país, a partir de marzo de 1976.

Cuando el fiscal Gonzalo Stara le preguntó sobre el marco legal que tomaron los militares franceses para la guerra antisubversiva, como ellos llamaban, la investigadora refirió que "ellos publican textos donde explican que a los llamados terroristas, como no respetan las leyes de la guerra, o la Convención de Ginebra, no se les puede aplicar las leyes". Ese "estatuto especial" para los subversivos goza de buena vida: tras el atentado a las torres Gemelas, en 2001, la administración de George Bush también lo aplica a los sospechosos de "terrorismo".

Es la segunda vez que la periodista francesa --autora también del libro "El mundo según Monsanto"-- declara en una causa por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario. El 17 de mayo de 2011, su testimonio fue fundamental en el juicio que se le seguía a Díaz Bessone por los crímenes de lesa humanidad cometidos como Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, entre 1975 y 1976. En la causa que declaró el viernes, los acusados son el ex jefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, Rubén Cervera; su segundo, Horacio Maderna, que fueron intendente y secretario gobierno de facto en San Lorenzo y el civil colaborador Pedro Rodríguez, que fue director jurídico del municipio antes y después del golpe militar.

jueves, 16 de mayo de 2013

Declaró Manuel Casado en la causa por secuestro y torturas en San Lorenzo

Pili Rodríguez, el entregador

El ex secretario general del sindicato municipal contó por décima vez en la justicia que fue levantado por un carro militar, y permaneció detenido varios días. Las hermanas de Casado señalaron sin citar al civil como quien marcó a la víctima.

 Por Sonia Tessa

"Hace treinta y siete años que tengo secuelas. A veces no duermo de noche. Ahora, desde hace días no puedo dormir. El tener que pensar en esto me removió todo de nuevo". Manuel Casado revivió ayer por décima vez en los Tribunales lo ocurrido aquel 25 de marzo de 1976 en Urquiza y San Martín de San Lorenzo, llamada "la esquina de los Bancos". En ese lugar, Pedro Pili Rodríguez lo marcó para que lo levantaran. Las dos hermanas de Casado, Justa y Olga, lo recordaron y reconocieron sin dudar al entonces asesor letrado de la Municipalidad, que llegó a ser diputado provincial en democracia. La víctima, además, recordó su secuestro en un carrier militar para llevarlo a la Municipalidad, donde Rodríguez le espetó: "De esta no te salvás". Los golpes que le dejaron huellas en la cabeza y el brazo durante mucho tiempo, la picana eléctrica. Cuando la integrante del Tribunal Oral Federal número 1 María Ivon Vella le preguntó en qué parte del cuerpo lo habían torturado, Casado fue concreto: "En los testículos, estuve seis meses durmiendo con mi mujer como hermanos".

La primera vez que Manuel Casado contó su secuestro ante un juez fue el 7 de noviembre de 2003. Desde entonces, brindó seis declaraciones en la etapa de instrucción y fue sometido a tres careos con los imputados en la causa, Rodríguez y los militares Horacio Maderna y Rubén Cervera. Casado era secretario general del gremio municipal de San Lorenzo, un operario que se desempeñaba como "encargado de pavimento". Estuvo unos diez días secuestrado y pocos días después de su liberación, fue cesanteado de su trabajo. El propio Maderna le recomendó que dejara de reclamar la reincorporación. "Usted tiene cinco hijos, es feo que se queden sin padre", fue la amenaza apenas velada del capitán, que era subjefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán y secretario de gobierno municipal de facto.

Ante el TOF 1 que preside Otmar Paulucci e integra también José María Escobar Cello, Casado relató ayer, por décima vez, que volvía del cementerio con su madre y sus hermanas, aquel 25 de marzo de 1976, a la tarde, cuando vieron varios vehículos militares por la calle. A él lo alzaron a los golpes, lo llevaron hasta la Municipalidad, donde fue agredido por un cabo de apellido Pintos, entre otros. Allí pudo ver a los tres acusados. "Ellos no eran los que pegaban, pero daban las órdenes", dijo ayer. Más tarde, los militares fueron hasta su casa, donde revisaron "todo" en busca de armas. En medio de esa faena, revolearon un colchón en el que estaba el pequeño hijo de Casado, de una semana de vida. Tras el allanamiento, volvieron a llevar a Casado a la Municipalidad, para trasladarlo más tarde al Batallón. Allí pasó varios días. Además de recibir golpes constantemente, fue torturado. Unos días después, Casado fue llevado a la Jefatura de policía de San Lorenzo, donde permaneció en un altillo. Otra vez, Maderna, en presencia de Rodríguez y Cervera, le preguntó por su actividad política. Tres días después, recuperó la libertad, pero no volvió a trabajar en la Municipalidad hasta 1990, cuando el Concejo municipal le devolvió su puesto.

Fiel a la estrategia que lleva desde que empezó el juicio, Maderna pidió una ampliación de indagatoria para decir que Casado miente. Sin embargo, afirmó que el denunciante había faltado a trabajar en aquella fecha por encontrarse "a disposición de la justicia". Es decir, detenido. El dato fue concluyente. Maderna también aludió a una denuncia por falso testimonio que presentó contra la víctima. El representante de Casado, Gustavo Feldman, puntualizó que esa denuncia "tiene siete años y si nunca lo llamaron a declarar, quiere decir que está prescripta".

Tras la declaración de Casado, dos de las hermanas que lo acompañaban esa tarde rememoraron lo ocurrido. Justa, de 50 años y empleada doméstica, fue la más tímida. Era una adolescente de 13 cuando su hermano fue señalado en la calle por un civil que iba en el carro de los militares. A ese hombre lo identificó sin hesitar: era Rodríguez. "Vimos que venían militares en la esquina de los bancos, en Urquiza y San Martín, y nos paramos de curiosos. No nos imaginábamos que en minutos nos iban a rodear a nosotros. Un hombre señaló a mi hermano, y se lo llevaron", contó Justa.

Olga Casado tiene dos años más que su hermana y fue más locuaz. Recordó el mismo episodio: los militares y la marca que hizo Rodríguez. "Nosotros nunca nos íbamos a imaginar que lo buscaban a mi hermano", afirmó ayer, antes de describir el allanamiento. "Al rato vinieron a mi casa y revisaron todo, pero no pudieron encontrar armas, porque nunca hubo. Rodearon toda la manzana, hicieron un desastre. Y se llevaron cosas que no les pertenecían. Mi mamá tenía el reloj de oro que mi papá, entonces recién fallecido, le había regalado. Eso no lo vimos más", rememoró ayer la testigo. Aunque también era adolescente, reconstruyó el secuestro con nitidez. "Nunca nos vamos a olvidar de eso", dijo.

domingo, 28 de abril de 2013

Demora inadmisible en las causas : reclaman al TOF1 por juicios de San Nicolás :

Militantes de organismos de derechos humanos de San Pedro, Baradero, Pergamino y San Nicolás que acompañan los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad cuya instrucción se realiza en el Juzgado Federal de San Nicolás para luego elevarse a los Tribunales Orales Federales de Rosario entregarán hoy una nota al Tribunal Oral Federal número 1 para reclamarle que defina la fecha de inicio de ocho causas acumuladas por delitos cometidos en el Area Militar 132. "Se trata de las causas comprendidas en los expedientes Nº 149/10, 103/11, 109/11, 114/11, 5/12, 45/12, 46/12, 47/12, en las que se imputa a los militares Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Federico Bossie, Juan Antonio Benvenuto y a los policías Daniel Fernando Quintana y Edgardo Mastrandrea, por hechos cuyas víctimas, familiares y testigos son de nuestras localidades", adelantaron los militantes que llegarán hoy a las 10 a los Tribunales Federales de Oroño 940 para hacer oír su reclamo.

El año pasado se concretó el Primer Juicio Oral por tres causas acumuladas contra el ex-coronel Manuel Fernando Saint Amant y sus cómplices del Area Militar 132, Antonio Federico Bossié y Jorge Muñoz. El 27 de Diciembre de 2012 fueron condenados a prisión perpetua por el TOF número 2.

Sin embargo, el TOF 1 todavía no fijó fecha para el juicio oral que los militantes llaman "Saint Amant II". "Este proceso tiene una gran relevancia histórica porque expone el circuito represivo del Area Militar 132 sobre diferentes organizaciones revolucionarias, sindicales y populares del nordeste bonaerense. Muchas de las víctimas y testigos son ex-presos políticos que pasaron por la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás", aclararon.

A fines del año pasado, el TOF 1 fijo fecha para comenzar el juicio conocido como "Guerrieri II", que está caratulado como Porra (integrante del grupo de tareas del Ejército) el 21 de marzo, y al día siguiente la causa de Manuel Casado, del cordón industrial de San Lorenzo. Posteriormente, los jueces decidieron postergar la causa Porra para el 9 de agosto, argumentando que no tenía capacidad operativa para realizar los dos juicios simultáneamente.

Varios organismos de derechos humanos se pronunciaron y presentaron diversos escritos para que los juicios que deben llevarse a cabo, no prolongue la impunidad.

domingo, 14 de abril de 2013

La Cámara Federal de Rosario ordenó reabrir la causa de SILVIA SUPPO

La hipótesis del móvil político

Es la ex presa política asesinada en 2010 en Rafaela. La Cámara le ordenó ahora al juez Reinaldo Rodríguez una serie de pruebas que el magistrado había desestimado. El remisero que trasladó a los asesinos y un video que no aparece.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario volvió a revocar -por segunda vez en menos de un año- un fallo del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, que cerraba la investigación del asesinato de Silvia Suppo, sin agotar la hipótesis del móvil político. En una sentencia a la que tuvo acceso Rosario/12, la Cámara ordenó al magistrado una batería de pruebas que éste desestimó, entre ellas la búsqueda de dos testigos claves: Un remisero de Rafaela que trasladó a los autores confesos del homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, cuando escapaban de la escena del crimen y una mujer que vio a un tercer hombre cerca del lugar, pero nunca fue llamada declarar ante el juez. Más, una pericia de un video que la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela entregó dos veces a los investigadores del caso: La primera copia desapareció y la segunda, ahora tampoco aparece. El juez Rodríguez ya descartó "la inexistencia de un plan para eliminar a Suppo", pero ahora la Cámara plantó la duda. "La pesquisa no está agotada", sostuvo el tribunal y dejó al magistrado a tiro de recusación.

Durante la dictadura, Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto y dos meses después de dar testimonio de su martirio, el 29 de marzo de 2010, asesinada de nueve puñaladas en un supuesto intento de robo, al que no opuso resistencia. "Tanta violencia, tanta saña y tanto salvajismo no pueden quedar impunes", dicen sus hijos y sus compañeros.

Las contradicciones entre el juez y la Cámara se plantearon, entre otras cosas, por la situación procesal de otros dos imputados en la causa: Emiliano Rodríguez y Miguel Angel Mendoza. El juez les dictó el sobreseimiento dos veces, lo que significaba desvincularlos de la investigación. Cosa juzgada y cierre de la causa. "Tengo la certeza de la inexistencia de un plan para eliminar físicamente a Silvia Suppo y de la no participación de Mendoza y Rodríguez en el hecho", resolvió el juez. Pero la Cámara revocó ese fallo, también dos veces ﷓en junio de 2012 y ahora﷓ y dispuso la falta de mérito. Es más, le ordenó reabrir la pesquisa del móvil político que cerró a fines del año pasado. "Le asiste razón a los querellantes en orden a que la investigación no se encuentra agotada", sentenció el tribunal.

Algunas de las pruebas que faltan:

* Una testigo clave. La Cámara ordenó al juez que cite a declarar a María Cristina Palacios, quien vio a Emiliano Rodríguez cerca de la escena del crimen, el día que mataron a Silvia Suppo. En el sumario policial, lo reconoció por una fotografía, "en un ciento por ciento, como una de las personas que estaba sentada en una vereda, cerca del lugar del hecho", dijo el tribunal. Pero después nunca la llamaron a declarar ante el juez. "No se ha despejado la sospecha de la participación de Rodríguez en el hecho", agregó.

* Dónde está el remisero. La pesquisa no tendrá otra alternativa que identificar al remisero de Rafaela que "según el relato de los imputados (Sosa y Cóceres), los trasladó el día del homicidio y en el momento que escapaban" de la escena del crimen, "hasta la entrada del barrio Cáritas". Esa es la decisión de la Cámara. El juez ha planteado las dificultades para encontrar a este testigo. Pero el tribunal insistió: "Mas allá de la eventualidad de que se pueda o no tratar de un crimen por encargo, lo que se persigue es descartar la posibilidad de que ese viaje lo hayan compartido los imputados Sosa y Cóceres con alguna otra persona que pueda estar involucrada en los hechos investigados, atento la duda que surge de lo expresado por la testigo Palacios, finalidad que tampoco corresponde descartar en atención a la ulterior utilidad que podría reportar en caso de aportarse algún otro elemento de prueba ahora desconocido".

* El video de la terminal. La Cámara ordenó una pericia del video que entregó la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela. "Consideramos necesario su análisis por la Policía de Seguridad Aeroportuaria", dijo. Es lo que ya había dicho en un fallo anterior, pero la PSA no hizo la pericia porque el juez no le facilitó las imágenes. Ahora, el tribunal reiteró: Los querellantes dicen en la apelación que ellos vieron el video e indican las personas que aparecen en él ("Sosa y Cóceres fueron a la Terminal acompañados por Mariana Sosa, quien ni siquiera fue citada en sede judicial ni como testigo ni como imputada", revelaron los abogados Puyol y Munné. Mariana es la hermana de Rodrigo Sosa). "La Cámara ya sostuvo que no consta en la causa que las imágenes hubieran sido analizadas mediante pericia, pudiendo dicha medida tener relación con las pruebas de carácter reservado que menciona la querella", concluyó.