Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

viernes, 12 de abril de 2013

Continúa el desgüace de las causas: El Tof 2 sigue con la causa Casado

No la van a acumular

Los magistrados rechazaron el pedido de la fiscal Colalongo para investigar en conjunto las violaciones de derechos humanos en el cordón industrial. Malestar de los organismos.

El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario rechazó ayer el pedido de la fiscal Mabel Colalongo para suspender el juicio por la privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Manuel Casado para acumularla con el resto de los delitos de lesa humanidad en el cordón industrial, que incluyen 17 muertes y desapariciones. De este modo, la audiencia fue convocada para el próximo jueves 18 de abril. Por unanimidad, los jueces Otmar Paulucci, María Ivon Vella y José María Escobar Cello consideraron que "la situación fáctica se encuentra limitada a los hechos que sufrió Manuel Casado". Si bien plantearon que "los jueces a cargo de la investigación deberán extremar los recaudos para acelerar el trámite de las causas pendientes", el TOF 2 subrayó que "no existe razón suficiente para acceder a lo solicitado". El malestar de los integrantes del Espacio Memoria, Verdad y Justicia del cordón industrial fue palpable.
Los acusados de la causa son Rubén Cervera, que fue jefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán y también intendente interventor de San Lorenzo en 1976; Omar Maderna, que fue subjefe del Batallón y también secretario de Gobierno municipal y Pedro "Pili" Rodríguez, que fue asesor legal del municipio durante la dictadura cívico-militar. El juicio investiga el secuestro sufrido por Casado el 25 de marzo de 1977, frente al Banco Nación de San Lorenzo, y que se prolongó por al menos dos semanas.

"El secuestro de Casado no fue realizado por Cervera, Maderna y Rodríguez de manera azarosa, sino que fue parte del plan sistemático de represión ilegal en una zona prioritaria para el plan económico que se implementó como era el cordón industrial", subrayó Soledad Chiodín, del Espacio Memoria, Verdad y Justicia del Cordón Industrial. La militante enfatizó que, para ella, "el Tribunal presidido por Paulucci es el responsable de la impunidad" en el norte del Gran Rosario.

Otro integrante del Espacio, Edilio Quiroga, lamentó que la fragmentación de la causa "recorta las posibilidades de juzgar los crímenes de lesa humanidad que se concretaron en el Batallón a cargo de Cervera y Maderna". El denunciante --y testigo de la causa Casado-- adelantó que "además de estos tres imputados, hay otros responsables que serán investigados en instrucción a partir de denuncias de los propios policías".

Una vez resuelta la continuidad del juicio, la audiencia continuó ayer con las llamadas cuestiones preliminares que plantean las partes antes de comenzar con el debate. La defensora oficial de Rodríguez, Rosana Gambacorta, pidió la nulidad de lo actuado y el sobreseimiento de su defendido por lo que consideró un vicio formal en el desarrollo de la causa. El abogado de Casado, Gustavo Feldman, rechazó rotundamente el planteo, al que habían adherido el también defensor oficial de Cervera, Nicolás Foppiani y los defensores particulares de Maderna, Fernando Mellado y Marcelo Piercechi. La fiscal también se opuso al planteo

lunes, 8 de abril de 2013

Abrieron una causa por crímenes de la dictadura en la cárcel local, derivada de la causa Feced

El juez federal Bailaque hizo lugar a un pedido del fiscal Stara. La investigación apunta a los ex jefes de la Unidad 3 Zirone y Kushidonchi.

Marcelo Bailaque. El magistrado federal rosarino abrió un nuevo expediente que se deriva de la megacausa Feced.

El juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, abrió una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal 3 de Rosario durante la última dictadura. El magistrado hizo así lugar a un pedido que presentara el fiscal federal Gonzalo Stara, que está a cargo de la Unidad de Asistencia de Derechos Humanos en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Están en la mira del Ministerio Público los ex jefes de esa cárcel Octavio Zirone y Adolfo Kushidonchi, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados, en perjuicio de 40 personas, a lo que se suma un caso de homicidio.

Bailaque hizo lugar al planteo del fiscal para que se investiguen los hechos, calificados como delito de lesa humanidad, sufridos por los presos políticos alojados en la Unidad 3 de Rosario. Stara explicó a LaCapital que "la causa es un desprendimiento de la megacausa Feced, cuya investigación fue delegada quedando la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos que coordino".

El funcionario señaló que "las primeras medidas serán recibir las declaraciones testimoniales a quienes fueron alojados en dicho penal, las que comenzarán en 15 días, y se estima que luego podrían solicitarse en lo inmediato las declaraciones indagatorias de quienes ocuparon los máximos cargos en dicho penal: Zirone, primero, y más tarde Kushidonchi.

Además, el fiscal consignó que "no se descarta avanzar sobre otras responsabilidades como guardiacárceles, médicos, jefes de guardia externa e interna, y todos aquellos que integraron aquella maquinaria que tuvo, entre otras funciones, lograr el deterioro físico y psíquico de los detenidos, blanquear el alojamiento de los presos políticos, atento que muchos de ellos ingresaron sin escala desde el propio centro clandestino de detención (CCD) del Servicio de Informaciones (SI) de la policía en condiciones lamentables".

Según la presentación del Ministerio Público, el penal rosarino, en el período marzo-septiembre de 1976 estuvo a cargo, sucesivamente, de Zirone y Kushidonchi. El primero de ellos ocupó el cargo de director interventor hasta el 24 de agosto de 1976, cuando fue designado en igual cargo en la cárcel de Coronda. Kushidonchi ejerció funciones en el penal contemporáneamente con Zirone, hasta que ocupó el cargo de director, por poco tiempo, para luego volver a secundar a Zirone en Coronda.

Stara sostuvo que "debe tenerse presente que la materialidad de los hechos sufridos en la Unidad 3 de Rosario, han quedado acreditados en la sentencia de la causa Díaz Bessone, al recoger los centenares de testimonios prestados durante la audiencia de debate de dicho juicio".

La requisitoria de instrucción que fuera presentada por la Fiscalía achaca a Zirone y Kushidonchi "los hechos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados que, integrando el plan sistemático de represión clandestina e ilegal damnificaron a Juan Carlos Bertone, Juan Pablo Bustamante, Alberto Chiartano, Carlos Corbella, Marcelo de la Torre, Adrián De Rosa, Juan Luis Girolami, Daniel Gollán, Daniel Gorosito, Walter Hyon, Andrés Krutoy, Pablo López Arcaute, Félix López, Mario Luraschi, Jorge Magnani, Esteban Mariño, Alberto Marquard, Gustavo Mechetti, Héctor Medina, Jorge Palombo, Rubén Pancaldo, Heriberto Piccinelli, Julio Rayón, Angel Rosell, Angel Ruani, Nicolás Segarra, Eduardo Seminara, Jorge Ugolini, Carlos Usinger, Sergio Ferrari, Claudio Ferrari, Carlos Scocco, Eduardo Boero, Norberto Limonte, José De María, Alberto Ruíz Díaz, Rubén Milberg, Rolando Chávez, Ramón Córdoba, y Alfredo Vivono, mientras permanecieron cautivos en la Unidad 3 de Rosario". Además, se suman "los hechos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio agravado que damnificaron a Pedro Galeano, a partir de que fuera alojado, proveniente del SI, en la Unidad 3".

Entre los numerosos testimonios vertidos por las víctimas se cuenta el de Héctor Chinche Medina quien declarara que mientras permaneció en la cárcel de Rosario tuvo una entrevista personalizada tanto con Zirone como con Kusidonchi. El 22 de agosto del 1976, un guardia lo sorprendió escribiendo y fue castigado. Lo golpearon, lo tuvieron desnudo y llegó la orden de Zirone de que lo llevaran a hablar con él. Esa fue la segunda vez que habló con Zirone, quien le dijo que "de acá en más se iba a tener que aguantar lo que venga". Luego fue llevado castigado a una celda que se encontraba debajo de la escalera y pudo ver una inscripción que decía "por acá pasó Daniel Gorosito". Medina señaló que "ahí pude corroborar que Gorosito —aún desaparecido— había estado aislado antes de ir al pabellón".

Zirone y Kushidonchi también están imputados en otra causa por su accionar estando al frente de la cárcel de Coronda, expediente que está en la etapa de testimoniales.
Fuente: la capital

miércoles, 3 de abril de 2013

Campo militar San Pedro

Todo es muy lento 
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Uno de los querellantes en la causa que descubrió un enterramiento clandestino con ocho cuerpos -cinco de ellos ya identificados- en el campo militar San Pedro planteó la necesidad acelerar el ritmo de las investigaciones y ampliar el área de búsqueda ante la sospecha de que lugar era un centro de exterminio de la dictadura. "Nosotros hicimos la denuncia en marzo de 2007 y estamos en marzo de 2013, todo es muy lento. Vemos con preocupación que hasta ahora sólo se ha investigado un 20 por ciento del campo, que tiene una superficie de 2.000 hectáreas", dijo Jorge Castro, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

En junio de 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió una fosa común con los restos de tres mujeres y cinco hombres. Desde entonces, logró identificar a cinco: María Esther Ravelo, los esposos María Isabel Salinas y Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon y la semana pasada a Oscar Wilkelman, todos secuestrados y desaparecidos en Rosario, entre agosto y septiembre de 1977. Falta aún devolver la identidad a una mujer y a dos hombres.

"Hemos hecho presentaciones ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño, para que extienda la búsqueda en otros lugares más precisos, pero el resultado ha sido negativo. Por lo tanto, vemos con preocupación que hasta ahora sólo se ha investigado un 20 por ciento del campo, que tiene una superficie de más 2.000 hectáreas. Nosotros hicimos la denuncia en marzo de 2007 y estamos en marzo de 2013, nos parece demasiado lento", dijo Castro a Rosario/12.

"Creemos que con el carácter que tiene esta nueva identificación (de Wilkelman) se va cerrando el círculo: todos los enterrados en el campo de San Pedro son santafesinos", afirmó. "Le pedimos entonces a los familiares de desaparecidos que realicen la prueba genética de sangre, para que se puedan identificar los otros tres cuerpos que hasta el momento siguen como NN. ¿Por qué decimos eso? Porque Ravello, Pon, el matrimonio Salinas-Bossio y Wilkelman eran militantes) en la ciudad de Santa Fe, a pesar de que fueron secuestrados en otros lugares del país. Eso era muy común en la época de la dictadura militar, que a pesar de que se los secuestraba en otros lugares del país, se los traía a su lugar de militancia para quebrarlos, sacarle información y asesinarlos".

-¿La hipótesis de la querella es que los otros que faltan identificar serían santafesinos?

-Es una hipótesis porque ningún militar va a declarar y hacerse cargo de lo que hicieron. Por lo tanto, esta identificación del quinto cuerpo es la que nos da la pauta de que pueden ser santafesinos. De acuerdo a las declaraciones (del ex PCI, Eduardo) Constanzo y el testimonio que nos dejó (el cuidador del campo ya fallecido, Carlos) Castellanos, desgraciadamente, se corrobora que a determinados compañeros se los traía a su lugar origen y se los asesinaba.

-¿Ustedes creen que puede haber otros enterramientos?

-Sí, porque Castellanos fue muy claro en sus declaraciones. Dijo que cuando había enterramientos a él lo sacaban del campo y eso ocurrió varias veces en ese período. Lo sacaba el personal de Inteligencia del Ejército Argentino. Y también denunció tumbas solitarias. El otro elemento es que en 1984, cuando finalizaba la tarea de la Conadep, se encontraron restos de un zueco, una cadenita y un dedo, que en aquella época, se hizo la pericia que confirmó que eran restos humanos. Constanzo habló también del traslado desde Rosario de dos compañeros desaparecidos, una mujer, y un compañero, que llega muerto. Pero hasta que no se encuentren los cuerpos y se corrobore ese hecho, sólo es una hipótesis de investigación.

Además adelantó que le pedirá Miño que avance también en la imputación a los responsable de los crímenes.

sábado, 30 de marzo de 2013

Impunidad : A 3 años del asesinato de Silvia Suppo


"Ojala no hubiéramos llegado a esta situación de impunidad", dijo la hija de Suppo.

Jueves, 28 de marzo de 2013

Desde Santa Fe

Ayer al mediodía, Marina Destéfani tenía los ojos húmedos. "Lloro a cada rato", le dijo a una compañera que se acercó a saludarla. La chica se conmovió. "Hay que llorar, hay que tramitar el dolor", la alentó. Y la abrazó con fuerza. Los tambores y bombos no alcanzaban a tapar el desconsuelo en medio de la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris. Marina y Andrés Destéfani, habían llegado desde Rafaela para encabezar la marcha hasta los Tribunales Federales de Santa Fe y pedir "verdad y justicia" por el asesinato de su madre, Silvia Suppo, a tres años del crimen. "Una investigación completa y profesional y no sólo la acumulación de fojas y pérdida de tiempo", dice el documento en alusión al juez que tramita el caso, Reinaldo Rodríguez.

"Ojala no hubiéramos llegado a esta situación de impunidad", dice Marina. La plaza está a dos cuadras del Tribunal Federal. Una caminata a paso lento encabezada por los hijos de Silvia y un cartel sobre su legado: "Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera". Al doblar la primera esquina, arrancaron las consignas: "¡Olé, Olá, por Silvia Suppo hay que luchar. Que lo de Silvia no nos pase nunca más!", cantaban los militantes de Hijos. La marcha había sido convocada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que contiene a los organismos de derechos humanos y expresiones sociales y políticas. No había muchas banderas, pero sí la del Movimiento Evita y del grupo Madreselva.

Aún antes de llegar a la ventana del juez, siguió otro cántico. "¡Che, Rodríguez te venimos a reclamar, dejá de dar vueltas y ponete a investigar!". Y otro: "¡Se sabía, se sabía, que a Silvia Suppo, la mató la policía!".

Ya en las puertas del Tribunal Federal, los hermanos Desféfani y dos compañeras leyeron un documento del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo. Una denuncia pública "de la falta de una investigación profesional y completa del crimen. La causa se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, pero el juez Reinaldo Rodríguez no ha generado ninguna medida para el esclarecimiento, sino que por el contrario, insistente y repetidamente, ha obturado y obstaculizado la investigación". Y ofreció pruebas de esa "inacción, ineficacia y falta de ética profesional" en la causa:

* Los repetidos intentos de fraccionar la causa para que los dos detenidos que afirman haber actuado solos (Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres) sean juzgados por un homicidio común, sin necesidad de cumplir con una investigación efectiva de la posible existencia de otros partícipes que buscaran atacar a Silvia por su condición de denunciante y testigo de delitos de lesa humanidad.

* "El reiterado incumplimiento de decisiones de los tribunales superiores que reafirmaron el deber de cumplir con una investigación completa y eficaz sobre la hipótesis del asesinato organizado contra Silvia".

* "Múltiples irregularidades procesales en contra de la parte querellante, como omisión reiterada de notificaciones o la invocación de normas legales hace tiempo derogadas".

* "La gravísima denegación a la Fiscalía y la querella de medidas probatorias verdaderamente efectivas con fuerzas de investigación fundamentales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el programa Verdad y Justicia de la Nación, que intervino en la causa por orden de la Cámara Federal y después del reclamo de la querella que el juez Rodríguez había desatendido".

* "Dar por concluida la tarea del Programa y de la PSA a pesar de que informaron que el juez no les facilitó elementos esenciales para cumplir con las limitadas medidas que el mismo juez les indicó".

* "La pérdida o desaparición misteriosa de pruebas fundamentales como el video entregado por la Terminal de Omnibus de Rafaela".

* "La revictimización y exposición constante a la que su falta de profesionalismo somete a los hijos de la familia querellante". "La insistencia de declarar inocentes a sospechosos sin cumplir previamente con una verdadera investigación, a pesar de los llamados de atención de los tribunales superiores".

* "Adelantar opinión en el expediente sobre cuestiones que todavía se tienen que investigar, incurriendo en un evidente causal de apartamiento". "Cuando exigimos verdad y justicia, exigimos una investigación completa y profesional y no la acumulación de fojas y pérdida de tiempo. Exigimos una investigación que nos diga que le pasó a Silvia Suppo, quiénes y por qué la mataron".
Andrés y Marina ingresaron al Juzgado para entregar un petitorio, acompañados por dos madres de Plaza de Mayo, Otilia Acuña y Olga Suárez. Los recibió el juez Rodríguez, quien reivindicó su tarea. "Nos dijo que actuó con imparcialidad y honestidad intelectual", explicó Andrés. Frente a la puerta del Tribunal, en la mitad de la calzada, una jovencita ya había sintetizado el reclamo con pintura blanca: "Rodríguez, tres años de impunidad. ¿Y Silvia Suppo?".

Reclaman juzgar en conjunto la represión del cordón industrial de San Lorenzo

Una foto no muestra la película

La semana pasada comenzó en Rosario el juicio por el secuestro del dirigente gremial Manuel Casado. Pero la fiscalía y los querellantes sostienen que un debate por un hecho no permite conocer la verdad ni establecer la responsabilidad de los culpables.

El general Agustín Lanusse y Ricardo Balbín lo llamaban el “cinturón rojo del Paraná” mientras que el asesinado obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, le puso el cuerpo a las luchas obreras del cordón industrial de San Lorenzo. La dictadura cívico-militar se cobró allí decenas de víctimas, pero hasta ahora sólo uno de esos casos llegó a ser juzgado en la instancia oral y pública. Se trata del juicio por el secuestro y tormentos sufridos por el dirigente gremial Manuel Casado, que tiene como imputados a los ex militares Horacio Maderna y Osvaldo Cervera, y al civil Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, que comenzó el viernes 22 de marzo y en el cual la fiscal Mabel Colalongo pedirá la unificación con los demás casos de la llamada “causa de los trabajadores”, que aún está en etapa de investigación.

“En esta causa (conocida como causa San Lorenzo) sólo se han incorporado los hechos que afectaron a una sola de las víctimas del cordón industrial, y están ausentes todos los operarios, obreros especializados, militantes sociales y estudiantiles que fueron blanco de la represión ilegal, incluso antes del golpe formal del 24 de marzo de 1976”, había argumentado Colalongo en su momento y volverá a hacerlo el 11 de abril, cuando tenga lugar la próxima audiencia del juicio.

“Un debate por un hecho, de los cientos que ejecutó el brazo armado (Fuerzas Armadas) de los intereses económicos de los empresarios argentinos, torna ilusorio el mencionado derecho a la verdad, consecuentemente el de justicia y ni hablar de la obligación de determinar la identidad de los responsables, las circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y la aplicación de la debida sanción a los partícipes en cualquier calidad de la comisión de delitos de lesa humanidad”, agregó la fiscal. La queja no es sólo de Colalongo, sino también de los querellantes y familiares de la causa que todavía está en etapa de instrucción, por 17 muertos y desaparecidos. “Resulta absolutamente imposible establecer la verdadera responsabilidad de los requeridos en la violación masiva a los derechos humanos que sufrieron los operarios, obreros, estudiantes y militantes sociales del llamado ‘cinturón rojo del Paraná’, como le solía decir el presidente de facto entre 1971 y 1973 Alejandro Agustín Lanusse, para referirse a la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín, por la importancia de la actividad industrial”, expuso la fiscal, y enumeró las empresas que integran ese centro fabril, entre ellas Acindar, Somisa, Jabón Kopp y Celulosa Argentina.

En el escrito con el cual pretende que sean agregados los demás casos al juicio que comenzó, la fiscal expresó que “además de la actividad política y sindical de operarios, obreros especializados, en su mayoría contrarios a las acciones desplegadas por los burócratas sindicales de turno, se sumaba la actividad de los referentes barriales, vecinales, la militancia de jóvenes estudiantes secundarios, en particular de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 y del Colegio Nacional de San Lorenzo, integrantes de organizaciones sociales que conformaron, entre otras, la agrupación Evita, Peronismo de Base y una importante actividad de gremios estatales, en particular del Sindicato de Trabajadores Municipales”. La fiscal quiere poner en evidencia que si se juzgara el conjunto de las violaciones a los derechos humanos y no un caso aislado “se podría demostrar el vínculo de los sectores económicos con la dictadura”.

Por su parte, los organismos de derechos humanos indicaron que el de Casado será un juicio “parcializado que no juzgará los tormentos sufridos dentro de la coherente estructura del plan sistemático, sino que intentarán reducirlo a un hecho aislado”. El Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial reclama, en definitiva, la unificación de la causa San Lorenzo con la de los Trabajadores.

jueves, 7 de marzo de 2013

Marina Destéfani ATENCION ESTAMOS JUNTANDO ADHESIONES!!

Desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo al cumplirse un tercer aniversario del asesinato de la testigo y querellante, Silvia Suppo, continuamos denunciando la falta de una investigación profesional y completa de dicho crimen por parte de la justicia.
Hoy en día la causa se tramita en el Juzgado federal N° 1 de Santa Fe pero el Juez Federal Reynaldo Rodríguez no ha generado ninguna medida a favor del esclarecimiento sino que, por el contrario, insistente y repetidamente ha obturado y obstaculizado la investigación.

Muestras claras de su inacción, ineficacia y falta de ética profesional han sido:
Los repetidos intentos de fragmentar la causa intentado que los dos detenidos que afirman haber actuado solos, sean juzgado por un homicidio común sin necesidad de cumplir con la investigación efectiva de la posible existencia de otros partícipes que buscaran atacar a Silvia por su condición de denunciante y testigo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La filtración de información sensible hacia los medios de comunicación perjudicando la investigación y violando condiciones de seguridad requeridas para querellantes y testigos.
El reiterado incumplimiento de las decisiones de tribunales superiores que debieron intervenir para reafirmar el deber de cumplir con una investigación completa y eficaz sobre la hipótesis de asesinato organizado contra Silvia. Tales fueron los pronunciamientos del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando sin efectos las distintas decisiones del juez Rodríguez para evitar esa investigación.

Múltiples irregularidades procesales en contra de las partes querellantes como omisión reiterada de notificaciones o la invocación de normas legales hace tiempo derogadas.
La gravísima denegación para la fiscalía y las partes querellantes de implementar medidas probatorias verdaderamente efectivas con fuerzas de investigación fundamentales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Programa Verdad y Justicia de la Nación, luego que se logró su participación en la causa por orden de la Cámara Federal ante el reclamo de las querellas que el juez Rodríguez había desatendido.
Limitar e interferir el accionar de dicho Programa y de la mencionada PSA dándoles muy poco tiempo de trabajo (tan sólo 60 días) y ordenarles escasas y superficiales medidas probatorias.
Dar por concluida la tarea del Programa y de la PSA a pesar de que informaron que el juez no les facilitó elementos esenciales para poder cumplir debidamente con las limitadas medidas que el mismo juez les indicó.
La pérdida o desaparición “misteriosa” de pruebas fundamentales como el video otorgado pro al Terminal de ómnibus de Rafaela
La revictimizaciòn y exposición constantes a la que su falta de profesionalismo somete a lxs hijxs querellantes.
La insistencia en declarar inocentes a sospechosos sin cumplir previamente con una verdadera investigación a pesar de los llamados de atención de tribunales superiores
El adelantar su opinión en el expediente sobre cuestiones que todavía tiene que investigar, incurriendo en una evidente causal de apartamiento.
Estas irregularidades se repiten también en la causa Hattemer-Destèfani-Suppo que debería investigar la desaparición forzada del primero y las torturas y vejaciones sufridas por todxs las víctimas de los crímenes a los que refiere ese proceso judicial. La misma lleva ya màs de 10 años de instrucción …

Cuando exigimos Verdad y Justicia exigimos investigación completa y profesional y no acumulación de fojas y pérdida de tiempo de valor decisivo.
Cuando exigimos Verdad y Justicia exigimos investigación completa y profesional que nos diga qué le pasó a Silvia Suppo, quiénes y por qué la mataron.

Cuando exigimos Verdad y Justicia para Silvia Suppo, exigimos Verdad y Justicia para Todxs.
Cuando exigimos Verdad y Justicia exigimos NO SOLO CONDENA JUDICIAL sino también CONDENA SOCIAL.
Por todo lo expuesto lxs abajo firmantes EXIGIMOS UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA Y PROFESIONAL del asesinato de Silvia Suppo.

lunes, 4 de marzo de 2013

Testimonio clave en el juicio a la patota de la III Brigada Aérea de Reconquista

"Vine a contar mi verdad y a pedir justicia"

Griselda Pratto relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe cómo un grupo de tareas que operó en el norte provincial la convirtió en esclava sexual cuando tenía 16 años. Su declaración marca un punto de inflexión en el juicio.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El 17 de marzo, Griselda Pratto cumplirá 53 años. Tenía 16, era una niña, cuando un grupo de tareas la secuestró en Reconquista. Ella no era militante política, sólo estaba en la casa de Luisa, su hermana embarazada, para esperar el parto y ayudarla con sus hijos más chiquitos. Un estruendo la despertó en la madrugada, el 5 de febrero de 1977. La llevaron a los golpes, maniatada y encapuchada, hasta la III Brigada Aérea de Reconquista, un centro clandestino de la dictadura, donde cumplió los 17, convertida en esclava sexual de la patota. "Esta nenita... Podemos jugar con esta nenita", le decían en la sala de tormentos. La dejaron ir recién el 26 de marzo. Fueron 49 días en el terror, en el miedo en su máxima escala. Treinta y seis años después, Griselda pudo declarar ante el Tribunal Oral de Santa Fe que juzga a sus secuestradores y violadores. Los identificó a todos, entre ellos al ex jefe de Inteligencia de la Base Aérea, Danilo Sambuelli y al ex jefe de Informaciones de la Policía santafesina (el tristemente célebre D2), Carlos Nickisch. "Vengo a contar mi verdad y a pedir justicia", les dijo a los jueces. Ellos la escucharon.

El testimonio de Griselda fue directo, descarnado. Un punto de inflexión en el juicio, el primero en la provincia y el segundo en el país que juzga los abusos sexuales y violaciones en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático del terrorismo de estado. Los imputados también la escucharon desde el banquillo: Sambuelli, el mayor Jorge Alberto Benítez y los cinco policías: Nickisch, Arnaldo Neumann, Rubén Molina, Horacio Machuca y Eduardo Luque.

"Entraron a la casa de mi hermana a las patadas -recordó Griselda-. Luisa les preguntó: ' ¿Qué pasa?'. Le contestaron con un puñetazo. Y comenzaron a revisar todo. Debajo de mi cama, Nickisch encontró 20 pesos y le dijo a Neumann: 'Mirá, acá hay plata, tomá'. Y le entregó los 20 pesos. Después, cuando me sacan de la casa, uno le dice a otro: 'Machuca, correte'".

Ya en la Base Aérea, la encerraron en una celda, encapuchada. Entró uno de los guardias, "el cabo Estofaretti. Me dijo que tenía un arma, que eso significaba que tenía el poder. Y me violó. Yo era virgen", relató Griselda. "Al rato, llegó otro guardia que le dijo (a Estofaretti) que tenía un minuto para salir y que mí no me podía tocar nadie porque estaba prohibido".

"Después me volvieron a encapuchar. Me llevan a un lugar cercano, donde había agua en el piso. Y ahí me picanearon en la vagina, en los pechos, en las axilas, mientras me preguntaban qué hacía en Reconquista. Yo les contestaba lo mismo, que vine a ayudar a mi hermana, a cuidar a los chicos. Y más me golpeaban. Me arrastraron de los pelos hacia la celda que no tenía nada, ni colchón", agregó.

"Al cuarto día, a la noche, me llevan en un auto hasta una casa, donde me sacan la capucha y las esposas y me violan. Ellos me decían: 'Sambuelli, Nickisch, Neumann y Estofaretti tienen el poder'. Las violaciones fueron por todos lados. Jugaban con mi cuerpo. Tenía que tomar el semen de cada uno de ellos. Después, me llevaron al baño, donde había materia fecal en el inodoro, me metieron la cabeza dentro del inodoro y me hicieron comer la materia fecal. No podía evitarlo. No tenía más fuerzas. Quería evitar hacer eso, pero no podía. Luego me encapucharon y me llevaron a la Base Aérea".

Griselda se quebró en el llanto. El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, resolvió entonces un cuarto intermedio. La pausa la ayudó a recuperar el habla. "¿Puede continuar?", le preguntó más tarde el juez. "Sí. Vine a contar mi verdad y a pedir justicia", le contestó ella.

Las sesiones de torturas siguieron. Y los simulacros de fusilamiento también. "Me agarraban de los pelos y decían: 'Esta nenita... Podemos jugar con esta nenita'. Yo era su esclava. Ellos tenían el poder, hacían conmigo lo que querían. Nunca me asistieron. Una vez me vino la menstruación y me tuve que envolver con papel de diario. Ya no podía ni hablar. Mi desayuno eran la picana y los golpes. La cena, las violaciones. La última vez me bañaron con semen. Yo escribía en las paredes. Le pedía a Dios que se apiade de mi. Le decía: soy tu hija. Le pedía que tenga misericordia de mí".

"Me destruyeron la vida -dijo Griselda-. A veces tengo pesadillas muy feas. Me casé, pero no de blanco porque me daba vergüenza. Vengo acá con miedo, pensando que me va a pasar lo mismo. No tengo por qué mentir".

"Creía que me iban a matar porque les vi la cara a todos. Después, vino un médico, el doctor Arredondo a curarme, me dijo que hasta que no me quedara ninguna marca no me podía ir. Un día me sacaron sin capucha. Estaba Sambuelli, sentado como un rey. Me dio unas monedas y me dijo: 'Yo soy Sambuelli y no te quiero ver más acá'. Me seguían por todos lados. Nickisch, Neumann, podían violarme donde y cuando quisieran", relató.

- ¿Cómo supo los nombres de los que le hacían eso? -le preguntó uno de los jueces.

- Cuando ellos entraron a la casa se nombraron Nickisch y Neumann, cuando uno le dice al otro: 'Tomá la plata'. Y cuando me violaban, decían: 'Ahora te toca a vos, Sambuelli. Ahora te toca a vos, Nickisch', y ahí me violaban sin capucha. Al cabo Estofaretti lo nombró el guardia de la celda.

- ¿Volvió a ver a Arredondo?

- No, no lo vi nunca más -contestó Griselda.