17 represores serán indagados en la causa Feced residual

Corrales mano derecha de Feced

Un cura en la lista de detenidos

La detención e indagatoria del ex capellán Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone. Otros 17 represores serán indagados.

 Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes indagará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, quien

será indagado en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le sigue el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y Alfredo Sotera -jefe de la inteligencia militar- y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la justicia porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de estado", señaló el fiscal federal Gonzalo Stara quien había pedido la detención del sacerdote, por el caso de Eduardo Bracaccini entre otros, desaparecido de Casilda.

El listado se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.

La nómina concluye con Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, ex secretario privado de Agustín Feced.

El juez Bailaque reveló a Rosario/12 que "Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros esprituales de Zavalla" y designó un defensor particular Eduardo Romera. Este letrado defendió en su momento a Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la justicia federal.

Ayer el magistrado le tomó declaración a los ex policías Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.

Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas el de Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre quien aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del '70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.

Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y estaba a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el "apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II", según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty.

"En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga", pedido que se está concretando en estas horas.

Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que "está registrado" que el cura Zitelli "ingresaba a la sala de torturas" del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones.

Muchos fueron los testimonios que señalaron la macabra participación del durante aquellos días negros en Rosario y que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaldía de mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender "que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo".

Cura preso por delitos de lesa humanidad

Era el párroco de Casilda. Constituyó su prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales. En la causa se señaló que “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato represivo.

Por José Maggi

El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. “Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado”, señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.

El juez Bailaque reveló a Página/12 que “Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla” y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.

La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.

Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el “apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II”, según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: “En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga”, pedido que se está concretando en estas horas.

Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que “está registrado” que el cura Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.

Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo”.

El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.

También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.

Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.

Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos

Otro delito de lesa humanidad

Stella Hernández demandará a Mario Marcote por violación agravada en dictadura

El represor del Servicio de Informaciones fue señalado por la víctima como el autor material del ataque. Es la primera vez que se presenta una denuncia en Rosario con esta acusación específica en el marco de la represión ilegal.

 Por José Maggi

Stella Hernández, sobreviviente del Servicio de Informaciones (SI) se presentará como querellante en la causa Feced, por haber sido víctima de violación a manos de Mario Marcote, uno los represores que la mantuvo en cautiverio, en San Lorenzo y Dorrego. La presentación realizada con el patrocinio del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares, es la primera de este tipo en esta sede judicial.

La querella se dirige contra todos los responsables de los delitos de los que fuera víctima en su tránsito por el SI y las cárceles de la dictadura en general, y en particular contra Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada.

Las agresiones sexuales no constituyen una modalidad más de tormentos, sino delitos autónomos y deben ser declarados de lesa humanidad para darles el tratamiento judicial correspondiente. "Es una de las deudas de la justicia para con las víctimas del terrorismo de estado y no hay excusas para no saldarla", dijo su abogada patrocinante Gabriela Durruty. Por eso solicita que se indague a Mario Marcote por el delito de violación agravada cometido contra Stella y se ordene su inmediata detención. La letrada aclaro que "en Rosario todavía no se hizo, existe un antecedente en la ciudad de Mar del Plata".

Este pedido ya había sido realizado por el fiscal Gonzalo Stara a los jueces del Tribunal Oral cuando amplió la acusación a los imputados. Cabe recordar que la propia víctima al finalizar su testimonio se lo pidió personalmente y a viva voz a los jueces.

El 7 de junio, el tribunal oral federal manifestó: "en cuanto al delito de instancia privada denunciado en la audiencia de debate por Stella Hernández e imputado a Mario Marcote corresponde remitir al Juzgado Federal de instrucción copia del audio y filmación de la declaración prestada por aquella, a sus efectos".

Mención aparte merece el voto de Otmar Paulucci, quien adhirió al voto de sus colegas agregando: "a lo solicitado por el fiscal relativo a ampliar la base fáctica primigenia al imputado Mario Alfredo Marcote en base a los delitos que damnificaron a Stella Hernández, en relación a la solicitud de ampliación por el delito de violación agravada, lo considero un hecho independiente no constitutivo de la tortura", dándole entidad a que debe ser juzgado como un delito por separado.

La querella solicita que se "indague a Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada por su condición de funcionario público a cargo de la guarda y con el concurso de dos o más personas".

En la presentación se remarca que "el concepto de la violación sexual adopta una materialidad que repercute indudablemente en la tipicidad de la acción y, en definitiva, en la calificación jurídica del caso". Y agrega que "queda claro que los hechos constitutivos de estos delitos se adecuan a la categoría de crimen de lesa humanidad, porque se cometen como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, y quien perpetra o diere ocasión para que se cometa el crimen tiene el conocimiento del contexto más amplio en el que se inscribe su acción".

De igual modo se recuerda que el 17 de julio de 1998 se promulgó el Estatuto de Roma que codificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, y cualquier otra violencia sexual que constituya una infracción grave a los Convenios de Ginebra.

La inclusión de la violación sexual como crimen de lesa humanidad, implica el reconocimiento de su gravedad como conducta que no sólo vulnera el derecho a la libertad sexual sino también otros derechos esenciales de la persona como el derecho a su dignidad, integridad personal, salud, entre otros. "La violación sexual ha sido reconocida como una conducta que implica un grave sufrimiento de la víctima, a la vez que se erige en una forma de denigración y discriminación para quien la sufre, una forma de humillación que no sólo afecta a su integridad física y psicológica sino especialmente a su dignidad", reza la presentación.

Videla, el dictador, acusado por la desaparición de militantes en Rosario

El dictador, otra vez procesado

La Justicia federal de Rosario procesó a una decena de miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla y Ramón Díaz Bessone a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y la sustracción de una menor, ocurridos en agosto de 1976. Lo dispuso el viernes pasado el juez Marcelo Bailaque, quien también dictó la prisión preventiva de los acusados.

Los represores procesados pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el Estado Mayor del Segundo Cuerpo. Allí se diseñaban los operativos posibles, se los proponían al comandante y éste decidía cuál se ejecutaba. Entre los procesados se encuentran, además de Videla y Díaz Bessone, los militares Julio Ezequiel Franciulli, Eitel Aramis Ferreira, José Javier De La Torre, Alfredo Sotera, Jorge Alberto Fariña, Heriberto Lavallén, Marino Héctor González y Jorge Alfredo López, y los ex policías Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

A su vez, el juez dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados: Horacio Guillermo Canestro, Edgardo Antonio Faur, Roberto Oscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.

Las causas por las que fueron procesados los represores investigan la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Fernando Brarda, que luego concluyeron en las posteriores muertes o desapariciones de Ricardo Klotzman, Cecilia Barral, Juan Tumbetta, María Laura González, Ricardo Machado, Elvira Márquez y Héctor González. Entre las personas desaparecidas también se cuentan Osvaldo Matosky Szeverin, José Angel Albá, Daniel Garrera, Liliana Girardi, Julio Curtolo, María Teresa Vidal Martínez Bayo, María Teresa Latino, Alejandro Ramón Pastorini, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Márquez, Dante Vidali, Isabel Carlucci, Víctor Fina, María Teresa Serra, Juan Carlos Lieby, Elvio Ignacio Castañeda, Oscar Alberto Medina, María Gazzano Bertos y Edgardo Silva. En la pesquisa se estableció la sustracción de una niña hija de la pareja Klotzman Barral, que fue reconocida como la nieta número 103 por las Abuelas de Plaza de Mayo.

En la resolución que dispuso el procesamiento, el juez destacó "que las personas que fueron muertas o se encuentran a la fecha desaparecidas eran integrantes del ERP o sospechadas de pertenecer a esa organización o de tener algún tipo de vinculación". Añadió que "los hechos habrían sido llevados a cabo por fuerzas conjuntas a cargo del Ejército y de la Policía Federal". La mayoría de las desapariciones se perpetraron durante la primera quincena de agosto de 1976 y se sospecha que algunas de las víctimas habrían estado privadas de la libertad en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, en la zona oeste de Rosario.

Diaz Bessone: al hospital militar por pedido de su defensor (¿¡!?)

Seguirá internado pero en Buenos Aires

El Tribunal Federal, en disidencia, aceptó el planteo de la defensa del represor y ordenó que una junta médica defina si el ex general está en condiciones de ser sometido a juicio.

 Por José Maggi

La jornada de ayer en el marco de la causa Díaz Bessone estuvo marcada por el pedido del defensor del octogenario general para que éste sea trasladado al Hospital Militar de Capital Federal para ser tratado por un Accidente Cerebro Vascular (ACV). El Tribunal Oral Federal Nº 2, con el voto en disidencia de Venegas Echagüe, hizo hizo lugar a la petición y además ordenó la conformación de una comisión de especialistas que deberá resolver si el represor está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio.

Pasados los primeros escarceos entre defensa y fiscalía, llegó el turno de Germán Artola, el primero de los defensores que alegó en favor de los acusados. El día estaba previsto que comience con los alegatos de las defensas, no obstante, el defensor de Ramón Genaro Díaz Bessone planteó que su representado sufrió un ACV por lo que se dio lectura al informe médico presentado por la parte y la petición de la misma para que el represor sea trasladado al Hospital Militar para su tratamiento, en lugar de continuarlo en el Hospital Español de Rosario.

El tribunal hizo lugar a la petición, con el voto en disidencia de Jorge Venegas Echagüe quien consideró que no hay razones válidas para permitir el traslado al Hospital Militar de Díaz Bessone teniendo en cuenta que el mismo cuenta con obra social que le permite realizar su tratamiento en el Hospital Español o en algún otro de Rosario.

Lo resuelto por el Tribunal motivó la inmediata reacción del fiscal de la causa Gonzalo Stara, quien interpuso recurso de nulidad contra la decisión de los jueces Beatriz Baravani y Otmar Paulucci por entender que debió darse intervención a la fiscalía antes de decidir y agregó que no puede privilegiarse al imputado con su traslado al Hospital Militar teniendo la posibilidad de recibir atención médica en esta ciudad.

El tribunal rechazó el planteo de la fiscalía y dispuso que se constituya una junta médica para determinar si Díaz Bessone está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio. Por su parte la querella de la Liga y Familiares adelantó que propondrá la inclusión de peritos de parte en este sentido.

Una aparte merece la actitud del defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño denunció penalmente a dos médicos del hospital Español "por algún ilícito del Código Penal" por lo apresurado del alta y por la medicación que le recetaron a Díaz Bessone. Esto fue rechazado inmediatamente por el juez Venegas Echagüe. Por su parte, el fiscal dijo que ni siquiera merecía respuesta esta denuncia porque no se entendió de dónde viene el planteo. Finalizado este incidente, comenzó su alegato el defensor Germán Artola, en representación de los imputados Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara.

En primer término, planteó la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo ya que señaló que sus defendidos fueron indagados por estos hechos desde 1984 a 1987 y el requerimiento de elevación a juicio fue formulado en 2008.

Por otra parte Artola ratificó la validez de las leyes de obediencia debida y punto final por entender que la ley del Congreso de la Nación que las anuló "es una ley inconstitucional y que deben aplicarse las mismas atento ser las más benignas".

El defensor también planteó la nulidad de la audiencia de debate en virtud de entender que "se ha afectado el derecho de la defensa por no haber podido controlar eficazmente la prueba de cargo ya que en numerosas ocasiones el Tribunal no le permitió interrogar a los testigos sobre supuestas contradicciones con declaraciones brindadas al comienzo de la causa".

Artola hizo referencia también a la legalidad de las detenciones que se le imputan a sus defendidos como privaciones ilegítimas de la libertad por entender que "la policía actuó conforme a las leyes vigentes en ese momento y que luego remitía las actuaciones a la justicia militar".

Asimismo planteó que los períodos en los que las víctimas estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional "no deben ser tenidos como privaciones ilegítimas de la libertad ya que esa constituía una legítima facultad otorgada por el estado de sitio vigente".

Las uñas del Gato Andrada, citado a declarar por dos secuestros

El juez de San Nicolás que investiga los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi entiende que ahora hay "sospechas suficientes sobre la participación" de Andrada y otros militares en el secuestro de los militantes en el bar Magnun.

 Por José Maggi

El ex arquero de Central, Edgardo "Gato" Andrada, fue citado a declarar por la justicia federal el 9 de noviembre, por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas ocurridos en la última dictadura. El fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, quien investiga el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, fue quien logró luego de más de seis años de haberlo solicitado que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declarar no solo al ex arquero canalla -quien fue agente del aparato de inteligencia militar- sino también al ex comisario Luis Abelardo Patti, los ex militares Reynaldo Bignone, Oscar Pascual Guerrieri, Luis Américo Muñoz y a los ex agentes de inteligencia Ariel "el Puma" Porra y Juan Andrés Cabrera, alias "el Barba". Todos están imputados por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum, en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos. Andrada, quien trabaja desde hace años en las inferiores de Central, en la filial Fábrica Militar de Armas, ubicada en avenida Francia al 5000 -curiosamante donde funcionó un centro clandestino de detención- estuvo anoche reunido con parte de la comisión directiva del club a quienes prometió que hoy enviará su telegrama de renuncia.

El fiscal Murray reconoció que ayer se le notificó la resolución por la cual "se impone la detención e indagatoria de Patti, Bignone, Guerrieri, Ariel Porra y Juan Andrés Cabrera, quienes ya estaban detenidos en relación a otras causas y a disposición del TOF San Martín y del TOF de Rosario", mientras que "en relación a Andrada y Muñoz, que están eximidos de prisión, se dispuso que se los convoque a prestar declaración indagatoria pero la diferencia es que la citación les llega en libertad".

El fiscal recordó que "tanto Andrada como Muñoz, quien era el segundo de Guerrieri en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario al momento de los hechos, tienen revocada su exención de prisión por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario" pero "como ambas defensas interpusieron recursos de casación, la resolución no está firme y se encuentra sujeta a los tiempos que determine la Cámara Nacional de Casación Penal".

Murray se mostró crítico por que "recién ahora" el juez federal de San Nicolás resuelve "algo que desde la fiscalía y la querella fue planteado en marzo de 2005, es decir hace más de 6 años".

Además remarcó que en uno de los párrafos de la resolución, el juez Villafuerte Ruzo argumentó: "Un nuevo reexamen de la causa me lleva a concluir que se ha adquirido el grado de sospechas suficientes, tanto en cuanto a la existencia del hecho como en cuanto a la participación de las personas señaladas en el mismo, como para convocarlos a prestar declaración indagatoria como imputados en la causa".

"Hay otro imputado, el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, alias Chuly, con la misma carga probatoria, sobre quien Villafuerte no se expidió", acotó el fiscal federal de San Nicolás, en alusión al presidente de la Asociación Sanmartiniana Cuna de la Bandera, que todos los años realiza el Cruce de los Andes y cuenta con el apoyo de distintos sectores como la municipalidad de Rosario, y diversos medios de comunicación locales.

En cuanto a la continuidad de la causa y la situación de Andrada en particular, Murray adelantó que el ex arquero "tendrá que comparecer a la citación y después habrá que ver si decide hacer valer o no su derecho constitucional de ejercer su defensa material", y finalmente "esperar si resuelve declarar o no".

"Lo que creemos desde fiscalía y desde la querella es que hay elementos suficientes para que Andrada y el resto de los imputados sean procesados por este hecho", remarcó Murray para quien "las pruebas en relación a los hechos son harto suficientes y abundantes". Además "hay pruebas documentales que se incorporaron con posterioridad a la causa y que indican claramente la responsabilidad de Andrada en los hechos".

Entre ellas señaló "hay pruebas testimoniales como la declaración de Eduardo Costanzo", ex agente de inteligencia, que en esta causa declaró "como testigo, ya que al momento de los hechos no se encontraba en Rosario sino que se entera posteriormente cuando uno de sus amigos le cuenta y le da datos precisos de cómo, dónde y cuándo se realizó el operativo".

"También existen legajos de militares, hay prueba documental que tiene que ver con documentos desclasificados por el departamento de Estado norteamericano que acreditan fehacientemente todos los hechos de la hipótesis que en su momento sostuvieron la fiscalía y la querella", apuntó.

Por su parte el diputado provincial electo y secretario general del Movimiento Evita de Rosario, Eduardo Toniolli, celebró el pedido de indagatoria: "Estamos muy contentos y satisfechos con esta disposición, fundamentalmente porque es un reconocimiento a la lucha inclaudicable de dos mujeres como Gladys y Ethel Cambiaso (hermanas de Osvaldo), de los organismos de derechos humanos y de los abogados querellantes".

“Seguimos exigiendo una investigación profunda del asesinato de Silvia Suppo”

Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo
 

Quienes conformamos el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo creemos imperioso manifestarnos en relación a lo actuado en la causa que investiga su crimen.

El 29 de marzo de este año, a un año de ocurrido este asesinato político, nos resultó alentadora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elevar a fuero federal la causa, dado que desde un inicio consideramos que debía ser investigada allí, ya que existe evidencia contundente que demuestra que su asesinato se cometió para entorpecer el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

Sin embargo, insistiendo en nuestro reclamo de esclarecimiento denunciamos hoy públicamente la inacción de la justicia federal.

Es necesario recordar que la primera decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez -a días de haber sido designado como juez actuante por la CSJN- fue elevar la causa a juicio oral, sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia. Ante esto, la querella presentó el pedido de nulidad ante el Tribunal Oral Federal, fuero que remitió la causa al juez, exigiéndole nuevamente una investigación, previa a todo juicio.

Una vez más, la intervención de la querella fue decisiva a la hora de movilizar la causa. Esta solicitó casi la totalidad de las medidas tendientes al esclarecimiento, impidiendo que se clausurara la investigación pese a los intentos del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Rafaela y el Juzgado Federal Nro1 de Santa Fe de elevar a juicio sin investigar profunda y profesionalmente.

El Juez Rodríguez -sin realizar ningún aporte e investigación- adoptó como propia la actuación del Juez Alejandro Mognaschi del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Rafaela, cuya competencia fue revocada tanto por la Cámara de Apelación de Rafaela como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resulta llamativa la vinculación del defensor de oficio de los imputados Fabio Procajlo, con el ex Juez Federal Victor Brusa. Procajlo fue defensor de Brusa en la causa en donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para condenarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en el año 2009.

A pesar de las evidentes irregularidades en el accionar policial que venimos denunciando públicamente y en el departamento de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido. Hasta el momento los Jueces y fiscales sólo se ocuparon de “acumular” fojas y testimoniales sin relacionar los hechos, sin pedir ampliaciones, sin intervenir en los testimoniales y declaratorias y se apresuraron en “sacarse la causa de encima”. Es evidente que existe una intensión de que se terminen los plazos legales de la instrucción (2 años), con el claro objetivo de elevar a juicio sin investigar, como lo ordenara la Corte Suprema de la Nación.

La falta de investigación y la “tranquilidad” de la justicia se repite en otras causas. Cabe recordar que la causa denominada “Hattemer-Destefani-Suppo” que está también en manos del Juez Rodríguez lleva ya más de 10 años de instrucción y durante ese período ningún acusado fue indagado. En esta causa Silvia Suppo era la testigo clave que podía incriminar a represores rafaelinos implicados.

Luego de tanto tiempo, y aún contando con fallos favorables de la cámara de apelaciones de Rafaela, de la CSJN y del TOF seguimos exigiendo que se realice una investigación profunda y exhaustiva de su asesinato.

Sin la solidaridad y las luchas de todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, que nos han acompañado durante este año y medio, no es posible terminar con la impunidad y por eso pedimos el apoyo de todos y todas para lograr una condena penal y social de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Silvia Suppo.

VERDAD Y JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO Y TODXS LXS COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS
APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ
CARCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

ESPACIO VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO