La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación culminó ayer con su alegato en el juicio oral por la causa Díaz Bessone, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex jefatura de policía durante la dictadura.
Los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibañez cerraron el alegato del organismo nacional haciendo la valoración de la prueba en cada uno de los casos.
Los abogados resaltaron "la violencia sexual y de género a la que fueron sometidas las víctimas en este circuito represivo", además de "incluir el uso instrumental de niños como parte de la tortura, principalmente de sus madres". Citaron que "sin dudas el caso más escalofriante lo constituyó el de Rut González, cuyas hijas fueron dejadas en el SI y como relataron sus compañeras de cautiverio, continuamente preguntaba por ellas, además de que fueron golpeadas en su presencia como forma de tortura".
También destacaron que los represores implementaron "una metodología de blanqueo de las personas secuestradas que tuvo dos maneras: simular enfrentamientos y formar causas judiciales o militares a las personas que eran secuestradas acusándolas de distintos delitos". Se hizo, además, especial referencia a "las identidades políticas de quienes sufrieron la represión para oponerlo al concepto de víctima despolitizada acuñado en los años '80". En ese sentido, remarcaron que "todas las víctimas fueron perseguidos políticos" y que "la mayoría de ellos eran marcados como blancos a aniquilar por pertenecer a organizaciones que la dictadura había construido como enemigos a desterrar por oponerse al terrorismo de Estado".
Finalmente, pidieron que se aplique al ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y el ex policía José Lo Fiego la pena de prisión perpetua, por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, homicidio agravado y asociación ilícita. Para los ex policías José Scortecchini, Ramón Vergara y Mario Marcote solicitaron 25 años de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y asociación ilícita. En todos los casos se reclamó que los represores sean condenados "en el marco del delito de genocidio". No hicieron en cambio acusación contra el civil sindicado colaboracionista Ricardo Chomicky, ya que la Secretaría había desistido de hacer cargos.
Además, se planteó que se revoque la prisión domiciliaria a Díaz Bessone, y que para el resto de los imputados "se termine con la insultante situación de libertad que gozan".
Al respecto, el equipo jurídico de Familiares de Desaparecidos, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentaron ante el Tribunal un pedido para que se revoque la excarcelación de que gozan los imputados y se ordene su inmediata remisión a una cárcel común. El reiterado pedido en ese sentido, hasta ahora rechazado por los jueces, surge de que "existen suficientes argumentos jurisprudenciales, emanados desde la mismísima Corte Suprema de la Nación", explicó la abogada Daniela Asinari.
Los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibañez cerraron el alegato del organismo nacional haciendo la valoración de la prueba en cada uno de los casos.
Los abogados resaltaron "la violencia sexual y de género a la que fueron sometidas las víctimas en este circuito represivo", además de "incluir el uso instrumental de niños como parte de la tortura, principalmente de sus madres". Citaron que "sin dudas el caso más escalofriante lo constituyó el de Rut González, cuyas hijas fueron dejadas en el SI y como relataron sus compañeras de cautiverio, continuamente preguntaba por ellas, además de que fueron golpeadas en su presencia como forma de tortura".
También destacaron que los represores implementaron "una metodología de blanqueo de las personas secuestradas que tuvo dos maneras: simular enfrentamientos y formar causas judiciales o militares a las personas que eran secuestradas acusándolas de distintos delitos". Se hizo, además, especial referencia a "las identidades políticas de quienes sufrieron la represión para oponerlo al concepto de víctima despolitizada acuñado en los años '80". En ese sentido, remarcaron que "todas las víctimas fueron perseguidos políticos" y que "la mayoría de ellos eran marcados como blancos a aniquilar por pertenecer a organizaciones que la dictadura había construido como enemigos a desterrar por oponerse al terrorismo de Estado".
Finalmente, pidieron que se aplique al ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y el ex policía José Lo Fiego la pena de prisión perpetua, por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, homicidio agravado y asociación ilícita. Para los ex policías José Scortecchini, Ramón Vergara y Mario Marcote solicitaron 25 años de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y asociación ilícita. En todos los casos se reclamó que los represores sean condenados "en el marco del delito de genocidio". No hicieron en cambio acusación contra el civil sindicado colaboracionista Ricardo Chomicky, ya que la Secretaría había desistido de hacer cargos.
Además, se planteó que se revoque la prisión domiciliaria a Díaz Bessone, y que para el resto de los imputados "se termine con la insultante situación de libertad que gozan".
Al respecto, el equipo jurídico de Familiares de Desaparecidos, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentaron ante el Tribunal un pedido para que se revoque la excarcelación de que gozan los imputados y se ordene su inmediata remisión a una cárcel común. El reiterado pedido en ese sentido, hasta ahora rechazado por los jueces, surge de que "existen suficientes argumentos jurisprudenciales, emanados desde la mismísima Corte Suprema de la Nación", explicó la abogada Daniela Asinari.
