Los coroneles organizados para eliminar

Fueron procesados dos militares retirados de alto rango por el asesinato de una militante política.

Se trata de José María González y Jorge Roberto Diab, ambos con alta responsabilidad en inteligencia durante la última dictadura en Santa Fe. El juez los acusó por el asesinato de Luci Gómez, una militante de la juventud peronista.
Por Juan Carlos Tizziani  Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a los coroneles retirados José María González y Jorge Roberto Diab, por el homicidio de una militante de la Juventud Peronista, Gladys Lucía Gómez ("Luci"), en febrero de 1976, la última víctima de la masacre del camino de Las Moras que el Equipo Argentino de Antropología Forense recién logró identificar en setiembre de 2010, tras ser inhumada como NN hace 35 años. González era el jefe del Area 212 y Diab el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y ya estaban procesados por asesinato de las otras tres víctimas del crimen: Olga Teresita Sánchez, Graciela Siryi y María Cristina Mattioli, que también militaban en la JP. Los dos militares formaron parte de una "organización criminal" que tenía como objetivo "la eliminación física" o la "neutralización ideológica de los opositores políticos". Y desde ese aparato del terrorismo de estado, "comandaron, organizaron o ejecutaron" los delitos de lesa humanidad que se les imputan, dice el fallo judicial al que tuvo acceso Rosario/12.

"Lucy" Gómez y sus compañeras fueron secuestradas entre el 27 y el 28 de febrero de 1976, en Santa Fe. Sus cuerpos aparecieron casi un mes después, el 19 de marzo, en una fosa común cerca de Coronda, en el camino a Larrechea, con las manos atadas y disparos en la cabeza. Los inhumaron como NN en el cementerio de Coronda, donde una investigación judicial los rescató en 1998 y tardó trece años en devolverles la identidad: Sánchez fue identificada en 2004; Mattioli, en 2007; Siryi, en 2008 y Gómez, recién en setiembre de 2010. En la causa, se investiga también el secuestro de Mario Luis Totterau, esposo de Mattioli, que sigue desaparecido.

En la resolución, el juez Rodríguez ordenó un embargo sobre los bienes de los dos represores "hasta cubrir la suma de 500 mil pesos", pero les mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de los crímenes impunes. Diab está imputado por 34 homicidios y González por 23, y este año debería ir a juicio oral por uno de esos casos: el secuestro y la muerte de Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de la esposa de éste, Ana María Cavadini, el 9 de diciembre de 1975. Las cuentas de ambos, incluyen los cuatro asesinatos en el camino de Las Moras.

González y Diab formaron parte "de la organización de un plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos, desde estructura estatal. Ocupaban importantes cargos dentro del aparato represivo y desde allí comandaron, organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan", dice el fallo judicial. González asumió como jefe del Area 212 en diciembre de 1974, la noche del golpe del 24 de marzo de 1976 derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y se convirtió en el primer interventor de la dictadura en la provincia hasta mayo de 1976 y en diciembre de 1976, cedió la jefatura del Area 212 a su sucesor, el coronel Juan Orlando Rolón ya fallecido, quien ocupó el cargo hasta 1979. Mientras que Diab se desempeñó en Destacamento de Inteligencia Militar 122 durante cuatro años, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta 1979, como jefe de la Primera Sección y segundo jefe de la unidad.

El fallo de 34 fojas prueba la "inescindible relación" entre "la tarea de inteligencia" que se realizaba "en el Destacamento 122 al que pertenecía Diab, en un grado jerárquico de mando" y "los operativos" de los grupos de tareas. Pero no sólo para señalar el "objetivo" "como se identificaba a las víctimas de la represión sino también por su "colaboración habitual como grupo operativo" en los secuestros y crímenes.

En la indagatoria, Diab admitió que su "actividad" en el Destacamento 122 "era la reunión de información y coordinación de los distintos objetivos que se marcaban". Por lo que el juez Rodríguez recordó un fallo de la Cámara Federal de Rosario sobre cómo operaba el terrorismo de estado. "Todas las víctimas declararon haber sido aprendidas y objeto de torturas para obtener información y esa información (") volvía a servir para detectar nuevos sospechosos, que a su vez serían detenidos y torturados para obtener más datos", agregó.

Los dos imputados "desempeñaron puestos de altar jerarquía militar" en el aparato represivo de Santa Fe. "En tal carácter, impartieron directivas a sus subordinados, en forma conjunta o alternada, para cumplir con el objetivo de la eliminación física o neutralización ideológica" y "supervisaron su efectivo cumplimiento dentro de sus respectivas atribuciones. En ese cometido, tenían poder de decisión sobre los operativos represivos llevados a cabo en esta jurisdicción y el destino final de las víctimas".

Según Rodríguez, en la causa hay pruebas "suficientes y concordantes" que acreditan la "la intervención de González y Diab como partícipes necesarios" en el "homicidio" de "Lucy" Gómez, "hecho éste que habría sido perpetrado por parte de fuerzas militares y/o policiales bajo su dependencia", concluyó.

Padres que viven en sus Hijos

Festejo de cumpleaños frente a los tribunales

"Los juzga un tribunal, festejamos todos", es el lema que eligió Hijos Rosario para salir a la calle a conmemorar sus 16 años. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido (H.I.J.O.S.) nació en la semana santa de 1995, en Cabalango, Córdoba. La mayoría eran veinteañeros, o menos aún. Mucho camino recorrieron desde entonces. Mañana, a las 18, harán una instalación urbana frente al Tribunal Federal donde se juzga a Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, cuatro policías que integraron la patota de Feced y un civil, el único al que la agrupación no acusa. La fiesta será también una forma de volver a la vida a sus padres. El encuentro tendrá música también. Tocará la banda Sinapsis y cerrará El regreso del Coela Canto, liderada por Andres Abramovsky.

"Elegimos ese lugar porque nos parece muy significativo, por el momento que se está viviendo, que se ha logrado llevar a los represores al juicio oral después de tantos años, así que decidimos festejarlo ahí, con un encuentro y una instalación urbana con fotos cotidianas de aquellos militantes de los 70", expresó Ingrid Schegtel, militante de Hijos. Recopilar esas fotos familiares, de sus padres, de compañeros de sus padres, les llevó casi un año pero el viernes estarán allí. Al mismo tiempo, hoy se cumple un año del fallo de la causa Guerrieri, que condenó a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común a cinco represores del Ejército.

Mucho camino recorrió Hijos desde la época en que escrachaban a los represores en su casa, bajo el lema "Si no hay justicia, hay escrache", para combatir la impunidad. Hoy, muchos militantes de aquella agrupación se sientan como querellantes en los juicios orales y públicos que ya condenaron a 200 represores en todo el país. En Rosario, hubo cinco condenas en la causa Guerrieri, el año pasado, y está en marcha la producción de prueba de la causa Díaz Bessone. Entonces y ahora, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y Ana Claudia Oberlin (en la causa Guerrieri) representan como abogados a querellantes, no sólo hijos, sino también Madres y sobrevivientes.

Schegtel forma parte de los equipos de investigación sobre lo ocurrido durante la represión ilegal en la zona. Desde su creación, Hijos se sumó a la lucha por la memoria y la justicia, que en 2003 tomó otro impulso. "Tuvimos un crecimiento muy importante. Fue muy diferente en la década de los 90, cuando era pura resistencia, y ahora, si se quiere, estamos más aplicados, porque estamos con los juicios y nos sentimos actores directos porque elegimos formarnos, ya sea con los compañeros abogados, o con los equipos de investigación para ser partícipes activos en el armado de las causas", expresó Schegtel.

Y el rescate de la lucha de sus padres es otra premisa de Hijos, por eso decidieron poner sus imágenes en el encuentro. "Son fotos de esa generación de los 70, eso es lo que queremos reivindicar, ese espíritu de lucha, a través de la cotidianidad. También hay dedicatorias de libros, distintos elementos, porque apuntamos a rescatar la vida", afirmó Schegtel

El coronel que marcaba gente

Procesado por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios.

Al ex jefe de Inteligencia militar se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario, por ser "partícipe necesario" de secuestros y homicidios y se le trabó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.
 
 Por José Maggi

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó ayer al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121, coronel Alfredo Sotera, por 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios. Se trata del autor del informe que lleva su nombre y que detallaba los objetivos marcados por la represión y que fuera aportada a la causa Guerrieri por el ex policía y agente de inteligencia, Adolfo Salzman. El rol asignado a Sotera -que fue jefe de la inteligencia militar hasta diciembre de 1976- es el de haber "marcado a los objetivos" que luego fueron detenidos o secuestrados tanto por la Patota de Feced, como por el personal del Ejército.

Para la justicia federal, Sotera fue "partícipe necesario" de 13 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; otros 66 casos de secuestro seguido de tormentos, por 17 hechos de secuestro, torturas y homicidios (entre los que se cuentan la Masacre de los Surgentes) y otros 5 homicidios. Y le dictó un embargo por 7 millones 250 mil pesos.

Bailaque procesó a Sotera por las muertes de José Oyarzabal, Sergio Jalil, Daniel Gorosito, Oscar Manzur, Santiago Werle, Eduardo Pérez, Cristina Constanzó, Daniel Barjacoba, Eduardo Laus, María Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Roberto De Vicenzo, Rut González, Miriam Moro, Estrella González, Antonio López y Héctor Vitantonio.

También lo encontró penalmente responsable como partícipe necesario de las muertes de Miguel Gauseño, Carlos Kruppa, Osvaldo Matosky Szeverin,

Cristina Cialceta (la joven asesinada junto a su novio el francés Yves Domergue y cuyos cuerpos fueron identificados en Melincué). La justicia también responsabilizó a Sotera por el crimen de Alejandro Stancanelli ocurrido en plena vía pública en Oroño y San Luis en 1976.

A Sotera se le dictó la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El ex jefe de Inteligencia había sido indagado por el juez Bailaque

en el marco de la causa Feced, en su etapa instructoria, el pasado 3 de marzo en San Isidro. Del procedimiento participaron los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta quienes concretaron las imputaciones, que ascienden a más de un centenar de víctimas que en su mayoría pasaron por el Servicio de Informaciones (SI).

Los fiscales le atribuyeron "haber formado parte en su carácter de jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario de un grupo de personas incluyendo, entre otros, a Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Ramírez, Agustín Feced, Raúl Guzmán Alfaro, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, César Peralta, José Carlos Scortecchini, que operaron en la época del gobierno de facto en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física de personas que integraban movimientos agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva", vale decir, el delito de asociación ilícita.

En aquella indagatoria al referirse a su actuación a la fecha de los hechos, Sotera dijo que "los problemas subversivos los averiguábamos con nuestro personal y con la policía, quienes estaban en la calle". Reconoció además que "tenía contacto con jefes policiales" así como que en las denominadas reuniones de información que se llevaban adelante tanto en el Comando como en Jefatura y que participaban de las mismas el comandante, personal del Destacamento de Inteligencia 121, la policía y otros elementos, como sacerdotes, como el obispo. De la misma manera, manifestó que parte del personal estaba en la calle, buscando información en universidades y sindicatos.

En esa indagatoria dijo también que "el destacamento, como parte del Ejército, estuvo a cargo de la lucha como todas las armas, porque si no la subversión tomaba el país, era un problema gravísimo. Sufrimos esas circunstancias y las resolvimos. Eran problemas que teníamos y queríamos evitar que llegara a las casas de uno".

Artistas realizaron un mural por la Memoria pero a poco de concluido fue agraviado

Un grupo de artistas locales realizó un mural en el marco de la Semana de actividades por Memoria, Verdad y Justicia “A un año del asesinato político de Silvia Suppo”. Semana que fue coordinada por diversas organizaciones sociales, políticas y culturales de la ciudad de Rafaela y que se realizó entre los días 21 y 29 de marzo pasado. Dicho mural fue agraviado el viernes 1 de abril, apenas un par de días de haberse finalizado.

Conceptualmente el mural representa el sol que ilumina, crecimiento y esperanza a través de un fondo de paisaje agreste, en verde y amarillos.

Lo agreste simboliza un nuevo comienzo como sociedad. Sobre este fondo se realizaron esténciles (como registro, repetición, igualdad) con el rostro de una niña y un niño (repetición de estos esténciles como símbolo de las nuevas generaciones).
 
En la frente de cada unx de estxs ninxs se escribieron palabras que significan, genéricamente, violación a todos los derechos humanos: Olvido - Ausencia -Indiferencia -Injusticia - Violencia - Discriminación - Represión - Abuso - Desigualdad - Mentira - Negación - Desaparición.

La frase “Nunca Más” aparece en el centro de la escena debajo de las caras de Silvia Suppo y Julio López. Dicha frase es un símbolo, instalado en la sociedad desde los años 80 con el regreso a la democracia que expresa, en dos palabras, el repudio de gran parte de la sociedad argentina por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Dos palabras que con el tiempo trascendieron su origen para instalarse como representativas de todo aquello que no debe suceder 

No sabemos quién o quiénes lo han borrado. No sabemos quiénes consideraron indigno defender Derechos Humanos básicos. Sólo decimos que quienes propiciaron la vejación de este mural fomentan -por temor, prejuicio o convicción-, una  sociedad en la que se privilegia el abuso sobre lxs más débiles. Sostenemos que  acciones como éstas perpetúan la cadena de silencio y complicidad que mantiene vigente el mismo aparato represivo que no sólo actúa sobre aquellas personas que como Silvia Suppo y Julio López se atrevieron a denunciarlo, sino que condena a muchísimos seres humanos a sobrevivir –que no es lo mismo que vivir- en un mundo indiferente, injusto, e inhumano.

Los torturadores del 72 se vengaron en el 76

Elías Carranza, secuestrado por el informe Brandazza

Por Sonia Tessa

Elías Carranza vive en Costa Rica desde el 26 de febrero de 1978, cuando debió huir de una muerte segura en Rosario. Antes, había pasado un mes secuestrado en el Servicio de Informaciones de Rosario y otros tres detenido en Coronda. Aún antes había sido sumariante de la Comisión Bicameral que produjo el memorable informe Brandazza, y por eso la patota lo buscó para vengarse. Hoy es un criminólogo reconocido internacionalmente, al punto que dirige el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes. Ayer revivió su dolor frente al Tribunal Federal Oral número 2, en la causa Díaz Bessone. El viernes 18 de febrero de 1977, cuando volvía a su casa en el auto desde su trabajo en los Tribunales provinciales, lo rodearon otros tres automóviles y lo secuestraron en bulevar Oroño entre Córdoba y Rioja.

A los golpes, como era costumbre de la patota de Feced, lo llevaron al centro clandestino de detención. Como había sido amenazado de muerte por la Triple A, y desde hacía tiempo temía ser secuestrado, apenas se percató de la demora, su esposa Rita Maxera llamó al entonces juez --hoy camarista-- Ramón Teodoro Ríos, para pedirle ayuda. El magistrado se comunicó con la Jefatura de policía, donde le confirmaron que Carranza estaba allí. Esa llamada aseguró su vida.

A Carranza lo buscaban para vengarse por su participación en la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura santafesina, que produjo el Informe Brandazza, sobre el secuestro del joven trabajador y estudiante de Ciencias Económicas, el 18 de noviembre de 1972. Esa comisión era presidida por el diputado Juan Lucero. "Logramos identificar a los autores, que pertenecían a las fuerzas que integraban el comando Sub-Area Rosario, logramos detener a varios de ellos, tomarles declaración, reunir los elementos de prueba y trasladar el expediente al Juzgado Federal en turno en este mismo edificio", les dijo ayer a los jueces. El testigo listó a todos los involucrados en el crimen de Brandazza.

El 30 de diciembre de 1975 recibió una amenaza de la Triple A y desde entonces debió vivir escapando, aunque jamás dejó su trabajo en el juzgado de instrucción de la tercera nominación de la provincia. "Fue una época alucinante. Con mi esposa embarazada de nuestra tercera hija y nuestras hijas de cinco y diez años cambiábamos constantemente de domicilio, gracias al apoyo de amigos y de mis hermanos, que trabajaban como corredores de propiedades de inmuebles", relató ayer. Cuando cerraban los Tribunales, salía alternando las cuatro puertas del edificio para evitar que lo secuestraran.

El 18 de febrero de 1977, a las 13.15, la patota lo encontró llegando a su casa. Enseguida comprendió que lo habían llevado al SI, donde lo golpearon, le aplicaron picana y lo tuvieron vendado durante 14 días consecutivos, entre la planta baja y la favela, que estaba en el entrepiso. "En la misma situación se encontraban numerosas personas. Durante el mes que estuve en ese lugar calculo que nunca habrá habido, en las reducidas oficinas donde yo estaba, menos de treinta personas secuestradas en promedio, ya que la cifra oscilaba, traían gente nueva, y a otros, luego de tenerlos allí y torturarlos salvajemente, un buen día se los llevaban y no volvíamos a verlos", relató ayer. Otros eran puestos a disposición del PEN y enviados a cárceles.

En su declaración de ayer, Carranza recordó a Analía Minetti, que estaba muy torturada, y con quien compartió un denigrante viaje en un camión. Ese "paseo" se produjo ante el temor de los represores por una posible llegada de una inspección de la Cruz Roja. El viaje se repitió al día siguiente. Minetti continúa desaparecida.

"Los interrogatorios eran bastante elementales en mi caso, ya que más bien se limitaban a provocarme por haber sido sumariante de la Comisión", contó ayer. En una oportunidad, un individuo le pagó y lo amenazó en nombre de los torturadores a los que la Comisión había investigado.

Un día, en una cuarta o quinta sesión, en la oficina de Raúl Guzmán Alfaro, fue lanzado en medio de un grupo de 7 u 8 personas y golpeado brutalmente en la cara, el pecho y zona baja. Le pusieron la picana en el pecho y le decían: "¿Así que ustedes investigaban esto?". Uno de los torturadores le dio pistas para que supiera que era uno de los policías presos por el caso Brandazza, Angel Jesús Farías. Después de un mes en el SI, lo trasladaron a Coronda. Estuvo tres meses en la cárcel, y lo soltaron el 6 de junio de 1977, pero antes le dijeron que lo iban a matar, que se fuera del país. Demoró en conseguir el pasaporte, pero en febrero de 1978 pudo poner miles de kilómetros de distancia con el horror.

Una nueva historia recuperada

Identifican en Rosario a una hija de desaparecidos nacida durante el cautiverio de su madre

La niña fue criada por una familia santafesina. El juez que intervino en el caso, Luis Vera Candiotti, fue procesado en febrero por supresión de identidad de otra joven recuperada.      
 Por  José Maggi.  Desde Rosario

La hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ordenado por el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque. Se trata de la hija de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un embarazo a término. Gracias a la infatigable tarea de su hermana Ana, María tiene desde hoy su nueva identidad. El caso tiene un parangón con el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ya que la joven no aceptaba hacerse un análisis de ADN, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario lo ordenó. El juez Bailaque informó ayer a las partes del resultado.

María estaba en el vientre de su madre, Cecilia, el 2 de agosto de 1976, cuando junto a su pareja fue secuestrada de la vivienda de Necochea 2050 en un operativo clandestino llevado adelante por el Destacamento de Inteligencia 121, en el que otras dos personas también fueron detenidas ilegalmente y otra fue asesinada. Barral y su pareja fueron trasladados a la Quinta Operacional de Fisherton, donde fueron vistos por última vez el 11 de agosto de 1976 por Fernando Brarda. Dos hombres armados llevaron a la niña, con solo unos días de vida, a una vivienda de calle Amenábar al 3000, en la ciudad de Santa Fe, donde una familia la crió. El juez que blanqueó la entrega fue Luis Vera Candiotti, procesado en febrero último por supresión de identidad de María Carolina Guallane. Ana, que tenía dos años entonces, supo que su padre podría haberle dado una hermana con otra madre. Nunca bajó los brazos, pensando en encontrarla. En 2004 el abogado santafesino Jorge Pedraza denunció el caso.

En marzo de 2010, la edición de Rosario de Página/12 publicó la ampliación de aquella primera denuncia de Pedraza: “Barral fue secuestrada en Rosario a punto de parir, en agosto de 1976. Le roban su hijita al nacer (probablemente en el Hospital Militar de Paraná) y se la entregan a un matrimonio de la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido a mano armada, donde fue amenazado en la vereda el vecino Francisco Caminos, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Luego de eso, el juez Vera Candiotti autorizó en diciembre de ese año la inscripción en el Registro Civil de la niña ‘N.N. (más el apellido de quienes la tenían en su poder)’ en vez seguir el camino legal de internación en Casa Cuna y otorgamiento de guarda conforme el orden de la lista de inscriptos para tal fin. Esto debió ser así toda vez que era absolutamente verosímil considerar que los padres biológicos de la beba habían sufrido la violencia que los mismos integrantes del grupo de tareas mostraron frente al doctor Caminos, al lado de la puerta de la familia, hecho que fue denunciado oportunamente en las instancias del Juzgado de Instrucción en turno y en el Juzgado de Menores”.

El fallo conocido ayer y al que accedió Página/12 tramitó ante la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado, a cargo de Gonzalo López Quintana, dentro del expediente N° 260/09, caratulado “Sumario Averiguación Violación a los Derechos Humanos”, en el que se ha logrado determinar la identidad de una persona que naciera en cautiverio luego de que su madre biológica fuera privada de libertad, permaneciendo a la fecha desaparecida”.

Y agrega: “En el expediente mencionado se investiga entre otros hechos la privación ilegítima de la libertad mediando violencias y amenazas y posterior desaparición física (homicidio) de Cecilia Beatriz Barral, como también de su pareja, en oportunidad de desarrollarse un procedimiento de fuerzas conjuntas a cargo del Ejército durante el último gobierno de facto instaurado a través del llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, en el domicilio de calle Necochea N° 2050 de Rosario”.

Según el dictamen, “el procedimiento ocurrió el día 2 de agosto de 1976, comenzando la privación ilegítima de la libertad en la fecha y lugar indicada precedentemente y continuando en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, sita en la calle Calasanz N° 9100 de la ciudad de Rosario. En el momento del procedimiento Cecilia Barral estaba cursando un embarazo muy avanzado, considerándose muy probable que ella diera a luz en ese estado de cautiverio”.

Ante el caso planteado se ordenaron las pruebas pertinentes por parte del Juzgado. Quedó a cargo de la realización de la pericia el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer, se hizo presente en el Juzgado Federal N° 4 la directora del BNDG, quien presentó personalmente el correspondiente informe. De acuerdo con éste, se pudo determinar que “según los cálculos matemáticos estadísticos efectuados a partir de la información biológica obtenida de la investigación del polimorfismo del ADN en regiones microsatélites STRs, el padre alegado que se encuentra desaparecido y la madre alegada, quien también se encuentra desaparecida, tienen una probabilidad de parentalidad del 99,99 por ciento con respecto al perfil genético obtenido de la muestra hemática de la persona sometida a estudio”.

“Esto significa que la pareja de personas desaparecidas tienen la probabilidad porcentual indicada anteriormente de haber sido los padres biológicos del perfil genético obtenido”, concluye el fallo judicial.

La complicidad entre justicia y dictadura

Declaró el secretario de derechos humanos de la CGT Nacional

Para Piumato están dadas las condiciones para pedir el jury  de enjuiciamiento a Cosidoy. "Hay una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en su contra", remarcó.   
 Por José Maggi

"Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini -dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto al testigo de ayer-, ellos daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". La descripción corresponde al testimonio que ayer brindó el secretario del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, ante el Tribunal Oral N 2 de Rosario, en el marco de la causa Díaz Bessone. El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra". Para el dirigente de la CGT, lo más grave que hizo la jueza Laura Cosidoy es que "una vez terminada la dictadura tenía la "responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice de la dictadura genocida".

El dirigente judicial agregó que la jueza era amiga del ex dictador, y que incluso se jactaba de "comer asados con otros represores en la Quinta de Funes", lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.

Estos elementos demuestran para Piumato la complicidad entre la Justicia y la dictadura, ya que al estar sometidos a juicio federal "eran los jueces y no Galtieri" los debían decidir la libertad o no de los presos.

Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy: "En esta oportunidad noté un cambio positivo en Rosario: yo hablo por terceros y en el marco de un jury esto puede ser objetado. Pero hoy me llevo una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el comienzo del jury a la jueza Cosidoy. Desde esta perspectiva me voy satisfecho, porque una vez desafectada de su rol en la justicia se podrá probar su complicidad con la dictadura".

El secretario de Derechos Humanos de la CGT fue ofrecido al Tribunal por la querella que representa el caso de Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del gremio de los trabajadores del Sanatorio Británico de Rosario, y que permanece desaparecido (ver aparte). La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo que en su doble condición de víctima del terrorismo de estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde el 76 al 82) y de secretario gremial explique por qué "el genocidio ocurrido en el país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora".

En su rol de dirigente gremial Piumato señaló: "Desde el 24 de marzo del 76, la represión estuvo fundamentalmente dirigida a delegados gremiales como el caso de Manzur, ya que se pretendió garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz. El objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación (comprar dirigentes y delegados) y cooperación, al que no lo hacía se lo eliminaba".

Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Stara señaló: "Se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No solo se congelaron los derechos colectivos, sino que a muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados sus bienes, fueron encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares. La Ley de Contrato de Trabajo fue el punto más alto de cobertura de los derechos laborales, fue prácticamente diezmada".

Según repitió Piumato en su declaración sobre Cosidoy, Aloisio y Nassini eran "invitados a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial Federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es camarista".

"A nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se han enterado -por su condición de defensora, en este caso-, de condiciones y atrocidades que nunca denunciaron ni en tiempo de dictadura ni en democracia deben responder", sentenció.