Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

lunes, 29 de marzo de 2010

“Ella habló de la violación como tortura”

PATRICIA ISASA, EX DETENIDA

Por Adriana Meyer
Patricia Isasa tiene 50 años y es arquitecta. Conoció a Silvia Suppo cuando estuvieron cautivas durante la dictadura y ayer recordó el instante en que anotó su nombre en la lista de testigos, “con tinta negra, en un papelito donde puse a las mujeres que estuvieron conmigo y podían hablar de su violación” a manos de los represores, “de esa fobia y misoginia enloquecidas”. A esos victimarios enfrentó cara a cara en septiembre, durante el juicio al ex juez Hermes Brusa y cinco ex policías en Santa Fe, en lo que fue uno de los testimonios más desgarradores. Isasa sufrió una serie de intimidaciones en septiembre de 2006, desarmó su vida y se fue del país. “La vida se me hizo mierda dos veces, pero volví porque acá tengo mis muertos, mis amores y mis sueños”, dijo ayer a Página/12, por momentos quebrada de dolor por el asesinato de Suppo. “Si no fue un robo significa que los represores son la mafia, y con un mafioso criminal confeso no hay reconciliación posible. Es un debate infame el que propone (Eduardo) Duhalde cuando habla de plebiscitar los juicios”, agregó.
Suppo fue una testigo clave en el juicio en el que Isasa fue querellante. “Es medio difícil que salgan a robar a esa hora, entre las 9 y las 10 de un lunes. Si no llega a ser un robo fue un mensaje mafioso, una represalia o venganza por el valiente testimonio de Silvia en el juicio”, afirmó. A su criterio, “ésta sería la prueba palmaria de que no es posible limitar los juicios como propone la derecha”.

–¿Siendo sobreviviente de la dictadura se fue del país en plena democracia luego de las amenazas que sufrió?

–Al día siguiente de la desaparición de (Julio) López fui amenazada de una manera jodida. Llamaron a los teléfonos de mi ex pareja, me estaban buscando. Me fui a vivir a Estados Unidos, y cuando volví secuestraron a (Luis) Gerez a los pocos días. Acá hay que ver las condiciones en que están presos. Por haber estado en un campo me parece bien una cárcel limpia y justa, pero hay que poner atención con quién se comunican, quiénes los visitan, hay que hacer un monitoreo detallado, son presos de extrema peligrosidad y lo demuestran a cada instante. Hablo de un control efectivo, permanente y puntilloso de los contactos que tienen; me pregunto si debieran tener acceso a Internet y celulares. No son presos que se van a reinsertar, hay que tenerlos a resguardo de todos nosotros. Si a esta edad se los está juzgando no es porque no quisimos sino porque en el ’87 intentaron dar un golpe. Ahora exageran su decrepitud en los juicios y muestran el grado de psicosis que tienen al no hacerse cargo, porque en privado se enorgullecen de lo que hicieron pero lo silencian en público.

–¿Por qué el testimonio de Silvia Suppo fue clave?

–Silvia habló de la violencia sexual, de la violación como práctica de tortura especial contra las mujeres, una práctica sisteica, un delito aparte. La violaron en la Comisaría 4ª igual que a mí, y cuando en la Guardia de Infantería Reforzada detectan que estaba embarazada, María Eva Aebi y Juan Calixto Perizzotti deciden hacerla abortar. Luego la llevan a La Casita, donde se repone y como no estaba vendada les ve las caras a todos. La conocí en ese lugar. Estuvimos un año juntas, era una persona digna, muy compañera. Cuando salió libre siguió viviendo en Rafaela.

–Robo o mensaje mafioso, ¿esto afectará a otros testigos?

–En lugar de callarnos, luego del espanto, nos genera más compromiso. Yo misma tengo miedo, el tema es que no te paralice. Hoy temblé al recordar cuando la puse en la lista de testigos, cuando sonrió y me dio un beso al terminar de declarar. Pero reforzamos el compromiso de vida de sostener estos juicios. No existe la protección total. Viví en Londres y otros países donde la protección es muy eficiente y previene algo, pero nunca todo. Acá no se trata de si el sistema nacional o provincial de protección de testigos funciona. En mi caso esclarecieron una de las amenazas y venía de una familiar de uno de los condenados en el juicio. Durante el juicio Silvia tuvo protección pero luego no la quiso, y es respetable. La tuve durante años y es muy pesado. Esto no se cambia con ceder a extorsiones mafiosas sino con más control en las cárceles y más condenas. Si no, ganaron ellos.

domingo, 28 de marzo de 2010

PIDEN EXPLICACIONES A LA UNIVERSIDAD DEL LITORAL POR LA TAREA DE UN EX PCI

Otro que se camufló en la democracia

El abogado Horacio Coutaz, querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, solicitó a las autoridades de la UNL que digan qué hace César Luis Frillocchi en esa institución. El reclamo, en la cara del vicerrector, no obtuvo respuestas.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Los querellantes en los juicios por el terrorismo de estado en Santa Fe le pidieron a la Universidad Nacional del Litoral explicaciones públicas "sobre la labor" que cumplió en esa casa de estudios un agente secreto del Ejército que operó como Personal Civil de Inteligencia, César Luis Frillocchi, quien la semana pasada declaró en el juicio a otro PCI, Horacio Américo Barcos, y estuvo a punto de quedar preso por mentir (ver aparte). "Por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frillocchi como PCI en esta casa", dijo el abogado Horacio Coutaz. El planteo fue hecho en un acto público y en la cara del vicerrector de la UNL, Miguel Irigoyen y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, José Manuel Benvenutti, pero quedó sin respuesta. Frillocchi ocupa aún hoy un cargo jerárquico en la UNL y llegó a integrar al Consejo Superior hasta que trascendió su relación con Barcos y que ambos habían sido PCI al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe durante la dictadura.

"Debemos reflexionar sobre las deudas que aún tiene la democracia", dijo Coutaz. Lo escuchaban el gobernador Hermes Binner, la vicegobernadora Griselda Tessio, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta y el secretario de Justicia, Roberto Vicente, que poco antes habían entregado a la UNL ejemplares del libro Historias de vida y una copia de la sentencia del juicio al ex juez Víctor Brusa y a cinco represores santafesinos. "Resaltaba en el juicio -recordó Coutaz que durante la dictadura, en agosto de 1981, Brusa fue propuesto como juez federal de Santa Fe apoyado por el Destacamento de Inteligencia 122. Lo paradójico es que no fue designado por el régimen militar, pero sí en democracia en los años '90 y por un Senado de la democracia".

Entonces, "sin caer en una cacería de brujas, es momento también de reflexionar sobre el papel que tuvieron cada una de las instituciones, sus funcionarios y empleados".

"Y una muestra clara de eso es lo que ocurrió en la (última) audiencia en el juicio a Barcos, donde un PCI que trabajó como espía desde el año 1977 a 2005 se desempeñó en lugares claves de la Universidad Nacional del Litoral. Entiendo que esta circunstancia es pública desde hace un tiempo y salió en los medios desde hace más de un año", explicó.

"Frilocchi no sólo era agente secreto, sino que su labor en inteligencia estaba dentro del campo estudiantil, era efectiva de calle y riesgosa, como surge de su legajo. Y el martes terminó con una investigación por falso testimonio".

"Creo que por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frillocchi como PCI en esta casa", concluyó Coutaz. El vicerrector Irigoyen y el doctor Benvenutti no respondieron el pedido.

Benvenutti ya había declarado en el juicio a Barcos el día anterior a que lo hiciera Frillocchi, a quien no mencionó por su apellido que dijo no recordar. "¿Tiene conocimiento si la Universidad sancionó a un empleado por ser PCI?", le preguntó la abogada querellante Zulema Rivera. "Si, fue a principios del año pasado que se planteo esta cuestión en el Consejo Superior de la UNL. Yo soy presidente de la comisión de Interpretación y Reglamento. Y uno de los consejeros, Roberto Pozo, planteó que un consejero no docente estaba nombrado en una lista de PCI en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del doctor (Reinaldo) Rodríguez. Yo no recuerdo lamentablemente el nombre (de Frillocchi) -se disculpó Benvenutti . Entonces, el Consejo Superior pidió informes al Juzgado. Esta persona pidió licencia por enfermedad y después renunció al cargo en el Consejo. Desde el Juzgado dijeron que esta persona estaba en dicha lista, pero que no podían informar más debido al estado de la causa".

¿Y desde la Universidad no se hizo un planteo más general? -insistió la doctora Rivera.

No recuerdo. No, me parece que sólo fue en relación a esa persona -concluyó el decano de la Facultad de Derecho.

PROCESARON A FRILLOCCHI POR FALSO TESTIMONIO

Un testimonio con contradicciones

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La justicia federal le inició al ex PCI del Ejército, César Luis Frillocchi, una causa por falso testimonio después declarar en el juicio a su colega Horacio Américo Barcos, en el Tribunal Oral de Santa Fe, donde casi termina preso por mentir. Entre otras cosas, Frillocchi reveló que operaba con nombres falsos que comenzaban con sus mismas iniciales, como era norma entre los agentes secretos: Carlos Lucas Fernández y Carlos Leandro Fittipaldi. Y mencionó a dos jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122 con los que tenía trato: el coronel Antonio Ramón Ricciardi (entre 1977 y 1979) y el coronel Luis Alberto González, que sucedió al anterior.

En su declaración, Frillocchi intentó despegarse en todo momento de Barcos, pero las contradicciones fueron tantas que el fiscal Martín Suárez Faisal lo acusó por falso testimonio y pidió su detención. El Tribunal Oral Federal hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público, pero dejó ir al PCI en un fallo dividido: el presidente, José María Escobar Cello, apoyó la petición fiscal pero los dos vocales, María Ivón Vella y Daniel Laborde le votaron en contra.

Barcos está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, en mayo de 1978. Ya en la etapa de instrucción de la causa, el 9 de junio de 2006, Frilocchi había declarado como testigo. Le preguntaron "si Barcos prestó servicio en algún organismo policial o colaboró con la policía en tareas de represión". Y contestó: "No tengo conocimiento de ello y nunca supe que el mismo fuera policía o colaborador de algún organismo de ese tipo".

Un año después, en octubre de 2007, el Ejército envió al juez Reinaldo Rodríguez la lista de los PCI que prestaron servicio en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 en 1978 y apareció el nombre de Frillocchi. La fiscal federal Nº 2 Cintia Gómez interpretó entonces que el testigo había faltado a la verdad, le pidió al juez que "extraiga las copias pertinentes" y lo investigue por falso testimonio.

La semana pasada, Frillocchi volvió a ser acusado por el Ministerio Público. "El testigo ha incurrido en numerosas contradicciones. Ha afirmado falsedades y ha negado y callado la verdad", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal.

Frillocchi insistió en varias partes de su relato que él había ingresado como PCI después del secuestro de Tur y Ricotti, el 16 de mayo de 1978. "Yo entré en agosto de 1978. Nada que ver".

Sin embargo en su legajo figura que usted ingresó el 1º de mayo de 1978 -le planteó el fiscal Suárez Faisal.

No. Mienten -contestó Frillocchi.

Más adelante, se le exhibieron dos fojas de su propio legajo que el Ejército envió al Tribunal Oral. La propuesta como PCI el 17 de abril de 1978 y la designación el 1º de mayo de 1978 como Carlos Leandro Fittipaldi: -No sé, pero yo entré en agosto. Cobré desde agosto. Antes nada.

El fiscal le preguntó entonces quién era su jefe en el Destacamento de Inteligencia en 1978 . "El coronel Ricciardi", respondió. Y después quiso saber si conocía a militares de la unidad: los capitanes Julio César Domingez y Héctor Melitón Martínez y el suboficial Eleodoro Jorge Hauque. "No los conozco", fue la respuesta de Frillocchi.

domingo, 14 de marzo de 2010

Para que la patota no quede impune

ADRIANA ARCE TESTIMONIO EN EL JUICIO CONTRA EL REPRESOR HORACIO BARCOS EN SANTA FE

La sobreviviente de la Fábrica de Armas Domingo Matheu declaró sobre el secuestro de su colega José Alberto Tur. Pidió que la población denuncie al Personal Civil de Inteligencia que actuó en la dictadura, para avanzar en la justicia.

Por Juan Carlos Tizziani
 
La sobreviviente de Fábrica Militar de Armas, Adriana Arce vinculó su martirio y el de su colega José Alberto Tur, en mayo de 1978, con la militancia gremial de ambos en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe. "Estábamos bajo la mira del aparato de inteligencia de la dictadura", dijo después declarar en el juicio al ex agente civil del Ejército, Horacio Américo Barcos, acusado por el secuestro y torturas a Tur y a su ex esposa, Amalia Ricotti. Arce estuvo en Santa Fe el 11 de mayo de 1978 para reunirse con Tur, preocupados por los docentes desaparecidos en el gremio. Dos represores a bordo de un Fiat 1500 rojo la siguieron en el viaje de ida y de vuelta a Rosario. Ya cuando Tur la despidió en la estación de ómnibus de Santa Fe se dio cuenta que otros cuatro sujetos lo seguían a él, de cerca. Allí tuvo un mal presentimiento: "Nos van a secuestrar", pensó. Y así fue. Cuando llegó a Rosario, a la noche, un grupo de tareas la secuestró en la Fabrica Militar de Armas y cinco días después, el 16 de mayo, otra patota de la dictadura secuestró a Tur y Ricotti durante dos semanas en otro centro clandestino de Santa Fe -que aún no fue localizado pero al que los represores también llamaban "Fábrica".

¿Qué pasó en esa reunión con Tur, en mayo de 1978? Porque después los secuestran a los dos -preguntó Rosario/12.
 
-El Sindicato de Trabajadores de la Educación estaba bajo la mira de la dictadura -dijo Adriana. "Y eso tiene que ver con el plan sistemático de exterminio para imponer un modelo económico. Los militares lo escriben en 1975 y lo aplican en 1976. Después sacan una directiva complementaria que apunta contra la Coordinadora de Gremios en Lucha, la CGT de los Argentinos y la Comisión Intersindical. También contra los docentes porque los consideran 'generadores de la ideología subversiva'. La misma noche del golpe del 24 de marzo allanaron la sede del gremio en Rosario y se llevaron los registros de afiliados y los nombres de los delegados departamentales, entre ellos los datos de Tur (que era delegado el departamento Las Colonias)".

"En 1978, vine a ver a Tur porque a pesar de que teníamos prohibida la actividad sindical, nos reuníamos con los delegados de los departamentos para ver los compañeros desaparecidos que teníamos. Había docentes desaparecidos por todas partes y de todos los niveles. Por eso vengo a Santa Fe y me reúno con Alberto en su casa. Ya cuando salí de la escuela en Rosario veo en la calle un automóvil con dos hombres. Era un Fiat 1500 rojo. Y cuando llego a Santa Fe y Alberto me busca en la terminal de ómnibus y vamos a su casa, vuelvo a ver el mismo autos con esas dos personas", recordó Arce.

¿Pudo identificar a esas dos personas que la siguieron a Santa Fe?
 
A uno de ellos lo tenemos preso en Rosario y es uno de los imputados en el juicio (oral al ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, general Ramón) Díaz Bessone que comienza el 27 de abril. Es "Armando" (Alberto Pelliza). Y el otro es "Rébora" (Eduardo Rebecchi) que está prófugo. Eran los mismos que me siguieron a Santa Fe -reveló Adriana.

Otro hecho que Arce relató en el juicio es que Tur también era seguido por los represores. Después de la reunión en la casa de su colega, éste la acompañó hasta la estación de colectivos de Santa Fe. Ella subió al micro que la llevaría de vuelta a Rosario y desde la ventanilla puede ver que cuatro sujetos seguían de cerca de Tur. Y en entonces, pensó: "Van a secuestrar a Alberto". "Y después, cuando yo llego a Rosario me secuestran a mí. Esa la tuve clara. Nos secuestraron a los dos, a mí esa noche (del 11 de mayo de 1978) y a Alberto lo secuestran unos días después (el 16 de mayo)", precisó.
 
En el juicio le preguntaron a Adriana si ella había podido identificar a quienes seguían a Tur. "No", contestó. "La imagen que tengo (en la memoria) es Alberto que regresa hacia su auto Citroen y los cuatro hombres que lo siguen. Allí presentí que lo iban a secuestrar. El colectivo arrancó, y no supe más nada. Creo que Alberto ni siquiera se dio cuenta de la presencia de esta gente".
 
¿Ambos secuestros están vinculados?
 
Sí. El Segundo Cuerpo de Ejército daba esas directivas a todos los que estuvieron unidos en la represión. Los grupos operativos estaban integrados por miembros de todas las fuerzas y también por civiles. Lo sé porque ellos me lo dijeron. Cuando me secuestraron me dijeron: "¿Vos sabés donde estás? Estás chupada. ¿Y sabés quiénes somos nosotros? Un grupo de tareas de fuerzas conjuntas integrados por civiles y militares de todas las fuerzas". Y evidentemente, yo pensé que eran alrededor de 30, pero si analizamos las listas (de los PCI) que fueron desclasificadas y publicadas, vemos que coinciden perfectamente. De esos, muchos andan aún por la calle. Y es importante que aquellos que los tienen de vecinos y los conocen, colaboren para que se pueda esclarecer todo lo que ha pasado en la dictadura y hacer justicia. Porque ellos han hecho un pacto de silencio que nos impide conocer la verdad, aplicar la justicia y seguir adelante como país. Durante tantos años de impunidad, ellos instalaron una dinámica en la que parece que todo vale.
 
Usted ofreció en el juicio un informe de inteligencia de la Policía de Rosario sobre usted y que menciona a Tur.
 
Si, me dediqué a investigar esto y a denunciarlo en cuánto lugar he podido. En el año 2000, logré denunciarlo en la Argentina ante el (ex fiscal y hoy camarista) Eduardo Freiler, en Comodoro Py. Freiler pidió información al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y le mandaron (el expediente con) todo. Y entre esas cosas, había un informe que le envían al ex juez (federal de Rosario, Pedro) Tiscornia, a quien el Comando de Segundo Cuerpo manda el penal de Villa Devoto para que nos abra una causa federal. A mi ya me habían hecho un Consejo de Guerra y ahora me hacían una causa federal con las mismas acusaciones. En ese momento, nosotros sabíamos que si eso sucedía era la manera de legalizar la condena (del Consejo de Guerra). Yo le dije a Tiscornia: "Mire, a mí me han secuestrado y torturado". Y él me contestó: "Yo no vengo a escuchar eso". Y se fue. Y después le mandó una nota informándole al general Leopoldo Galtieri. El juez Tiscornia tendrá que rendir cuentas de todo esto porque aún vive: él le informó al Segundo Cuerpo que yo había intentado denunciar (el secuestro y las torturas). Y eso es muy grave.
 
Usted dijo que ese informe de inteligencia fue hecho con datos que aportaban los infiltrados en el gremio y en otros sectores sociales.
 
Así fue. Lamentablemente. Y a partir de la lectura de las listas (de los PCI) uno sabe que fue así.
 
¿Pudo detectar algunos nombres de los agentes que operaban como PCI?
 
No se podían saber tantas cosas (de la actividad sindical) si los datos no salían de adentro. Ellos mandaban a los infiltrados a hacer tareas, a levantar datos en las asambleas.

Después de 30 años identifican restos de dos desaparecidos en Rosario

Según lo pudo establecer el Equipo Argentino de Antropología forense, se trata de Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga. Avanzan las investigaciones para determinar la identidad de otro NN.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de dos desaparecidos de la dictadura en Rosario: Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga, que estuvieron sepultados como NN durante tres décadas en el cementerio de Barrancas. Y ahora avanza en los estudios genéticos para devolverle el nombre a un tercer NN localizado la semana pasada en el cementerio de Santa Fe, pero que los investigadores presumen que estaría vinculado al mismo grupo. "La verdad salió a la luz después de 34 años", dijo una fuente de la investigación que está a cargo del juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. De Vicenzo fue secuestrado el 27 de setiembre de 1976 y lo vieron con vida en el centro clandestino "El Pozo" en el Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario, por lo que el hallazgo y su identificación es una prueba clave para reconstruir el circuito del terror en la zona del Segundo Cuerpo de Ejército. Los traslados hacia la muerte: el secuestro, el martirio, la ejecución a la vera de los caminos, la desaparición del cadáver y el enterramiento clandestino.

El 27 de setiembre de 1976 fue un día fatídico en Rosario. Cinco militantes del peronismo revolucionario cayeron en pocas horas en poder de los grupos de tareas que comandaba Feced: a la mañana, la esposa de De Vicenzo, Miriam Susana Moro y un compañero de ésta, Antonio Angel López. Y a la tarde, De Vicenzo, Forteaga y Oscar Alfredo Bouvier, que sigue desaparecido.

Moro y López habían salido temprano a repartir volantes por la zona sur de Rosario, se movilizaban en una moto, pero los fusilaron y los dejaron en un camino rural de la provincia. Los cuerpos aparecieron 48 horas después del secuestro, el 29 de setiembre de 1976, en una ruta que va a Armstrong, entre Chabás y Bigand y los inhumaron como NN en el cementerio de Casilda. La esposa de López recuperó el cuerpo de su esposo en 1979. Lo habían matado de un balazo en la nuca. Pero la familia de Miriam recién tuvo certeza de su destino final en el arranque de la democracia, en 1983, aunque nunca pudo recuperar sus restos. Ella tenía 24 años, dos hijos: uno de casi dos años y otro de siete meses y estaba embarazada del tercero, de cuatro meses. Le dispararon doce balazos por la espalda.

De Vicenzo fue secuestrado el 27 de setiembre a la tarde. "Lo trasladan al Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario, donde es visto por dos personas", según relató ante la Conadep su cuñada Ana María Moro, gemela de Miriam, que también estuvo secuestrada en "El Pozo", unos meses después, en mayo de 1977. Allí, pudo hablar con otro detenido, José "Pollo" Baravalle, a quien le preguntó por su cuñado y su hermana. Baravalle le dijo que Roberto había estado en el centro clandestino, pero Miriam no, aunque sabía que ambos habían sido asesinados. Otra detenida, Eva Esther Fernández, le dijo lo mismo que José. Baravalle estaba acusado de colaborar con la dictadura, buscó refugio en Italia, pero el cerco de Interpol para extraditarlo a la Argentina comenzó a cerrarse en setiembre de 2008, no lo resistió y se tiró desde un puente.

Veinticuatro horas después de la escalada de secuestros en Rosario, aparecieron acribillados los cuerpos de tres jóvenes en la zona rural de Barrancas. Uno, el 28 de setiembre. Y dos, el 30 de setiembre, en el camino viejo a Yrigoyen, a un kilómetro de la autopista Santa Fe Rosario. Dos de ellos fueron sepultados en el cementerio de Barrancas, donde estuvieron 32 años hasta su exhumación en 2008. Pero el tercero terminó en el cementerio de Santa Fe, donde fue localizado recién la semana pasada en el cuadro de tierra Nº 5, con las marcas del terror y el tiro de gracia.

El 30 de junio de 2008, el juez Rodríguez ordenó inhumar los restos de los dos NN enterrados en Barrancas y autorizó al Equipo Argentino de Antropología Forense a enviar las muestras a un laboratorio de Estados Unidos especializado en la extracción de ADN a restos óseos (Bode Technology Group). El primer resultado de la investigación se logró el año pasado cuando, los estudios genéticos confirmaron que uno de los cuerpos "corresponden a quien en vida fuera Rubén Juan Forteaga", según la resolución 14/09 del 3 de agosto de 2009 firmada por el doctor Rodríguez.

La fiscal Nº 2 Cintia Gómez formuló entonces el requerimiento de instrucción para investigar el crimen y la esposa de Forteaga presentó una denuncia penal por la "persecución política, homicidio y posterior desaparición del cuerpo" de su esposo y su "enterramiento en forma clandestina en el cementerio de Barrancas".

Hasta ahí la investigación se mantenía en reserva, pero esta semana trascendieron varios hechos:

* El 26 de febrero, el juez Rodríguez firmó la resolución 6/10 que declara su incompetencia para investigar el asesinato de Forteaga y derivó la causa al juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que ya investigaba la desaparición del joven militante de la JUP, el 27 de setiembre de 1976. "El hecho delictivo se cometió en diversas jurisdicciones", dijo Rodríguez y consideró que su colega de Rosario estaba en mejores condiciones que él para investigar el caso por "economía, celeridad, inmediatez procesal y defensa en juicio", explicó. * El 8 de marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al magistrado los resultados genéticos que acreditan la identidad del otro NN exhumado en Barrancas: "Roberto Enrique Darío De Vicenzo, nacido el 4 de febrero de 1952 y secuestrado el 27 de setiembre de 1976", dice el informe al que tuvo acceso Rosario/12. Y el estudio del Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) de Córdoba que comparó el ADN de la víctima con muestras de sangre de su madre y de sus hijos agregó: "La probabilidad de que la muestra 220.545 pertenezca a un hijo biológico de Noemí Olga Johnston y a su vez padre biológico de Gustavo Alberto De Vicenzo y Darío Máximo De Vicenzo es del 99,999999 por ciento".

* La semana pasada, el Equipo de Antropología Forense produjo otro hallazgo trascendente en la investigación: localizó el cuerpo del tercer joven que había aparecido acribillado en Barrancas, en setiembre de 1976, pero que fue enterrado en el cementerio de Santa Fe un mes después. "Tiene marcas de disparos de bala", dijo otra fuente consultada por este diario. La búsqueda se reactivó hace muy poco por lo que algunos podrían considerar un "hecho casi fortuito", pero que no es otra cosa que el paciente y tenaz método de cruzar datos de los expedientes judiciales. Una lectura minuciosa en el despacho del juez Rodríguez de la causa abierta en 1984 para identificar las víctimas de la dictadura sepultadas como NN, detectó el traslado de uno de los cuerpos de Barrancas a Santa Fe. En 1984, sólo se identificaron dos y entre 1998 y 1999 otros diez. Ahora, la pesquisa volvió a dar resultados: los forenses hallaron "el cadáver trasladado de la ciudad de Barrancas, provincia de Santa Fe, a la sala policial del Hospital Piloto por orden del juez de Instrucción de la 1ª nominación, doctor Juan Cantoia, el 16 de octubre de 1976" e inhumados como "NN masculino, el cuadro Nº 5, hilera H, fosa Nº 31", dos días después, el día 18 de octubre de 1976.

martes, 9 de marzo de 2010

Los represores no quieren ver sus fotos, Nosotros no queremos olvidarlos nunca

Los represores no quieren fotos de los desaparecidos. El Tribunal se los consiente

EXPUSO LA DEFENSORA DEL REPRESOR GUERRIERI

 Por José Maggi

Las defensas de los represores de la causa Amelong-Guerrieri, comenzaron ayer a explicar sus argumentos. El primer turno fue para la defensa del imputado Oscar Pascual Guerrieri, quien integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar con el grado de Teniente Coronel. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatríz Caballero de Baravani ordenó desalojar la sala.

Los abogados de oficio que en doble turno se tomaron unas cuatro horas para su alegato no dejaron de "reconocer la repugnancia de los delitos de esta laya, la gravedad de los hechos y el marco histórico en que se produjeron", según dijo Mariana Grasso, abogada de la defensa. No obstante la letrada intentó demostrar que "la prueba de cargo producida durante el juicio no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad de Guerrieri en los hechos por los que se lo acusa".

La defensa solicitó que, "en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se mantengan las actuales condiciones de detención de Guerrieri, esto es, prisión domiciliaria, argumentando razones de salud y la avanzada edad del imputado". Grasso intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como "el plan sistemático aplicado durante la dictadura militar".

Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía. La defensora oficial también se refirió a la cobertura periodística del juicio. "Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados con el apelativo de 'genocidas' o 'asesinos'" dijo Grasso.

La abogada del represor apuntó también contra el paso del tiempo como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos.

Los organismos de derechos humanos y grupos que integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que "harían presente en el juicio a los desaparecidos". Así cuando comenzó la audiencia desde el público, en medio de cantos y gritos de justicia, desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza de Baravani, que presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala. Ya afuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y explicaron que "la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos