Vecinos del Barrio Candioti de Santa Fe, suman testimonios sobre el asesinato de militantes montoneros

Memoria recobrada gracias al juicio en marcha

Tras la declaración del periodista Daniel Sussex en la megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos en febrero de 1976 en la Plaza de las Banderas, un testigo que vivía en la cuadra donde mataron a Livieres Banks relató lo ocurrido.

Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe.

El testimonio del periodista Daniel Dussex en el juicio por la megacausa ‑que Rosario/12 publicó el domingo pasado‑ alentó el relato de otros vecinos del barrio Candioti que también fueron testigos de la caída de militantes montoneros en la plaza de las Banderas, en febrero de 1976. Dussex dijo ante el Tribunal Oral que había visto dos crímenes: un asesinato y un secuestro de quienes luego identificó por fotos: el jefe regional de Montoneros, Carlos Lorenzo Livieres Banks, baleado por la espalda que murió en el hospital José María Cullen, y el compañero de éste, Raúl Ameri, quien está desaparecido desde entonces. Otro vecino entrevistado ayer por este diario, Ramón Antonio Machuca, coincidió con Dussex que Liviéres Banks cayó en la vereda de "una casa de alto con balcón largo" y señaló con precisión ese lugar: Alvear 4134, porque él también lo vio desde su casa de enfrente. "Era un muchacho joven medio gordito que estaba herido y pedía agua", lo describió. El periodista Mariano Bravi recordó que su tío Alfredo Edmundo Bravi, ya fallecido, también vio a ese herido, intentó auxiliarlo, pero un represor lo frenó de un culatazo y aportó otro dato inquietante: Bravi vivía al lado de Machuca y el vecino que seguía era Nicolás Correa, el ex encargado del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y uno de los jefes de la patota que operaba en los centros clandestinos, como ya se probó en los juicios de lesa humanidad. "Livieres Banks cayó a diez metros de la casa de Correa", sintetizó Mariano.

Uno de los casos que se juzgan en la megacausa es la cita nacional de Montoneros, en la plaza de las Banderas, donde grupos de tareas del Ejército secuestraron a siete militantes que llegaron a Santa Fe desde Rosario, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, entre el 16 y el 18 de febrero de 1976. Dos fueron asesinados: Livieres Banks y Elena Yolanda De Leonardi y cinco siguen desaparecidos: Antonio Silva, Daniel Angerosa, Enrique Guastavino, Orlando Finsterwald y Ameri.

Liviéres y Ameri cayeron el 18 de febrero. Dussex dijo que él caminaba por la plaza de las Banderas esa mañana cuando escuchó disparos y lo sobresaltó la persecución y captura de los perseguidos. Ubicó esa segunda escena en calle Alver al 4100, sobre la vereda este, frente a una "casa de alto con balcón largo que todavía está" y donde vio "a dos jóvenes. Uno herido y el otro de rodillas, con las manos en la nuca. Era una situación dramática", recordó. El observaba desde la esquina de Alvear y Juan del Campillo, donde había otros vecinos.

Machuca ratificó el testimonio de Dussex porque él también vio al herido desde su casa de enfrente y ayer, se cruzó la calle y señaló con precisión ese lugar donde cayó Livieres para que el fotógrafo de Rosario/12 pudiera registrar la escena. Es la vereda de Alvear 4134.

Las crónicas de la época señalan que el hecho ocurrió alrededor de las 10.30, pero según Machuca fue más temprano y comentó que el herido estuvo más de una hora en el suelo hasta que lo llevaron en una ambulancia al hospital Cullen, donde murió.

Machuca tenía una guardería con un arenero adelante, donde jugaban sus hijos. "Era entre las 8 y las 9 de la mañana, cuando escuchamos detonaciones. Estábamos con mi señora". Los chicos corrieron hacia adentro. Y él salió a la calle. "Vi que había un revuelo y un policía de uniforme, eso sí lo recuerdo, que me dice: '¡No salga porque estamos haciendo un procedimiento!'". "Enfrente, estaba un muchacho tirado en la vereda. Era medio gordito y pedía agua", recordó.

Al rato, vio a otros vecinos en la vereda y volvió a salir a la calle. Ya no estaba el policía. "Y en la esquina había un Ford Falcon verde oscuro, eso lo recuerdo bien, y gente de civil que bajaba a otro muchacho flaquito y lo ponían al lado (del herido). Vino la ambulancia y se los llevaron".

-‑Entonces, ¿eran dos detenidos? -‑preguntó Rosario/12.

-‑Si, yo vi a ese muchacho medio gordito que estaba en el suelo y a otro flaco que lo trajeron -‑contestó.  

Según Machuca, el uniformado que lo obligó a ingresar a su casa apenas salió después de escuchar los tiros "era de la Policía Federal". Lo identificó por un escudo que decía 'Policía Federal'. Me dijo: "¡No salga que estamos haciendo un procedimiento".

El periodista Mariano Bravi también es depositario del testimonio de su tío que observó la misma escena que vieron Dussex y Machuca, desde distintos ángulos. Alfredo Edmundo Bravi vivía al lado de Machuca. "Lo que me contó es que escuchó los disparos y vio por la ventana a un muchacho caído en la vereda de enfrente, al que intentó ayudar pero no pudo. Salió a la calle porque esa persona pedía auxilio, pero lo interceptó un uniformado que tenía un arma larga, con la que le pegó un culatazo y lo obligó a regresar a la casa. "¡Ni se le ocurra tocarlo!", le dijo. Eso fue lo que vio, una persona caída en la vereda de enfrente y una gran conmoción en el barrio".

Los relatos de Machuca y de Bravi coinciden en otros puntos: que el represor que los obligó a volver a sus casas estaba de uniforme. Y que los proyectiles dejaron marcas en dos lugares. Machuca señaló la "casa de alto con el balcón largo", como la describió Dussex. Y Mariano la casa donde vivía su tío, "al lado de la puerta, a 1.20 de altura. Me dijo que había disparos que habían impactado a un costado de la puerta y que él había rescatado los plomos".  

Mariano aportó otro dato significativo: la identidad del vecino de al lado, que era Nicolás Correa. Bravi vivía en Alvear 4127. Machuca en Alvear 4137. Y Correa en Alvear 4161. Todos, sobre la vereda oeste. El jefe regional de Montoneros se desplomó mal herido en la vereda este, en Alvear 4134. "Livieres Banks cayó a diez metros de la casa de Correa", sintetizó el periodista.

"Ya en esa época, los vecinos sabían que Correa era militar y operaba en la Side", dijo Bravi. Correa se retiró como suboficial del Ejército, había sido encargado en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, donde después operó como Personal Civil de Inteligencia (PCI), según la lista que se desclasificó en 2010. Fue jefe de personal de la Cervecería Santa Fe y el segundo del ex secretario de Seguridad Pública de la provincia, teniente coronel José Bernhard, en el gobierno de Jorge Obeid.

"Correa vivió en esa casa de calle Alvear hasta los años '90 cuando se mudó a cinco cuadras, pero en el mismo barrio", dijo Bravi. "Era un vecino más".

-‑¿Y cómo se explica esta caída de Livieres tan cerca de la casa donde vivía Correa?  

-‑No tengo pruebas, pero parece una casualidad enorme. Que justo la caída de Livieres Banks haya sido frente a la casa de Correa, a diez metros. Ninguno de los vecinos recuerda haberlo visto en ese momento, en el operativo. No hay ninguna referencia de que hubiera estado, pero vivió ahí y durante mucho tiempo. Era del barrio y la mayoría sabía que era de los servicios y que después estuvo vinculado a la dictadura -‑concluyó Mariano

Testigo del asesinato de dos militantes desarmados.

Tiros en plena plaza

El periodista Daniel Dussex contó ante el Tribunal Oral de Santa Fe cómo un hombre atacó a dos militantes desarmados en  1976. Y los reconoció en fotos como Livieres Bank y Ameri.

  Por Juan Carlos Tizziani   Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe escuchó esta semana al testigo de cargo de dos crímenes: un secuestro y un asesinato en la plaza de las Banderas, en una cita nacional de Montoneros, donde cayeron siete militantes en tres días, en febrero de 1976: dos fueron acribillados -entre ellos el jefe de la columna Rosario, Carlos Lorenzo Livieres Bank- y cinco están desaparecidos. El periodista Daniel Dussex relató que en una caminata por la plaza vio la persecución a un joven desarmado al que le dispararon por la espalda y luego agonizó sobre un charco de sangre a dos cuadras y la captura de su compañero, también desarmado, al que tenían de rodillas y con las manos en la nuca. Le exhibieron dos fotos y Dussex reconoció que una "podía ser" la del herido y la otra era "compatible" con su recuerdo del desaparecido. La primera era de Livieres y la segunda de Raúl Ameri, con lo cual el testimonio fortaleció la hipótesis del Ministerio Público que considera que el secuestrado era Ameri. En el operativo intervinieron dos policías del Comando Radioeléctrico y uno de ellos -que declaró en el juicio el año pasado, Alejandro Raúl Aranda- dijo que el procedimiento estaba a cargo de "militares" que operaban de civil y le ordenaron que llevara al "detenido" hasta la comisaría 1ª, y él cumplió la orden: lo dejó en la sala de guardia.

En la cita nacional de Montoneros, grupos de tareas del Ejército secuestraron a siete montoneros que llegaron a Santa Fe desde Rosario, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, entre el 16 y el 18 de febrero de 1976. Dos fueron asesinados: Livieres Bank y Elena Yolanda De Leonardi y cinco siguen desaparecidos: Antonio Silva, Daniel Angerosa, Enrique Guastavino, Orlando Finsterwald y Ameri. Silva tenía 17 años y Finsterwald, 19.

Según el testimonio de otra sobreviviente, Ana María Testa, la cita nacional era un "control sobre la seguridad de los militantes". Ella misma había llegado a Santa Fe a través de esa cita en la plaza de las Banderas, en diciembre de 1975 y el 14 de febrero de 1976 lo había hecho su compañero Juan Carlos Silva.

Pero algo pasó, porque dos días después, el 16 de febrero, cayó Antonio Silva, referente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), hermano de Juan Carlos y cuñado de Testa que venía de Resistencia. El 17, desaparecieron Angerosa, Guastavino (que era hermano del ex vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino) y Finsterwald. Y el 18, cayeron Livieres Banks, Ameri y De Leonardi, cuyo cuerpo apareció acribillado el 21 de febrero en Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

El asesinato de Livieres Banks en un "operativo antisubversivo" en Santa Fe era conocido desde el primer momento por el aparato del terrorismo de estado y no sólo en la Argentina sino también en el Paraguay desde el 23 de marzo de 1976, como lo prueba uno de los documentos encontrados en el Archivo del Terror, que data del 14 abril de 1977, disponible en la web (http://doc.wrlc.org/bitstream/handle/2041/55438/143F0439display.pdf?sequence=1). Livieres tenía la doble nacionalidad y el archivo incluye otros documentos sobre la persecución a su familia.

En el juicio en Santa Fe, sólo se juzgan los homicidios de Silva, Angerosa, Guastavino, Livieres y Ameri porque a De Leonardi la mataron en la zona sur y en diciembre de 2010, la Cámara Federal de Rosario excluyó a Finsterwald por supuesta falta de pruebas, a pesar de que su ex compañera María Julia Scocco aseguró que su rastro se pierde en esa cita.

El 18 de febrero de 1976, Dussex atravesaba en diagonal el sendero de la plaza de las Banderas cuando escuchó "estruendos" y vio a "un hombre con un arma en la mano que perseguía a otro" y le disparaba por la espalda. Ubicó la escena en Marcial Candioti e Iturraspe, en uno de los extremos de la plaza y la corrida por la vereda de Marcial Candioti, de norte a sur.

Según las crónicas de la época, el hecho ocurrió alrededor de las 10.30. "Había mucha gente, nos tomó por sorpresa a todos los que estábamos a esa hora por la zona", dijo Daniel. Y describió al perseguidor "vestido de civil", aunque por sus características dedujo que era "un militar" o "un policía de alto rango". Después, lo describió como un "petiso retacón, rubio, de pelo corto".

Recordó que en la corrida "dieron vuelta a la manzana" por calle Alvear (la paralela a Marcial Candioti), caminó entonces los cien metros por Juan del Campillo y desde la esquina de Alvear vio que el represor había logrado capturar a "dos jóvenes. Uno estaba herido y se retorcía en la vereda en un charco de sangre. Y el otro de rodillas, con las manos en la nuca. Era una situación dramática", dijo. Esa segunda escena, Dussex la ubicó sobre calle Alvear al 4100, en la vereda este, frente a una casa de alto con un balcón largo, que aún está, a pocos metros de la esquina de Iturraspe. El represor tenía "el control del hecho" y utilizaba un esquipo portátil de radio. Otros testigos dijeron que había más represores.

El fiscal Martín Suárez Faisal le preguntó por el arma del perseguidor. "Era importante, de puño, de grueso calibre", respondió Dussex.

--¿Cómo eran las víctimas?

--Jóvenes. Uno estaba mal herido, tenía el aspecto de un universitario. --¿Está seguro que el herido era el joven al que perseguían?

--Es probable. Porque además cesaron los disparos --contestó. "Había muchos vecinos en la esquina (y otros que observaban desde sus casas). El barrio estaba conmocionado", reflexionó el colega. El herido "perdía mucha sangre, pasaron varios minutos y no llegaba ninguna ambulancia", lo que aumentó la angustia colectiva. "Quedé muy impresionado, shockeado" por la situación, comentó.

A la tarde, El Litoral informó que Livieres Bank -a quien identificó por su nombre falso, Jorge Sorasi- había muerto al mediodía en el hospital José María Cullen y que su compañero estaba "detenido".

--¿Vio si los detenidos estaban armados? --volvió a preguntar el fiscal. --No, el único que tenía un arma era el perseguidor. El tenía el control del hecho. Era un militar o un policía de alto rango. No era un procedimiento legal --contestó Daniel, que por esa época cursaba la secundaria y militaba en la UES. Su hermano Fernando es uno de los desaparecidos en la Quinta de Funes, en 1978.

Dussex recordó que a poco de iniciarse la investigación judicial, relató el hecho en una nota periodística. La entrevista se publicó en el diario El Litoral el 18 de noviembre de 1998 ("Aporte de un testigo al caso Finsterwald"), una semana después de que la abogada Matilde Bruera denunciara que Orlando era uno de los desaparecidos en la cita nacional de Montoneros. Y está firmada por el periodista José Luis Pagés, quien describe a su interlocutor como "un testigo presencial de aquel procedimiento en las inmediaciones de la plaza de las Bandera el 18 de febrero de 1976". "En esa publicación no aparece mi nombre, pero el entrevistado soy yo", reveló Dussex. Suárez Faisal y el abogado querellante Guillermo Munne solicitaron al Tribunal que se le pida al diario una copia de la nota para agregarla a la causa.

El fiscal pidió que se le exhibieran a Dussex dos fotografías y cuando le mostraron la primera, le preguntó: "¿Es el herido que usted vio en calle Alvear?

--Podría ser --contestó Dussex. Y en la segunda foto, dijo que ese rostro era "compatible" con su recuerdo del muchacho con las manos en al nuca. La primera imagen era de Livieres Banks y la segunda de Ameri.

La Seccional de Barrio Candioti, una clave en la megacausa

Quizás surjan más pruebas

La Justicia federal habilitó a cuatro abogados a buscar entre los documentos descubiertos en la comisaría 3ª, datos sobre la masacre de Ituzaingó y Las Heras, y la cacería de plaza de las Banderas que le costó la vida a siete militantes.

  Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe habilitó a cuatro abogados querellantes en el juicio por la megacausa para que tengan acceso al archivo oculto de la comisaría 3ª del barrio Candioti, que apareció esta semana detrás de una pared falsa y arriba de un cielorraso, y busquen pruebas de dos casos que se ventilan en el debate: la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977, donde asesinaron a cuatro dirigentes de la cúpula de Montoneros, y una cita nacional en la plaza de las Banderas, un año antes, en febrero de 1976, que le costó la vida a otros siete militantes, cinco de ellos desaparecidos. La decisión se justifica porque la seccional 3ª tenía jurisdicción en el barrio Candioti y liberó las dos zonas donde ocurrieron los hechos, está a siete cuadras de Ituzaingó y Las Heras y a unas diez de la plaza de las Banderas.

La autorización fue concedida en la última audiencia, el jueves pasado, a los abogados Lucila Puyol, Guillermo Munné, Alejandra Romero Niklison y Zulema Rivera. Puyol y Munné representan a la organización Hijos, Romero Niklison a los hijos de Osvaldo Pascual Ziccardi, que era el líder de Montoneros en Santa Fe y su compañera, Cristina Ruiz, mientras que la doctora Rivera patrocina a María Carolina Guallane, que es Paula Cortassa. Ahora el Tribunal comunicará la autorización al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para que facilite el acceso a los documentos que están precintados en más de 30 bolsas de consorcio. La fiscal a cargo es María Lucila Nuzzo, quien dispuso que el inventario del hallazgo lo hicieran agentes de la Dirección de Asuntos Internos.

Romero Niklison fue la primera que pidió al Tribunal que la autorice a buscar datos sobre la masacre de Ituzaingó y Las Heras en los libros de guardia de la comisaría del barrio Candioti. "Era la seccional de la zona, y si se encuentran pruebas de utilidad pediría que se incorporen al juicio", fundamentó.

Su colega Guillermo Munné se sumó a la solicitud por el caso de la plaza de las Banderas y con el mismo argumento. "Sería muy importante revisar los registros de la comisaría de febrero de 1976", agregó.

El fiscal Martín Suárez Faisal coincidió con el requerimiento y dijo que ya se había comunicado con la Fiscalía Regional Nº1. "Nos pusimos a disposición para colaborar en el análisis de los documentos".

A criterio de Romero Niklison, el repaso de los libros de la comisaría 3ª en la búsqueda de pruebas debería realizarse esta semana porque el juicio ya ingresa en su tramo final. El jueves que viene, el Tribunal escucharía los últimos testimonios y el viernes se realizaría una inspección judicial al edificio de Ituzaingó y Las Heras, con la participación de testigos, entre ellos el ex diputado nacional Jorge Giorgetti, que sobrevivió al ataque y ya declaró en la causa. El procedimiento será el primero en casi 40 años.

Las abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirieron a los pedidos de las querellas y el fiscal, por lo que el Tribunal autorizó el acceso a los documentos. "Vamos a oficiar al Ministerio de la Acusación que se habilite la consulta del archivo, y si identifican documentos de interés para este juicio se pedirá una copia certificada", dijo el presidente del Tribunal, Ricardo Vásquez.

Esta semana, integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y la secretaria de Derechos Humanos, María Josefa Dal Dosso, y le pidieron que el archivo de la comisaría 3ª fuera trasladado al centro de documentación de la Secretaría de Derechos Humanos y puesto de inmediato a disposición de las querellas en el juicio por la megacausa, para las que podría tener especial relevancia.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, también ponderó el valor del "material encontrado" en la comisaría 3ª. "Ojalá contribuya a echar luz sobre una etapa oscura de la historia nacional. Esperemos que los documentos y archivos sirvan para aportar a la construcción de la memoria y la justicia", dijo.

Testigos de la buena memoria: estremecedor relato sobre la masacre de Ituzaingó y Las Heras

En el juicio oral por la megacausa de una matanza del Ejército en el barrio santafesino Candioti, dos vecinos describieron con detalles el ataque mortal contra los dirigentes montoneros Ziccardi, Frigerio, Piotti, su esposa y una vecina.

  Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe.

El juicio por la megacausa se reanudó esta semana con el relato estremecedor de dos vecinos del barrio Candioti que revivieron ante el Tribunal Oral la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977. Es el edificio donde el Ejército ejecutó al líder de Montoneros en Santa Fe, Osvaldo Pascual Ziccardi, y a otros tres dirigentes: el secretario logístico Carlos Mario Frigerio, el secretario político Jorge Piotti y la esposa de éste, Ileana Gómez. La quinta víctima era una maestra que vivía en el departamento de al lado, Elina Carlen. Uno de los testigos, Oscar Alberto Ramayo, aseguró haber visto a un hombre y a una mujer que salieron desarmados a la calle y cayeron acribillados por el grupo de tareas. Su testimonio coincide con el de otros que ya dijeron que el hombre era Piotti y la mujer, Gómez. Pero Ramayo logró identificar también a uno de los represores, un tal "Valdéz" -dijo-, que operaba de civil y a quien vio estacionar un Chevrolet SS blanco, abrir el baúl, sacar una caja con una bazooka, armar las piezas, y sumarse al operativo. Lo acompañaban otros sujetos. La segunda testigo, Silvia Suárez, vivía en la casa de al lado que fue copada por los atacantes y convertida en centro de operaciones, mientras ella y sus padres permanecían en el dormitorio hasta el final del ataque.

Ramayo atendía una gomería a 20 metros de Ituzaingó y Las Heras, se movilizaba en bicicleta y así pudo sortear el cerco policial y llegar a su negocio. Intentó abrir las puertas, pero un militar les dijo que las cerrara. Eran casi las cuatro de la tarde. Se cruzó enfrente, a un galpón que utilizaban conocidas líneas de ómnibus y que el Ejército había transformado también en centro operativo. "Le pregunté al soldado que estaba de guardia y me dijo que habían detectado una célula terrorista. Y ya habían abatido a uno de ellos, que se asomó al balcón".

Entre otras cosas, Ramayo dijo que escuchó "muchos disparos" y "detonaciones", vio "mucha gente armada" de uniforme y de civil. Y un gran despliegue de vehículos, con los que armaron una barrera militar a unos 60 metros de Las Heras, más cerca de calle Belgrano. "Me llamó la atención el grado de histeria que había. Un griterío, órdenes y contraórdenes", recordó. Y hasta habló de "caos".

Quedó "impactado" por dos hechos que relató hasta con detalles ante el Tribunal. El primero, cuando vio caído a un hombre que no se explica cómo había logrado atravesar la barrera militar sobre Ituzaingó. "Era un muchacho blanquito, menudito", lo recordó. Y describió que tenía una de las piernas quebradas por un impacto. El segundo lo vio desde otro ángulo y era una chica que salió "con las manos en la cabeza, cruzó la vereda y la acribillaron. Ella salió con los brazos en alto, la vi bien, estoy seguro", dijo. Y después de la ejecución recordó el festejo de la muerte. "Empezaron a gritar de alegría, de alboroto, como si hubiera terminado" el operativo. "Creo que se sentían vencedores".

Según Ramayo, el frente del edificio fue "muy dañado" por los impactos y así quedó "durante mucho tiempo". "Había orificios grandes", como si hubieran utilizado armas pesadas.

El abogado querellante Guillermo Munné le preguntó si pudo reconocer algún represor. "Vi una persona que paró con un coche, un Chevrolet SS blanco, que abrió el baúl, sacó una caja y armaron una bazooka (como llamó al lanzador portátil). Lo conocí porque había jugado al básquet en las inferiores en Gimnasia, de 4 de Enero y Juan de Garay", relató.

Ramayo dijo que se trataba de un tal Valdéz, a quien describió como un hombre alto, de un metro 85 o un metro 90, corpulento, de pelo oscuro. "Me llamó la atención, porque venía acompañado por varios más". "Lo recuerdo porque era un referente del club".

--¿Vio si había militares o policías heridos? -quiso saber Munné.

--No, ellos estaban muy parapetados -contestó Ramayo.

El fiscal Martin Suárez Faisal volvió a preguntarle por Valdéz. "¿Sabe cuál es el nombre de pila?

--No.

--¿Y donde vivía?

--Por la zona de la Municipalidad de Santa Fe, creo que sobre calle Salta. Lo veíamos cuando iba a jugar al club, en las inferiores de Gimasia, de 4 de Enero y Juan de Garay.

--¿Puede ser Oscar Valdéz? -insistió el fiscal. Ramayo contestó que no lo sabía.

--En esa época, ¿cuántos años tenía usted?

--28 años.

--¿Y Valdéz?

--Entre 29 y 30.

--¿Sabe si era estudiante universitario?

--No, mi única relación con él era deportiva.

--Y de ese Chevrolet SS, ¿cuántos bajaron?

--Eran varios. Armaron la bazooka y se fueron hacia Ituzaingó. Eso ocurrió antes del tiroteo.

--¿Cómo estaba vestido Valdéz?

--De civil -concluyó Ramayo.

Desprecio a los derechos humanos : dañaron la placa que recuerda a Beatriz Perosio

El directorio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe de la 2ª Circunscripción con su Foro en Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado donde manifiesta su preocupación por eventos ocurridos con la placa que conmemora a la primera presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra), Psicóloga Beatriz Perosio y otros episodios que pueden vulnerar la vigencia de los DDHH.

Dicho Foro y el directorio del Colegio hacen saber "con pesar y profunda indignación nos enteramos de que ha sido dañada la placa?baldosa que evocaba a Beatriz Perosio (desaparecida el 8 de agosto de 1978), fecha que fue establecida como día del Psicólogo Víctima del Terrorismo de Estado".

En tal sentido se pliegan a lo sostenido por Apba: "La Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (Apba), expresa su tristeza y preocupación junto al compromiso por su reposición, ante el daño ocasionado durante arreglos de las veredas en Francisco Acuña de Figueroa 730, donde funcionaba la Apba, en la baldosa colocada en memoria de la detención desaparición en 1978 de Beatriz Perosio, presidenta de Apba y primer presidente de Fepra".

El Foro del Colegio de Psicólogos y su directorio subrayan: "El hecho cobra una dimensión preocupante en relación a otros episodios que pueden ser leídos como un desprecio y banalización de los Derechos Humanos y de los Organismos que gracias a su lucha han conseguido Memoria, Verdad y Justicia, además de la sanción de Leyes que ubican a la Argentina en los más altos lugares en materia de Niñez y Adolescencia, Matrimonio Igualitario, Identidad de género, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva".

Recuerdan que "a 40 años del golpe militar que se abatió sobre nuestro pueblo y a 32 años del restablecimiento de la democracia, tras haber vivido directa o indirectamente la violación sistemática de los DDHH, tomamos las palabras que Sófocles le hace decir a Antígona: 'Insistir es el derecho de quien tiene justicia en lo que pide'".

Así se unen "al pedido de Apba de que rápidamente se repare dicha placa y baldosa en homenaje a Perosio. Y repudiamos toda violación de los DDHH, que siempre se produce por parte del Estado; solicitamos enérgicamente que las políticas de DDHH sean cuestión de Estado (en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal) y no objeto de intercambio de los gobiernos de turno".

Llamamiento de las Madres rosarinas: CONVOCAN CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

La criminalización de la protesta social fue el tema que marcó la ronda de las Madres de Plaza 25 de mayo realizada ayer, como todos los jueves. Y las organizaciones presentes acordaron pronunciarse en repudio y amplia convocatoria ciudadana para resistir estos embates. Un conglomerado de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales se expresaron "ante la alarmante situación social reconocida por organismos, instituciones y medios internacionales" de "avance de políticas avasallantes de los derechos elementales mínimos, derechos laborales, civiles y humanos". Las organizaciones y militantes presentes hicieron un comunicado: "Necesitamos manifestar el máximo repudio y preocupación ante la determinación de reprimir y criminalizar la protesta social".

El documento fue firmado por Madres de Plaza 25 de Mayo, APDH Rosario y nacional, Hijos Rosario, Abuelas de Rosario, La Masotta (agrupación de la Facultad de Psicología de la UNR), el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Psicología, Nuevo Encuentro Rosario y la concejala Norma López, del Frente para la Victoria. En ese pronunciamiento público de urgencia, convocaron "a la ciudadanía toda, a sumarse exigiendo el cese inmediato de detenciones arbitrarias, de medidas contrarias a la democracia, la civilidad y garantías constitucionales, por la vigencia de los derechos y de la democracia que supimos conseguir. Exigimos el cese inmediato de la represión, la criminalización y las detenciones arbitrarias".

El encarcelamiento de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala; las detenciones de tres dirigentes de ATE en Río Negro, como así también la cantidad de despidos que se produjeron desde diciembre pasado, y las advertencias del gobierno nacional de que no van a tolerar las manifestaciones populares, fueron los impulsores del comunicado nacido en la plaza de las Madres.

La Cámara Federal de Rosario rechazó la excarcelación de 4 represores

Los que empiezan el año tras las rejas
Uno es el coronel Héctor Melitón Martínez, acusado de "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a tres militantes políticos en 1977. Los otros tres son Luis Bellini, Raúl Giménez y Ricardo Brunel, ex miembros de la policía de Santa Fe.

  Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe.

En la última semana del año, la Cámara Federal de Rosario rechazó la excarcelación de cuatro represores de la dictadura en Santa Fe. Uno es el coronel Héctor Melitón Martínez, quien seguirá preso en la cárcel de Las Flores por supuesta "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "robo agravado" a tres militantes políticos en un centro clandestino de San José del Rincón, en diciembre 1977. Los otros tres son oficiales de la Policía santafesina que operaron en el Comando Radioeléctrico bajo control del Ejército: Luis Alberto Bellini, Raúl Giménez y Ricardo Brunel, éste último procesado por cuatro homicidios en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977 (ver aparte).

Las resoluciones fueron votadas por unanimidad y en plenario. La Cámara recordó que el "capitán Martínez" -como lo llamaban- está detenido y procesado por "presunto autor de los delitos de privación ilegal de libertad agravada por empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de Alba Sánchez, Daniel García y Andrea Trinchieri y robo agravado por el uso de armas y en banda perpetrado al matrimonio Sánchez".

"A esas calificaciones corresponde atenerse", dijo la Cámara. Y planteó que a Martínez "podría corresponderle, un máximo superior a los ocho años de pena privativa de libertad y un mínimo superior a los tres años, de modo que, en principio no corresponde conceder la excarcelación solicitada".

La investigación está a cargo del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros porque los dos magistrados de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, se excusaron de intervenir.

La Cámara consideró el "riesgo procesal" que significaría dejar libre a Martínez. Ante "la naturaleza y gravedad de los hechos" que se le imputan "es posible que el imputado intente evadir la acción de la justicia" frente al pronóstico "de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento o que pudiere intentar entorpecer la marcha de las investigaciones frustrando los fines del proceso".

Si bien la defensa sostuvo que Martínez tiene "domicilio estable" en Rosario, "donde convive con su esposa, posee ingresos como militar retirado y del ejercicio de la docencia, no registra antecedentes penales y no se resistió a su detención", la Cámara sostuvo que "los hechos endilgados deben calificarse como especialmente graves y de naturaleza violenta, en razón de las modalidades y circunstancias de su comisión, concretamente crímenes de lesa humanidad, por lo que se advierten cuestiones objetivas que permiten presumir que podría llegar a intentar entorpecer o eludir la acción de la justicia".

"Los delitos que se le atribuyen" a Martínez -advirtió el tribunal- "habrían sido cometidos" cuando éste operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe como "teniente primero" y "jefe de la Segunda Sección (Ejecución)". "Esas circunstancias, así como las características particulares que ofrece la investigación de los delitos que estamos ponderando fueron especialmente analizadas" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando revocó "excarcelaciones" que había concedido la Cámara Federal de Casación Penal a represores de "Destacamentos de Inteligencia que se desempeñaron en la Segunda Sección (Ejecución)" acusados por "delitos graves". La Corte "dejó sin efecto" la excarcelación por la "peligrosidad procesal" de los imputados y su rol de en "las estructuras de represión ilegítima formadas al amparo de la última dictadura militar".

La Cámara valoró también la "doctrina consolidada" de la Corte: "Los delitos contra la humanidad: son imprescriptibles, no son susceptibles de ser amnistiados, generan un derecho hacia las víctimas al conocimiento de la verdad y han generado una revisión del alcance conferido al instituto de la cosa juzgada". "Las características" de los crímenes y "las consecuencias resultantes, se presentan como elementos que pueden en cada caso ser computadas negativamente respecto del riesgo de sustracción del accionar de la justicia. En otras palabras, al ponderar la existencia de riesgos procesales no puede desconocerse la situación apuntada, la cual lleva a concluir en este caso que la decisión del juez se encuentra debidamente fundada y debe ser confirmada". Por lo tanto, la "presunción fundada de que el encausado intentará eludir el accionar de la justicia en caso de ser puesto en libertad encuentra suficiente sustento" en causa por "la complejidad del expediente" y "la gravedad de los delitos imputados".