Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 7 de diciembre de 2010

Tomasa, con el dolor a flor de piel

Por Sonia Tessa

La primera testigo de ayer, Tomasa Verdún, relató los delitos que sufrió hace más de 30 años con el dolor a flor de piel, y terminó con una súplica. "Señores jueces, por favor, que esto no vuelva a pasar, por favor", les dijo a los integrantes del Tribunal Federal Oral. Secuestrada el 9 de febrero de 1977, en su casa, estuvo retenida ilegalmente en el Servicio de Informaciones, donde fue torturada, sin saber donde estaban sus hijos de 7, 6 y 5 años. Incluso, los integrantes de la patota le decían que los tenían ahí, y ella enloquecía del miedo. Ayer, esta mujer de pelo largo, enrulado, se paró frente a los magistrados, se levantó el pantalón claro que tenía puesto, y mostró las cicatrices que la tortura le dejó en los tobillos. "Se veía hasta los huesos, era todo negro. Por lo menos, ahora puedo mostrarlo", dijo mientras señalaba sus piernas. Verdún tenía 30 años y colaboraba con la Juventud Peronista, en festivales barriales, asistencia social y manifestaciones. "No maté, no robé, no hice nada. Eramos una familia trabajadora que luchábamos por nuestros hijos", le dijo ayer al Tribunal.

Con una lógica implacable, expresó: "Yo me pregunto, después de 30 años, volver a todo esto. Y en aquel momento nadie hizo nada". Entre los torturadores, recordó a José "El Ciego" Lofiego. Después de una semana, la trasladaron a la Alcaidía, aunque ya le habían hablado de "un error" en su captura. Aún así, estuvo detenida hasta junio. Tenía infecciones producto de la tortura que debían ser curadas. El integrante del TOF Otmar Paulucci le preguntó si había sabido de violaciones en el SI. "En ese momento estaban Juani (Bettanín, madre de Leonardo, asesinado el 2 de enero de 1977) y Stella. Estaban muy mal porque fueron violadas".

Verdún detalló su detención, que fue en la casa donde vivía con su mamá, su marido y sus tres hijos pequeños. Contó que los chicos fueron puestos contra la pared, con las manos arriba, y que gritaban porque no entendían qué pasaba. Que su madre se descompuso y luego enfermó. Que su esposo y ella fueron secuestrados. En algún momento de la tortura -que recordó como un contínuo de varios días sólo interrumpido por intervalos le dijeron que su marido era la otra persona que gritaba. No volvió a verlo y pensó que había desaparecido, pero hace poco tiempo supo que estaba vivo. Sólo que nunca más se acercó a sus hijos. Una y otra vez, Tomasa se refirió con dolor a lo que hicieron con su vida.

La testigo no sólo recordó su propio sufrimiento, sino cómo vio torturar a un chico, que no identificó, al que quemaban con agua caliente. "Lo que me pasó no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo", dijo Verdún. Recordó que los represores la torturaron en busca de información y, como ella no tenía ningún dato, decían entre ellos que se hacía la pícara, e intensificaban los tormentos. En ese punto, refirió un horror que se repite: "Cuando terminaban de torturar, siempre traían comida, festejaban. Para ellos era una alegría grande, mientras había gritos de desesperación y tanto dolor". Sobre los represores, la mujer le preguntó al Tribunal, y se preguntó: "¿Cómo le miran la cara a la esposa, a los hijos después de hacer esto, después de matar a una persona inocente?". También recordó cómo la patota hablaba de los bienes que habían sustraído de las casas que allanaban.

El segundo testigo de la mañana fue Daniel Bas y Mansilla, que tenía 19 años y era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 21 de febrero de 1977 fue secuestrado en la casa de su tía materna, donde vivía. Cuando llegó al SI, el primero que le hizo preguntas fue Ricardo Chomicky, a quien conocía de la UES, que lo interrogó sobre personas conocidas. Con él estuvo a cara descubierta. Después vinieron cuatro días interminables de torturas, con su ex compañero de militancia como veedor de su veracidad. En algún momento que no puede recordar, lo vendaron. Fue en el SI, en dos oportunidades, donde vio a Analía Minetti y Daniel Farías, desaparecidos. "Estaban como estábamos la mayoría, y Analía particularmente muy golpeada y torturada", dijo Bas y Mansilla frente al Tribunal, al tiempo que subrayó que "era una característica del SI, el ensañamiento con las mujeres".

Carmen Lucero tenía 16 años cuando fue secuestrada por Feced

"Se siente que el cuerpo se te seca"
La hija del histórico dirigente del PJ relató ayer las sesiones de tortura que comandaban Feced y el Ciego Lofiego.
Por José Maggi

Carmen Lucero tenía 16 años cuando fue secuestrada por un grupo de tareas que la llevó al sótano del Servicio de Informaciones, para hacerle pagar entre otras cosas, ser hija de Juan el Chancho Lucero, un mítico dirigente peronista que se enfrentó con la policía, luego de descubrir que habían sido hombres de esa fuerza los que habían torturado y asesinado a Angel "Tacuarita" Brandazza. Su testimonio fue claro, contundente y focalizado en sus compañeras y compañeros de encierro, y hacia sus verdugos, y las diferentes formas de la tortura. Carmen no pronunció ayer la palabra violación, aunque tampoco hizo falta: por ejemplo relató que estando atada a la camilla de torturas mientras era picaneada, el Ciego Lofiego le arrancaba con sus manos el vello púbico.

Al cierre de su testimonio, Carmen tuvo lugar para un pequeño acto de desahogo: en medio de los aplausos por su reconocimiento público a Néstor y Cristina Kirchner por su política de derechos humanos, miró a los tres imputados que aceptaron quedarse en la sala (Mario Marcote, Ramón Vergara y Ricardo Chomicky) y les espetó en la cara": Hijos de puta".

Carmen fue secuestrada el 22 febrero de 1977 siendo militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, aunque aclaró que es no había sido la primera vez que la represión estatal golpeó a su familia; a su padre, el ex diputado provincial Lucero, le habían volado su auto y tiroteado su domicilio tras el caso Brandazza. El "Chancho" estuvo secuestrado un mes, y luego permaneció preso en Coronda.

Carmen relató que luego de su secuestro fue trasladada al Servicio de Informaciones, donde fue duramente torturada. "En un momento escucho la voz de la Polaca Folch, lo que fue un golpe terrible ya que éramos compañeras de militancia en la UES en el Superior de Comercio. No supe hasta ese momento que ella y el Cady estaban colaborando, que torturaban, que salían a buscar compañeros. Recuerdo a la Polaca diciéndome 'hija de puta empezá a hablar porque sabés muy bien que yo te conozco'", dijo recordando los dichos de Nilda Folch (prófuga de la justicia) y el Cady Chomicki (imputado en la causa).

Recordó otro episodio que también los involucraba: "Ella y el Cady participaban de los interrogatorios, en una oportunidad a él lo mandaron para que me haga hablar y me agarró a las piñas".

Inmediatamente vino la sesión de tortura con picana eléctrica en la que participaban el Ciego Lofiego, el Cura Marcote, entre otros. "Se siente como que el cuerpo se te secó, el cuerpo hirviendo", relató.

Carmen señaló el especial ensañamiento que tenía el jefe de al policía Agustín Feced con su familia quien personalmente le aplicó una picana de mano en su cara en varias ocasiones. "Una vez me hicieron sacar el camisón, la bombacha y me ataron a la camilla de torturas, mientras Feced gritaba barbaridades de mi padre, y me aplicaba una picana de mano. Me decía que no me podía matar en ese momento, pero juró que algún dia iba a matarme junto a mi padre". Para completar la tortura, Feced le decía que la iban a bajar a un pabellón "con presos comunes que no habían visto una mujer en mucho tiempo".

En su testimonio fue recurrente la mención del "Tony" (Daniel Farías). "En una oportunidad lo tiraron arriba mío, y pude sentir todo su cuerpo lastimado, pudo tocar sus heridas. Lo habían torturado terriblemente". Y agregó "durante el encierro pudimos charlar, nos pasábamos nombres y direcciones y nos prometimos que el que saliera primero iba a ir a visitar a la familia". Farías permanece hoy desaparecido.

Otro de los nombres recordados por Carmen fue el de Analía Minetti: "La Flaca era un sol, tenía 21 años, era muy alegre, con muchas ganas de vivir. La última vez que la vi fue por el Pollo Baravalle que me avisó que la habían traído. Le sangraba el oído". La madrugada del 24 marzo de 1977 Carmen escuchó cuando se la llevaron a Minetti y a Farías.

"Cuando le pregunté al Infante -un hombre que siempre estaba vestido de negro, era grandote, canoso, y nos traía la comida- me dijo 'quedáte tranquila. Van a estar mejor adonde los llevaron". El 12 de octubre de 1977 Carmen fue liberada y partió hacia el exilio junto a su padre. También declararon Francisca Van Bove y María Isabel Crosetti, secuestradas ambas en marzo de 1977.

domingo, 5 de diciembre de 2010

Comunicado de prensa del Espacio Juicio y Castigo Rosario-Cordón Industrial


Desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario- Cordón Industrial, queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre las condiciones en las que se están desarrollando las audiencias en la causa "Díaz Bessone", en la que se juzgan  delitos de Lesa Humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado.
Tal como lo hemos expresado anteriormente, e incluso en reuniones con representantes del Poder Judicial Federal, existen  excesivas demoras en el ingreso del público a la sala de audiencias,  por lo que los familiares deben ingresar una vez que el testimonio ya comenzó. Los testigos se enfrentan a sus torturadores y deben relatar experiencias de horror y es indispensable el acompañamiento de sus familiares, compañeros, organizaciones, y del publico.
Consideramos una situación sumamente violenta el hecho de que un testigo pueda "chocarse", (como ya  sucedió) con uno de los represores en el patio del tribunal, en el pasillo, o el baño. Ya demasiado grave es el hecho de que criminales de lesa humanidad se encuentren en libertad por decisión de la Cámara de Casación Penal. 
Asimismo, durante la pasada semana,  el día en que dio su testimonio, entre otros compañeros, una miembro de la conducción del Sindicato de Prensa, llamativamente el tribunal endureció
 las medidas de control de ingreso del público, duplicó el personal y el vallado, restingió el ingreso en grupos de cuatro personas por vez, y se demoró la acreditación mucho mas que ya venimos soportando.
Decimos llamativamente, porque llevamos 8 meses de la causa Guerrieri-Amelong, con la sala de audiencias colmada, con gran cantidad de compañeros haciendo el "aguante" en la puerta del Tribunal Federal, con un gran acto de mas de 10.000 personas el día de la sentencia. Llevamos cuatro meses de audiencias en esta causa y todo esto se desarrollo con total "normalidad".
 Los genocidas, torturadores, violadores apropiadores y ladrones son los imputados en esta causa, los familiares, militantes, testigos, querellantes, organizaciones de derechos humanos, hemos luchado durante mas de 34 años para conseguir estos juicios, no queremos más demoras.
Hemos solicitado una entrevista a la Secretaria del Tribunal Oral Nº 2 de Rosario, para expresar todas estas preocupaciones y esperamos obtener una pronta respuesta.


Rosario, 4 de diciembre de 2010.

La causa de Silvia Suppo pasa al fuero federal

Para investigar mejor

La medida fue pedida por los hijos de la sobreviviente del terrorismo de estado asesinada el 29 de marzo. Un testigo de identidad reservada vinculó a represores.
 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

La Cámara Penal de Rafaela hizo lugar al pedido de la querella para que el juez de Instrucción Nº2, Alejandro Mognaschi, decline su competencia en la investigación del asesinato de Silvia Suppo y la causa pase al fuero federal, donde un testigo de identidad reservada vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. "La Cámara falló a favor nuestro", dijo a Rosario/12, la abogada Lucila Puyol, quien representa a los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, junto a sus colegas Paula Condrac y Guillermo Munné. La resolución fue conocida por Andrés y Marina el sábado a la mañana, después de haber estado el viernes en Buenos Aires, donde se entrevistaron con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la Casa Rosada y luego con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quienes ratificaron su apoyo al pedido de la familia Suppo para que el caso sea investigado como un hecho de lesa humanidad y no como un delito común.

Por el homicidio de Suppo, el 29 de marzo último, el juez Mognaschi procesó a dos trapitos: Rodrigo Sosa, de 19 años y su primo, Rodolfo Cóceres, de 22, quienes confesaron su participación en el homicidio y negaron cualquier connotación política. En los primeros días de setiembre, un testigo de identidad reservada declaró ante el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y vinculó el crimen con un imputado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el magistrado ante un pedido de la entonces fiscal Cinthia Gómez ordenó desglosar el testimonio de la causa que investiga el martirio de Suppo, en 1977, y lo remitió en sobre cerrado a su colega de Rafaela.

Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que instruye Mognaschi, pero éste rechazó el planteo. Y también desestimó un pedido de inhibitoria de la querella para que decline su competencia y remita el expediente al fuero federal. Los abogados querellantes apelaron entonces la resolución del juez, pero éste la volvió a rechazar, por lo que tuvieron que recurrir en queja ante la Cámara Penal de Rafaela.

La Cámara adoptó dos resoluciones, primero, hizo lugar a la queja al considerar que la apelación había sido mal denegada por Mognaschi. Y esta semana, admitió el pedido de declinatoria del juez, por lo que ahora Moghaschi deberá desprenderse del expediente y enviárselo al juez Rodríguez.

Pero la situación aún es más compleja. En setiembre, al ordenar el desglose del testimonio de identidad reservada, el juez Rodríguez consideró que no era competente para entender en el caso. Los abogados querellantes apelaron esa resolución ante la Cámara Federal de Rosario, que hace dos días resolvió avocarse al asunto en un plenario de las dos salas. Así que es probable que hasta que la Cámara de Rosario no resuelva, Rodríguez no avanzará en la investigación del asesinato de Suppo. La otra hipótesis es si la Cámara de Rosario ratifica la incompetencia de Rodríguez, con lo cual el conflicto deberá ser resuelto por el tribunal superior común: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ayer, Andrés Destéfani ponderó el fallo de la Cámara Penal de Rafaela. "Estamos contentos, es lo que veníamos reclamando", dijo en un diálogo con Rosario/12. "La Cámara tuvo la buena actitud de garantizarnos a todos que el crimen se investigue en el ámbito que tiene que ser, que es la justicia federal, el ámbito que está diseñado y cuenta con los recursos para investigar este tipo de causas. La señal que dio la Cámara de Rafaela es buena. Ahora, habrá que seguir luchando por lo que viene de acá en adelante", agregó.

Andrés y Marina recibieron la noticia el sábado a la mañana porque el viernes habían estado en Buenos Aires, donde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los recibió en la Casa Rosada y luego se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. En las audiencias fueron acompañados por el responsable de la Unidad de Intervención y Victimología del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Linares. "El jefe de Gabinete renovó su compromiso y su preocupación por la causa porque tiene la misma idea que nosotros, que debía pasar a la justicia federal. Y comprometió todos los recursos que se puedan aportar desde el Estado para llegar a una investigación lo más profunda posible", comentó Andrés.

"Incluso, el jefe de Gabinete nos ratificó todo el apoyo de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien no pudo recibirnos porque estaba reunida con el presidente de México, pero nos transmitió sus palabras: que renovaba todo su apoyo y que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo lo que estuviera a su alcance para que la causa avance", agregó.

Más tarde, los hijos de Silvia fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. "Fue una reunión bastante extensa, donde le planteamos algunos puntos concretos de la causa y algunas cuestiones que nos preocupan. El doctor Alén también nos dijo lo mismo, que debía intervenir la justicia federal y se comprometió a seguir apoyando y trabajar al lado nuestro para lograr el esclarecimiento del caso", concluyó Andrés.

Identifican restos de los enterramientos en un predio militar

Era el cuerpo de María Esther

Lo comprobó el Equipo Argentino de Antropología Forense en Campo San Pedro, en Santa Fe, hasta el momento el único predio militar donde se hallaron enterramientos clandestinos. El cuerpo pertenece a una no vidente secuestrada en 1977 en Rosario.
Por José Maggi

Uno de los ocho cuerpos desenterrados en Campo San Pedro -el predio militar donde trabaja desde hace seis meses el Equipo Argentino de Antropología Forense-, pertenece a María Esther Ravelo, una no vidente que fue secuestrada el 17 de setiembre de 1977 junto a su esposo Etelvino Vega del domicilio de calle Santiago 2815. La Casita los ciegos, como es conocida hoy en el barrio está a escasos metros de la vivienda donde cumple arresto domiciliario Eduardo "Tucu" Costanzo, quien denunciara ante la justicia y revelara a este cronista que "la cieguita fue una de las 27 personas que luego de ser secuestradas en el centro clandestino de detención La Calamita, fue trasladada a una chalet de Monje y asesinada, y después enterrada en un campo cercano a Laguna Paiva". Esto prueba el circuito represivo, y convierte el caso en el primero en todo el país donde la justicia pudo comprobar enterramientos clandestinos en un predio militar.

Costanzo también había dicho ante la justicia que "la disposición final de los 27 detenidos se hizo en Monje con inyecciones letales, que se la colocó Armando Pelliza (detendio) y Juan Carlos Bossi (quien sigue libre) quien según Costanzo " le ponía la corbatita (una delgada goma utilizada para extraer sangre) para que mueran asfixiados".

"Entre los veintisiete que llevaron a Monje para matar estaba la Cieguita de la otra cuadra de mi casa, de la calle Santiago. A ellos los mataron en Monje y según me contó Hugo Cardozo antes de morir de cáncer cuando vino a mi casa hace ocho meses atrás, a los veintisiete los enterraron en una campo cerca de Laguna Paiva en Santa Fe. Con todo eso la fiscal (Griselda) Tessio le pidió al juez ( Germán) Sutter Schneider que me hiciera declarar con el juez de Santa Fe y no hizo nada", habia dicho Costanzo ante la justicia y ante Rosario/12 en setiembre de 2009.

En realidad la historia se había empezado a escribir mucho antes en setiembre de 1977. En al Conadep en el Legajo N 3223 "Alejandra Fernández Ravelo, domiciliada en la ciudad de Santa Fe, denunció la desaparición de su hija María Esther Ravelo de Vega, que entonces vivía con su marido y un hijito de corta edad en la ciudad de Rosario"

Allí dejó sentado que "el día 15 de setiembre de 1977 mi hija me llamó por teléfono pidiéndome que viajara a Rosario a buscar a su hijito (mi nieto) porque el esposo se encontraba enfermo. Según convine con ella, tres días después llegué a la casa de un familiar nuestro, Agustín Simonsini, donde encontré a mi nieto que había sido dejado por unas personas jóvenes que viajaban en un automóvil Renault 4 blanco; mi hija vivía en una casa ubicada en la calle Santiago NI 2815 de Rosario de la que era propietaria y funcionaba allí un negocio de sodería del que también mi hija era titular; cuando pasé por allí el día que fui a buscar a mi nieto vi que en un camión del Ejército estaban cargando todos los bienes muebles de mi hija sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Al cabo de un tiempo volví al lugar pero la sodería estaba cerrada; por una ventana me atendió un hombre y alcancé a ver en el interior una máquina de escribir y una mesa; ese hombre me dijo que la propiedad ahora pertenecía al gobierno porque anteriormente había pertenecido a unos subversivos. Una vecina me contó también que en la casa habían encontrado muerta a una persona de sexo masculino pero que no era mi yerno. Mi hija y mi yerno eran no videntes".

Según Costanzo relato ante la justicia "Francisco Scilabra estuvo en el asesinato de 27 personas en Monje, en un chalet priedad de Ricardo Rodríguez, alias Patilla. dueño de una wiskería del centro de Rosario, Rilke II. Cabrera, alias "el Barba". Juan Daniel Amelong, y Jorge Fariña. "Es uno de los que debe dar cuenta de todos los desaparecidos de La Calamita y La Intermedia y es quien ordenó traer a la Ciega y un chico de diez años que lo termina entregando el Barba Cabrera. Y también Pascual Guerrieri".

El hallazgo de Campos San Pedro se produjo el 9 de junio de 2010. El 27 de junio el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, constató que en la fosa común descubierta por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el campo San Pedro, a 40 kilómetros de Santa Fe, había restos de ocho personas, seis de ellas con las marcas del terror: "lesiones en el cráneo compatibles con heridas producidas por armas de fuego". Y ordenó la exhumación de los cuerpos y su traslado al laboratorio de los peritos forenses, en Buenos Aires, para que se realicen los estudios genéticos que permitan identificar a los desaparecidos. Fuentes seguras consultadas por Rosario/12, revelaron que se trata de restos de cinco hombres y tres mujeres jóvenes, uno de ellos apareció con "un objeto de metal en la mano izquierda que podría ser un anillo" y otro tenía "una pieza dentaria de acrílico y metal", que podrían orientar las investigaciones.

La fosa común fue encontrada el miércoles 9 de junio, en un sector agreste del campo San Pedro, de propiedad del Ejército, ubicado en la zona de Campo Andino, a 15 kilómetros de Laguna Paiva. La opinión pública se anotició del descubrimiento casi una semana después, el martes 15. Y el viernes 18, el juez Miño realizó la inspección judicial en el lugar junto al secretario penal del Juzgado, Mateo Busaniche y autorizó a los forenses a concluir "las tareas de exhumación, registro, embalaje y posterior traslado de los restos" al laboratorio del Equipo de Antropología, en Buenos Aires.

La causa que instruye el juez Miño se inició en abril de 2007 por una denuncia de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que agrupa a las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Aunque ya en 1984, la Conadep se había hecho eco de comentarios de vecinos y conocedores de la zona.

La fortaleza de narrar la tortura sexual

PARA QUE LAS VIOLACIONES COMETIDAS CONTRA PRESAS POLITICAS EN LA DICTADURA MILITAR SEAN TRATADAS COMO CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.

Se siguen sumando los testimonios de víctimas de la represión que además de haber sufrido los mismos vejámenes que los hombres, debieron soportar también la violencia de género: Las violaciones. Desde los organismos y desde la justicia se empiezan a sumar voces para que estos hechos sean considerados como crímenes de lesa humanidad.
Por Alicia Simeoni

Las violaciones por género cometidas durante los años de la dictadura militar deben ser declaradas crímenes de lesa humanidad. Los relatos espeluznantes de las mujeres que en los días que pasaron tuvieron la decisión y la fortaleza de narrar la tortura sexual de la que fueron víctimas en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando Ramón Genaro Díaz Bessone era comandante del II Cuerpo de Ejército en Rosario, no pueden quedar impunes. Así lo piden quienes sufrieron violaciones como un plus, un adicional por su condición de mujeres y que se sumaron a todos los demás padecimientos que tuvieron los hombres en situación de cautiverio, aunque algunos de ellos también fueron ultrajados en su mayor intimidad. Pero no sólo las víctimas piden que se juzgue a los genocidas por la violencia sexual que ejercieron contra sus rehenes ellos se sentían absolutos dueños de la vida de las personas que habían cazado y luego encerrado , sino que ya empiezan a eschucharse otras voces que desde lo jurídico señalan por qué estos delitos no pueden considerarse prescriptos y quedar impunes. Es el caso de las abogadas Gabriela Durruty y Analía Aucía, la primera asesora de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales y patrocinante de querellantes; la segunda integrante del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) quienes invocan elementos del derecho internacional que la Argentina no puede desconocer. Por tanto el Tribunal Oral Federal Nº 2 debería hacer esta declaración de los delitos en cuestión como aquéllos que deben ser calificados como de lesa humanidad. También debe y puede solicitar al magistrado de primera instancia la investigación de los hechos denunciados, mientras que la acusación pública y las querellas, también pueden hacerlo y así lo harán, según surge de los testimonios de Durruty y Aucía.

La declaración de Stella Hernández el martes pasado cuando denunció, con voz firme, que 'El Cura" Marcote la había violado, y al que siguió su pedido de que ese hecho sea considerado un delito de lesa humanidad requiere de una respuesta "proactiva" en la que tiene un papel importante "la actuación de la Unidad Fiscal especial de la Procuración General de la Nación, respecto de las instrucciones que se les deben dar a los fiscales para el desarrollo de su actuación", dijo Aucía a Rosario/12. La abogada miembro de Cladem señaló que junto al testimonio de Hernández están los de otras mujeres, dos de ellas los pronunciaron también en los últimos días Ana María Ferrari y Elida Deheza y no se puede olvidar los dichos en Santa Fe, en el marco de la causa Brusa por Silvia Suppo poco tiempo antes de ser asesinada , por Patricia Isasa, por Stella Maris Vallejos y Graciela Roselló, entre otras mujeres.

En el caso de Deheza, ella manifestó que la terrible agresión que sufrió como víctima de violación fue mucho más dolorosa que la propia picana y dijo que se sentió reducida como persona. Además otros numerosísimos testimonios dejaron muy claro que esa práctica era sistemática en el Servicio de Informaciones bajo control operacional de Díaz Bessone.

Por su parte Olga Cabrera Hansen señaló en forma escalofriante la habitualidad de las violaciones en el SI, María Inés Luchetti de Bettanín lo había denunciado ante el entonces capellán de la policía de Agustín Feced, Eugenio Zitelli, quien le respondió que torturar a alguien para obtener información política es correcto, porque estamos en una guerra, pero las violaciones no, nos prometieron que no iban a suceder, porque ello atañe a la moral.

La víctima y querellante Silvia Suppo había hecho público en su testimonio, en octubre de 2009, que recibió del jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, en Santa Fe, Juan Calixto Perizzotti, las disculpas por el error ocurrido se refería a la violación contra la entonces adolescente y para enmendar ese error la mandó con la carcelera y entregadora María Eva Aebis quien la llevó a una clínica privada donde le practicaron un aborto, ya que había quedado embarazada. También Stella Maris Vallejos debió sufrir, después de la violación, el desparpajo y la crueldad del ex policía Eduardo Curro Ramos quien utilizó términos en el sentido de que le había hecho un favor.

Graciela Roselló utilizó la expresión tortura sexual. Había guardado silencio durante muchos años, como tantas mujeres, en lo que creyeron mejor para proteger a sus familias.

Stella Hernández no estuvo mucho en su situación personal y se tomó el tiempo para señalar que El Cura Marcote, ese hombre entrecano sentado detrás de ella, a su izquierda, con un traje color gris liláceo que parecía preparado para un cóctel, había sido "el violador serial del servicio. Así es que Aucía reflexionó acerca de todo lo que está saliendo a la luz, de las situaciones que los jueces tienen delante porque delante de ellos están las víctimas y sus testimonios. Entonces, "sobre la violencia sexual que padecieron debe existir, como consecuencia, que se inicien nuevos procesos penales para investigar, juzgar e imputar a los responsables de los delitos sexuales, tanto sea a quienes fueron autores como a los superiores en la cadena de mandos".

La integrante de Cladem planteó que las víctimas deben ser "reparadas integralmente" y que es "un deber de la Justicia Federal iniciar de oficio nuevas causas a partir de las denuncias de estos nuevos delitos contra la integridad sexual como crímenes de lesa humanidad". Para el caso de las querellas Aucía sostiene que "es deseable que las querellas puedan acompañar las decisiones que las víctimas tuvieron en cuanto a denunciar las diversas formas de violencia sexual a las que fueron sometidas, promoviendo nuevos juicios contra los represores, visibilizando la violencia sexual y quebrando el círculo de impunidad que históricamente se selló sobre la misma".

Operaciones de seguridad

"La violencia sexual es una de las armas privilegiadas, elegidas por los represores para degradar moralmente a sus víctimas humillarlas y aplicar un 'castigo' diferencial de acuerdo al género de las mismas...El impacto de la violencia fue diferencial en las mujeres y en los varones, de acuerdo al tipo de violencia física, psicológica y sexual que se les imponía. Los delitos de lesa humanidad no son neutrales al género, algo que queda demostrado con la comisión masiva, sistemática de la violencia sexual ejercida contra las mujeres, aunque también se revelaron formas de violencia sexual aplicada contra varones, fundamentalmente a través del uso de la picana", sostuvo Aucía que además explicó que si en el marco de sociedades democráticas o pacíficas se reproduce la violencia, en los contextos represivos existe un contínuo de violencia sexual contra las mujeres. También recordó que las propias fuerzas armadas habían sentado posición respecto del control diferencial que debía cumplirse según el sexo de las personas detenidas. El entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Viola, aprobó en 1976 el documento denominado 'Instrucciones para operaciones de seguridad'. En esas instrucciones podía leerse que: "El personal femenino podrá resultar tanto más peligroso que el masculino, por ello en ningún momento deberá descuidarse su vigilancia".

Durruty, como abogada que patrocina a querellantes señaló que en nuestro derecho interno las violaciones no estaban comprendidas por las leyes de impunidad por lo cual esas prácticas deben ser declaradas de lesa humanidad e imprescriptibles por el contexto en que se dieron, tal como lo ordena el derecho internacional. Y agregó que el Tribunal está conociendo delitos nuevos en el marco de la audiencia, por lo que debe y puede solicitar al juez de primera instancia su investigación. Mas allá de eso, la acusación pública y las querellas, así lo solicitaremos.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

La historia de la represión a la familia Marciani

Tita, presente en el juicio oral
Juicio a la patato: declararon su hija, sus dos hermanas y su esposo.

La historia de la represión a la familia Marciani es elocuente sobre uno de los objetivos fundamentales del terrorismo de Estado: destruir la organización de los trabajadores. Gladis y Teresita trabajaban en el Swift, Luisa en la ex C.A.P.

 Por Sonia Tessa

Luisa Tita Marciani estuvo muy presente toda la semana en el juicio oral contra los represores rosarinos, en distintos testimonios. La mujer fue secuestrada el 31 de enero de 1977, al igual que gran parte de su familia: su hija de 20 años, Gladis Gómez, sus dos hermanas, Teresita y Gladis Marciani, su esposo, Carlos Gómez y su cuñado Eduardo Márquez. Tita tenía un embarazo a término. Después de estar retenidas en el Servicio de Informaciones, las mujeres fueron llevadas a la Alcaidía. Tita comenzó a sentirse mal, cada vez peor, sentía que su bebé no se movía dentro del vientre, y sufrió hemorragias de sangre oscura, casi negra. Las compañeras de cautiverio -Stella Hernández, Olga Cabrera Hansen, María del Carmen Sillato, María Inés Luchetti de Bettanín, Elida Deheza, sus hermanas, entre otras les pedían con insistencia a las celadoras que internaran a Tita. Pero jamás recibió atención médica, hasta que fue tarde. Cuando la llevaron a la Asistencia Pública de entonces (actual Maternidad Martin), no quisieron recibirla por su comprometido estado de salud. En el hospital Provincial, su hijo nació muerto y ella falleció dos días después, el 13 de marzo de 1977. Las carceleras entraron a la Alcaidía, le comunicaron la noticia a la hija de Tita y le prohibieron llorar.

La historia de la represión a la familia Marciani es elocuente sobre uno de los objetivos fundamentales del terrorismo de Estado: destruir la organización de los trabajadores. Eran militantes sindicales de la carne, Gladis y Teresita trabajaban en el Swift, Luisa en otro frigorífico, la C.A.P. Ayer declararon Teresita y las dos Gladis, así como Márquez. Se les quebró la voz al recordar a Tita, así como al contar cómo fueron torturados. Gladis, la hija, tiene marcas en los tobillos de las lastimaduras que le hicieron las sogas que usaron para amarrarla mientras le aplicaban la picana eléctrica. "Fui torturada, pero mucho menos que mi sobrina", dijo ayer la otra Gladis, la tía. A Márquez, la tortura le paralizó las dos manos durante mucho tiempo.

Teresita y Gladis Marciani fueron secuestradas frente a la Asistencia Pública, en Moreno y Rioja, cuando habían ido con sus parejas a hacerse los análisis para casarse. Las dos estaban embarazadas. Fueron llevadas por personas de civil -"vestidas con pantalones vaqueros" al Servicio de Informaciones, donde las vendaron y las torturaron. Lo mismo, pero con más saña, le ocurrió a Gladis Gómez, a quien desde que era una niña le dicen Lala. "Me preguntaban si yo era de una organización montonera y les dije que ni sabía qué era eso", declaró ayer, y contó: "Me descompuse de tanta tortura que me hicieron". Recordó que sus torturadores fueron El Ciego (José Rubén Lofiego) y Managua (Ernesto Vallejos, que no está acusado en esta causa).

También a Márquez, el marido de Teresita, lo torturaron. Cuando lo contó frente al Tribunal, ayer, no pudo contener el llanto. Sentado allí, frente a los jueces, ese hombre grandote, de camisa blanca, contó que lo picanearon "por todos lados" y luego lo llevaron a La Favela, el entrepiso donde iban algunos detenidos. Allí permaneció solo y luego estuvo dos años en la cárcel de Coronda. Cuando lo visitó el mayor Fernando Soria, quien se encargaba de los consejos de guerra, entre otras tareas, le preguntó por qué estaba allí. "Ustedes saben por qué estoy aquí", le dijo el detenido. Soria le confesó que lo habían llevado por el daño que le habían provocado en las manos, y le prometió liberarlo en 10 días. La jueza Beatriz Barabani le preguntó al testigo si había recibido algún tratamiento para recuperar la movilidad. "La rehabilitación me la hacía yo con migas de pan, hacía así", dijo, mientras mostraba cómo cerraba y abría los puños. "Lo único que no se recuperó es un dedo que todavía no puedo mover", expresó mientras mostraba al tribunal su mano derecha.

La entonces esposa de Márquez, Teresita Marciani, fue la primera en declarar. Ya había dicho que a su esposo "lo torturaron alevosamente", la misma expresión que usó para describir los tormentos a su sobrina. El 25 de marzo de 1977, cuando estaba en la Alcaidía, Teresita fue trasladada a la Asistencia Pública para tener a su bebé, Eduardo, que estuvo con ella durante 6 meses. Luego, ella fue trasladada a Devoto y el bebé se fue con la abuela, la única de la familia que estaba en libertad. Cuando el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, le preguntó por su militancia política, Teresita dijo orgullosa: "Gremialista".

A la salida del Tribunal, las dos Gladis expresaron su "alivio" después de declarar y recordaron a Tita. Teresita, muy elocuente, con la sonrisa a flor de piel, contó que trabajó en el Swift desde 1965 hasta su secuestro. Al salir de prisión, la empresa no la reincorporó ni la indemnizó. Pero el principal recuerdo fue para su hermana: "Cuando pasó lo de Tita fue un dolor muy grande, que no lo vas a superar jamás. Te da mucha indignación que por falta de atención de los médicos y los hijos de puta de los represores no haya tenido la atención que merecía".