El alegato del juicio contra Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo consideró que se produjo prueba suficiente de que los imputados fueron ejecutores del plan de represión ilegal.
"Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrenpentimiento de los acusados". De este modo concluyó ayer su alegato la fiscal federal Mabel Colalongo, el pedir la condena para Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Hoy comenzarán a hablar las defensas de los imputados, en las instancias finales del juicio.
Colalongo finalizó su alegato ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº1, luego de 17 horas de exposición concretadas en tres jornadas. "Cada uno de los testimonios en esta audiencia pone en evidencia la existencia de un plan criminal organizado de quienes se habían apoderado de todas las instituciones del estado, desde los municipios hasta el gobierno nacional", dijo la funcionaria judicial.
Asimismo, Colalongo manifestó que "los acusados fueron fieles ejecutores del plan de represión ilegal", y agregó que "los mismos permanecieron en las filas del ejército golpista porque su conciencia les permitió cometer los mas aberrantes crímenes, cumplir con ordenes ilegales, inmorales". No obstante, la fiscal añadió que "si no lo hicieron por convicción, entonces la otra opción es que lo hayan hecho por cobardía, y la cobardía no exculpa, no es una justificante."
Por su parte, en relación al rol de las víctimas, la representante del Ministerio Público mencionó que "muchas veces se ha desequilibrado la balanza en contra de las víctimas", y en ese sentido destacó que no se puede desconocer "que en 30 años no se ha dado un solo hecho de justicia por mano propia por partes de las víctimas, al contrario de todos los pronósticos". La fiscal alegó: "Tantos años de impunidad, tantos años de miedo, han hecho que muchas veces nos conformemos con un poquito de legalidad, un poquito de garantías con tal de tener un poquito de justicia".
En cuanto a la aplicación de la sanción, Colalongo subrayó que "la imposición de la pena a los acusados por los hechos que se han probado en este juicio es la manera de mostrar que nadie, ningún gobierno, puede utilizar el estado para imponer un sistema de terror, y que no existen dos sistemas jurídicos sino uno, el elegido por esta sociedad para su representación, que es el estado de derecho".
En tanto, al momento de pedir las penas, la fiscal argumentó en función de "el cargo que detentaban en el destacamento, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, inhumana, la colocación de otras víctimas en estado absoluto de indefensión pero además obligándolas a escuchar gritos de terror, de padecimiento, las terribles condiciones de detención en las que se encontraban las víctimas, el aprovechamiento perverso y cobarde de víctimas indefensas que no podían ofrecer resistencia, el amparo en el cual se escudaron para cometer estos hechos, la impunidad y por supuesto la falta absoluta de arrepentimiento por parte de los acusados".
Para la abogada querellante Daniela Asinari, el alegato de la fiscal "fue muy sólido". La profesional destacó que la representante del Ministerio Público "valoró toda la prueba colectada en el juicio, demostrando cómo ese caudal de elementos probatorios acredita sin lugar a dudas los hechos por lo que se acusa a los cinco imputados y la responsabilidad penal que a cada uno de ellos le cabe".
