Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 15 de octubre de 2009

Carlos Ignacio Laluf, hijo de desaparecidos, brindó su testimonio

Hacer público un sufrimiento familiar

El hijo de Marta Benassi y Carlos Laluf apareció en una plaza de Santa Fe el 4 de septiembre de 1977. Lo criaron sus tíos maternos, quienes intuían que la pareja había desaparecido. La familia recibió cartas hasta marzo de 1978.

Por Sonia Tessa

Carlos Ignacio Laluf tenía dos años cuando apareció en la plaza de Las Banderas de Santa Fe, el 4 de septiembre de 1977, con un bolso en el que había ropa y pañales en mal estado, un gato de peluche y cartas dirigidas a Carlos Laluf, su abuelo paterno y a Carlos Benassi, su tío materno. En esa carta, Carlos Laluf y Marta Benassi dejaban instrucciones para el cuidado del niño. Sus familiares intuyeron que la pareja había sido privada de la libertad, pero durante años no tuvieron certezas. Después supieron que los dos estuvieron secuestrados en la Quinta de Funes y aún hoy continúan desaparecidos. El pequeño, en los primeros tiempos de vida con sus tíos, vivía asustado, en estado de desasosiego. Si escuchaba una sirena, o gritos, se escondía debajo de la cama. Lloraba mucho, y acudía ansioso cuando sonaba el timbre. "Uno se aferra a querer estar con ellos. Lo mismo me pasaba cuando tocaban el timbre en mi casa. Siempre estaba ilusionado con que vinieran mis padres a buscarme. Cada vez que iba a la puerta, sufría una desilusión. Más allá de que nunca me faltó nada, me pasé muchos años esperando ese momento", dijo ayer sobre las secuelas del terrorismo de Estado en su vida. Por eso, al finalizar su testimonio ante el Tribunal Federal Oral número 1, afirmó: "Quiero decir que fui, soy y seré una víctima".

El testimonio de Carlos fue el último de la jornada de ayer del juicio oral y público de la causa Guerrieri. Antes habían declarado Alicia Genolet de Benassi y Carlos Benassi, quienes se hicieron cargo de la crianza del niño por expreso pedido de Marta, la hermana de Carlos. Alicia relató que habían salido a dar una vuelta ese domingo 4 de septiembre de 1977 y cuando llegaron a su casa encontraron en la puerta a Lita, la abuela paterna de Carlos Ignacio, con el nene de la mano. La mujer lloraba desconsolada y decía: "Algo pasó, algo pasó". Desde ese momento, Carlos Ignacio vivió con ellos. Alicia Genolet relató los indicadores del sufrimiento del niño, así como los esfuerzos de su familia para incorporarlo sin retacearle su identidad. "Marta era mi cuñada. Teníamos una relación muy cercana desde mi ingreso a la familia Benassi", relató la mujer.

Por eso, la posterior suspensión de las comunicaciones telefónicas fue otro indicio de que no eran libres. Tras reconstruir la historia, la familia supone que el secuestro se produjo entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre de 1977, y que el niño estuvo secuestrado junto a sus padres, por eso llegó con la ropa tan deteriorada a Santa Fe.

Lo más desconcertante para la familia fueron las cartas. Hubo unas 13, desde el 4 de septiembre de 1977 hasta el 10 de marzo de 1978. En la primera misiva, la que llegó con Carlos Ignacio, Laluf y Benassi aseguraban estar bien, en un lugar seguro. Pero a su familia algo no le cerraba. La segunda la recibieron en noviembre de 1977. El intermediario de estos contactos era Carlos Laluf padre. La pareja recibía las cartas que sus familiares les escribían en una casilla postal a nombre de Miguel Vila, en la sucursal de correo número 3 de Rosario, en Ituzaingo 1059.

Laluf padre, fallecido en 2005, luchó hasta su muerte por saber el destino de su hijo y su cuñada. El fue quien dio testimonio ante la Conadep, en 1984, y quien intentó impulsar juicios, posteriormente abortados por las leyes de obediencia debida y punto final. Según los testimonios que se conocieron después de 1984, durante el tiempo que enviaron cartas, la pareja estuvo secuestrada en la Quinta de Funes. Laluf (hijo, estando secuestrado) viajó a México con un nombre falso en 1978, en la llamada Operación México, que procuraba matar a la cúpula montonera. Después del fracaso de ese intento, en enero de 1978, todos los secuestrados en la Quinta de Funes fueron trasladados a la escuela Magnasco y de ahí a La Intermedia, donde fueron asesinados, según contó a este diario uno de los imputados, Eduardo Costanzo.

El segundo testimonio de la mañana fue el de Carlos Benassi, cuyas palabras estuvieron cargadas de amor a su hermana. El testigo hizo explícito el homenaje a "don Laluf", cuya voz pudo oírse en el juicio en una entrevista que le hizo el periodista de Rosario/12, Juan Carlos Tizziani, y que él mismo reprodujo durante su testimonio en este proceso. El corresponsal de este diario en Santa Fe también había aportado copias de las cartas, que ayer fueron certificadas por el secretario Osvaldo Facciano, ya que Carlos llevó los originales.

Carlos recordó el "compromiso de vida" de su hermana, y más de una vez su voz se quebró. Cuando recordó a Laluf padre, por ejemplo, y también cuando la fiscal Mabel Colalongo le preguntó si algo en las comunicaciones le hacía suponer que Marta estaba privada de la libertad. "En cada una de las cartas de mi hermana se nota la desesperación y el destrozo que le provoca la separación de su hijo", dijo Benassi, quien citó que en la última misiva, Marta escribió: "Si no me reencuentro pronto con mi hijo voy a morir de tristeza". En ese momento, el hombre no pudo contener la emoción. "¿Comprende señorita fiscal?", expresó para subrayar que ése era un indicio claro de la situación de su hermana.

También indicó que si bien tanto los padres de Carlos como los de Marta recibieron llamadas telefónicas, que justamente los custodios de Carlos Ignacio no fueran contactados por esa vía era otro indicio de que los captores "estaban ejerciendo un control completo sobre ellos".

También Benassi subrayó que algunas cartas estaban fechadas en Asunción del Paraguay, San Pablo y Río de Janeiro, pero ese dato también era incierto para ellos, porque al mismo tiempo indicaban que "una familia amiga de Rosario" seguiría intermediando las comunicaciones. Después supieron que nunca hubo tal familia amiga y creen que la pareja tampoco estuvo fuera del país.

Benassi también recordó que junto a Laluf padre llegaron hasta Rosario, a la casa de Barra 2730, donde vivía la pareja antes del secuestro. "Fue después de que dejamos de tener noticias de ellos, en marzo del 78. Estuvimos durante mucho tiempo buscando el último domicilio, que yo no conocía y del que don Laluf tenía un recuerdo fugaz". Cuando finalmente encontraron el lugar, allí vivía una mujer. Ella les dijo que la casa se la había dado un militar amigo. Otra persona, una vecina de la pareja, les contó que primero se llevaron a las personas, y luego un camión del Ejército retiró los muebles de la casa. Cuando la fiscal le preguntó si la misma vecina les dio más detalles sobre el secuestro, Benassi lo negó. Sí subrayó que -según los dichos de la misma mujer su hermana era muy querida en el barrio, porque trabajaba como maestra particular. "Siempre estuvo en nosotros la esperanza de encontrarlos vivos", expresó emocionado el hermano de la víctima.

Un rato antes, su esposa había subrayado el valor de este juicio. "Esta es una oportunidad para nosotros de poner en lo público un sufrimiento familiar, para que se haga justicia, por Carlos Ignacio y por todos nosotros", dijo Alicia Genolet, la tía de aquel niño al que crió como una madre.

martes, 13 de octubre de 2009

Identificación de uno de los represores


Amelong, el que está en el banquillo

En febrero del 77, los tres hermanos Novillo fueron secuestrados en una casa de Arroyito y trasladados a La Calamita. Dos de ellos, Carlos y Alejandro, fueron liberados, pero Jorge está desaparecido. Ayer, los sobrevivientes señalaron a Amelong.

Por José Maggi

Carlos Novillo tenía 17 años el 28 de febrero de 1977. Ese día había llegado desde Venado Tuerto junto a su hermano Alejandro para darle una mano con la mudanza a otro de los Novillo, Jorge, que dejaba una propiedad ubicada en pasaje Nelson, en Arroyito. Desde allí se los llevaron hacia La Calamita donde estuvieron detenidos 14 días trágicos que marcaron a fuego la vida familiar de los Novillo: Carlos y Alejandro padecen aún hoy las secuelas del encierro y de la desaparición de Jorge. Ayer por la tarde Carlos, el menor de los tres, describió con emotividad los 32 años que los separan de aquella jornada: un año después su padre murió de un infarto; su madre tomó la posta batallando en cada lugar durante nueve largos cuando se le declaró un cáncer de pulmón que terminó con su vida. Fue después de despejar sus dudas sobre el destino de Jorge, "el Ignacio" secuestrado en Quinta Funes. "El Ejército no dejaba prisioneros vivos", le dijo el autor de Recuerdos de la muerte, Miguel Bonasso. Ayer también su hermano Alejandro enfrentó al Tribunal Oral Federal Nº 1, y concretó una de las medidas más contundentes desde el inicio del juicio: a pedido de la fiscal Mabel Colalongo, y con acuerdo del presidente Otmar Paulucci, se dio vuelta, y apuntando con su dedo índice identificó claramente a uno de sus captores: "Ese es el subteniente Juan Daniel Amelong", aseguró.

Aquel 28 de febrero, relató Carlos, no solo se llevaron a los tres hermanos desde la casa de pasaje Nelson, que estaban desalojando para mudarse, el grupo de tareas también se apropió de un Fiat 125 que utilizaron después en La Calamita. Esa también era una práctica habitual: la de quedarse con los bienes de quienes secuestraban.

De su cautiverio, Carlos recordó que fue llevado a La Calamita, de la que describió la cocina con azulejos blancos, la escalera debajo del cual lo esposaron junto a Alejandro, asi como la presencia de "seis o siete personas vendadas sentadas en silencio". Uno de ellos, el único que se animó romperlo, se identificó como "Ruffa, un profesor de San Luis".

Una puerta vaivén los separaba de la sala de torturas: desde allí escucho gritar a Jorge. "Les voy a decir todo, pero hay cosas que no sé", decía mientras era brutalmente torturado. En medio del silencio también quedaron grabados en sus oídos los golpes de puño a un joven estudiante universitario, que los sufría y caía pesadamente sobre el piso.

El ruido de trenes, el sonido de aviones, el recuerdo de una radio a través de la cual se comunicaban sus captores, el sabor del plato de arroz con pollo podrido, con el que los alimentaban por las noches, y los tiros que repiqueteaban en el exterior fruto de ejecuciones simuladas, fueron también parte del relato.

El testimonio de Alejandro fue clave para la jornada: según recordó mientas estaba cautivo alguien se le acercó desde atrás y le preguntó dónde había hecho el servicio militar y a quién había conocido allí. "Lo hice en Santo Tomé y ahí conocí al subteniente Amelong", le contó. "Esa era su voz, la misma además de la persona que nos liberó junto a mi hermano cerca de la avenida de Circunvalación", reveló. Después, giró y lo señaló sin dudarlo entre los cinco imputados sentados delante del blindex.

"No me anima el odio ni la venganza, soy cristiano y lo siento por las familias de los imputados. Sólo quiero justicia y verdad", remató Carlos luego de describir las escenas del horror cotidiano que vivió durante estos treinta años, con lágrimas en sus ojos.

lunes, 12 de octubre de 2009

Se amplia el procesamiento a un ex coronel


PROCESARON POR ASOCIACION ILICITA AL EX CORONEL DOMINGO MARCELLINI

Para el lado de la justicia

El ex Jefe de Inteligencia Militar en Santa Fe durante la última dictadura había zafado del juicio oral por terrorismo de Estado en virtud de su estado de salud. Sigue en Mendoza donde cumple arresto domiciliario.

Por Juan Carlos Tizziani (Desde Santa Fe)

El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, zafó del juicio oral y público a los represores santafesinos por su estado de salud, pero sumó otra acusación. El conjuez Ricardo Lazzarini lo procesó por el delito de "asociación ilícita" que ya pesa sobre los otros seis imputados en el banquillo: el ex juez Víctor Brusa y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, Héctor Romero Colombini, Mario Facino, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. El fallo afirma que "Marcellini concurría regularmente a los centros clandestinos de detención, donde se llevaban a cabo las sesiones de tormentos".

El conjuez ya había procesado a Brusa y compañía por "asociación ilícita" el 28 de abril último, pero tuvo que trajinar para indagar a Marcellini. No le fue fácil. Resolvió interrogarlo el 7 de julio en su propio departamento en la ciudad de Mendoza, donde cumple arresto domiciliario. Un planteo del defensor oficial con un argumento conocido: el estado de salud del militar lo obligó a posponer la audiencia hasta el 4 de agosto. El 28 de julio, la defensa pidió una nueva postergación que el conjuez rechazó. Finalmente, el 4 de agosto, Lazzarini indagó a Marcellini en su departamento del microcentro de Mendoza, en calle Godoy Cruz al 500.

El ex jefe de Inteligencia fue acusado de integrar "un aparato estatal organizado en forma estable y duradera en el tiempo, integrado por personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad", que tenía cinco objetivos:

"* Capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia;

"* Conducirlos a lugares situados en unidades militares o policiales bajo su dependencia;

"* Interrogarlos bajo tormentos y/o agresiones psico físicas, para obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas;

"* Someterlos a condiciones de vida inhumanas para quebrar su resistencia moral;

"* Y realizar todas esas acciones en la mas absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche y mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar de alojamiento".

En la resolución, Lazzarini describió el circuito represivo. "Los detenidos fueron trasladados de manera ilegal a la comisaría 4ª, a la Guardia de Infantería Reforzada y a otros centros clandestinos de detención como la que llaman "La Casita", donde fueron sometidos a torturas y/o vejaciones y/o amenazas", dijo.

"Las declaraciones de las víctimas son totalmente concordantes" sobre la participación de efectivos del Ejército y de la Policía de Santa Fe en las detenciones. "Estos procedimientos habrían sido cumplidos en forma organizada, sistemáticamente y conjunta, sin orden de detención o de allanamiento, o sin los recaudos legales correspondientes", señaló el conjuez.

El fallo subraya también "el rol que le cupo a Marcellini dentro de la mentada organización, y su conexión con los restantes integrantes del grupo" y en ese sentido señala que "varias de las víctimas declararon haber sido aprehendidas o torturadas por el "Pollo" Colombini o por el "Tío o Nicola" (Correa)". Y recuerda que "Marcellini declaró que el primero (Colombini) era el enlace entre la Policía y el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que él comandaba y el segundo (Correa) revistaba precisamente en dicha unidad militar".

El conjuez cita también un testimonio ante la Conadep en 1984 que asegura que "Marcellini (aunque no torturaba en forma personal) concurría regularmente a "las casas" (lugares de detención clandestinos) donde se llevaban a cabo las sesiones de tormentos."

"En síntesis, puede sostenerse (...) que Marcellini desde su Destacamento, aportaba una colaboración esencial para que se llevaran a cabo los hechos que se investigan. Y ello es así, desde el momento en que sin ese aporte no se hubiera podido definir contra quién dirigir lo que fue, en definitiva, un accionar delictivo (...) Lo que se sostiene es que Marcellini, por su función específica tenía pleno conocimiento del "uso" que se le iba a dar a la información que él entregaba y que luego iba a aprovechar, en ejercicio de esa misma función, de los datos que se hubieran obtenido mediante tortura, en un fundamental aporte del todo".

"Resulta más que ilustrativo el legajo militar del imputado, con un promedio de 100 puntos y evaluado por sus camaradas como "uno de los pocos sobresalientes para su grado". Esta calificación de su conducta en el Ejército hace reflexionar que el imputado poseía aptitudes suficientes para desempeñar su cargo con la mayor eficiencia y, en razón de la ubicación que ostentaba en la cadena de mandos, además de conocer a la perfección la ilicitud del sistema, habría impartido órdenes y/o brindaba los medios materiales para concretar los hechos ilícitos mencionados". Por lo tanto, "no podía desconocer el accionar de sus subalternos, mucho menos al no tratarse de un hecho aislado".

"Ha quedado acreditado que la organización delictiva contaba con medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la fuerza, sin orden de autoridad judicial correspondiente, sin dar explicación alguna, sustrayendo bienes muebles a discreción, secuestrar y, eventualmente disponer de cualquiera otra persona que se encontrara en la vivienda", concluyó Lazzarini.

domingo, 11 de octubre de 2009

El juez Brusa sigue dando que hablar en el tribunal

El ex magistrado fue señalado por una de las víctimas tras un encuentro en la 4º. Allí Brusa le dijo que si quería conocer la tortura lo llevaba a la pieza de al lado.

Por Juan Carlos Tizziani (Desde Santa Fe)

Describió la escena como si fuera una trama de terror. Era el otoño de 1977, en una habitación de la comisaría 4ª. En un rincón, el sumariante del Juzgado Federal escribía a máquina, pero no lo veía porque el hombre estaba de espaldas y de cara a la pared. Le sacaron la venda de los ojos y lo sentaron en una silla. Después, apareció Victor Brusa, que comenzó a darle vueltas a su alrededor ("iba y venía", dijo). Recordó que Brusa le mostró un papel: era la declaración que los torturadores de "La Casita" un centro clandestino de detención en las afueras de Santo Tomé le habían arrancado a punta de picana. Los tormentos lo habían postrado. "Me costaba caminar, me arrastraba, no controlaba esfínteres. Hubo mucho ensañamiento". Y se lo dijo a Brusa, pero éste reaccionó con burla: "No hay torturas en la Argentina. Y si querés saber lo que son, te llevo a la piecita de al lado", le contestó.

Carlos Chiaruli, un ex militante político detenido en abril de 1977 en Esperanza, relató ante el Tribunal Oral Federal que juzga a Brusa y a otros cinco policías represores, aquel encuentro con el ex juez federal de Santa Fe, en la seccional 4ª.

Brusa es juzgado por "apremios ilegales" en ocho casos. Lo denunciaron Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Ana María Cámara, los esposos Daniel García y Alba Sánchez, Roberto Cepeda, José Schulman y Mariano Millán, que son querellantes o testigos. Schulman y Millán ya declararon en el juicio, Cepeda lo hará el miércoles próximo; Bugna, Vallejos y Cámara el lunes 19 y los García el 3 de noviembre.

Pero el debate oral ya sumó dos denuncias más contra Brusa. La de Chiaruli esta semana y la de un ex delegado de UPCN, Francisco Klaric, que también acusó al ex juez federal cuando declaró en el primer día de audiencias, el 14 de setiembre. "Un día me interrogó en la cárcel de Coronda. Yo estaba esposado en una silla y él me daba vueltas alrededor con un cinto, golpéndose la mano. Brusa se desenvolvía como un hombre poderoso, un semidios", recordó Klaric.

El Tribunal deberá resolver entonces sobre estas denuncias de Chiaruli y Klaric. Hasta ahora, los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti han pedido que se envíe al juez federal Reinaldo Rodríguez dos declaraciones: la indagatoria al ex coordinador del Area 212, Juan Calixto Perizzotti, que involucró al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab en la entrega de diez militantes de la Juventud Peronista que estaba secuestradas en "La Casita". Y el testimonio de Cecilia Mazzetti, que reconoció a otro oficial de Inteligencia, el teniente coronel Domingo Morales, como uno de sus torturadores en la comisaría 4ª.

Entonces, ahora habrá que ver si el Ministerio Público o las querellas plantean la apertura de nuevas causas o esperan los alegatos para solicitar "en ese momento que se investiguen las denuncias que hubieran sumado en los cuatro meses del juicio.

Chiaruli declaró ante el Tribunal el miércoles pasado, a la tarde. Un grupo de tareas los secuestró en abril de 1977, en Esperanza, y lo llevó a "La Casita", donde estuvo varios días y padeció "todo tipo de tormentos", dijo. Describió el centro clandestino como una casa con varias habitaciones y "un garage, por donde entramos". A él lo trasladaron en el "baúl de un auto, vendado y maniatado".

"Me bajaron y en el mismo garaje estaba la parilla: una cama de tortura, donde fui sometido con picana. Había otras habitaciones, donde otros compañeros y compañeras eran torturados. Me interrogó un señor de voz pausada que hacía preguntas muy concretas sobre dos años atrás. Hubo mucho ensañamiento. Creían que yo tenía información, así me sacaban y me volvían a torturar. Y en el medio, golpes de puño, que me dejaron disminuida la audición de un oído".

Chiaruli dijo que la capucha le impedió ver el lugar donde estaba, pero escuchó los gritos del terror. "En la habitación de al lado había mujeres, escuché sus gritos y sus llantos", dijo. Y también el sonido de una máquina de escribir. "Hubo amenazas con armas, me gatillaron", relató.

Un día lo volvieron a trasladar en el baul de un auto, junto a otro compañero, Mariano Millán, que declaró en el juicio el martes pasado. Los llevaron a los dos a la comisaría 4ª. A Chiaruli lo dejan en una celda con un preso común, "un informante" "lo definió que no dejaba de interrogarlo. "Yo tenía graves problemas de movilidad, no controlaba esfínteres. Había quedado dañado por el ensañamiento. Me costaba caminar, me arrastraba. Y este hombre me seguía interrogando". A los dos días, pasó a otra celda que "miraba al patio", desde donde pudo reconocer a otros detenidos: (Pablo Aníbal) Pacheco, (Luis Eduardo) Baffico y Millán

"Después de unos días se presentó Brusa. Y me tomó declaración. Me mostró un papel que había firmado. Entonces, yo le dije que a esa declaración (en La Casita) me la habían sacado por apremios ilegales. El me contestó: "No hay apremios ilegales en la Argentina. Y si querés saber lo que son, te llevo a la piecita de al lado". Yo no firmé otra declaración", afirmó Chiaruli.

¿Esta persona se presento como Brusa?- le preguntó el presidente del Tribunal.

No se presentó. Para mi era el secretario del juez (Fernando Mántaras ya fallecido).

¿Estaba solo?

No. Lo acompañó un escribiente que estaba en una esquina. Yo estaba sentado y Brusa de pie, que iba y venía- contestó Chiaruli.

¿Brusa le hacía preguntas?- quiso saber el fiscal Suárez Faisal.

Yo no firmé nada. Lo que hubo fue una amenaza, que si no firmaba debía atenerme a las consecuencias. Con el tiempo me enteré que también estuvo en (la cárcel de) Coronda, interrogando a otra gente, pero a mi no me llamaron.

¿Sabe si después se hizo una investigación a raíz de los apremios? -insistió Suárez Faisal.

No, al contrario, recibí como respuesta no sólo burlas, sino una amenaza, que si yo quería apremios por parte de él, que no tenía problemas.

El abogado querellante Horacio Coutaz le preguntó entonces si podía describir al sumariante del Juzgado que estaba con Brusa. "¿Cómo era la persona que escribía a maquina?"

No lo recuerdo.

¿Tenía alguna participación?

No, el que hablaba era Brusa- concluyó Chiaruli.

jueves, 8 de octubre de 2009

Entran y salen de Tribunales


Vera Candioti y el coronel Pavón declararon ayer ante Rodríguez por la supresión de identidad de Carolina Guallane, sobreviviente de la masacre de su familia biológica. El juez les concedió la eximición de prisión.

Por Juan Carlos Tizziani

El juez federal Reinaldo Rodríguez indagó ayer al ex juez de Menores, Luis Vera Candioti y al coronel Carlos Enrique Pavón en la megacausa que investiga medio centenar de crímenes de lesa humanidad y en la que ambos están imputados como supuestos partícipes de la "supresión, sustracción y ocultamiento de identidad" de una niña de un año y medio que fue la única sobreviviente a la masacre de su familia biológica, en febrero de 1977. Recién veinte años después, María Carolina Guallane, pudo saber que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que su padre biológico, Enrique Cortassa, estaba desaparecido y su madre, Blanca Zapata, había agonizado dos semanas con un tiro en la cabeza en el hospital José María Cullen, donde dio a luz un bebé muerto. Ella pudo recuperar los restos de Blanca en 1998. Vera Candioti y Pavón salieron del Tribunal por la puerta por la que habían entrado porque el juez Rodríguez consideró que no hay riesgos que puedan burlar la acción de la justicia y les concedió la eximición de prisión.

Por el homicidio de los esposos Cortassa Zapata, el juez ya imputó a ocho detenidos en la megacausa. Seis son militares de alto rango: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón; su ex jefe de la plana mayor, coronel Adolfo Alvarez que es el único con pedido de captura ; el ex jefe del Distrito Militar, coronel Roberto Arrieta; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y sus segundos: los tenientes coronele Jorge Roberto Diab y Domingo Morales. Los otros dos son comisarios: Mario José Facino y Juan Calixto Perizzotti. Los ocho más los indagados de ayer deberán responder también como presuntos "coautores de la supresión de identidad, sustracción y ocultamiento" de Carolina que es Paula.

Vera Candioti y Pavón ya habían declarado en la causa hace once años, en 1998, cuando la ex fiscal Griselda Tessio descubrió que era falsa una nota del Ejército que puso a Carolina y a otros dos niños a disposición del ex juez de Menores. Se trata de un oficio del Comando de Operaciones Tácticas (COT) del Area 212, firmado por Pavón el 4 de febrero de 1977 y recibido en el Juzgado de Menores el 8 de febrero. Lo curioso es que el ataque militar a la casa de la familia Cortassa, en calle Castelli 4531, ocurrió el 11 de febrero, siete días después de la fecha que figura en la nota del COT.

En su declaración testimonial, el 24 de setiembre de 1998, el coronel Pavón reconoció que él había redactado esa nota y la había firmado en su carácter de "auxiliar del COT y ayudante del comandante" del Area 212, coronel Rolón. "Yo redacto la nota conforme la información que me traían, desconozco de dónde provenían esos chicos. Yo sólo recibí una información y confeccioné la nota en esa fecha".

¿Y quién le pasó la información? preguntó Tessio.

Los que relizaron el operativo, pero no recuerdo quiénes fueron. Sinceramente no lo recuerdo, no puedo precisar si el procedimiento de calle Castelli fue anterior a esa fecha o no. No lo puedo precisar se atajó Pavón.

Ayer, el juez Rodríguez lo indagó sobre aquel episodio, ante la sospecha que planteó la Fiscalía en el requerimiento de instrucción, que todo tenía un fin: "ocultar la verdadera identidad de origen de Paula Cortassa".

Vera Candioti salió del Juzgado de Rodríguez alrededor del mediodía sin alertar a la ronda de periodistas que esperaba en las puerta. Pavón salió casi a las tres de la tarde. "No voy a hacer ninguna declaración", se atajó el coronel.

¿Qué pasó con esa orden del Ejército? preguntó Rosario/12. Y Pavón se remitió a su defensor. "Hablen con él", pidió.

El abogado José María Pavón Navarro dijo que la indagatoria se había cumplido "dentro de la gravedad de las actuaciones. Su señoría tomará las determinaciones en el tiempo que estime correponder y las próximas medidas que disponga, por supuesto, nosotros vamos a estar atentos a cumplir con la requisitoria", explicó.

¿Cuál es la situación de su defendido?

Está afectado a la causa. Más que eso no le puedo decir porque es una causa de gravedad. Entonces, me imagino que el magistrado quiere mantener el dominio absoluto de las cosas y no que yo transmita lo que él es bien capaz de transmitir.

¿Usted le hizo algún pedido al juez?

No, no he hecho pedidos de ninguna naturaleza. El magistrado está velando en salvaguarda de las víctimas, los imputados y de la verdad. Es un hombre que tiene una trayectoria, no es necesario peticionarle cosas lo elogió.

De Las Flores a Buenos Aires


ARRESTO DOMICILIARIO PARA CORONEL GONZALEZ Y GENERAL SETTEL

El juez Rodríguez concedió ayer el beneficio del arresto domiciliario en Buenos Aires a dos de los militares detenidos en la megacausa por delitos de lesa humanidad: el primer gobernador de facto de la dictadura y un general de brigada.

Por Juan Carlos Tizziani

El juez federal Reinaldo Rodríguez concedió ayer el beneficio del arresto domiciliario a dos de los militares detenidos en la megacausa por delitos de lesa humanidad: el primer gobernador de facto de la dictadura, coronel José María González y el general de brigada Carlos Alberto Settel y hoy indagará al ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y al coronel Carlos Enrique Pavón, ambos involucrados en la supresión de identidad de María Carolina Guallane, una joven que sobrevivió a la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando tenía apenas un año y recién dos décadas después descubrió que su verdadero nombre era Paula Cortassa. Su papá biológico, Enrique Cortassa, está desaparecido y su madre, Blanca Zapata, agonizó dos semanas en el hospital José María Cullen con un disparo en la cabeza, en el hospital José María Cullen, donde dio a luz un bebé muerto.

González y Settel fueron indagados el martes y quedaron presos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores hasta que el juez les concedió la prisión domiciliaria: un pasaporte para que pudieran volver a sus departamentos en Buenos Aires.
El coronel González ya tenía arresto domiciliario por otra causa en la está procesado por el secuestro y asesinato del militante Mario Osvaldo Marini, el 9 de diciembre de 1975, cuando era jefe del Comando de Artillería 121 y jefe del Area 212. Tres meses después, el 24 de marzo de 1976, copó la Casa de Gobierno al mando de las tropas golpistas, removió al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y asumió como el primer interventor de facto de la provincia. En mayo de 1976, lo reemplazó en el cargo el vicealmirante Jorge Anibal Desimoni.

En la megacausa, González fue imputado por veintidos homicidios cometidos antes y después del golpe, entre febrero y octubre de 1976. Según la acusación fiscal, fue uno de los ejecutores del "plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos desde el aparato estatal". Y lo consideró uno de los jefes del aparato represivo, donde se "comandaron, organizaron y ejectuaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos" que se le reprochan en el juicio.
El general Settel era segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 212 de Rosario sede de Area 211 cuando desapareció uno de los soldados que estaban bajo su mando, Edgardo Ferreyra, en enero de 1977. Settel está sospechado porque le encargó a Ferreyra "la confección de un plano de la sala de armas del Batallón para sustraerlo del grupo de conscriptos que terminaba el servicio militar y de esa manera hacerlo seguir más fácilmente" cuando saliera del cuartel. Ferreyra concluyó el trabajo, lo entregó y después viajó rumbo a la ciudad de Santa Fe, sin saber que era "seguido por un efectivo vestido de civil". Ya en la capital de la provincia se encontró con compañeros de militancia política en "un lugar cercano al domicilio paterno" en el barrio Mariano Comas, donde "irrumpió un grupo de policías y militares, luego de lo cual nunca volvió a saberse de él", relató la Fiscalía.

En tanto, el ex juez Vera Candioti y el coronel Pavón serán ingadados por "actuaciones judiciales irregulares" en 1977 cuando María Carolina tenía poco más de un año y fue adoptada de buena fe por una familia de Venado Tuerto. La justicia ya probó que la orden militar firmada por Pavón como oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT) que dispone la entrega de la nena al ex juez Candioti es falsa. Está fechada el 4 de febrero de 1977, con un sello de recibida en el Juzgado el 8 de febrero, cuando en realidad el ataque a la casa de calle Castelli 4531, donde Carolina vivía con sus padres y otra familia, se produjo el 11 de febrero. Su papá, fue secuestrado y está desaparecido y su madre, sobrevivió hasta el 24 de febrero en el hospital Cullen, con un disparo en la cabeza y un embarazo a término.

El horror en el centro capitalino



El Tribunal Oral Federal que juzga a seis represores santafesinos, entre ellos el ex juez Víctor Brusa y cinco policías, realizó ayer el primer reconocimiento judicial a la comisaría 1ª, que nunca antes había sido recorrida por magistrados y fiscales, a pesar de que está en pleno microcentro de la ciudad y denunciada desde hace 30 años como centro de detención de la dictadura. "La primera funcionaba como un campo de concentración y torturas", dijo Patricia Isasa, una de las víctimas que identificó los lugares donde fue sometida a tormentos y vejámenes cuando tenía 16 años. En la recorrida participó otro testigo en el juicio, Mario Millán Medina.

"Los lugares están casi igual", afirmó Isasa que pudo ver a otras secuestradas, entre ellas María Rosa Almirón. "Su estado era deplorable, con las piernas deformadas, moradas, quemadas, desnuda, balbuceando, con un pezón colgando, humillada, tratando de sobrevivir, porque las dos cosas que me dijo era tratar de sobrevivir" recordó Isasa. María Rosa era la madre de dos adolescentes que también fueron detenidos: Milagros y Luciano Almirón, de 14 y 16 años y quedó cuadriplégica por la tortura durante un año. Ella falleció hace poco tiempo.

"La comisaría 1ª fue para mi el principio de un circuito represivo. Me trajeron a la primera, después me llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), luego a la seccional 4ª y después nuevamente a la GIR. Mucha gente comenzó su circuito represivo en este lugar", explicó Isasa. Y mencionó otras víctimas de la dictadura que pasaron por la 1ª: Milagros Almirón y Viviana Cazol. "Acá estuvo mucha otra gente, yo soy una más".

"Recordé también que acá lo asesinaron a Juan Clemente Chazarreta, el 4 de junio de 1976, un día antes de que yo llegara a este lugar. Acá también estuvo colgado un chico que le decían "Turquito". Todos estuvimos en posiciones estresantes. Viviana atada a la pata de una cama, a mi me tenían maniatada de rodillas, el "Turquito" con los brazos colgandos y a María Rosa Almirón también la colgaron de las piernas", agregó Patricia.

Isasa dijo que la trasladaron junto a un grupo de 20 personas. "Eran mujeres y varones que nos llevaron separados a la Guardia de Infantería Reforzada", agregó Paticia que estuvo en la comisaría primera desde el 30 de julio de 1976 hasta el 8 de agosto.

En el juicio a Brusa y compañía, el Tribunal tiene previsto la inspección de otros cinco centros clandestinos: el 20 de octubre, la comisaría 4ª (bulevar Zavalla y Tucumán), el 27 de octubre, "La Casita" (en la ruta nacional 19, en el kilómetro 2, antes del cruce de la autopista Santa Fe Rosario) y la Guardia de Infantería Reforzada (Nicasio Oroño 793, barrio Centenario); el 18 de noviembre, La casa de "los Borgia" (en calle del Sol s/n, a 200 metros de la ruta provincial 1, villa California, en las cercanías de San José del Rincón) y el 23 de noviembre, otra quinta sobre la ruta 19.