Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 30 de diciembre de 2009

FUE EXCARCELADO EL GENOCIDA CARLOS SFULCINI (A) “CARLOS BIANCHI” O “CARLITOS”.


Día de los inocentes.


No lo supimos hasta el 28 de diciembre, tremenda ironía a las cuales nos quieren acostumbrar desde el poder. De menor impacto general que aquel deleznable indulto de también un 28 de diciembre, pero muy en consonancia con ciertos anuncios  para “las fiestas”. Después de todo, la Ley de Punto Final que paralizó los juicios contra los verdugos del pueblo como antesala del Punto Final, que pretendía aniquilarlos directamente para siempre, fue promulgada por Alfonsín un 24 de diciembre de 1986, como regalo de Nochebuena y Navidad. En definitiva, el pueblo siempre está expuesto a que un funcionario notable le sacuda con el peor de los golpes a sus expectativas con una reedición de “la casa está orden...” y un “felices fiestas”.
Lo cierto es que pese a la participación en el expediente en que se investiga la desaparición del compañero Tito Messiez, nada se nos había notificado de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que la semana pasada, y siguiendo con su tradición de obrar como “Área Judicial del Cuerpo II de Ejército” dejó en libertad a uno de sus secuestradores y asesino, Carlos Sfulcini, tal como lo hiciera con muchos represores imputados acá o en Santa Fe en  las causas actualmente en desarrollo. Por citar un ejemplo muy difundido en los últimos días, mencionamos el del concejal electo de San Lorenzo, Pedro Pili Rodríguez, al cual el Cuerpo le rechazó su ingreso.

Si la decisión de la Cámara es repudiable, no menos lo es la conducta del titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, el que nada informó a la querella, entendiendo sin duda que la siguiente disposición legal está de adorno, no lo obliga a respetarla o que solamente debe ser aplicada si las víctimas se enteran de lo que pasa por otros medios propios Así se debe  superar de alguna providencial manera el secreto cómplice de los Tribunales y reclamar que se  informe sobre lo que,  de todas maneras,  ya se supo. Como tantas veces lo hemos denunciado, el siguiente texto del Código de Procedimientos  no parece importarle demasiado al juez:

Art. 80. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:
…...
b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado;

Pero lo cierto es que la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los DDHH durante el Terrorismo de Estado, se enteró de la libertad de Sfulcini porque la querella la anotició, y recién 6 horas después pudo comprobar por boca del secretario del Juzgado que efectivamente, mientras ellos permanecían rigurosamente ajenos a todo, el criminal exhibía su libertad en su domicilio de España 344.
Esta cohabitación de la “imparcialidad” de los jueces con la “asistencia a la víctima” está dando sistemáticamente estos frutos de oscuros resultados que permanecen celosamente custodiados en los secretos  ambientes de los Tribunales hasta que esas víctimas logran develar de alguna manera la realidad que se oculta para beneficio de los genocidas, que entre tanto se pasean entre la gente honesta de nuestro pueblo, obligada a convivir con la inmundicia de sus existencias.
En días de festejos por la primera condena a unos pocos imputados por “lesa humanidad”, después de más de 30 años de impunidad para los asesinos del pueblo, por unos pocos delitos y si se quiere menores comparados con los homicidios que cometieron en una enorme asociación ilícita como es el denominado “plan sistemático de exterminio”, se producen cotidianamente aberrantes decisiones y se deslizan sin mayor estrépito conductas desdeñosas del Poder Judicial, como que los juicios federales se suspenden por vacaciones, agregando más tiempo sin condena al que ya dispusieron durante todo ese larguísimo período en que reptaron distintos funcionarios de “la Justicia”. O como los permisos para que los milicos asesinos pasen las fiestas con sus familias, tal el caso de Guerrieri, premiado por el TOF 1 de Rosario.
De hecho que la UADH no imitará esa conducta de reptiles. Una cosa son ellos, y otra el accionar comprometido con la verdadera Justicia que sólo el pueblo sabe exprimir hasta de las piedras, cueste lo que cueste.
Informados de lo que estaba sucediendo -y por la buena voluntad de compañeros cuya humilde colaboración adquiere dimensiones  extraordinarias en ciertos momentos- montamos guardia para reiniciar la insustituible labor de marcar a los represores donde fuera y bajo las condiciones que sea que se encuentren. Acá ponemos a disposición de todo el pueblo la cara siniestra de Sfulcini, uno de los sujetos más beneficiados por el “Área Judicial del Cuerpo II de Ejército”.
Por todo esto seguiremos con nuestra lucha en la calle por CASTIGO A LOS ASESINOS DEL PUEBLO y en particular, para que éste esté donde corresponde, es decir, entre rejas.
VER VIDEO GENOCIDA EN SU CASA 
http://uadh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=5

martes, 22 de diciembre de 2009

El ex juez Brusa condenado a 21 años



Por Juan Carlos Tizziani

Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el mismo cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo, lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). "No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos", dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Koffman se ilusionó con el futuro: "La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella".
Cientos de santafesinos se congregaron ayer en el microcentro frente a la Casa de Justicia para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces, Andrea Creus y Carlos Renna.
El debate comenzó el 1º de setiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron 25 años en llevar a juicio a Brusa desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. "Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe", dijo la vicegobernador Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y el secretario de Justicia, Roberto Vicente. Y en la calle, entre el público, se sumó la ministra de Cultura, "Chiqui" González.
El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después, comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 15 de febrero de 2010, a las 12.
"Estamos satisfechos con la condena", dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. "El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos preveer más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo", agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.
Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Koffman tenía los ojos iluminados. "La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras. La justicia todavía existe en este país, es cuestión de luchar por ella", se ilusionó Koffman.
Tessio también ponderó el veredicto. "Las penas son condignas y ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en la ciudad de Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espúreos. Entonces, tener esas personas condenadas con todo su grupo de tareas es una cosa muy importante", dijo.
El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado por una de las víctimas en el juicio como colaborador de los grupos de tareas. "Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio", dijo uno de los querellantes, José Schullman. "Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro", precisó Schullman.
El veredicto que se escuchó en la calle fue como un duelo para comenzar a cerrar las heridas del genocidio. Una mezcla de angustia y alivio.
* Patricia Isasa (querellante): "Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura, los tratos inhumanos y crueles en cualquier lugar y por cualquier motivo. Estamos absolutamente conformes con las condenas que me parecen ejemplificadoras. Me parece bueno para la sociedad santafesina, para que comience a preguntarse: ¿qué nos ha pasado que esta gente como Víctor Brusa o Mario Facino, sentenciada por crímenes de lesa humanidad ha ocupado altísimos cargos públicos?".
* Jorge Pedraza (querellante): "Parecía imposible. Es una condena al posibilismo. Decían que no se podía y al final se pudo. Había muchos que decían: '¿Cómo vamos a llegar a eso? En Santa Fe es imposible lograr una condena de este tipo'. Bueno, al final se pudo".
* Daniel García (querellante): Salió de la audiencia con los ojos enrojecidos. "¿Saben dónde van mis pensamientos?", preguntó. "A los compañeros que no están: a Cacho, a Enrique, a Lucía, que fueron compañeros nuestros que ya no están. Esos son los verdaderos dueños de todo esto porque eran los mejores. Hoy, nuestro pensamiento está con ellos".
* Roberto Cepeda (testigo): "Me siento en paz. Este es el triunfo de la lucha, de la solidaridad y del amor".
* Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos): "Siento una felicidad inmensa que me emociona y me conmueve. Agradezco a estos jueces por haber sido tan probos y honestos para condenar nada menos que a un ex juez federal. La pelea ha sido muy grande".

domingo, 20 de diciembre de 2009

Rosario: 22/12 : la sentencia contra los genocidas


El fin de la impunidad

Los abogados defensores de los seis acusados arguyeron que los delitos prescribieron. Pero el fiscal Martín Suárez Faisal les contestó: "Se trata de hacer justicia".

por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Llega el día del veredicto. El Tribunal Oral de Santa Fe anunciará mañana, a las 18, su sentencia en el juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco policías acusados por secuestros y torturas: Héctor "Pollo" Colombini, Eduardo Ramos, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevi y Mario Facino. La fiscalía y la querella pidieron penas que oscilan entre 25 y 20 años de cárcel efectiva, mientras que la defensa solicitó la absolución de los imputados. Un debate en el que el abogado Gastón Caglia, defensor de Colombini, levantó sospechas contra los jueces por si llegaban a "trocar una sentencia por cargos públicos" y la defensora oficial Judith Didier se despachó con otro argumento sorprendente: "El tiempo sin juzgar hizo que se borren los efectos del delito, que se diluya la necesidad de aplicar la pena". El fiscal Martín Suárez Faisal retrucó a los dos. "El tiempo de la impunidad no diluyó los efectos del delitos, al contrario las heridas quedaron abiertas. Entonces, no se tratar de trocar una sentencia por cargos, se trata hacer justicia", afirmó.
El debate cerró con los alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes. El defensor oficial Fabio Procajlo, que defiende a Brusa y a la ex carcelera Aebi insistió con la prescripción de la causa. Su colega Didier adhirió al planteo de Procajlo, pero intentó reforzarlo con un argumento sorprendente: "El tiempo sin juzgar hizo que se borren los efectos del delito, que se diluya la necesidad de aplicar la pena", afirmó Didier.
El fiscal Suárez Faisal no la dejó pasar. "De ninguna manera pasó (lo que sostuvo Didier), por el contrario, el tiempo de impunidad hizo que los efectos de todos estos delitos que hoy se juzgan persistieran, que las heridas quedaran abiertas".
"En consecuencia, la necesidad juzgamiento y sanción no solamente no está diluida, como afirma la defensora, sino que hoy, está más vigente que nunca", agregó Suárez Faisal. Y le apuntó a Caglia. "No se trata, como dijo desafortunadamente algún defensor de trocar una sentencia por cargos públicos o de buscar la tranquilidad económica. Se trata de la gran oportunidad que hoy tienen los señores magistrados, el honor y la responsabilidad de efectuar, como representantes del Poder Judicial de la Nación, una decidida contribución a la vigencia de los derechos humanos y a la democracia argentina, que es lo que en definitiva, en este juicio, todos vinimos a pedir de ese Tribunal", afirmó el fiscal.
Un rato antes, Suárez Faisal había desestimado otro planteo del defensor de Brusa que sostuvo que los apremios ilegales no eran delitos de lesa humanidad. Precisamente, Brusa está acusado por ochos casos de apremios ilegales.
"El defensor Procajlo dijo que los apremios ilegales no son delitos de lesa humanidad porque no están incluidos en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Esta afirmación de ninguna manera se puede compartir, justamente porque el inciso k de dicho artículo, que leyó el mismo defensor, luego de tipificar una serie de conductas específicas, establece que se entenderán también de lesa humanidad 'los actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las víctimas' y eso es justamente lo que ha pasado en este caso respecto de la conductas atribuidas a Brusa", dijo el fiscal.
Y en ese sentido, recordó "lo expuesto ya en 1996 por el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el fallo 'Erdemovic', cuando dijo que los dlitos de lesa humanidad eran los 'actos de violencia que dañan a los seres humanos golpeando lo más esencial para ellos; su vida, libertad, bienestar físicos, salud o su dignidad'. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo", sostuvo Suárez Faisal.
Ya en su alegato, el fiscal había rebatido la teoría de los perejiles que planteó la defensa de Brusa, a quien definió como "el perfecto colaborador" del aparato represivo. Según el fiscal, Brusa llegó a dónde llegó, por un motivo: la "criminal convicción" de que la lucha contra insurgente "debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún en el ámbito de la justicia". "Esa comunión ideológica con su jefe: el ex juez federal Fernando Mántaras, un nazi declarado, lo transformó en el perfecto colaborador, tanto del juez como de las Fuerzas Armadas y de seguridad con sede en la zona", dijo Suárez Faisal. Y citó un informe de la Side que elaboró el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe incorporado como prueba en el juicio, que dice: "Brusa ha colaborado estrechamente con la fuerza en la LCS (lucha contra la subversión). Es amigo y colaborador del Ejército Argentino".

jueves, 17 de diciembre de 2009

Cómo apelar a todas las excusas


Por Juan Carlos Tizziani



El defensor oficial Fabio Procajlo y su segundo Fernando Sánchez pidieron ayer la absolución de sus dos defendidos: el ex juez Víctor Brusa y la ex carcelera María Eva Aebi, por el principio de la duda. Fueron cuatro horas de argumentos para desarrollar la teoría de los perejiles. "Brusa y Aebi no formaron parte del plan sistemático de exterminio" ni "eran conscientes de la represión ilegal", dijo Procajlo. A su criterio, ninguno de los dos sabía lo que hacían. "Brusa era un empleado judicial y Aebi una policía con dos años de antigüedad, ambos eran muy jóvenes", abundó el defensor.
La defensa completó los alegatos en la penúltima semana del juicio a Brusa y los cinco policías. Primero, les tocó Procajlo y Sánchez, quien planteó una nulidad que puso en guardia a la querella: una supuesta violación al principio de congruencia entre el procesamiento de Aebi y el auto de elevación a juicio por las denuncias de Vilma Pompeya Gómez, que si prospera podría aliviar a la ex carcelera de uno de los cargos que pesan sobre ella.
Después, siguieron las defensoras oficiales Adriana Gastaldi y Judith Didier que patrocinan al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y al ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos.
La audiencia continuará hoy, a las 13, para que la querella pueda responder la nulidad que planteó la defensa y luego podrían seguir las réplicas y contrarréplicas de las partes. La última palabra la tendrán los imputados. Facino ya anunció que quiere aprovechar ese momento para dirigirse al Tribunal y habrá que ver qué hacen los demás. Los únicos que hablaron hasta ahora fueron Ramos y el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, Juan Calixto Perizzotti. Brusa persistió en su silencio. Por lo tanto, si el lunes hablan los imputados, el martes podría conocerse la sentencia.
Procajlo apeló a todas las excusas para demostrar que defendía perejiles. "Brusa y Aebi estaban afuera del plan sistemático de represión ilegal. Y si hubieran formado parte de ese plan, es obvio que hoy estarían imputados en la megacausa que se tramita en instrucción, donde sí se están investigando homicidios y desapariciones. Pero no forman parte ni van a formar parte", exageró. Una chicana. El defensor pasó por alto que Brusa y Aebi están procesados por "asociación ilícita" en la causa que instruye el conjuez Ricardo Lazzarini y formaba parte de la que hoy está en juicio, mientras que Brusa ya fue imputado en otra megacausa en trámite en el Juzgado Federal Nº 2.


El defensor de Brusa atacó una de las pruebas que más comprometen a su defendido: un informe de la Side, producido por el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que lo define: "Ha colaborado estrechamente con la fuerza en la LCS (lucha contra la subversión). Es amigo y colaborador del Ejército Argentino".
"El informe de la Side carece en forma absoluta de valor probatorio. Sólo está firmado en la primera hoja, en la carátula, pero en el texto concreto no está firmado. Creo que se debería haber citado a esta persona (que lo firmó), si es que vive, para que declare", dijo Procajlo. Otra chicana. El documento está firmado por el ex director de Informaciones de la provincia y ex delegado de la Side en Santa Fe, teniente coronel Rondello Barbaresi, que falleció hace cinco años: el 20 de febrero de 2004.
"Por otra parte, si el informe se considera válido, vamos a ver en qué época del proceso se hizo", dijo Procajlo. Y agregó: "Brusa fue propuesto como juez (federal de Santa Fe, apoyado por el Destacamento de Inteligencia Militar 122, en agosto de 1981) y el ministro de Justicia del proceso (Alberto Rodríguez Varela) no aceptó su designación. O sea que tan amigo no era. Bueno, al final, lo terminaron nombrando en la democracia", expresó con cierto toque irónico.
"Y también dice que Brusa colaboró en la lucha contra la subversión. Bueno, se puede interpretar que colaboró en la lucha legal (sic). Uno de los querellantes dijo que había una represión legal y otra ilegal. Puede ser que haya participado de la represión legal".


El informe de la Side ya había sido citado por el fiscal Martín Suárez Faisal para alegar "los motivos que lo llevaron (a Brusa) a delinquir". Según el fiscal, Brusa "tenía la criminal convicción que la lucha contra la subversión debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún en el ámbito de la justicia". Esa "comunión ideológica" con el ex juez federal Fernando Mántaras lo "transformó en el perfecto colaborador, tanto del juez como de las Fuerzas Armadas y de seguridad".
Procajlo rebatió al fiscal. Insistió que el documento de la Side es "inadmisible porque sólo tiene la firma (del teniente coronel Barbaresi) en la carátula. "Además, ¿qué fecha tiene ese informe? Ese informe está fechado (el 13 de agosto de 1981), cuatro años más tarde de los hechos" por los que se juzga a Brusa en el juicio. "¿Y qué acredita? En el peor de los casos, que tenía una buena relación con el Ejército cuatro años después. ¿Por qué vamos a pretender que cuatro años antes era igual?", se preguntó el defensor.

jueves, 10 de diciembre de 2009

A Pili Rodriguez no lo dejaron asumir en el Concejo de San Lorenzo

En una tensa sesión al concejal electo le negaron su diploma. (Foto: J. Granata)

El Concejo Municipal de San Lorenzo esta mañana le negó el diploma de concejal a Pedro Pili Rodríguez, por su pasado como ex funcionario de la dictadura y estar procesado por delitos de lesa humanidad.

Luego de una durísima discusión, seis de los ocho concejales le negaron la asunción a Rodríguez, mientras que uno de los ediles optó por la abstención. La punta de lanza de la impugnación estuvo en manos de la concejala del SI Marcela Lozano, pero la medida también contó con el apoyo del radicalismo y el Frente para la Victoria.

La agrupación Hijos emitió un comunicado "felicitando al pueblo sanlorencino y a sus representantes por haber estado a la altura del proceso de profundización de la democracia y lucha contra la impunidad iniciado desde hace más de treinta años por nuestras Madres Plaza de Mayo".

Fuente : La Capital

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Video donde un represor relata asesinatos




VIDEO SOBRE LA CALAMITA, QUINTA DE FUNES, ESCUELA MAGNASCO Y LA INTERMEDIA

El "Tucu" en el circuito del terror

El Tribunal Oral Federal número 2 proyectó ayer el video con el circuito de la represión donde Costanzo aparece relatando cómo fueron asesinados 14 militantes que estuvieron alojados en uno de los centro clandestino de detención.

Por Sonia Tessa

"¿Se acuerda de esta habitación?", le preguntó el juez Jorge Venegas Echagüe a Eduardo Costanzo, en La Intermedia. "Cómo no me voy a acordar, si acá fue la comida", respondió el imputado en la causa Guerrieri, antes de relatar con lujo de detalles cómo fueron asesinados 14 militantes que estuvieron alojados en ese centro clandestino de detención, propiedad de la familia Amelong. "Trajeron un whisky que estaba fullero, y la única que tomó fue María", recordó nuevamente. María se descompuso, y la llevaron a una habitación, donde la asesinaron. Fue la primera que murió esa noche. Costanzo señaló cómo estaban sentados "los montoneros" y los integrantes del que llamó "Grupo de Operaciones Especiales" en la mesa, y también indicó cómo se había ubicado. Contó que les ordenaron que dejaran el auto a un kilómetro del centro clandestino de detención, y le pidieron a Jorge "Barba" Cabrera que llevara una torta. El relato de Costanzo, el mismo de su indagatoria, pero esta vez in situ, continuó con la aparición de Oscar Pascual Guerrieri, vestido de verde y con un FAL en la espalda, quien les dijo a los prisioneros que estaba por llegar el Comandante Jáuregui, que no le hablaran de Perón porque lo había tenido preso. A partir de entonces, según el relato de Costanzo, empezaron a llamar uno por uno a los cautivos a otra habitación, y los asesinaron de dos balazos en el corazón. Apilaron los cuerpos desnudos en una galería, que Costanzo también señaló, los envolvieron con mantas y los llevaron en un camión Mercedes Benz 608 hacia el aeropuerto. El video del reconocimiento judicial de cuatro centros clandestinos de detención en el marco del juicio oral y público contra cinco represores pudo verse ayer, en la última jornada de audiencias.

Fue en la habitación donde se realizó la última cena donde Costanzo expresó su "indignación" por la muerte de los 14 militantes. "Yo no era partícipe de matarlos, si habían vivido un año con nosotros. Han colaborado con el Ejército, les han pagado mal. Esa fue la locura de Guerrieri, Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong", dijo el imputado. En la jornada de reconocimiento, Costanzo recorrió la Calamita, el primer centro clandestino de detención donde estuvieron las personas cuya desaparición se investiga. En el lugar de cautiverio de Granadero Baigorria, Costanzo dio detalles sobre la ubicación de los detenidos y señaló el lugar llamado "sala de situación", donde Fariña escribía las indicaciones en un pizarrón. En la Quinta de Funes, el imputado aseguró haber atendido el llamado telefónico del diario mexicano Unomásuno tras la fracasada Operación México.

El circuito represivo que recorrió Costanzo incluyó la Escuela Magnasco, donde los cautivos fueron llevados tras la frustrada operación de inteligencia. Allí pasaron buena parte del verano, en una habitación que el imputado señaló, así como la entrada por la que llegaron, en varios autos y un camión, en enero de 1978. En La Intermedia fue donde más se detuvo Costanzo, ya que fue el lugar donde asesinaron a Eduardo Toniolli, Fernando Dusex, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Jorge Novillo, Stella Hillbrand de Del Rosso, Miguel Angel Tossetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Liliana Nahs de Bruzzone, Teresa Soria de Sklate y Marta María Forestello.

Según relató Costanzo, esa misma noche, llegó en un auto el cadáver de Raquel Negro, que había sido llevada al Hospital Militar de Paraná para dar a a luz a mellizos. "La trajeron en el baúl de un auto, tenía las manos y los pies atados con alambre, y una bolsa en la cabeza", relató con crudeza el represor que rompió el pacto de silencio. Según dijo, todos los cuerpos fueron arrojados desde un avión.

El video que transmitió ayer el Tribunal incluyó además el reconocimiento judicial de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, con tres de los sobrevivientes: Olga Moyano, Juan Rivero y Ramón Verón. Moyano fue exhaustiva en sus descripciones, y las remitió permanentemente a su testimonio judicial. Llevaba una remera con los nombres de los tres compañeros desaparecidos de ese centro clandestino de detención: Hilda Cardozo, Ariel Morandi y Susana Miranda. Cardozo era la compañera de Verón que, al reconocer el lugar donde estuvieron secuestrados, revivió uno de los momentos más duros de su cautiverio. "Esto era una gran habitación. Acá me hicieron despedir a mí de Hilda, que yo conté que nos abrazamos y se burlaban de nosotros. Fue en el centro de este salón. Yo todavía lo siento que es este piso", dijo Verón. Las argollas de la vieja caballeriza donde colgaban a los prisioneros cuando llegaban altos jefes militares no están más, pero los tres sobrevivientes pudieron señalar con certeza adónde habían estado.

martes, 8 de diciembre de 2009

Escrache a un represor imputado devenido en concejal


Para que no asuma un represor

Un amplio abanico de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y estudiantiles de Rosario y de San Lorenzo convocaron ayer al Encuentro por la memoria, la verdad y la justicia, que se realizó en el parador turístico frente al Campo de la Gloria y que contó con espectáculos artísticos, entre ellos el recital de Raly Barrionuevo como cierre. El objetivo era exigir que el concejal electo Pedro "Pili" Rodríguez no ocupe su banca por estar procesado en causas de lesa humanidad, cuando este fuera director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo.

A su vez, la agrupación Hijos Rosario ya ha lanzado un escrache a Rodríguez en caso que asuma. "El Concejo sanlorencino no puede ungir como hombre de la democracia a un funcionario de la dictadura, que se dedicó a entregar a trabajadores de San Lorenzo, donde hay gran cantidad de obreros desaparecidos" expresó ayer Juane Basso ante la consulta de Rosario/12.

Cabe recordar que Rodríguez se presentó por una lista vecinalista en las últimas elecciones legislativas y cosechó unos cinco mil votos, suficientes para ocupar una banca de concejal.

" Rodríguez está procesado como partícipe necesario por delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, y actualmente se encuentra libre bajo fianza".

Entre otros los diputados provinciales Antonio Riestra, Gerardo Rico y Alicia Gutiérrez se sumaron al pedido al Concejo local para que con sus facultades rechace el diploma Rodríguez por "falta de idoneidad moral" para ocupar un cargo electivo.

Basso explicó que "algunos pocos han hecho alusión a que no se puede ir contra el voto popular, pero hay que dejar en claro que acá se objeta a una persona y no al partido y su programa, que tendrán la misma representación en el Concejo a través del suplente de Rodríguez". Y recordó que "cuando escrachamos a Patti en 1999 en Escobar, donde era intendente, todos nos decían que era una locura. Cuando lanzamos la campaña para que no asuma en Diputados dijeron lo mismo. Pero después de tantos años de lucha y a pesar de la impunidad que lo amparó por más de treinta años, hoy Patti está preso" recordó Basso.

Además el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo llegar su adhesión al pedido, con argumentos leídos en el acto junto a la carta de la vicegobernadora Griselda Tessio, apoyando el pedido de las organizaciones convocantes al acto, entre ellas La Ventolera, Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, entre otros.