Las cartas escritas a los padres

EL TESTIMONIO DE UN PERIODISTA DE ROSARIO/12 EN EL JUICIO A REPRESORES

Tizziani se refirió a las cartas que les cedieron los padres de los militantes Bruzzone y Laluf, que hoy continúan desaparecidos. El otro testimonio fue de Adriana Quaranta, quien fue secuestrada el 4 de julio de 1977 en un departamento céntrico.

Por Sonia Tessa

Juan Carlos Tizziani fue el primer testigo que declaró ayer en el juicio contra Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. El periodista de Rosario/12 se refirió a las entrevistas que mantuvo con los padres de Carmen Nahs Bruzzone y Carlos Laluf. El objetivo periodístico de Tizziani era averiguar sobre cartas recibidas después del secuestro de los militantes que hoy continúan desaparecidos. El padre de Laluf -ya fallecido- le dio copias de 13 cartas recibidas desde septiembre de 1977 hasta marzo de 1978, que el Tribunal aceptó recibirlas como documentos en el juicio. El segundo testimonio de la mañana fue el de Adriana Quaranta, quien fue secuestrada el 4 de julio de 1977 en el departamento de pasillo en el que vivía Graciela Zitta, en Tucumán entre Sarmiento y San Martín.

El testimonio de Tizziani se completó con la reproducción de un reportaje que le hizo a Carlos Laluf padre. El entrevistado se refiere en varias oportunidades a la entrega de su nieto, que se efectuó el 4 de septiembre de 1977. Ese día, Laluf había ido a la cancha de Colón a ver un partido, y su esposa recibe una llamada telefónica alertando sobre la presencia de dos niños pequeños en la plaza de las Banderas, en el barrio Candiotti de Santa Fe. La mujer decide tomar un taxi e ir a buscarlo, y allí encuentra a un niño y una niña, cada uno con una carta, así como otras dos cartas con otros destinatarios.

Laluf llevó a su nieto a la casa de los consuegros, porque el matrimonio de Carlos Laluf (hijo) y su compañera Marta Benassi decían expresamente en la carta que el niño quedara al cuidado de Carlos, hermano de Benassi. A la niña, María de los Angeles Lozano, Laluf la llevó a la dirección que figuraba en el sobre, a la casa de la familia de la pareja de María de los Angeles Castillo, madre de la nena. Laluf también repartió otras misivas que, según rastreó Tizziani en el informe de la Conadep, pudieron estar dirigidas a la familia de Graciela Capocetti y del matrimonio Carlos Bozzo y María Isabel Salinas, también secuestrados.

Sobre la correspondencia, Tizziani se refirió a la "honestidad del señor Laluf", ya que tres de esas cartas estaban fechadas en Asunción del Paraguay, San Pablo y Río de Janeiro. Luego, en coincidencia con la fecha de la Operación México, Laluf padre no sólo recibió una carta -que no estaba fechada en el país azteca- sino también una comunicación telefónica. Los cautivos también les indicaron un correo intermedio donde podían recibir correspondencia. "El señor Laluf se murió esperando que le dieran el cuerpo de su hijo", indicó Tizziani.
Después del documentado testimonio del periodista de Rosario/12, dio su testimonio Adriana Quaranta, que fue secuestrada en la casa de Graciela Zitta. Según relató, ella se recibió de abogada en 1975, y en el momento del golpe militar se desempeñaba en la fiscalía número 2 de los Tribunales Federales. En abril de 1977, el presidente de la Cámara de Apelaciones, Celestino Araya, le pidió que renunciara a su trabajo, pero ella se negó. La mujer alegó que si había cometido alguna irregularidad le hicieran un sumario, y si no, no había razón para perder su empleo. La respuesta del funcionario judicial fue intimidante. Le dijo que "no podía responder por su vida". Quaranta indicó que había pertenecido a la Juventud Universitaria Peronista cuando era estudiante de abogacía. En la fiscalía trabajaba junto a Rafael Bielsa.

El 4 de julio de 1977 concurrió a un negocio ubicado en Laprida y el bajo, donde un compañero del Poder Judicial, de apellido Ramasco Padilla, le manifestó su preocupación porque Bielsa estaba desaparecido desde hacía una semana. Desde allí, Quaranta se dirigió a la casa de su amiga, que vivía en un departamento de pasillo. Cuando está entrando, ve salir un hombre del domicilio, y empieza a correr asustada hacia la calle. Sin embargo, el hombre la alcanza, la alza y le dice que no se mueva. Es subida al mismo auto que Zitta, y desde allí son trasladadas al lugar donde las retienen. La testigo recordó que la interrogó una sola persona, pero había varios hombres en la habitación, y que no fue sometida a maltratos. Primero estuvo en un lugar que le pareció ser un espacio abierto, porque entraban y salían personas. Allí fue esposada a un barral de metal. En ese sitio escuchó cantar a Bielsa y también oyó las quejas de la madre de Graciela Zitta, que cuando iba al baño lamentaba en voz alta estar sometida a esa situación, a su edad.

Luego, a Quaranta la llevaron a un lugar que recuerda como un altillo, al que se iba por una escalera empinada. Allí estuvo hasta el jueves 7 de julio, cuando fue liberada. Cuando la querellante Ana María Figueroa le preguntó si sabía cuál había sido el centro clandestino, Quaranta indicó que en 2006 participó de un reconocimiento en Granadero Baigorria, en La Calamita, y que tuvo la sensación de que "podía ser", por la escalera empinada y los artefactos del baño.

Prohibido portar fotos de desaparecidos

El Tribunal Federal de Rosario hizo desalojar ayer la sala cuando integrantes del público comenzaron a levantar las fotos de desaparecidos. Por otro lado, el periodista Carlos Del Frade fue sometido a un careo con el represor Amelong.

Por Sonia Tessa

La audiencia había empezado, y el periodista Carlos del Frade comenzaba con la tercera parte de su testimonio. Cuando le estaban leyendo -a pedido de la defensa-- la lista de las personas cuya desaparición forzada es objeto del primer juicio oral y público por el terrorismo de Estado en Rosario, algunos integrantes del público comenzaron a levantar las fotos de los compañeros, en silencio. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, pidió orden en la sala y, como las fotos continuaban en alto, ordenó que la Gendarmería desalojara la sala. "Seguimos unos minutos con las pancartas levantadas, y luego nos fuimos por nuestra propia voluntad. Pero yo me pregunto, ¿nos hubieran sacado por la fuerza, con todo lo que hemos vivido durante estos años?", decía ayer Ana Moro, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, en la vereda de Oroño al 900. En el primer piso de ese edificio se juzga a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por crímenes de lesa humanidad. Cuando se retomó la audiencia, la fiscal Mabel Colalongo y las querellas pidieron que se permita la exhibición de las fotos de los desaparecidos, como ocurrió en todos los Tribunales del país. El Tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio para debatirlo, y rechazó el pedido fundado en el artículo 369 del Código Procesal Penal. Además, impidió la entrada a la sala de audiencias a Héctor Medina, que llevaba una remera con la foto de su hermano Oscar; así como a Diego Kofman y Marina Magnani, de Hijos, a quienes identificaron portando fotos.

"No sólo en la causa Brusa de Santa Fe, sino también en La Plata y todos los Tribunales del país se permite la exhibición de fotos de desaparecidos", indicó Colalongo en las escalinatas del Tribunal. Luego, al conocer la decisión del Tribunal, hizo reserva de recurrir a Casación, al igual que las querellas. Incluso, evaluaba llegar a la Corte Suprema de Justicia. La querellante Gabriela Durruty manifestó que no era evidente la violación del artículo.

"Estoy indignada. Esto es un manoseo constante. No puede ser que nos traten a nosotros como si fuéramos los asesinos", indicó Norma Vermeulen, Madre de la Plaza 25 de Mayo, decepcionada por la decisión del Tribunal. "No hicimos absolutamente nada, no hubo actitud intimidatorio. En Santa Fe y en todos los juicios del país se permitió la exhibición de las fotos de los compañeros desaparecidos", indicó Silvia White.

Para Sabrina Gullino, la nieta recuperada número 96, que integra el espacio Juicio y Castigo, es indignante. "Las víctimas no están, y ni siquiera les permiten estar con sus fotos. Es injusto", dijo la joven. "Lo más indignante es que el primer día a Amelong lo dejaron entrar con la vincha que decía 'legalidad'. En otros lugares se les permite estar con las fotos de los desaparecidos, que es lo único que nos queda de ellos", planteó Sabrina, hija de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, secuestrados en la Quinta de Funes. Por su parte, Gustavo de Vicenzo, del mismo espacio, indicó: "Ni siquiera fueron los abogados defensores los que plantearon que bajemos las fotos, fueron los mismos jueces".

Más allá de los reclamos de los militantes que se encontraban afuera del Tribunal, la audiencia continúo cerca del mediodía, y mantuvo la prohibición de exhibir las fotos. Finalmente, Del Frade pudo terminar su declaración, aunque con constantes pedidos de los abogados defensores -en especial de Mariana Grasso, representante de Guerrieri para que no se refiera a personas que no están en la causa actual, ni siquiera como información contextual.

A partir de los dichos del periodista, la fiscal pidió que se agregue el informe de Alfredo Sotera, de la causa Feced, al expediente, lo que generó una nueva protesta de Grasso. Sin embargo, el Tribunal decidió incorporar esa documental a la causa actual. Se trata de un documento elaborado por un agente de inteligencia, en el que se consignaban los militantes caídos. El contenido de ese informe fue revelado por Rosario/ 12, el 24 de marzo de 1996.

Cuando Del Frade terminó de brindar su testimonio, el defensor de Amelong, Héctor Galarza Azzoni, pidió la declaración de la indagatoria de su defendido. El acusado de crímenes se lesa humanidad se sentó frente al Tribunal y negó el relato del periodista sobre la entrevista que mantuvieron, al tiempo que pidió ser sometido a un careo. El Tribunal decidió favorablemente este pedido. El periodista se sentó frente al acusado para establecer las circunstancias de aquella entrevista. Amelong había dicho que concurrió a la cita porque el periodista le ofreció datos sobre la muerte de su padre, lo que fue desmentido por el testigo, obligado a decir la verdad por su promesa ante el Tribunal. Los dos coincidieron en la descripción del lugar donde se realizó la cita, pero Amelong negó terminantemente haberle dicho que tenía cosas para decir sobre los 70. Del Frade, por su parte, le sostuvo la mirada en todo momento, y aseguró que se enteró sobre la muerte del padre de Amelong en aquella entrevista. En pocos minutos, el Tribunal dio por terminado el careo.

Los días de cautiverio en "La Calamita"

Por José Maggi

Tres mujeres declararon en la tarde de ayer como víctimas del terrorismo de estado, en el marco de la causa Guerrieri, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Las hermanas Graciela y Susana Zitta, y María Amelia González, compañera del desaparecido Ernesto Traverso, que conmovió con una frase a la sala de audiencias. "Nos llevaron del departamento de bulevar Oroño 1567, unos 15 hombres con uniforme militar. En la habitación de arriba estaban nuestros hijos: un bebé de 10 meses y una nena de dos años y medio, por los que pedíamos desesperados. 'Quédese tranquila señora, vamos a dejar la puerta sin llave para que los chicos no se mueran electrocutados o de hambre, como suele pasar'", le confió uno sus captores.

El matrimonio González-Traverso fue llevado desde el departamento 4 de Oroño 1567 el 26 de febrero de 1977, en el baúl de un auto Renault 12 blanco, sobre el que estuvieron unos 50 minutos antes de llegar a una casa de campo. "Como se me cayó la venda, cuando abrieron para sacarme, me pegaron un puñetazo en el estómago", recuerda. Allí fue alojada en un pieza de "cinco metros por cinco, con techo de zinc, piso de cemento sobre el que había una colchoneta". Esa misma noche escuchó los gritos de la tortura de Ernesto.

Así estuvo 14 días, pero al tercer día de cautiverio llegó quien sería su compañera de encierro: María Luisa Rubinelli. "Como su compañero dijo que estaba embarazada, para que no la torturaran teníamos que seguir con esa historia, así que cuando menstruó, pedí elementos de higiene como si fueran para mí. Pero al final tuvo pérdidas y un médico joven que llamaban Alejandro, la llevó a un altillo y le hizo un raspaje".

En los catorce días de cautiverio, María Amelia aseguró que la interrogaron dos veces, siempre sobre las actividades de su esposo. También apuntó que "el que estaba al mando era Sebastián, y cuando no estaban los oficiales jóvenes cometían fechorías con las mujeres. Ponían música y nos hacían bailar, en un jugo de denigración hacia nosotras", recordó. Finalmente la liberaron pero cuando preguntó por su esposo le contestaron: "El se queda con nosotros un día, un mes o un año".

Cuando salió se enteró que la noche de su secuestro, su hija de dos años había salido hasta la puerta de calle, donde la encontró una vecina, que se hizo cargo. Luego llamó a la familia Gonzalez a Corrientes, quienes vinieron de inmediato.

Entre sus captores, González pudo señalar a "Mario, quien tenía tonada chaqueña o formoseña, y a dos hermanos, uno de los cuales era muy violento". También indicó que la cocinera del lugar era María, una identificación más que extendida para quienes estuvieron en La Calamita. Entre los horrores recuerda, que "varias veces se cortó la energía eléctrica por el alto consumo de la picana, por lo cual el grupo de tareas ponía en funcionamiento sus vehículos para generar energía y así seguir con las torturas".

Más temprano las hermanas Zitta recordaron su secuestro junto a su madre, tras lo cual fueron mantenidas en cautiverio en La Calamita. Susana y a madre, estuvieron un par de días pero Graciela estuvo más de una semana.

Pero un dato ineludible de la jornada fue la petición de la defensora oficial de Oscar Pascual Guerrieri, Mariana Grasso, quien pidió incorporar al expediente judicial dos notas periodísticas: una del diario La Capital ilustrada con una foto de Juan Daniel Amelong con su ya repudiada vincha con la leyenda "Legalidad". La otra nota es la del mensuario El Eslabón, que ilustró su última portada con las fotos de los cinco procesados -Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano y Costanzo- con un título contundente: "Hijos de puta". "No estoy de acuerdo en cómo la prensa presenta este juicio", alcanzó a explicar Grasso mientras el tribunal recibía el rechazo de la fiscal Mabel Colalongo quien se opuso a la aceptación de la medida.

Cuatro mujeres

Cuatro mujeres sobrevivientes de la represión ilegal en la ciudad de Santa Fe prestaron declaración ayer en el juicio a Brusa y Cía. Silva Suppo narró su secuestro por una patota del Ejército en marzo de 1977. Tenía 17 años y fue salvajamente torturada en "La Casita". Vilma Cansián dijo ante el Tribunal Oral Federal que fue secuestrada en octubre de 1976 en una esquina de la recoleta santafesina. "Me llevaron a La Casita, me picaneron y me ataron al piso. Ahí fui violada", enfatizó. La tercera testigo, Susana Molina, describió de manera efectiva y escueta el tenebroso camino recorrido entre la comisaría Cuarta y la GIR. Finalmente, por la tarde, declaró María de los Milagros Almirón que, con sólo 14 años, estuvo detenida en la Seccional Primera y en la GIR.

La primera mujer en declarar fue Suppo, que fue violada en la tortura, quedó embarazada y tuvieron que practicarle un aborto "para remendar el error", le dijo burlón Juan Calixto Perizotti, entonces mandamás de la GIR, según da cuenta el portal Notife. Suppo fue trasladada a esa dependencia policial en 1977. "Recuerdo que durante el cautiverio había una chica embarazada de San Cristóbal, que tuvo a su bebé estando detenida", señaló. Allí compartió el horror junto a Cecilia Mazzetti (entonces menor de edad), Patricia Isasa (también menor) y María de los Milagros Almirón, de tan solo 14 años. Precisamente, la mamá de Alimirón, María Rosa Sedrán fue torturada en la seccional Primera de policía de la Unidad Regional Uno. Patricia Isasa la vió en un banco de esa seccional en 1977, en estado agonizante.

Cuando los militares resolvieron trasladar a las "mayores" a la cárcel de Devoto, quedaron solo "las chicas", apenas adolescentes. "Recuerdo haber visto al Capitán Morales imputado en la megacausa por desapariciones y homicidios le decía a Mazzetti que ella 'ocultaba algo'. Morales hostigaba a Mazzetti para saber el paradero de su pareja que era desertor del Ejército y era buscado por militar en una organización política, tiempo después, el conscripto Daniel Suarez fue muerto y hoy se encuentra desaparecido. "El Falcon de los traslados lo manejaba un hombre de apellido Hoffmann", completó esa parte del relato Suppo.

¿Estaba encapuchada en la cuarta? ¿La interrogaron?, se interesó un abogado de la querella.

Sí, en la Cuarta me ponen la capucha y me interrogan, supe después que en esos días, que fueron los primeros tres o cuatro, realizaron un allanamiento en la casa de un familiar en Santo Tomé de apellido Costa. En esa seccional cuyo jefe era Mario Facino recibí la visita del entonces obispo de Rafaela, Jorge Casaretto, a quien le dije que había sido violada y torturada. En la GIR, recuerdo que el jefe era Perizotti y su secretaria era María Eva Aebi.

Cansián relató que fue secuestrada en octubre de 1976 en una esquina de la recoleta santafesina. "Me llevaron a La Casita, me picaneron y me ataron al piso. Ahí fui violada. Luego me trasladaron a la Cuarta, estuve en un calabozo por 20 días. En mayo de 1977 nos llevaron a Paraná y de ahí en un avión a Devoto. Nos decían que nos iban a tirar a la mar", describió.

Cansián dejó en claro a los jueces "que el trato en la GIR era muy malo, ahí conocí a mucha gente de Reconquista, detenida, claro". La familia de la mujer no tuvo novedades de dónde estaba Vilma después del secuestro. "Yo grité fuerte mi nombre cuando me llevan, lo vecinos le informaron a mis padres". En la comisaría Cuarta estuvo en condición de desaparecida y recién "legalizada" en la GIR.

La tercera testigo, refrendó todos los dichos de sus antecesoras. El calvario de la GIR y el verdugueo de los responsables de la represión ilegal volvieron a quedar a flor de piel. Molina describió de manera efectiva y escueta el tenebroso camino recorrido entre la comisaría Cuarta y la GIR, "donde había gente del Ejército, incluso un mayor que nos decía 'esto es una guerra' o 'son las consecuencias de la guerra'". Molina tiene seis familiares desaparecidos y su marido, que también fue detenido y torturado durante la represión ilegal sufrió por mucho tiempo problemas coronarios.

Por la tarde, completó los días de terror en la GIR, Almirón que, con 14 años, estuvo detenida en la Seccional Primera y en la GIR. Su mamá, María Rosa Sedrán y su hermano Luciano fueron vejados también por personal de "la patota" en distintos centros clandestinos de detención. A Luciano lo detuvo Perizotti en 1977 cuando visitaba a su hermana en la Guardia de Infantería.

Los dolores que quedan

Querellantes y testigos en la causa Guerrieri señalaron algunas actitudes del Tribunal, como impedir las fotos de desaparecidos. También apuntan a la falta de lugar.

Por Evelyn Arach

Indignados. Así se sienten los integrantes del espacio Juicio y Castigo debido a lo que consideran "constantes irregularidades" registradas desde que comenzó el juicio por los crímenes de lesa humanidad en la causa Guerrieri que lleva adelante el Tribunal Oral N 1 de la Justicia Federal. La prohibición de ingresar con las fotos de los familiares desaparecidos, o de llevar puesta alguna insignia de las organizaciones de derechos humanos, el reducido espacio, que ya provocó la suspensión de dos audiencias por descompostura de una abogada y otra vez de la jueza Beatriz Baravani así como la eterna espera de hasta diez horas que padecen los testigos por lo cual dos de ellos se fueron sin declarar, son sólo algunas de las quejas que forman parte de un comunicado oficial. También manifiestan que existe una "parcialidad" de los jueces en sus consideraciones. En ese marco, hoy a las 9 de la mañana todas las agrupaciones realizarán una conferencia de prensa en las puertas de los Tribunales Federales de Oroño al 900.

En el espacio consideran que el trato a unos y a otros es diferente. En la primera audiencia, un guardia de Gendarmería le pidió a Carlos Novillo que ingrese sin la foto de su hermano Jorge, desaparecido tras pasar por varios centros clandestino de detención como La Intermedia, la Quinta de Funes y Escuela Magnasco. "Me sentí muy mal, porque esa era la única manera de que él pudiera estar presente en los juicios después de tantos años. Ese mismo día (Juan) Amelong apareció con una vincha que decía legalidad y nadie le dijo nada", contó a Rosario/12.

En la segunda audiencia, un joven pretendió ingresar con una remera que tenía dibujado un pañuelo blanco en alusión a las Madres de Plaza de Mayo y también le exigieron que se la sacara. "Esto no pasa en Santa Fe ni en ningún otro lugar, es una disposición arbitraria del Tribunal", sostuvo Norma Ríos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El reclamo ya fue presentado formalmente hace dos semanas al secretario del Tribunal, Osvaldo Facciano, pero aún no han obtenido respuesta, por lo que tras una reunión decidieron hacer pública la denuncia.
Otro de los inconvenientes es el espacio considerablemente reducido: apenas hay treinta asientos disponibles cuando unas 300 personas ya fueron acreditadas. "Hubo que suspender dos audiencias como consecuencia de que el lugar se vuelve sofocante y hubo dos personas descompuestas. El Gobierno provincial y el Tribunal se tiran la pelota unos a otros, pero necesitamos una solución urgente", afirmó el querellante Alfredo Vivono.
Juicio y Castigo propuso la Sala Lavardén, el Teatro La Comedia y hasta el Centro Cultural Bernardino Rivadavia como opciones para realizar las audiencias. "Desde la municipalidad nos contestaron que no se puede cambiar la agenda cultural, pero me parece que estos juicios son mucho más importantes que cualquier espectáculo", sostuvo Vivono. Además los juicios tienen lugar de lunes a miércoles, cuando las salas no están funcionando.

Por otra parte, el 9 de febrero comienza el juicio por la causa Feced. "Allí hay 400 personas en condiciones de declarar, cuatro veces más que en esta causa y es impensado que pueda llevarse adelante en la sala reducida en la que estamos", sostuvo otra militante, Liliana Gómez. "Actualmente no podemos tomar agua y para ir al baño hay que bajar dos pisos por escalera y caminar una cuadra acompañados de un gendarme", apuntaron.
Las demoras que padecen quienes tienen que testificar también es motivo de angustia. "Carlos Del Frade estuvo diez horas enclaustrado en un cuarto aparte antes de declarar y como él muchos otros. Tal es el caso del periodista Miguel Bonasso que se volvió a Buenos Aires sin declarar a causa de las demoras del Tribunal", denunciaron. Y en el comunicado resaltan "la falta de respeto diaria" de no cumplir la hora de inicio de los juicios obligando a los testigos a una espera innecesaria e incómoda.

En otro de los párrafos afirman: "Denunciamos el maltrato y la falta de respeto demostrada por el tribunal, los abogados defensores y los imputados hacia los familiares testigos y querellantes". Quienes asisten regularmente a las audiencias aseguran que los jueces elogian las preguntas y planteos de los abogados defensores pero a menudo tratan con desdén a los fiscales y querellantes. Por otra parte, aunque se le llamó la atención al represor Walter Pagano por sus gestos y provocaciones, muchos afirman que continuó realizando insinuaciones desafiantes.

La actitud individual de algunos gendarmes también es repudiada por las organizaciones: "Se dio la orden de parar a un gendarme frente a una madre de plaza 25 de mayo porque miraba los apuntes de (Juan) Amelong", dice el documento que se conocerá hoy. Por otra parte otra madre, Elida López, explicó a Rosario/12 que en dos ocasiones un gendarme le pidió que cediera su asiento a los hermanos de Amelong que presenciaban la audiencia y ella se negó. Novillo sostuvo: "Estamos dolidos porque el trato que nos dan a nosotros no es el mismo que tienen los familiares de los represores".

Expediente que va de juez en juez

Son las denuncias que pesan sobre Jorge Diab y Domingo Morales. El primero acusado por otro militar y el segundo por una víctima.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Dos denuncias que pesan sobre el segundo jefe y el número tres del Destacamento de Inteligencia Militar 122 durante la dictadura, tenientes coroneles Jorge Roberto Diab y Domingo Morales, desataron un ping pong entre los jueces del fuero federal. En el juicio oral y público a los represores santafesinos, el ex coordinador del Area 212, Juan Calixto Perizzotti reveló que Diab le entregó a fines de marzo de 1977, en un descampado de Santo Tomé, diez mujeres con capuchas que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención, por orden del entonces jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Mientras que una de las declarantes en las audiencias, Cecilia Mazzetti, identificó a Morales como uno de sus torturadores en la comisaría 4ª, cuando ella tenía 17 años y estaba embarazada, en setiembre de 1976.

A pedido de los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti, el Tribunal Oral remitió a primera instancia las copias -en video y audio de la indagatoria de Perizzotti y del testimonio de Mazzetti para que se instruya la causa. La fiscal Cintia Gómez hizo el requerimiento de instrucción ante el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, pero el magistrado consideró que le correspondía intervenir a su colega Nº 2, Francisco Miño, que estaba en turno. Rodríguez cree que todas las denuncias que se planteen en el juicio al ex juez Víctor Brusa y a los otros cinco policías que comparten el banquillo deberían ser investigadas por otro juez porque él ya fue apartado por la Cámara Federal de Rosario y por lo tanto debería quedar al margen de estas causas y evitar planteos de la defensa.

El doctor Miño recibió entonces el expediente, pero se lo devolvió a la fiscal Gómez para que precise si las denuncias contra Diab y Morales se instruyen por separado, se agregan a otra investigación en curso o las tramita el juez federal Nº 4 de Rosario, Carlos Vera Barros, quien subroga a Miño en una causa en la que éste ya se apartó por lazos familiares con una de las víctimas. Así que ahora podría adoptar el mismo criterio porque una de las mujeres que Diab le entregó a Perizzotti es pariente de Miño.

El ping pong judicial sorprendió en la Fiscalía, que esta semana insistirá para que se investiguen las denuncias contra los oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar que era comandado por el coronel Domingo Manuel Marcellini, quien zafó del juicio a Brusa y compañía por su estado de salud.
Diab y Morales fueron indagados esta semana por el juez Rodríguez en una megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad, pero no los interrogó sobre la revelación de Perizzotti ni las denuncias de Mazzetti. "No hubo preguntas sobre estos temas", dijo el abogado defensor Néstor Oroño.

En la indagatoria ante el Tribunal Oral, Perizzotti dijo que a fines de marzo de 1977, en las afueras de Santo Tomé, Diab le entregó diez mujeres que llegaron a bordo de tres automóviles. Estaban con vendas y capuchas y las manos atadas. "Señor, ¿les sacamos las vendas?", le preguntó. "Si les saca las vendas se la pongo a usted", dijo que fue la respuesta de Diab.
Perizzotti dijo que el operativo se hizo por orden de Rolón, lo comandó Diab y participaron, entre otros, el chofer de un camión del Servicio Penitenciario, "un sargento ayudante de apellido Leonardi". Después, las mujeres fueron trasladadas a bordo de ese vehículo hasta la Guardia de Infantería Reforzada. "Eran diez detenidas", recordó Perizzotti. Y las mencionó: (Anatilde) Bugna, (Patricia) Traba, (Ana María) Cámara, (Graciela Virginia) Aguirre, (Hilda) Benavídez y (Silvia) Abdolatif. "No recuerdo a las demás, pero eran diez", precisó. Las otras cuatro eran Stella Maris Vallejos, Raquel Juárez, la "Negra" Caminos y Teresita Miño. Nueve de ellas, excepto Caminos, están citadas a declarar en el juicio a Brusa en las próximas semanas.

Morales fue identificado por una de sus víctimas, Cecilia Mazzetti, quien dijo que la torturó -junto a otro represor en la comisaría 4ª en setiembre de 1976, cuando ella tenía 17 años y estaba embarazada. Lo último que recuerda de esa sesión de tortura fue un fuerte golpe en la cabeza. "Me desperté en la sala Policial del hospital Cullen. Estuve cuatro días sin levantarme de la cama porque no me podía mover", relató.

Cecilia dijo que después volvió a ver a Morales, otra vez en la seccional 4ª y las siguientes en la oficina de Perizzotti, en la Guardia de Infantería Reforzada. "Un día cuando salimos al recreo (en el patio) se acercó y me dijo que era el capitán Morales. Estaba de civil. Y me dijo: `Te vas a podrir acá'. Tiempo después, cuando recuperó la libertad y vivía a la vuelta del Departamento Informaciones de la Policía (D 2), ubicado en San Martín y Obispo Gelabert, Mazzetti volvió a cruzarse ?con el capitán Morales y otro señor que era (Nicolás) Correa", un ex suboficial de Inteligencia Militar fallecido que se recicló en la democracia y fue el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid. "Me saludaron: 'Hola, Cecilia'. Y nunca más los ví".

Sigue el desfile de los militares en el banquillo de Rosario

Militares desfilan por tribunales

Cuatro militares detenidos por la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en Santa Fe fueron indagados por el juez federal Rodríguez. Se espera la captura del general de brigada Carlos Alberto Settel.

Por Juan Carlos Tizziani

[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El juez federal Reinaldo Rodríguez indagó a cuatro militares detenidos por la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, entre ellos los tenientes coroneles Jorge Roberto Diab, Domingo Morales y Pedro Arrieta y esperaba la captura del general de brigada Carlos Alberto Settel, que ya designó abogado defensor y dejó trascender que si la Policía Federal no lo busca en su departamento en Buenos Aires se presentará ante el magistrado a más tardar el martes. La lectura de los cargos demanda más de dos horas, así que juez el trabajó a destajo: el miércoles indagó a Arrieta y al suboficial retirado Mario Carmelo Ferger -imputado en la desaparición de un soldado ; el jueves a Diab y Morales que operaban en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, ayer siguió con el primer policía: el ex jefe de la oficina de Coordinación del Area 212, comisario Juan Calixto Perizzotti y hoy concluirá con los comisarios Mario Facino y Héctor Colombini. Faltan cuatro coroneles que eran los jefes de más alto rango de la dictadura: José María González, Juan Orlando Rolón, Domingo Marcellini y Adolfo Ernesto Alvarez, pero todos invocaron problemas de salud, así que es probable que las indagatorias sean a domicilio, en Buenos Aires y Mendoza.

La megacausa cobró impulso esta semana cuando Rodriguez dispuso la detención de nueve militares y tres policías en una investigación de 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro secuestros, tormentos y un caso de supresión de identidad de una menor de edad. Seis ya estaban presos o imputados por otras causas González, Rolón, Marcellini, Perizzotti, Facino y Colombini y cuatro quedaron entre rejas entre el martes y el jueves: Diab, Morales, Arrieta y Ferger.

Hasta ahora, el único que no había sido detenido era el general Settel, involucrado en la desaparición de otro soldado en 1977, cuando era segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, donde operaba la jefatura del Area 211. Pero designó defensor al penalista Néstor Oroño, que dijo que su defendido se presentará ante la justicia a más tardar el martes.

Los otros dos imputados son el ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y el coronel Carlos Enrique Pavón, que serán indagados el próximo jueves, a las 10. Vera Candioti también propuso al doctor Oroño para que lo defienda y presentó un pedido de eximición de prisión.

En realidad, Oroño tendrá cinco defendidos en la megacausa: los tres tenientes coroneles detenidos: Arrieta, Diab y Morales, el ex juez Vera Candioti y ayer sumó al general Settel. El abogado pidió el arresto domiciliario de Arrieta y de Diab por razones de edad -uno tiene 82 años y el otro 72 y los problemas de salud de ambos.

Morales cerró la ronda de los militares el jueves a la tarde. ¡Dale, sácame un primer plano!, se enojó cuando un reportero de Rosario/12 lo apuntó con su cámara. Y el reportero registró la foto que ilustra la tapa.

En las indagatorias, el juez imputó a los mandos de la dictadura "la totalidad de los hechos ocurridos en la llamada represión ilegal entre 1976 y 1983", explicó Oroño. Todos negaron los cargos.

El teniente coronel Diab "era un oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, que no tenía funciones operativas", relató Oroño. "El juez le atribuyó haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer estos hechos, que también fue negado y que jamás tuvo ningún acuerdo con ningún otro integrante de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en tal sentido y tampoco tenía conocimiento de algún plan sistemático destinado a la represión ilegal, según sus expresiones", agregó el abogado.

Morales repitió el mismo libreto, dijo que "no participó en ninguno de los hechos" que le imputan. "Su tarea era de Inteligencia, clasificación de información y todo ese tipo de actividades dentro del Destacamento 122. Lo único que aclaró es sobre un hecho ocurrido (el 24 de marzo de 1977) en Javier de la Rosa y G³emes, que luego de un enfrentamiento, él fue comisionado para que levante un croquis del lugar y describa la situación que había quedado después del tiroteo. Pero fue con posterioridad y la única actividad que realizó en ese hecho fue la que le encomendaron de describir el lugar, nada más. Explicó que ya habían retirado los cuerpos de las personas que resultaron muertas, entre ellos un policía. Y que no vio los cuerpos ni armas, es decir que el lugar ya había sido limpiado", dijo Oroño.

La caída del 24 de marzo de 1977 es una de las que se investiga en la megacausa, donde murieron tres militantes políticos: Norma Meurzet, Silvia Wollert y José Luis Gómez, "en un operativo realizado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía provincial", según el requerimiento de instrucción de la Fiscalía Federal. "Los restos de Gómez fueron identificados y entregados a sus familiares y los de Meurzet y Wollert fueron inhumados como NN el 2 de abril de 1977 en el cementerio de Santa Fe por orden del del Area 212 y recién identificados en 1998.

En el juicio oral y público a los represores, Diab fue acusado por Perizzotti de haberle entregado diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención en Santo Tomé a fines de marzo de 1977 y Morales por haber torturado a una joven embarazada de 17 años en la comisaría 4ª, pero el juez no los indagó por esas denuncias. "No hubo preguntas sobre estos temas", concluyó Oroño.