Represores Rosario

Alegría y dudas

2012-02-02T23:26:00.000-08:00

Por Luis Bastús. Desde Rosario

“Esperábamos estos procesamientos aunque tardaron demasiado tiempo. Y lo que nos sorprendió es que con las mismas pruebas el juez no encontró elementos para procesar a (Víctor Hugo) Rodríguez y a (Edgardo) Andrada”, planteó la abogada querellante Ana Oberlin y anticipó que apelará en segunda instancia la falta de mérito. La abogada ratificó sus reparos hacia el desempeño del juez Carlos Villafuerte Ruzo, porque “procesó a los que de alguna manera ya están condenados o seriamente involucrados en otras causas, pero despegó a los que todavía detentan alguna forma de poder por su función, por sus vinculaciones”.

“Nos alegra en lo que refiere a los que han sido procesados, porque esta causa nos dio mucho trabajo. Cuando logramos reabrirla, Patti estaba a punto de asumir como diputado y era poderoso. Es notable que Villafuerte Ruzo decidió indagar a Patti recién luego de que lo condenaran por la causa Gonçalvez”, dijo en alusión a la sentencia de abril de 2011 por la Masacre de la Calle Juan B. Justo, en San Nicolás.

Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi estaban en el bar Magnum el 14 de mayo de 1983, cuando a las 10.30 irrumpieron hombres armados que se los llevaron a la vista de muchos testigos en un operativo relámpago del que participaron entre cinco y diez personas. Fueron interrogados bajo tortura –se ha mencionado el centro clandestino que funcionaba en la Escuela Magnasco, de Lagos y Zeballos, y también al costado de bulevar Oroño contra el obrador de Circunvalación, adentro de un furgón– y a las cinco de la tarde sus cuerpos aparecieron fusilados y con signos de tortura previa en un camino rural de la localidad bonaerense de Lima, a dos kilómetros de la Ruta 9. El represor Eduardo “Tucu” Costanzo reveló a la edición de Rosario de Página/12 en 2008 que el secuestro de los militantes en el bar corrió por cuenta de Guerrieri y Rodríguez e involucró en la patota rosarina a todos los que han sido procesados, incluso al Gato Andrada también

El tiro del final del terrorismo de Estado

2012-02-02T23:19:00.000-08:00

Procesaron a Luis Patti y a Reynaldo Bignone por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

La medida alcanza a nueve represores. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo también dispuso la falta de mérito de dos acusados. Para procesar a Patti por este hecho, ocurrido en 1983, hubo que anular su sobreseimiento.

Por Diego Martínez

A casi ocho años de la reapertura de la causa, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a nueve represores por los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La medida alcanzó al dictador Reynaldo Bignone, al ex policía Luis Abelardo Patti, al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario coronel Pascual Guerrieri y a su segundo, teniente coronel Luis Américo Muñoz, el único que sigue libre. Con argumentos que se desconocen, ya que las partes no fueron notificadas, el juez de San Nicolás dictó la falta de mérito del coronel Víctor Hugo Rodríguez, de quien dependían los civiles de Inteligencia (PCI) que participaron de los secuestros, y del ex arquero Edgardo Andrada, identificado por su ex compañero Eduardo Constanzo entre los miembros del grupo a cargo del operativo. “Chubi” Rodríguez y “El Gato” Andrada son curiosamente los únicos imputados que no están condenados o procesados en otras causas. En los próximos días Villafuerte Ruzo deberá indagar al ex policía Juan Amadeo Spataro, quien integró junto con Patti la patrulla que se encargó de los fusilamientos, en tanto siguen libres e impunes con el visto bueno del juez y de la Cámara Federal de Rosario todos los miembros de las planas mayores de zona, subzona y áreas militares que el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió citar a indagatoria en junio del año pasado.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez, que murió impune, los asesinó horas después en un camino vecinal cerca de Zárate. Fue uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de Inteligencia, asesinato en tiroteo fraguado por policías. Los fusiladores fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos demostró luego que los militantes peronistas fueron torturados con picana y atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y dictó el sobreseimiento provisorio, que el paso del tiempo convirtió en definitivo el mismo día que se sancionó la ley de Obediencia Debida. La pelea de Murray y de los abogados querellantes para revertir la “cosa juzgada” rindió frutos recién el año pasado, cuando Villafuerte Ruzo la declaró nula, decisión que luego confirmó la Cámara de Rosario y que quedó firme por la presentación extemporánea del recurso ante Casación.

Los procesamientos dictados por Villafuerte Ruzo, recusado (sin suerte) por congelar expedientes y por pronunciarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, abarcaron a cinco civiles de Inteligencia: Walter Pagano (condenado en 2010 a prisión perpetua), Juan Andrés Cabrera, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Ariel Porra, quien según Constanzo trasladó a las víctimas hasta el camino donde los ejecutaron. La misma función que los citados PCI cumplía Andrada, ex arquero de Rosario Central y de la Selección argentina de fútbol. Su falta de mérito no es el primer beneficio que le concede Villafuerte Ruzo: antes dictó su exención de prisión y le permitió conservar en su casa un arsenal que incluía pistolas de 9 y 11,25 milímetros, tres fusiles Winchester y una carabina, entre otras armas de guerra. “¿Qué juez, en una causa cualquiera, primero dejaría en libertad a un sospechoso de doble homicidio, y segundo le permitiría conservar en su poder semejante arsenal?”, planteó el camarista Fernando Barbará al analizar la conducta del nicoleño. “La pregunta, naturalmente, es del todo retórica, ya que la respuesta obvia es: ninguno”, escribió, en el fallo de la Cámara de Rosario que finalmente ordenó secuestrar la armería del Gato Andrada.

La falta de mérito del Chubi Rodríguez también asombró a quienes integran la acusación. El entonces capitán era jefe de la Sección Segunda del Destacamento, de la que dependían varios de los PCI procesados, y fue mencionado por El Tucu Constanzo entre los secuestradores. Casi treinta años después es el actual presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, que cada año cruza los Andes con el ex intendente y ahora senador provincial Miguel Lifschitz. El teniente coronel Rodríguez se afeitó el bigote para concurrir a la indagatoria, a la que llegó en un Nissan de vidrios polarizados acompañado por custodios con trajes negros, y no hizo descargo ni ofreció pruebas para defenderse. “No imagino qué gato sacó de la galera” Villafuerte Ruzo para beneficiarlo, confió Murray.

El único procesado libre, beneficio sobre el que debe pronunciarse la Cámara de Casación, es el teniente coronel Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento y superior inmediato de Rodríguez. De su legajo surge una de las pruebas más concluyentes de la actuación criminal del Ejército, aun en 1983, y del esmero en borrar pruebas en democracia. En 1989, disconforme con una calificación que frenaba su ascenso, Muñoz pidió que se consideraran sus “merecimientos” y citó dos “operaciones especiales” que por “razones de contrainteligencia” no había relatado pese a que participó “directa y activamente”. La primera fue en 1983 y “consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales” antes de las elecciones de octubre. Advirtió “el riesgo de ponerse en evidencia” pero cumplió la orden “como corresponde a un soldado”, escribió, y apuntó que un coronel amigo tuvo que realizar otra “operación especial” para que el semanario Siete Días no informara sobre los protagonistas del hecho. La segunda, en 1984, fue “un gran despliegue de efectivos y medios” para “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales” a hombres como él, y “cumplió ampliamente con su cometido”, explicó.

El fiscal Murray no dudó al pedir la detención que la operación de 1983 fue el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi; no sólo porque Muñoz integraba el destacamento de Inteligencia de Rosario, donde se produjeron los secuestros, sino también porque la revista Humor registró el vínculo del caso con la “operación especial” del coronel amigo. Luego de recibir un informe secreto “sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso-Pereyra Rossi”, un cronista y un fotógrafo de Siete Días intentaron hablar con uno de los protagonistas. “Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro”, les advirtió el militar, según relató el periodista Enrique Vázquez en Humor. La operación de guerra de 1984, dedujo Murray, fue el robo de expedientes sobre la represión ilegal de los Tribunales Provinciales de Rosario. Los secuestros y el robo fueron “las dos operaciones más delicadas de toda mi carrera”, confesó Muñoz, no porque enfrente tuviera a un ejército real sino por la “gran repercusión”. “Hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”, destacó el soldado, orgulloso porque el robo de expedientes permitió “llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

Diaz Bessone : Represor con trato preferencial

2012-01-22T22:15:00.000-08:00

El ex general Ramón Genaro Díaz Bessone es el principal imputado por violaciones a los derechos humanos en Rosario y ya violó su detención domiciliaria. Fue autorizado a permanecer todo el mes en Buenos Aires.

El principal imputado en causas por delitos de lesa humanidad en Rosario, el represor Ramón Genaro Díaz Bessone, fue autorizado a pasar la feria judicial en el Hospital militar de Buenos Aires, aun después de haber violado su prisión domiciliaria. Los fiscales de la llamada causa Díaz Bessone, Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que revoque la prisión domiciliaria del imputado y la resolución que lo autoriza a permanecer en el hospital militar de la ciudad durante todo este mes. Según fuentes cercanas a la causa, Díaz Bessone debería estar “en una cárcel federal común”.

La Fiscalía afirmó que el principio general es que “las penas de prisión deben cumplirse en establecimientos penitenciarios. La prisión domiciliaria configura una excepción a esta regla, que sin dudas y dadas las características de estos acontecimientos y la naturaleza de los hechos por los que está siendo juzgado Díaz Bessone, deben ser aplicados en forma restrictiva y con suma prudencia por el Tribunal dada la alarma social que pudieren generar y la violación de compromisos internacionalmente asumidos por nuestra Nación en materia de delitos de lesa humanidad”.

Ramón Genaro Díaz Bessone había solicitado en noviembre pasado ser hospitalizado en el Hospital Central Militar para ser asistido por un accidente cerebrovascular. En ese momento, los fiscales se opusieron sosteniendo que “en Rosario existen institutos perfectamente equipados para la atención del interesado”. A pesar de esto, el tribunal permitió el traslado, por lo cual la pericia para determinar su estado general de salud se realizó en el Hospital Militar. La defensa de Díaz Bessone sostenía que el imputado no se encontraba en condiciones de estar presente en las audiencias orales, por lo cual pidió que se desvinculase al principal imputado y que la causa continuara respecto de los otros.

La evaluación pericial contó con la presencia del doctor Del Toro Martínez, integrante de cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un médico de parte de la defensa, y los peritos psiquiatras Gisela Felibert y Oscar Pellegrini y el neurólogo Juan Ostre, propuestos por la querella de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del hombre. La pericia dictaminó en forma unánime que el imputado se encontraba psíquicamente en condiciones de asistir a las audiencias. En cuanto a la evaluación neurológica, se ordenó la realización de algunos estudios.

Finalmente, el Hospital Militar determinó el alta del imputado. Así las cosas, durante la última semana hábil del año el tribunal ordena el traslado de Díaz Bessone al domicilio donde cumple prisión domiciliaria en Rosario. Pero el defensor del imputado (Gonzalo Miño) cuestiona la orden y dice que no fue dado de alta; se oficia al director del hospital, quien dice que no es competente para opinar sobre el alta médica de un paciente, pero remite informes que corroboran que fue dado de alta. Comienza la feria judicial y la fiscalía solicita al Tribunal Oral que ordene su inmediato traslado a la ciudad de Rosario, cosa que vuelve a ordenarse. Pero, finalmente, el tribunal dispuso, por encima de las protestas de los fiscales, que permanezca en el Hospital Militar hasta tanto se constituya el tribunal en pleno, vale decir, retornen los tres jueces que lo integran, finalizada la feria judicial.

Y esto se dispuso a pesar de que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe constatara –en los controles de rutina en el domicilio establecido por Díaz Bessone en Rosario– que allí se encontraba otra persona, quien aseguró ser el nuevo inquilino del departamento. La fiscalía toma conocimiento de este hecho recién tres días después del día de la constatación mencionada, cuando el tribunal remite el expediente.

La fiscalía fundamenta su requerimiento en que el procesado “incumplió con las reglas impuestas al concederse la prisión domiciliaria: comunicar de manera inmediata cualquier modificación del domicilio fijado como lugar de cumplimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el mismo”. En este sentido, el contrato de alquiler del domicilio fijado por Díaz Bessone fue rescindido el 4 de diciembre y la defensa comunicó esta situación pasados 25 días y sólo después de que las autoridades provinciales constataran que en dicho lugar residía otra person

Comunicado de prensa: La ética de los abogados

2012-01-16T23:02:00.000-08:00

En julio de 2010 el Concejo Municipal solicitó al Colegio de Abogados que suspenda las matrículas de Pedro "Pili" Rodríguez y de Juan Daniel Amelong, respectivamente procesado uno y condenado el segundo por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, los más graves que la comunidad internacional sanciona, cometidos en el marco del genocidio argentino llevado adelante por la última dictadura cívico militar.

Al año de ese pedido, originado en una iniciativa de la concejala Norma López, nunca respondido, desde los organismos de DDHH solicitamos al directorio del Colegio de Abogados que tome cartas en el asunto, haga uso de sus facultades y al menos suspenda preventivamente ambas matrículas.

A los pocos días, el directorio en una resolución ejemplar, evalúa las condiciones éticas de Juan Amelong y cancela la matrícula.
En cuanto a Pedro "Pili" Rodríguez, giran el pedido al Tribunal de Etica.
La resolución de la Cámara de Apelaciones que revée la decisión de uno de los órganos de gobierno del Colegio de Abogados presenta, al menos en nuestra opinión, una mirada parcial a los argumentos que sostienen la decisión recurrida por la defensa del represor.
No consideramos un tecnicismo la obligación de respetar la doble instancia, uno de pilares del derecho de defensa, jamás sostendríamos tamaña afirmación, que se contrapondría con las posiciones históricas de los organismos de DDHH que representamos, siempre respetuosos del debido proceso, que es básicamente el derecho de defensa en juicio.
Pero queremos afirmar, que al margen de la decisión que debe tomar el Tribunal de Etica, la cancelación preventiva de la matrícula es perfectamente posible, recordemos que se detiene a diario a inocentes, sin condena, y se los cautela en las prisiones argentinas para asegurar los fines del proceso, cómo no cancelar preventivamente la matrícula de un represor condenado por tres jueces de Rosario y tres de Paraná aun cuando no esté firme la condena?
Por lo demás, con la tardía, aunque ejemplar decisión del Tribunal de Etica, cuya presidenta, la Dra Fernández Acevedo, convocó a un plenario, Rosario podría ajustarse a los mínimos standards constitucionales en materia de DDHH.
No equiparemos a estos represores con los colegas que honran la matrícula. Muchos integran la lista de los 30.000 desaparecidos.
Garanticemos que Amelong no pueda abogar nunca más y exijamos que se resuelva el pedido en relación a Pedro “Pili” Rodríguez.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
Rosario, 14 de enero de 2012-
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS DE ROSARIO
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO –APDH ROSARIO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE-LADH ROSARIO

Silvia Suppo: Punto para la impunidad

2012-01-15T10:35:00.000-08:00

María Eva Aebi fue carcelera del centro de detención santafesino Guardia de Infantería Reforzada, y quien llevó a Silvia Suppo a abortar un embarazo producto de las violaciones a las que fue sometida. Dos días antes de Año Nuevo, Aebi fue beneficiada con salidas transitorias cada quince días “para mejorar sus lazos familiares y sociales”. Para los hijos de Silvia, la resolución del tribunal confirma que el asesinato de su madre “ha sido político, porque todas las estructuras represivas siguen vigentes”.

Por Sonia Tessa

Una de las pocas mujeres condenadas por delitos de lesa humanidad en la Argentina, María Eva Aebi, festejó la noche de fin de año en su casa, gracias a las salidas transitorias otorgadas el 29 de diciembre por un tribunal de Santa Fe que, además, hizo un cálculo de días pasados en prisión tan inaudito como peligroso: contó como prisión preventiva el tiempo posterior a la sentencia de primera instancia, que no se considera firme. Este cálculo privilegiado para Aebi, el ex juez federal Víctor Brusa y Eduardo Ramos, todos condenados el 22 de diciembre de 2009 por privación ilegítima de la libertad y tormentos, no se aplica a ningún otro detenido por ninguna causa en el país.

En cambio, en la casa de Silvia Suppo, en Rafaela, no habrá nunca más un fin de año con su presencia. Ella fue asesinada el 29 de marzo de 2010, de nueve puñaladas, en su comercio. Pocos meses antes había sido testigo en la causa Brusa, había contado sobre su secuestro, tortura, violaciones y el aborto que le practicaron tras quedar embarazada de manera forzada. No es una película: la carcelera, la que entregaba a las detenidas para ser torturadas, sale de la cárcel cada 15 días para “mejorar sus lazos familiares y sociales”. Silvia Suppo es, en cambio, un recuerdo imborrable para sus hijos, compañeros y amigos, así como un grito contra la impunidad.

El penúltimo día de 2011 el juez federal Reinaldo Rodríguez dictó la falta de mérito para dos detenidos del pabellón de lesa humanidad de la cárcel santafesina de Las Flores que habían sido acusados, por un testigo protegido, de tramar el crimen. Marina y Andrés (los hijos de la víctima) y el Espacio Memoria y Justicia de esa ciudad del oeste santafesino salieron a la calle el martes pasado para reclamar el esclarecimiento. Llevaron una gran pelota de papel que hicieron circular por la ciudad, como metáfora de la falta de respuestas para investigar seriamente la muerte de Silvia.

Aebi era carcelera, secretaria del jefe del centro de detención Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de esa ciudad durante el terrorismo de Estado, Juan Calixto Perizzotti. Su presencia era una auténtica pesadilla para las detenidas políticas, porque sabían que cuando ella iba a buscarlas habría más golpes y torturas. Era uno de sus roles, llevarlas adonde estaba la patota para que las torturaran. El 22 de diciembre de 2009 fue condenada a 19 años de prisión, en el primer fallo por delitos de lesa humanidad en la provincia, junto a Brusa y otros cuatro represores. Muchas de sus víctimas, que valientemente los habían enfrentado en los Tribunales, respiraron aliviadas.

La resolución del penúltimo día hábil de 2011 de los conjueces Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Roberto López Arango fue un balde de agua fría para testigos y querellantes. “Fue un atropello a la democracia. La condena a los represores era ejemplar en la provincia porque habían sido los primeros y que les dieran salidas a partir del 30 de diciembre fue muy fuerte”, afirmó Marina Destéfani, la hija de Silvia, al volver de la marcha que, según su propio relato, fue “masiva para Rafaela”, una ciudad de cien mil habitantes que late al ritmo de la producción lechera y automotriz.

Mucho se habla de “testigo clave” y es cierto que Silvia Suppo lo fue en la causa Brusa, como lo hubiera sido también en la que se instruía por la desaparición de Hattemer. El 5 de octubre de 2009 Silvia dijo lo suyo en una de las audiencias de la causa Brusa. Contó su secuestro, el 24 de mayo de 1977, junto a su hermano y un compañero de militancia, Jorge Destéfani, que años después se convertiría en su marido. Un dolor adicional: ese hombre con el que armó su vida cuando los dos salieron de la cárcel había muerto pocos meses antes, de cáncer. Para ella, el testimonio era también una forma de honrarlo. Silvia relató que estuvo un mes desaparecida, en el Centro Clandestino de Detención La Casita. Allí la torturaron y también la violaron tres represores. Tenía 18 años. En enero de ese mismo año habían secuestrado a su marido, Reinaldo Hattemer, que continúa desaparecido. El horror parecía inenarrable, pero Silvia le puso palabras. En ese juicio, varias detenidas hablaron de violaciones. A Silvia le tocó contar, además, otra dimensión del horror. Después de padecer tres agresiones sexuales, y ya trasladada a la GIR, descubrió que tenía un retraso. Se lo comunicó a Perizzotti , quien habló de “reparar el error”. Fue Aebi la encargada de llevarla a un médico, también cómplice, para abortar. La orden era que sólo hablaba la carcelera, la víctima debía permanecer callada. De la intervención salió tambaleándose. La llevaron de nuevo al centro clandestino de detención La Casita. Cuando su familia intentaba visitarla, les decían que Silvia estaba castigada.

Por eso, Marina consideró que las salidas transitorias “refuerzan que el asesinato de Silvia ha sido político, porque todas las estructuras represivas siguen vigentes. La única herramienta que encontramos es la lucha, salir a la calle”. Sobre la decisión tomada por Rodríguez, que desestima el carácter político del asesinato de Silvia, Marina es contundente: “La Justicia no actúa, seguimos demandando una investigación que no se da y no hay voluntad política de darla, porque este juez no siente la responsabilidad de hacerlo”.

Desde aquel mediodía de fines de marzo de 2010, saben que la policía no tenía voluntad de investigar. Hay dos detenidos, Ramiro Sosa y Rodolfo Cóceres, dos cuidacoches de la zona, acusados como autores materiales, pero la escena del crimen estuvo tan contaminada que nunca se pudo extraer un ADN, el homicidio en ocasión de robo no cierra (sólo se llevaron 200 pesos) y ni siquiera hay rastros de sangre en el arma asesina. “Nos hemos cansado con mi hermano, los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol y otros compañeros, de golpear puertas, de llamar a funcionarios y pedirles audiencia, pero no pueden atendernos. Ese es el lugar que tiene nuestro reclamo, son promesas incumplidas, vacías”. Para Marina, la impunidad no es una sensación: “Es lo que vinimos pasando desde hace dos años, y lo que vienen pasando los compañeros desde hace treinta. Es muy doloroso cruzarse en la calle con los responsables de secuestro, torturas y desapariciones, que mi mamá señalara en el supermercado a los que estuvieron implicados en su secuestro, el de mi tío, el de mi papá y el compañero de Silvia”, concluyó.

Represor Díaz Bessone : vacaciones en Baires

2012-01-15T05:10:00.000-08:00

Vacaciones en Buenos Aires

De concretarse, el beneficio es polémico porque llegaría después de haber violado las normas sobre su arresto domiciliario, ya que el Patronato de Liberados fue a buscarlo a su domicilio legal y estaba habitado por otra persona.

Por José Maggi

Cuando aún no se acallan los ecos de la reprimenda pública que el Ministerio de Justicia nacional le hiciera a los tres jueces santafesinos que otorgaron salidas transitorias a tres represores, la justicia federal local está a punto de otorgarle un polémico beneficio al represor Ramón Genaro Díaz Bessone: permitirle pasar el mes de enero en Buenos Aires, hasta que se retomen las audiencias en febrero, a pesar de que tiene un alta médica del Hospital Militar porteño, donde estuvo alojado por un supuesto Accidente Cerebro Vascular. De concretarse, el beneficio es polémico porque llegaría después de haber violado las normas sobre su arresto domiciliario, ya que el Patronato de Liberados fue a buscarlo a su domicilio legal y estaba habitado por otra persona.

La historia de Díaz Bessone comenzó con una supuesta afección que derivo su traslado al Hospital Militar en noviembre de 2011. Luego de reiterados pedidos de los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, finalmente, el Tribunal Oral Federal Nº 2 ordenó el traslado a Rosario del jefe máximo de la represión en esta zona, quien se encontraba internado en el Hospital militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante la orden, el defensor del imputado Gonzalo Miño, se opuso al traslado ordenado alegando que no había sido dado de alta y así, se decidió oficiar al Hospital a los fines de que su director informara si Díaz Bessone había sido dado de alta.

La decisión fue apelada por la Fiscalía en el entendimiento de que esultaba innecesario que el director del Hospital informara si el imputado había sido dado de alta, ya que lo habían afirmado los médicos tratantes y a partir de los informes elaborados por éstos, el TOF 2 había ordenado el traslado mencionado.

Como era de esperar, el director informó que no era de su competencia la decisión de otorgar el alta y a la vez, se recibieron informes donde -como bien se había entendido﷓ confirmaban que se había otorgado el alta a Díaz Bessone del Hospital Militar.

Puestos en conocimiento de la Fiscalía de estos nuevos informes -comenzada ya la feria judicial﷓ se insistió en que el único lugar en que debía estar el imputado, era en su domicilio de Rosario cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de domiciliaria. En este sentido los fiscales plantearon que "no había ninguna razón legal" para que el imputado no retorne a su lugar de detención, esto es, su domicilio en Rosario.

Esta semana, el TOF 2, declaró abstracta el recurso de la revocatoria interpuesto por la Fiscalía y ordenó el inmediato traslado de Díaz Bessone a Rosario. Pero antes de efectivizarse formalmente el traslado, se constató a través de las autoridades provinciales encargadas del control del imputado, el Patronato de Liberados que en dicho domicilio vivía otra persona que había alquilado otra propiedad.

El abogado Miño planteó entonces que su defendido tuvo que dejar ese inmueble, y se comprometió a fijar un nuevo domicilio en el mes de febrero, por lo cual pedía que se lo dejara pasar este mes en territorio bonaerense.

Ahora falta que el TOF 2 resuelva este punto: si le permite quedarse en Buenos Aires y en este caos en el Hospital o en su domicilio. O si por el contrario confirma su traslado a Rosario. Como telón de fondo está la violación a las condiciones de arresto domiciliario por no haber notificado al tribunal que iba a constituir nuevo domicilio en esta ciudad.

Consultado el fiscal de la causa, Gonzalo Stara sostuvo que no fue informado formalmente por el tribunal ni por las autoridades de la provincia de ésta situación y adelantó que evaluará las medidas a seguir, que podrían incluir la solicitud de revocación de la prisión domiciliaria.

Cabe recordar que el 15 de noviembre el Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió que continúe con el juicio al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y que éste siga las alternativas desde el Hospital Militar de Buenos Aires.

"Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes"

2012-01-10T23:41:00.000-08:00

Marcharon en Rafaela contra la impunidad del asesinato de Silvia Suppo
Un crimen sin la debida investigación

Andrés Destéfani, el hijo de la testigo de causas de derechos humanos, cuestionó al juez federal Reinaldo Rodríguez, que dictó la falta de mérito para dos detenidos por delitos de lesa humanidad acusados por un testimonio protegido.

Por José Maggi

La familia de Silvia Suppo, acompañada de amigos y organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, marchó ayer por las calles de Rafaela exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Exigieron una "investigación profunda y seria, que hasta el momento le juez federal Reynaldo Rodríguez no ha concretado. Con solo mirar el expediente cualquiera se da cuenta" se quejó ayer Andrés Destefani, hijo de Silvia. Es que hace sólo unos días se conoció que el magistrado federal había decretado un falta de mérito para dos sospechados por un testigo de identidad reservada que ligaba el crimen con condenados por delitos de terrorismo de estado. La marcha también cuestionó las salidas transitorias de tres represores santafesinos, a los que acusó Suppo. "Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle", agregó el hijo de la víctima.

"Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado" dijo ayer Andrés. "Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quien cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual", afirmó.

De igual manera, el hijo de Suppo afirmó que "no nos sorprende esta resolución porque la falta de mérito ya la había dictado el juez de instrucción provincial Alejandro Mognaschi, por lo que se había llegado a la Corte Suprema de la Nación, que le ordenó al juez Rodríguez que abriera una investigación profunda para esclarecer el hecho. Sin embargo, esta investigación no existió nunca, con solo mirar el expediente uno puede darse cuenta que esta investigación seria nunca existió".

Como ejemplo, Destefani apuntó que "los dos lavacoches dijeron que tomaron un remís para dejar el comercio de mi madre, y nunca pudieron encontrarlo a pesar de que en Rafaela hay solo cinco remiserías. El joven también recordó que "Cóceres y Sosa (los dos supuestos autores) se autoinculparon, mientras las pruebas recogidas hacen insustentable la hipótesis de robo seguida de muerte. Esto no tiene correlato con la reconstrucción del hecho: los cuchillos con los que dijeron que le dieron nueve puñaladas a mi madre no tiene sangre ni sus huellas digitales. Tampoco encontraron una huella de ellos en el local, ni siquiera una de mi madre, de igual modo no hubo un solo testigo que los viera entrar o salir a los supuestos homicidas. Es más, hay gente que estuvo en el lugar a esa hora y nunca fue citada a declarar. Todo esto hace que no nos cierre la hipótesis del robo".

La familia de Suppo exigió entonces "pruebas contundentes y concretas que hoy no tenemos". De igual modo, Andrés remarcó que "seguir sosteniendo que fue un robo seguido de muerte tiene implicancias políticas, --por la calidad de testigo que exhibía su madre-- por lo cual la justicia tiene que ser rigurosa, queremos una investigación profunda, queremos que accedan a investigar con grupo técnico científico de Buenos Aires".

En este mismo sentido se expresó ayer el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que repudió la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

"Todo esto reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aun no fueron desmanteladas", dijeron desde el espacio.

Por Silvia Suppo : Marcha contra la impunidad

2012-01-10T04:24:00.000-08:00

Este martes, el espacio "Verdad y Justicia por Silvia Suppo" realizará una marcha en la ciudad de Rafaela para repudiar, entre otras cosas, el fallo judicial que sobreseyó a las dos personas señaladas por un testigo de identidad reservada. Así lo confirmó a UNO Rafaela el hijo de la rafaelina asesinada, Andrés Destéfani.

La iniciativa comenzará a las 20 y se desarrollará en la zona céntrica de la ciudad, desde el Cine Belgrano hasta la Municipalidad. En la marcha se dará lectura a un comunicado para cuestionar el fallo del juez Reinaldo Rodríguez que dictó el sobreseimiento a los únicos dos imputados en la causa.

Otro de los temas que originó la marcha está vinculado a los beneficios que obtuvieron los represores santafesinos que, en virtud de una resolución judicial, podrán tener salidas transitorias para "afianzar y mejorar los lazos familiares".

Jueces infames mandan a genocidas a casa para las fiestas de fin de año

2012-01-06T01:05:00.000-08:00

Tres conjuces dieron salidas transitorias a represores santafesinos
Y pudieron pasar fin de año en casa

Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto Manuel López de Arango le otorgaron salidas transitorias quincenales a Víctor Brusa, María Eva Aebi y Eduardo "Curro" Ramos. El fiscal Martín Suárez Faisal recurrió el beneficio.

Por Sonia Tessa

Un Tribunal integrado por tres conjueces aplicó a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, el ex policía Eduardo Curro Ramos y la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La sentencia del 22 de diciembre de 2009 fue la primera en la provincia de Santa Fe por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Sin embargo, y por un inédito cómputo de los conjueces Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto Manuel López Arango (de Paraná) se consideró cumplida la mitad de la pena y los tres represores pasaron el fin de año en casa. El fiscal federal Martín Suárez Faisal recurrió la resolución ante la Cámara de Casación Penal, y las víctimas --que se encuentran "descorazonadas"-- esperan una rápida resolución que revoque este beneficio. "No tiene antecedentes, es absolutamente desmesurado. Esperamos una inmediata corrección de Casación. No se le ha concedido a los responsables de ningún tipo de delitos en la Argentina, es inaudito que se aplique para los responsables de los delitos más graves que se han cometido en el país", indicó el abogado querellante Guillermo Munné. Los conjueces no sólo computaron doble desde 2007 a 2009, cuando los tres presos estuvieron en prisión preventiva sin condena, sino que extendieron esa condición a los dos años que pasaron desde la sentencia en primera instancia, que no está firme por no haber sido revisada en segunda instancia.

"Esperamos una inmediata resolución de Casación, ya que este beneficio fue recurrido por la fiscalía", indicó Munné, quien recordó que "es muy grave esta decisión para el tipo de condena de delitos que estamos hablando, que merecen la calificación de imprescriptibles, para que no haya impunidad. Porque después de todos los obstáculos que se han sorteado, que se haga superflua la condena con este tipo de cómputos es realmente preocupante y significa que los responsables de crímenes de tormentos y privación ilegítima de la libertad estén libres por las calles, donde podrán cruzar a sus víctimas". Munné representó en el juicio oral que terminó en diciembre de 2009 a Stella Maris Vallejos y Matilde Bugna, dos de las víctimas que estuvieron secuestradas en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe. Además, se trató de la primera condena contra un ex juez federal, Brusa, quien había sido secretario de juzgado durante la dictadura y fue un engranaje del terrorismo de estado. Los obstáculos más importantes de la causa estuvieron dados por la conformación del tribunal, debido a que los jueces federales, y muchos abogados santafesinos, se excusaron de integrar el Tribunal.

Munné aclaró que los conjueces se designaron "con una metodología previa a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que impuso la integración con magistrados de carrera. En este caso hay un camarista federal y dos abogados de la matrícula que se habían inscripto para conjueces. Tuvieron un desempeño valorable en el desarrollo del juicio y el dictado de la condena, pero nos sorprende esto. Porque a poco tiempo de haberse dictado la sentencia se entendería como cumplida más de la mitad de la condena".

Ante la gravedad de la decisión de estos conjueces, Suárez Faisal reiteró anteayer mismo --pese a la feria judicial-- el pedido de prisión preventiva en la causa que se les sigue a Brusa, Ramos y Aebi por asociación ilícita. En esa solicitud, realizado también por el fiscal en agosto pasado, actúan la jueza de Paraná Lidia Carnero y los rosarinos Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci. En aquel momento, sólo le dio curso Paulucci, al considerar que había riesgo procesal (de fuga de los imputados), pero ahora hay una situación nueva. "Cabe volver a poner aquí de manifiesto que naturaleza y la gravedad de los delitos imputados a Ramos, Brusa y Aebi conllevan --por sí mismos-- un obtáculo para negar el dictado de la prisión preventiva", dice el fiscal que ya había presentado cuatro recursos contra las salidas domiciliarias y el cómputo diferencial. El Tribunal decidió, no obstante, utilizar un mecanismo derogado antes de la persecución de estos delitos para beneficiar a los tres condenados. Y el fin de semana pasado, los tres represores festejaron el fin de año en familia.

Cuando se busca la verdad bajo tierra

2012-01-01T23:19:00.000-08:00

El Equipo Argentino de Antropología Forense cierra un año de intenso trabajo.

El EAAF espera contar con su laboratorio específico en el hospital Centenario para este año. Lograron identificar los restos de doce militantes desaparecidos durante la última dictadura militar en toda esta región.

Por José Maggi

"Cerramos el año con doce identificaciones de militantes desaparecidos durante la última dictadura, con más de 300 conjuntos óseos exhumados en el cementerio La Piedad a partir de un trabajo con la fiscal federal Mabel Colalongo, y con el compromiso por parte de la provincia de brindarnos un espacio físico para montar un laboratorio para trabajar en estas identificaciones en el Hospital Centenario aunque ahora haya que conseguir los fondos para que funcione. Este ha sido un muy buen año de trabajo y esperamos poder seguir haciendo muchas cosas en el 2012". El balance corresponde a Miguel Nieva, responsable del Equipo Argentino de Antropología Forense en esta región al momento de trazar una raya, en un año más que importante para el EAAF.

El Equipo encargado de esta tarea estuvo compuesto por 19 personas en la oficina Rosario del EAAF. El trabajo se extendió también en un predio militar: campo San Pedro, donde desde hace dos años tienen trabajo de campo continuo, en un predio muy grande con inhumaciones clandestinas.

En el 2011 el EAAF concretó además "una excavación en el cementerio de Andino, otra en el cementerio de Roldán, otra en Venado Tuerto, fuimos a La Plata porque hay una investigación por un cuerpo que habia sido mal entregado y hubo que exhumarlo", dijo Nieva.

El grupo local trabajó también en un cementerio de Jujuy, en Corrientes, en Santiago del Estero, y por orden del Tribunal Oral Federal de Salta en el Caso Aredes. También concluyeron en 2011 una excavación muy compleja en un pozo de agua en Paraná.

En este sentido el referente del EAAF reveló que tras la tarea en La Piedad les ofrecieron un lugar "para montar un laboratorio en el Hospital Centenario, y empezar a analizar los restos aquí mismo y enviar solo las muestras al laboratorio de ADN y empezar así con los cotejos, para producir identificaciones. Sin embargo el antropólogo prefiere no arriesgar números sobre cantidad de posibles identificaciones. "Esperemos tener la mayor cantidad posible".

"La idea es que venga gente de Buenos Aires, para analizar los restos, porque el gobierno provincial nos facilitó un lugar en el hospital Centenario que es donde vamos a montar el laboratorio. Va a ver dos personas full time, más algunos colaboradores para extraer muestras. La propuesta -remarca Nieva- llegó de manos de la nueva subsecretaria de Derechos Humanos Nadia Shujman, que además es abogada querellante en causas por terrorismo de estado y militante de HIJOS.

Nieva remarca que en el 2011 "se pudo avanzar en muchos trabajos que estaban en el tintero, y en causas que de la justicia federal articulando con la fiscalía federal que lidera Mabel Colalongo, en diferentes proyectos que se vinieron preparando, y en un montón de excavaciones. Fue un año ocupado y con muchos resultados, lo que permite replantearnos un 2012 muy bueno. Muchos casos no tiene finalización hasta que no se logre la identificación y en este sentido tenemos el trabajo sobre La Piedad donde hay muchas víctimas para identificar, por lo que calculo que tenemos dos años más de intensa tarea".

Las doce identificaciones en territorio santafesino se debieron a causas investigadas en la justicia federal de Rosario y de Santa Fe. Algunas de ellas son públicas y otras aún no, así que Nieva prefiere que "eso lo haga la propia familia de cada uno de los reconocidos. Prefiero remarcar que pudimos darle una respuesta favorable a doce familias, que es uno de los objetivos principales del EAAF" agrega.

Entre las últimas identificaciones figura la de una joven asesinada durante la última dictadura y que estaba enterrada como NN en el cementerio de Andino. Se trataba de María Victoria Gazzano Bertos, que pudo ser identificada merced al trabajo de investigación de Nieva quien aconsejó a la fiscalía federal que las huellas dactilares de una mujer que apareció acribillada a balazos en un camino de Andino, fueran cotejadas con la de esta estudiante de Arquitectura de 21 años, que fuera secuestrada en setiembre de 1976.

Sobre el trabajo en La Piedad, Nieva apunta que "se extrajeron conjuntos de huesos, no esqueletos individualizados, así que el trabajo que tenemos que hacer es mucho más complejo porque tenemos que ver que huesos corresponde con cual esqueleto. Hay que hacer un análisis -explica- pieza por pieza, para establecer los parámetros anatómicos y métricos para ver la variabilidad del sexo y la edad, y otras cuestiones porque lo que no se pueda hacer así se deberá hacer vía genética".

Sobre este punto aclara que "la idea es que como los estudios genéticos son bastante costosos vamos a tratar de reducir las chances del análisis genético lo mayor posible de modo de no incrementar los costos. Hay que buscar detalles para conformarlos en individuos".

En este sentido advierte que "el trabajo de investigación en Rosario viene desde hace muchos años y hay mucha información que cruzar, que ordenar y comparar, y esto va a dar nuevas líneas de investigación. Esto es como ir y venir permanente de ese período de la historia en el que van surgiendo cosas, cada vez hay más documentos para analizar, así que el trabajo es bastante".

Nieva apunta que "los conjuntos de huesos son más de 300, porque si bien hubo algunas sepulturas en las que no pudimos encontrar nada, en otras en los había dos o tres conjuntos, que podían tener dos o tres piezas de huesos hasta cien piezas. No hay un parámetro medible. Es una buena cantidad y ya ha sido clasificado. La idea es empezar a analizar esto y ordenar ese material".

Es que de los setenta hasta hoy "cada sepultura fue reutilizada más de seis, siete u ocho veces con lo cual la cantidad de restos que hay en cada una de ellas, tiene que ver con la forma en que fue usada".

Amelong: Ud. genocida no puede ser abogado

2011-12-28T22:11:00.000-08:00

Medida contra el represor Amelong
Matrícula suspendida

Por José Maggi

Desde Rosario

El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, citado ayer en forma urgente por su presidenta, Isabel Fernández Acevedo, suspendió en forma provisoria la matrícula del represor Juan Daniel Amelong. La medida fue en respuesta a la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que días atrás revocó la decisión del mismo Colegio de cancelar la matrícula del ex militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. La medida es provisoria y fue apoyada por siete de los nueve miembros presentes.

El titular del Colegio de Abogados rosarino, Ignacio Del Vecchio, explicó que los integrantes del Tribunal de Etica volverán a reunirse en 10 de febrero para definir si la anulación de la matrícula de Amelong será definitiva. Del Vecchio analiza presentar, además, un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y recurrir a instancias superiores. Si es necesario llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el tema.

De acuerdo con el titular del Colegio, para la suspensión de la matrícula del represor el Tribunal analizó la condena a prisión perpetua que pesa sobre Amelong por delitos de lesa humanidad, que aún no está firme porque fue apelada por su defensor.

En cuanto a la resolución de la Cámara Penal de Apelaciones que levantó la suspensión de la matrícula porque el caso no había sido analizado por el Tribunal de Etica del Colegio, Del Vecchio aclaró que “lo que hizo el directorio fue cancelar la matrícula y no suspenderla”.

El presidente del Colegio del foro local agregó que la determinación se tomó “no en base al caso concreto de la condena por delitos de lesa humanidad, sino en función de que los integrantes del directorio entendimos que el doctor Amelong no reunía los estándares mínimos para el ejercicio de la profesión en forma decorosa”.

“Nosotros somos un ente público no estatal y como tal la ley especifica que tenemos que velar por el decoro del foro”, abundó Del Vecchio con respecto a la decisión de Colegio de Abogados de Rosario.

Amelong fue condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en una causa que ventiló los pormenores del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu de Rosario y en la denominada Quinta de Funes.

El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó también en aquella oportunidad al ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles de inteligencia Walter Pagano y Eduardo Costanzo.

Levantaron la suspensión de un abogado condenado por crimenes de lesa humanidad

2011-12-27T00:43:00.000-08:00

Represor matriculado

En Rosario, el Colegio de Abogados había suspendido a Daniel Amelong, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Pero la Cámara de Apelaciones revocó la decisión.

La Cámara de Apelaciones de los tribunales provinciales de Rosario levantó la suspensión de la matrícula de abogado que pesaba sobre el teniente retirado Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El tribunal revocó la decisión del Colegio de Abogados de esa ciudad, que le había suspendido la matrícula a Amelong, al responder a un recurso que había presentado el propio afectado. El fallo fue criticado por el titular del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, quien anunció que “es muy probable que se presente un recurso de inconstitucionalidad de la medida judicial”.

Los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que para suspender la matrícula de Amelong no hubo intervención o pronunciamiento del tribunal de ética en pleno del Colegio de Abogados, como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, y señalaron que los fallos que lo condenaron no están firmes. Ayer, Del Vecchio consideró que “la Cámara hizo una lectura demasiado estricta del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Además justificó la decisión del Colegio de Abogados de suspender la matrícula del condenado al señalar que la entidad “debe garantizar a la población que quien ejerza la profesión sea una persona ética”.

También cuestionó el fallo el diputado provincial de Santa Fe Eduardo Toniolli, del Frente para la Victoria, al decir que “es como habilitar a Mengele para trabajar de pediatra”. Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja de Santa Fe y querellante en el juicio en el que fuera condenado Amelong, señaló que “este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados –enumeró–. Más allá de tecnicismos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, y estamos en presencia de un genocida que, si no fue condenado antes, fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de obediencia debida y punto final”.

El teniente Amelong fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF–1) a prisión perpetua a cumplir en cárcel común por delitos de lesa humanidad ocurridos en centros clandestinos que funcionaron en el Gran Rosario, durante la última dictadura cívico-militar. La sentencia, que también alcanzó al teniente coronel Pascual Guerrieri, al mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, señaló que los represores fueron hallados culpables de homicidios “agravados por alevosía” y también por “persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades”. En el juicio se probó que Amelong, ex miembro de Inteligencia del Ejército, actuó en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Quinta de Funes y en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Estuvo imputado por los casos de Ariel Morandi, Susana Miranda, Hilda Cardozo y Raquel Negro, como así también por los secuestros de Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Amelong el 24 de octubre a 13 años de prisión por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar Paraná. En el fallo, Amelong fue considerado coautor, junto a otros cuatro represores, de la sustracción de menores y supresión de la identidad. En septiembre pasado, durante una de las audiencias, Amelong mantuvo un diálogo antológico con Horacio Ballester, militar retirado y miembro del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). En su condición de abogado, el represor fue autorizado a preguntar e inquirió a Ballester si conocía el artículo que establece las responsabilidades de superiores y subalternos, así como el cuadro de organización militar y de inteligencia. “Un subalterno no está obligado a cometer una acción ilegal, el militar no es un cumplidor de órdenes robóticas y responde a su conciencia”, dijo Ballester. Hubo aplausos en la sala.

Un represor con chapa de abogado

Aunque Amelong fue condenado por delitos de lesa humanidad en las causas Guerrieri y Hospital de Paraná, la Cámara entendió que no están firmes los fallos por lo que corresponde devolverle la matrícula para ejercer. El Colegio de Abogados apelará.

Por José Maggi

El represor Juan Daniel Amelong podrá ejercer como abogado, luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocara la decisión del Colegio de Abogados de Rosario de cancelar su matrícula. La justicia entendió que no se dieron dos supuestos que debieron respetarse: que el Tribunal de Etica del Colegio se expidiera, o que la condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad estuviese firme, que en este caso está a revisión de la Cámara de Casación. El presidente del Colegio Ignacio del Vecchio prometió llegar hasta la Corte nacional, y convocó de urgencia a la comisión directiva para el jueves. El diputado provincial kirchnerista Eduardo Toniolli, criticó el fallo: "Es como si se le hubiese permitido al criminal de guerra nazi Josef Mengele a ejercer la pediatría".

Del Vecchio aclaró que citó a una reunión de urgencia para el próximo jueves porque "si bien como presidente repito esta función, hay distintos miembros que me acompañan en esta gestión por lo cual si bien llevo una posición personal muy clara de apelar el fallo, vamos a resolver una postura institucional".

El presidente del Colegio opinó "la Sala IV ha tomado en forma excegética la ley orgánica del Poder Judicial y no lo ha hecho en forma integral". Si bien reconoció que el Tribunal de Etica no se expidió, argumentó que desde el Directorio trataron "de enaltecer el concepto público de la abogacía asegurando a la población que quienes ejercen la función tienen los canones mínimos a nivel ético". "Debíamos cancelar la matrícula para decirle a la población que este matriculado no tenía los valores éticos para ejercer la profesión", agregó.

Por su parte Vildor Garavelli, ex miembro de la comisión directiva del Colegio y uno de los profesionales que mas impulsó la decisión de cancelarle la matrícula al ex militar, explicó: "La calidad de los delitos que se le imputaban a Amelong y la cantidad de homicidios, secuestros y torturas en las causas Guerrieri y Hospital de Paraná, eran de tal magnitud que el Colegio de Abogados tenía facultades desde el punto de vista administrativo para suspender su matrícula".

En tanto el diputado y querellante en la causa Díaz Bessone, Toniolli, criticó el fallo porque "este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados cometidos durante la última dictadura cívico militar", por lo que entiende que "dejarlo ejercer como abogado sería como habilitarlo a Mengele para trabajar de pediatra".

El presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja agregó que "más allá de tecnicismos la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, pero estamos en presencia de un genocida que si no fue condenado antes fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de Obediencia Debida y Punto Final".

Por su parte Vildor Garavelli, opinó ayer que "el fallo (de la Cámara) podía estar dentro de las posibilidades. Uno de los temas que se debatió en el directorio planteaba que había que esperar que la sentencia sea o no definitiva. Y lo que la Cámara Penal plantea que no se respetó la doble instancia. Es decir que rige el principio de inocencia hasta que se dicta sentencia definitiva".

Garabelli recordó que cuando el directorio del Colegio tomó la decisión de quitarle la matrícula a Amelong, "lo hizo para dar un ejemplo claro. Nosotros no avalábamos tener asociada a una persona condenada por esos delitos. Además no hubo de parte de Amelong ningún arrepentimiento".

Amelong "hizo una encendida defensa del terrorismo de Estado. Desconoció al tribunal que lo juzgaba. Tuvo epítetos agraviantes hacia los abogados de las otras partes. Estaban dadas las situaciones".

"Consideramos que una vez salida la sentencia, podíamos intervenir quitándole la matrícula. No es una cuestión meramente administrativa. Hubo una evaluación ética, jurídica y política y tomamos la decisión", apuntó Garabelli.

Videla asume las órdenes de todos los delitos cometidos en el ex Servicio de Informaciones

2011-12-26T11:31:00.000-08:00

El mayor responsable también responde

El ex presidente de la dictadura desconoció la autoridad de la justicia civil y asumió haber dado las órdenes de todos los delitos cometidos en el ex Servicio de Informaciones cuando Agustín Feced era el interventor de la policía rosarina.

Por José Maggi

La causa Feced sigue avanzando. El martes 20 de diciembre en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín se constituyeron el juez federal Marcelo Bailaque, instructor de la causa y el fiscal Gonzalo Stara, con el objeto de tomar declaración indagatoria al responsable máximo de la implementación del plan genocida desplegado durante la última dictadura militar, el primer dictador que usurpara el pode estatal el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla. "La indagatoria de Videla pone en su justa medida las responsabilidades de los llamados autores de escritorio. Hoy decimos que deben ser juzgados no sólo aquellos que ejecutaron de propia mano las órdenes genocidas, sino y fundamentalmente, aquellos que idearon y dictaron las órdenes a los mandos inferiores", indicó Stara.

Luego de 27 años de trámite, durante los cuales la causa avanzó fundamentalmente sobre la responsabilidad de los autores materiales, llegó el turno de los autores mediatos, cuyo emblema máximo es por supuesto, el mismo Videla, en lo alto de la pirámide de los responsables-ejecutores integrantes de las fuerzas armadas. Las responsabilidades eclesiásticas se empiezan a develar a partir de la figura del ex capellán de Feced, Eugenio Zitelli. Pronto llegará el turno de los cómplices civiles.

Videla fue imputado de "haber formado parte, en su carácter de comandante en jefe del ejército argentino y presidente de la junta militar de un grupo de personas que operaron en la época del gobierno de facto instaurado a través del llamado proceso de reorganización nacional, en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física, homicidios, de personas que integraban movimientos o agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva, y concretamente haber intervenido, en ese mismo carácter en privaciones ilegítimas de la libertad mediando violencia y amenazas, tormentos y homicidios de un centenar de víctimas".

Entre los casos figuran los de Stella Maris Hernández, Carlos Pérez Risso, Elías Carranza, Laura Hanono, Marta Bertolino y su esposo Oscar Manzur, Las familias Girolami y Marciani, Liliana Gómez, Mirta Castellini, Elida Deheza, Juana Bettanín, Laura Ferrer Varela, María Inés Nené Luchetti de Bettanín, Marisol Pérez, Daniel Farías, Analía Minetti, los siete militantes asesinados en la masacre de Los Surgentes, Daniel Gorosito y Rut González, entre muchos otros, todos hechos ocurridos en el ex servicio de informaciones de la policía de Feced.

Párrafo aparte merece la imputación a Videla de su responsabilidad en la privación ilegítima de La libertad mediando violencia y amenazas y la desaparición física del abogado César Tabares, quien fuera director de institutos penales durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando Silvestre Begnis gobernaba Santa Fe, célebre por negarse a aplicar un régimen más duro a presos políticos, honrando un cargo que fundamentalmente representa la conducción de un civil del servicio penitenciario, el mando de la política votada por el pueblo por sobre las corporaciones.

La respuesta de Videla representa una síntesis del cinismo a gran escala. Al margen de negar los hechos que se le imputan se limitó a afirmar, que "desconocía la competencia de la justicia civil, dado que solo reconoce competente al Consejo Supremo de las fuerzas armadas para juzgarlo". Por lo demás manifestó que ya fue juzgado por todos los hechos en la causa 13.

Finalmente afirmó que "asumía en plenitud su responsabilidad castrense mientras fue comandante en jefe del ejército, descargando de toda responsabilidad a sus subordinados, que se limitaron a cumplir las órdenes por él impartidas, ajustando su accionar a las directivas 1/75 y a los decretos presidenciales declarados inobjetables por el consejo supremo de las fuerzas armadas".

Se espera ahora que el juez Bailaque, al momento de resolver la situación procesal de Videla, dé el primer paso para sentarlo en un juicio oral por la responsabilidad que le cabe en relación al centro de detención y exterminio existente en el Servicio de Informaciones de Rosario.

Rosario : Escrache a represor en libertad

2011-12-22T22:18:00.000-08:00

COMUNICADO DE PRENSA

Compañeros de organizaciones de DDHH, políticas y sociales que nos oponemos a la máxima que algunos han acuñado y que dice que "el que entró víctima, sale víctima", respondiendo fielmente a las instrucciones que el gobierno nacional da a sus fiscales para que no acusen a los traidores que se pasaron al bando enemigo, decidimos terminar el año con una jornada de señalamiento público con volantes y afiches explicativos sobre un asesino que mientras está siendo juzgado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad, se pasea libremente por las calles rosarinas.

Nos referimos a Ricardo "Cady" Chomicki, ex militante en la década del 70, lacra que a poco de ser detenida, se pasó con armas y bagajes al enemigo y salió de su mano a cazar, torturar y desaparecer a sus antiguos compañeros.

Los que no optamos por la ambigüedad y el debate a la hora de condenar la traición (como si hubiera que debatir si Chomicki es un asesino o no) fuimos al bar donde toma café todos los días, al minimarket de su propiedad y recorrimos las calles del barrio donde se mueve, advirtiendo a los vecinos sobre la presencia del represor integrante de la patota de Feced y como tal encargado de marcar compañeros, secuestrarlos, torturarlos, violarlos, matarlos y hacerlos desaparecer.

Luego nos dirigimos a los tribunales federales y cuando salió en el camión de traslado de gendarmería, le gritamos todo lo que se merece intentando ser la voz de tantos compañeros…

La respuesta positiva de los vecinos hacia el ESCRACHE fue inmediata y reafirma lo que sostenemos desde hace tantos años los que buscamos incansablemente el repudio social :

SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO

Identificaron los restos de estudiante secuestrada por la dictadura militar

2011-12-19T22:51:00.000-08:00

María Victoria que estaba enterrada como NN en Andino

El trabajo del Equipo de Antropología Forense permitió establecer que era el cuerpo de María Victoria Gazzano Bertos.

Por José Maggi

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a una joven asesinada durante la última dictadura y que estaba enterrada como NN en el cementerio de Andino. Merced a un trabajo de investigación previo Miguel Nievas aconsejó a la fiscal federal Mabel Colalongo que las huellas dactilares de una mujer que apareció acribillada a balazos en un camino de Andino, fueran cotejadas con las de María Victoria Gazzano Bertos, una estudiante de Arquitectura de 21 años, que fuera secuestrada en setiembre de 1976. El expediente de Gazzano Bertos, que comenzó con al denuncia de su prima María Luz Pierola, estuvo años sin avanzar en la fiscalía federal Nº 1. La demora trajo además, una tragedia anexa: su padre José Alejandro Gazzano falleció solo unos días antes que la justicia federal le informara el hallazgo de los restos de su hija. La fiscal Colalongo debió relatarle la novedad, a su madre que se llama -curiosamente- Argentina, Lidia Argentina Bertos. En este sentido la fiscal Colalongo remarcó que "hace falta sensibilidad y compromiso genuino con estos temas más que conocimiento, porque a veces la gente habla muy bien de su compromiso, el tema es cuando en la práctica ese compromiso es genuino, y esto en Rosario es bastante complicado. Las discusiones, las peleas , las competencias, y no estamos hablando del enemigo, porque se supone que estamos todos del mismo lado, y en muchos casos, pareciera que no es asi".

María Victoria Gazzano Bertos tenía 21 años el 14 de setiembre de 1976 cuando fue secuestrada fue inhumada como NN en el cementerio de Andino. El hecho conmocionó al pueblo porque la aparición del cuerpo coincidió con la desaparición de una joven de similar edad, con quien fue confundida, hasta que obviamente la joven retornó a su hogar, y Maria Victoria, fue enterrada como NN.

Miguel Nievas explicó que esta causa tuvo inicio "en 1976 cuando apareció un cuerpo de una mujer joven acribillado a balazos a la vera de camino cerca de la localidad de Andino. Esto surge a través de un relevamiento que se hizo en el 2005, cuando a través de un relevamiento de los libros de la comisaría de ese lugar se supo de la aparición de este cuerpo. A raíz de esto se empezó a investigar y se formó una causa judicial, tras lo cual se concretaron excavaciones que no arrojaron resultados. Dentro de este expediente se había solicitado al juzgado de instrucción Nº 13 ( de la justicia provincial) que había intervenido en su momento, que remitiera la causa de hallazgos NN, trámite que fue negativo hasta que en el año 2010, hubo un cambio en el juzgado y apareció el expediente de 1976 con las huellas correspondientes a esa persona que había aparecido acribillada a balazos" dijo Nievas.

A raíz de ese expediente, la fiscal Colalongo me consultó los pasos a seguir y les recomiende que envíen las huellas a la División Dactiloscopía de la Prefectura, y que las comparen con las de María Victoria Gazzano. En enero de 2011 llegó la identificación y fueron concordantes, hasta que en mayo de 2011, hicimos la excavación en el cementerio de Andino, porque estaba inhumada allí".

Allí había llegado luego de ser secuestrada en un Ford Falcon verde desde donde la apuntaron, sin alcanzar a reaccionar porque un grupo de hombres vestidos de civil se le abalanzaron y la empujaron dentro del vehículo.

A las 5 de la mañana del día siguiente, un grupo de uniformados que se presentaron como "de la policía" irrumpieron en la casa familiar, enfrente del Parque Gazzano, en Paraná, y se llevaron a su padre y su hermano, que era militar. Estuvieron un rato revolviendo la casa. La dieron vuelta. Al mediodía, cuando ya no estaban, una voz en el teléfono le advirtió a la madre de María Victoria lo que había pasado en Rosario, sin saber que para esa hora ella ya estaba muerta.

"Había nacido en Paraná el 26 de agosto de 1955 y era la mayor de dos hijos de José Alejandro Gazzano y Lidia Argentina Bertos. Su padre era uno de los 29 nietos del fundador del parque que lleva su apellido y uno de los preferidos de aquel italiano que llegó cargado de sueños, vivió 96 años, formó familia, un barrio, un parque y mantuvo siempre vivo el espíritu de niño. Heredó de él algo más que esos rasgos de mujer alta, de contextura grande, regordeta, piel blanquísima, cara redonda, frente amplia, grandes ojos pícaros ávidos de mundo, sonrisa permanente y cabellos negros, lacios, largos" según la describió en una rápida biografía el periodista Juan Cruz Varela.

María Victoria era parte de esa generación. Las influencias de su formación religiosa y las inquietudes por los conflictos sociales terminaron marcando sus rasgos de personalidad: inquieta, lúcida, ávida de conocer y ayudar.

Encuentro nacional de familiares de víctimas de diciembre 2001

2011-12-10T00:14:00.000-08:00

Imágenes de tristeza infinita

Hijos, hermanos, tíos, pero sobre todo padres de los fallecidos de más de cinco provincias compartieron sus experiencias en La Siberia. "Creí que la represión había terminado en el `83, pero no: estaba escondida y apareció en 2001", dijo uno de ellos.

Por Lorena Panzerini

"Diez años de lucha, diez años de impunidad. Justicia", fue la frase más resonante ayer, durante la segunda jornada del Primer Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Diciembre de 2001, fecha en la que durante dos días hubo más de 35 muertos por la represión en todo el país. Hijos, hermanos, tíos, pero sobre todo padres y madres de los fallecidos de más de cinco provincias compartieron sus experiencias con los allegados de esas personas que ya no están pero que lograron unirlos para recordar. "Esta era la voz de Sergio (Sánchez), mi amigo", dijo una joven con lágrimas en los ojos, y se acercó al centro de la ronda que se formó en la Plazoleta de la Memoria, en La Siberia, para hacer crujir un puñado de hojas secas, ante la propuesta de buscar elementos en la naturaleza, que recuerden a cada uno de los seres queridos. El encuentro finaliza hoy con las conclusiones sobre las charlas de reflexión. En tanto, el lunes 19, a las 18, la marcha por los diez años de aquellos hechos que marcaron la historia del país, saldrá de la plaza San Martín para llegar al Monumento a la Bandera, donde habrá un acto para recordar a las víctimas.

La imagen era de una tristeza infinita: cajas y cajas de pañuelos tiradas en el piso. Alrededor, en una suerte de fogón imaginario, cada familiar contó su historia, la historia de su pérdida. La palabra justicia se escuchó en cada uno de los relatos. Justicia que reclaman hace diez años, pero que no ven llegar. "Todos fuimos víctimas del mismo criminal", resumió el padre de David Moreno, asesinado en Córdoba, a manos de la policía, cuando tenía tan solo 13 años.

Como Eloisa Paniagua, de Entre Ríos, que siendo todavía una niña murió abrazada a un paquete de fideos, mientras buscaba alimentos para sus hermanos más chicos, a quienes cuidaba desde que murió su mamá. Ayer, cuando su tío Jesús se presentó, para hablar sobre Eloisa, se refirió a ella como un ángel, pero no pudo continuar. La foto de la nena en sus manos lo quebró: la miró y ya no hicieron falta las palabras. Más tarde, casi recuperado, dijo: "Creí que la represión había terminado en el `83, pero no: estaba escondida y apareció en 2001". Para Jesús, "el verdadero problema es que estén sueltos los autores intelectuales de esa masacre; pero están libres, como si nada hubiera pasado", se quejó.

Diez años después del 19 y 20 de aquel diciembre --que precedió la caída de la presidencia de Fernando de la Rúa-- está latente el espíritu de lucha, que se alimentó durante este fin de semana largo para homenajear lo que fueron en vida niñas y niños, mujeres y hombres que perdieron la vida, "se las robaron", mientras reclamaban al Estado una vida mejor.

La actividad tuvo lugar en la Facultad de Psicología de Rosario. Hasta allí llegaron familiares de Córdoba, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y otras localidades cercanas. La jornada tuvo que ver con conocerse entre sí, y saber cómo eran en vida las víctimas. Además, hubo debates, intercambio de experiencias particulares de cada uno de los asistentes y reflexiones sobre la lucha y los pedidos de justicia. "Creemos que la justicia no se busca solo donde duerme el olvido tribunalicio. La justicia se construye con la memoria de los que entregaron y trabajaron por una vida en dignidad", señalaron los organizadores.

El momento más emotivo del encuentro sucedió pasado el mediodía, en la Plazoleta de la Memoria, justo frente a la facultad. Rodeados de árboles, sol y brisa, cada familia eligió un elemento de la naturaleza. Para representar a Gastón Riva, de Ramallo, sus padres eligieron dos plumas. "Le damos las alas a Gastón, porque a él le gustaba ser libre". Celeste, la hermana de Claudio "Pocho" Lepratti, que fue asesinado mientras pedía a la policía que no disparara hacia el comedor comunitario donde comían decenas de chicos, juntó varias ramitas y las unió en el suelo. "Pocho era como un fogón, porque lograba reunir a la gente: era un facilitador de encuentros. Nosotros no tenemos que dejar que este fuego se apague", dijo. También hubo piedras para representar la fortaleza; hubo hojas y agua.

La idea de los organizadores del encuentro, tuvo que ver con no olvidar "la serie de acontecimientos que dieron vuelta la vida de los argentinos y que nos marcaron para siempre". En ese sentido, recordaron que en la provincia de Santa Fe, durante las jornadas del 19 y 20, hubo

nueve muertos, "siete de ellos a manos de la policía". Sin embargo aseguraron que "es triste" que no haya una lista nacional que contenga a todos los fallecidos a causa de las dos jornadas trágicas.

Todos los familiares coincidieron en que "a diez años es necesario encontrarse para hablar de cómo nos sentimos, de cómo han sido estos años para cada uno de nosotros, de reflexionar sobre cómo continuar la lucha". Durante la reunión hubo reclamos de Justicia, pero también de "cumplimiento de las responsabilidades por parte del Estado".

Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) nacional, dijo que "el Estado es el asesino de los compañeros y compañeras muertos". Gustavo Martínez, de la CTA local, agregó: "Nadie del Estado se hizo cargo de esto, pero no como un resarcimiento, sino como una responsabilidad, para quebrar con la impunidad".

Perpetua al coronel González

2011-12-08T00:12:00.000-08:00

Fue el primer interventor de la dictadura en la provincia de Santa Fé.

El Tribunal Oral y Federal de Santa Fe lo condenó por la desaparición del militante Mario Osvaldo Marini y el secuestro de su esposa, Ana María Cavadini. Hasta que el fallo quede firme cumplirá la pena en su domicilio. "Se hizo justicia", dijo Ana María.

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe "Un fallo histórico", lo calificaron una y otra vez. El Tribunal Oral de Santa Fe condenó ayer a prisión perpetua al coronel José María González, el ex jefe del Area 212 que la madrugada del 24 de marzo de 1976 copó la Casa Gris al mando de tropas golpistas y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia.

Lo condenó por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini y el secuestro de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975, en una casita cerca de la cancha de Colón, donde ambos vivían con su bebé de un mes y medio. Es el primer militar que llegó a juicio por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe y el primer sentenciado a la pena máxima por tres cargos: "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio doblemente calificado", aunque -hasta que el fallo quede firme" cumplirá la pena en su domicilio. "Se hizo justicia", dijo Ana María, mientras uno de sus compañeros levantaba la foto de su esposo desaparecido, el 9 de diciembre de 1975. Y ella asoció las fechas: mañana se cumplirán 36 años desde la última vez que lo vio con vida, cuando un grupo de tareas del Area 212 copó su casa, la secuestró a ella y a su niño, esperó en la oscuridad y se llevó a Mario.

El veredicto se conoció al mediodía. Afuera, el sol pegaba fuerte a una muchedumbre que seguía la audiencia por dos pantallas de TV, entre cánticos y banderas. El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, se encargó de leer punto por punto. Lo secundaban sus colegas María Ivon Vella y Lilia Carnero, jueza del Tribunal Oral de Paraná. Y cuando anunció la "prisión perpetua", una explosión de gritos y aplausos ganó la calle. "Olé, olá. Como a los nazis la va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar", cantaron los más jóvenes. Escobar Cello siguió con la lectura y anunció que los fundamentos de la sentencia se publicarán el 16 de diciembre. Pero antes de terminar el acto, la jueza Carnero aprovechó para reprocharle al abogado de la defensa, Carlos Triolo, porque en su alegato se dirigió en todo momento al "señor presidente" y no al Tribunal integrado también por dos mujeres. "A los alegatos los recibe el Tribunal, no sólo el presidente, que dirigió correctamente esta audiencia", dijo Carnero. Y quedó claro que era un reto por omisión de género. En la calle, seguían los cánticos: "Cárcel común perpetua y efectiva para los genocidas que andan sueltos por las calles argentinas". Ana María Cavadini fue una de las primeras en salir del Tribunal. "La verdad que este fallo nos hace creer y confiar más en la justicia. Estamos muy contentos, muy conformes", dijo. Tenía los ojos iluminados. Y agradeció el testimonio de los compañeros de Marini y de ella que declararon en el juicio. "Fueron muy contundentes, tenía mucha esperanza que ésta sea la sentencia y, por suerte, se concretaron mis ilusiones", agregó. El abogado querellante Guillermo Munné coincidió. "Es un sentencia trascendente, muy importante", dijo, mientras hacía un esfuerzo para contener el llanto. Lo logró a medias. Porque era una emoción compartida con su colega de la querella, Lucila Puyol y muchos otros. "Esto es por la memoria de Marini, por el reclamo de justicia de tantos años de Ana Cavadini y de su hijo Germán. Por todos los compañeros y compañeras de Mario que testimoniaron en el juicio. Y por todos los argentinos que reclamamos un país sin impunidad", agregó Munné. "Se trata de un fallo trascendente. Que el genocida golpista de Santa Fe tenga que dar cuentas en la justicia de la democracia y reciba la peor condena de nuestro país: la prisión perpetua, es histórico. Esperemos que también la hagan efectiva, en el único lugar donde se puede controlar, que es la cárcel común", dijo Munné.

"Acá tuvo que comparecer como acusado el hombre que reinaba sobre la vida, el cuerpo, la libertad de tantos militantes de 1975 y 1976, el autor de tantos crímenes horrorosos, el responsable de que el padre de Germán Marini y el esposo de Ana Cavadini no esté vivo ni se sepa donde están sus restos. Nos parece muy trascendente que este hombre fuerte del terror de estado, esté ahora, con todas las garantías del derecho de defensa, juzgado y condenado a prisión perpetua. Respetamos su derecho a la salud y a la asistencia médica, pero debe cumplir la condena en una cárcel común", insistió Munné. González tiene 82 años. Puyol ponderó "la primera condena a perpetua a un genocida" por "la contundencia de los testigos que se escucharon en el juicio, especialmente las compañeras de detención de Ana María Cavadini y los compañeros de Mario Marini que dieron testimonio de la persecución que vivían sobre finales de 1975. Y la trascendencia de la figura de González, que fue el primer hacedor del terrorismo de estado y el primer interventor de la dictadura en la provincia. Es el primer caso de un militar condenado en Santa Fe porque (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando) Rolón y (el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Domingo Manuel) Marcellini murieron antes de llegar a juicio", concluyó la abogada.

El juicio a González, gobernador dictatorial

2011-12-07T01:06:00.000-08:00

Por HIJOS Regional Santa Fe

Hoy a las 10 de la mañana, se conocerá la sentencia al genocida José María González. En las últimas jornadas de juicio, escuchamos a la querella y la fiscalía alegar contra el genocida González. Ambas partes coincidieron en la necesidad de cambiar la calificación que se

sostuvo durante la instrucción. La desaparición de Mario Marini, había sido tenida como "homicidio simple", que fijaría un límite de condena de 25 años de prisión por todos los hechos que se le imputan a González en esta causa, sufridos tanto por Mario Marini como por su esposa Ana Cavadini. Con la nueva representación de la querella para el juicio oral, se requirió condena por "homicidio agravado" sosteniendo la única condena para este tipo de delitos: prisión perpetua.

En estas históricas jornadas, escuchamos la enumeración de las contundentes pruebas que pesan contra tan infame genocida, que se desempeñó como máximo jefe militar de la persecución asesina a los militantes en Santa Fe durante 1975 y 1976.

Nuestra querella pidió: prisión efectiva en cárcel común. La llamada "prisión domiciliaria" deja a los condenados por estos crímenes, en el señorío de su hogar y no tienen ninguna forma satisfactoria

de control de cumplimiento. Los responsables de esos delitos participaron de extensas y complejas organizaciones, sin depender de su fuerza física personal para cumplir sus planes criminales. Estos comandantes de los grupos de tareas conservan todas sus facultades con las que perpetraron las atrocidades del terrorismo de Estado.

Solicitamos se condene a José María González, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, como autor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, humillaciones, maltratos, privación ilegítima de la libertad, reducción a tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de defensa en juicio en perjuicio de Ana María Cavadini. Y autor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia, homicidio calificado, desaparición forzada de persona en perjuicio de Mario Osvaldo Marini, todo en el marco del Genocidio perpetrado en nuestro país.

Por eso, señores Jueces. Por nuestros 30.000 desaparecidos, pedimos justicia. Por nuestros muertos, justicia. Por nosotros, sus hijos, justicia. Por la dignidad de los pañuelos blancos de las madres, los testigos y los sobrevivientes, justicia. Por Ana María, Germán y Mario Osvaldo, pedimos justicia. Por el futuro, por nuestro pueblo, solo eso, justicia.

La jerarquía eclesiástica, hasta las manos, en el secuestro y asesinato del abogado Tabares

2011-12-07T00:58:00.000-08:00

Citan a indagatoria a Zitelli y Cía

El fiscal federal Gonzalo Stara pidió que se cite a declaración indagatoria a Eugenio Zitelli, Jorge Rafael Videla, Ricardo Corrales, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Scortechini, Ramón Vergara, entre otros por el secuestro y asesinato de César Raúl Tabares ocurrida en 1977. Completan la lista Lucio Nast, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Héctor Fermoselle, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Diego Portillo, Pedro Travagliante y Eduardo Dugour.

De la declaración de su esposa Alicia Ferrero surge que la víctima fue secuestrada en la vía pública, en la madrugada del 6 de enero de 1977 cuando se dirigía a su auto luego de haberse despedido de su socio del estudio jurídico, Oscar Di María, con quien momentos antes había tomado un café en la confitería del hotel Majestic, San Lorenzo y cortada Sargento Cabral.

En la búsqueda por su paradero emprendida por su madre y su esposa, logran saber por medio de los doctores Di Maria y Mezio, que Ricardo Corrales "quien había hablado con Antonio Rodenas" les dijo que Tabares estaba detenido en Jefatura y que se esperaba que de un momento a otro se lo blanqueara.

El fiscal Stara remarcó que "no solo Corrales informa que estaba en Jefatura, sino también, todas las otras averiguaciones extraoficiales efectuadas por sus familiares, indicaban que la víctima estaba allí, más precisamente, en el pozo, que no es otro que el Servicio de Informaciones".

También lograron entrevistarse con el entonces arzobispo Bolatti, sin obtener respuesta alguna. Sus familiares recuerdan que uno de los que decían o afirmaban que Tabares estaba muerto, era el jefe de la Alcaidía, el comisario Jorge Atui. Otro, era el cura Zitelli, quien se lo había dicho al padre Rafael Cantilo y éste último a la esposa de Tabares.

Merecen especial atención, los sucesos que involucran a Zitelli, ya que éste, además de intervenir en las primeras "secuencias del plan sistemático (secuestro, torturas y posterior desaparición), lo hace en la última, esto es, el ocultamiento de todo rastro de los delitos cometidos a fin de generar en los familiares de las víctimas desesperanza".

El secretario de Feced, el represor Ricardo Corrales, ahora se hace el tarado

2011-12-07T00:50:00.000-08:00

"Quiero decir que no coordino"

Ricardo Corrales se negó a responder preguntas argumentando que tenía "una nebulosa terrible en la cabeza" y que se quería "morir". Su detención, fue un reclamo largamente postergado de los sobrevivientes y los familiares.

Por José Maggi

Ricardo Corrales, quien fuera secretario privado del interventor policial Agustín Feced durante la última dictadura se entregó ayer a la justicia federal. El ex policía prestó ayer declaración indagatoria y se negó a responder preguntas argumentando que tenía "una nebulosa terrible en la cabeza" y que se quería "morir". Negó las imputaciones en su contra (31 secuestros, 131 casos de secuestros seguidos de torturas, 16 desapariciones y 10 homicidios) y se declaró "muy católico apostólico romano". Corrales estaba prófugo de la justicia desde el 18 de noviembre pasado cuando no pudo ser ubicado en el domicilio legal que había fijado en Paraguay 1440 2 C, luego de haber declarado como testigo en la causa Díaz Bessone, hace seis meses. Sobre el hombre de confianza de Feced se cuenta una historia con ribetes novelescos: sería el custodio de una arma de fuego con la su jefe daba muerte a su enemigos, así como del mentado álbum de fotos con los cuerpos de los militantes asesinados.

El fiscal federal Gonzalo Stara, que había pedido su detención, expresó que "la indagatoria de Corrales representa un avance significativo en el trámite de la causa. La figura del secretario privado de Feced es un emblema de la represión ilegal en nuestra zona y su detención un reclamo largamente postergado de los sobrevivientes y los familiares".

Corrales declaró: "He trabajado en la secretaría privada, no recuerdo el tiempo, ni el mes del año. Esa es la verdad, mi deber era recepcionar todos los procedimientos en la faz policial. No obstante tenía que transmitir sobre la persona que viniese a preguntar por personas que estaban detenidas... tenía que comunicarle al interventor de represión. Así fue transcurriendo el tiempo, alguna persona que preguntaba por algún detenido. Primero si es asunto policial le comunicaba al subjefe de policía, todo lo concerniente a la policía. Cuando venía alguna persona a preguntar si alguien estaba detenido en forma reiterativa, yo iba golpeaba la puerta y le decía al interventor que estaba fulano y que quería hablar con él, y el me decía: 'yo no atiendo a nadie'. Entonces yo iba, decía 'perdone, el jefe me dijo que vaya a preguntar a otro lado', que no me había dicho nada, eso decía yo al que venía a preguntar. En realidad algunas veces, me decía que quería que pase y otras veces, me decía que no lo quería atender. El interventor me decía estas palabras: 'hágalo pasar'".

Y agregó: "Tengo una nebulosa terrible en la cabeza, me sube la presión, no me acuerdo de nada. Yo le puedo asegurar que lo que me han hecho es una injusticia terrible. No quiero decir más nada porque me siento muy mal. Quiero decir además que no coordino, se me hace una nebulosa en la cabeza, no estoy en condiciones de hablar más, me quiero morir lo antes posible, me han hecho muchos problemas solo por estar en la secretaría privada, pero le juro que yo soy muy católico apostólico romano, me crié desde los ocho años en el Colegio San José, viví una vida de muy chico y no estoy en estado de continuar. Por culpa de la secretaría privada. No puedo coordinar (sic)".

Luego de la indagatoria, y a pesar de haber eludido la acción de la justicia durante casi un mes, Corrales fue beneficiado por su edad con la detención domiciliaria, luego de fijar nuevo domicilio.

El ex portero Gato Andrada, agente de inteligencia durante la dictadura

2011-12-05T00:22:00.000-08:00

"Trabaja con dedicación exclusiva"

Así figura en el legajo del ex arquero de Central y miembro del equipo de Inteligencia del destacamento 121 durante la dictadura. Andrada es investigado por los asesinatos de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

Por José Maggi

"Su figura de ex arquero de Rosario Central, concita adhesiones y confianza especialmente en los barrios de trabajadores lo cual facilita su penetración al objetivo impuesto. Si bien su edad supera el límite establecido, su potencialidad de penetración y capacidades personales, hacen sumamente beneficiosa su integración a esta unidad, viéndose justificada la proposición de su nombramiento". El texto pertenece al legajo de Edgardo Norberto "Gato" Andrada, agente de inteligencia del Destacamento 121 entre 1981 y 2000. En el mismo hay varias frases impactantes: Al calificar su desempeño entre Mayo y Octubre de 1983 el Capitán Víctor Hugo Rodríguez dijo que "PCI (Personal Civil de Inteligencia) posee una variada red de informantes. Es de destacar su espíritu de colaboración y contracción al trabajo. Trabaja con dedicación exclusiva". El 13 de mayo de 1983 Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi fueron secuestrados del bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos. La última semana el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo debía decidir la situación procesal de Andrada, pero al vencer el plazo sin novedades, el fiscal federal Juan Patricio Murray presentó un pedido de pronto despacho reclamando una definición.

El legajo de Andrada -microfilmado y analizado por la justicia- arroja varias "perlas": Su apellido y nombre de cobertura es Antelo Eduardo Néstor, con fecha de alta Noviembre de 1981, cargo Agente "S".

"Lo presentó el Teniente Coronel Jorge Roberto Diab del Servicio de Inteligencia del Ejército (brinda como domicilio Oroño 885) el 25 de agosto de 1981. Lo conoce desde el año 1975 por tener amistad. Andrada jura guardar lealtad y fidelidad a la patria y guardar el secreto más absoluto en el desempeño de sus funciones y tareas ante Luis Américo Muñoz en fecha 1 de marzo de 1982.

Entre las "Conclusiones" se consigna: "con predisposición natural y/o adquirida para fuente de investigaciones y/o agente reunión ámbito político". Fechado en Buenos Aires el 27 de octubre de 1981. Firman: el interesado y el teniente coronel César Ariel Volpe.

En otro apartado del "Informe especial para el personal que realiza cursos" puede leerse que fue preparado en Inteligencia y Contrainteligencia; Subversión y contrasubversión; Explosivos;Técnicas de apoyo; Acción psicológica; Normas legales; Legislación del PCI; Ejercitaciones prácticas en el ámbito externo". El promedio de estudios fue 8.30 y resultó número 17 entre 40 agentes. Su concepto: excelente y esta firmado por Vicente L. Pisani y Horacio Gerez.

La primera Foja de Calificaciones data de Noviembre de 1981 hasta Diciembre de 1982 e interviene en la misma el Capitán Víctor Hugo Rodríguez :"Agente dotado de entusiasmo para el desempeño de sus funciones específicas. Debe continuar su esfuerzo para lograr mayores resultados".

En su segunda foja de calificaciones "desde Mayo de 1982 hasta Abril del año 1983 fue calificado por el Capitán Víctor Hugo Rodríguez. quien apuntó :"PCI que tiene posibilidades para sobresalir, para lo cual deberá centrar su esfuerzo para elevar su rendimiento en el proceso de reunión de información. Se solicita su confirmación en el cargo".

Por su parte el Teniente Coronel Muñoz / segundo jefe del Destacamento 121 ) señaló ": Por sus condiciones puede llegar a ser un excelente PCI, debe poner de manifiesto más iniciativa y deseos de superación. Solicita confirmación en el cargo".

Pero esta no es la única prueba presentada por Murray para imputar al Gato: Andrada trabajaba bajo las órdenes del jefe del Destacamento 121 que era el Coronel Oscar Pascual Guerrieri, su segundo jefe el entonces Teniente Coronel Luis Américo Muñoz y el Jefe de la Segunda Sección era el entonces Capitán Víctor Hugo Rodríguez.

Otro de los documentos presentado bajo el título "¿Podrá la segunda reforma del Estado eliminar las lacras represivas de la dictadura militar y la corrupción mafiosa de la inteligencia del Ejército?", escrita en los primeros tiempos de la democracia por un conocedor de los intríngulis de los servicios señalaba el contexto del crimen de Cambiaso y Pereyra Rossi:"...Los últimos episodios de homicidio planificados por los psicópatas de los Coroneles Tepedino y Rospide fueron en el año 1983 con las ejecuciones de los integrantes de la Conducción Nacional de Montoneros Yaguer (Córdoba) y Pereyra Rossi y Cambiaso (en Rosario) en la que participó activamente el Coronel Pascual Oscar Guerrieri íntimo amigo de Tepedino, quien ordenó a su banda que levantaran a Pereyra Rossi y Cambiaso... En esta operación tuvo activa participación Edgardo Norberto Andrada (alias "el gato", ex arquero del Club de Fútbol Rosario Central).

Otro de los documentos aportados por la fiscalía es un texto redactado por el entonces Teniente Coronel Luis Américo Muñoz en su reclamo al entonces Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en el mes de mayo del año 1989, reclamando un ascenso que le fuera negado, ya que había cumplido funciones que pusieron en riesgo a su propia familia. " Primera Operación Especial (Año 1983). En esta oportunidad la operación consistió en un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales, en forma previa a las elecciones presidenciales del año 1983. Durante el desarrollo del operativo advertí que habían variado en forma significativa las previsiones iniciales, consecuentemente ordené suspenderlo tal como lo fijaba el plan inicial. No obstante mi resolución, recibí orden de continuar. A pesar de tener la convicción de que ese no era el camino, dado que el riesgo de ponerse en evidencia tenía un elevado porcentaje de probabilidades; cumplí la orden como corresponde a un soldado. En relación con esta operación deseo agregar que, a principios de mayo del corriente año, producto de una conversación circunstancial con un camarada recientemente ascendido al grado de Coronel que posee aptitud especial de inteligencia; pude enterarme que éste tuvo que realizar una operación especial para impedir que el operativo de mi unidad sea dado a conocer en forma detallada, incluyendo grado y apellidos de los participantes en el semanario Siete Días de aquel entonces....."

Entre los documentos hay también una nota de la revista Humor del año 1983 con firma del periodista Enrique Vázquez y su declaración testimonial. Bajo el título "Hacia que democracia vamos", se lee "un muy alto oficial en actividad redactó un informe secreto sobre las alternativas íntimas del caso Cambiaso ? Pereyra Rossi, e hizo llegar una copia de ese informe a la sala de redacción de un semanario capitalino. En el informe se acusa frontalmente a por lo menos dos de los mas empinados miembros de la cúpula del ejército. Un cronista y un fotógrafo concurrieron con el texto ante uno de los inculpados, y recibieron esta respuesta: "Evidentemente, tengo un traidor entre mis hombres. Les prohíbo terminantemente que den difusión a ese documento. Si esto trasciende, les vuelo la editorial. Con amnistía o sin amnistía, en actividad o en retiro, les vuelo la editorial con ustedes adentro." Los pormenores del informe se mantienen en el más absoluto secreto.....". En la referida declaración testimonial el periodista Enrique Vázquez, si bien se reserva la fuente de información, declara que el semanario capitalino aludido en la nota era la revista Siete Días.

Fiscalía y querella piden perpetua para ex coronel gobernardor de la dictadura

2011-12-04T23:59:00.000-08:00

Por qué corresponde perpetua

El primer gobernador de la última dictadura está acusado, en el juicio oral cuyo veredicto se anunciará el miércoles, por el secuestro y asesinato del militante Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de Ana María Cavadini, en 1975.

Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe

El miércoles, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe anunciará su veredicto en el juicio al primer gobernador de la dictadura y ex jefe del Area 212, coronel José María González, a quien la Fiscalía y la querella le pidieron prisión perpetua por el secuestro y asesinato del militante peronista, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975. Es la primera vez que la acusación coincide en solicitar la pena máxima a un imputado por delitos de lesa humanidad. "Era el perfecto ejecutor", lo calificó el fiscal Martín Suárez Faisal al subrayar el poder absoluto ﷓militar y político﷓ que había concentrado González y su "comunión ideológica" con el terrorismo de estado. "El motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley", dijo el fiscal. Y consideró que González "se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", agregó. La defensa insistió con la inocencia de su cliente y pidió el sobreseimiento.

Marini, su esposa y el bebé de ambos, Germán, de un mes y medio fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1975, en su propia casa, en las cercanías de la cancha de Colón, por un grupo de tareas del Area 212 ﷓a cargo González﷓. La vivienda fue saqueada. El operativo quedó acreditado en un acta del Ejército, que desliza que Marini se escapó media hora después de su caída. "Una versión inverosímil", la definió la Fiscalía. Cavadini dijo en el juicio que un policía de la comisaría 2ª, donde estuvo secuestrada, le confirmó que su esposo había sido asesinado en la comisaría 4ª.

En su alegato, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné plantearon la necesidad de cambiar la calificación legal que pesa sobre González. En la primera etapa de la causa, la desaparición de Marini se consideró un "homicidio simple", que fijaría un límite de 25 años de cárcel por todos los hechos que se le imputan. Pero en el juicio, Puyol y Munné explicaron que había pruebas suficientes para considerarlo "homicidio agravado" y pidieron la única condena para este tipo de delitos: prisión perpetua. La fiscalía coincidió con el planteo de la querella y solicitó la misma pena.

El fiscal Patricio Longo acusó a González por el "allanamiento ilegal de domicilio" de los Marini, la "privación ilegal de la libertad" del matrimonio y el "homicidio doblemente calificado" de Marini. "Se ha probado que el secuestro fue llevado a cabo por un grupo de tareas, integrado por seis personas, que actuaron bajo el control operacional del Area 212", dijo el fiscal. "Fue la última vez que Cavadini vio con vida a su esposo".

Longo mencionó dos pruebas que agravaron la situación de González. Una, es el acta del secuestro de Marini, el 9 de diciembre de 1975, alrededor de las 21 y su supuesta fuga, media hora después. "Una versión inverosímil", dijo el fiscal. La otra, es un habeas corpus: el juez federal Elvio Cano le pide a González informes sobre el destino de Marini y el coronel le contesta. O mejor dicho, no le contesta porque se trata de "aspectos vinculados con el servicio, en los que se hallan en juego cuestiones que hacen a la defensa nacional" (sic). "Esto nos da la pauta que González sabía perfectamente quién era Marini y que había sido víctima del proceder de su tropa", agregó Longo.

"Se ha probado que González es el responsable penal de la muerte de Marini, conocía los medios que se utilizaron para cometer el homicidio y quiso y aceptó ese resultado porque ese fatal desenlace fue la consecuencia directa de su detención en la vivienda de calle Jujuy 3618", dijo el fiscal. "El secuestro y posterior desaparición de Marini no fue aleatorio (...) ni un hecho aislado o sorpresivo, porque ese mismo 9 de diciembre de 1975 a la mañana, también fue secuestrado" otro militante peronista, José Antonio Manfredi, aún desaparecido. "Se ha demostrado que González conocía perfectamente lo que estaba pasando, quiénes eran Marini y Cavadini, y sin su determinación, el allanamiento ilegal, los secuestros y el homicidio que se probaron en este juicio, no hubieran sucedido", agregó.

El fiscal Suárez Faisal planteó que González tenía un poder absoluto. Era jefe del Comando de Artillería 121, jefe de la Guarnición Santa Fe y jefe del Area 212. Y el 24 de marzo de 1976 comandó el golpe de estado en la provincia y asumió como interventor. "Siempre tuvo absoluto conocimiento y control sobre todos los procedimientos que se realizaron en la ciudad de Santa Fe durante su mandato militar".

"Sin temor a equivocarme, entiendo que el motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción que tenía acerca de que la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. En esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, González fue el perfecto ejecutor de ese macabro programa. Se valió de los resultados de sus delitos para adquirir 'prestigio' entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", concluyó el fiscal.

Presentación de organismos.

2011-11-22T23:54:00.000-08:00

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS Rosario, la LADH, APDH Rosario y UMANO de Casilda, presentarán ante el Juzgado Federal Nº 4 un pliego de preguntas en base a las cuales deberá deponer el párroco de la catedral rosarina, Héctor Giménez, a partir de los dichos que vertiera el viernes próximo pasado en relación al ex capellán de la policía de la dictadura, Eugenio Zitelli, imputado por la justicia federal por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El párroco afirmó que Zitelli era injuriado por las acusaciones que sobre él pesan y que era totalmente ajeno a los hechos.
Ante la solicitud de que sea citado a prestar declaración interpuesta por la fiscalía, los organismos nos presentamos a fin de proponer algunas preguntas al juez, dado que el propio Giménez fue mencionado en un testimonio brindado en la causa Guerrieri / Amelong.
Asimismo, los organismos firmantes presentaremos una solicitud al arzobispado rosarino a fines de que tengan la posibilidad de explicar si la posición esgrimida por Giménez obedece a una decisión oficial de la iglesia o si fue hecha a título personal, a pesar de haber utilizado para ello el púlpito de la catedral de la ciudad.
La presentación judicial tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre a las 9,30 en Oroño 940.
Cabe destacar que el escrito cuenta con el apoyo de la Sra Gladys Bracachini, madre de Eduardo Bracachini, por cuyo homicidio está siendo investigado Zitelli.

Los organismos queremos desmentir la versión difundida por Giménez: Eugenio Zitelli no es víctima de injurias, fue citado luego de que numerosos testimonios lo involucraran directamente con la represión ilegal.

A diferencia de los dichos de Giménez, no “lo tiene la iglesia”, se encuentra detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Quitan al cura Gieménez por defender a Zitelli

2011-11-22T00:56:00.000-08:00

Apoyo a un cura de pasado complicado

Fue durante una misa. Las palabras del padre Giménez: ahora un fiscal quiere que declare en la causa Feced.

Por José Maggi

El fiscal federal Gonzalo Stara pidió ayer que se cite a declarar al párroco de la Catedral de Rosario, Raúl Giménez, por las afirmaciones que hizo durante la misa del pasado viernes, en la que defendió la inocencia del sacerdote Eugenio Zitelli, quien se desempeñaba como capellán de la policía durante la dictadura militar. Las afirmaciones de Giménez fueron publicadas en la edición del domingo de Rosario/12 , basadas en una testigo directa: la periodista Susana Pozzi quien estaba en la iglesia madre de Buenos Aires y Córdoba durante la primera misa del día que tiene lugar entre las 8 y las 9 de la mañana. Stara elevó la demanda al titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que entiende en la causa que se sigue por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone (ex Feced) y ordenó la detención de Zitelli, quien hasta hace solo unos meses estaba a cargo de la iglesia San Pedro de la vecina localidad de Casilda

"En el día de hoy, conforme con lo que habría manifestado Giménez, hemos solicitado al juez Bailaque que lo reciba antes posible para que de declaración testimonial para que de razón de los dichos que habría efectuado", señaló el fiscal Stara al programa "Trascendental" de LT8.

"En principio, aparentemente Giménez tendría algún tipo de información acerca de los hechos, acerca de Zitelli, acerca de los hechos por los que está citado Zitelli, y sobre su ajenidad en los hechos por lo que fue ordenada su detención", añadió el fiscal federal de la causa Díaz Bessone.

"Hemos pedido que se lo cite a declarar fundamentalmente para que de razón de sus dichos, no sólo sobre los hechos que se le imputan a Zitelli sino también sobre su participación en los mismos", ratificó el funcionario judicial, en relación con el pedido que presentó al juez Bailaque esta mañana.

Según el testimonio de Pozzi, "en el momento en que se piden las intenciones, un momento cúlmine de la celebración religiosa pues se consagran la sangre y el cuerpo de Cristo, el párroco de la Catedral Raúl Giménez pidió realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando. También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia. Hablé con él y le dije que pediríamos por su alma. Se puso muy contento cuando se lo comuniqué. Pidamos por él". De esta forma el párroco cerró la petición el viernes a la mañana, sin nombrarlo, pero dejando absolutamente claro que se trataba de ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli.

Conocidas las declaraciones el grupo UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido) de Casilda calificó de "inadmisibles las expresiones que tuviera Giménez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura".

Consternados, rabiosos….no claudicamos

2011-11-20T22:54:00.000-08:00

Por Norma Ríos –Pta. APDH Rosario

Algunos hechos producidos en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar están siendo reconocidos por la justicia federal a través de algunas medidas de los últimos días. Junto al breve racconto, contaremos también algo de lo que hicimos y pasamos en estos años de cómplice ceguera política y judicial.

1) “La justicia federal de Rosario procesó a diez miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y la sustracción de una menor, ocurridos en agosto de 1976….. el juez Marcelo Bailaque procesa a una decena de jefes militares, entre ellos el general Videla y Ramón Genaro Díaz Bessone”. También.. “Dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de:

* Julio Ezequiel Franciulli. Era coronel, y jefe del departamento Personal e integrante del Estado Mayor del Segundo Cuerpo a cuyo cargo se encontraba el control operacional de la zona Dos.

* Eitel Aramis Ferreira, era coronel, jefe del departamento de Logística, del estado mayor del Segundo Cuerpo de Ejército a cuyo cargo se encontraba la zona operacional 2

* José Javier De La Torre, era capitán, y jefe de la sección Comando y Servicio del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército.

* Los expertos en inteligencia militar Alfredo Sotera y Jorge Alberto Fariña, además de Heriberto Lavallén, Marino Héctor Gonzalez, Jorge Alfredo López, y los policías federales Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

De igual modo Bailaque dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados Horacio Guillermo Canestro, el otrora capitán Edgardo Antonio Faur, Roberto Óscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.
Los jefes militares pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT), del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el estado mayor del Segundo Cuerpo. El COT diseñaba las operaciones posibles, se las proponía al comandante y este era el que decidía cuál se ponía en marcha.” ( Inf. Rosario 12.)

Imperdonable y vergonzosa falta de mérito de 5 imputados. Todos los datos no sólo constaban en las contínuas denuncias sino que estaban en los archivos escondidos en la gobernación de Santa Fe durante años y que nos impidieran ver sistemáticamente, pese a todos los reclamos legales, denuncias públicas, etc.

2) Edgardo Gato Andrada citado a indagatoria (pedida hace 6 años) por su participación como miembro de las patotas asesinas, en relación al secuestro y asesinato de Pereyra Rossi, Cambiaso, y tantos que no sabemos, robo de bienes, torturas, etc. Se presentó , no habló y quedó libre. Cuando allanaron su casa encontraron “un arsenal de armas de guerra”… hay dudas de quienes somos hoy los únicos blancos móviles? Silvia Suppo y Julio López pagaron con su vida y la desaparición esta verdad. “El Gato” había sido denunciado en 1984 en conferencia de prensa de APDH y Familiares, escrachado por la UADH, denunciado por HIJOS, denunciado en un medio de TV abierta de Rosario por APDH, pero también protegido por el intendente González (cobró sueldo 16 años en Villa G. Gálvez y se preparaba feliz y comentándolo, para ser funcionario allí el 10 de diciembre), por los directivos de Rosario Central, y por todos los políticos y empresarios que seguro agradecen su silencio.

3) Ordenan la indagatoria ý detención de :

Díaz Bessone .Es uno de los que está siendo juzgado hace dos años sin presentarse a la Sala de Audiencia. Reivindicó todo lo actuado y lo volvería a hacer. Se hizo el enfermo para estar en el Hospital Miltiar de Buenos Aires, pese a los esfuerzos de los fiscales y abogados de DDHH para impedirlo – Verá el juicio “desde una salita del Hospital Militar en vivo en Bs.As.” .Aunque es trágico, suena a broma de mal gusto.

No alcanzaría un libro sólo para detallar las denuncias y acciones para meterlo preso. Seguramente esperan que muera de viejo, como Galtieri y tantos otros, con la impunidad asegurada.

Lo Fiego, Marcote, Scortechini y Vergara: los 4 están siendo juzgados junto a Bessone y el civil Chomiki . Chomiki sigue libre. Presentaciones de todos y todas a todos los estamentos habidos y por haber, juntada de firmas, no dejamos pasar un día sin denunciarlos. Igual pasaron todo el juicio libres. Los cruzábamos en las calles del centro, en ciudades aledañas, en los bares que frecuentamos. LoFiego y Marcote fueron denunciados en APDH desde el año 1979, los escrachamos en el 1998, los hicimos echar de varios espacios, incluídos trabajos. 32 años de espera para verlos sentados como acusados por un Tribunal.

Sotera,Altamirano, Nast, Ibarra, Olazagoitía, Portillo, Vallejo y Dogour, todos integrantes de la patota del servicio de informaciones, la Patota de Feced. Ibarra, escrachado en 1998, fue ASESOR PEDAGOGICO en la Intervención de la Biblioteca Vigil (otra broma pesada de la historia no oficial)

a Ricardo Corrales, el siniestro secretario de Feced. Ya está fugado, o al menos no lo encuentran. A lo mejor, si buscan bien, para cuando esto esté publicado lo hallaron…….” “ fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone” (Rosario 12 18-11-2011)

A Eugenio “El gringo” Zitelli, capellán de la polícía de Feced, emblema de la complicidad de la iglesia con la dictadura genocida. La última denuncia en Tribunales federales hecha por familiares, LADH y APDH y tomada por el Fiscal Stara, llevó a esta medida. Se presentó, no declaró y tiene “prisión domiciliaria”, es decir, en la práctica, está bien tapadito por sus amigotes en un “retiro espiritual” en Zavalla.
(en una próxima entrega no detendremos en detalle en la historia de este siniestro individuo que siguen defendiendo las cúpulas eclesiales)

Es imprescindible registrar los nombres de todos ellos y tantos más, porque son parte de nuestra vida cotidiana. Podemos encontrarlos de policías, vigiladores privados, empleados de la municipalidad o la provincia o la nación, atendiéndote en un banco , dirigiendo empresas, de profesor universitario, directores de escuelas o institutos educacionales, al frente de una parroquia, asesor de políticos, diputado o senador, etc., etc. Debemos saber que JAMAS SE ARREPINTIERON DE SUS CRIMENES Y AUN SE JACTAN DE HABERLOS COMETIDO.

Resta decir que como queda claro, sólo la inclaudicable tozudez y firmeza de sectores del campo popular, logra avances , lentos e incompletos, pero que impiden que los genocidas y sus cómplices estén tan tranquilos como estaban . Los juicios a lo largo y ancho del país, han logrado abrir la Caja de Pandora, y todas las verdades que durante años formaban parte del discurso y la acción cotidiana contra la impunidad, se han ratificado plenamente.

NO ES POCA COSA, EN VISTAS A ROMPER CON UNA HISTORIA OFICIAL QUE TRABAJO LA SUBJETIVIDAD COLECTIVA DURANTE DEMASIADOS AÑOS.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
Rosario, noviembre de 2011

Unidos por la memoria y ante el olvido

2011-11-20T22:47:00.000-08:00

COMUNICADO DE PRENSA

Resultan inadmisibles las expresiones que tuviera el viernes 18 por la mañana, el párroco de la Catedral de Rosario Raúl Gímenez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura.

El mencionado sacerdote sostuvo "Voy a realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando.”

La Falacia dicha a sabiendas es igual a Mentir. Por otra parte, morigerar la instancia de la Detención del capellán diciendo o queriendo instalar la idea de que Zitelli no está preso: “También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia” (sic), refuerza la mentira. Cabe destacar que el Reo por tener 79 años puede apelar a ese derecho (derecho que ninguna de las víctimas del Servicio de Informaciones tuvo); no obstante y dada la apreciación que el sacerdote Raúl Gímenez tiene al respecto, es imprescindible saber qué opinan el Juez Marcelo Bailaque y los Fiscales Federales Stara y Gambacorta.

Desde U.M.AN.O repudiamos enérgicamente, los dichos del sacerdote Raúl Gímenez publicados por el diario Rosario/12 del domingo 20 de noviembre y al mismo tiempo nos preguntamos, si en sus expresiones se ve reflejada la opinión de la jerarquía eclesiástica de Rosario.Ver más
De: Umano de Casilda

Se abstuvo de declarar ante Bailaque. El ex secretario de Feced está poófugo

2011-11-18T00:09:00.000-08:00

El cura Zitelli se llamó a silencio

El ex capellán de la Policía eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas. Zitelli presentará un escrito a través de su abogado. En tanto Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia.

Por José Maggi

El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura, Eugenio Zitelli, se negó ayer a declarar frente al juez federal Marcelo Bailaque quien lo había citado para tomarle declaración indagatoria por una serie de delitos de lesa humanidad. En tanto ayer se le notificó al fiscal federal Gonzalo Stara que Ricardo Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone.

El sacerdote Zitelli se presentó ayer a las 11 en los tribunales de Oroño al 800 y al someterse al cuestionario del magistrado eligió el derecho de abstenerse a declarar, puesto que presentará un escrito por medio de su representante legal. El fiscal Stara, quien había solicitado su comparencia, explicó que "se le atribuyeron una serie de hechos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, formar parte de una asociación ilícita más conocida como la Patota de Feced y un homicidio", tras lo cual el párroco "realizó una breve manifestación y eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas".

Según el fiscal que investiga la causa Feced, el asesinato que se le atribuye a Zitelli es el de Eduardo Bracaccini, un casildense secuestrado y torturado durante la última dictadura, cuya acta de defunción figura "muerte por enfermedad cuando en la misma dictadura sostuvieron que cayó en un enfrentamiento en Alvear, mecánica que utilizaba la dictadura para fraguar asesinatos", precisó Stara.

Hasta hace solo unas semanas atrás el sacerdote se desempeñaba en la iglesia San Pedro de la ciudad de Casilda, y de 1964 a 1983 ofició como capellán en la sede de la Unidad Regional II de policía de Rosario.

Zitelli había sido visto en numerosas oportunidades en el Servicio de Informaciones, ubicado en la intersección de Dorrego y San Lorenzo del edificio de la jefatura, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

El cura fue denunciado por ex detenidos de haber estado presente en sesiones de tortura y entrevistas que se efectuaban en el Servicio de Informaciones y sería el primero que está involucrado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos del terrorismo de Estado en jurisdicción del Comando del II Cuerpo.

A su vez, organismos de derechos humanos, concejales, diputados y representantes gremiales de Casilda, junto a víctimas de la última dictadura militar, habían solicitado en varias oportunidades que se investigue el accionar del actual cura párroco.

Zitelli es considerado como una pieza importante para descubrir el funcionamiento y sostén de los mecanismos ilegales de represión que se desarrollaron a partir de 1976 en la región.

Con respecto al otro protagonista de la jornada, Corrales, ayer el fiscal federal repitió que "de su legajo personal, se desprende que con anterioridad a ejercer la jefatura de la secretaría privada, se desempeñó en la División Investigaciones, tanto en el servicio de calle, como en Leyes Especiales". Por tanto, al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual, según la declaración del propio Feced, el Comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, ordenó el comienzo de las operaciones contra la subversión en Rosario, Corrales no sólo ocupaba la jefatura de la secretaría privada, sino que contaba con amplia experiencia sobre todo lo concerniente al tema de "inteligencia".

El 28 de junio pasado y a pedido de la defensa de la Patota de Feced, Corrales hizo una declaración sobre su rol "burocrático" en la Policía, contra la posición del fiscal Gonzalo Stara quien sostuvo que Corrales había participado "en la perpetración de los delitos cometidos en el marco de un plan criminal". Stara le había pedido entonces a Bailaque que ordenara la indagatoria de Corrales, por más de un centenar de secuestros y tormentos, y más de una veintena de homicidios ocurridos en el ámbito del Servicio de Informaciones, por entender que integraba el grupo de tareas conformado y comandado por Feced. Ahora está prófugo.

Díaz Bessone verá el juicio desde el hospital militar

2011-11-15T00:05:00.000-08:00

Nada impide que lo juzguen

La defensa había pedido la suspensión del proceso, pero el Tribunal decidió que se continúe con los alegatos de las partes.

Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió ayer que continúe con el juicio al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y que éste siga las alternativas desde el Hospital Militar de Buenos Aires, donde está internado después de aducir haber sufrido un accidente cerebro vascular. Los miembros del TOF lo resolvieron después de escuchar las conclusiones de la junta médica que diagnosticó que el ex militar está en condiciones psíquicas de entender lo que pasa en las audiencias pero no tiene la aptitud física para estar presente en las mismas.

Antes de comenzar la audiencia la defensa de Díaz Bessone solicitó que el juicio se suspenda respecto de su defendido. Para tomar una resolución, el TOF 2 ordenó la lectura del informe oficial de la pericia realizada el 7 de noviembre pasado en el hospital militar de Buenos Aires que se dividió en psicológica y neurológica. Las conclusiones de la primera fueron que "el imputado se encuentra desde el punto de vista psíquico en condiciones de estar en juicio, firmado por el perito oficial y los peritos de parte".

En tanto la evaluación neurológica arrojó como conclusión que sobre las condiciones psico﷓físicas: se deben efectuar exámenes complementarios. "Se considera que en el momento actual no está en condiciones para estar en juicio", señaló esta evaluación.

Cabe indicar que, los peritos de la querella manifestaron en su informe ampliatorio que, "no se han realizado los estudios complementarios en su totalidad que permitan una definición a sus posibilidades de presenciar las audiencias, a la brevedad deben requerirse desde el tribunal, en la medida en que se vayan realizando, los estudios pendientes y que en el plazo de 15 días se reevalúe neurológicamente al imputado en relación a sus posibilidades físicas de estar presentes en las audiencias"

Es así que, la fiscalía sostuvo que "no corresponde suspender el debate. Desde el punto de vista psíquico esta en condiciones de estar en juicio. Entendemos que en este tramo, el de los alegatos, netamente técnico, no resulta necesaria la presencia de los imputados, por lo que puede seguir estando en juicio. El propio imputado ha optado permanecer afuera, con lo cual esto meritaría el rechazo de lo planteado", dijeron desde la fiscalía federal.

La querella de Ladh y Familiares adhirió al planteo del fiscal. "Se habla de exámenes que pueden desarrollarse en forma ambulatoria y el mismo se encuentra en condiciones de escuchar por Internet, además debemos estar al plazo de 15 días propuesto por la pericia propuesta por esta parte", dijo la abogada Gabriela Durruty.

En ese sentido, "los peritos de la querella de la Liga y Familiares (Oscar Pellegrini, Gisela Felibert y Juan Ostre) acompañaron una ampliación de pericia para que en el término de 15 días se realice una nueva evaluación luego de realizar una serie de análisis", agregó la abogada.

Por su parte, la querella de la secretaría de Derechos Humanos y de Hijos adhirió a las respuestas de las acusaciones. En consecuencia el TOF 2 resolvió "no hacer lugar al planteo del defensor del imputado". El juicio continuará el lunes 21 a las 9.30.

Hoy es Olivera, mañana puede ser cualquiera de nosotros/as.

2011-11-14T07:32:00.000-08:00

Carlos Olivera

Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario

Adjuntamos el documento en dos formatos (para imprimir y para distribuir por la web)
Nota del compañero Olivera y nota sobre Gerardo martínez

6 de Octubre de 2011
Unidad 45, Melchor Romero

Compañeras de la Comisión Antirrepresiva y por los DD.HH. de Rosario:

El 15 de diciembre de 2009 me dirigí a una obra de Lomas para hacer una asamblea donde íbamos a reclamar una cantidad grande de reclamos, como la confección de los recibos (mal liquidados) la finalización del trabajo en negro para otros y otras cuestiones relacionadas a los compañeros de ese lugar.
Cuando ya estábamos en plena asamblea con los compañeros de la obra, apareció, de repente, una patota de más de 60 personas que me amenazaron e insultaron, diciéndome que “me la iban a dar…”, exigiéndome que me retire de la asamblea.
Yo no acepté estas órdenes y les dije que los únicos que me podían hacer retirar eran los obreros de la obra. Por eso quince o veinte de los patoteros se dirigieron hacia mí para pegarme.

Frente a esta situación tuve que escapar siendo perseguido por quienes vinieron a golpearme. Cuando me encerraron adentro del Banco Nación de Lomas, me golpearon alevosamente, rompiéndome la cabeza en tres partes y pegándome varias puñaladas.

La policía intervino sin llevarse a ninguno de los atacantes. ¡Me metieron preso a mí y me armaron una causa preparada por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez y la patota del sindicato de Lomas de Zamora!

En esa causa me acusan de hechos totalmente falsos, con el objetivo de que pague por crímenes que no cometí. En realidad Gerardo Martínez quiere que me den un gran castigo, así asustan a otros obreros que siguen mis pasos, construyendo el nuevos sindicato de la construcción, el SITRAIC.

Lo que esta gente quiere es que los patrones del gremio nos usen como esclavos, que no hagamos asambleas ni luchemos por nuestros derechos.

Pero se equivocan, porque ahora me siento con más fuerza para luchar por los derechos de mis compañeros de la construcción y de la clase obrera, ya que son miles los que piden por mi libertad.

Quiero decir también que la lucha por el Pollo Sobrero, a quien no conozco personalmente, pero respeto, me llenó de fuerza porque ahí me di cuenta que la lucha que lo puso en libertad es la que me puede sacar a mí de la cárcel.

Por último quiero agradecerles a Alicia y Silvia de la Comisión de Rosario, por la visita que me hicieron y el respaldo que me dieron. A través de ellas me dirijo a los compañeros y compañeras de Rosario que empezaron a tomar la bandera de mi libertad.

A todos ustedes les mando un abrazo enorme, prometiéndoles hacerlo de manera directa cuando salga de la prisión, gracias a la fuerza que ustedes y muchos como ustedes le están poniendo a esta lucha.

También desde acá, la unidad 45 de Melchor Romero, me solidarizo con el pedido de libertad de los otros compañeros que están en mi misma situación: Karina, Acosta y Oñate, a quienes saludaré personalmente cuando recupere mi libertad… ¡Ojalá siendo ellos también libres!
Un abrazo fraternal.
Carlos Olivera desde Melchor Romero, unidad 45

EL BUCHÓN

Viernes, 11 de Noviembre de 2011 00:46

Civiles cómplices de la última dictadura militar

El Gobierno Nacional envió un informe al juez federal Ariel Lijo donde confirma que Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, revistó como Agente Secreto del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en la última dictadura militar en la Argentina.

Reproducimos Comunicado del Sindicato Trabajadores Construccion (Sitraic).

La confirmación es contundente, se terminaron las especulaciones, suposiciones y mentiras. Gerardo Martínez mintió cuando a través de una solicitada negó haber formado parte del 601.

El informe del Gobierno respalda la denuncia del SITRAIC y de los organismos de Derechos Humanos que pusieron sobre la mesa el juicio y castigo, no sólo para los militares genocidas, sino también para sus cómplices civiles.

La otra mentira que se desvanece es la de minimizar el rol de Martínez en el 601, algunos comunicadores decían que "había que ver que función cumplía...", "tal vez sólo era un administrativo" "era muy joven". Es la misma estrategia que han usado represores como Guglielminetti, colega de Martínez en el 601, que pretendió defenderse diciendo que era un "simple estafeta postal". Dicha estrategia, en el caso de Martínez, nació muerta puesto que el informe manifiesta que su "especialidad" era la de Agente Secreto.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

Ya no se puede tapar el sol con una mano, esto no forma parte de ninguna interna sindical, esto es el resultado de la propia historia Argentina donde muchos fuimos perseguidos, torturados, y muchos miles de compañeros fueron asesinados a través del terrorismo de Estado alzando las armas contra jóvenes argentinos que luchaban y militaban por un país libre, y por un pueblo feliz.
En ese contexto, los genocidas tuvieron cómplices civiles como Martínez, y como muchos más.

Es cierto, Martínez era joven, como lo era Astiz, pero decidió de qué lado quería estar y estuvo del lado de la dictadura más sangrienta que asesinó a miles de trabajadores y entre ellos por lo menos a ciento cinco de la industria de la construcción, por los que Martínez deberá responder.

El principio del fin

La confirmación del rol de "buchón" del líder de la UOCRA, es sólo el principio de la investigación que deberá encarar la justicia y en la que el propio imputado deberá responder a muchas preguntas: ¿quiénes eran sus jefes directos? ¿cuáles eran los informes que reportaba? ¿su rol era sólo informar o participaba también de "operativos" con los grupos de tareas? ¿de que crimenes fue autor? ¿de que crímenes fue cómplice? ¿cuantos PCI (personal civil de inteligencia) del 601 llevó a la UOCRA aún en democracia? ¿cuantos ex represores continúan, como Horacio Américo Barcos, en su estructura mafiosa?.

Es hora de que Gerardo Martínez responda estas y muchas otras preguntas, no sólo a la justicia, sino también a la sociedad.

Seguiremos exigiendo una investigación a fondo sobre Gerardo Martínez y sobre la estructura mafiosa que lidera, la misma que semana tras semana es protagonista de hechos de violencia a lo largo de todo el país con patotas que maneja a través de su mano derecha, Hugo Ferreyra. Las patotas de la UOCRA día a día y con sorprendente impunidad persiguen a delegados y trabajadores que piensan distinto. Esas fuerzas para-policiales integradas por ex convictos, barrabravas y ex represores, son el correlato en democracia de los mecanismos que Gerardo Martínez aprendió durante la dictadura militar.

Silencio cómplice

La UOCRA ha informado que Gerardo Martínez se encuentra en Ginebra, y que su actitud será la de mantener el silencio. Es el mismo silencio cómplice que mantiene hace treinta y cinco años sobre los crímenes en los que participó o de los que fue cómplice. Es irónico y contradictorio que un "buchón" como él elija el silencio, y más grave aún es que un hombre público que ostenta cargos en la OIT, en el G-20, y que es el supuesto representante de los trabajadores argentinos en el mundo, no explique públicamente los detalles de su rol como Agente Secreto, pero esta vez sin mentiras y de frente a la sociedad, haciéndose responsable de que cuando muchos jóvenes argentinos decidían ofrendar su vida por un ideal, él decidía ser parte de la dictadura genocida que utilizó todos los poderes del Estado para intentar acallar la voz de los treinta mil compañeros desaparecidos, y con ellos la de toda una generación.

LIBERTAD A CARLOS OLIVERA
CÁRCEL A GERARDO MARTÍNEZ YA!

COMUNICADO CONJUNTO -

2011-11-14T00:31:00.000-08:00

TENEMOS MOTIVOS PARA CELEBRAR

- Procesan a 9 genocidas por la responsabilidad que les cupo en la desaparición de Oscar Medina.

- Indagan al dictador Videla a partir de un pedido de la querella LADH- FAMILIARES ante el Juzgado Federal 4.

- Ordenan la indagatoria y detención de Diaz Bessone, Sotera, Lo Fiego, Marcote, Scortechini, Vergara, Altamirano, Nast, Fermoselle, Ibarra, Olazagoitia, Portillo, Vallejo y Dougur, todos integrantes de la patota que actuó en el Servicio de Informaciones.

- Indagan y detienen a Ricardo Corrales, el siniestro secretario de Feced que atendía las familias de los detenidos con siniestros engaños, como el caso de los familiares de os compañeros de la masacre de Los Surgentes, agudizando aún más su sufrimiento.

- También indagan y detienen a Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Feced, emblema de la complicidad de la iglesia con la dictadura genocida, todo ello pedido por el fiscal Stara a partir de la presentación que hiciéramos conjuntamente con APDH, la LADH y UMANO de Casilda.

La consigna de juicio y castigo se está cumpliendo. Hemos escuchado estupefactos la defensa del abogado de Marcote, Vergara y Scortechini cuestionar las declaraciones testimoniales que valientemente nuestros compañeros manifestaron a lo largo de este juicio, pretendiendo poner en duda sus recuerdos, que a su juicio fueron inducidas por quienes sufrieron la cárcel, la tortura, su propia desaparición y todo tipo de vejámenes. Llegó hasta poner en duda el compromiso y la objetividad de los Organismos de DDHH, afirmando que deformábamos o directamente conformábamos los recuerdos de nuestros compañeros víctimas del genocidio. Esto demuestra que no existe argumentación posible cuando se tiene la verdad y la capacidad de seguir adelante luchando contra la impunidad.
Nos resta decir que orgullosamente seguimos levantando las banderas de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados y de todos aquellos que vivieron estos terribles momentos pero que están firmes en esta lucha. Avanzaremos sobre todos los responsables civiles que nos restan, la iglesia, el personal médico directamente implicado, el empresariado y sus cómplices.

NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DDHH ROSARIO
FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS ROSARIO

La violación, delito de lesa humanidad

2011-11-10T23:52:00.000-08:00

Histórica resolución de la Justicia federal de Rosario contra un represor
El juez federal Marcelo Bailaque consideró ayer que una violación cometida durante la última dictadura es un delito imprescriptible. Bajo esta imputación indagó al "Cura" Marcote, quien fuera denunciado por una de sus víctimas.

Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque consideró ayer que una violación cometida durante la última dictadura es un delito de lesa humanidad. Bajo esta imputación indagó a Mario Alfredo Marcote, alias "el Cura" quien fuera denunciado por Stella Hernández como el autor de la misma en el centro clandestino de detención que funcionara en el Servicio de Informaciones. En la indagatoria al "Cura" se le imputó el delito previsto en el artículo 119 inciso 3 del Código Penal, que es el de la violación mediando fuerza o intimidación, para lo cual el juez Bailaque declaró por primera vez en Rosario -con un solo antecedente en el país-, a este hecho aberrante como un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible.

Cuando Hernández fue secuestrada y llevada al SI de la policía de Feced, no solo fue víctima de tormentos, sino también de una conducta especialmente aberrante, fue violada por uno de los represores, el Cura Marcote.

Llevó más de tres décadas que un juez declare a esa conducta como un delito independiente de los tormentos que sufriera la víctima. El reclamo de Stella, como el de muchos hombres y mujeres víctimas del terrorismo de estado era claro: la violación no es una modalidad más de tormento, es un delito autónomo.

La abogada Gabriela Durruty recordó que en la querella presentada el martes pasado en relación a los delitos contra la integridad sexual, "puede afirmarse que tanto la legislación internacional como la jurisprudencia de los distintos tribunales internacionales creados al efecto, han consolidado una base jurídica en la que subyace una interpretación de tales hechos en el contexto en el que se han perpetrado, considerándolos así, como crímenes contra la humanidad".

En la presentación se establecieron distintos elementos que conforman el crimen de violación sexual como delito de lesa humanidad, lo cual "en definitiva" ofrece el molde en el que debe adecuarse la interpretación del hecho del que fuera víctima Stella Hernández:

1) La invasión del cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima, con un objeto u otra parte del cuerpo del autor inmediato.

2) Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento

3) Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.

El juez Bailaque hizo lugar al pedido, que ya había sido realizado por el fiscal a los jueces del tribunal y por la propia víctima en su testimonio, lo que motivó que los magistrados remitieran el audio de la misma declaración al juez federal.

Andrada, ex servicio de inteligencia, se hace el mudo

2011-11-09T23:37:00.000-08:00

El gato no dijo ni mu en el juzgado

"Yo no voy a decir nada", le dijo el ex servicio de Inteligencia a este diario ante de ingresar al despacho del juez. Andrada está acusado de participar de la patota que secuestró, en el 83, a Cambiaso y Pereyra Rossi.

Por José Maggi

Desde San Nicolás

Edgardo "Gato" Andrada se abstuvo ayer de declarar ante el juez federal de esta ciudad, Carlos Villafuerte Ruzo, quien lo había citado a pedido del fiscal Juan Patricio Murray por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en mayo de 1983. El fiscal realizó ayer un nuevo pedido de detención y que se revoque la eximición de prisión que le asegura al ex futbolista de Central y Colón permanecer en libertad. El magistrado también ordenó la declaración indagatoria de Víctor "Chuli" Rodríguez, un teniente coronel retirado que preside la Asociación Sanmartiniana que cruza la cordillera de Los Andes a lomo de mula y que formaba parte del Destacamento de Inteligencia militar de entonces.

Andrada compareció ante el juzgado federal Nº 2 de San Nicolás, y
no dijo absolutamente nada. A partir de ayer entonces el juez tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal, dictando su procesamiento o su sobreseimiento, o una situación intermedia que es una falta de mérito.

El "Gato" llego acompañado de una mujer, y de su defensor oficial Héctor "Mito" Galarza Azzoni.

-¿Qué le va a decir al juez?- le preguntó este cronista.

-Yo, nada, el juez tendrá que decirme a mí", respondió el Gato antes de la indagatoria que no resultó tal.

A la salida, este enviado de Rosario/12 le preguntó: "¿Por qué decidió trabajar como agente de inteligencia al servicio de la dictadura siendo considerado un ídolo para muchos argentinos?"; "¿Está arrepentido de algo?"; "¿Siente culpa por los delitos que cometió?"; "¿Por qué tenía tantas armas en su casa?"; y "si es inocente ¿por qué no lo demuestra en lugar de quedarse callado?"; fueron algunos de los interrogantes que quedaron sin respuesta.

Un rato más tarde el fiscal Murray explicó que "está acreditado en forma total la existencia del hecho: a Cambiasso y Pereyra Rossi lo secuestraron un grupo de unas veinte personas el 14 de mayo de 1983, y los trasladaron a Zárate (provincia de Buenos Aires) y ultimados a balazos".

Estos puntos ya están incorporados a la causa de 1983, a los que se sumaron cuando se reabrió la investigación entre ellos documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano. También se incluyeron documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal tiene en su poder la testimonial de Eduardo Costanzo que ubica a Andrada en el lugar de los hechos como personal civil de inteligencia del Ejército. A esto se suma una documentación que estaba en poder del juzgado federal de San Martín donde ya en 1990 un integrante del servicio de inteligencia del Ejército, mediante el anonimato había escrito un paper, en el que relataba muchísimos hechos realizados sobre finales de la dictadura por la inteligencia militar. "Allí se relataba el secuestro de Cambiasso y Pereyra Rossi y ya se mencionaba a Andrada, como uno de los partícipes de ese operativo", apuntó Murray.

También está acreditado que "Andrada era Personal Civil de Inteligencia del Ejército, que había ingresado en 1982 al Servicio, y que permaneció hasta 2000. En 1983 prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, es decir hay una concordancia total", remarcó el fiscal.

Paralelamente, en el legajo personal de quien era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia de Rosario en 1983, Luis Américo Muñoz, se encontró un relato pormenorizado hecho por el mismo militar, de determinados servicios que prestó como oficial de inteligencia. "Allí Muñoz habla de un operativo en 1983, previo a las elecciones, con el fin de neutralizar a determinados elementos subversivos, que trataban de infiltrarse en los partidos políticos tradicionales, que por determinadas referencias no cabe dudas que se refería al secuestro de Cambiasso y Pereyra Rossi", explicó Murray.

Cabe recordar que la última semana se allanó la casa del ex arquero de Central, donde se encontró un "verdadero arsenal" que incluyó armas de guerra. Si bien el ex futbolista tenía la documentación en regla y los permisos correspondientes para la posesión de esas armas, la Cámara Federal de Rosario hizo lugar a un planteo de la Fiscalía que consideraba esa situación como "un peligro para testigos y víctimas".

Por su parte el juez Villafuerte Ruzo hizo lugar al pedido de indagatoria de "Chuli" Rodríguez para el 18 de noviembre por la mañana. "Sobre este imputado en la causa hay documentos que prueban que Rodríguez se desempeñaba en Rosario y en la inteligencia militar en tiempos de ambos secuestros", remarcó Murray.

También Juan Andrés "Barba" Cabrera y Ariel "Puma" Porra deberán pasar por el mismo trámite, al igual que Reynaldo Bignone y Luis Abelardo Patti.

17 represores serán indagados en la causa Feced residual

2011-11-09T04:41:00.000-08:00

Corrales mano derecha de Feced

Un cura en la lista de detenidos

La detención e indagatoria del ex capellán Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone. Otros 17 represores serán indagados.

Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes indagará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, quien

será indagado en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le sigue el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y Alfredo Sotera -jefe de la inteligencia militar- y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la justicia porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de estado", señaló el fiscal federal Gonzalo Stara quien había pedido la detención del sacerdote, por el caso de Eduardo Bracaccini entre otros, desaparecido de Casilda.

El listado se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.

La nómina concluye con Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, ex secretario privado de Agustín Feced.

El juez Bailaque reveló a Rosario/12 que "Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros esprituales de Zavalla" y designó un defensor particular Eduardo Romera. Este letrado defendió en su momento a Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la justicia federal.

Ayer el magistrado le tomó declaración a los ex policías Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.

Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas el de Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre quien aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del '70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.

Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y estaba a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el "apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II", según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty.

"En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga", pedido que se está concretando en estas horas.

Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que "está registrado" que el cura Zitelli "ingresaba a la sala de torturas" del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones.

Muchos fueron los testimonios que señalaron la macabra participación del durante aquellos días negros en Rosario y que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaldía de mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender "que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo".

Cura preso por delitos de lesa humanidad

2011-11-08T23:25:00.000-08:00

Era el párroco de Casilda. Constituyó su prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales. En la causa se señaló que “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato represivo.

Por José Maggi

El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. “Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado”, señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.

El juez Bailaque reveló a Página/12 que “Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla” y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.

La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.

Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el “apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II”, según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: “En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga”, pedido que se está concretando en estas horas.

Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que “está registrado” que el cura Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.

Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo”.

El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.

También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.

Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.

Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos

Otro delito de lesa humanidad

2011-11-07T23:35:00.000-08:00

Stella Hernández demandará a Mario Marcote por violación agravada en dictadura

El represor del Servicio de Informaciones fue señalado por la víctima como el autor material del ataque. Es la primera vez que se presenta una denuncia en Rosario con esta acusación específica en el marco de la represión ilegal.

Por José Maggi

Stella Hernández, sobreviviente del Servicio de Informaciones (SI) se presentará como querellante en la causa Feced, por haber sido víctima de violación a manos de Mario Marcote, uno los represores que la mantuvo en cautiverio, en San Lorenzo y Dorrego. La presentación realizada con el patrocinio del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares, es la primera de este tipo en esta sede judicial.

La querella se dirige contra todos los responsables de los delitos de los que fuera víctima en su tránsito por el SI y las cárceles de la dictadura en general, y en particular contra Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada.

Las agresiones sexuales no constituyen una modalidad más de tormentos, sino delitos autónomos y deben ser declarados de lesa humanidad para darles el tratamiento judicial correspondiente. "Es una de las deudas de la justicia para con las víctimas del terrorismo de estado y no hay excusas para no saldarla", dijo su abogada patrocinante Gabriela Durruty. Por eso solicita que se indague a Mario Marcote por el delito de violación agravada cometido contra Stella y se ordene su inmediata detención. La letrada aclaro que "en Rosario todavía no se hizo, existe un antecedente en la ciudad de Mar del Plata".

Este pedido ya había sido realizado por el fiscal Gonzalo Stara a los jueces del Tribunal Oral cuando amplió la acusación a los imputados. Cabe recordar que la propia víctima al finalizar su testimonio se lo pidió personalmente y a viva voz a los jueces.

El 7 de junio, el tribunal oral federal manifestó: "en cuanto al delito de instancia privada denunciado en la audiencia de debate por Stella Hernández e imputado a Mario Marcote corresponde remitir al Juzgado Federal de instrucción copia del audio y filmación de la declaración prestada por aquella, a sus efectos".

Mención aparte merece el voto de Otmar Paulucci, quien adhirió al voto de sus colegas agregando: "a lo solicitado por el fiscal relativo a ampliar la base fáctica primigenia al imputado Mario Alfredo Marcote en base a los delitos que damnificaron a Stella Hernández, en relación a la solicitud de ampliación por el delito de violación agravada, lo considero un hecho independiente no constitutivo de la tortura", dándole entidad a que debe ser juzgado como un delito por separado.

La querella solicita que se "indague a Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada por su condición de funcionario público a cargo de la guarda y con el concurso de dos o más personas".

En la presentación se remarca que "el concepto de la violación sexual adopta una materialidad que repercute indudablemente en la tipicidad de la acción y, en definitiva, en la calificación jurídica del caso". Y agrega que "queda claro que los hechos constitutivos de estos delitos se adecuan a la categoría de crimen de lesa humanidad, porque se cometen como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, y quien perpetra o diere ocasión para que se cometa el crimen tiene el conocimiento del contexto más amplio en el que se inscribe su acción".

De igual modo se recuerda que el 17 de julio de 1998 se promulgó el Estatuto de Roma que codificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, y cualquier otra violencia sexual que constituya una infracción grave a los Convenios de Ginebra.

La inclusión de la violación sexual como crimen de lesa humanidad, implica el reconocimiento de su gravedad como conducta que no sólo vulnera el derecho a la libertad sexual sino también otros derechos esenciales de la persona como el derecho a su dignidad, integridad personal, salud, entre otros. "La violación sexual ha sido reconocida como una conducta que implica un grave sufrimiento de la víctima, a la vez que se erige en una forma de denigración y discriminación para quien la sufre, una forma de humillación que no sólo afecta a su integridad física y psicológica sino especialmente a su dignidad", reza la presentación.

Videla, el dictador, acusado por la desaparición de militantes en Rosario

2011-11-06T23:46:00.000-08:00

El dictador, otra vez procesado

La Justicia federal de Rosario procesó a una decena de miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla y Ramón Díaz Bessone a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y la sustracción de una menor, ocurridos en agosto de 1976. Lo dispuso el viernes pasado el juez Marcelo Bailaque, quien también dictó la prisión preventiva de los acusados.

Los represores procesados pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT) del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el Estado Mayor del Segundo Cuerpo. Allí se diseñaban los operativos posibles, se los proponían al comandante y éste decidía cuál se ejecutaba. Entre los procesados se encuentran, además de Videla y Díaz Bessone, los militares Julio Ezequiel Franciulli, Eitel Aramis Ferreira, José Javier De La Torre, Alfredo Sotera, Jorge Alberto Fariña, Heriberto Lavallén, Marino Héctor González y Jorge Alfredo López, y los ex policías Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

A su vez, el juez dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados: Horacio Guillermo Canestro, Edgardo Antonio Faur, Roberto Oscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.

Las causas por las que fueron procesados los represores investigan la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Fernando Brarda, que luego concluyeron en las posteriores muertes o desapariciones de Ricardo Klotzman, Cecilia Barral, Juan Tumbetta, María Laura González, Ricardo Machado, Elvira Márquez y Héctor González. Entre las personas desaparecidas también se cuentan Osvaldo Matosky Szeverin, José Angel Albá, Daniel Garrera, Liliana Girardi, Julio Curtolo, María Teresa Vidal Martínez Bayo, María Teresa Latino, Alejandro Ramón Pastorini, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Márquez, Dante Vidali, Isabel Carlucci, Víctor Fina, María Teresa Serra, Juan Carlos Lieby, Elvio Ignacio Castañeda, Oscar Alberto Medina, María Gazzano Bertos y Edgardo Silva. En la pesquisa se estableció la sustracción de una niña hija de la pareja Klotzman Barral, que fue reconocida como la nieta número 103 por las Abuelas de Plaza de Mayo.

En la resolución que dispuso el procesamiento, el juez destacó "que las personas que fueron muertas o se encuentran a la fecha desaparecidas eran integrantes del ERP o sospechadas de pertenecer a esa organización o de tener algún tipo de vinculación". Añadió que "los hechos habrían sido llevados a cabo por fuerzas conjuntas a cargo del Ejército y de la Policía Federal". La mayoría de las desapariciones se perpetraron durante la primera quincena de agosto de 1976 y se sospecha que algunas de las víctimas habrían estado privadas de la libertad en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, en la zona oeste de Rosario.

Diaz Bessone: al hospital militar por pedido de su defensor (¿¡!?)

2011-11-03T00:30:00.000-07:00

Seguirá internado pero en Buenos Aires

El Tribunal Federal, en disidencia, aceptó el planteo de la defensa del represor y ordenó que una junta médica defina si el ex general está en condiciones de ser sometido a juicio.

Por José Maggi

La jornada de ayer en el marco de la causa Díaz Bessone estuvo marcada por el pedido del defensor del octogenario general para que éste sea trasladado al Hospital Militar de Capital Federal para ser tratado por un Accidente Cerebro Vascular (ACV). El Tribunal Oral Federal Nº 2, con el voto en disidencia de Venegas Echagüe, hizo hizo lugar a la petición y además ordenó la conformación de una comisión de especialistas que deberá resolver si el represor está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio.

Pasados los primeros escarceos entre defensa y fiscalía, llegó el turno de Germán Artola, el primero de los defensores que alegó en favor de los acusados. El día estaba previsto que comience con los alegatos de las defensas, no obstante, el defensor de Ramón Genaro Díaz Bessone planteó que su representado sufrió un ACV por lo que se dio lectura al informe médico presentado por la parte y la petición de la misma para que el represor sea trasladado al Hospital Militar para su tratamiento, en lugar de continuarlo en el Hospital Español de Rosario.

El tribunal hizo lugar a la petición, con el voto en disidencia de Jorge Venegas Echagüe quien consideró que no hay razones válidas para permitir el traslado al Hospital Militar de Díaz Bessone teniendo en cuenta que el mismo cuenta con obra social que le permite realizar su tratamiento en el Hospital Español o en algún otro de Rosario.

Lo resuelto por el Tribunal motivó la inmediata reacción del fiscal de la causa Gonzalo Stara, quien interpuso recurso de nulidad contra la decisión de los jueces Beatriz Baravani y Otmar Paulucci por entender que debió darse intervención a la fiscalía antes de decidir y agregó que no puede privilegiarse al imputado con su traslado al Hospital Militar teniendo la posibilidad de recibir atención médica en esta ciudad.

El tribunal rechazó el planteo de la fiscalía y dispuso que se constituya una junta médica para determinar si Díaz Bessone está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio. Por su parte la querella de la Liga y Familiares adelantó que propondrá la inclusión de peritos de parte en este sentido.

Una aparte merece la actitud del defensor de Díaz Bessone, Gonzalo Miño denunció penalmente a dos médicos del hospital Español "por algún ilícito del Código Penal" por lo apresurado del alta y por la medicación que le recetaron a Díaz Bessone. Esto fue rechazado inmediatamente por el juez Venegas Echagüe. Por su parte, el fiscal dijo que ni siquiera merecía respuesta esta denuncia porque no se entendió de dónde viene el planteo. Finalizado este incidente, comenzó su alegato el defensor Germán Artola, en representación de los imputados Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara.

En primer término, planteó la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo ya que señaló que sus defendidos fueron indagados por estos hechos desde 1984 a 1987 y el requerimiento de elevación a juicio fue formulado en 2008.

Por otra parte Artola ratificó la validez de las leyes de obediencia debida y punto final por entender que la ley del Congreso de la Nación que las anuló "es una ley inconstitucional y que deben aplicarse las mismas atento ser las más benignas".

El defensor también planteó la nulidad de la audiencia de debate en virtud de entender que "se ha afectado el derecho de la defensa por no haber podido controlar eficazmente la prueba de cargo ya que en numerosas ocasiones el Tribunal no le permitió interrogar a los testigos sobre supuestas contradicciones con declaraciones brindadas al comienzo de la causa".

Artola hizo referencia también a la legalidad de las detenciones que se le imputan a sus defendidos como privaciones ilegítimas de la libertad por entender que "la policía actuó conforme a las leyes vigentes en ese momento y que luego remitía las actuaciones a la justicia militar".

Asimismo planteó que los períodos en los que las víctimas estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional "no deben ser tenidos como privaciones ilegítimas de la libertad ya que esa constituía una legítima facultad otorgada por el estado de sitio vigente".

Las uñas del Gato Andrada, citado a declarar por dos secuestros

2011-11-02T01:06:00.000-07:00

El juez de San Nicolás que investiga los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi entiende que ahora hay "sospechas suficientes sobre la participación" de Andrada y otros militares en el secuestro de los militantes en el bar Magnun.

Por José Maggi

El ex arquero de Central, Edgardo "Gato" Andrada, fue citado a declarar por la justicia federal el 9 de noviembre, por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas ocurridos en la última dictadura. El fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, quien investiga el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, fue quien logró luego de más de seis años de haberlo solicitado que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declarar no solo al ex arquero canalla -quien fue agente del aparato de inteligencia militar- sino también al ex comisario Luis Abelardo Patti, los ex militares Reynaldo Bignone, Oscar Pascual Guerrieri, Luis Américo Muñoz y a los ex agentes de inteligencia Ariel "el Puma" Porra y Juan Andrés Cabrera, alias "el Barba". Todos están imputados por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum, en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos. Andrada, quien trabaja desde hace años en las inferiores de Central, en la filial Fábrica Militar de Armas, ubicada en avenida Francia al 5000 -curiosamante donde funcionó un centro clandestino de detención- estuvo anoche reunido con parte de la comisión directiva del club a quienes prometió que hoy enviará su telegrama de renuncia.

El fiscal Murray reconoció que ayer se le notificó la resolución por la cual "se impone la detención e indagatoria de Patti, Bignone, Guerrieri, Ariel Porra y Juan Andrés Cabrera, quienes ya estaban detenidos en relación a otras causas y a disposición del TOF San Martín y del TOF de Rosario", mientras que "en relación a Andrada y Muñoz, que están eximidos de prisión, se dispuso que se los convoque a prestar declaración indagatoria pero la diferencia es que la citación les llega en libertad".

El fiscal recordó que "tanto Andrada como Muñoz, quien era el segundo de Guerrieri en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario al momento de los hechos, tienen revocada su exención de prisión por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario" pero "como ambas defensas interpusieron recursos de casación, la resolución no está firme y se encuentra sujeta a los tiempos que determine la Cámara Nacional de Casación Penal".

Murray se mostró crítico por que "recién ahora" el juez federal de San Nicolás resuelve "algo que desde la fiscalía y la querella fue planteado en marzo de 2005, es decir hace más de 6 años".

Además remarcó que en uno de los párrafos de la resolución, el juez Villafuerte Ruzo argumentó: "Un nuevo reexamen de la causa me lleva a concluir que se ha adquirido el grado de sospechas suficientes, tanto en cuanto a la existencia del hecho como en cuanto a la participación de las personas señaladas en el mismo, como para convocarlos a prestar declaración indagatoria como imputados en la causa".

"Hay otro imputado, el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, alias Chuly, con la misma carga probatoria, sobre quien Villafuerte no se expidió", acotó el fiscal federal de San Nicolás, en alusión al presidente de la Asociación Sanmartiniana Cuna de la Bandera, que todos los años realiza el Cruce de los Andes y cuenta con el apoyo de distintos sectores como la municipalidad de Rosario, y diversos medios de comunicación locales.

En cuanto a la continuidad de la causa y la situación de Andrada en particular, Murray adelantó que el ex arquero "tendrá que comparecer a la citación y después habrá que ver si decide hacer valer o no su derecho constitucional de ejercer su defensa material", y finalmente "esperar si resuelve declarar o no".

"Lo que creemos desde fiscalía y desde la querella es que hay elementos suficientes para que Andrada y el resto de los imputados sean procesados por este hecho", remarcó Murray para quien "las pruebas en relación a los hechos son harto suficientes y abundantes". Además "hay pruebas documentales que se incorporaron con posterioridad a la causa y que indican claramente la responsabilidad de Andrada en los hechos".

Entre ellas señaló "hay pruebas testimoniales como la declaración de Eduardo Costanzo", ex agente de inteligencia, que en esta causa declaró "como testigo, ya que al momento de los hechos no se encontraba en Rosario sino que se entera posteriormente cuando uno de sus amigos le cuenta y le da datos precisos de cómo, dónde y cuándo se realizó el operativo".

"También existen legajos de militares, hay prueba documental que tiene que ver con documentos desclasificados por el departamento de Estado norteamericano que acreditan fehacientemente todos los hechos de la hipótesis que en su momento sostuvieron la fiscalía y la querella", apuntó.

Por su parte el diputado provincial electo y secretario general del Movimiento Evita de Rosario, Eduardo Toniolli, celebró el pedido de indagatoria: "Estamos muy contentos y satisfechos con esta disposición, fundamentalmente porque es un reconocimiento a la lucha inclaudicable de dos mujeres como Gladys y Ethel Cambiaso (hermanas de Osvaldo), de los organismos de derechos humanos y de los abogados querellantes".

“Seguimos exigiendo una investigación profunda del asesinato de Silvia Suppo”

2011-11-01T00:41:00.000-07:00

Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo

Quienes conformamos el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo creemos imperioso manifestarnos en relación a lo actuado en la causa que investiga su crimen.

El 29 de marzo de este año, a un año de ocurrido este asesinato político, nos resultó alentadora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elevar a fuero federal la causa, dado que desde un inicio consideramos que debía ser investigada allí, ya que existe evidencia contundente que demuestra que su asesinato se cometió para entorpecer el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

Sin embargo, insistiendo en nuestro reclamo de esclarecimiento denunciamos hoy públicamente la inacción de la justicia federal.

Es necesario recordar que la primera decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez -a días de haber sido designado como juez actuante por la CSJN- fue elevar la causa a juicio oral, sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia. Ante esto, la querella presentó el pedido de nulidad ante el Tribunal Oral Federal, fuero que remitió la causa al juez, exigiéndole nuevamente una investigación, previa a todo juicio.

Una vez más, la intervención de la querella fue decisiva a la hora de movilizar la causa. Esta solicitó casi la totalidad de las medidas tendientes al esclarecimiento, impidiendo que se clausurara la investigación pese a los intentos del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Rafaela y el Juzgado Federal Nro1 de Santa Fe de elevar a juicio sin investigar profunda y profesionalmente.

El Juez Rodríguez -sin realizar ningún aporte e investigación- adoptó como propia la actuación del Juez Alejandro Mognaschi del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Rafaela, cuya competencia fue revocada tanto por la Cámara de Apelación de Rafaela como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resulta llamativa la vinculación del defensor de oficio de los imputados Fabio Procajlo, con el ex Juez Federal Victor Brusa. Procajlo fue defensor de Brusa en la causa en donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para condenarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en el año 2009.

A pesar de las evidentes irregularidades en el accionar policial que venimos denunciando públicamente y en el departamento de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido. Hasta el momento los Jueces y fiscales sólo se ocuparon de “acumular” fojas y testimoniales sin relacionar los hechos, sin pedir ampliaciones, sin intervenir en los testimoniales y declaratorias y se apresuraron en “sacarse la causa de encima”. Es evidente que existe una intensión de que se terminen los plazos legales de la instrucción (2 años), con el claro objetivo de elevar a juicio sin investigar, como lo ordenara la Corte Suprema de la Nación.

La falta de investigación y la “tranquilidad” de la justicia se repite en otras causas. Cabe recordar que la causa denominada “Hattemer-Destefani-Suppo” que está también en manos del Juez Rodríguez lleva ya más de 10 años de instrucción y durante ese período ningún acusado fue indagado. En esta causa Silvia Suppo era la testigo clave que podía incriminar a represores rafaelinos implicados.

Luego de tanto tiempo, y aún contando con fallos favorables de la cámara de apelaciones de Rafaela, de la CSJN y del TOF seguimos exigiendo que se realice una investigación profunda y exhaustiva de su asesinato.

Sin la solidaridad y las luchas de todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, que nos han acompañado durante este año y medio, no es posible terminar con la impunidad y por eso pedimos el apoyo de todos y todas para lograr una condena penal y social de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Silvia Suppo.

VERDAD Y JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO Y TODXS LXS COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS
APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ
CARCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

ESPACIO VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO

El primero contra un militar

2011-10-30T07:57:00.000-07:00

Se trata del proceso contra el coronel José María González, por el secuestro y asesinato de un militante del peronismo revolucionario, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana Cavandini, en diciembre de 1975.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe comenzó a juzgar esta semana al ex jefe del Area 212, coronel José María González, por el secuestro y asesinato de un militante del peronismo revolucionario, Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavandini, en diciembre de 1975. Es el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe, pero el primero a un militar y el segundo por homicidio. El 24 de marzo de 1976, González ordenó el ataque a la Casa Gris, derrocó al ex gobernador Carlos Sylvestre Begnis y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia, rodeado por un gabinete de mandos del Ejército y la Fuerza Aérea. Ocupó el doble poder -político y militar- hasta el 16 de abril de abril de 1976, cuando lo sucedió el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni, en un acto al que asistieron el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy y el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, general Ramón Díaz Bessone. Y después, siguió como jefe del Area 212 hasta octubre de 1976, cuando lo reemplazó el coronel Juan Orlando Rolón. González llegó al banquillo como autor mediato del crimen de Marini, aunque también está imputado y procesado por el asesinato de otros 22 militantes políticos, en causas que aún no llegaron a juicio.

En el arranque del debate, el presidente del Tribunal, José María Escobar Cello le concedió la posibilidad de hacer su descargo. González aceptó, pero se aferró una fórmula trillada por otros represores. "Jamás he impartido una orden ilegal. Jamás he recibido una orden ilegal. Desconozco los hechos que se me imputan", dijo al alegar inocencia. Y se negó a responder preguntas.

Lo desmintieron la esposa y el hermano de Marini. Ana María Cavadini relató ante los jueces cómo un grupo de tareas del Area 212 irrumpió en su casa, en Jujuy 3618, cerca de la cancha de Colón, y secuestró a su marido, a ella y al pequeño hijo de ambos, Germán, de un mes y medio. Germán ya tiene 36 años y también declaró en la audiencia después de su madre y de su tío.

Los represores "estaban vestidos de civil", recordó Ana. "Revisaron toda la casa, apagaron las luces y esperaron que llegara mi marido". Era el 9 de diciembre de 1975, ya había anochecido. "Veinte minutos después, cuando llegó Mario, se abalanzan sobre él, lo golpean y lo amarran", contó. Eran seis contra uno.

Después del operativo, Ana y su bebé fueron llevados a la comisaría 1ª, en el microcentro, pero como se olvidó el chupete de Germán, regresó a buscarlo. Allí vio que Mario estaba "tirado en el piso, cabeza abajo y le habían puesto un pie en la espalda", dijo. Fue la última vez que lo vio.

En la investigación judicial, hace cuatro años, apareció en el archivo de los Tribunales Federales una pieza clave. Un acta del operativo del 9 de diciembre de 1975 que acredita la emboscada y la detención de Marini, en su propia casa, por un grupo de tareas "adscripto al Area 212 que actuaba bajo el control operacional del Ejército". El documento reconoce que Marini fue detenido a las 21.30, que después se volvieron a apagar las luces y cuando las prendieron ya no estaba. Es decir, que supuestamente se fugó a las 21.55. Estuvo detenido 25 minutos y lleva 36 años desaparecido. La prueba de la infamia.

El acta tiene la firma de Cavandini. "Me obligaron a firmarla bajo presión", dijo Ana. Y explicó como logró identificar a quien la había amenazada: el capitán del Destacamento de Inteligencia 122, Douglas Patrick Dowling, que allanó su casa y luego la visitó dos veces en la comisaría 1ª, donde le obligó a firmar. "La trajo escrita y yo la firmé", recordó. El acta fue incluida en un expediente del Ejército por el coronel Carlos Adalberto Rodríguez Carranza, oficial de Operaciones del Area 212, a quien González también designó jefe de Policía de la provincia, el 24 de marzo de 1976. Dowling y Rodríguez Carranza no comparten el banquillo con González porque ya fallecieron.

El hermano de Marini también desmintió a González al aportar otra prueba en el juicio. Una carta que su padre le envió a González -con copia a Harguindeguy- el 31 de mayo de 1976, cinco meses después del secuestro de Mario. Le pidió una audiencia que resultó infructuosa. "Fueron mi papá y mi mamá, no recuerdo detalles de la charla, pero el resultado fue negativo, les dijo que Mario estaba prófugo y que no tenía novedades. Les dio muy poca atención, como militar que era", recordó Luis Alberto Marini.

-Eso demuestra que González conocía el caso, porque en su descargo dijo que desconocía los hechos -le planteó Rosario/12.

-No es cierto. Conocía muy bien todo el hecho, él dio la orden, él hizo todo. No sé con qué fundamento o qué seguimiento hizo, pero él fue el principal ejecutor, no queda duda -contestó Luis.

Tras el operativo, la casa de los Marini fue saqueada. "Nosotros la vimos dos veces, después del allanamiento estaba todo, cerramos y nos fuimos. "Los vecinos nos miraban con una cara, como diciendo qué hacen estas personas que se meten adentro. Ellos habían visto los autos, el movimiento, un montón de cosas. Entraron mis padres. 'Vamos a entrar nosotros que somos viejos', por si la estaban vigilando. Entraron y estaba todo ordenado", recordó. "Pero a los quince días volvimos a ir y ya la habían saqueado. Volvió a ir mi padre y el papá de Ana y sólo quedaba una mesa, seis sillas y el aparador. No quedaba nada, se habían llevado todo, la cocina, la heladera, la ropa del bebé, todo. Daban ganas de llorar".

-¿Qué edad tenía usted?

-Yo tenía 27, era dos años mayor que mi hermano que tenía 25 -concluyó Luis.

Las querellas piden Cárcel común, perpetua y efectiva

2011-10-20T22:49:00.000-07:00

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de esa ciudad, solicitó esa pena para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego. En tanto, requirió 25 años de prisión para otros tres acusados.

Ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, el Ministerio Público Fiscal solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para dos acusados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella ciudad durante el último gobierno militar.

La Fiscalía requirió esa pena para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.

En tanto, pidió 25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y solicitó la absolución del imputado Ricardo Miguel Chomicki.

El debate se reanudará el próximo 2 de noviembre con el inicio de los alegatos de las defensas.

El detalle de las penas solicitadas por cada una de las querellas en sus respectivos alegatos:

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.
-25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y no realizó acusación contra el imputado Ricardo Miguel Chomicki.

Agrupación HIJOS
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Gabriela Durruti (querella particular)
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Liga Argentina por los Derechos Humanos
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Todos los acusados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.

El fiscal señaló responsabilidades en la causa Diaz Bessone

2011-10-18T23:21:00.000-07:00

Sin acusación contra Chomicki

El ministerio público acusó por homicidios agravados al principal acusado y a Lofiego, mientras Marcote, Vergara y Scortecchini fueron señalados por las privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

Por José Maggi

El fiscal federal Gonzalo Stara continuó ayer con su alegato en el marco de la Causa Díaz Bessone, señalando la responsabilidad de cada uno de los imputados. Para Stara, Rubén Lofiego cometió dos homicidios agravados por alevosía, concurso premeditado de más de tres personas y criminis causa, mientras a Ramón Genaro Díaz Bessone lo responsabilizó por la misma figura en los restantes homicidios cometidos en el marco de genocidio. Mientras señaló a los cinco imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, tormento agravado y asociación ilícita calificada, figuras en las que incluyó a Mario Marcote, Ramón Vergara, y José Scortechini como autores directos. Díaz Bessone también debe responder como autor mediato por dominio de un aparato organizado de poder. El dato más saliente fue que Stara no acusó a Ricardo Chomicki, el ex militante señalado por sus propios pares por haber formado parte de aparato represivo. Encuadrado en la postura marcada por la Procuración, el fiscal apuntó que "la reducción de la libertad de Chomicki impide a este ministerio público formular el reproche penal por el modo en el que actuó".

En su alegato, Stara comenzó señalando la responsabilidad que le cabe a Mario Alfredo Marcote (el Cura), a quien Stella Hernández no solo reconoció en rueda de personas en el año 1984 sino que lo hizo en la propia sala. "Es el que está atrás a mi izquierda", dijo la testigo cuando lo denunció por violación. A Marcote lo ubicaron los sobrevivientes "tanto en los procedimientos, como en la sala de tormentos" y en los grupos que llevaban adelante las ejecuciones como el caso de la Masacre de Los Surgentes: secuestraba, torturaba, asesinaba y era uno de los principales protagonistas de los delitos sexuales.

Luego fue el turno de José Carlos Scortecchini alias Archie quien "fue ubicado por los testigos en la sala de tormentos, conduciendo víctimas desde y hasta el SI, participando de secuestros y en las desapariciones como en el caso de Los Surgentes.

En cuanto a Ramón Vergara, Stara entendió que está probada su pertenencia al grupo y permanencia en el SI, particularmente por el testigo Marcos Alcides Olivera, quien lo conocía previamente por lo que pudo inmediatamente identificarlo.

La ronda de responsabilidades culminó con el caso de Ricardo Chomicki, alias Cady quien según sus dichos fue secuestrado el 1º de diciembre de 1976, con Nilda Folch y sometidos ambos a tormentos. También esgrimió en su favor el procesamiento del juzgado federal 4 y la confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Stara también recordó el documento emanado de la Procuración General de la Nación donde se mencionan los casos de eximentes de culpabilidad para aquellos que ingresaron como víctimas a los centros clandestinos de detención. En este sentido el fiscal consideró "configurado la eximente del Artículo 34 del Código Procesal, estado de necesidad exculpante".

En el mismo sentido, Stara analizó los requisitos de la figura considerando que se dan todos en el caso de Chomicki: "puede entenderse que la reducción de la libertad de Chomicki impide a este Ministerio Público formular el reproche penal por el modo en el que actuó".

Para Stara, la privación ilegítima de la libertad está probada ya que "la normativa vigente no fue aplicada y en su lugar se llevó adelante un plan criminal sin sujeción a normas ni procedimiento alguno". Para explicitarlo, recordó un pedido del Ronco Nast (uno de los integrantes de la patota), acusado de pirata del asfalto, quien solicitó que se considere al hecho como parte de la lucha antisubversiva intentando contar de esa manera la impunidad prometida para estos casos, donde se operaba por fuera del estado de derecho". En el mismo sentido el fiscal

recordó la testimonial del ex policía Adolfo Salman (quien fuera jefe del servicio de informaciones de Las Rosas) quien manifestó en esta audiencia que todas las operaciones se hacían por izquierda y que esas eran las órdenes en todo el país". Para Stara "no se trató de detenciones sino de verdaderos secuestros".

De igual manera, el fiscal analizó el delito de tormentos, "encuadrado por sí solo considerando las condiciones inhumanas de detención. Los autores son quienes tuvieron poder de hecho sobre las víctimas y lo utilizaron para infligir tormentos. En todos los casos se da la agravante de cometerse contra perseguidos políticos".

En cuanto al homicidio calificado, el fiscal refirió al modo "como se fraguaban distintos asesinatos mediante pretendidos enfrentamientos o presuntos hechos de fuga, como en el caso de Pedro Galeano, o con falsas libertades como los episodios de Rut González y Daniel Gorosito"

Exhumación de tumbas NN en el cementerio La Piedad

2011-10-18T05:09:00.000-07:00

La que se busca es solo la verdad

Se trata de una de las más importantes investigaciones judiciales que se están llevando adelante en el proceso de identificación de NN, cuyos restos pueden ser de desaparecidos en Rosario durante la última dictadura militar.

Por José Maggi

Como lo adelantó Rosario/12, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó ayer a exhumar un centenar tumbas del cementerio La Piedad que guardan restos de personas que murieron en forma violenta durante la última dictadura, con el objetivo de identificar si entre los NN hay militantes desaparecidos. La fiscal federal Mabel Colalongo siguió las tareas del equipo encabezado por Miguel Nievas, quien trabajó junto a cinco voluntarios sobre dos tumbas, y exhumó restos óseos de al menos seis personas distintas. "Sin verdad no hay justicia", indicó la fiscal al destacar las tareas de identificación en el marco de una causa que comenzó en 1984 y que recién ayer tuvo su primera excavación.

La fiscal Colalongo destacó que "esta es una de las más importantes investigaciones que se están llevando adelante en el proceso de identificación, y en la búsqueda de la verdad que como siempre digo es más importante aún que la justicia relativa que nos puede dar los juicios, considerando que la gente espera la verdad desde hace mucho tiempo".

"Es muy importante La Piedad considerando que tenemos 120 tumbas que pueden tener restos de desaparecidos de la dictadura", agregó Colalongo, quien remarcó que "el criterio para la selección de las tumbas fue buscar los enterramientos NN de aquel momento, identificar entre ellos las muertes violentas, sumado a que en muchas casos en el registro había intervención en esa disposición del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército o de la policía. Esta combinación de muerte violenta durante la dictadura, y sabiendo quién había ordenado esa inhumación, nos ayudó a identificar esta cantidad de tumbas".

--¿Por qué esta causa comenzó en 1984 y recién ahora comienzan las exhumaciones? -preguntó este diario.

--En este lugar no se siguió con el proceso de identificación de desaparecidos cuando entraron en vigencia las leyes de impunidad. Cabe aclarar que la Obediencia Debida y el Punto Final no impedían identificar restos. En verdad, nunca se interrumpió la posibilidad de identificación, pero en Rosario se tomó ese criterio: frenar todo ese proceso. Por eso están atrasadas esas causas, pero como pienso que no hay justicia sin verdad, es que desde hace un año, cuando tomé contacto con esta causa desde la Unidad Fiscal, decidimos impulsarla".

En el mismo sentido se expresó Nievas del EAAF -quien ayer estuvo acompañado por la militante santafesina Beatriz Pfeiffer-: "Tenemos bastante trabajo preliminar hecho, porque hace muchos años que venimos trabajando con la hipótesis de que pueda haber personas desaparecidas inhumadas como NN y de todos los relevamientos que veníamos haciendo tenemos más o menos en claro qué podría haber en cada una de las tumbas, y ya hemos trabajado en forma preliminar profunda sobre la documental, y en algunos de los casos ya tenemos hipótesis de identidad".

Según Nievas, "nuestros trabajo se basa también en otra causa federal, en la que hicimos dos exhumaciones en este mismo cementerio en las que nos encontramos con una gran cantidad de restos que no condecían con lo que señalaban los libros oficiales. Supuestamente debía haber una sola inhumación y nos hemos encontrado con dos inhumaciones regulares, y después varios conjuntos, que son restos desasociados no relacionados anatómicamente que son de inhumaciones previas que han sido removidas pero nunca exhumadas. Por eso encontramos gran cantidad de restos que esperamos se puedan corresponder con las personas que estamos buscando".
El referente del EAAF remarcó que si bien se han hecho otras exhumaciones, sí se trata del mayor trabajo por la cantidad de tumbas a trabajar. En ese sentido para llegar a una identificación plena, Nievas explicó: "Recopilamos información documental, como registros, boletos de inhumación, sumado al listado de quienes desaparecieron en esa época. La identificación puede darse finalmente por el cotejo de huellas dactilares de los prontuarios de cadáveres que se hicieron en su momento, otra forma puede ser a través de la comparación de datos posmorten con los premorten, y finalmente el estudio de ADN".

Nievas destacó que el período 1976 y 1977 es el que más inhumaciones hubo, "lo que marca que ésta era entonces una de las formas de deshacerse de la gente detenida".

Zitelli se quedó sin altar

2011-10-13T22:24:00.000-07:00

El ex capellán sigue viviendo en Casilda

"Quiero que respete mi libertad y mi posición", dijo el ex capellán durante la dictadura militar al ser consultado sobre la investigación judicial por su participación en el ex centro clandestino de detención de la policía.

Por José Maggi

La designación de un nuevo sacerdote en Casilda, provocó suspicacias sobre el destino del hombre fuerte de la curia local monseñor Eugenio Zitelli, quien es investigado por su participación en la última dictadura como capellán de la policía rosarina. El 2 de octubre el arzobispo rosarino José Luis Mollaghan designó como párroco de la Parroquia San Pedro a Adolfo Eduardo Segovia, lo que disparó las especulaciones, luego de la acusación que el fiscal federal Gonzalo Stara hiciera tras recopilar una importante cantidad de testimonios en su contra, que lo vieron en el Servicio de Informaciones, de San Lorenzo y Dorrego, con los que le pidió al juez federal Marcelo Bailaque, que lo cite a declarar.

Este cronista se comunicó ayer a las 20 con la parroquia. Este es el diálogo que mantuvo con Zitelli.

--Quería consultarlo sobre la investigación que está llevando adelante la justicia federal de Rosario.

--Yo en este momento estoy llamado a un silencio total, así que lamento mucho no poder satisfacerlo, tengo esa orientación y la quiero cumplir al pie de la letra. Perdóneme si se siente molesto, porque no es un rechazo al periodismo sino una posición personal que tengo en este momento.

--¿Usted se va a ir de Casilda, porque trascendió que hay un nuevo sacerdote en su parroquia?

--Le estoy diciendo que no le voy a hacer ninguna declaración...

--¿Pero usted ha sido cambiado en su cargo, hay otro sacerdote en su lugar?

--Yo estoy en Casilda. Nada más que eso le estoy diciendo así que...

--¿No va a eludir la acción de la justicia?

--Le estoy diciendo que no voy a hacer ninguna declaración, entonces quiero que me comprenda, que respete mi libertad y mi posición. Bueno discúlpeme esa es mi posición terminante. Muchas gracias- expresó Zitelli y cortó la comunicación.

Las especulaciones se dispararon luego que el presbítero Carlos Romagnoli se despidiera de Casilda, a finales de setiembre, al lado del propio Mollaghan, y en su lugar asumió, solo una semana después, Segovia. Es que Zitelli ya había renunciado al cargo de administrador parroquial en mayo de este año "debido a su edad", y quedó, en su rol de monseñor honorífico, cargo con el que había sido beneficiado por el Vaticano en 1999.

Zitelli fue capellán de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario desde 1964 hasta 1983 y estuvo presente en diversas sesiones de torturas. Participó en misas, confesiones y entrevistas con los detenidos del Servicio de Informaciones, por lo que fue una pieza más central del mecanismo represivo existente en Rosario. Avaló la tortura como método para obtener información política.

Cuando en un campo de concentración, una desaparecida le denunció las torturas y las violaciones, afirmó: "Que usen la picana está bien porque estamos en guerra y es un método para obtener información política. Pero la violación atañe a la moral y nos prometieron que eso no iba a pasar".

En 1999 el ex arzobispo de Rosario, Eugenio Mirás, reconoció la labor de Zitelli, otorgándole el título de monseñor honorífico, que gestionó ante el Vaticano. En 2000 declaró: "Toda guerra es salvaje, no hay vuelta de hoja, así que uno no viene a justificar que ha habido excesos, claro que ha habido excesos, pero aquí había habido un proceso ideológico que ha querido copar el país y no ha ido por vía democrática".

Reclamo por la investigación del asesinato de Silvia Suppo

2011-10-12T13:31:00.000-07:00

El espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo denunció que en el caso que investiga el asesinato de la sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, asesinada tras dar testimonio en el juicio que condenó al ex juez Víctor Brusa por delitos de lesa humanidad, existe una "inacción de la justicia". Y detallaron que tras la orden de la Corte Suprema de pasar la causa a la Justicia federal, el juez a cargo ordenó pasar al juicio oral y, desde entonces, no se realizaron nuevas medidas de investigación. Además, apuntaron que se aceptó como defensor de oficio de los acusados, a quien fue abogado de Brusa.

Suppo fue apuñalada el 29 de marzo de 2010 en su comercio de la ciudad de Rosario, tras sufrir amenazas por su rol en los juicios de lesa humanidad, especialmente por haber sido importante testigo del juicio que condenó al ex juez Brusa a 21 años de prisión por apremios ilegales durante la dictadura militar.

También impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela, en una investigación cuyos imputados viven en la misma ciudad.

La agrupación recordó que a un año del asesinato, "resultó alentadora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elevar (el caso) a fuero federal", pero criticaron que "la primera decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez -a días de haber sido designado como juez actuante por la Corte Suprema de Justicia- fue elevar la causa a juicio oral, sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia".

Además, consideraron "llamativa" la vinculación del defensor de oficio de los imputados en la causa, Fabio Procajlo, quien "fue defensor de Brusa en la causa en donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para condenarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en 2009".

También puntualizaron "evidentes irregularidades en el accionar policial" dado que "ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido" y que "hasta el momento los jueces y fiscales sólo se ocuparon de acumular fojas y testimoniales sin relacionar los hechos, ni pedir ampliaciones, ni intervenir en los testimoniales y declaratorias".

"Es evidente que existe una intención de que se terminen el plazo legal de dos años para la instrucción, con el claro objetivo de elevar a juicio sin investigar", denunciaron. "Seguimos exigiendo que se realice una investigación profunda y exhaustiva para conocer a los autores intelectuales y materiales de su asesinato",finalizaron.

Zitelli, el cura en la sala de torturas

2011-10-06T00:25:00.000-07:00

Zitelli con el matrimonio Medina, ambos desaparecidos

El fiscal federal de Rosario, Gonzalo Stara, aseguró en el alegato de la causa Díaz Bessone que “está registrado” que el sacerdote Eugenio Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía. El representante del Ministerio Público involucró al cura que actualmente está en una parroquia de la localidad santafesina de Casilda como parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones rosarino.

Al exponer el caso de Tomasa Verdún de Ortiz, el fiscal Stara mencionó que la víctima pudo constatar la presencia del religioso no sólo en la Alcaidía “donde estaban alojadas mujeres que habían sido ‘blanqueadas’ como detenidas ante la Justicia”, sino en el propio Servicio de Informaciones (SI). “Zitelli como parte del grupo tenía una función específica, hemos podido registrar que ingresaba al SI y, más concretamente, a la sala de torturas”, sostuvo el fiscal en su alegato. El sacerdote fue capellán de la Policía de Rosario durante los primeros años de la última dictadura y su nombre fue mencionado durante el juicio por varios sobrevivientes del SI.

Se transmiten por internet las audiencias de la causa Díaz Bessone

2011-09-26T22:13:00.000-07:00

Se transmite por Internet los alegatos de la causa Díaz Bessone (ex Feced), en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad más significativo de la ciudad de Rosario y su zona de influencia. Se podrá acceder a la transmisión en directo a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/multimedia. Las audiencias, previstas para hoy, 27/9/11 –de 16 a 20 horas– y el miércoles, 28/9/2011 –de 9:30 a 13, y de 16 a 20–, están relacionadas con los alegatos de la parte acusadora.

En la audiencia del 12 de setiembre, el equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre culminó sus alegato y solicitó que se condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua y absoluta a Ramón Genaro Díaz Bessone y a José Rubén Lofiego; y a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta a Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki, por ser autores del delito de genocidio. El martes 13 y miércoles 14 comenzó el alegato de la Fiscalía Federal, que continuó durante las audiencias del lunes 19, martes 20 y miércoles 21 y continuará esta semana.

Se estima que la etapa de debates se extienda durante todo el mes de octubre y se espera el dictado de sentencia para noviembre.

La transmisión, reclamada por los organismos de derechos humanos, garantiza en cierta medida, el acceso a la información de este juicio sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Ya se había hecho lo propio con la primera parte de la causa y con los juicios Guerrieri-Amelong, en Rosario; y Brusa, Barcos y Facino, en Santa Fe.

La causa

En este proceso, iniciado en julio de 2010, son juzgados Ramón Díaz Bessone, José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita. Conocida como “megacausa Feced”, ahora denominada “Díaz Bessone”, investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 91 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Se prevé que antes de fin de año se conocerá la sentencia.

Ahora un condenado por crímenes de lesa humanidad, acusa a sus pares...

2011-09-21T23:13:00.000-07:00

Dio pistas clave para dar con el paradero del mellizo de Negro. El "yo acuso" del Tucu Costanzo

Costanzo declaró ayer en el juicio que se sigue en Paraná y pidió investigar si Navone, un agente de Inteligencia que se suicidó en 2008, se apropió del mellizo varón de Negro y lo inscribió como propio. "Háganle un ADN a su hijo", sugirió.

Por Juan Cruz Varela - Desde Paraná

Eduardo Rodolfo Costanzo, el ex agente civil de inteligencia que el año pasado fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención rosarinos, acusó en duros términos a sus compañeros de armas por el secuestro y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Inclusive dio los nombres de algunos de quienes realizaron la custodia de la mujer mientras duró su estadía en la capital entrerriana. Pero el dato más relevante que aportó fue la certeza de que Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, se apropió del mellizo varón y lo inscribió como propio. "Háganle un ADN al hijo de Navone, al que mandaron a España a los pocos días del suicidio del padre y al hijo del hermano de Navone", dijo. "En Casilda comentaban que los Navone tenían un hijo de desaparecidos", acotó Costanzo. Además se dirigió a los hijos de Negro, Sebastián y Sabrina: "Miren bien a este hombre (por el represor Marino González) porque es el último que toca a su madre".

Ochenta minutos estuvo Costanzo ante el tribunal. El Tucu pidió investigar si un agente de inteligencia que operó en Santa Fe se apropió del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Se trata de Navone, que se suicidó el día que estaba citado a declarar como imputado por la sustracción y sustitución de identidad de los bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná.

Navone era un mayor del Ejército oriundo de Casilda que se suicidó el 25 de febrero de 2008 de un balazo en la cabeza, en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga, el mismo día en que debía presentarse a declarar como imputado en esta causa ante el Juzgado Federal de Paraná.

Lo que dijo Costanzo ya lo había manifestado Pascual Oscar Guerrieri durante su indagatoria y que motivó una presentación de los fiscales federales Mario Silva y José Candioti para investigar esa posibilidad en la causa que busca dar con el paradero del mellizo de Sabrina Gullino.

Fue importante el testimonio de Costanzo porque dio precisiones sobre el rol que tuvo cada uno de los integrantes de la patota en el operativo. En su declaración, El Tucu afirmó que Raquel Negro estuvo con el resto de los detenidos de la Quinta de Funes y que fue trasladada a Paraná cuando su embarazo ya estaba avanzado. En el Hospital Militar se instrumentó un sistema para su custodia con agentes que llegaban desde Rosario, permanecían con ella en la habitación, comían lo mismo que ella y se relevaban cada 24 horas. "No se quién dio la orden para el traslado, si fue Galtieri, Jáuregui o Guerrieri, pero quien se encargó de todos los trámites fue Marino González, y él era un capitán, no podía mandarse solo", acotó.

Costanzo explicó que el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 era Alcides Juvenal Pozzi, aunque lo definió como "una figura decorativa", y precisó que a cargo estaba Pascual Oscar Guerrieri. En tanto, Jorge Alberto Fariña era jefe de operaciones especiales y ahí también operaba Juan Daniel Amelong; mientras que Marino González era jefe de la sección calle. "No se quién llevó a Raquel Negro a Paraná, pero cómo no iba a estar al tanto Fariña, si sabía vida y milagro de todos", apuntó. Y sostuvo además que González debió estar en contacto con Navone.

Costanzo señaló que "los compañeros que hacían las guardias contaron que había dado a luz a mellicitos". A algunos los identificó y de otros solo dio sus nombres de guerra: Ariel Porra, alias El Puma; Ariel López, Aldo; Juan Andrés Cabrera, Andrés o Barba; Walter Pagano y Walter Ruscoe, alias Barbeta. "Inclusive ellos decían que el varoncito había nacido muerto y después me enteré que a la nena la dejaron tirada en la puerta de un convento. Pagano contó que Amelong se quedó en el auto y él dejó a la nena y puso un escarbadientes para trabar el timbre y que siguiera sonando, pero una monja lo llamó desde una ventana y entonces salió corriendo", detalló.

Costanzo insistió en que Guerrieri era quien manejaba los centros clandestinos de detención y contó cómo se orquestó el asesinato de los presos políticos que estaban secuestrados en La Intermedia. Costanzo contó que "la noche en que mataron a los 16 hubo un asado para celebrar que supuestamente iban a liberar a una detenida; después de comer Fariña pidió que buscaran dos botellas de whisky que tenía en el auto, una para ellos y otra para los presos. Esa tenía un veneno, decían que la habían traído de Campo de Mayo y que la habían probado con un perro que tomó esa bebida y se murió. Después los fueron llevando uno por uno a una salita y los mataron de un tiro y tuvimos que cargar los cadáveres en un camión. Más tarde apareció un Peugeot 504 y en el baúl estaba Raquel Negro, desnuda, atada de pies y manos y con una bolsa en la cabeza".

"No se con qué fin dijeron que el varoncito había muerto y si fue porque se lo quedó uno de ellos", dijo luego, reafirmando lo que había manifestado antes sobre la posibilidad de que Navone se apropiara del mellizo. Y también tuvo lugar para un gesto de reconocimiento a él mismo: "Orgulloso estoy que Sabrina tenga su identidad gracias a mí".

Tampoco se privó Costanzo de denostar uno a uno a los imputados: "Estos no eran combatientes, eran delincuentes y ladrones", afirmó. Dijo, por ejemplo, que Amelong es un "psicópata asesino" y que Guerrieri un "ladrón hijo de puta".

A Marino González lo calificó de "mentiroso y cagón que no tiene las pelotas para afrontar esta situación. ¿Por qué no habla de cómo tiraba gente al mar?". Y les habló de él a los hijos de Raquel Negro: "Sebastián y Sabrina, miren bien a este hombre porque es el último que toca a su madre, él es quien tiraba a la gente de los aviones".

Y les hizo una advertencia a los que fueran sus compañeros de armas: "Nadie me va a hacer callar. Si me cortan la lengua, usaré las manos para escribir; si me cortan las manos, escribiré con los dedos de los pies; y si me cortan los pies haré señas como Bernardo, el mudo de El Zorro".

Rosario : Aca tambien falta LOPEZ

2011-09-11T06:27:00.000-07:00

Como parte de la Campaña : Por los 5 años de impunidad
// ACÁ TAMBIÉN FALTA LÓPEZ.
MARCHA el día 19 de septiembre

Convocando a las 18 hs. desde Tribunales Federales (Oroño 940)
Hasta la Plaza San Martín culminando con un Acto y Radio Abierta

Bajo las consignas :

5 años sin Julio López
5 años de impunidad y encubrimiento.
5 años de lucha.
Exigimos al Gobierno Nacional Aparición con Vida Ya
PARA CONSENSUAR DETALLES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD / CON REALIZACION DE PROPAGANDA, PINTADAS, PEGATINA DE AFICHES, INVITAMOS A UNA REUNIÓN EN TUCUMAN 1349 (BAR DE LA TOMA)
EL PROXIMO MARTES 13, A LAS 19 HS.

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

Toda la memoria que sea posible

2011-09-11T06:16:00.000-07:00

Semana de los Derechos Humanos organizada por la Facultad de Psicologia

Se han organizado paneles, mesas debate y proyección de documentales. Se restituirán los legajos de la UNR a familiares de personas desaparecidas o asesinadas por el terrorismo de Estado, y se lanzará la Cátedra Libre de Derechos Humanos.
Por Claudio Socolsky

Organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), desde el próximo lunes se realizará la "Semana de los Derechos Humanos". Paneles, mesas debate, proyección de documentales, obras de teatro, música, y pintada de murales, serán algunas de las actividades programadas. Además, se restituirán los legajos universitarios a los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas por el terrorismo de Estado, y se lanzará la Cátedra Libre de Derechos Humanos. En diálogo con Rosario/12, la decana Laura Manavella destacó la importancia de las jornadas porque en la actualidad "las prácticas profesionales se enmarcan en leyes como la de Salud Mental y otras, tan sostenidas en la cuestión de los Derechos Humanos". Por otro lado, la decana de Psicología consideró que esta cuestión "también tiene que ver con prácticas culturales que hagan sentirlos y comprenderlos para entender los problemas actuales y su relación con la comunidad".

Esta semana, la Facultad de Psicología de la UNR (Riobamba 250 bis) será el centro de la Semana de los Derechos Humanos. Para Manavella; las jornadas, que serán públicas, "hacen también posible que fundemos algo que nos proyecte en relación a la formación de aquí en más, en tanto sujetos históricos de esta formación. Tenemos que poder mirar para atrás para poder seguir caminando hacia adelante".

Las autoridades de la Facultad de Psicología consideraron que hay que hacer frente a la defensa de los DDHH porque "aprendimos que es necesario generar una visión crítica, integral y autónoma de la realidad que hoy atravesamos miles de argentinos. Pensamos estos principios porque no queremos sentirnos conformes ante el planteo de lo posible. La lucha por los DDHH en nuestro país está vinculada a la memoria, a la exigencia de Juicio y Castigo a los genocidas de la última dictadura y al recuerdo de nuestros 30.000 compañeros".

En ese marco, la decana destacó la búsqueda de los legajos de los alumnos y docentes asesinados por el Terrorismo de Estado, que se entregarán a familiares y amigos luego del acto de apertura que se realizará el lunes a partir de las 18. También se colocará una placa que reflejará una frase de Paco Urondo: "Arderá su Memoria hasta que todo sea como lo soñamos". Seguidamente, se realizará el panel "La lucha en DDHH: Lo que aprendimos, lo que enseñamos", con la participación de Herminia Severini, Vicente Zito Lema y Oscar Lupori.

El martes 13, a las 10, y coordinado por Eugenia Piazza, habrá una mesa debate sobre "Etica y DDHH", con los panelistas Marisa Germain, Marta Andrada, Betina Monteverde, Gerónimo Ferreira. Se proyectará el documental "Arderá la memoria. La historia de las Madres de la Plaza 25 de Mayo". Luego, y con la coordinación del vicedecano Sebastián Grimblat, se realizará la mesa debate "Madres". Esteban Fridman coordinará el panel "Represión y DDHH hoy, 10 años del 2001", que contará con la participación de Celeste Lepratti, Mariano Pacheco, Rosaura Barletta y Mauro Alegre, Familiares de Silvia Suppo y Valeria Mustoni.

Las jornadas continuarán el miércoles con el Foro "DDHH Colegio de Psicólogos", coordinado por Verónica Minnicino. También habrá una Pintada de Murales con la presencia del representante de la Federación Universitaria de Valparaíso, Chile, Gustavo Pacheco. Además, se proyectará el documental "Los días del juicio", de Pablo Romano.

Otra de las actividades previstas para ese día será el panel "Nosotros Acusamos. El Juicio a Díaz Bessone, Lofiego, Marcote, Scortechini, Vergara y Chomicki en la voz de sus acusadores", con la participación del fiscal Gonzalo Stara, Jesica Pellegrini, y la coordinación de Marta Bertolino. Más tarde, se realizará el panel "Un dispositivo de clínica institucional. Equipo de acompañamiento a los testigos en Juicios de Lesa Humanidad", cuyos panelistas serán Fernando Gómez, Mariana Brebbia y Juliana Lacour.

El jueves 15 se desarrollará el panel "Memoria, Verdad y Justicia. Testigos, querellantes" y el "Aguante" en los juicios a los genocidas en Argentina. Luego, se realizará la mesa debate: "El derecho a la diversidad: cuerpo, identidad y género", coordinado por Ana Laura Gerez, y con la participación del titular de la Asociación Civil Vox, Guillermo Lovagnini, y Noelia Casati. También se podrá ver el documental "No somos héroes, De pibes a veteranos". Ex Combatientes de Malvinas, Grupo de intervención de la Facultad de Psicología, Mario López y Belén Ascolani, coordinado por Eugenia Piazza.

El viernes 16 culminarán las jornadas, donde se destaca el panel "Identidades restituidas: El derecho a la verdad histórica. Abuelas de Plaza de Mayo Rosario. Miembros del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas", coordinado por Carina Mengo, y se proyectará el documental "Liliana y Eduardo, Las luces de la memoria". Finalmente, se realizará la mesa debate "La memoria en la Facultad de Psicología", coordinado por Esteban Fridman, y con la presencia de Alicia Alvarez, Omar Vasallo, Laura y Gabriela Pasquini.

Para destacar además en el programa, el lunes 12 a las 18, será la apertura de la Semana de los DDHH, a cargo de la decana Laura Manavella. Presentación de la Cátedra Libre en DDHH y Salud Mental. Restitución de legajos a familiares de víctimas del Terrorismo de Estado. Colocación de placa en el nuevo ingreso de la facultad. Lugar: Hall de ingreso. A las 19 Panel: La lucha en DDHH: Lo que aprendimos, lo que ensañamos. Herminia Severini, Madres de la Plaza 25 de Mayo, Vicente Zito Lema, Oscar Lupori. 20.30 hs. Recital de poesía. Vicente Zito Lema Lugar: SUM.

El martes 13 a las 10, Mesa Debate: Etica y DDHH. Panelistas: Marisa Germain, Marta Andrada, betina Monteverde, Gerónimo Ferreira. Coordina: Eugenia Piazza. Lugar: SUM. 16 hs. Documental: Arderá la memoria. La historia de las Madres de la Plaza 25 de Mayo. Lugar: SUM. a las 17. Mesa Debate: Madres. Panelistas. Eugenio Maglioca, Grupo de apoyo a Madres Rosario. Coordina: Sebastián Grimblat. Lugar: SUM. 19 hs. Panel: Represión y DDHH hoy. 10 años del 2001. Celeste Lepratti, Mariano Pacheco, Rosaura Barletta y Mauro Alegre, Familiares de Silvia Suppo, Valeria Mustoni. Coordina: Esteban Fridman. Lugar: SUM.

Juicio Díaz Bessone: pidieron condena por genocidio

2011-08-31T04:45:00.000-07:00

Las querellas de víctimas de la represión en Rosario acusaron a Chomicky. El equipo jurídico que representa a 77 víctimas del terrorismo de Estado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos insistió en mantener "la acusación por genocidio".
El ex militante Ricardo "Cady" Chomicki fue considerado como parte del aparato represivo.
Las voces acusadoras del Cady

Las abogadas Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Leticia Faccendini y Daniela Asinari, recabaron 23 testimonios que juzgaron en contra de Chomicki, el civil quien es juzgado en el marco de la causa Díaz Bessone.
Por José Maggi

Las cuatro abogadas querellantes por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos acusaron ayer a Ricardo "Cady" Chomicki por 17 casos de secuestro, cuatro de ellos seguidos de torturas. Se trata del ex militante que trabajó con la Patota, y fue considerado como parte del aparato represivo. Esta es la única querella que decidió acusarlo, atento a que los restantes sectores, como HIJOS y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, sostienen que "quien entra víctima a un centro clandestino sale víctima". Pero las letradas Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Leticia Faccendini y Daniela Asinari, recabaron 23 testimonios que juzgaron en contra de Chomicki. Uno de ellos recordó que el Cady le confió: "Estoy vivo porque mandé veintidós a la boleta".

Para las querellantes, Chomicki integró el grupo represor que operaba en el Servicio de Informaciones en el período de mayor cantidad de detenidos, entre la segunda mitad de 1976 y la primera mitad de 1977".

Estos son algunos de los testimonios recopilados por la querella:

* Oscar Bustos. Relató haber sido torturado por Chomicki en su paso previo al SI por la comisaría 7ª y pudo reconocerlo inmediatamente a porque lo conocía previamente: era amigo de su hermano. A pesar de esto le decía que "se lo devolverían hecho pedacitos". Pepo Bustos fue retirado de la morgue policial.

* Juan Carlos Ramos. Fue entregado por Chomicki, quien se había alojado en la casa de su padre Generoso. Era el único que conocía la localización exacta de su casa y la ubicación de otro militante, Menegucci, que estaba escondido en ese lugar. Ya en el SI, Carlos Izaguirre, le relató que la Patota lo había ido a buscar a su casa y no lo habían encontrado, pero lo vió Chomicki en un bar y se bajó a buscarlo. También relató que el Gallego Mellili fue interrogado por Chomicki, actuando de "compañero".

* Carlos Pérez Rizzo. Relató cómo Chomicki, actuando el rol de preso, se puso al lado del Tony, Daniel Farías, y lo interrogaba de un modo solapado. Creyéndose junto a un compañero detenido, le dijo al Cady "gracias al Cabezón no dije nada". Esta información fue evaluada por la Patota, a sabiendas del efecto que produjo: Farías está desaparecido y Pérez Rizzo recibió una dura paliza.

* Víctor Hugo Salami. Estaba presente cuando Chomicki se acercó a Mellili, cuando fue advertido por Generoso Ramos Peralta acerca del peligro de hablar con esta persona a quien Ramos consideraba responsable de su caída.

* Gustavo Piccolo. En su declaración ante CONADEP manifestó haber presenciado cómo Chomicki intentaba sacar información a una persona que estaba muy deteriorada por la tortura.

* Gustavo Mechetti. Relató cómo después de la primer golpiza recibida en el SI escuchó su voz mencionándolo como alguien que había sido militante de su fuerza pero ya no lo era. El le dice "hola Bicho, el Cady te saluda" y se refiere a sus "nuevos compañeros".

* Alfredo Vivono. Relató que el Cady le dijo: "Estoy vivo porque mandé 22 a la boleta", en obvia alusión a compañeros caídos a partir de su labor como integrante del grupo represivo.

* Manuel Fernández. Lo describió como "uno más de sus carceleros". Se refiere a él como quien lo va a buscar a la favela y lo lleva para que le tomen declaración. Luego se entera que el Cady fue quien identificó a su hermana Manolita, con quien se ensañaran particularmente. Manolita está desaparecida.

* Elías Carranza. Manifestó que el Cady secuestraba y torturaba, que se paseaba muy cómodo con los torturadores.

* Estela Hernández. Recordó que Chomicki se manejaba libremente. Por boca de Marisol Pérez conoció la responsabilidad que le cupo a Chomicki en su secuestro. Marisol había caído en una cita en un bar, el único en condiciones de reconocerla era Chomicki y así lo había hecho. Nilda Folch apreció vistiendo la ropa de Marisol y el Cadi Chomicki usaba su bolso.

* María del Carmen Sillato. Lo ubica entre los represores ya que reitera que él se movía con total libertad.

* Elba Juana Ferraro de Bettanin. Cuenta cómo después de ser atormentada recala junto a Alberto Tion, quien había sido torturado con picana, le advirtieron que no podía tomar agua. Pese a ello, Chomicki le acercó un sifón de soda. Después de beberla, Tion murió inmediatamente.

* Ana Moro. Relató la tortura a un chico cordobés al que el Cady amenazaba con reventarle el ojo con una birome. "Nosotros estamos empeñados en la lucha contra la subversión", dijo Chomicki.

* Juan Carlos Cheroni. "Mi hermano me dijo que a él lo torturaron Lofiego y Chomicki. Era 'vox populi' que Chomicki participaba en las sesiones de tortura y en los interrogatorios, al conocer a los militantes sabía bien qué preguntar".

* Marcos Olivera. Relató que mientras la Polaca Folch le tiraba agua el Cady lo picaneaba.

Adrián Sánchez. Dijo que Chomicki lo instó a colaborar, que era quien más lo interrogaba, que lo golpeaba en los testículos y lo picaneaba.

* Mirta Castellini. Lo ubica como uno de sus captores al momento mismo de su secuestro. También declara haber sido torturada por Chomicki.

Camarista apartada en la causa que investiga delitos de lesa humanidad

2011-08-24T04:59:00.000-07:00

Cosidoy se apartó. Tuvo que dar un paso al costado

HIJOS había presentado una recusación contra la magistrada por su falta de imparcialidad. Ella había sido defensora oficial de tres jóvenes militantes a los que le aplicaron la ley de "actividades subversivas" en plena dictadura.
por José Maggi

La camarista federal Laura Inés Cosidoy debió dar un paso al costado y dejar su lugar en un tribunal que debía juzgar a los responsables del destino de un grupo de estudiantes secundarios de San Nicolás de la escuela Don Bosco, enrolados con el desaparecido obispo Ponce de León. Cosidoy se alejó definitivamente de esta causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad, luego de resistir a pie firme su lugar, tras ser recusada por un grupo de familiares de víctimas y querellantes, patrocinado por abogados de HIJOS. La salida no fue generosa: ocurrió luego que apareciera una viejo expediente en el que ella misma había actuado como defensora de tres de las víctimas.

Lucas Ciarnello, miembro del equipo jurídico de HIJOS junto a Alvaro Baella, Nadia Schujman y Ana Oberlin recordó el periplo judicial.

"La agrupación había presentado una recusación de Cosidoy por su falta de imparcialidad. Sin embargo la camarista rechazó la misma, y derivó en que sus dos compañeros del Tribunal Oral Nº 1 se expidieran sobre el tema: Otmar Paulucci y Ricardo Vázquez, opinaron de manera disímil".

"La decisión -agregó el letrado- derivó en un recurso ante la Cámara de Casación, que designó a un tercer juez para conformar el tribunal. El elegido fue Escobar Cello, pero mientras este nuevo tribunal discutía sobre la recusación de la camarista, 'apareció' en el tribunal un expediente iniciado a tres jóvenes militantes encausados por la ley 20840, que no es otra que la ley que juzgaba las 'actividades subversivas'".

Se la habían aplicado a María Luisa Corelli, Alicia Cámpora y Gustavo de Cara. Y justamente Cosidoy había sido defensora de los tres. Una muestra más que formó parte de la aparato que intentó darle una pátina de legalidad a la dictadura. Recién entonces Cosidoy decidió apartarse.

La causa investiga el destino de dos desaparecidos: Carlos Farayi y Gerardo Cámpora, y el secuestro de José María (Cholo) Budassi.

Es importante develar el último voto de los restantes camaristas: Ricardo Vázquez opinó que la recusación de HIJOS era "abstracta", en cambio Otmar Paulucci y Escobar Cello rechazaron la recusación porque se esgrimió imparcialidad del juzgador. Es que HIJOS le había objetado a Cosidoy su estrecha relación con el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

Por esta decisión Ciarnelo, de HiIJOS, señaló que "más allá de la causal objetiva, pensamos que Cosidoy no puede integrar ningún tribunal que juzgue delitos de lesa humanidad porque no tiene imparcialidad, y es un derecho de las víctimas pedir el apartamiento de cualquier juez por temor de parcialidad. Esto lo fija el Código", resalto el letrado.

Tal como había descripto en su alegato en la causa Díaz Bessone, la abogada Oberlin, "la ley 20.840 era un ropaje de legalidad de un proceso en el cual a estas tres personas Corelli, Cámpora y De Cara le arrancaron declaraciones bajo tormentos, se las hicieron firmar y con estos documentos los llevaron a juicio: Alicia Cámpora tenía solo 16 años. Era muy joven, pero igual fue acusada".

"Estamos conformes con el apartamiento de Cosidoy porque no queríamos que participe en este juicio pero igualmente hubiéramos preferido que se la apartara por nuestros motivo de falta de imparcialidad", señaló Oberlin.

Por su parte "Cholo" Budassi entendió el apartamiento de Cosidoy como una buena noticia. "No la queríamos por sus antecedentes pero nuestro reclamos es unificar las causas. Nosotros aspiramos a que la causa del colegio Don Bosco, que investiga el secuestro de siete militantes, dos de los cuales terminaron desaparecidos, se unifique con otros tres expedientes más: La Masacre de calle Juan B. Justo que ocurrió en noviembre del 76, y otras dos más en mayo del 77, una en el barrio Tripoli conocida como Mastroberardino y la otra en el barrio Santa Rosa, conocida como Alvira/Martínez".

Budassi remarcó que "el TOF 2 entiende en estas tres causas, pero postergó el inicio de las mismas a raíz de que la causa Díaz Bessone no está terminada, y que recién en octubre podría concluir en sentencia".

Patti ya no puede escabullir más la acción judicial, por dos casos

2011-08-23T03:54:00.000-07:00

La Justicia federal va por Patti en el caso Cambiaso y Pereyra Rossi.
Persecusión penal ya habilitada

La decisión judicial marca el final de un largo capítulo iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados.
Por José Maggi

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario habilitó definitivamente la posibilidad de persecución penal contra los autores del secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en mayo de 1983. Se trata del entonces oficial inspector de la policía bonaerense Luis Abelardo Patti, el entonces cabo Juan Amadeo Spataro y el ex sargento Rodolfo Dieguez, adscriptos al entonces Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional de Tigre. La decisión marca el final de un largo capítulo judicial iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que con la adhesión de los representantes de las hermanas Cambiaso, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello y Alvaro Baella, habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados. En agosto de 2010 el juez Villafuerte Ruzo habia decidido reabrir la causa pero el defensor del represor había apelado la reapertura, y finalmente la Cámara local, refrendó lo actuado por le juez. "Este era un obstáculo para poder indagarlos, incluso porque ellos esgrimían que habían sido sobreseídos, por lo cual no se podía perseguirlos. Esto destraba la posibilidad de la persecución penal hacia estas personas", explicó Ana Oberlin a Rosario/12

Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 1983, en el bar "Magnum" -ubicado en calle Córdoba y Ovidio Lagos. Con posterioridad trasladaron a Cambiaso y a Pereyra Rossi a la ciudad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se simuló un enfrentamiento con policías bonaerenses y ambos resultaron muertos.

Murray había argumentado que la investigación del hecho "se llevó adelante ante la Justicia Ordinaria cuando debió hacérselo ante la Justicia Federal". Y que "el auto de sobreseimiento dictado por la justicia ordinaria en favor de los encartados, convertido en definitivo por el transcurso de tiempo, resulta ser nulo por controvertir el orden público constitucional y procesal por resultar un absurdo jurídico".

"En definitiva -agregaba el fiscal en su presentación del 2005- una investigación llevada adelante por la justicia de facto, y una pretendida autoridad de cosa juzgada, en el contexto histórico político pre mencionado, y con las falencias detalladas, no pueden prevalecer por sobre el derecho de las víctimas y la sociedad en general de conocer la verdad de lo acontecido y procurar el castigo de los responsables de los hechos y de su encubrimiento". Más aún "estando enmarcados los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas dentro de los denominados delitos de lesa humanidad, la persecución de estos posee carácter imprescriptible".

Con estos argumentos, Villafuerte Ruzo le dió la razón, pero Silvio Duarte, el abogado defensor de Patti, apeló la medida. Con fecha 1º de julio la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con la firma de Guillermo Toledo, Liliana Arribillaga, Carlos Carrillo, Edgardo Bello, Elida Vidal y Fernando Barbara, resolvieron ratificar la reapertura.

Como la defensa de Patti había argumentado la aplicación del criterio "ne bis in idem" es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismos delito, y el ex comisario de Escobar junto a sus dos cómplices habían sido sobreseídos por el simple paso del tiempo, bien vale la pena apuntar lo dicho por la Cámara.

"Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: I) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; II) el procedimiento no fue instruído independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o III) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 'aparente' o 'fraudulenta'. Por otro lado, dicha Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana, desplazan la protección del ne bis in idem".