Repudio organismos de derechos humanos ante el nombramiento de ex general de gendarmería

Bonfatti puso en funciones a Chaumont , ex comandante general de Gendarmería
El acto se realizó inusualmente en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, lugar donde asumen los ministros del gabinete. El ex comandante general de Gendarmería, Gerardo Chaumont, desde ayer es el nuevo secretario de Seguridad Pública de la provincia.
Constanza Villanueva
                                
"Cuando hay reemplazos o recambios de funcionarios que no son ministros habitualmente los actos se hacen en los ministerios correspondientes, el hecho de hacerlo (en la Casa Gris ) tiene que ver con la entidad y la trascendencia que le damos al tema de la violencia", aseveró el gobernador Antonio Bonfatti rodeado de funcionarios, jefes policiales e invitados.
Bonfatti destacó que la administración santafesina decidió el viernes pasado iniciar "una nueva etapa", con el nombramiento de Chaumont como número dos del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. El jefe de la cartera de seguridad a su vez, reiteró que "la designación de Chaumont fue pensada por su experiencia como jefe de áreas vinculadas a la seguridad y a las fuerzas policiales en numerosas misiones nacionales e internacionales, centralmente, focalizada en la parte operativa y territorial".

"Vivimos en una sociedad violenta" dijo Bonfatti definiendo a la violencia como "epidemia generalizada", al tiempo que advirtió : "no vamos a claudicar. Mucho más allá de los mensajes de todos los días, de las noticias que nos quieren hacer aparecer a los santafesinos como si fuera el único lugar en el país donde hay violencia; les digo que esta provincia está de pie y que tiene decisión". En su discurso, el gobernador recordó que en su primer mensaje a la Legislatura , el 11 de diciembre de 2011, apena asumió el cargo, dijo que la "violencia era el tema que más lo preocupaba". Horas después, designó como su primer jefe de Policía de la provincia al comisario Hugo Tognoli, hoy preso en una causa por narcotráfico y cerca de un juicio oral que el Tribunal Oral de Santa Fe tiene previsto para el 11 de noviembre.

El partido socialista reflota la carrera “terminada” de Chaumont

Como ya informó La Izquierda Diario acá Gerardo Chaumont el nuevo Secretario de Seguridad Pública, Chaumont, cuando era subdirector nacional de Gendarmería, fue pasado a retiro por el presidente Néstor Kichner en 2004 por participar en una persecución administrativa a uno de sus subordinados que denunció actos de corrupción y le costó la carrera, entre otros. El Partido “Socialista” la reflota diez años después y no casualmente lo pone a la cabeza de los desprestigiados mandos policiales de la provincia. Hoy se conoció un escrito del flamante secretario de Seguridad enviado a los jefes de la fuerza donde reclama “legalidad y legitimidad” en todas las acciones policiales, destacando el apoyo del gobierno nacional a través de la figura del secretario de Seguridad Sergio Berni, y pidiendo a la fuerza que se prepare para reemplazar a Gendarmería cuando ésta decida retirarse del territorio santafesino.

Repudio de organismos de Derechos Humanos

Norma Ríos, vice presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Nacional), declaró en exclusivo para La Izquierda Diario : " La designación de Chaumont, en definitiva, mirando hacia atrás, en el marco de las denuncias históricas que venimos haciendo a la Gendarmería Nacional , no hace mas que ratificar lo que hemos dicho miles de veces; están poniendo a un corrupto echado por un presidente de la fuerza y que luego fue reciclado en supuestas operaciones de `paz´ que han sido verdaderas invasiones territoriales como en Haiti. La idea de seguridad que tiene el gobierno de santa fe no plantea ninguna alternativa mas que la militarización. Ya hubo otros casos similares en el gobierno del ahora senador Carlos Reutemann, como por ejemplo, las denuncias que hicimos a Enrique Alvarez y José Storani que después terminaron siendo los responsables de los asesinatos de diciembre de 2001".

Las extrañas afirmaciones de Binner

El diputado y precandidato presidencial Hermes Binner (Frente Amplio Unen) afirmó ayer que el "80 por ciento" de los asesinatos en Rosario "no tienen que ver con el narcotráfico".
Binner remarcó que "de los 130 crímenes que hubo en Rosario, el 80 por ciento no tiene que ver con el narcotráfico, sino con delitos comunes, con fiestas que terminan mal, por consumo de alcohol". Si bien Binner mencionó 130 crímenes, el sábado pasado ascendió a 196 el número de homicidios cometidos durante el 2014 en el departamento de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, donde la policía es sindicada como la gestora del mercado negro de armas, ya suman 117 víctimas, una más que en todo el año 2007, cuando se llegó a un techo y por lo que el titular del ejecutivo municipal, José Corral, calificó la situación como "desesperante".

Detendión de 14 militares y policías, 19 indagatorias

El inicio de megacausa en Santa Fe

La causa se conoce con el nombre de una de las víctimas, Nilda Elías, referente del Movimiento Villero Peronista y fusilada delante de sus tres hijos y de su madre, en el barrio Santa Rosa de Lima, en abril de 1977.

 Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez ordenó la captura de catorce militares y policías y diecinueve indagatorias, en una causa acumulada del terrorismo de estado que investiga la masacre de once militantes políticos y el secuestro y torturas de otros cuatro. Fuentes judiciales dijeron que siete represores ya fueron detenidos, mientras se espera el traslado de los demás desde Buenos Aires y Mendoza, en las próximas horas. Uno de ellos se presentó de manera espontánea y quedó preso: es el comisario Luis Alberto Bellini, ex jefe de la Unidad Regional I, condenado por la represión a los trabajadores bancarios que resistieron la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, en marzo de 1996, frente a la Legislatura.

La causa se conoce con el nombre de una de las víctimas, Nilda Elías, referente del Movimiento Villero Peronista y fusilada delante de sus tres hijos y de su madre, Otilia Acuña, en el barrio Santa Rosa de Lima, en abril de 1977. Acuña es madre de Plaza de Mayo. Otro de los crímenes impunes que se investiga es el de "Pica", Héctor Marcelo Acoroni, un militante de la Juventud Peronista, ejecutado en enero de 1977, que estuvo 35 años como NN en el cementerio de Santa Fe y recién fue identificado en setiembre de 2012.

El fiscal Walter Rodríguez había solicitado las diecinueve indagatorias y detenciones hace un año, en octubre de 2013. El juez Rodríguez se tomó su tiempo. Incluso, intentó desligarse de la causa porque uno de los imputados, el comisario Roberto Martínez Dorr ("Morrongo") lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Pero en abril, un pleno de la Cámara Federal de Rosario rechazó la inhibitoria de Rodríguez y le ordenó que continuara la investigación. Desde abril de 2012, Martínez Dorr cumple una condena a 10 años y medio de prisión por el secuestro y tortura de un militante de la UES, Froilán Aguirrre, en 1976,

El viernes, el juez Rodríguez libró las catorce órdenes de capturas y dispuso las diecinueve indagatorias, que siguieron ayer. Hasta ahora, habían sido detenidos siete policías, mientras se esperaba el resultado de diligencias judiciales para la captura de tres militares de alto rango.

Los policías presos son Bellini, los comisarios Jorge Alberto Patricio Villalba y Juan Carlos Báez, el oficial Raúl Giménez, el suboficial Abel Antonio Romero, el sargento ayudante Carlos Héctor Albornoz y un ex agente cesanteado Rubén Angel Vázquez. Las indagatorias se realizaron inmediatamente después de las detenciones. Otro de los imputados es el comisario Rubén Orlando Paz, que operaba como oficial del Comando Radioeléctrico, pero zafó por su estado de salud.

En paralelo, el juez dispuso la indagatoria de otros cinco imputados. Ayer, indagó al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Jorge Roberto Diab. Hoy, a las 8.30, seguirá con el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra. Mañana, a la misma hora, con el comisario Juan Calixto Perizzotti y el viernes, con Martínez Dorr. El lunes, tenía previsto indagar al ex jefe del Area 212, coronel José María González, pero suspendió la audiencia porque éste sigue internado en el hospital Militar, en Buenos Aires.

El 1º de octubre, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Diab a 16 años de prisión por el secuestro y torturas al ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda y el ex intendente de Santa Fe, Noé Adán Campagnolo, en un juicio en el que el coronel González fue apartado dos horas antes del veredicto. Perizzotti ya cumple dos condenas acumuladas a 23 años de prisión. Y Martínez Dorr, una a diez años y medio.

Giménez y Martínez Dorr están imputados por su participación en los operativos que terminaron con la ejecución de "Pica" Acoroni, el 4 de enero de 1977, a pocas cuadras de la Universidad del Litoral y el asesinato de otros militantes peronistas, Nora Meurzet y Antonio Mendicute, el 24 de marzo de 1977, en Guadalupe.

Denuncia que se instaló gente en el predio donde funcionó el ccd y e La Calamita

La memoria y las pruebas pisoteadas

El grupo Documenta Baigorria detectó construcción, alquiler de piezas y camiones para recargar garrafas en la propiedad de Pablo Benzadón que fue un centro clandestino de detención.

 Por Sonia Tessa

Documenta Baigorria, la organización de vecinos de Granadero Baigorria empeñados en conservar la memoria del centro clandestino de detención La Calamita, denunciaron que en el lugar, sobre el que rige una medida de no innovar dictada hace años por el juez federal Marcelo Bailaque, se realizaron construcciones precarias, hay personas instaladas, que hay camiones para recargar gas licuado en garrafas y que se realizan movimientos de tierras que ponen en peligro la obtención de pruebas sobre la represión ilegal. En ese predio funcionó un centro de exterminio por el que pasaron más de un centenar de detenidos políticos, y que dependía del Batallón de Inteligencia 121. La diputada Alicia Gutiérrez presentó reiterados proyectos para expropiarlo. El 13 de noviembre de 2003, esa iniciativa se convirtió en la ley 12192, pero el entonces gobernador Jorge Obeid dejó pasar el tiempo estipulado para la expropiación. Desde entonces, Gutiérrez insistió. Ahora, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales pero no tiene fecha de tratamiento. A fin de año pierde estado parlamentario. "La Municipalidad tiene la obligación de hacer cumplir la medida de no innovar, y los legisladores tienen la responsabilidad de sancionar la ley", consideró Alicia Wegher, de Documenta Baigorria.

La Calamita es propiedad de Pablo Benzadón, y allí funcionó uno de los cinco ccd del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121. En el predio de Eva Perón 1530, a unas 15 cuadras del hospital Eva Perón, hubo una excavación en 2006, a partir de declaraciones de Eduardo "Tucu" Costanzo, quien había señalado enterramientos clandestinos. El predio tiene 24 hectáreas y las tareas del Equipo Argentino de Antropología Forense se circunscribieron a una zona pequeña, delimitada por el propio Costanzo.

Desde Documenta Baigorria sostienen que los movimientos actuales ponen en peligro las pruebas. "La única forma de preservar el lugar es la expropiación. Básicamente, porque creemos que puede haber importantes pruebas, dadas las declaraciones de Costanzo. Allí puede haber evidencias de lo que pasó, no sabemos si hay restos óseos. De hecho, en todos estos años se destruyó gran parte de lo que había. Primero voltearon el galpón que es donde hubo detenidos", explicó Wegher la urgencia por obtener la ley. Por eso, pidieron a "las autoridades provinciales y municipales" que actúen en consecuencia.

La diputada del Partido SI en el Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, consideró "importante" que la ley se apruebe. "Esperamos que diputados y senadores le den tratamiento y la aprueben antes de fin de año", expresó.

Los integrantes de Documenta Baigorria probaron sus denuncias con las fotos que ilustra esta nota. "Un compañero pasó y encontró colgado un cartel que dice 'propiedad privada, chatarrería' arriba de la escultura que pusimos nosotros, a modo de señalización, en la puerta de entrada", contó Wegher. Aunque no pudieron entrar, sí registraron que están construyendo habitaciones, y por vecinos de la zona supieron que se alquilan a mil pesos. También pudieron observar entrada y salida de vehículos. En la parte de atrás, vieron unos camiones con tanques, que se usan para recargar garrafas. "Nos reunimos con fiscales federales, fuimos al Museo de la Memoria, nos encontramos con la gente de Sitios de Memoria de la Nación, pero en la Municipalidad no nos dieron ninguna entrevista", relató Wheger. La Dirección Nacional de Sitios de la Memoria envió una nota a la Municipalidad para informarles cómo se deben cuidar estos sitios. Wegher señaló su estupor por la inacción provincial y municipal. "Como mínimo debieran hacer inspecciones sobre el funcionamiento de un comercio o de una casa de alquiler, aún sin mezclarlo con la expropiación", insistió la militante.

Documenta Baigorria lleva años en tareas de investigación sobre el funcionamiento de la represión ilegal en la zona, como así también, en tareas de difusión en escuelas primarias y secundarias. Uno de los frutos de esa tarea fue palpable el 8 de agosto en la Cámara de Diputados de la provincia. Ese día, 70 alumnos de las escuelas medias 422 y 550 de Granadero Baigorria participaron del programa "Diputados por un día", en una sesión presidida por Erika Gonnet. El proyecto que aprobaron fue, justamente, expropiar La Calamita.

Fundamentos del fallo que ordenó la "inmediata detención" de genocidas

Su libertad es demasiado peligrosa

Además de considerar el derecho de las víctimas a obtener justicia, después De 30 años de "afrontar con entereza" los obstáculos de la causa, el TOF apuntó Al peligro de fuga amparado en el apoyo de "encubridores" que están libres.

 Por Sonia Tessa

Hay victorias que llevan demasiado tiempo, y dejan una huella indeleble. La resolución 273/2014 del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, que dispuso la "inmediata detención de los condenados" comenzó a forjarse en enero de 1984, cuando un grupo de sobrevivientes del centro clandestino de detención Servicio de Informaciones de la entonces Jefatura de policía de Rosario denunció a la patota del interventor de la Unidad Regional II, Agustín Feced (fallecido oficialmente en 1986) ante la justicia provincial. Eran la cara más visible de la represión ilegal, ya que por ese CCD pasaron más de 2000 personas durante la última dictadura cívico-militar. Tras leer las condenas a nueve integrantes de aquél grupo de tareas, la jueza Noemí Berros leyó otra resolución, que sentará jurisprudencia y está en consonancia con los pedidos del fiscal Gonzalo Stara desde el comienzo del proceso. Ese fallo deja en claro por qué los condenados deben estar detenidos aunque la sanción no sea firme. "Hasta ahora, la tendencia era que hasta que el fallo no tenía firmeza, las condenas no fueran efectivas. Y esto nos parece importante porque si no hay detención inmediata, la sensación de impunidad queda latente", consideró Stara, quien recordó el caso del secuestro de Manuel Casado, militante del gremio municipal de San Lorenzo, por el que fueron condenados el civil Pedro ´Pili´ Rodríguez y los militares Horacio Maderna y Rubén Cervera, que actuaban en el cordón industrial, aunque siguen libres. "Es claro lo que ocurre con el caso de Rodríguez. Incluso, con la sentencia confirmada por Casación en agosto pasado, ellos siguen libres", advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal.

El viernes pasado recibió una segunda condena "a 12 años de prisión"Rubén "Ciego" Lofiego, condenado a perpetua en la primera parte de la causa, y se sumaron la prisión perpetua para Carlos "Caramelo" Altamirano, 22 años de prisión para Lucio "Ronco" Nast, Eduardo "Picha" Dugour, Julio "Dario" Fermoselle y Ernesto "Managua" Vallejo. Ramón "Rommel" Ibarra fue condenado a 20 años de prisión, Ovidio "Vasco" Olazagoitía a 18 y Ricardo Torres a ocho años. Más allá de las penas impuestas, el segundo fallo dictado ayer por el TOF deja en claro por qué no pueden esperar en libertad hasta que las condenas queden firmes. Lofiego ya estaba en el penal de Marcos Paz, desde donde siguió el juicio. Olazagoitia mantendrá el beneficio de la detención domiciliaria por razones de salud. Torres, Dugour y Fermoselle estaban libres. Nast, Ibarra y Vallejos estaban en el penal policial de la Jefatura de Policía de Rosario. Altamirano estaba detenido en la Unidad Regional 3. Todos ellos fueron trasladados el mismo viernes, por Gendarmería, a cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

La abundante argumentación de la resolución demuestra que el Tribunal presidido por Berros, e integrado también por Roberto López Arango y María Ivón Vella (que votó en disidencia) escuchó a los cien sobrevivientes que se sentaron "una vez más en 30 años" a declarar. Muchos señalaron el dolor que les provocaba encontrarse por la calle a quienes los torturaron tres décadas atrás. "Lo que pasó fue lo que nosotros pedimos, lo que marca la ley y lo que reclaman los organismos de derechos humanos, los familiares y los testigos, muchos de ellos sobrevivientes. El Tribunal receptó lo que durante todo el juicio fueron tratando de transmitir los testigos: la sensación de impunidad, lo que significa volver a cruzárselos en la calle", apuntó Stara.

Uno de los párrafos de la resolución es claro en cuanto al derecho de las víctimas a obtener reparación y la obligación del Estado de procurarla. "Tampoco puede eludirse la consideración del derecho de las víctimas a ver satisfechas sus legítimas pretensiones que emanan del mandato preambular de nuestra Constitución Nacional de "afianzar la justicia", luego de haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos "institucionales y no institucionales" para la investigación y juzgamiento de estos crímenes y el consiguiente advenimiento de impunidad de sus autores y partícipes por más de tres décadas transcurridas desde que los hechos que las damnificaron acaecieron hasta el juzgamiento de estos concretos delitos cometidos en el Centro de Detención Clandestina emplazado en el Servicio de Informaciones de la entonces Jefatura de Policía de Rosario". El Tribunal historizó: "Impunidad que comenzó a disiparse recién en el año 2012, a partir de la primera sentencia 3/12 de este Tribunal "aunque con otra integración" en la causa "Díaz Bessone". Los esfuerzos investigativos plasmados desde las primeras denuncias judiciales de algunas víctimas de esta causa, allá por 1984, como las que incluso le precedieron ante la Conadep y otros organismos, dan cuenta de la injusta demora que ha tenido la satisfacción del derecho a la justicia de estas víctimas y particularmente de aquéllos constituidos en querellantes, a obtener un pronunciamiento judicial útil relativo a sus derechos".

En la primera parte de la causa popularizada como Feced, el 26 de marzo de 2012, quien fuera Jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976 y uno de los estrategas de la represión ilegal, Ramón Genaro Díaz Bessone, recibió condena a prisión perpetua, al igual que José "Ciego" Lofiego. También fueron condenados Mario "El Cura" Marcote, a 25 años de prisión; Ramón "Sargento" Vergara a 12 años y José "Archie" Scortecchini a diez años.

Los argumentos para ordenar la inmediata detención serán utilizados de ahora en más en distintos juicios por delitos de lesa humanidad. El TOF mencionó "que la Nación Argentina tiene el deber internacional de investigar y sancionar los delitos de esta clase, como el de impedir legal y jurisdiccionalmente su impunidad, tarea y función en que se halla comprometida la propia responsabilidad internacional del Estado".

Para los jueces, la rémora del aparato represivo obliga a tener en cuenta otros aspectos. "Si sumamos que se trata de delitos que fueron cometidos desde la estructura del Estado "cuyos residuos remanentes sería ingenuo ignorar" en concursos reales plurales, con la participación de múltiples personas que se desempeñaban en la División Informaciones de la UR II de Rosario, la mayoría aún no enjuiciadas, es dable colegir que con su permanencia en libertad hasta que la sentencia adquiera firmeza, los aquí condenados podrían valerse aún hoy de la colaboración de encubridores, de partícipes aún desconocidos o de coautores y partícipes conocidos que se hallan prófugos, para preparar y sostener su fuga, eludiendo así la acción de la justicia y consiguiente efectiva aplicación de la ley penal", dice la resolución. Sin ir más lejos, dos integrantes de la patota, César "La Pirincha" Peralta y Antonio "Tony" Tuttolomondo continúan presos.

Pero además, los jueces hacen una alusión concreta al pacto de silencio vigente. "El silencio que aún hoy guardan respecto de los hechos, como del destino de las personas desaparecidas en circunstancias que no pueden desconocer, es indicio cierto y suficiente de la supervivencia de aquel pacto asociativo de impunidad concertado al amparo de la clandestinidad con la que encararon y perpetraron esta descomunal empresa criminal estatal", dicen sobre el terrorismo de estado que definieron, además, como "segundo genocidio argentino", perpetrado entre 1975 y 1983.

Otro aspecto que tuvieron en cuenta los magistrados fue la edad de los condenados el viernes. "Se encuentran a la fecha en condiciones y cuentan con la capacidad suficiente para intentar eludir el cumplimiento de las penas impuestas si ellas fueren confirmadas. En todos los casos, y aunque ello no es usual en el juzgamiento de estos delitos ocurridos hace más de tres décadas, se trata de adultos mayores pero no ancianos pues, con la sola excepción de Olazagoitía (en detención domiciliaria), que tiene 78 años, e Ibarra, que tiene 72, los restantes están a casi dos décadas de ser octogenarios y se hallan cursando por tanto una etapa existencial aún activa e idónea para encarar comportamientos enderezados a eludir la acción de la justicia. Lo Fiego tiene 65 años; Vallejo, 63; Fermoselle, 64; Torres, 69 y Dugour, 65 años", dice la resolución. Nast cumplió 62 años el viernes.

Para el Tribunal, son razones suficientes para "presumir razonablemente que existe evidencia bastante de riesgo procesal de fuga u ocultamiento de parte de los condenados, lo que hace indispensable, para conseguir el fin deseado, que es asegurar la aplicación de la ley y consiguiente acción de la justicia, se les restrinja cautelarmente la libertad".

Stara se manifestó conforme. "Me parece absolutamente acorde a derecho, y es algo que venimos solicitando desde el primer momento", dijo Stara y también se mostró satisfecho "con el monto de las penas en general". Stara recordó que en su alegato arguyó que se trataba de "los delitos más graves, que debían tener un acompañamiento en cuanto el monto de la pena, para que los acusados entendieran que estaba mal lo que hicieron. Sobre todo porque en las ampliaciones de indagatoria, repitieron que cumplían con la ley orgánica de la policía".

La próxima parte de la causa, que ya se conoce como Feced III, tendrá sentados en el banquillo de los acusados a todos los condenados en las dos primeras partes, y por lo menos a cuatro represores más. En ese juicio, que comenzará el año próximo, estará acusado el sacerdote Eugenio Zitelli.

Finalizó en juicio al Grupo de Tareas de la Policía rosarina

Grupo de tareas que actúo en el actúo en el Serivicio de Informaciones. Nuevas condenas y detenciones inmediatas

Hubo penas entre prisión perpetua y ocho años y una absolución. El tribunal señaló que los familiares sobrellevaron “con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia” los obstáculos hasta el juzgamiento de los crímenes.

 Por Sonia Tessa

Desde Rosario

El sol caía a plomo sobre el cantero central de bulevar Oroño, frente a los Tribunales Federales. Una multitud miraba el televisor que transmitía el veredicto. Había banderas, fotos de la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini, globos de colores, termos, mates y, sobre todo, mucha expectativa. Nueve de los diez acusados fueron condenados. Cuando la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 2, Noemí Berros, leyó la pena de 22 años de prisión para Lucio “Ronco” Nast por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los aplausos la acompañaron desde afuera. La explosión fue mayor cuando dictó la prisión perpetua para Carlos “Caramelo” Altamirano, culpable del asesinato de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. En la calle y adentro de la sala de audiencias hubo un estallido de alegría. La mayoría de las condenas fue acorde con los pedidos de las fiscalías y las querellas. Lo más destacado e inédito fue que el tribunal ordenó la inmediata detención de los condenados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, atento al peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas “sus legítimas pretensiones”, luego de “haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes”.

Ni siquiera la absolución de Pedro Travagliante empañó la satisfacción por las condenas a otros nueve integrantes de la patota de Feced, el grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, por el que pasaron alrededor de dos mil detenidos durante la última dictadura militar cívico-militar. Además de Nast, también Eduardo “Picha” Dugour, Julio “Darío” Fermoselle y Ernesto “Managua” Vallejo fueron condenados a 22 años de prisión. Ramón “Rommel” Ibarra recibió una condena de 20 años, Ovidio “Vasco” Olazagoitía (18 años) y Ricardo Torres sólo de ocho. José “El Ciego” Lofiego, que ya cumple su prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz, fue condenado a 12 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a otras dos víctimas. Lofiego, que conducía las torturas en el SI, siguió la sentencia desde Marcos Paz. Todos fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita. En el último caso menos Lofiego, que ya había sido condenado por ese delito. Tanto la fiscalía encabezada por Gonzalo Stara como las querellas habían pedido la perpetua de Altamirano y 25 años para el resto de los imputados.

El parlante en el cantero de Oroño ya se había apagado cuando Berros leyó la segunda resolución, inédita y de gran impacto: el TOF revocó las excarcelaciones, y ayer mismo ordenó el traslado de los condenados a instituciones del Servicio Penitenciario Federal, dada la “peligrosidad procesal” de su estado de libertad. Sólo quedó exceptuado Olazagoitía, de 78 años, beneficiado con prisión domiciliaria. Torres, Dugour y Fermoselle permanecían excarcelados. Nast, Ibarra y Vallejo estaban detenidos en el penal policial de la Jefatura de la Policía provincial en Rosario, donde se cuestionaron las condiciones de seguridad. En tanto, Altamirano cumplía su prisión preventiva en la cárcel provincial Unidad 3, también en Rosario.

La jueza Berros “le ordenó a Gendarmería que en este momento los llevaran a darse de baja, a recoger sus enseres personales y remitirlos a Buenos Aires para ser distribuidos en cárceles comunes”, relató Gabriela Durruty, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, sobre la segunda resolución leída ayer. “Esto marca una diferencia con otros juicios, en los que se ordenó la prisión en cárceles comunes de los imputados, pero una vez que quedara firme la condena, lo que en este caso no sucede”, explicó Jessica Pellegrini, de la misma querella. “Los mismos jueces han dado muchos fundamentos sobre por qué la prisión tiene que ser efectiva desde este mismo momento como una forma de cautelar la condena”, agregó.

El tribunal que presidió la jueza de Entre Ríos, junto a su comprovinciano Roberto López Arango y la santafesina María Ivón Vella, enmarcó los delitos de lesa humanidad en el “segundo genocidio argentino”. “Estamos más que felices por estas consideraciones ejemplares del tribunal. Han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo que fue este genocidio ocurrido desde el año ’76 sino que, también, resignifica el primer genocidio, que fue el de los pueblos originarios, sobre el cual se cimentó nuestro país”, consideró Pellegrini.

Dentro de la sala de audiencias estaba la Madre de Plaza 25 de Mayo Elsa “Chiche” Massa, quien concurrió temprano a escuchar la sentencia. En cambio, otra de las Madres, Norma Vermeulén, llegó un poco más tarde y presenció el veredicto desde afuera, rodeada de testigos, querellantes e históricos militantes por los derechos humanos.

Al salir de Tribunales, la abogada de H.I.J.O.S., Nadia Schujman, se permitió expresar toda su emoción. “Estoy muy feliz, muy orgullosa. Entre todos los que estamos acá, y mucha gente más que no está, conseguimos llegar hasta acá. Esta sentencia es la construcción colectiva de cientos de personas que hicieron su aporte a lo largo de 30 años, personas que ya no están, personas que están y que construyeron esta causa que tanto les molesta a los imputados que haya sido una reconstrucción colectiva y que, como acaba de decir este tribunal, con tanta entereza y paciencia esperaron tan injustamente tantos años”, expresó con la voz quebrada.

En este juicio oral y público, por la forma en que se van elevando las causas por delitos de lesa humanidad, sólo Altamirano estaba acusado de asesinato. El tribunal lo consideró responsable del homicidio “triplemente agravado” de los hermanos de nacionalidad peruana Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. Entre los agravantes incluyeron el que fue cometido para “procurar impunidad por un delito anterior”. Es que el asesinato de estos jóvenes se cometió en un operativo fraguado tras el crimen del estudiante de Ingeniería, Conrado Galdame, de 25 años, que fue interceptado por la patota de Feced en la calle, en la madrugada del 16 de diciembre de 1978. Le encontraron bonos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y se lo llevaron. En el Servicio de Informaciones lo tuvieron tabicado y atado. Uno de los represores, Antonio “Tony” Tuttolomondo, lo mató jugando a la ruleta rusa. Entonces, la patota fue a allanar la casa en la que vivía con los hermanos Céspedes Chuang, y los mató también.

Tuttolomondo está prófugo, Altamirano fue condenado por los dos homicidios, Nast y Torres fueron condenados por las privaciones ilegales de la libertad. “En el caso Galdame están totalmente satisfechas nuestras expectativas. Por fin llegó un poco de verdad y de justicia para una causa tan emblemática, que no está cerrada, porque quedan imputados por juzgar y quedan víctimas por ser reparadas. Estas condenas son un primer gran paso”, consideró Schujman. H.I.J.O.S. querelló como organización por esta causa, ya que los familiares directos de las víctimas murieron.

Uno de los testigos del caso Galdame es Angel Ruani, actual secretario de Seguridad Comunitaria. Ayer salió exultante de la sala de audiencias. “Es una condena impecable, que va a sentar jurisprudencia a nivel nacional”, dijo sonriente.

Desplazaron a represor de la Universidad del Litoral (¡¡ al fin !!)

El rector puso la firma

Cantard separó de su cargo a un ex agente secreto del Ejército, César Frilocchi porque "podría haber incurrido en conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos y la democracia". Tuvieron que pasar cuatro años desde que se lo pidieron.

Desde Santa Fe

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albord Cantard, le abrió un sumario al ex agente secreto del Ejército, César Luis Frilocchi, y lo desplazó de su cargo de director de Diplomas y Legalizaciones porque operó como "Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la dictadura" y "podría haber incurrido en conductas contrarias a la defensa de los derechos humanos y la democracia", dijo. Cantard se tomó su tiempo para firmar la resolución. Tuvieron que pasar cuatro años desde marzo de 2010, cuando le pidieron "por la memoria de los desaparecidos y asesinados de la Universidad" que explique "qué labor cumplía Frilocchi como PCI" en esa casa de estudios y tres marchas del Foro contra la Impunidad y por la Justicia en los últimos meses, que le reclamaron la cesantía del ex informante de la dictadura.

Cantard ordenó "instruir el sumario administrativo" a Frilocchi y "desafectarlo preventivamente" de su puesto hace un mes, el 9 de setiembre, pero la norma recién se conoció en las últimas horas cuando le entregó una copia a representantes del Foro que volvieron al rectorado a reclamar respuestas, como lo hicieron en las marchas del 20 de marzo y el 4 de junio último. La resolución 539 es refrendada por el secretario general de la Universidad, Pedro Sánchez Izquierdo y la secretaria administrativa, María de los Milagros Denner.

Entre las pruebas, Cantard valoró "un informe del Programa de Derechos Humanos" y "lo expresado por el fiscal del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal" y concluyó que había "elementos suficientes para iniciar el correspondiente sumario administrativo a los efectos de determinar la responsabilidad" de Frilocchi.

La segunda cuestión era si Cantard lo dejaba o no al frente de la Dirección de Diplomas y Legalizaciones de la UNL, pero resolvió separarlo "preventivamente". "Resulta oportuno desafectarlo" mientras se instruye el expediente por "la sensibilidad que despierta en la comunidad universitaria que el agente Frilocchi continúe en funciones", explicó.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia (que integran Madres de Plaza de Mayo de Santa Fé, , Hijos, Familiares de Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones) ya le entregó al rector de la UNL "suficientes fundamentos jurídicos, legales y reglamentarios para que la Universidad separe de su seno al represor". Uno de los documentos es un informe sobre "La estructura represiva de Santa Fe" (1974?1983)" y otro, sobre cómo operaba y quiénes integraron el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe.

Según el legajo que está en la justicia, Frilocchi operó como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 en dos etapas: desde abril de 1978 hasta 1979 con el nombre falso de Carlos Leandro Fitipaldi y luego, a partir de 1980, como Carlos Lucas Fernández.

"Los documentos no dejan lugar a dudas sobre el rol que cumplió un PCI de Ejército infiltrado en la UNL en los peores años de la dictadura y brindan suficientes fundamentos jurídicos, legales y reglamentarios para que la Universidad separe de su seno, sin dilación alguna, al referido represor", señaló el Foro.

"Muchas veces nos preguntamos dónde están y qué hacen hoy, los que llevaron adelante el terrorismo de estado en la última dictadura. Por mucho tiempo se dijo que eran 'mano de obra desocupada' pero ahora sabemos que no es ni fue así. Los represores santafesinos llegaron a ser jueces, presidentes comunales, altos funcionarios de gobierno en seguridad, candidatos electorales, sindicalistas y a veces se quedaron en los puestos de trabajo que la dictadura les asignó, como es el caso de Frilocchi".

"Formalmente, el alta de Frilocchi en el cargo de PCI es de abril de de 1978. Sin embargo, a pocos días del golpe cívico militar, el 1 abril de 1976 el interventor militar en la UNL, coronel José H. Núñez, designó a Frilochi en un cargo no docente. No fue casual su asignación a la Sección Alumnado de la Facultad de Ingeniería Química ya que desde esa oficina tenía acceso a los legajos con toda la información de los estudiantes". "Además, fue estudiante crónico en la FIQ y se infiltró" en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) para "colectar información de manera directa". Química es la facultad con más desaparecidos y asesinados de la UNL.