Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 15 de diciembre de 2013

“Más que cómplice, la Iglesia es coautora”

Habla el hijo del ex sacerdote Mac Guire, torturado en el seminario salesiano de Funes
Santiago Mac Guire es el ex cura tercermundista detenido en un centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia, tal como viene denunciando Horacio Verbitsky en Página/12. Lucas tenía 5 años cuando su padre fue secuestrado. Aquí cuenta la historia.

 Por Natalia Biazzini *

En abril de 1978, Santiago Mac Guire apenas podía caminar. Recién salido de un centro clandestino de detención, dos soldados arrastraron al ex sacerdote tercermundista hasta el Batallón 121 de Rosario. Cuando les preguntó a esos hombres que lo trasladaban adónde había estado en esos días en que lo torturaron brutalmente, uno de los cabos le respondió: “En un lugar que se llama Ceferino Namuncurá”. Pasaron 35 años y recién ahora se está comenzando a investigar lo que ocurrió en ese predio, que perteneció a la Congregación Salesiana de Rosario y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura en el pueblo de Funes. En octubre, la familia de Mac Guire –que dejó los hábitos para casarse y tuvo cuatro hijos– se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga el circuito represivo que funcionó bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Después de pasar diez días en ese centro clandestino, los militares le informaron a Santiago que había sido juzgado por un consejo de guerra y que debía cumplir una pena de 15 años. Vivió los siguientes seis en cuatro cárceles y salió en libertad en 1983. Falleció en 2001, sin poder declarar ante la Justicia, pero lo hizo ante la Conadep en 1984. Nunca se cansó de perseguir a los que creyó responsables. Siguiendo esa búsqueda de justicia, a principios de octubre, la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, donde se está juzgando a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. “Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales, durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombres Gauna y Berra”, relata el escrito firmado por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el Arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino.

Corría el convulsionado año 1968, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales y rebeliones estudiantiles marcaban la época. En la Argentina, el militar Juan Carlos Onganía había llegado al poder dos años antes, tras derribar el gobierno de Arturo Illia. El sacerdote Mac Guire trabajaba en la villa rosarina Bajo Saladillo. Mac Guire formaba parte de los Sacerdotes del Tercer Mundo, como Carlos Mugica en Buenos Aires y Enrique Angelelli en La Rioja. Haciendo trabajo social, conoció a María Magdalena Carey, veinte años menor y de raíces irlandesas, como él. Se enamoraron, él dejó los hábitos y se casaron por civil. Tuvieron cuatro hijos. “Santiago era un militante peronista y siempre tuvo una vocación de servicio”, dice su hijo Lucas en una entrevista que le concedió a Infojus Noticias. Durante la charla, Lucas rara vez lo llamará “papá”, siempre dirá “Santiago”.
El secuestro y la “negociación”

La tarde del 18 de abril de 1978, Santiago había ido a buscar a Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. El niño se quedó solo en la calle, llorando, en el centro de Rosario. Lucas nunca pudo olvidar un cruce intenso de miradas con uno de los secuestradores. “Creo que no sabían qué hacer conmigo y por suerte me dejaron ahí”, dice hoy. Ese día comenzó el calvario de la familia Mac Guire: saber dónde estaba Santiago. Al hábeas corpus le siguió la respuesta más frecuente de aquel momento: no está bajo las fuerzas de seguridad.

“Mi mamá no tenía contactos militares ni policiales, así que fue al arzobispado con nosotros cuatro. Llorando, rogó por la vida del padre de sus hijos”, cuenta Lucas en su casa del barrio porteño de Congreso, con el fondo de las campanadas de un reloj antiguo que perteneció a su padre. Después de la visita al arzobispado, el general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del cuerpo de Ejército con sede en Rosario, se apersonó a la casa a los Mac Guire.

“A mí y a mis hermanos nos encerraron en un cuarto. Jáuregui se sentó con otros militares y mi mamá en la mesa familiar”, recuerda, y señala una vieja mesa de roble. “Allí la empezaron a interrogar. Le decían que ellos no lo tenían a Santiago y que seguramente había sido secuestrado por alguno de los guerrilleros que solía cobijar en la casa. En ese entonces, mi casa era un desfiladero de tíos nuevos”, recuerda Lucas entre risas.

–¿Saben de otras personas que estuvieron en el centro clandestino con su papá?

–Santiago estuvo con Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió; lo asesinaron. Cuando desde el arzobispado pidieron por Santiago, se confundieron y llevaron a Pistacchia. El arzobispo Guillermo Bolatti le pegó el grito en el cielo a Jáuregui por la confusión. Fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar. Por eso nosotros consideramos que la Iglesia más que cómplice fue coautora.

–¿Por qué piensa que a Santiago lo blanquearon y lo trasladaron a una cárcel común?

–Creo firmemente en un momento de coyuntura. Ya habían desmantelado los centros clandestinos más importantes, al menos de Rosario. Estaban llegando los organismos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido. Cuando cae mi papá, ya habían levantado el centro clandestino Quinta de Funes.

A fines de noviembre, Santiago recuperó la libertad. Había pasado por las cárceles de Coronda, La Plata, Caseros y Rawson. “Cuando lo volví a ver en libertad, yo había cumplido once años”, dice Lucas. En democracia, Santiago denunció en la Conadep que cuando salió del centro clandestino fue trasladado al Batallón 121 de Rosario. Había recibido la visita de Bolatti y la del capellán Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo.

En los años ’90, Santiago se ocupó de perseguir y escrachar a Zitelli a cada lugar donde era trasladado en su rol de sacerdote. Zitelli está imputado en la causa Guerrieri y cumple prisión domiciliaria. Santiago y su mujer, María Magdalena, se separaron, pero hace diez días ella declaró desde la cama de una clínica rosarina ante el fiscal Gonzalo Stara y el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

–Nuestra querella está en instrucción y se está incorporando a la causa. La Iglesia niega este centro clandestino. Nosotros tenemos los papeles de la venta del terreno un año después (1979) a la Aeronáutica. Lo vendieron porque deben haber pasado muchas más personas por ahí. También para borrar huellas. Ahora el lugar está todo reformado.

–¿Qué esperan?

–Ojalá que la gente de la Iglesia recapacite, no quiero ofender a nadie. Ya sabemos que los salesianos no son curas de base. Tienen colegios privados, locales en shoppings. Mueven millones de pesos. Espero que alguno pueda decir que ese lugar se le prestó al Ejército un año antes de ser vendido. Serviría mucho.

* De la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus).

jueves, 12 de diciembre de 2013

Ratifican que las violaciones fueron parte del plan sistemático de la dictadura

Silvia Suppo detalló las violaciones que sufrió en cautiverio.

Por Juan Carlos Tizziani-Desde Santa Fe


La Cámara Federal de Rosario ratificó que las violaciones sexuales en centros clandestinos son delitos de lesa humanidad y parte del plan criminal de la dictadura. Lo resolvió en un acuerdo plenario que confirmó el procesamiento de dos imputados por el martirio de Silvia Suppo, en mayo de 1977, cuando fue secuestrada a los 18 años, violada por tres represores en "La Casita", un chupadero en las afueras de Santa Fe donde operaba el Ejército y obligada a abortar dos meses después. Se trata de un teniente coronel, Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122) y de un comisario, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra (ex jefe de la comisaría 4), a quienes la Cámara consideró "partícipes necesarios" del delito de "violación sexual agravada en grado reiterado (tres hechos)". Silvia murió asesinada en marzo de 2010, tres meses después de declarar en el juicio que condenó a 21 años de prisión al ex juez federal Victor Brusa y a su grupo de tareas.

La Cámara consideró a Diab y Ferreyra "partícipes necesarios" en las violaciones a Suppo por el "aporte esencial" que hicieron para consumar los delitos. "Ferreyra al entregarla directamente a quienes operaban en La Casita sabiendo lo que allí le ocurriría a la víctima y Diab porque como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia colaboró con los hechos, impartiendo directivas, aportando los medios materiales y garantizando el anonimato y la impunidad de sus subordinados". Todo, "en cumplimiento del plan (sistemático)" y con "la intención de que Suppo les diera la información de su interés, la torturaron y violaron", dice el fallo.

La causa investiga la represión ilegal a militantes de la Juventud Peronista de Rafaela ordenada por el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. Es la desaparición de Reinaldo Hattemer, el asesinato de Rubén Carignano y el secuestro y torturas a Silvia Suppo, su hermano Hugo Suppo, Jorge Destéfani, Ricardo Díaz y Graciela Ravellino. Hattemer fue secuestrado en las puertas de una iglesia de Rafaela el día que se casó su hermano, 25 de enero de 1977, a las 11 de la mañana y a la vista de su familia y decenas de invitados que participaban en la ceremonia; está desaparecido desde entonces. Carignano cayó el 23 de mayo de 1977 y fue asesinado en la comisaría 4?, donde intentaron enmascarar el crimen con un simulacro de suicidio. Los hermanos Suppo y Destéfani fueron detenidos al día siguiente, el 24 de mayo y los esposos Díaz y Ravellino, el 31 de mayo de 1977.

En junio de 2012, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez procesó a cinco imputados en la causa: al coronel Diab (por los "homicidios" de Hattemer y Carignano), al comisario Ferreyra (por el "homicidio" de Carignano) y a ambos, por la "privación ilegítima de la libertad agravada" y "tormentos agravados" de los siete militantes de la JP. Y reprochó a otros tres policías: el comisario Juan Calixto Perizzotti, la sargento María Eva Aebi y al comisario Oscar Farina, el "aborto" de Silvia Suppo, pero bajo la figura de "tormento agravado". Perizzotti era coordinador del Area 212 del Ejército (alcaide del centro clandestino que funcionó en la Guardia de Infantería Reforzada) y Aebi su mano derecha; los dos fueron condenados a 22 y 19 años de prisión en el juicio a Brusa.

El 4 de febrero de este año, la Cámara confirmó los procesamientos de Diab, Ferreyra, Perizzotti y Aebi, pero a los dos primeros los eximió de las "violaciones" a Silvia porque el juez Rodríguez no les había imputado los tres hechos en las indagatorias y benefició con una falta de mérito a Farina por falta de pruebas.

En abril, el fiscal Walter Rodríguez pidió la ampliación de indagatoria de Diab y Ferreyra por "el delito de violación reiterada" de Suppo. "La violencia sexual fue parte del terrorismo de Estado", señaló el dictamen. Y el 3 de mayo, el juez Rodríguez los procesó por esos cargos.

Ahora, la Cámara confirmó la ampliación de imputaciones a Diab y Ferreyra por el ataque sexual a Suppo. En el primer voto, el camarista Edgardo Bello recordó el suplicio de Silvia, desde su secuestro en Rafaela el 23 de mayo, el traslado a la comisaría 4? de Santa Fe, la noche del 26 cuando la llevan a "La Casita" y el regreso a la 4?. "Ella aclaró que sus violadores 'no emitieron palabra alguna y que sus gritos no se escuchaban por la mordaza que tenía en la boca'. Lo dicho se encuentra probado con las testimoniales en la causa, la declaración de la propia víctima y la prueba agregada al expediente", agregó el fallo.

En el segundo voto, el camarista Carlos Carrillo -al que adhirió la mayoría de sus colegas- dijo que ni Diab ni Ferreyra objetaron "los tres hechos de violación sufridos por Suppo". "Ella fue ilegalmente detenida por las fuerzas conjuntas que dependían del Area 212 (al mando de Rolón), con especial intervención del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y de la comisaría 4? de Santa Fe, de los que Diab y Ferrerya eran segundo jefe y titular, respectivamente".

"Después de uno o dos días en la dependencia policial, la llevaron al centro clandestino conocido como 'La Casita' (que funcionaba en la órbita del Destacamento de Inteligencia), lugar donde la interrogaron bajo tormentos y la violaron en tres ocasiones, para devolverla a la comisaría, donde siguió cautiva. Ese procedimiento no es más que la manera establecida por el plan sistemático aplicado desde las más altas esferas del gobierno militar (que la Corte Suprema tuvo por probado en el llamado Juicio a las Juntas), que se caracterizaba por la aprehensión ilegal de los sospechosos, su interrogatorio mediante tortura para obtener información y su mantenimiento en cautiverio muchas veces clandestino o su eliminación".

"En ese contexto, todas las razones dadas para considerar acreditado que Diab y Ferreyra fueron probables partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Suppo, permiten también asignarles la misma responsabilidad por las violaciones (...) para quebrar su resistencia y obtener la información que de ella se buscaba?, explicó la Cámara.

Por lo tanto, Diab y Ferreyra deben responder como "partícipes necesarios" en las violaciones a Suppo por "el aporte esencial" que hicieron para consumar los hechos. "Ferreyra, al entregarla a quienes operaban en La Casita sabiendo lo que allí le ocurriría a la víctima y Diab porque como segundo jefe del Destacamento colaboró con los hechos, impartiendo directivas, aportando los medios materiales y garantizando el anonimato y la impunidad de sus subordinados", concluyó.http://www.amprovincia.com.ar/noticias/17699-estamos-cansados-de-ver-la-manipulacion-de-la-memoria/

lunes, 2 de diciembre de 2013

Las abogadas de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por GENOCIDIO

Alegaron dos de las querellas en el juicio a Porra y a otros 11 represores
Razones para que sea en cárcel común

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas pidieron condena por genocidio, con penas de 20 y 25 años. También solicitaron que se retire el crucifijo de la sala de audiencias.

Las abogadas del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas hicieron su alegato ayer en la causa Porra, también conocida como Guerrieri II. Gabriela Durruty, Jessica Pellegrini y Daniela Asinari representan a dos de las víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Juan Rivero y Ramón Verón. Pidieron condena para los once imputados por genocidio pero, en caso de que el Tribunal Oral Federal número 1 decida no aplicar esa figura jurídica, solicitaron 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Juan Daniel Amelong, Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Eduardo Rodolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano por asociación ilícita agravada y 25 años de prisión en cárcel común para Ariel Antonio López, Ariel Zenón Porra, Joaquín Tomás Gurrera, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Armando Enrique Pelliza, todos ellos por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas contra sus representados. También alegó ayer Virginia Blando Figueroa, en representación de Adriana Arce, también sobreviviente de Fábrica Militar.

El alegato de las abogada de Familiares tuvo varios condimentos. Las abogadas rememoraron la complicidad eclesiástica con la última dictadura militar y dijeron: Debería comprenderse el pedido de la querellante Alicia Gutiérrez, sostenido también por Alicia Bernal y Viviana Nardoni. Esperemos que el próximo juicio no nos encuentre presididos por una imagen religiosa que fue enarbolada como bandera por quienes perpetraron estos delitos".

También hicieron hincapié en el necesario cumplimiento de las penas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Si luego de la búsqueda de justicia durante tantos años, frente a quienes se resistieron a ello, no se los condena a cumplir su pena en una cárcel común, es una forma de seguir perpetuando la impunidad, y de desbaratar todo el sistema jurídico argentino, que se caracterizará por tener las cárceles llenas de personas socialmente excluidas condenados por delitos menores, y a los Genocidas cómodamente en su casa, burlando nuevamente la ley", dijo Durruty.

Las abogadas consideraron que "la pena les dice a los condenados que internalicen que lo suyo no fue una epopeya política para salvar a la patria, como han manifestado en sus indagatorias, sino el aniquilamiento masivo de sus conciudadanos de la forma más baja que puede hacerlo un ser humano, y en consecuencia el delito más grave que sancionan las legislaciones locales e internacionales".

Las representantes de Verón y Rivero entendieron que "las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país", al tiempo que consideraron las condenas como "aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permite y permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".

En su alegato, Durruty, Pellegrini y Asinari homenajearon a "los sobrevivientes del estado terrorista. Este juicio contribuye a llevar algo de paz a sus vidas, la paz que solo se obtiene mediante la justicia. En palabras de Paco Urondo: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos".

En términos de contexto político, Durruty afirmó que "ningún régimen dictatorial se sostiene sólo con leyes represivas, clandestinas o manifiestas, se necesita de la coautoría de otros sectores, fundamentalmente del sector empresario y financiero. Esta complicidad obedeció a un sistema económico implementado por la dictadura que redundó en enormes beneficios en su favor y en una dependencia política y económica cada vez mayor de nuestro pueblo".

El momento más emotivo fue al final del alegato, cuando Daniela Asinari se despidió de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Es mi última actuación como abogada de la matrícula. En breve asumiré mis tareas como defensora pública en la justicia provincial", dijo la profesional.

"La realidad de la argentina, con sus devenires increíbles, nos dio la inmensa posibilidad de representar a las víctimas del genocidio en los juicios en nuestra región. Gran desafío, hermosa tarea que siempre atesoraré", dijo Asinari, cuyo pliego fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, como aval a su trayectoria. En el público, había militantes de derechos humanos y también integrantes del Movimiento Giros, al que también pertenece Asinari. Hubo aplausos, lágrimas y felicitaciones. Las últimas palabras de Asinari dieron sentido a esa afirmación en el marco del juicio que llevan adelante Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero. "Sancionar los delitos más graves, que se cometieron con el fin último de excluir a grandes sectores de la población, también implica transcender en la historia inclinando la emblemática balanza de la justicia hacia la protección del justiciable por definición", subrayó.