Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 29 de agosto de 2013

Sebastian hijo de Raquel Negro y Carlos Novillo declararon ante el TOF1 en la causa Guerrieri II

Sebastián pidió --como lo hizo su hermana Sabrina- que los acusados digan dónde está "el melli". Carlos narró su cautiverio en La Calamita y recordó a Jorge, su hermano desaparecido.

 Por Sonia Tessa

Sebastián Alvarez fue secuestrado el 2 de enero de 1978, en Mar del Plata, junto a su madre, Raquel Negro, que estaba embarazada, y la pareja de ella, Tulio Valenzuela. Tenía un año y medio. Estuvo cautivo unos pocos días en la Quinta de Funes y luego fue restituido a sus abuelos maternos. Poco tiempo después recibió una carta de Valenzuela, que pudo leer varios años más tarde, cuando los adultos a su cargo consideraron que la entendería. Así supo que tenía "un hermanito". En los 90, militó en HIJOS en la ciudad de Santa Fe, donde vive. Buscó a sus hermanos --la declaración del represor arrepentido Eduardo Costanzo le reveló que eran mellizos-- de manera incansable con Abuelas de Plaza de Mayo, y en diciembre de 2008 pudo encontrar a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que nació en el Hospital Militar de Paraná, entre el 3 y el 4 de marzo de 1978. Sigue buscando al Melli. Sebastián declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal número 1 en el marco de la causa popularizada como Guerrieri II y pidió --como lo hizo Sabrina hace una semana-- que digan dónde está su hermano. Sólo cuatro de los doce acusados estaban en la sala para escuchar su invocación. Antes, el sobreviviente Carlos Novillo contó sobre la desaparición de su hermano Jorge, su propio cautiverio y los daños que el terrorismo de estado impuso a toda la familia.

Alvarez es hijo de Raquel Negro y el militante Marcelino Alvarez, desaparecido en noviembre de 1976, en Rosario. Más tarde, su mamá inició una relación con Tulio "Tucho" Valenzuela, que quebró bruscamente el secuestro. Como querellante, Sebastián consideró "una vergüenza" que los acusados estén eximidos de participar en las audiencias, después de 30 años de impunidad. "Este juicio lo empezamos en el 2000 y después de 13 años les permiten no estar sentados allí... Con todas las garantías que les da el Estado, cosa que no tuvieron mis viejos", se quejó ante el Tribunal que tomó la decisión. Lo preside Roberto López Arango, con Lilia Carnero y Noemí Berros como vocales. Los tres jueces son entrerrianos.

Las críticas de Sebastián estuvieron dirigidas específicamente a Pascual Guerrieri. "Siempre amplía su indagatoria. Por ejemplo, en el juicio de Paraná (Guerrieri fue condenado en la causa del Hospital Militar, en 2011), amplió pero no hizo más que confirmar que es un cobarde y un mentiroso", dijo el hijo de Raquel Negro y conminó a quien fuera principal responsable del Destacamento de Inteligencia 121, del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a "que diga qué hizo con los compañeros, qué hizo con mi hermano".

Ante una pregunta de Carnero, Sebastián fue claro: "Para mí no es lo mismo Costanzo que Guerrieri. Por las palabras de Costanzo pudimos llegar a Sabrina, y también recuperar cuerpos de desaparecidos en el campo San Pedro, con lo importante que es para los familiares recuperar los restos", expresó. Costanzo reveló que tras el parto de Raquel Negro en el hospital Militar, la militante fue asesinada, y la melliza traída en un auto por los represores Walter Pagano y Juan Amelong, quienes la dejaron abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano. Así, por un escrito que presentó Abuelas de Plaza de Mayo, se llegó a Sabrina.

Si bien Sebastián consideró que "seguramente" hubiera encontrado a su hermana por otros caminos --la joven había decidido someterse a un estudio de ADN pocos días antes de ser citada por el juzgado de Paraná----, también apreció, a título personal, el arrepentimiento de Costanzo. "Encontrar a la Sabri es vida", dijo con especial énfasis en la palabra vida. "Porque ante tanta muerte, tanto dolor, tanta desesperación que vivió mi familia, la mayor alegría en tantos años fue encontrar a la Sabri", agregó. Ahora, los hermanos están empeñados en reunirse con el Melli, como le dicen al varón que nació junto a Sabrina y fue dado de alta el 27 de marzo de 1978 del Instituto de Pediatría Privado de Paraná. "A pesar de que decían que estaba muerto, después del juicio del Hospital Militar sabemos que egresó con vida", recordó ayer Sebastián.

Cuando terminó su testimonio, el abogado que lo representa, Alvaro Baella, alzó sus dos pulgares y le sonrió, como un estímulo en el difícil momento de declarar. López Arango reconvino al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su "gesto improcedente".

El primer testimonio de ayer fue el de Carlos Novillo, que fue secuestrado junto a sus hermanos Alejandro y Jorge el 28 de febrero de 1977, en el pasaje Nelson, de Rosario. Un grupo de "fuerzas conjuntas" ingresó a la casa donde vivía Jorge --era de Venado Tuerto y planeaba volver de inmediato hacia allá--. Los tres hermanos estuvieron privados de su libertad en el centro clandestino de detención La Calamita, en Granadero Baigorria. El recuerdo de Novillo sobre los gritos de Jorge --al que le decían "leche" por leche hervida-- pidiendo que cesara la tortura fue vívido. También rememoró que su hermano Jorge pasó la noche gritando que tenía frío.

Entre los represores, recordó a "Sebastián" (Jorge Fariña, uno de los juzgados, que fue condenado en la primera parte de esta causa a prisión perpetua) y el Puma (Ariel Porra, que aún no tiene condena y está acusado en esta causa). "Sebastián" le espetó, en una ocasión, que Jorge Novillo era oficial montonero y también le dijo, cuando los liberaron, que sus padres debían estar contentos, porque "de tres hijos le devolvían dos". Según el relato de Carlos, "Sebastián" era el que mandaba en La Calamita. También fue Fariña quien le dijo que Jorge Novillo sería trasladado "a un lugar seguro". Jorge Novillo es uno de los 16 desaparecidos que pasaron por el circuito Quinta de Funes-Escuela Magnasco-La Intermedia, y cuyo derrotero pudo reconstruirse por el testimonio de Jaime Dri, novelado en el libro de Miguel Bonasso Recuerdos de la muerte. Luego, Costanzo revelaría que fueron asesinados y sus cuerpos tirados en la Bahía de Samborombón.

Carlos Novillo estuvo entre 13 y 14 días secuestrado. Al salir sufrió un shock postraumático. La vida de su familia se desmoronó. El padre, agobiado por la búsqueda de su hijo, sufrió un infarto un año después. La madre siguió buscando, hasta que perdió las esperanzas, y murió a nueve años de la desaparición. Por expreso pedido de su madre, Carlos Novillo no declaró en el juicio a las juntas. Hoy integra el espacio Juicio y Castigo. "Que dios les de sabiduría para que se haga verdad y justicia", dijo el testigo ante los integrantes del Tribunal. Y les pidió "que estos juicios se desarrollen de forma rápida, efectiva y que podamos avanzar hacia la complicidad civil". El testigo pidió especialmente que "el Estado tome cartas en el asunto para una atención integral a las víctimas" del terrorismo de estado.

De los doce represores acusados, sólo Juan Amelong, Porra, Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera estuvieron ayer en la sala. A Gurrera también lo autorizaron a ausentarse a partir de hoy. Guerrieri, Costanzo, Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Héctor Marino González y Alberto Pelliza lo vieron desde sus lugares de detención. En algunos casos, como el de Costanzo, es la casa, porque cumplen prisión domiciliaria.

Ayer, el enorme crucifico ubicado en la pared de la sala, encima de la única ventana que da al exterior, seguía colgado. Hoy declaran Carlos Laluf, Julio Raffo y los diputados provinciales Eduardo Toniolli y Alicia Gutiérrez, los dos querellantes de la causa. La legisladora del SI pidió al Tribunal que retire el símbolo religioso para su declaración, porque vulnera "el derecho al tratamiento igualitario de las personas ante la justicia".

miércoles, 28 de agosto de 2013

La causa del triple crimen de militantes populares de Villa Moreno irá a juicio oral

Que el pueblo sepa qué paso

Desde el Movimiento 26 de junio-Frente Popular Darío Santillán dijeron que todas las partes aceptaron la instancia pública para dirimir la responsabilidad de los procesados por los asesinatos de Jere, Patom y el Mono, en enero de 2012.

 Por Lorena Panzerini

Desde el Movimiento 26 de Junio-Frente Popular Darío Santillán adelantaron ayer que la causa por el triple crimen de Villa Moreno irá a juicio oral y público. Frente a un pedido de los abogados del principal acusado por el hecho del 1º de enero de 2012, Sergio "el Quemado" Rodríguez, la defensa de los otros cuatro imputados "manifestó su aval" con el planteo, lo que bastaría para que se llegue a esa instancia. Así, aunque se espera la confirmación desde el juzgado de Sentencia Nº 4, a cargo de Julio Kesuani, la causa por los homicidios de Jere, Patóm y el Mono será ventilada en audiencias orales y públicas. Pedro Salinas, representante del movimiento, consideró que la instancia es "positiva para seguir visibilizando el hecho y por la presión mediática que ello genera"; pero planteó que "los testigos podrían ser intimidados por la defensa de los acusados". En tanto, Carlos Varela, quien presentó el pedido, aclaró que no había sido notificado sobre la respuesta que faltaba de su colega, pero se manifestó "conforme, porque se van a dilucidar las verdaderas responsabilidades".

Luego de que los abogados Varela y Adrián Martínez presentaran, la primera semana de agosto, el pedido en el juzgado de sentencia donde recayó la causa para la etapa condenatoria; el magistrado corrió vista a todos los imputados para que sus defensas acepten o no la vía judicial propuesta por el letrado, tal como lo estipula el código en esta etapa de transición entre el viejo y el nuevo sistema procesal penal. Para que el pedido prosperara, todos los imputados debían estar de acuerdo. "Hoy (por ayer) estuvimos en Tribunales y nos dieron la noticia de que la defensora que faltaba también avaló la instancia oral", dijo Salinas. "Vamos hacia el juicio oral", resumió.

En la causa del triple crimen, los procesados por los homicidios de Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez, son cinco: el Quemado; Brian "Pescadito" Sprio; Daniel "Teletubi" Delgado; Brian "Damiancito" Romero, y Mauricio Palavecino, como partícipe necesario.

Desde el movimiento, plantearon que la instancia tendrá contrapuntos: por un lado, Salinas saludó que la causa continuará teniendo visibilidad en los medios de comunicación. De todos modos, consideró que la etapa de instrucción que llevó adelante el juez Juan Andrés Donnola reunió pruebas de peso contra los imputados; y también contra tres policías procesados.

Jere, Patóm y Mono fueron asesinados en la canchita del club Oroño, en Dorrego y Presidente Quintana, mientras esperaban a unas amigas para ir a una fiesta, la madrugada del 1º de enero de 2012. Hasta allí llegaron --según los procesamientos-- varios hombres armados y dispararon contra los pibes. El hecho fue corolario de otros episodios: unos minutos antes, había sido baleado Maximiliano Rodríguez --asesinado en otro hecho, el 5 de febrero pasado--. Las pruebas reunidas en la causa de la masacre apuntan al Quemado, padre de Maximiliano, quien enceguecido por el ataque a su hijo habría reunido a los amigos de éste en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) para cobrar venganza. Pero los disparos fueron hacia las personas equivocadas.

lunes, 26 de agosto de 2013

Lo que buscan en la justicia las víctimas directas y sus familiares después de "El Villazo" de 1975

Un relato acorde a la última gran lucha clasista

En marzo de 1975 el gobierno de Isabel Perón desató una terrible represión en Villa.

El pasado 26 de Julio se presentaron ante el titular de la Unidad Fiscal de DDHH de Rosario, Gonzalo Stara, ocho sobrevivientes de la gesta popular conocida como "El Villazo", para solicitar se investiguen las responsabilidades penales circundantes a los terribles hechos acaecidos en Villa Constitución alrededor del 20 de marzo de 1975, fecha en la cual fuera literalmente ocupada por fuerzas de seguridad la ciudad, y comenzara una cacería de los obreros metalúrgicos organizados y todos aquellos que apoyaban la lucha de los trabajadores en pos de su independencia sindical.

Los denunciantes fueron Agustín Luna, Cástulo Bogado, Miguel Simonovich, Luis Aliendro, Roberto Martínez, Zenón Sánchez, Juan Actis y Victorio Paulón, patrocinados por el equipo jurídico de Familiares Rosario y acompañados por numerosas organizaciones de la ciudad, como la APDH, que decidió participar en la investigación.

El jueves 22 de agosto la fiscalía hizo propio el reclamo y requirió al Juez Federal 4, Marcelo Bailaque que instruya el debido sumario penal para avanzar en la formación de la causa.

La presentación de la fiscalía, avanza en relación a las víctimas de los hechos, sumando nuevos casos a los presentados, y solicitando se ordenen diversas medidas, entre ellas declaraciones testimoniales de los diferentes protagonistas.

A los casos de los 8 denunciantes se suman los de Miguel Angel Lobotti, Juan Ponce de León, Adelaido Viribay, Rodolfo Mancini, José García, Jorge Chaparro, Julio Palacios, Concepción de Grandis, Carlos Ruescas, Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tonso.

La presentación Fiscal espacialmente refiere al contexto histórico en que ocurrieron los hechos, explicitando cómo, "el plan sistemático de represión ilegal perpetrado en nuestro país durante la última dictadura, no comenzó su operatoria el día 24 de marzo de 1976, sino que para ese período el ensayo y las prácticas se consideraron finalizadas y se cristalizó el modelo que seguiría hasta finales de 1983."

Esos primeros ensayos, establece en su requerimiento el fiscal, se dirigieron precisamente contra los polos obreros, desde donde "en el pensamiento de quienes con posterioridad usurparían el poder" anidaba el principal foco de la subversión y la mayor peligrosidad. En este contexto se hace especial referencia al Operativo Independencia en Tucumán, y en nuestra zona, refiere al denominado "cordón rojo del Paraná", en el cordón industrial, más precisamente al 20 de marzo de 1975 en la ciudad de Villa Constitución.

Ello ha sido testificado por uno de sus protagonistas, Victorio Paulón, en el marco del juicio en la causa "Díaz Bessone" (120/08 del TOF 2)

Continúa el escrito fiscal destacando "sobre el total de los casos de desaparición de personas, luego de ocho años de dictadura, un 30,2 % eran obreros fabriles, lo que sumado al 17 % de los empleados, el 5,7 % de docentes y el 1,6 % de periodistas, suma un total de 54,5 % de asalariados asesinados sobre el cien por cien de los casos."

También la fiscalía establece las causales por las cuales se puede afirmar que los hechos objeto de la investigación reúnen las características de los delitos de lesa humanidad, afirmando que aquellos "constituyen delitos del derecho penal internacional que por su gravedad, repugnan a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana. De acuerdo al derecho penal internacional se configura un delito de lesa humanidad cuando se ejecutan hechos delictivos comunes (privación de libertad, torturas, violación, abusos, homicidio, etc.) en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En consecuencia, perpetrar un solo comportamiento tipificado como delito por el derecho penal común puede constituir un crimen contra la humanidad si se ejecuta en un determinado contexto, es decir, si se ajusta al modelo de la comisión generalizada o sistemática."

Finalmente el fiscal destaca que: "esta represión contra los trabajadores tuvo como precedente un escenario particular, que brevemente puede resumirse como una lucha de los trabajadores en busca de la mejora de las condiciones laborales y especialmente de los términos sindicales que comienzan a delinearse a partir de 1973 y hasta el año 1975, en donde empieza a perfilarse la represión indiscriminada contra los obreros que se traduciría luego en el golpe de estado que derrocara al gobierno constitucional en 1976".

Por su parte, la versión oficial con la cual se intentó enmascarar lo que realmente sucedió, figura en los diarios de la época, que relatan los sucesos desatados en Villa Constitución el día 20 de marzo de 1975 a partir del "descubrimiento del gobierno de un plan subversivo para paralizar la industria del país" y la operatoria desarrollada a los fines de detener esas "supuestas maniobras".

El diario La Capital publicaba "tras el anuncio del ministro Alberto Rocamora, sobre el descubrimiento de un plan subversivo para paralizar la industria pesada del país, se supo que llegan a varios centenares las detenciones practicadas en las últimas 24 horas. Durante los procedimientos cumplidos al tiempo que se mantenía el paro de los operarios de la planta metalúrgica Acindar, medida declarada ilegal por el Ministro de Trabajo. Los operativos combinados por efectivos de la Federal, policías bonaerenses y santafesinos y Prefectura Naval se extendieron prácticamente desde el norte de Buenos Aires hasta la ciudad de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fe Uno de esos procedimientos de gran envergadura se cumplió en Villa Constitución donde los efectivos de seguridad acordonaron los establecimientos de Acindar y Metcon, al tiempo que procedían a clausurar el local de la UOM, deteniendo a su titular Alberto Piccinini y a otros diez dirigentes de la organización. Simultáneamente, personal de la policía santafesina y de la Prefectura Naval Argentina realizaban en otros puntos de Villa Constitución gran número de allanamientos. Según algunas versiones al cabo de los procedimientos habían resultado detenidas unas 100 personas muchas recuperaron la libertad, lo que ocurrió con el cuerpo de metalúrgicos" (Diario La Capital, edición del día 22 de marzo de 1975).

Para algunas fuentes ligadas a la fiscalía de Derechos Humanos de Rosario, el relato judicial de los hechos del Villazo se reduce a una "ignominiosa causa seguida a los gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución Alberto Piccinini, Juan Rodolfo Acuña, Benicio Donato Bernachea, Dante Melchor Manzano y Adolfo Onorato Curti, detenidos el 20 de marzo de 1975, en el marco de la represión ilegítima e ilegal desplegada a partir de la denuncia pública del ministro del interior Alberto Rocamora. Es hora de que el Poder Judicial no investigue a víctimas como victimarios y construya un relato acorde lo ocurrido en la última gran lucha clasista de nuestra historia reciente", concluyeron.

Fuente: Rosario 12,

domingo, 25 de agosto de 2013

Sabrina Gullino Valenzuela Negro declaró en el juicio denominado "Guerrieri-2"

"¿A quién se parecerá mi hermano?"
"¿Dónde está? Es así de simple. Ellos saben", dijo Sabrina, en alusión a los doce represores que son investigados por su participación en el denominado circuito represivo en Funes, Ibarlucea y escuela Magnasco durante la última dictadura.

 Por Sonia Tessa

Sabrina Gullino Valenzuela Negro planteó su urgencia al declarar en el juicio denominado Guerrieri 2. "Es la tercera vez que atestiguo en una causa de lesa humanidad. Estos tipos que están ahí y los que están mirando por televisión saben dónde está mi hermano mellizo. ¿Dónde está? Es así de simple. Ellos saben", dijo la mujer de 35 años, nacida en cautiverio junto a un varón entre el 3 y el 4 de marzo de 1978, en el Hospital Militar de Paraná. "Mi hermano es un desaparecido con vida", agregó. Su madre, Raquel Negro, estuvo secuestrada en la Quinta de Funes, luego en la Escuela Magnasco y más tarde en La Intermedia. "Estos tipos", a los que se refería Sabrina, son Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Marino González, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano, cinco de los doce represores que se juzgan en esta segunda parte de la causa por privación ilegítima de la libertad y torturas a 28 víctimas, de los cuales 17 continúan desaparecidos, lo que configura --según la sentencia de Guerrieri I-- homicidio agravado.

En su primer testimonio, en octubre de 2010, Sabrina hizo hincapié en la restitución de su identidad. Contó cómo había llegado un domingo la citación a la casa de sus padres adoptivos, en Ramallo, para concurrir al juzgado federal de Myriam Galizzi en Paraná para un análisis de ADN. Así, a los 30 años, supo que a los pocos días de vida fue abandonada por Amelong y Pagano en la puerta del Hogar del Huérfano, y dada en adopción a una familia que se había inscripto legalmente. A esa edad también conoció a su hermano Sebastián Alvarez, hijo de Raquel Negro y Marcelino Alvarez, quien se "puso al hombro" la búsqueda de sus hermanos.

"Me parece que lo más alucinante de la causa Hospital Militar de Paraná fue que nos fuimos dando cuenta en tiempo real de que el Melli no había fallecido recién nacido, como nos querían hacer creer los represores", subrayó Sabrina frente a los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1, los entrerrianos Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros. Los dos primeros estuvieron aquella causa, que tuvo sentencia en octubre de 2011. En ese proceso se supo que el 27 de marzo de 1978, los mellizos fueron dados de alta del Instituto de Pediatría Privado de Paraná, por separado. Del niño, nada se sabe. "Hay cuatro médicos que dicen no recordar nada. Y traigo esta cuestión porque desnuda la complicidad que existió en la sociedad civil con la dictadura", dijo Sabrina, que al mismo tiempo resaltó el heroico papel cumplido por las enfermeras del Hospital Militar y el IPP en la reconstrucción histórica.

El tiempo de la búsqueda

"Del Melli se pierde el rastro", expresó antes de lanzar un suspiro profundo. "Pensaba antes de venir a declarar en cómo habían sido estos cuatro años. Estar todo el tiempo buscando el Melli. Cada día de mi vida yo busco parecidos, me pregunto a quién se parecerá mi hermano --exclamó con las fotos de Tulio Valenzuela y Raquel Negro entre sus manos--. Estos tipos que están acá son responsables de que mi hermano no esté. Mi hermano es un desaparecido con vida. Porque yo no lo puedo llamar por teléfono cuando quiero, porque no puede saber quién es. Después, la identidad es como podemos ser. Pero mi hermano no lo sabe. Nosotros, ustedes --les dijo a los jueces-- y todos nosotros somos los responsables de encontrar a los 400 chicos que falta encontrar".

La voz de Sabrina sonaba contundente, ni un ligero temblor traslucía el terremoto emocional que le significó volver a declarar. "Los chicos (por sus abogados, Alvaro Baella y Santiago Bereciartúa) me contaron que uno de los imputados está en una onda pacífica, que tiene ocho nietos y quiere estar con ellos. ¿Dónde tengo que mirar para que me vea?", preguntó Sabrina, en alusión a las cámaras de televisión que transmiten el juicio y que supuestamente los acusados siguen desde sus lugares de detención. El mensaje iba dirigido a Guerrieri. "Si sabe por qué no lo dice. Por qué no puede participar de una manera diferente en esta historia, en su aspecto jurídico aunque sea. Toda la sociedad los juzgó", apeló. "Como sé que ellos tienen valores diferentes y tienen un pacto de silencio que aplasta cualquier intento de reconstrucción histórica, les digo que existe una recompensa económica para los que aporten datos sobre los chicos desaparecidos", siguió su mensaje Sabrina, aunque reconoció que "como ellos están procesados, no les van a dar los 100 mil pesos, pero que lo hagan a través de algún conocido, en forma anónima, y así por lo menos sus ocho nietos tendrán mejor pasar". Casi con una plegaria, dio cuenta de la angustiante búsqueda de su mellizo, al que le dice "El Melli", a falta de más datos. En su larga declaración, Sabrina conmovió una y otra vez al público, que lloraba al ritmo de sus palabras. "A mí me llena de orgullo estar acá sentada a la par de otros hijos de desaparecidos. Somos representantes de nuestros padres. Podemos mirar a los ojos a todo el mundo y estar orgullosos de nuestros viejos, del amor profundo que tenían por lo colectivo", sintetizó su condición de hija, que fue urdiendo en los últimos cuatro años.

Sillas vacías

En la intensa jornada del juicio de ayer estuvieron vacías por primera vez nueve de las doce sillas destinadas a los imputados. Estaban presentes Amelong --que renunció a ejercer su co-defensa técnica, como le habían autorizado la semana pasada--, Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera. El último pidió ser eximido, al igual que los otros procesados, de participar en las audiencias. Será un juicio con acusados ausentes.

sábado, 17 de agosto de 2013

Contemplaciones y consideraciones para genocidas

Se exime a 8 represores de tener que presenciar el juicio oralNo mirarán a sus víctimas a los ojos

Los jueces también decidieron que Amelong pueda defenderse como abogado. Las querellas exigieron que no interroge a los testigos. El TOF le permitió a él, como así también a Sfulcini y González, contar con una notebook en la cárcel.

 Por Sonia Tessa

El represor Juan Daniel Amelong --condenado a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común-- podrá ejercer su defensa técnica como abogado, junto al defensor oficial que lo asiste y contará con una notebook en Marcos Paz, su lugar de detención para poder hacerlo. El Tribunal Oral Federal número 1 integrado por los jueces de Entre Ríos Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros aceptó ayer el pedido de Amelong. También Carlos Sfulcini y Marino González podrán tener computadoras en su lugar de detención. Además, ocho de los doce imputados fueron eximidos de presenciar las audiencias, a su pedido. De ese modo, sólo Amelong, González, Sfulcini y Ariel Porra estarán presentes en las declaraciones testimoniales de las víctimas del terrorismo de estado. El resto de los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército podrá eludir la mirada de sus víctimas. Ante las concesiones del Tribunal, Juan Andrés Cabrera redobló la apuesta: pidió contar con conexión a internet para seguir las instancias del juicio en su lugar de detención, en la cárcel federal de Bouwer, en Córdoba. Cabrera estuvo prófugo y fue apresado en 2009, en Cosquín.

Si bien las querellas y la fiscalía entendieron que los doce acusados por crímenes de lesa humanidad contra 27 víctimas, entre los cuales se encuentran 14 homicidios agravados tenían derecho a ser eximidos de estar en la sala de audiencia, solicitaron que sí estuvieran en el Tribunal, por si el desarrollo del juicio requería su presencia. López Arango justificó la decisión del Tribunal en que "hace tiempo están sometidos a proceso en estado de detención".

Incluso, Sfulcini pidió ser trasladado a la Alcaidía de la Jefatura de Policía, pero la abogada Gabriela Durruty comunicó que las propias autoridades provinciales admitieron ante Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas la falta de seguridad del penal para impedir fugas. "La Alcaidía no tiene las mínimas condiciones de seguridad para evitar una fuga", afirmó. El Tribunal pidió un informe al Servicio Penitenciario Provincial.

El defensor oficial Nicolás Foppiani, que representa a Joaquín Gurrera, Ariel López y Carlos Sfulcini, trasladó la queja de sus representados porque anoche se cortó la luz en la Unidad Penal Provincial número 3 y debieron dormir sin calefacción. El reclamo despertó una exclamación en el público, ya que algunos ex detenidos, como Olga Regina Moyano y Héctor Medina recordaban sus días de presos políticos sin agua ni luz. "Nosotros dormíamos en el suelo", rememoró Moyano.

La causa investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Fábrica Militar de Armas, Escuela Magnasco y La Intermedia, por los integrantes de la patota del Ejército, bajo las órdenes de Oscar Pascual Guerrieri, que también fue eximido de presenciar el juicio, al igual que Jorge Fariña, Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López, Gurrera, Cabrera y Pelliza.

Los pedidos habían sido rechazados por las querellas y el fiscal Gonzalo Stara. Cuando el Tribunal hizo lugar a que Amelong ejerza su co-defensa, Durruty solicitó que las víctimas no sean interrogadas por el represor. López Arango afirmó que el imputado podrá hacer preguntas a los testigos mediante la presidencia del tribunal. Es decir, que él trasladará las preguntas. "Lo único que hace es entorpecer el accionar del juicio y embarrar la cancha", dijo tras la audiencia Alvaro Baella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El abogado subrayó: "Las querellas nos opusimos a que Amelong pregunte directamente a los testigos, porque era el mismo que hacía en los centros clandestinos con los detenidos tabicados o encapuchados. Para ellos es como revivir el tormento", completó.

jueves, 15 de agosto de 2013

El represor Alberto Pelliza pidió ser separado del juicio por "motivos de salud"

Todas las respuestas del gran simulador

Uno de los once represores imputados de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios agravados contra decenas de víctimas argumentó un ACV de 1982 para ser separado del proceso. Los jueces lo interrogaron, y ordenaron una pericia.

 Por Sonia Tessa

Alberto Pelliza contestó con monosílabos, aseguró que no recuerda su apellido y ni siquiera cómo se lee. El presidente del Tribunal Oral Federal número 1, Roberto López Arango, lo confrontó: "Cuando le dije Pelliza, usted me prestó atención, o sea que reconoce su apellido", le dijo en un momento del largo interrogatorio que le hizo junto a las dos vocales del TOF, Lilia Carnero y Noemí Berros. "Da la impresión de que usted comprende lo que pasa", agregó López Arango más tarde. Pelliza es uno de los doce imputados en la causa conocida como Guerrieri II que comenzó el viernes pasado en el Tribunal Oral Federal Número 1. Como el resto, está acusado de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios agravados contra decenas de víctimas. Ayer solicitó --a través de su defensora oficial, María Jimena Sendra-- ser separado del juicio oral y público por razones de salud, a raíz de un Accidente Cerebro Vascular sufrido en 1982 que le provoca "un retardo para responder a órdenes sencillas e imposibilidad de responder a órdenes complejas, así como la dificultad de recordar ciertos hechos". El argumento es utilizado repetidamente en estos procesos. En algunos casos, como el del represor Javier De La Torre, se comprobó la simulación.

El imputado sólo presentó el certificado de un médico particular, y por eso tanto el fiscal Gonzalo Stara como las querellas se opusieron al apartamiento, hasta que se realice un peritaje con intervención de las partes. "Con el certificado presentado por el imputado, se actualiza el estado de salud de 2008. ¿Recién ahora se ven en la necesidad de hacerlo? Parece que no demandaba tanta urgencia como aquí se pretende", argumentó el abogado querellante Alvaro Baella; mientras el fiscal Gonzalo Stara agregó: "Es llamativo que dicho padecimiento no haya sido tratado durante todos estos años. Pelliza sólo realizó una consulta con un oftalmólogo y algunas con un dentista en ese lapso". La representante de otra querella, Gabriela Durruty, consideró: "Hasta tanto no se realice al menos una pericial con posibilidad de control, entendemos que debe ser rechazado el pedido".

Los jueces que están a cargo del debate --los tres vienen de Paraná-- decidieron hacer pasar a Pelliza, que sigue la audiencia por televisión, en una sala contigua. El interrogatorio fue jugoso. El hombre entró acompañado de su esposa --la defensora dijo que "no puede estar solo en situaciones de stress"-- y caminó balanceándose hasta la silla. Allí, dijo no recordar ni siquiera su nombre, que leyó del documento de identidad. Con frases entrecortadas e inaudibles, le preguntaba a la mujer --sentada en un costado-- cuestiones básicas. "Usted dijo que no podía leer pero recién leyó su documento", observó Berros.

--¿Qué hace todo el día? --preguntó Carnero.

--Riego plantas --contestó el imputado, con la voz más baja que pudo.

--¿Ayuda a su esposa con los quehaceres del hogar? --insistió la jueza.

--En lo que puedo sí.

--¿Qué puede? --repreguntó López Arango.

--En lo que me dice...

--¿Lava los platos? --insistió el presidente del Tribunal.

--Sí.

--¿Barre?

--No.

--¿Mira televisión? --inquirió Berros.

--Muy poco.

--¿Qué ve en televisión? ¿Qué le gusta ver? --quiso saber la magistrada.

--No sé. Lo que usted está diciendo, cuando yo pueda salir de ahí, no voy a acordarme --insistió el imputado, en un súbito rapto de lucidez que le permitió articular una frase para insistir en que sus respuestas no tenían validez.

La otra pregunta de los jueces fue si reconocía a los otros imputados. "Tendrían que presentármelos", respondió Pelliza. Cuando le pidieron que los observara, el hombre no dudó: se dio vuelta y miró a los once imputados, no tuvo confusión alguna sobre el lugar que ocupaban en la sala de audiencias sus compañeros del grupo de tareas que dependía del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Con una rapidez inusual en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron hasta ahora en Rosario, el Tribunal resolvió mantener a Pelliza en el debate hasta tanto se haga la pericia médica que permita develar si está en condiciones de someterse a juicio. Más tarde, se completó la ronda de indagatorias. Juan Daniel Amelong --que es abogado-- solicitó ejercer su defensa técnica a la par del defensor oficial Silvio Galarza Azzoni, que tiene asignado. Los mismos jueces, en Paraná, se lo permitieron en otro proceso. El represor --condenado a prisión perpetua en la primera parte de este juicio-- también solicitó contar con una notebook. Todos sus antiguos compañeros se sumaron a la solicitud. También Ariel López hizo un pedido: no estar presente en el juicio porque debe cuidar a su hijo discapacitado. Por la misma razón había solicitado prisión domiciliaria, que fue otorgada por López Arango y Carnero, pero revocada en julio pasado por la Cámara de Casación Penal. Mañana, el TOF informará las resoluciones de todos los pedidos, y la semana próxima comenzarán a declarar los testigos.

jueves, 8 de agosto de 2013

8 años y 6 meses para tres represores... irán a cárcel común

Penas de 8 años y 6 meses de prisión para Rebén Cervera, Horacio Madesrna y Pedro Rodriguez. Alivio y alegría por tres condenas

Cuando el fallo esté firme, irán a cárcel común. La celebración fue diferente a otras sentencias: hubo un minuto de silencio por la víctima, Manuel Casado, fallecido en pleno juicio y por los muertos en la tragedia de Salta 2141.

 Por Sonia Tessa

Un grito de alivio y alegría sobrevino en la sala cuando el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 Otmar Paulucci leyó la condena a ocho años y 6 meses de prisión para Pedro Rodríguez como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y tormentos a Manuel Casado, que era secretario general del Sindicato Municipal de San Lorenzo el 25 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado en plena calle por un camión del Ejército. Los aplausos por la sentencia al civil que lo "marcó" vinieron cargados de lágrimas de emoción. Ya se habían leído las mismas condenas, como autores penalmente responsables, para Rubén Cervera, que era jefe del Batallón de Arsenales y también interventor de la Municipalidad tras el golpe militar de 1976, como así también para Horacio Maderna, que lo secundaba en el Batallón y como Secretario de Gobierno Municipal. Una vez que esté firme, la pena será de cumplimiento efectivo en cárceles comunes. En la Sala de Audiencias del Tribunal, la mujer y los hijos de la víctima lloraban, transidos de dolor y bronca porque no llegó a ver la justicia que persiguió por 37 años. Manuel Casado murió el 13 de junio pasado.

"Sentimos muchísima satisfacción, sobre todo en la equiparación de las responsabilidades, en que no se haya hecho este deslinde entre civiles y militares", expresó Soledad Chiodín, pieza fundamental del Espacio Memoria y Justicia de San Lorenzo. También el abogado de Casado, Gustavo Feldman, se mostró satisfecho. "Creo que la condena hace justicia, el monto de pena es una cuestión subjetiva de los jueces. Seguramente anidaba la idea de una gradación mayor de pena, pero lo importante es que no ha quedado impune un hecho de la entidad, la gravedad y de la severidad que tuvo que soportar Manuel Casado, que lamentablemente no pudo ver este fallo".

Sin música, con la misma congoja que atraviesa a toda la ciudad, la celebración de las tres nuevas sentencias a genocidas en Rosario tuvo un tono diferente al habitualmente festivo. Esta vez, los globos para la suelta fueron negros, en señal de luto. Y el acto en el cantero central de Oroño 940, a pocas cuadras de la zona de catástrofe, comenzó con un minuto de silencio por Casado y por los muertos de la explosión en Salta 2141. Los abrazos, como siempre, fueron el cerco de protección del espacio memoria y justicia de San Lorenzo y del Espacio Juicio y Castigo de Rosario. Las Madres de Plaza 25 de Mayo, Norma Vermeulen y Elsa Chiche Massa estaban ahí, firmes, como siempre. Después se iban a comer unos ravioles, para volver a la tarde a la plaza, para la ronda que sostienen desde hace más de 30 años.

Roberto Casado era un bebé de siete días cuando su padre fue secuestrado. Los represores lo tiraron al piso, envuelto en un colchón, durante el allanamiento. Ayer no podía contener las lágrimas. "Estoy contento, a pesar de que mi padre no lo pudo disfrutar. Tengo una impotencia, un dolor en mi corazón, de verlo en la foto y no poder estar adelante. Siento mucho dolor porque esto lo peleó y una verdad histórica. Le doy gracias a Dios", expresó el hombre de 37 años, quien se confortó. "Creo que él estaría contento, y no sé si hubiese aguantado su corazón, quizás lo hubiese matado la emoción", dijo.

En el acto hubo un incidente con el precandidato a concejal Sergio Davobe, de San Lorenzo, identificado con el sector político de Pedro Rodríguez. Fueron gritos y repudios aislados que duraron minutos. Lo duradero fueron las palabras de Edilio "Didi" Quiroga, testigo de la causa. "Queremos recordar y pedir justicia por los 17 desaparecidos del cordón que faltan llegar a juicio. Ese era el espíritu de Manuel, pedir justicia no sólo por él sino por todos los compañeros desaparecidos", dijo Quiroga, que también trabajaba en la Municipalidad de San Lorenzo en 1976 y sufrió persecución política.

El hijo mayor de Casado, que también se llama Manuel, habló en el cantero central de Oroño. "Hoy mi mamá y mis hermanos estamos sufriendo. No lo tenemos, pero sí tenemos unos recuerdos muy lindos de cómo peleó. No dejemos de pelear. Seamos fuertes", dijo el joven.

La alegría contenida por la tristeza general era palpable entre los militantes de los Espacios de Memoria y Justicia de San Lorenzo como de Juicio y Castigo de Rosario. De las tres condenas, la de Rodríguez fue la que se vivió con mayor satisfacción ya que se trató de un hombre que era funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo antes del golpe militar y continuó después, con activa participación. Y que llegó a ser diputado provincial por el Partido Justicialista, a principios de los 90. "La Justicia le está dando forma a lo que significa dictadura cívica militar, y fundamentalmente en esta causa y en la causa por venir donde Pedro Alberto Rodríguez --enfatizó Chiodín-- se infiltró dentro de la agrupación Montoneros, dentro de la columna Sabino Navarro, entregó la nómina de todos los compañeros que querían transformar el cordón industrial y que le daban batalla a los intereses que hasta ese minuto representaba, que son los que diseñaron este plan sistemático".

La militante de las causas del Cordón Industrial expresó su "eterno agradecimiento a Mabel Colalongo, quien nunca desvió el sentido que tenía que tener esta causa, que era del poder económico contra la clase trabajadora". Como activa impulsora de la causa, se sinceró: "Me tiemblan las piernas aún. Volvemos heroicos a San Lorenzo, somos un puñado de diez que nos vamos a multiplicar en miles. Se terminó en San Lorenzo la mentira, se terminó".

También la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia para la zona sur, Nadia Schujman, estaba conforme. "Si bien siempre los organismos, los familiares, esperan la máxima pena posible, que es la condena pedida por la fiscalía, me parecen muy importantes estas condenas, particularmente a Pedro Rodríguez, que se llenó la boca diciendo que iba a volver a ser funcionario, a ser concejal, pienso que una vez más estas condenas vienen a poner las cosas en su lugar", dijo la funcionaria, de larga militancia en la agrupación H.I.J.O.S.

Empieza la causa Guerrieri II

Es una cita de honor, como cada vez que comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Hoy, a las 9, en los Tribunales Federales de Oroño 940 empiezan las audiencias de la segunda parte de la causa Guerrieri, caratulada como Ariel Porra. Es la que juzgará a mayor número de represores de las que se hicieron hasta ahora en Rosario: los cinco que ya recibieron condenas a prisión perpetua el 15 de abril de 2010, y otros siete, que por primera vez serán juzgado como integrantes del grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121, que respondía al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Los acusados son Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, todos condenados en la primera parte de la causa, como así también Marino González, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera. Los delitos que les imputan son asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.

domingo, 4 de agosto de 2013

Pedido por Roberto Daniel Suárez, desaparecido cuando hacía el servicio militar

Audiencia para reivindicar la memoria

Cecilia Mazzetti, esposa del militante secuestrado en agosto de 1977, quiere una reunión con el ministro Agustín Rossi para lograr "justicia" por su compañero.

 Por Juan Carlos Tizziani  -  Desde Santa Fe

Cecilia Mazzetti confía en lograr una audiencia con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para pedirle "que se haga justicia" por la desaparición de su esposo, Roberto Daniel Suárez, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé, en 1977. Los dos militaban en la Juventud Peronista. Cecilia fue secuestrada a los 17 años, en 1976, embarazada de Sebastián, que nació en cautiverio. Daniel desapareció unos meses después, el 1º de agosto de 1977, cuando uno de sus jefes lo mandó a entregar un paquete a la casa de otro oficial de la unidad militar, en Guadalupe. Nunca más se supo de él. "A 36 años de la desaparición de Daniel, aún espero que el Ministerio de Defensa, ahora a cargo no de un militar sino de un político de la democracia, me llame, y disponga de todo lo necesario para que se haga justicia", dijo Cecilia en una carta que difundió esta semana.

Suárez es uno de los tres conscriptos desaparecidos en Santa Fe, en 1977. Los otros dos son Edgardo Luis Ferreira, a quien le dieron la baja en el Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario y lo siguieron hasta su casa en Santa Fe, el 4 de enero de 1977 y Francisco Domingo Lera, que desapareció nueve días más tarde, el 13 de enero, en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA), en Guadalupe.

"Daniel tenía tan solo 22 años" y era "militante de la JP" cuando desapareció en el servicio militar. "Estaba bajo la responsabilidad del Ejército Argentino", escribió Cecilia en la carta que publicó el diario digital Redacción Santa Fe ("Sin novedad en el frente"). "Soy su viuda, querellante en la causa, tenemos nombres, datos, pero no hay testigos. Aunque hay un responsable, éste nunca se asumió como tal", agregó.

"En aquel tiempo de dictadura, el Ejército se limitó con gran impunidad y descaro a manifestarnos que para ellos Daniel era un desertor. Y era tal la impunidad, que ni siquiera se tomaron la molestia de hacer la papelería de rigor en caso de deserción".

"Ya en democracia, se consiguieron pocas cosas, casi nada. Una es que ya no figura como desertor. Ahora, es reconocido como víctima de desaparición forzada, algo de lo que yo nunca he dudado", insistió.

Cecilia dijo que uno de los ex jefes de su marido en el Ejército, Alberto Julio Candioti "tiene alguna responsabilidad en la desaparición de Daniel", pero el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, que "entiende en la causa considera que no hay pruebas suficientes para indagarlo". Candiotti, ex teniente coronel y abogado, estaba prófugo en Montevideo, donde fue capturado por Interpol en marzo de este año por delitos de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones de San Justo, Buenos Aires, que formó parte del circuito Camps, cuando era capitán del Ejército. En 1978 y 1979 fue asignado al Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata y en democracia se recicló en el fútbol, como vicepresidente y tesorero del club Colón de Santa Fe y asesor del presidente de la AFA, Julio Grondona.

"Situaciones similares se repiten, a lo largo y ancho del país, con otras familias de colimbas desaparecidos", afirmó Mazzetti. "Todos esperamos aún saber cuál fue el destino final de nuestros seres queridos. La investigación no debería ser muy complicada dado que cada conscripto estaba en un grupo que tenía un superior inmediato, quien a su vez tenía un superior y así sucesivamente siguiendo la línea de mandos de la institución, todos con nombres y apellidos".

"¿Será que los muertos que tiene el Ejército dentro de su placard son pocos? ¿No tienen peso político? Es sólo una pregunta. Una pregunta que para mí sí tiene respuesta y que es una verdad de Perogrullo: aunque sea por un solo crimen, se debe buscar al responsable para juzgarlo y condenarlo. Para cada uno de nosotros ese ser querido, al que le robaron la vida y los sueños, es lo más importante, nunca equiparable a ninguna especulación política".

"Comprendo que el presente de estas instituciones no es sencillo, pero lo será menos, si no se esclarecen los hechos del pasado, algo que también debería ser una perogrullada pero obviamente no lo es. Tal vez para muchos, lo manifestado no sea políticamente correcto, expresión muy de moda y poco feliz para mí, porque considero que habla de enjuagues e intereses que están muy lejos de mi fe en la verdadera política y la ética, algo por lo que tanto hemos luchado y por lo que tantos dieron su vida, uno de ellos mi esposo y compañero, a quien recuerdo cada día con inmenso amor. Roberto Daniel Suárez: ¡presente! ¡Ahora y siempre!", concluyó Cecilia.