Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

jueves, 27 de diciembre de 2012

"La justicia llega tarde pero repara"

El fallo incluyó el robo agravado de bienes y la sustracción, retención y ocultamiento de los niños Fernando Alvira, Víctor y Martín Almada. El Tribunal también ordenó que se investiguen las responsabilidades de otros uniformados en los hechos.

 Por Sonia Tessa

María Eugenia y Fernando Amestoy tendrían hoy 39 y 41 años. Los asesinaron cuando tenían tres y cinco, el 19 de noviembre de 1976, junto a sus padres, en San Nicolás. Sus miradas infantiles en la foto apoyada en el blíndex de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario se proyectaron sobre las cabezas del ex jefe del Area Militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, del ex militar Federico Bossie y del ex policía Federal Jorge Muñoz, condenados ayer a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. Las víctimas fueron el estandarte que los familiares sostuvieron durante la lectura de una sentencia impecable. El Tribunal también hizo lugar a los pedidos de la fiscalía para que se investiguen las responsabilidades de otros uniformados en los hechos. Bastó que el presidente del TOF, Omar Digerónimo, empezara a leer para que los presentes dejaran salir la catarata de lágrimas contenidas por años. El único sobreviviente de la masacre, Manuel Gonçalves Granada, lloraba sin parar. Sólo llanto se escuchó entre el público hasta el final de la lectura. Ahí sí, estallaron los aplausos y los abrazos. "Ahora descansan en paz" fue la frase más repetida por los familiares.

En el cantero central de Oroño, la gente se abrazaba a lo largo de la calle, alrededor del escenario armado por el Espacio Juicio y Castigo. "No vamos a recuperar lo que nos quitó la dictadura, pero sí vamos a recuperar, en días como hoy, la alegría y la esperanza de tener un día mucho mejor", dijo Manuel desde el escenario. La fiesta siguió toda la tarde. "La justicia a veces llega tarde, pero repara. No las ausencias, pero sí el alma maltrecha", sintetizó Florencia Amestoy, prima de los niños asesinados.

Saint Amant, Bossié y Muñoz fueron condenados por los los cinco homicidios agravados de Omar Amestoy, Ana María "Pochi" Fettolini, sus hijos María Eugenia y Fernando y de Ana María Granada, la mamá de Manuel, que tenía cinco meses y se salvó porque ella lo envolvió en un colchón antes de esconderlo en un placard. Saint Amant recibió sentencia además por las desapariciones de Regina Spotti, María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio y Eduardo Reale. El fallo incluyó el robo agravado de bienes y la sustracción, retención y ocultamiento de los niños Fernando Alvira, Víctor y Martín Almada, de entre 8 meses y dos años. También la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia de José Emilio Mastroberardino. José María Budassi, de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, sobreviviente y testigo de esta causa, consideró que el trabajo pendiente es difundir la dimensión histórica de esta sentencia en su ciudad.

"Es muy importante que el Tribunal haya hecho lugar a todos los pedidos para que continúe la investigación sobre otros posibles imputados en relación a hechos que surgieron en este debate oral y público", indicó el fiscal coadyuvante Juan Murray, que trabajó junto a la fiscal Adriana Saccone llevaron adelante el juicio oral. Ayer recibieron aplausos por su "convicción y seriedad".

Como la fiscalía había pedido, el Tribunal integrado por Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe remitió a la fiscalía federal de San Nicolás copia del expediente para determinar si los agentes Farías, Berutti, Gandulfo, Massoni, Cáceres y el subcomisario Ponce participaron de la masacre. También remitieron la declaración de Bossié para que se investigue la participación del oficial del Ejército, Salice, en ese operativo. Los magistrados también decidieron que se investigue al ex comisario Acosta por falso testimonio, ya que negó haber firmado un acta, pero luego se comprobó que sí lo había hecho. También será investigado el testigo Claudio Pereira, quien negó que los gases lacrimógenos hubieran causado la muerte de los niños.

La sentencia no tuvo desperdicio: el audio de la declaración de María Inés Alvuerne, vecina de Baronio y Reale, se utilizará para investigar la participación del agente del Ejército Luis Héctor Ponzi en el secuestro. Más causas se abrirán: el supuesto suicidio de Lagrutta, días después del secuestro de Baronio y Reale, fue desmentido por el testigo Carlos Fernández. El tribunal también remitió la testimonial de Marta Trepat de Giménez sobre los tormentos a los que fueron sometidos junto a su marido, Alfredo Giménez, en 1976, para ser incriminados por lo ocurrido en la masacre, ya que habían sido garantes del contrato de alquiler de la casa atacada.

Los magistrados revocaron las excarcelaciones de los represores, pero mantuvieron la prisión domiciliaria en sus domicilios reales (todos en Buenos Aires) hasta que la condena esté firme. Entonces, "y acorde a su estado de salud", deberán cumplirla en un instituto penitenciario.

Entre los presentes ayer, el diputado nacional del Frente para la Victoria Horacio Pietragalla resaltaba por su altura. Otra nieta recuperada, Victoria Montenegro, llegó hasta Rosario. En la primera fila de la sala de audiencias, las Madres de Plaza de Mayo Chiche Massa y Herminia Severini, junto a Celina Keka Koffman, de Santa Fe, escucharon la lectura. Gastón Gonçalves, el bajista de Los Pericos, acompañó a su hermano Manuel. "La sentencia fue la ideal, que esperamos en realidad en todos los juicios de este tipo", dijo Gastón.

Sentada en la primera fila del público estuvo Adriana Alvira. Su testimonio en el juicio fue demoledor. Después de la sentencia, sobre el escenario, recordó a su padre, Vicente Marcial Alvira. "Es una emoción enorme haber llegado a este día así, acompañados en esta lucha", dijo Adrianag. "Esto debió suceder mucho tiempo antes. Mis padres también debieron llegar a este día", dijo. Adriana, como todos, les agradeció a los querellantes Ana Oberlin, Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez por el trabajo realizado.

"Esperábamos esto porque sabíamos que había mucha prueba, pero igual siempre surgen una serie de temores, y de expectativas previas que, bueno, la verdad que se vieron mucho más que satisfechas. Llegar a este día y tener este resultado es maravilloso y vale la pena", dijo Oberlin, entre saludos.

La causa que terminó ayer se inició en octubre de 2004. Entonces, Manuel Gonçalves aún no había podido cambiar su nombre impuesto de Claudio Novoa, con el que creció hasta los 19 años. Aquel bebé que fue dado en adopción irregularmente por el juez Juan Carlos Marchetti ayer tuvo su segundo día de justicia. En abril del año pasado, los responsables de la desaparición de su padre, Gastón Gonçalves, fueron condenados. Ayer, le tocó a algunos de los asesinos de su mamá. Había pedido tres deseos antes de la sentencia. "Todos creímos en Papá Noel este año", dijo ayer, para contar: "Esperamos mucho tiempo para que llegue un día como éste. Lo mejor que supimos hacer en todos estos años fue la lucha colectiva, este triunfo es de todos". El abrazo de su hija, Martina, de 11 años, los dos emocionadísimos, fue el corolario de tantos años de búsqueda para terminar con la impunidad
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Prisión perpetua a los imputados por crímenes de lesa humanidad en San Nicolás

Los tres imputados fueron condenados a prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común. El tribunal pidió además que se investigue a otras personas como presuntos partícipes de los crímenes ventilados en el proceso oral.

 El tribunal condenó este mediodía a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los ex coroneles retirados Fernando Manuel Saint Amant y Antonio Federico Bossie -jefe y número dos del Área Militar 2012 con asiento en San Nicolás durante el Terrorismo de Estado- y aplicó la misma pena al entonces jefe de la Policía Federal de esa ciudad, Jorge Muñoz, por la causa conocida como la masacre de Juan B. Justo.

En el juicio se ventilaron los pormenores de un operativo realizado en la madrugada del 19 de noviembre de 1976 en una vivienda de calle Juan B. Justo al 600 de San Nicolás por el Ejército y la policía, en el que fueron asesinados el matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini y sus hijos María Eugenia y Fernando, de tres y cinco años.

También murió en ese episodio represivo Ana María Granada, quien alcanzó a resguardar con un colchón dentro de un placard a su bebé de apenas 5 meses, quien fue adoptado ilegalmente y luego recuperado por Abuelas para recuperar su identidad como Manuel Gonçalvez.

El tribunal también condenó a Saint Amant por la privación ilegítima de la libertad y los homicidios de seis militantes de la JP-Montoneros desaparecidos en los barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa entre abril y mayo de 1977, y por el secuestro de José Emilio Mastroberardino, quien alquiló su vivienda a uno de los matrimonios desaparecidos.

En esa causa se investigaron las desapariciones y muertes de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, Horacio Arístides Martínez, María Cristina Alvira y Raquel Rosa Alvira.

Por último, la sentencia contra el ex jefe militar contempló la sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y el robo agravado por haber sido cometido con armas contra los militantes de la JP-Montoneros.

Tras la lectura de la sentencia, que fue seguida fuera del recinto de los tribunales federales de Rosario por cientos de militantes, Manuel Gonçalvez dijo : "Siento un gran peso menos, la verdad que convivir con los procesos judiciales es muy difícil porque lleva mucho de cada uno de nosotros y la cabeza casi no puede estar en otro lado que no sea en la causa".

"Haber cerrado esto de esta manera nos va a permitir no sólo a nosotros como familiares directos sino a toda la sociedad tener un país mucho mejor y vamos a vivir mucho mejor", añadió.

En esa línea, remarcó que "no significaría nada que estuviéramos sólo nosotros acá, estos juicios son una construcción colectiva y yo no lo tomo como una situación personal ni busco justicia para mi o por mi mamá o por mi papá; la dictadura nos pasó a todos, algunos fuimos afectados directos, otros no, pero todos fuimos afectados de alguna manera".

Por su parte, uno de los abogados querellantes y representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarniello, se mostró "conforme y feliz" con la sentencia.

"Todo lo que solicitamos fue decidido de esa manera e incluso se dictaron las revocaciones de las exenciones de prisión y las excarcelaciones (para los imputados), más allá de que van a seguir en prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme, pero fue un fallo ejemplar declarando todos los delitos como delitos de lesa humanidad".

 Tras conocerse la sentencia, Florencia Amestoy, familiar del matrimonio asesinado en la Masacre de Juan B. Justo, sostuvo que "la justicia no repara las ausencias pero sí cura un poco el alma maltrecha".

"Llegamos a fin de año con mucha justicia en este país, un país más justo, más libre y más seguro porque los genocidas están donde tendrían que haber estado hace más de 30 años: tras las rejas".

Víctor Almada, compañero de la desaparecida Regina Spotti, señaló que las condenas de hoy "son el cimiento de una larga historia, porque hoy sólo había tres acusados y son muchos más".

"No tengo mucha paz pero sí una gran alegría, porque nuestro compromiso con la historia es largo", señaló el hombre que llevaba colgado de su cuello una fotografía de su mujer asesinada por la dictadura.

Y agregó: "Hoy llegamos con rencores pero con justicia".

La lectura de la sentencia del tribunal integrado por los jueces Jorge Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani, fue acompañada por medio millar de militantes de las agrupaciones juveniles La Cámpora, Martín Fierro y JP-Evita, además de por las Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo de Rosario y la agrupación HIJOS.

También acompañaron a las víctimas y los familiares los nietos recuperados Horacio Pietragalla y Victoria Montenegro.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Un día de justicia para San Nicolás

Ayer, en la última audiencia por delitos de lesa humanidad en esa ciudad del norte bonaerense, dos de los tres imputados por los crímenes dijeron sus palabras finales, con chicanas y referencias a las organizaciones ERP y Montoneros.

 Por Sonia Tessa

Las audiencias del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en San Nicolás terminaron ayer con las palabras finales del ex militar Federico Bossié y del ex jefe de la Policía Federal Jorge Muñoz, acusados por la masacre de la calle Juan B. Justo 676, el 19 de noviembre de 1976. El ex jefe del Area 132 del Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, acusado también por seis desapariciones, eligió el silencio. Bossié expuso durante más de una hora datos inconexos sobre operaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, con datos sobre la raigambre de las dos organizaciones en la zona. Ninguna de esas referencias estaba relacionada con hechos debatidos en el proceso que comenzó el 3 de julio pasado. Al dar por finalizado el debate, el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Venegas Echagüe, anunció el veredicto para el jueves 27 de diciembre, a las 12, en Rosario, en Oroño 940.

La causa investiga la masacre en la que Amestoy, Fettolini y Granada murieron como consecuencia de los disparos que efectuaron las fuerzas conjuntas de las policías bonarense y federal, y el Ejército sobre la casa en la que vivían con los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, asfixiados por los gases lacrimógenos arrojados. Sólo se salvó Manuel Gonçalves Granada, arropado por su madre (Granada) en un colchón, adentro de un placard. Manuel fue llevado al hospital San Felipe, donde lo tuvieron cuatro meses solo en una habitación, con custodia policial. Nadie buscó a su familia biológica y fue dado en adopción de manera irregular. Recuperó su identidad en 1995. Es querellante en esta causa.

Saint Amant está imputado en la masacre, y también por la desaparición de Regina Spotti, Eduardo Reale, Beatriz Baronio, Raquel y María Cristina Alvira y Horacio Martínez, entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, en San Nicolás. En la misma causa se juzga la sustracción de los niños Fernando Alvira, Matías y Víctor Almada, todos menores de dos años.

Antes de las palabras finales, la Fiscalía respondió el planteo de nulidad hecho por el abogado defensor Gonzalo Miño, quien había objetado la designación de Juan Murray como fiscal coadyuvante y había considerado que Adriana Saccone debió excusarse de participar en la causa. La fiscal Saccone fue contundente al rechazar los planteos. Más tarde, Miño quiso contestarle y se produjo una situación irrisoria. Venegas Echagüe debió explicarle más de una vez que esa respuesta no formaba parte de las llamadas réplicas y dúplicas, que se producen en un juicio oral cuando las partes deben responder a hechos nuevos. Miño insistía más allá de las advertencias del magistrado, en un diálogo de sordos. En el medio, hubo un corte de luz que obligó a suspender la audiencia un cuarto de hora.

Tras las réplicas y dúplicas entre la acusación y la defensa, llegó el momento de las palabras finales de los imputados. Las de Bossié superaron largamente los 15 minutos estipulados por el Tribunal. Recién al final, y tras una advertencia de Venegas Echagüe, se refirió a los hechos en los que está acusado, para reflotar la teoría del enfrentamiento, y del suicidio de Ana María Fettolini y Omar Amestoy, los militantes asesinados en el baño de la casa de un tiro en la cabeza. A tal punto llegó su cinismo que sugirió que Ana María Granada pudo dispararles a sus dos compañeros. Una versión temeraria, de la cual no existió ningún indicio en el debate. Granada fue acribillada, su cuerpo tenía 14 impactos de armas de fuego.

Mientras se escuchaban los truenos de la tormenta que se hacía fuerte afuera, Bossié incorporó citas del libro Hombres y mujeres del peronismo revolucionario, de Roberto Baschetti, para hablar de Granada. Después, quiso referirse a otro militante, pero no llegó a completar el nombre. La abogada querellante Ana Oberlin lo interrumpió. "Señor presidente, va a hablar de mi padre (René Oberlin), que no corresponde al objeto procesal de la causa y no lo voy a permitir", dijo, enérgica, la profesional. "Va a hablar de mi padre y de mis tíos", insistió. Venegas Echagüe la avaló: "Ha lugar". Bossié atinó a decir: "De sus tíos no iba a decir nada".

Muñoz fue mucho más breve, pero en pocos minutos disparó varias chicanas. "Yo entré en la Policía Federal para ser auxiliar de la Justicia. Si yo hubiera entrado a la organización Montoneros no estaría acá", expresó el ex jefe de la Policía Federal en San Nicolás, uno de los fundadores de la organización Alianza Anticomunista Argentina, ladero del comisario Villar y custodio de Isabel Martínez de Perón. Aunque el sentido de su frase fuera otro, las fotos de las víctimas sostenidas por sus familiares le daban la razón.

Continúa el juicio contra represores en Reconquista

Con el testimonio de cuatro testigos continuará mañana el juicio que sigue el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a dos militares y a cinco policías retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad de Reconquista, dijeron voceros judiciales.

En la que será la penúltima audiencia del año el Tribunal escuchará los testimonios de Eulogio Sellarés, Vital Núñez, Olga Bassi y Miguel Wutrich, en tanto los testimonios que estaban previstos originalmente para hoy serán reprogramados para 2013.

El Tribunal Oral Federal santafesino, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Otmar Paulucci, juzga a siete represores por "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados".

Es el caso del comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos oficiales retirados de la Fuerza Aérea, y los ex policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca.

Pero, además, Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también son acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente, por lo que esta causa tiene la particularidad de ser la primera en la provincia que considera como de lesa humanidad los delitos sexuales.

La maldita impunidad : sigue en libertad Victor Rodríguez, genocida

VIíctor Rodríguez está acusado en la causa por el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi pero permanece en libertad.
Esta vez sí el Chuly puede quedar tras las rejas

El fiscal Murray pidió que se cumpla la detención ordenada, ya que seis camaristas entendieron que la libertad del represor Rodríguez podía llegar a poner en riesgo la investigación.

 Por José Maggi

El represor Víctor Hugo "Chuly" Rodríguez sigue por estos días en libertad, a pesar del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que por unanimidad lo encontró responsable en el caso del secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Es que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que le había dictado una falta de mérito, adujo que como la decisión del tribunal de alzada fue apelada ante Casación, ese recurso suspendía la ejecutoriedad de la medida de coerción personal. Esta semana el fiscal federal Juan Patricio Murray pidió que se cumpla efectivamente la detención ordenada, ya que seis camaristas por unanimidad entendieron que la libertad de Rodríguez podía poner en riesgo la investigación. Rodríguez era el jefe del destacamento de Inteligencia del Ejercito cuando ocurrieron los secuestros en mayo de 1983.

La explicación del artilugio legal al que hechó mano el juez de San Nicolás, es advertido por el propio fiscal en su presentación: el código de procedimientos establece que la prisión preventiva solo puede ser dictada por el Juez de Instrucción, no por la Cámara. Esto último ha sido una construcción de los jueces por vía jurisprudencial. Así el código establece que si se apela la prisión preventiva no se suspende su ejecución. Nada dice si se interpone recurso de casación contra la prisión preventiva por que el legislador no previó que ésta pudiera ser dictada por la Cámara.

En los primeros días de febrero de 2012 Villafuerte Ruzo había dictado el falta de mérito del ex teniente coronel conocido por su difundido Cruce de los Andes a lomo de mula. Pero ese dictamen fue apelado por la abogada Ana Oberlin y el fiscal Murray.

El en la tercera semana de noviembre, la Cámara Federal de Rosario resolvió su procesamiento y detención "basada en la presunción fundada de que Rodríguez intente eludir la acción de al justicia para sustraerse al cumplimiento de una condena y que, en este estadio procesal, debe evitarse el eventual entorpecimiento de la labor instructoria y asegurar el descubrimiento de la verdad" según remarca Murray en su recurso de apelación.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal "nos encontramos frente a un hecho acaecido hace 29 años, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad perpetrado por el aparato organizado del estado terrorista, por lo que la eventual denegación, retardo de justicia o mantenimiento de la impunidad de los hechos puede hacer caer al estado nacional argentino en "responsabilidad internacional" por incumplimiento de las normas de tratados y pactos internacionales y de fallos rectores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia".

En su presentación Murray le advierte a Villafuerte Ruso que "ha fundado la denegatoria de la ejecución del dictado del auto de prisión preventiva sobre el imputado en los precedentes de la Cámara de Circuito en autos "Sfulcini" y "Gazari Barroso". "La lógica de vuestro resolutorio y del superior en los fallos mencionados encierra una trampa: seis jueces de un tribunal de alzada han considerado que en el caso de autos existe peligro de que Rodríguez fugue o que encontrándose en libertad entorpezca las investigaciones".

"La sustancia final del decisorio que se impugna radica en la consideración que el auto de Cámara no se encuentra firme pues contra él se ha interpuesto Recurso de Casación en los términos del articulo 456 y concordantes del código de rito y que, como no existe una especificidad en relación al efecto de tal recurso debe primar la norma genérica del artículo 442 del CPPN en relación al efecto suspensivo de los recursos, salvo expresión en contrario."

"Pero -agrega Murray- lo cierto y real es que ninguna norma del código procesal establece la posibilidad de que el tribunal de alzada dicte una medida de coerción personal las que en nuestro código de rito se encuentra legislada en cabeza de las facultades del juez de instrucción (artículos 283 y 310 del CPPN).

"El no reenvío de la causa a esa instancia inferior luego de la revocación del auto de falta de merito y la facultad de la Cámara de Apelaciones del dictado de auto de procesamiento con prisión preventiva es producto de una creación doctrinaria y pretoriana por lo que el legislador no pudo preveer un caso como el de autos. Asi el artículo 311 del CPPN, había establecido con que contra el auto de procesamiento sea este con prisión o sin prisión preventiva es admisible el Recurso de Apelación sin efecto suspensivo, o lo que es lo mismo, devolutivo. Y ello es así, pues se considera que si existe peligrosidad procesal y necesidad de cautelar en su libertad a una persona y esa peligrosidad ha sido merituada correctamente, la suspensión de la ejecutoriedad de la medida de cautela puede hacer desvanecer la concreción final del derecho.

"Resulta entonces a todas luces irrazonable que por el hecho que el dictado de la medida de coerción personal haya sido dispuesto por un tribunal superior (insisto han fallado por unanimidad seis jueces de Cámara) su resolución quede suspendida con el consiguiente peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación que ellos han merituado".

martes, 11 de diciembre de 2012

Represor con domiciliaria abusa sexualmente de una nena de 9 años

¿Ese hombre está preso?
Por Horacio Verbitsky

Para la justicia federal de Rosario, el abuso sexual a una nena de nueve años no viola el arresto domiciliario impuesto a un coronel del Ejército, con prisión preventiva por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio de 27 personas y por la sustracción de la hija de un matrimonio de detenidos políticos nacida en cautiverio.

El manoseo se produjo en el primer fin de semana largo de octubre en un complejo de cabañas en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, propiedad del represor. Los padres de la criatura abusada reclaman al juez por qué no tomó medidas para que pudieran saber que quien les alquiló alojamiento era un procesado por crímenes de crímenes de lesa humanidad.

Los protagonistas de esta sórdida historia son el coronel José Javier De la Torre y el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien en noviembre de 2011 procesó y dictó la prisión preventiva a De la Torre junto con el ex dictador Jorge Videla y el ex jefe del Ejército en Rosario, Ramón Díaz Bessone. En 1976, De la Torre era capitán y jefe de la sección de comando y servicios del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario.

 Entre las víctimas de ese grupo está la Nieta 103 recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, hija de los detenidos-desaparecidos Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. A pesar de que De la Torre tenía menos de 70 años (nació el 31 de mayo de 1943), Bailaque le concedió el arresto domiciliario para cumplirla, bajo juramento de no quebrantarlo.

De la Torre eligió la quinta La Chacra, en el camino rural Los Cardales, en Capilla del Señor. Es un predio con una casa grande, cuatro dormis para alquilar, canchas de tenis y paddle, pileta de natación, juegos para niños, parrilla y quincho. El fin de semana largo del 6 al 8 de octubre de este año, cuatro matrimonios amigos, que viven en el partido bonaerense de Almirante Brown, alquilaron esas instalaciones por Internet. Los ocho adultos viajaron en compañía de cinco hijos menores.

Uno de los hombres, Daniel Almada, declaró que el último día fue hacia la zona de juegos para ver qué hacían los chicos y descubrió una escena horrible. “La nena estaba frente a la ventana y De la Torre tenía extendidas las manos través de la ventana y le estaba tocando los pechos.” Almada se llevó a la nena, que “se puso a llorar y me dijo que la había tocado y le había mostrado el pito”.

–El viejo de la casa manoseó a tu hija –le explicó a su amigo Luis Alberto Acosta, quien salió disparado hacia la casa principal. El propietario abrió la puerta con una biblia y un rosario en la mano, “la camisa sólo con dos botones abrochados, el cinto abierto y el primer botón del pantalón todo desabrochado”. Acosta lo tomó de la camisa y le gritó:
–Vos manoseaste a mi hija, viejo de mierda.

Como De la Torre negó, Acosta lo llevó hacia fuera, lo sentó debajo de un árbol y pidió a sus amigos que llamaran a la policía. No pudieron comunicarse y Acosta decidió llevarlo él.

–Yo soy un preso político. Tengo arresto domiciliario, de acá no me podés sacar, flaco –dijo De la Torre.
–Qué no te voy a poder llevar –respondió el padre, furioso.
–Estás equivocado, flaco, no me podés sacar de acá, yo maté mucha gente para que ustedes ahora gocen de la libertad que tienen.

Cuando llegó la policía, confirmó que el hombre no podía salir del predio. La denuncia fue presentada por el padre en la comisaría de Campana, que la derivó a la justicia provincial. En Rosario, la Fiscal General Subrogante a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, Mabel Colalongo, solicitó a Bailaque que revocara el arresto domiciliario ya que “continúa desplegando su poder perverso”.

Bailaque rechazó la solicitud aduciendo que “no hay constancias que acrediten que De la Torre incumplió las disposiciones inherentes al régimen de detención domiciliaria”.

Consultado para esta nota, el padre de la nena dijo que “nadie me dio la oportunidad de decidir, en el momento de alquilar, si quería compartir con mi familia un lugar habitado por un tipo acusado por delitos de lesa humanidad. Esa falta de alternativas, por desinformación, permitió que hoy mi familia sea otra víctima de la impunidad”.

 La madre de la nena, Silvia Noemí Pérez, agregó que “la cachetada recibida por mi pequeña hija me hizo salir de la burbuja en la que vivía. Recorreré todos los caminos que sean necesarios para que este hombre no pueda seguir con su carrera delictiva.

Nuestra hija nos pregunta: ‘¿Ese hombre está preso’?”
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domingo, 2 de diciembre de 2012

Indagaciones e imputaciones a 12 miembros de la patota de Feced

Más responsables irán al banquillo de los acusados

A pedido del fiscal Gonzalo Stara, el magistrado federal indagó a otros integrantes del grupo de tareas que operaba en el Servicio de Informaciones, entre ellos a Caramelo Altamirano y Ramón Ibarra. Esta semana declaran Videla, Lofiego y Scortechini.

 Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque --a pedido del fiscal Gonzalo Stara--tomó esta semana declaración indgatoria a 12 represores miembros de la Patota de Feced, a quienes imputó por delitos de lesa humanidad, ocurridos en el centro clandestino del Servicio de Informaciones que funcionaba en Dorrego y San Lorenzo. A la indagatoria prestada por el ex capellán Eugeno Zitelli --que Rosario/12 dió a conocer esta misma semana-- se sumó la de Ernesto Vallejo, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Mario "el Cura" Marcote, Carlos "Caramelo" Altamirano, Diego Portillo, Ricardo Enrique Corrales, Ramón Vergara, Ramon Telmo Alcides Ibarra, Daniel González, Julio César "Ronco" Nast y Marcelo "el Vasco" Olazagoitía. Se imputaron hechos de privación legítima de la libertad agravada mediando violencia y amenazas, y en algunos casos la comisión del delito de tormentos agravados y el delito de homicidio.

También se dictaron dos resoluciones: el procesamiento de Héctor Gianola y el sobreseimiento de Nilda Folch, alias la Polaca, quien fuera pareja del también exculpado Ricardo Chomicki, ambos ex detenidos que pasaron por el SI y que tuvieron roles de colaboradores más que activos con sus captores (ver aparte).

La docena de indagatorias concretadas esta misma semana se cimentan en la serie de testimonales brindadas en el juicio a Díaz Bessone y la gran cantidad de sobrevivientes que declararon en los dos últimos años en la causa aún en instrucción. Por eso, el fiscal Stara solicitó al juez Bailaque la realización de nuevas imputaciones. Como respuesta a esos pedidos, el magistrado ordenó una serie de declaraciones indagatorias que se fueron celebrando a lo largo de la semana.

Las imputaciones

*El caso de Daniel Gorosito, por cuyos delitos se imputó a Vallejo y Portillo.

*Por el caso de los integrantes de la comisión directiva de la biblioteca popular Constancio Vigil se imputó a Ibarra, Marcote y Corrales.

*Los casos de la Masacre de Los Surgentes fueron imputados como un único hecho a Vallejo, Ibarra, Vergara e Ibarra, Fermoselle y Marcote, luego de años de imputarse por separado, impidiendo la reconstrucción histórica de los delitos de los que resultaran víctimas José Oyarzábal, Sergio Jalil, Daniel Barjacoba, María Cristina Márquez, Cristina Costanzo Ana Lía Murgiondo y Daniel Laus.

*También se imputó por los tormentos de Adriana Beade a Portillo.

*Por los homicidios de Analía y Mario Urquizu (dos jóvenes pampeanos militantes de Montoneros asesinados en enero de 1977) y Daniel Roche se imputó a Vergara, Vallejo, Corrales y Altamirano.

*Por Osvaldo Vermeullen a Vallejo, Nast y González.

*Por María Sol Pérez Losada de Ameri a Dougour, Portillo, Marcote, Altamirano y Daniel González.

*Por la Masacre de Ibarlucea, como se conoce al fraguado intento de copamiento de la comisaría de ibarlucea se imputó a Corrales. En este caso se masacró entre otros a Nora Larrosa, Daniel Mellili y Rodolfo Segarra, procedimiento llevado adelante por el propio Agustín Feced.

Un cacerolero ronco

En relación a la conducta adoptada por los represores al momento de ser indagados, nadie contestó preguntas, pero en el caso de Julio Cesar "Ronco" Nast realizó algunas manifestaciones citando al co-imputado Calos Ulpiano Altamirano. Dijo que "el fiscal Stara comete persecución religiosa en perjuicio de Zitelli". Manifestó también que el fiscal fue designado en su función por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi, perteneciente a la organización terrorista montoneros, por lo cual no iba a declarar.

No conforme con esto, Nast señaló que "los días 13 de setiembre y 8 de noviembre 4 millones de personas salieron a la calle tañendo cacerolas e hicieron reverberar a lo largo y ancho del país la palabra libertad. Multitudes nunca antes vistas decidieron abnegar (sic) al silencio, la complicidad a la corrupción gubernamental".

Por si fuera poco, el represor acompañó "para colaborar con la averiguación de la verdad histórica" dos notas de El Informador Público, un medio ligado a servicios de inteligencia. En una, luce una nota titulada "Zafaroni involucrado en delitos de lesa humanidad" y en la otra, de fecha 12 de septiembre de 1974, "La juventud sindical se abocará a la identificación y captura de montoneros".

A su turno, Mario "el Cura" Marcote se autodeclaró "preso político" y dijo que no estaban dadas las condiciones para juzgarlo, al tiempo que aclaró que por sus creencias religiosas lo siguen llamando "El Cura".

Por su parte, Daniel "el Lagarto" González negó las imputaciones y manifestó: "No tuve nada que ver, con los detenidos tuve siempre buen trato".

Indagatorias no finalizadas

Algunas de las declaraciones aún deben realizarse. La declaración de Corrales, debido a la gran cantidad de prueba colectada en su contra continuará el próximo 10 de diciembre.

En tanto, las declaraciones de José Rubén Lofiego y Jorge Rafael Videla se tomarán el próximo martes en el Penal de Marcos Paz, donde se constituirán el juez Bailaque y el fiscal Stara.

En el caso de Scortechini, la declaración se suspendió porque el imputado adujo "razones de salud" que le impidieron presentarse en el tribunal por el momento. La misma fue reprogramada para los próximos días. En este último caso, la fiscalía acompañó un dictamen del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones que da cuenta de que el imputado se encuentra en condiciones de viajar a la ciudad de Buenos Aires, por tanto, el traslado al penal de Marcos Paz, sería inminente.