Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

martes, 22 de noviembre de 2011

Presentación de organismos.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS Rosario,  la LADH, APDH Rosario y UMANO de Casilda, presentarán ante el Juzgado Federal Nº 4 un pliego de preguntas en base a las cuales deberá deponer el párroco de la catedral rosarina, Héctor Giménez, a partir de los dichos que vertiera el viernes próximo pasado en relación al ex capellán de la policía de la dictadura, Eugenio Zitelli, imputado por la justicia federal por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El párroco afirmó que Zitelli  era injuriado por las acusaciones que sobre él pesan y que era totalmente ajeno a los hechos.
Ante la solicitud de que sea citado a prestar declaración interpuesta por la fiscalía, los organismos nos presentamos a fin de proponer algunas preguntas al juez, dado que el propio Giménez fue mencionado en un testimonio brindado en la causa Guerrieri / Amelong.
Asimismo, los organismos firmantes presentaremos una solicitud al arzobispado rosarino a fines de que tengan la posibilidad de explicar si la posición esgrimida por Giménez obedece a una decisión oficial de la iglesia o si fue hecha a título personal, a pesar de haber utilizado para ello el púlpito de la catedral de la ciudad.
La presentación judicial tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre a las 9,30 en Oroño 940.
Cabe destacar que el escrito cuenta con el apoyo de la Sra Gladys Bracachini, madre de Eduardo Bracachini, por cuyo homicidio está siendo investigado Zitelli. 
Los organismos queremos desmentir la versión difundida por Giménez: Eugenio Zitelli no es víctima de injurias, fue citado luego de que numerosos testimonios lo involucraran directamente con la represión ilegal.

A diferencia de los dichos de Giménez, no “lo tiene la iglesia”, se encuentra detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Quitan al cura Gieménez por defender a Zitelli

Apoyo a un cura de pasado complicado

Fue durante una misa. Las palabras del padre Giménez:  ahora un fiscal quiere que declare en la causa Feced.

 Por José Maggi

El fiscal federal Gonzalo Stara pidió ayer que se cite a declarar al párroco de la Catedral de Rosario, Raúl Giménez, por las afirmaciones que hizo durante la misa del pasado viernes, en la que defendió la inocencia del sacerdote Eugenio Zitelli, quien se desempeñaba como capellán de la policía durante la dictadura militar. Las afirmaciones de Giménez fueron publicadas en la edición del domingo de Rosario/12 , basadas en una testigo directa: la periodista Susana Pozzi quien estaba en la iglesia madre de Buenos Aires y Córdoba durante la primera misa del día que tiene lugar entre las 8 y las 9 de la mañana. Stara elevó la demanda al titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que entiende en la causa que se sigue por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone (ex Feced) y ordenó la detención de Zitelli, quien hasta hace solo unos meses estaba a cargo de la iglesia San Pedro de la vecina localidad de Casilda

"En el día de hoy, conforme con lo que habría manifestado Giménez, hemos solicitado al juez Bailaque que lo reciba antes posible para que de declaración testimonial para que de razón de los dichos que habría efectuado", señaló el fiscal Stara al programa "Trascendental" de LT8.

"En principio, aparentemente Giménez tendría algún tipo de información acerca de los hechos, acerca de Zitelli, acerca de los hechos por los que está citado Zitelli, y sobre su ajenidad en los hechos por lo que fue ordenada su detención", añadió el fiscal federal de la causa Díaz Bessone.

"Hemos pedido que se lo cite a declarar fundamentalmente para que de razón de sus dichos, no sólo sobre los hechos que se le imputan a Zitelli sino también sobre su participación en los mismos", ratificó el funcionario judicial, en relación con el pedido que presentó al juez Bailaque esta mañana.

Según el testimonio de Pozzi, "en el momento en que se piden las intenciones, un momento cúlmine de la celebración religiosa pues se consagran la sangre y el cuerpo de Cristo, el párroco de la Catedral Raúl Giménez pidió realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando. También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia. Hablé con él y le dije que pediríamos por su alma. Se puso muy contento cuando se lo comuniqué. Pidamos por él". De esta forma el párroco cerró la petición el viernes a la mañana, sin nombrarlo, pero dejando absolutamente claro que se trataba de ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli.

Conocidas las declaraciones el grupo UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido) de Casilda calificó de "inadmisibles las expresiones que tuviera Giménez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura".

domingo, 20 de noviembre de 2011

Consternados, rabiosos….no claudicamos

Por Norma Ríos –Pta. APDH Rosario

Algunos hechos producidos en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar están siendo reconocidos por la justicia federal a través de algunas medidas de los últimos días. Junto al breve racconto, contaremos también algo de lo que hicimos y pasamos en estos años de cómplice ceguera política y judicial.

1)  “La justicia federal de Rosario procesó a diez miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y la sustracción de una menor, ocurridos en agosto de 1976….. el juez Marcelo Bailaque procesa a una decena de jefes militares, entre ellos el general Videla y Ramón Genaro Díaz Bessone”. También.. “Dispuso el procesamiento y la prisión preventiva  de:

* Julio Ezequiel Franciulli. Era coronel, y jefe del departamento Personal e integrante del Estado Mayor del Segundo Cuerpo a cuyo cargo se encontraba el control operacional de la zona Dos.

* Eitel Aramis Ferreira, era coronel, jefe del departamento de Logística, del estado mayor del Segundo Cuerpo de Ejército a cuyo cargo se encontraba la zona operacional 2

* José Javier De La Torre, era capitán, y jefe de la sección Comando y Servicio del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército.

* Los expertos en inteligencia militar Alfredo Sotera y Jorge Alberto Fariña, además de Heriberto Lavallén, Marino Héctor Gonzalez, Jorge Alfredo López, y los policías federales Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

De igual modo Bailaque dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados Horacio Guillermo Canestro, el otrora capitán Edgardo Antonio Faur, Roberto Óscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.
Los jefes militares pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT), del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el estado mayor del Segundo Cuerpo. El COT diseñaba las operaciones posibles, se las proponía al comandante y este era el que decidía cuál se ponía en marcha.”  ( Inf. Rosario 12.)

Imperdonable y vergonzosa falta de mérito de 5 imputados. Todos los datos no sólo constaban en las contínuas denuncias sino que estaban en los archivos escondidos en la gobernación de Santa Fe durante años y que nos impidieran ver sistemáticamente, pese a todos los reclamos legales, denuncias públicas, etc.

2) Edgardo Gato Andrada citado a indagatoria (pedida hace 6 años) por su participación como miembro de las patotas asesinas, en relación al secuestro y asesinato de Pereyra Rossi, Cambiaso, y tantos que no sabemos, robo de bienes, torturas, etc. Se presentó , no habló y quedó libre. Cuando allanaron su casa encontraron “un arsenal de armas de guerra”… hay dudas de quienes somos hoy los únicos blancos móviles?  Silvia Suppo y Julio López pagaron con su vida y la desaparición esta verdad. “El Gato” había sido denunciado en 1984 en conferencia de prensa de APDH y Familiares, escrachado por la UADH, denunciado por HIJOS, denunciado en un medio de TV abierta de Rosario por APDH, pero también protegido por el intendente González (cobró sueldo 16 años en Villa G. Gálvez y se preparaba feliz y comentándolo, para ser funcionario allí el 10 de diciembre), por los directivos de Rosario Central, y por todos los políticos y empresarios que seguro agradecen su silencio.

3) Ordenan la indagatoria ý detención de :

Díaz Bessone .Es uno de los que está siendo juzgado hace dos años sin presentarse a la Sala de Audiencia. Reivindicó todo lo actuado y lo volvería a hacer. Se hizo el enfermo para estar en el Hospital Miltiar de Buenos Aires, pese a los esfuerzos de los fiscales y abogados de DDHH para impedirlo – Verá el juicio “desde una salita del Hospital Militar en vivo  en Bs.As.” .Aunque es trágico, suena a broma de mal gusto.

No alcanzaría un libro sólo para detallar las denuncias y acciones para meterlo preso. Seguramente esperan que muera de viejo, como Galtieri y tantos otros, con la impunidad asegurada.

Lo Fiego, Marcote, Scortechini y Vergara: los 4 están siendo juzgados junto a Bessone y el civil Chomiki . Chomiki sigue libre. Presentaciones de todos y todas a todos los estamentos habidos y por haber, juntada de firmas, no dejamos pasar un día sin denunciarlos. Igual pasaron todo el juicio libres. Los cruzábamos en las calles del centro, en ciudades aledañas, en los bares que frecuentamos. LoFiego y Marcote fueron denunciados en APDH desde el año 1979, los escrachamos en el 1998, los hicimos echar de varios espacios, incluídos trabajos. 32 años de espera para verlos sentados como acusados por un Tribunal.
 
Sotera,Altamirano, Nast, Ibarra, Olazagoitía, Portillo, Vallejo y Dogour, todos integrantes de la patota del servicio de informaciones, la Patota de Feced. Ibarra, escrachado en 1998, fue ASESOR PEDAGOGICO en la Intervención de la Biblioteca Vigil (otra broma pesada de la historia no oficial)

a Ricardo Corrales, el siniestro secretario de Feced. Ya está fugado, o al menos no lo encuentran. A lo mejor, si buscan bien, para cuando esto esté publicado lo hallaron…….” “ fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone” (Rosario 12 18-11-2011)

A Eugenio “El gringo” Zitelli, capellán de la polícía de Feced, emblema de la complicidad de la iglesia con la dictadura genocida. La última denuncia en Tribunales federales hecha por familiares, LADH y APDH y tomada por el Fiscal Stara, llevó a esta medida. Se presentó, no declaró y tiene “prisión domiciliaria”, es decir, en la práctica, está bien tapadito por sus amigotes en un “retiro espiritual” en Zavalla.
(en una próxima entrega no detendremos en detalle en la historia de este siniestro individuo que siguen defendiendo las cúpulas eclesiales)

Es imprescindible registrar los nombres de todos ellos y tantos más, porque son parte de nuestra vida cotidiana. Podemos encontrarlos de policías, vigiladores privados, empleados de la municipalidad o la provincia o la nación, atendiéndote en un banco , dirigiendo empresas, de profesor universitario, directores de escuelas o institutos educacionales, al frente de una parroquia, asesor de políticos,  diputado o senador, etc., etc. Debemos saber que JAMAS SE ARREPINTIERON DE SUS CRIMENES Y AUN SE JACTAN DE HABERLOS COMETIDO.

 Resta decir que como queda claro, sólo la inclaudicable tozudez y firmeza de sectores del campo popular, logra avances , lentos e incompletos, pero que impiden que los genocidas y sus cómplices estén tan tranquilos como estaban . Los juicios a lo largo y ancho del país, han logrado abrir la Caja de Pandora, y todas las verdades que durante años formaban parte del discurso y la acción cotidiana contra la impunidad, se han ratificado plenamente.

NO ES POCA COSA, EN VISTAS A ROMPER CON UNA HISTORIA OFICIAL QUE TRABAJO LA SUBJETIVIDAD COLECTIVA DURANTE DEMASIADOS AÑOS.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
Rosario, noviembre de 2011

Unidos por la memoria y ante el olvido

COMUNICADO DE PRENSA

Resultan inadmisibles las expresiones que tuviera el viernes 18 por la mañana, el párroco de la Catedral de Rosario Raúl Gímenez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura.

El mencionado sacerdote sostuvo "Voy a realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió. Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando.”
 
La Falacia dicha a sabiendas es igual a Mentir. Por otra parte, morigerar la instancia de la Detención del capellán diciendo o queriendo instalar la idea de que Zitelli no está preso: “También es mentira que esté detenido, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia” (sic), refuerza la mentira. Cabe destacar que el Reo por tener 79 años puede apelar a ese derecho (derecho que ninguna de las víctimas del Servicio de Informaciones tuvo); no obstante y dada la apreciación que el sacerdote Raúl Gímenez tiene al respecto, es imprescindible saber qué opinan el Juez Marcelo Bailaque y los Fiscales Federales Stara y Gambacorta.
 
Desde U.M.AN.O repudiamos enérgicamente, los dichos del sacerdote Raúl Gímenez publicados por el diario Rosario/12 del domingo 20 de noviembre y al mismo tiempo nos preguntamos, si en sus expresiones se ve reflejada la opinión de la jerarquía eclesiástica de Rosario.Ver más
De: Umano de Casilda

viernes, 18 de noviembre de 2011

Se abstuvo de declarar ante Bailaque. El ex secretario de Feced está poófugo

El cura Zitelli se llamó a silencio

El ex capellán de la Policía eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas. Zitelli presentará un escrito a través de su abogado. En tanto Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia.

 Por José Maggi

El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura, Eugenio Zitelli, se negó ayer a declarar frente al juez federal Marcelo Bailaque quien lo había citado para tomarle declaración indagatoria por una serie de delitos de lesa humanidad. En tanto ayer se le notificó al fiscal federal Gonzalo Stara que Ricardo Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone.

El sacerdote Zitelli se presentó ayer a las 11 en los tribunales de Oroño al 800 y al someterse al cuestionario del magistrado eligió el derecho de abstenerse a declarar, puesto que presentará un escrito por medio de su representante legal. El fiscal Stara, quien había solicitado su comparencia, explicó que "se le atribuyeron una serie de hechos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, formar parte de una asociación ilícita más conocida como la Patota de Feced y un homicidio", tras lo cual el párroco "realizó una breve manifestación y eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas".

Según el fiscal que investiga la causa Feced, el asesinato que se le atribuye a Zitelli es el de Eduardo Bracaccini, un casildense secuestrado y torturado durante la última dictadura, cuya acta de defunción figura "muerte por enfermedad cuando en la misma dictadura sostuvieron que cayó en un enfrentamiento en Alvear, mecánica que utilizaba la dictadura para fraguar asesinatos", precisó Stara.

Hasta hace solo unas semanas atrás el sacerdote se desempeñaba en la iglesia San Pedro de la ciudad de Casilda, y de 1964 a 1983 ofició como capellán en la sede de la Unidad Regional II de policía de Rosario.

Zitelli había sido visto en numerosas oportunidades en el Servicio de Informaciones, ubicado en la intersección de Dorrego y San Lorenzo del edificio de la jefatura, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

El cura fue denunciado por ex detenidos de haber estado presente en sesiones de tortura y entrevistas que se efectuaban en el Servicio de Informaciones y sería el primero que está involucrado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos del terrorismo de Estado en jurisdicción del Comando del II Cuerpo.

A su vez, organismos de derechos humanos, concejales, diputados y representantes gremiales de Casilda, junto a víctimas de la última dictadura militar, habían solicitado en varias oportunidades que se investigue el accionar del actual cura párroco.

Zitelli es considerado como una pieza importante para descubrir el funcionamiento y sostén de los mecanismos ilegales de represión que se desarrollaron a partir de 1976 en la región.

Con respecto al otro protagonista de la jornada, Corrales, ayer el fiscal federal repitió que "de su legajo personal, se desprende que con anterioridad a ejercer la jefatura de la secretaría privada, se desempeñó en la División Investigaciones, tanto en el servicio de calle, como en Leyes Especiales". Por tanto, al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual, según la declaración del propio Feced, el Comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, ordenó el comienzo de las operaciones contra la subversión en Rosario, Corrales no sólo ocupaba la jefatura de la secretaría privada, sino que contaba con amplia experiencia sobre todo lo concerniente al tema de "inteligencia".

El 28 de junio pasado y a pedido de la defensa de la Patota de Feced, Corrales hizo una declaración sobre su rol "burocrático" en la Policía, contra la posición del fiscal Gonzalo Stara quien sostuvo que Corrales había participado "en la perpetración de los delitos cometidos en el marco de un plan criminal". Stara le había pedido entonces a Bailaque que ordenara la indagatoria de Corrales, por más de un centenar de secuestros y tormentos, y más de una veintena de homicidios ocurridos en el ámbito del Servicio de Informaciones, por entender que integraba el grupo de tareas conformado y comandado por Feced. Ahora está prófugo.

martes, 15 de noviembre de 2011

Díaz Bessone verá el juicio desde el hospital militar

Nada impide que lo juzguen

La defensa había pedido la suspensión del proceso, pero el Tribunal decidió que se continúe con los alegatos de las partes.

 Por José Maggi

El Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió ayer que continúe con el juicio al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y que éste siga las alternativas desde el Hospital Militar de Buenos Aires, donde está internado después de aducir haber sufrido un accidente cerebro vascular. Los miembros del TOF lo resolvieron después de escuchar las conclusiones de la junta médica que diagnosticó que el ex militar está en condiciones psíquicas de entender lo que pasa en las audiencias pero no tiene la aptitud física para estar presente en las mismas.

Antes de comenzar la audiencia la defensa de Díaz Bessone solicitó que el juicio se suspenda respecto de su defendido. Para tomar una resolución, el TOF 2 ordenó la lectura del informe oficial de la pericia realizada el 7 de noviembre pasado en el hospital militar de Buenos Aires que se dividió en psicológica y neurológica. Las conclusiones de la primera fueron que "el imputado se encuentra desde el punto de vista psíquico en condiciones de estar en juicio, firmado por el perito oficial y los peritos de parte".

En tanto la evaluación neurológica arrojó como conclusión que sobre las condiciones psico﷓físicas: se deben efectuar exámenes complementarios. "Se considera que en el momento actual no está en condiciones para estar en juicio", señaló esta evaluación.

Cabe indicar que, los peritos de la querella manifestaron en su informe ampliatorio que, "no se han realizado los estudios complementarios en su totalidad que permitan una definición a sus posibilidades de presenciar las audiencias, a la brevedad deben requerirse desde el tribunal, en la medida en que se vayan realizando, los estudios pendientes y que en el plazo de 15 días se reevalúe neurológicamente al imputado en relación a sus posibilidades físicas de estar presentes en las audiencias"

Es así que, la fiscalía sostuvo que "no corresponde suspender el debate. Desde el punto de vista psíquico esta en condiciones de estar en juicio. Entendemos que en este tramo, el de los alegatos, netamente técnico, no resulta necesaria la presencia de los imputados, por lo que puede seguir estando en juicio. El propio imputado ha optado permanecer afuera, con lo cual esto meritaría el rechazo de lo planteado", dijeron desde la fiscalía federal.

La querella de Ladh y Familiares adhirió al planteo del fiscal. "Se habla de exámenes que pueden desarrollarse en forma ambulatoria y el mismo se encuentra en condiciones de escuchar por Internet, además debemos estar al plazo de 15 días propuesto por la pericia propuesta por esta parte", dijo la abogada Gabriela Durruty.

En ese sentido, "los peritos de la querella de la Liga y Familiares (Oscar Pellegrini, Gisela Felibert y Juan Ostre) acompañaron una ampliación de pericia para que en el término de 15 días se realice una nueva evaluación luego de realizar una serie de análisis", agregó la abogada.

Por su parte, la querella de la secretaría de Derechos Humanos y de Hijos adhirió a las respuestas de las acusaciones. En consecuencia el TOF 2 resolvió "no hacer lugar al planteo del defensor del imputado". El juicio continuará el lunes 21 a las 9.30.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Hoy es Olivera, mañana puede ser cualquiera de nosotros/as.

Carlos Olivera
Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario

Adjuntamos el documento en dos formatos (para imprimir y para distribuir por la web)
Nota del compañero Olivera y nota sobre Gerardo martínez

6 de Octubre de 2011
Unidad 45, Melchor Romero

Compañeras de la Comisión Antirrepresiva y por los DD.HH. de Rosario:

El 15 de diciembre de 2009 me dirigí a una obra de Lomas para hacer una asamblea donde íbamos a reclamar una cantidad grande de reclamos, como la confección de los recibos (mal liquidados) la finalización del trabajo en negro para otros y otras cuestiones relacionadas a los compañeros de ese lugar.
 Cuando ya estábamos en plena asamblea con los compañeros de la obra, apareció, de repente, una patota de más de 60 personas que me amenazaron e insultaron, diciéndome que “me la iban a dar…”, exigiéndome que me retire de la asamblea.
Yo no acepté estas órdenes y les dije que los únicos que me podían hacer retirar eran los obreros de la obra. Por eso quince o veinte de los patoteros se dirigieron hacia mí para pegarme.

Frente a esta situación tuve que escapar siendo perseguido por quienes vinieron a golpearme. Cuando me encerraron adentro del Banco Nación de Lomas, me golpearon alevosamente, rompiéndome la cabeza en tres partes y pegándome varias puñaladas.

La policía intervino sin llevarse a ninguno de los atacantes. ¡Me metieron preso a mí y me armaron una causa preparada por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez y la patota del sindicato de Lomas de Zamora!

En esa causa me acusan de hechos totalmente falsos, con el objetivo de que pague por crímenes que no cometí. En realidad Gerardo Martínez quiere que me den un gran castigo, así asustan a otros obreros que siguen mis pasos, construyendo el nuevos sindicato de la construcción, el SITRAIC.

Lo que esta gente quiere es que los patrones del gremio nos usen como esclavos, que no hagamos asambleas ni luchemos por nuestros derechos.

Pero se equivocan, porque ahora me siento con más fuerza para luchar por los derechos de mis compañeros de la construcción y de la clase obrera, ya que son miles los que piden por mi libertad.

Quiero decir también que la lucha por el Pollo Sobrero, a quien no conozco personalmente, pero respeto, me llenó de fuerza porque ahí me di cuenta que la lucha que lo puso en libertad es la que me puede sacar a mí de la cárcel.

Por último quiero agradecerles a Alicia y Silvia de la Comisión de Rosario, por la visita que me hicieron y el respaldo que me dieron. A través de ellas me dirijo a los compañeros y compañeras de Rosario que empezaron a tomar la bandera de mi libertad.

A todos ustedes les mando un abrazo enorme, prometiéndoles hacerlo de manera directa cuando salga de la prisión, gracias a la fuerza que ustedes y muchos como ustedes le están poniendo a esta lucha.

También desde acá, la unidad 45 de Melchor Romero, me solidarizo con el pedido de libertad de los otros compañeros que están en mi misma situación: Karina, Acosta y Oñate, a quienes saludaré personalmente cuando recupere mi libertad… ¡Ojalá siendo ellos también libres!
 Un abrazo fraternal.
Carlos Olivera desde Melchor Romero, unidad 45


EL BUCHÓN

Viernes, 11 de Noviembre de 2011 00:46

Civiles cómplices de la última dictadura militar

El Gobierno Nacional envió un informe al juez federal Ariel Lijo donde confirma que Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, revistó como Agente Secreto del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en la última dictadura militar en la Argentina.

Reproducimos Comunicado del Sindicato Trabajadores Construccion (Sitraic).

La confirmación es contundente, se terminaron las especulaciones, suposiciones y mentiras. Gerardo Martínez mintió cuando a través de una solicitada negó haber formado parte del 601.

El informe del Gobierno respalda la denuncia del SITRAIC y de los organismos de Derechos Humanos que pusieron sobre la mesa el juicio y castigo, no sólo para los militares genocidas, sino también para sus cómplices civiles.

La otra mentira que se desvanece es la de minimizar el rol de Martínez en el 601, algunos comunicadores decían que "había que ver que función cumplía...", "tal vez sólo era un administrativo" "era muy joven". Es la misma estrategia que han usado represores como Guglielminetti, colega de Martínez en el 601, que pretendió defenderse diciendo que era un "simple estafeta postal". Dicha estrategia, en el caso de Martínez, nació muerta puesto que el informe manifiesta que su "especialidad" era la de Agente Secreto.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

Ya no se puede tapar el sol con una mano, esto no forma parte de ninguna interna sindical, esto es el resultado de la propia historia Argentina donde muchos fuimos perseguidos, torturados, y muchos miles de compañeros fueron asesinados a través del terrorismo de Estado alzando las armas contra jóvenes argentinos que luchaban y militaban por un país libre, y por un pueblo feliz.
En ese contexto, los genocidas tuvieron cómplices civiles como Martínez, y como muchos más.

Es cierto, Martínez era joven, como lo era Astiz, pero decidió de qué lado quería estar y estuvo del lado de la dictadura más sangrienta que asesinó a miles de trabajadores y entre ellos por lo menos a ciento cinco de la industria de la construcción, por los que Martínez deberá responder.

El principio del fin

La confirmación del rol de "buchón" del líder de la UOCRA, es sólo el principio de la investigación que deberá encarar la justicia y en la que el propio imputado deberá responder a muchas preguntas: ¿quiénes eran sus jefes directos? ¿cuáles eran los informes que reportaba? ¿su rol era sólo informar o participaba también de "operativos" con los grupos de tareas? ¿de que crimenes fue autor? ¿de que crímenes fue cómplice? ¿cuantos PCI (personal civil de inteligencia) del 601 llevó a la UOCRA aún en democracia? ¿cuantos ex represores continúan, como Horacio Américo Barcos, en su estructura mafiosa?.

Es hora de que Gerardo Martínez responda estas y muchas otras preguntas, no sólo a la justicia, sino también a la sociedad.

Seguiremos exigiendo una investigación a fondo sobre Gerardo Martínez y sobre la estructura mafiosa que lidera, la misma que semana tras semana es protagonista de hechos de violencia a lo largo de todo el país con patotas que maneja a través de su mano derecha, Hugo Ferreyra. Las patotas de la UOCRA día a día y con sorprendente impunidad persiguen a delegados y trabajadores que piensan distinto. Esas fuerzas para-policiales integradas por ex convictos, barrabravas y ex represores, son el correlato en democracia de los mecanismos que Gerardo Martínez aprendió durante la dictadura militar.

Silencio cómplice

La UOCRA ha informado que Gerardo Martínez se encuentra en Ginebra, y que su actitud será la de mantener el silencio. Es el mismo silencio cómplice que mantiene hace treinta y cinco años sobre los crímenes en los que participó o de los que fue cómplice. Es irónico y contradictorio que un "buchón" como él elija el silencio, y más grave aún es que un hombre público que ostenta cargos en la OIT, en el G-20, y que es el supuesto representante de los trabajadores argentinos en el mundo, no explique públicamente los detalles de su rol como Agente Secreto, pero esta vez sin mentiras y de frente a la sociedad, haciéndose responsable de que cuando muchos jóvenes argentinos decidían ofrendar su vida por un ideal, él decidía ser parte de la dictadura genocida que utilizó todos los poderes del Estado para intentar acallar la voz de los treinta mil compañeros desaparecidos, y con ellos la de toda una generación.


LIBERTAD A CARLOS OLIVERA
CÁRCEL A GERARDO MARTÍNEZ YA!

COMUNICADO CONJUNTO -


TENEMOS MOTIVOS PARA CELEBRAR

- Procesan a 9 genocidas por la responsabilidad que les cupo en la desaparición de Oscar Medina.

- Indagan al dictador Videla a partir de un pedido de la querella  LADH- FAMILIARES  ante el Juzgado Federal 4.

- Ordenan la indagatoria y detención de Diaz Bessone, Sotera, Lo Fiego, Marcote, Scortechini, Vergara, Altamirano, Nast, Fermoselle, Ibarra, Olazagoitia, Portillo, Vallejo y Dougur, todos integrantes de la patota que actuó en el Servicio de Informaciones.

- Indagan y detienen a  Ricardo Corrales, el siniestro secretario de Feced que atendía las familias de los detenidos con siniestros engaños, como el caso de los familiares de os compañeros de la masacre de Los Surgentes, agudizando aún más su sufrimiento.

- También indagan y detienen a Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Feced, emblema de la complicidad de la iglesia con la dictadura genocida, todo ello pedido por el fiscal Stara a partir de la presentación que hiciéramos conjuntamente con APDH, la LADH y UMANO de Casilda.
 
La consigna de juicio y castigo se está cumpliendo. Hemos escuchado estupefactos la defensa del abogado de Marcote, Vergara y Scortechini cuestionar las declaraciones testimoniales que valientemente nuestros compañeros manifestaron a lo largo de este juicio, pretendiendo poner en duda sus recuerdos, que a su juicio fueron inducidas por quienes sufrieron la cárcel, la tortura, su propia desaparición y todo tipo de vejámenes. Llegó hasta poner en duda el compromiso y la objetividad de los Organismos de DDHH, afirmando que deformábamos o directamente conformábamos los recuerdos de nuestros compañeros víctimas del genocidio. Esto demuestra que no existe argumentación posible cuando se tiene la verdad y la capacidad de seguir adelante luchando contra la impunidad.
Nos resta decir que orgullosamente seguimos levantando las banderas de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados y de todos aquellos que vivieron estos terribles momentos pero que están firmes en esta lucha. Avanzaremos sobre todos los responsables civiles que nos restan, la iglesia, el personal médico directamente implicado, el empresariado y sus cómplices.  


NO OLVIDAMOS  NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS  

ASAMBLEA PERMANENTE  POR LOS DDHH ROSARIO
FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS ROSARIO

jueves, 10 de noviembre de 2011

La violación, delito de lesa humanidad

Histórica resolución de la Justicia federal  de Rosario contra un represor
El juez federal Marcelo Bailaque consideró ayer que una violación cometida durante la última dictadura es un delito imprescriptible. Bajo esta imputación indagó al "Cura" Marcote, quien fuera denunciado por una de sus víctimas.

 Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque consideró ayer que una violación cometida durante la última dictadura es un delito de lesa humanidad. Bajo esta imputación indagó a Mario Alfredo Marcote, alias "el Cura" quien fuera denunciado por Stella Hernández como el autor de la misma en el centro clandestino de detención que funcionara en el Servicio de Informaciones. En la indagatoria al "Cura" se le imputó el delito previsto en el artículo 119 inciso 3 del Código Penal, que es el de la violación mediando fuerza o intimidación, para lo cual el juez Bailaque declaró por primera vez en Rosario -con un solo antecedente en el país-, a este hecho aberrante como un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible.

Cuando Hernández fue secuestrada y llevada al SI de la policía de Feced, no solo fue víctima de tormentos, sino también de una conducta especialmente aberrante, fue violada por uno de los represores, el Cura Marcote.

Llevó más de tres décadas que un juez declare a esa conducta como un delito independiente de los tormentos que sufriera la víctima. El reclamo de Stella, como el de muchos hombres y mujeres víctimas del terrorismo de estado era claro: la violación no es una modalidad más de tormento, es un delito autónomo.

La abogada Gabriela Durruty recordó que en la querella presentada el martes pasado en relación a los delitos contra la integridad sexual, "puede afirmarse que tanto la legislación internacional como la jurisprudencia de los distintos tribunales internacionales creados al efecto, han consolidado una base jurídica en la que subyace una interpretación de tales hechos en el contexto en el que se han perpetrado, considerándolos así, como crímenes contra la humanidad".

En la presentación se establecieron distintos elementos que conforman el crimen de violación sexual como delito de lesa humanidad, lo cual "en definitiva" ofrece el molde en el que debe adecuarse la interpretación del hecho del que fuera víctima Stella Hernández:

1) La invasión del cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima, con un objeto u otra parte del cuerpo del autor inmediato.

2) Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento

3) Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.

El juez Bailaque hizo lugar al pedido, que ya había sido realizado por el fiscal a los jueces del tribunal y por la propia víctima en su testimonio, lo que motivó que los magistrados remitieran el audio de la misma declaración al juez federal.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Andrada, ex servicio de inteligencia, se hace el mudo

El gato no dijo ni mu en el juzgado

"Yo no voy a decir nada", le dijo el ex servicio de Inteligencia a este diario ante de ingresar al despacho del juez. Andrada está acusado de participar de la patota que secuestró, en el 83, a Cambiaso y Pereyra Rossi.

 Por José Maggi

Desde San Nicolás

Edgardo "Gato" Andrada se abstuvo ayer de declarar ante el juez federal de esta ciudad, Carlos Villafuerte Ruzo, quien lo había citado a pedido del fiscal Juan Patricio Murray por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en mayo de 1983. El fiscal realizó ayer un nuevo pedido de detención y que se revoque la eximición de prisión que le asegura al ex futbolista de Central y Colón permanecer en libertad. El magistrado también ordenó la declaración indagatoria de Víctor "Chuli" Rodríguez, un teniente coronel retirado que preside la Asociación Sanmartiniana que cruza la cordillera de Los Andes a lomo de mula y que formaba parte del Destacamento de Inteligencia militar de entonces.

Andrada compareció ante el juzgado federal Nº 2 de San Nicolás, y
no dijo absolutamente nada. A partir de ayer entonces el juez tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal, dictando su procesamiento o su sobreseimiento, o una situación intermedia que es una falta de mérito.

El "Gato" llego acompañado de una mujer, y de su defensor oficial Héctor "Mito" Galarza Azzoni.

-¿Qué le va a decir al juez?- le preguntó este cronista.

-Yo, nada, el juez tendrá que decirme a mí", respondió el Gato antes de la indagatoria que no resultó tal.

A la salida, este enviado de Rosario/12 le preguntó: "¿Por qué decidió trabajar como agente de inteligencia al servicio de la dictadura siendo considerado un ídolo para muchos argentinos?"; "¿Está arrepentido de algo?"; "¿Siente culpa por los delitos que cometió?"; "¿Por qué tenía tantas armas en su casa?"; y "si es inocente ¿por qué no lo demuestra en lugar de quedarse callado?"; fueron algunos de los interrogantes que quedaron sin respuesta.

Un rato más tarde el fiscal Murray explicó que "está acreditado en forma total la existencia del hecho: a Cambiasso y Pereyra Rossi lo secuestraron un grupo de unas veinte personas el 14 de mayo de 1983, y los trasladaron a Zárate (provincia de Buenos Aires) y ultimados a balazos".

Estos puntos ya están incorporados a la causa de 1983, a los que se sumaron cuando se reabrió la investigación entre ellos documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano. También se incluyeron documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal tiene en su poder la testimonial de Eduardo Costanzo que ubica a Andrada en el lugar de los hechos como personal civil de inteligencia del Ejército. A esto se suma una documentación que estaba en poder del juzgado federal de San Martín donde ya en 1990 un integrante del servicio de inteligencia del Ejército, mediante el anonimato había escrito un paper, en el que relataba muchísimos hechos realizados sobre finales de la dictadura por la inteligencia militar. "Allí se relataba el secuestro de Cambiasso y Pereyra Rossi y ya se mencionaba a Andrada, como uno de los partícipes de ese operativo", apuntó Murray.

También está acreditado que "Andrada era Personal Civil de Inteligencia del Ejército, que había ingresado en 1982 al Servicio, y que permaneció hasta 2000. En 1983 prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, es decir hay una concordancia total", remarcó el fiscal.

Paralelamente, en el legajo personal de quien era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia de Rosario en 1983, Luis Américo Muñoz, se encontró un relato pormenorizado hecho por el mismo militar, de determinados servicios que prestó como oficial de inteligencia. "Allí Muñoz habla de un operativo en 1983, previo a las elecciones, con el fin de neutralizar a determinados elementos subversivos, que trataban de infiltrarse en los partidos políticos tradicionales, que por determinadas referencias no cabe dudas que se refería al secuestro de Cambiasso y Pereyra Rossi", explicó Murray.

Cabe recordar que la última semana se allanó la casa del ex arquero de Central, donde se encontró un "verdadero arsenal" que incluyó armas de guerra. Si bien el ex futbolista tenía la documentación en regla y los permisos correspondientes para la posesión de esas armas, la Cámara Federal de Rosario hizo lugar a un planteo de la Fiscalía que consideraba esa situación como "un peligro para testigos y víctimas".

Por su parte el juez Villafuerte Ruzo hizo lugar al pedido de indagatoria de "Chuli" Rodríguez para el 18 de noviembre por la mañana. "Sobre este imputado en la causa hay documentos que prueban que Rodríguez se desempeñaba en Rosario y en la inteligencia militar en tiempos de ambos secuestros", remarcó Murray.

También Juan Andrés "Barba" Cabrera y Ariel "Puma" Porra deberán pasar por el mismo trámite, al igual que Reynaldo Bignone y Luis Abelardo Patti.

17 represores serán indagados en la causa Feced residual

Corrales mano derecha de Feced
Un cura en la lista de detenidos

La detención e indagatoria del ex capellán Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone. Otros 17 represores serán indagados.

 Por José Maggi

El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes indagará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, quien

será indagado en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le sigue el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y Alfredo Sotera -jefe de la inteligencia militar- y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la justicia porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de estado", señaló el fiscal federal Gonzalo Stara quien había pedido la detención del sacerdote, por el caso de Eduardo Bracaccini entre otros, desaparecido de Casilda.

El listado se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.

La nómina concluye con Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, ex secretario privado de Agustín Feced.

El juez Bailaque reveló a Rosario/12 que "Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros esprituales de Zavalla" y designó un defensor particular Eduardo Romera. Este letrado defendió en su momento a Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la justicia federal.

Ayer el magistrado le tomó declaración a los ex policías Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.

Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas el de Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre quien aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del '70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.

Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y estaba a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el "apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II", según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty.

"En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga", pedido que se está concretando en estas horas.

Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que "está registrado" que el cura Zitelli "ingresaba a la sala de torturas" del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones.

Muchos fueron los testimonios que señalaron la macabra participación del durante aquellos días negros en Rosario y que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaldía de mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender "que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo".

martes, 8 de noviembre de 2011

Cura preso por delitos de lesa humanidad


Era el párroco de Casilda. Constituyó su prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales. En la causa se señaló que “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato represivo.
Por José Maggi

El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. “Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado”, señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.
El juez Bailaque reveló a Página/12 que “Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla” y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.
La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.
Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el “apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II”, según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: “En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga”, pedido que se está concretando en estas horas.
Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que “está registrado” que el cura Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.
Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo”.
El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.
También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.
Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.
Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos

lunes, 7 de noviembre de 2011

Otro delito de lesa humanidad

Stella Hernández demandará a Mario Marcote por violación agravada en dictadura

El represor del Servicio de Informaciones fue señalado por la víctima como el autor material del ataque. Es la primera vez que se presenta una denuncia en Rosario con esta acusación específica en el marco de la represión ilegal.

 Por José Maggi

Stella Hernández, sobreviviente del Servicio de Informaciones (SI) se presentará como querellante en la causa Feced, por haber sido víctima de violación a manos de Mario Marcote, uno los represores que la mantuvo en cautiverio, en San Lorenzo y Dorrego. La presentación realizada con el patrocinio del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares, es la primera de este tipo en esta sede judicial.

La querella se dirige contra todos los responsables de los delitos de los que fuera víctima en su tránsito por el SI y las cárceles de la dictadura en general, y en particular contra Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada.

Las agresiones sexuales no constituyen una modalidad más de tormentos, sino delitos autónomos y deben ser declarados de lesa humanidad para darles el tratamiento judicial correspondiente. "Es una de las deudas de la justicia para con las víctimas del terrorismo de estado y no hay excusas para no saldarla", dijo su abogada patrocinante Gabriela Durruty. Por eso solicita que se indague a Mario Marcote por el delito de violación agravada cometido contra Stella y se ordene su inmediata detención. La letrada aclaro que "en Rosario todavía no se hizo, existe un antecedente en la ciudad de Mar del Plata".

Este pedido ya había sido realizado por el fiscal Gonzalo Stara a los jueces del Tribunal Oral cuando amplió la acusación a los imputados. Cabe recordar que la propia víctima al finalizar su testimonio se lo pidió personalmente y a viva voz a los jueces.

El 7 de junio, el tribunal oral federal manifestó: "en cuanto al delito de instancia privada denunciado en la audiencia de debate por Stella Hernández e imputado a Mario Marcote corresponde remitir al Juzgado Federal de instrucción copia del audio y filmación de la declaración prestada por aquella, a sus efectos".

Mención aparte merece el voto de Otmar Paulucci, quien adhirió al voto de sus colegas agregando: "a lo solicitado por el fiscal relativo a ampliar la base fáctica primigenia al imputado Mario Alfredo Marcote en base a los delitos que damnificaron a Stella Hernández, en relación a la solicitud de ampliación por el delito de violación agravada, lo considero un hecho independiente no constitutivo de la tortura", dándole entidad a que debe ser juzgado como un delito por separado.

La querella solicita que se "indague a Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada por su condición de funcionario público a cargo de la guarda y con el concurso de dos o más personas".

En la presentación se remarca que "el concepto de la violación sexual adopta una materialidad que repercute indudablemente en la tipicidad de la acción y, en definitiva, en la calificación jurídica del caso". Y agrega que "queda claro que los hechos constitutivos de estos delitos se adecuan a la categoría de crimen de lesa humanidad, porque se cometen como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, y quien perpetra o diere ocasión para que se cometa el crimen tiene el conocimiento del contexto más amplio en el que se inscribe su acción".

De igual modo se recuerda que el 17 de julio de 1998 se promulgó el Estatuto de Roma que codificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, y cualquier otra violencia sexual que constituya una infracción grave a los Convenios de Ginebra.

La inclusión de la violación sexual como crimen de lesa humanidad, implica el reconocimiento de su gravedad como conducta que no sólo vulnera el derecho a la libertad sexual sino también otros derechos esenciales de la persona como el derecho a su dignidad, integridad personal, salud, entre otros. "La violación sexual ha sido reconocida como una conducta que implica un grave sufrimiento de la víctima, a la vez que se erige en una forma de denigración y discriminación para quien la sufre, una forma de humillación que no sólo afecta a su integridad física y psicológica sino especialmente a su dignidad", reza la presentación.