Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

domingo, 30 de octubre de 2011

El primero contra un militar

Se trata del proceso contra el coronel José María González, por el secuestro y asesinato de un militante del peronismo revolucionario, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana Cavandini, en diciembre de 1975.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe comenzó a juzgar esta semana al ex jefe del Area 212, coronel José María González, por el secuestro y asesinato de un militante del peronismo revolucionario, Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavandini, en diciembre de 1975. Es el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe, pero el primero a un militar y el segundo por homicidio. El 24 de marzo de 1976, González ordenó el ataque a la Casa Gris, derrocó al ex gobernador Carlos Sylvestre Begnis y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia, rodeado por un gabinete de mandos del Ejército y la Fuerza Aérea. Ocupó el doble poder -político y militar- hasta el 16 de abril de abril de 1976, cuando lo sucedió el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni, en un acto al que asistieron el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy y el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, general Ramón Díaz Bessone. Y después, siguió como jefe del Area 212 hasta octubre de 1976, cuando lo reemplazó el coronel Juan Orlando Rolón. González llegó al banquillo como autor mediato del crimen de Marini, aunque también está imputado y procesado por el asesinato de otros 22 militantes políticos, en causas que aún no llegaron a juicio.

En el arranque del debate, el presidente del Tribunal, José María Escobar Cello le concedió la posibilidad de hacer su descargo. González aceptó, pero se aferró una fórmula trillada por otros represores. "Jamás he impartido una orden ilegal. Jamás he recibido una orden ilegal. Desconozco los hechos que se me imputan", dijo al alegar inocencia. Y se negó a responder preguntas.

Lo desmintieron la esposa y el hermano de Marini. Ana María Cavadini relató ante los jueces cómo un grupo de tareas del Area 212 irrumpió en su casa, en Jujuy 3618, cerca de la cancha de Colón, y secuestró a su marido, a ella y al pequeño hijo de ambos, Germán, de un mes y medio. Germán ya tiene 36 años y también declaró en la audiencia después de su madre y de su tío.

Los represores "estaban vestidos de civil", recordó Ana. "Revisaron toda la casa, apagaron las luces y esperaron que llegara mi marido". Era el 9 de diciembre de 1975, ya había anochecido. "Veinte minutos después, cuando llegó Mario, se abalanzan sobre él, lo golpean y lo amarran", contó. Eran seis contra uno.

Después del operativo, Ana y su bebé fueron llevados a la comisaría 1ª, en el microcentro, pero como se olvidó el chupete de Germán, regresó a buscarlo. Allí vio que Mario estaba "tirado en el piso, cabeza abajo y le habían puesto un pie en la espalda", dijo. Fue la última vez que lo vio.

En la investigación judicial, hace cuatro años, apareció en el archivo de los Tribunales Federales una pieza clave. Un acta del operativo del 9 de diciembre de 1975 que acredita la emboscada y la detención de Marini, en su propia casa, por un grupo de tareas "adscripto al Area 212 que actuaba bajo el control operacional del Ejército". El documento reconoce que Marini fue detenido a las 21.30, que después se volvieron a apagar las luces y cuando las prendieron ya no estaba. Es decir, que supuestamente se fugó a las 21.55. Estuvo detenido 25 minutos y lleva 36 años desaparecido. La prueba de la infamia.

El acta tiene la firma de Cavandini. "Me obligaron a firmarla bajo presión", dijo Ana. Y explicó como logró identificar a quien la había amenazada: el capitán del Destacamento de Inteligencia 122, Douglas Patrick Dowling, que allanó su casa y luego la visitó dos veces en la comisaría 1ª, donde le obligó a firmar. "La trajo escrita y yo la firmé", recordó. El acta fue incluida en un expediente del Ejército por el coronel Carlos Adalberto Rodríguez Carranza, oficial de Operaciones del Area 212, a quien González también designó jefe de Policía de la provincia, el 24 de marzo de 1976. Dowling y Rodríguez Carranza no comparten el banquillo con González porque ya fallecieron.

El hermano de Marini también desmintió a González al aportar otra prueba en el juicio. Una carta que su padre le envió a González -con copia a Harguindeguy- el 31 de mayo de 1976, cinco meses después del secuestro de Mario. Le pidió una audiencia que resultó infructuosa. "Fueron mi papá y mi mamá, no recuerdo detalles de la charla, pero el resultado fue negativo, les dijo que Mario estaba prófugo y que no tenía novedades. Les dio muy poca atención, como militar que era", recordó Luis Alberto Marini.

-Eso demuestra que González conocía el caso, porque en su descargo dijo que desconocía los hechos -le planteó Rosario/12.

-No es cierto. Conocía muy bien todo el hecho, él dio la orden, él hizo todo. No sé con qué fundamento o qué seguimiento hizo, pero él fue el principal ejecutor, no queda duda -contestó Luis.

Tras el operativo, la casa de los Marini fue saqueada. "Nosotros la vimos dos veces, después del allanamiento estaba todo, cerramos y nos fuimos. "Los vecinos nos miraban con una cara, como diciendo qué hacen estas personas que se meten adentro. Ellos habían visto los autos, el movimiento, un montón de cosas. Entraron mis padres. 'Vamos a entrar nosotros que somos viejos', por si la estaban vigilando. Entraron y estaba todo ordenado", recordó. "Pero a los quince días volvimos a ir y ya la habían saqueado. Volvió a ir mi padre y el papá de Ana y sólo quedaba una mesa, seis sillas y el aparador. No quedaba nada, se habían llevado todo, la cocina, la heladera, la ropa del bebé, todo. Daban ganas de llorar".

-¿Qué edad tenía usted?

-Yo tenía 27, era dos años mayor que mi hermano que tenía 25 -concluyó Luis.

jueves, 20 de octubre de 2011

Las querellas piden Cárcel común, perpetua y efectiva

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de esa ciudad, solicitó esa pena para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego. En tanto, requirió 25 años de prisión para otros tres acusados.

Ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, el Ministerio Público Fiscal solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para dos acusados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella ciudad durante el último gobierno militar.

La Fiscalía requirió esa pena para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.

En tanto, pidió 25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y solicitó la absolución del imputado Ricardo Miguel Chomicki.

El debate se reanudará el próximo 2 de noviembre con el inicio de los alegatos de las defensas.

El detalle de las penas solicitadas por cada una de las querellas en sus respectivos alegatos:

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.
-25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y no realizó acusación contra el imputado Ricardo Miguel Chomicki.

Agrupación HIJOS
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Gabriela Durruti (querella particular)
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Liga Argentina por los Derechos Humanos
-Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Todos los acusados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.

martes, 18 de octubre de 2011

El fiscal señaló responsabilidades en la causa Diaz Bessone

Sin acusación contra Chomicki

El ministerio público acusó por homicidios agravados al principal acusado y a Lofiego, mientras Marcote, Vergara y Scortecchini fueron señalados por las privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

 Por José Maggi

El fiscal federal Gonzalo Stara continuó ayer con su alegato en el marco de la Causa Díaz Bessone, señalando la responsabilidad de cada uno de los imputados. Para Stara, Rubén Lofiego cometió dos homicidios agravados por alevosía, concurso premeditado de más de tres personas y criminis causa, mientras a Ramón Genaro Díaz Bessone lo responsabilizó por la misma figura en los restantes homicidios cometidos en el marco de genocidio. Mientras señaló a los cinco imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, tormento agravado y asociación ilícita calificada, figuras en las que incluyó a Mario Marcote, Ramón Vergara, y José Scortechini como autores directos. Díaz Bessone también debe responder como autor mediato por dominio de un aparato organizado de poder. El dato más saliente fue que Stara no acusó a Ricardo Chomicki, el ex militante señalado por sus propios pares por haber formado parte de aparato represivo. Encuadrado en la postura marcada por la Procuración, el fiscal apuntó que "la reducción de la libertad de Chomicki impide a este ministerio público formular el reproche penal por el modo en el que actuó".

En su alegato, Stara comenzó señalando la responsabilidad que le cabe a Mario Alfredo Marcote (el Cura), a quien Stella Hernández no solo reconoció en rueda de personas en el año 1984 sino que lo hizo en la propia sala. "Es el que está atrás a mi izquierda", dijo la testigo cuando lo denunció por violación. A Marcote lo ubicaron los sobrevivientes "tanto en los procedimientos, como en la sala de tormentos" y en los grupos que llevaban adelante las ejecuciones como el caso de la Masacre de Los Surgentes: secuestraba, torturaba, asesinaba y era uno de los principales protagonistas de los delitos sexuales.

Luego fue el turno de José Carlos Scortecchini alias Archie quien "fue ubicado por los testigos en la sala de tormentos, conduciendo víctimas desde y hasta el SI, participando de secuestros y en las desapariciones como en el caso de Los Surgentes.

En cuanto a Ramón Vergara, Stara entendió que está probada su pertenencia al grupo y permanencia en el SI, particularmente por el testigo Marcos Alcides Olivera, quien lo conocía previamente por lo que pudo inmediatamente identificarlo.

La ronda de responsabilidades culminó con el caso de Ricardo Chomicki, alias Cady quien según sus dichos fue secuestrado el 1º de diciembre de 1976, con Nilda Folch y sometidos ambos a tormentos. También esgrimió en su favor el procesamiento del juzgado federal 4 y la confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Stara también recordó el documento emanado de la Procuración General de la Nación donde se mencionan los casos de eximentes de culpabilidad para aquellos que ingresaron como víctimas a los centros clandestinos de detención. En este sentido el fiscal consideró "configurado la eximente del Artículo 34 del Código Procesal, estado de necesidad exculpante".

En el mismo sentido, Stara analizó los requisitos de la figura considerando que se dan todos en el caso de Chomicki: "puede entenderse que la reducción de la libertad de Chomicki impide a este Ministerio Público formular el reproche penal por el modo en el que actuó".

Para Stara, la privación ilegítima de la libertad está probada ya que "la normativa vigente no fue aplicada y en su lugar se llevó adelante un plan criminal sin sujeción a normas ni procedimiento alguno". Para explicitarlo, recordó un pedido del Ronco Nast (uno de los integrantes de la patota), acusado de pirata del asfalto, quien solicitó que se considere al hecho como parte de la lucha antisubversiva intentando contar de esa manera la impunidad prometida para estos casos, donde se operaba por fuera del estado de derecho". En el mismo sentido el fiscal

recordó la testimonial del ex policía Adolfo Salman (quien fuera jefe del servicio de informaciones de Las Rosas) quien manifestó en esta audiencia que todas las operaciones se hacían por izquierda y que esas eran las órdenes en todo el país". Para Stara "no se trató de detenciones sino de verdaderos secuestros".

De igual manera, el fiscal analizó el delito de tormentos, "encuadrado por sí solo considerando las condiciones inhumanas de detención. Los autores son quienes tuvieron poder de hecho sobre las víctimas y lo utilizaron para infligir tormentos. En todos los casos se da la agravante de cometerse contra perseguidos políticos".

En cuanto al homicidio calificado, el fiscal refirió al modo "como se fraguaban distintos asesinatos mediante pretendidos enfrentamientos o presuntos hechos de fuga, como en el caso de Pedro Galeano, o con falsas libertades como los episodios de Rut González y Daniel Gorosito"

Exhumación de tumbas NN en el cementerio La Piedad

La que se busca es solo la verdad

Se trata de una de las más importantes investigaciones judiciales que se están llevando adelante en el proceso de identificación de NN, cuyos restos pueden ser de desaparecidos en Rosario durante la última dictadura militar.

 Por José Maggi

Como lo adelantó Rosario/12, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó ayer a exhumar un centenar tumbas del cementerio La Piedad que guardan restos de personas que murieron en forma violenta durante la última dictadura, con el objetivo de identificar si entre los NN hay militantes desaparecidos. La fiscal federal Mabel Colalongo siguió las tareas del equipo encabezado por Miguel Nievas, quien trabajó junto a cinco voluntarios sobre dos tumbas, y exhumó restos óseos de al menos seis personas distintas. "Sin verdad no hay justicia", indicó la fiscal al destacar las tareas de identificación en el marco de una causa que comenzó en 1984 y que recién ayer tuvo su primera excavación.

La fiscal Colalongo destacó que "esta es una de las más importantes investigaciones que se están llevando adelante en el proceso de identificación, y en la búsqueda de la verdad que como siempre digo es más importante aún que la justicia relativa que nos puede dar los juicios, considerando que la gente espera la verdad desde hace mucho tiempo".


"Es muy importante La Piedad considerando que tenemos 120 tumbas que pueden tener restos de desaparecidos de la dictadura", agregó Colalongo, quien remarcó que "el criterio para la selección de las tumbas fue buscar los enterramientos NN de aquel momento, identificar entre ellos las muertes violentas, sumado a que en muchas casos en el registro había intervención en esa disposición del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército o de la policía. Esta combinación de muerte violenta durante la dictadura, y sabiendo quién había ordenado esa inhumación, nos ayudó a identificar esta cantidad de tumbas".

--¿Por qué esta causa comenzó en 1984 y recién ahora comienzan las exhumaciones? -preguntó este diario.

--En este lugar no se siguió con el proceso de identificación de desaparecidos cuando entraron en vigencia las leyes de impunidad. Cabe aclarar que la Obediencia Debida y el Punto Final no impedían identificar restos. En verdad, nunca se interrumpió la posibilidad de identificación, pero en Rosario se tomó ese criterio: frenar todo ese proceso. Por eso están atrasadas esas causas, pero como pienso que no hay justicia sin verdad, es que desde hace un año, cuando tomé contacto con esta causa desde la Unidad Fiscal, decidimos impulsarla".

En el mismo sentido se expresó Nievas del EAAF -quien ayer estuvo acompañado por la militante santafesina Beatriz Pfeiffer-: "Tenemos bastante trabajo preliminar hecho, porque hace muchos años que venimos trabajando con la hipótesis de que pueda haber personas desaparecidas inhumadas como NN y de todos los relevamientos que veníamos haciendo tenemos más o menos en claro qué podría haber en cada una de las tumbas, y ya hemos trabajado en forma preliminar profunda sobre la documental, y en algunos de los casos ya tenemos hipótesis de identidad".

Según Nievas, "nuestros trabajo se basa también en otra causa federal, en la que hicimos dos exhumaciones en este mismo cementerio en las que nos encontramos con una gran cantidad de restos que no condecían con lo que señalaban los libros oficiales. Supuestamente debía haber una sola inhumación y nos hemos encontrado con dos inhumaciones regulares, y después varios conjuntos, que son restos desasociados no relacionados anatómicamente que son de inhumaciones previas que han sido removidas pero nunca exhumadas. Por eso encontramos gran cantidad de restos que esperamos se puedan corresponder con las personas que estamos buscando".
El referente del EAAF remarcó que si bien se han hecho otras exhumaciones, sí se trata del mayor trabajo por la cantidad de tumbas a trabajar. En ese sentido para llegar a una identificación plena, Nievas explicó: "Recopilamos información documental, como registros, boletos de inhumación, sumado al listado de quienes desaparecieron en esa época. La identificación puede darse finalmente por el cotejo de huellas dactilares de los prontuarios de cadáveres que se hicieron en su momento, otra forma puede ser a través de la comparación de datos posmorten con los premorten, y finalmente el estudio de ADN".

Nievas destacó que el período 1976 y 1977 es el que más inhumaciones hubo, "lo que marca que ésta era entonces una de las formas de deshacerse de la gente detenida".

jueves, 13 de octubre de 2011

Zitelli se quedó sin altar

El ex capellán sigue viviendo en Casilda

"Quiero que respete mi libertad y mi posición", dijo el ex capellán durante la dictadura militar al ser consultado sobre la investigación judicial por su participación en el ex centro clandestino de detención de la policía.

 Por José Maggi

La designación de un nuevo sacerdote en Casilda, provocó suspicacias sobre el destino del hombre fuerte de la curia local monseñor Eugenio Zitelli, quien es investigado por su participación en la última dictadura como capellán de la policía rosarina. El 2 de octubre el arzobispo rosarino José Luis Mollaghan designó como párroco de la Parroquia San Pedro a Adolfo Eduardo Segovia, lo que disparó las especulaciones, luego de la acusación que el fiscal federal Gonzalo Stara hiciera tras recopilar una importante cantidad de testimonios en su contra, que lo vieron en el Servicio de Informaciones, de San Lorenzo y Dorrego, con los que le pidió al juez federal Marcelo Bailaque, que lo cite a declarar.

Este cronista se comunicó ayer a las 20 con la parroquia. Este es el diálogo que mantuvo con Zitelli.

--Quería consultarlo sobre la investigación que está llevando adelante la justicia federal de Rosario.

--Yo en este momento estoy llamado a un silencio total, así que lamento mucho no poder satisfacerlo, tengo esa orientación y la quiero cumplir al pie de la letra. Perdóneme si se siente molesto, porque no es un rechazo al periodismo sino una posición personal que tengo en este momento.

--¿Usted se va a ir de Casilda, porque trascendió que hay un nuevo sacerdote en su parroquia?

--Le estoy diciendo que no le voy a hacer ninguna declaración...

--¿Pero usted ha sido cambiado en su cargo, hay otro sacerdote en su lugar?

--Yo estoy en Casilda. Nada más que eso le estoy diciendo así que...

--¿No va a eludir la acción de la justicia?

--Le estoy diciendo que no voy a hacer ninguna declaración, entonces quiero que me comprenda, que respete mi libertad y mi posición. Bueno discúlpeme esa es mi posición terminante. Muchas gracias- expresó Zitelli y cortó la comunicación.

Las especulaciones se dispararon luego que el presbítero Carlos Romagnoli se despidiera de Casilda, a finales de setiembre, al lado del propio Mollaghan, y en su lugar asumió, solo una semana después, Segovia. Es que Zitelli ya había renunciado al cargo de administrador parroquial en mayo de este año "debido a su edad", y quedó, en su rol de monseñor honorífico, cargo con el que había sido beneficiado por el Vaticano en 1999.

Zitelli fue capellán de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario desde 1964 hasta 1983 y estuvo presente en diversas sesiones de torturas. Participó en misas, confesiones y entrevistas con los detenidos del Servicio de Informaciones, por lo que fue una pieza más central del mecanismo represivo existente en Rosario. Avaló la tortura como método para obtener información política.

Cuando en un campo de concentración, una desaparecida le denunció las torturas y las violaciones, afirmó: "Que usen la picana está bien porque estamos en guerra y es un método para obtener información política. Pero la violación atañe a la moral y nos prometieron que eso no iba a pasar".

En 1999 el ex arzobispo de Rosario, Eugenio Mirás, reconoció la labor de Zitelli, otorgándole el título de monseñor honorífico, que gestionó ante el Vaticano. En 2000 declaró: "Toda guerra es salvaje, no hay vuelta de hoja, así que uno no viene a justificar que ha habido excesos, claro que ha habido excesos, pero aquí había habido un proceso ideológico que ha querido copar el país y no ha ido por vía democrática".

miércoles, 12 de octubre de 2011

Reclamo por la investigación del asesinato de Silvia Suppo

El espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo denunció que en el caso que investiga el asesinato de la sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, asesinada tras dar testimonio en el juicio que condenó al ex juez Víctor Brusa por delitos de lesa humanidad, existe una "inacción de la justicia". Y detallaron que tras la orden de la Corte Suprema de pasar la causa a la Justicia federal, el juez a cargo ordenó pasar al juicio oral y, desde entonces, no se realizaron nuevas medidas de investigación. Además, apuntaron que se aceptó como defensor de oficio de los acusados, a quien fue abogado de Brusa.

Suppo fue apuñalada el 29 de marzo de 2010 en su comercio de la ciudad de Rosario, tras sufrir amenazas por su rol en los juicios de lesa humanidad, especialmente por haber sido importante testigo del juicio que condenó al ex juez Brusa a 21 años de prisión por apremios ilegales durante la dictadura militar.

También impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela, en una investigación cuyos imputados viven en la misma ciudad.

La agrupación recordó que a un año del asesinato, "resultó alentadora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de elevar (el caso) a fuero federal", pero criticaron que "la primera decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez -a días de haber sido designado como juez actuante por la Corte Suprema de Justicia- fue elevar la causa a juicio oral, sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia".

Además, consideraron "llamativa" la vinculación del defensor de oficio de los imputados en la causa, Fabio Procajlo, quien "fue defensor de Brusa en la causa en donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para condenarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en 2009".

También puntualizaron "evidentes irregularidades en el accionar policial" dado que "ningún funcionario policial fue citado a declarar ni apercibido" y que "hasta el momento los jueces y fiscales sólo se ocuparon de acumular fojas y testimoniales sin relacionar los hechos, ni pedir ampliaciones, ni intervenir en los testimoniales y declaratorias".

"Es evidente que existe una intención de que se terminen el plazo legal de dos años para la instrucción, con el claro objetivo de elevar a juicio sin investigar", denunciaron. "Seguimos exigiendo que se realice una investigación profunda y exhaustiva para conocer a los autores intelectuales y materiales de su asesinato",finalizaron.

jueves, 6 de octubre de 2011

Zitelli, el cura en la sala de torturas

Zitelli con el matrimonio Medina, ambos desaparecidos

El fiscal federal de Rosario, Gonzalo Stara, aseguró en el alegato de la causa Díaz Bessone que “está registrado” que el sacerdote Eugenio Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía. El representante del Ministerio Público involucró al cura que actualmente está en una parroquia de la localidad santafesina de Casilda como parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones rosarino. 

Al exponer el caso de Tomasa Verdún de Ortiz, el fiscal Stara mencionó que la víctima pudo constatar la presencia del religioso no sólo en la Alcaidía “donde estaban alojadas mujeres que habían sido ‘blanqueadas’ como detenidas ante la Justicia”, sino en el propio Servicio de Informaciones (SI). “Zitelli como parte del grupo tenía una función específica, hemos podido registrar que ingresaba al SI y, más concretamente, a la sala de torturas”, sostuvo el fiscal en su alegato. El sacerdote fue capellán de la Policía de Rosario durante los primeros años de la última dictadura y su nombre fue mencionado durante el juicio por varios sobrevivientes del SI.