Marcha por Silvia Suppo ¡Esclarecimiento y Justicia!

miércoles, 31 de marzo de 2010

PARA LOS HIJOS DE SILVIA SUPPO "FUE UN HOMICIDIO POLITICO"



Hasta que se demuestre lo contrario

El teléfono celular de la víctima fue secuestrado en la casa de "Sosita". Su primo también es sospechoso del crimen.
Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

La pesquisa por el asesinato de Silvia Suppo de Desféfani, testigo clave en los juicios a los genocidas, volvió a sesgarse un poco más ayer. La policía detuvo a dos sospechosos del crimen que cayeron en la ciudad de Santa Fe, en un barrio de los extramuros. Uno es un joven de 19 años que se gana la vida lavando coches en Rafaela, a una cuadra y media del negocio de Silvia, en el microcentro de la ciudad. Lo llaman "Sosita", por el diminutivo de su apellido con el que lo conoce medio Rafaela, sobre todo los habituales de un restaurante caro, en la esquina de Necochea y Saavedra, donde cuida vehículos estacionados en la calle. El otro es su primo, de 22, oriundo de la capital santafesina, pero que también estaría implicado. Sin embargo, la familia Destéfani descree del libreto policial. "Nosotros creemos que no se trata de un robo violento sino de un asesinato político", dijo a Rosario/12 Marina Destéfani, la hija mayor de Silvia. Y justificó su sospecha en "la precisión y el ensañamiento" del ataque a puñaladas, la personalidad de su madre que nunca se hubiera resistido a un robo a mano armada "porque tenía un nieto y muchos motivos para vivir", el escaso valor de las cosas que le robaron y la fecha del crimen, muy cercana al 24 de marzo. "Esto es un homicidio político hasta que nos demuestren lo contrario", advirtió Marina.

"Sosita" y su primo cayeron en el barrio Yapeyú de Santa Fe, alrededor del mediodía. Los llevaron a la seccional 7ª y luego a Rafaela, donde el juez de Instrucción Nº 2, Alejandro Mognaschi, tenía previsto indagarlos. El magistrado ya había dicho que la investigación estaba "bien encaminada", según los datos que le pasó la policía y ayer volvió subrayar la hipótesis del robo.

El juez Mognaschi ratificó que el teléfono celular de Silvia fue secuestrado en la casa de "Sosita", en poder de su pareja, una joven de 18 años con la que tiene un bebé. Mientras que en otro allanamiento en Santa Fe, en la casa del primo, encontraron "un billete de un dólar, un arito de Silvia y monedas de colección" que estaban en el local "Siempre Cuero", que ella atendía. El dólar era su amuleto. Según el juez, estas son las pruebas que implican a los sospechosos, aunque ahora la policía busca también el puñal del crimen.

Rafaela no sale de su conmoción y sorpresa. Primero, por la violencia del ataque que no tiene antecedentes cercanos en los últimos diez años: Silvia sufrió entre siete y nueve puñaladas cuando estaba sola en su comercio de venta de cueros y artesanías, en calle Sargento Cabral al 200, en el microcentro de la ciudad. Y ahora, por la detención de "Sosita", el joven acusado por el homicidio, que cuidaba autos en la esquina de Necochea y Saavedra, a sólo 150 metros del negocio de Suppo.

Los hijos de Silvia, Marina y Andrés Desféfani, reclamaron ayer a la justicia el esclarecimiento del crimen "lo antes posible". "Creemos que no se trata de un robo violento, sino de un asesinato político por el grado de precisión del ataque sufrido por nuestra madre y la fecha del suceso, muy cercana al 24 de marzo. Está estrechamente vinculado a su condición de querellante en las causas contra los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto y hasta el momento, consideramos que esto es un homicidio político hasta que nos demuestren lo contrario".

Marina dijo que sus sospechas se justifican porque no hay un correlato entre la violencia del asalto a su mamá y el supuesto botín. "Faltan cosas en el negocio, pero en relación la violencia ejercida el valor de los objetos es mínimo. De ahí, nuestras sospechas", señaló.

¿Hay evidencias que ella intentó defenderse? -le preguntaron.

Lo desconozco. No era una persona de atrincherarse ante un hecho de violencia. Tenía una nieta y muchos motivos para vivir. No le importaba el dinero. No se hubiera resistido, no era su personalidad, no era su forma de actuar. Así que estaba totalmente indefensa en el momento en que sufrió el ataque. Imaginen: una mujer sola, en un negocio, incomunicada, porque le robaron el celular -precisó Marina. "Nosotros no queremos cerrar la investigación en un robo, dada la fecha y el grado de violencia que tuvo el ataque. Pensamos que puede ser un crimen intimidatorio para otros querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, lo que mi hermano y yo pedimos es que la investigación no se cierre con el título: asalto u homicidio en ocasión de robo, sino que se esclarezca la verdad. Lo que queremos es justicia".

En la misma línea, Marina desmintió también otra versión que la policía filtró a los medios y puso en boca de Silvia, que en sus última palabras en el hospital habló de un supuesto robo. "Eso no es cierto, ella nunca habló y cuando lo hizo fue en estado de shock, por lo que hay que tomarlo con pinzas teniendo en cuenta esa situación", dijo.

¿En los últimos tiempos había recibido amenazas?

Este último año no las tuvo, aunque sí en años anteriores, pero esta vez no. Y esto es algo que también se estaba diciendo y lo desmiento- contestó.

Los Desféfani agradecieron "a las Madres, Abuelas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre" y "en especial a Hijos de Santa Fe por su valiosa colaboración y continuo compromiso. Nuestro mayor deseo es que se realice una investigación exhaustiva que aclare lo sucedido y que nos garantice verdad y justicia".

(Fuente Página12(ed.Rosario)

No es la foto de Silvia Suppo

Una burla sangrienta

La foto mentirosa

Una foto de María Eva Aebi, condenada por delitos de lesa humanidad, es presentada como la imagen de la testigo asesinada el lunes en Rafaela.  Foto:El Litoral
Una foto de María Eva Aebi, condenada por delitos de lesa humanidad, es presentada como la imagen de la testigo asesinada el lunes en Rafaela. Foto:El Litoral
Numerosas páginas web de importantes medios periodísticos de nuestra región y otros puntos del país incurren en una penosa equivocación cuando, para ilustrar las notas relacionadas con el asesinato de la testigo en causas de lesa humanidad, Silvia Suppo, publican la imagen fotográfica de la mujer policía, -condenada en la causa Brussa-, María Eva Aebi, creyendo publicar la imagen de la víctima.

Quien sembró la confusión en el ciberespacio y con qué intención lo hizo no se sabe todavía, pero sí estamos en condiciones de asegurar que, paradójicamente, fue Aebis -la de la foto- la persona señalada por Suppo -también por otras sobrevivientes del Proceso- como a su carcelera.



Suppo refirió ante el TOF de Santa Fe que fue Aebi quien se encargó de llevarla ante el médico que intervino para “reparar el error” -según orden del entonces jefe de la GIR, Juan Calixto Perizzotti-, que resultó de las torturas y las violaciones a las que fue sometida en “la casita”, cuando era una adolescente.

Si la foto de la víctima no fue publicada por éste y otros medios periodísticos fue porque sus propios familiares prefirieron preservar su imagen.

Fuente : http://ellitoral.com

martes, 30 de marzo de 2010

¡Por Silvia Suppo! Espacio Juicio y Castigo

Ante el conocimiento del asesinato de la compañera Silvia Suppo en Rafaela, testigo de la “Causa Brusa”, desde el Espacio Juicio y Castigo de Rosario -integrado por querellantes y testigos de las causas contra el terrorismo de estado, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales- queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad a sus familiares.

Pedimos al estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas.

Así mismo, seguimos invitando a todos a continuar acompañando a los testigos y querellantes del primer juicio a los genocidas en Rosario, que este martes prosigue con la respuesta de los abogados de las víctimas a los pedidos de nulidad realizados por los defensores de los represores.

ESPACIO JUICIO Y CASTIGO

lunes, 29 de marzo de 2010

ASESINARON EN SU NEGOCIO EN RAFAELA, SANTA FE, A SILVIA SUPPO, EX DETENIDA-DESAPARECIDA, TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA EL EX JUEZ BRUSA


Doce puñaladas para una víctima de la dictadura

Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Ayer fue asesinada en su negocio en el centro de esa ciudad. Las hipótesis van desde el robo hasta la venganza.
   
     
Por Sonia Tessa
Desde Rosario

Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.

Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.

La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.

Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.

Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.

Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.

Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.

“Ella habló de la violación como tortura”

PATRICIA ISASA, EX DETENIDA

Por Adriana Meyer
Patricia Isasa tiene 50 años y es arquitecta. Conoció a Silvia Suppo cuando estuvieron cautivas durante la dictadura y ayer recordó el instante en que anotó su nombre en la lista de testigos, “con tinta negra, en un papelito donde puse a las mujeres que estuvieron conmigo y podían hablar de su violación” a manos de los represores, “de esa fobia y misoginia enloquecidas”. A esos victimarios enfrentó cara a cara en septiembre, durante el juicio al ex juez Hermes Brusa y cinco ex policías en Santa Fe, en lo que fue uno de los testimonios más desgarradores. Isasa sufrió una serie de intimidaciones en septiembre de 2006, desarmó su vida y se fue del país. “La vida se me hizo mierda dos veces, pero volví porque acá tengo mis muertos, mis amores y mis sueños”, dijo ayer a Página/12, por momentos quebrada de dolor por el asesinato de Suppo. “Si no fue un robo significa que los represores son la mafia, y con un mafioso criminal confeso no hay reconciliación posible. Es un debate infame el que propone (Eduardo) Duhalde cuando habla de plebiscitar los juicios”, agregó.
Suppo fue una testigo clave en el juicio en el que Isasa fue querellante. “Es medio difícil que salgan a robar a esa hora, entre las 9 y las 10 de un lunes. Si no llega a ser un robo fue un mensaje mafioso, una represalia o venganza por el valiente testimonio de Silvia en el juicio”, afirmó. A su criterio, “ésta sería la prueba palmaria de que no es posible limitar los juicios como propone la derecha”.

–¿Siendo sobreviviente de la dictadura se fue del país en plena democracia luego de las amenazas que sufrió?

–Al día siguiente de la desaparición de (Julio) López fui amenazada de una manera jodida. Llamaron a los teléfonos de mi ex pareja, me estaban buscando. Me fui a vivir a Estados Unidos, y cuando volví secuestraron a (Luis) Gerez a los pocos días. Acá hay que ver las condiciones en que están presos. Por haber estado en un campo me parece bien una cárcel limpia y justa, pero hay que poner atención con quién se comunican, quiénes los visitan, hay que hacer un monitoreo detallado, son presos de extrema peligrosidad y lo demuestran a cada instante. Hablo de un control efectivo, permanente y puntilloso de los contactos que tienen; me pregunto si debieran tener acceso a Internet y celulares. No son presos que se van a reinsertar, hay que tenerlos a resguardo de todos nosotros. Si a esta edad se los está juzgando no es porque no quisimos sino porque en el ’87 intentaron dar un golpe. Ahora exageran su decrepitud en los juicios y muestran el grado de psicosis que tienen al no hacerse cargo, porque en privado se enorgullecen de lo que hicieron pero lo silencian en público.

–¿Por qué el testimonio de Silvia Suppo fue clave?

–Silvia habló de la violencia sexual, de la violación como práctica de tortura especial contra las mujeres, una práctica sisteica, un delito aparte. La violaron en la Comisaría 4ª igual que a mí, y cuando en la Guardia de Infantería Reforzada detectan que estaba embarazada, María Eva Aebi y Juan Calixto Perizzotti deciden hacerla abortar. Luego la llevan a La Casita, donde se repone y como no estaba vendada les ve las caras a todos. La conocí en ese lugar. Estuvimos un año juntas, era una persona digna, muy compañera. Cuando salió libre siguió viviendo en Rafaela.

–Robo o mensaje mafioso, ¿esto afectará a otros testigos?

–En lugar de callarnos, luego del espanto, nos genera más compromiso. Yo misma tengo miedo, el tema es que no te paralice. Hoy temblé al recordar cuando la puse en la lista de testigos, cuando sonrió y me dio un beso al terminar de declarar. Pero reforzamos el compromiso de vida de sostener estos juicios. No existe la protección total. Viví en Londres y otros países donde la protección es muy eficiente y previene algo, pero nunca todo. Acá no se trata de si el sistema nacional o provincial de protección de testigos funciona. En mi caso esclarecieron una de las amenazas y venía de una familiar de uno de los condenados en el juicio. Durante el juicio Silvia tuvo protección pero luego no la quiso, y es respetable. La tuve durante años y es muy pesado. Esto no se cambia con ceder a extorsiones mafiosas sino con más control en las cárceles y más condenas. Si no, ganaron ellos.

domingo, 28 de marzo de 2010

PIDEN EXPLICACIONES A LA UNIVERSIDAD DEL LITORAL POR LA TAREA DE UN EX PCI

Otro que se camufló en la democracia

El abogado Horacio Coutaz, querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, solicitó a las autoridades de la UNL que digan qué hace César Luis Frillocchi en esa institución. El reclamo, en la cara del vicerrector, no obtuvo respuestas.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Los querellantes en los juicios por el terrorismo de estado en Santa Fe le pidieron a la Universidad Nacional del Litoral explicaciones públicas "sobre la labor" que cumplió en esa casa de estudios un agente secreto del Ejército que operó como Personal Civil de Inteligencia, César Luis Frillocchi, quien la semana pasada declaró en el juicio a otro PCI, Horacio Américo Barcos, y estuvo a punto de quedar preso por mentir (ver aparte). "Por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frillocchi como PCI en esta casa", dijo el abogado Horacio Coutaz. El planteo fue hecho en un acto público y en la cara del vicerrector de la UNL, Miguel Irigoyen y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, José Manuel Benvenutti, pero quedó sin respuesta. Frillocchi ocupa aún hoy un cargo jerárquico en la UNL y llegó a integrar al Consejo Superior hasta que trascendió su relación con Barcos y que ambos habían sido PCI al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe durante la dictadura.

"Debemos reflexionar sobre las deudas que aún tiene la democracia", dijo Coutaz. Lo escuchaban el gobernador Hermes Binner, la vicegobernadora Griselda Tessio, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta y el secretario de Justicia, Roberto Vicente, que poco antes habían entregado a la UNL ejemplares del libro Historias de vida y una copia de la sentencia del juicio al ex juez Víctor Brusa y a cinco represores santafesinos. "Resaltaba en el juicio -recordó Coutaz que durante la dictadura, en agosto de 1981, Brusa fue propuesto como juez federal de Santa Fe apoyado por el Destacamento de Inteligencia 122. Lo paradójico es que no fue designado por el régimen militar, pero sí en democracia en los años '90 y por un Senado de la democracia".

Entonces, "sin caer en una cacería de brujas, es momento también de reflexionar sobre el papel que tuvieron cada una de las instituciones, sus funcionarios y empleados".

"Y una muestra clara de eso es lo que ocurrió en la (última) audiencia en el juicio a Barcos, donde un PCI que trabajó como espía desde el año 1977 a 2005 se desempeñó en lugares claves de la Universidad Nacional del Litoral. Entiendo que esta circunstancia es pública desde hace un tiempo y salió en los medios desde hace más de un año", explicó.

"Frilocchi no sólo era agente secreto, sino que su labor en inteligencia estaba dentro del campo estudiantil, era efectiva de calle y riesgosa, como surge de su legajo. Y el martes terminó con una investigación por falso testimonio".

"Creo que por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frillocchi como PCI en esta casa", concluyó Coutaz. El vicerrector Irigoyen y el doctor Benvenutti no respondieron el pedido.

Benvenutti ya había declarado en el juicio a Barcos el día anterior a que lo hiciera Frillocchi, a quien no mencionó por su apellido que dijo no recordar. "¿Tiene conocimiento si la Universidad sancionó a un empleado por ser PCI?", le preguntó la abogada querellante Zulema Rivera. "Si, fue a principios del año pasado que se planteo esta cuestión en el Consejo Superior de la UNL. Yo soy presidente de la comisión de Interpretación y Reglamento. Y uno de los consejeros, Roberto Pozo, planteó que un consejero no docente estaba nombrado en una lista de PCI en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del doctor (Reinaldo) Rodríguez. Yo no recuerdo lamentablemente el nombre (de Frillocchi) -se disculpó Benvenutti . Entonces, el Consejo Superior pidió informes al Juzgado. Esta persona pidió licencia por enfermedad y después renunció al cargo en el Consejo. Desde el Juzgado dijeron que esta persona estaba en dicha lista, pero que no podían informar más debido al estado de la causa".

¿Y desde la Universidad no se hizo un planteo más general? -insistió la doctora Rivera.

No recuerdo. No, me parece que sólo fue en relación a esa persona -concluyó el decano de la Facultad de Derecho.

PROCESARON A FRILLOCCHI POR FALSO TESTIMONIO

Un testimonio con contradicciones

Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

La justicia federal le inició al ex PCI del Ejército, César Luis Frillocchi, una causa por falso testimonio después declarar en el juicio a su colega Horacio Américo Barcos, en el Tribunal Oral de Santa Fe, donde casi termina preso por mentir. Entre otras cosas, Frillocchi reveló que operaba con nombres falsos que comenzaban con sus mismas iniciales, como era norma entre los agentes secretos: Carlos Lucas Fernández y Carlos Leandro Fittipaldi. Y mencionó a dos jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122 con los que tenía trato: el coronel Antonio Ramón Ricciardi (entre 1977 y 1979) y el coronel Luis Alberto González, que sucedió al anterior.

En su declaración, Frillocchi intentó despegarse en todo momento de Barcos, pero las contradicciones fueron tantas que el fiscal Martín Suárez Faisal lo acusó por falso testimonio y pidió su detención. El Tribunal Oral Federal hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público, pero dejó ir al PCI en un fallo dividido: el presidente, José María Escobar Cello, apoyó la petición fiscal pero los dos vocales, María Ivón Vella y Daniel Laborde le votaron en contra.

Barcos está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, en mayo de 1978. Ya en la etapa de instrucción de la causa, el 9 de junio de 2006, Frilocchi había declarado como testigo. Le preguntaron "si Barcos prestó servicio en algún organismo policial o colaboró con la policía en tareas de represión". Y contestó: "No tengo conocimiento de ello y nunca supe que el mismo fuera policía o colaborador de algún organismo de ese tipo".

Un año después, en octubre de 2007, el Ejército envió al juez Reinaldo Rodríguez la lista de los PCI que prestaron servicio en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 en 1978 y apareció el nombre de Frillocchi. La fiscal federal Nº 2 Cintia Gómez interpretó entonces que el testigo había faltado a la verdad, le pidió al juez que "extraiga las copias pertinentes" y lo investigue por falso testimonio.

La semana pasada, Frillocchi volvió a ser acusado por el Ministerio Público. "El testigo ha incurrido en numerosas contradicciones. Ha afirmado falsedades y ha negado y callado la verdad", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal.

Frillocchi insistió en varias partes de su relato que él había ingresado como PCI después del secuestro de Tur y Ricotti, el 16 de mayo de 1978. "Yo entré en agosto de 1978. Nada que ver".

Sin embargo en su legajo figura que usted ingresó el 1º de mayo de 1978 -le planteó el fiscal Suárez Faisal.

No. Mienten -contestó Frillocchi.

Más adelante, se le exhibieron dos fojas de su propio legajo que el Ejército envió al Tribunal Oral. La propuesta como PCI el 17 de abril de 1978 y la designación el 1º de mayo de 1978 como Carlos Leandro Fittipaldi: -No sé, pero yo entré en agosto. Cobré desde agosto. Antes nada.

El fiscal le preguntó entonces quién era su jefe en el Destacamento de Inteligencia en 1978 . "El coronel Ricciardi", respondió. Y después quiso saber si conocía a militares de la unidad: los capitanes Julio César Domingez y Héctor Melitón Martínez y el suboficial Eleodoro Jorge Hauque. "No los conozco", fue la respuesta de Frillocchi.

domingo, 14 de marzo de 2010

Para que la patota no quede impune

ADRIANA ARCE TESTIMONIO EN EL JUICIO CONTRA EL REPRESOR HORACIO BARCOS EN SANTA FE

La sobreviviente de la Fábrica de Armas Domingo Matheu declaró sobre el secuestro de su colega José Alberto Tur. Pidió que la población denuncie al Personal Civil de Inteligencia que actuó en la dictadura, para avanzar en la justicia.

Por Juan Carlos Tizziani
 
La sobreviviente de Fábrica Militar de Armas, Adriana Arce vinculó su martirio y el de su colega José Alberto Tur, en mayo de 1978, con la militancia gremial de ambos en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe. "Estábamos bajo la mira del aparato de inteligencia de la dictadura", dijo después declarar en el juicio al ex agente civil del Ejército, Horacio Américo Barcos, acusado por el secuestro y torturas a Tur y a su ex esposa, Amalia Ricotti. Arce estuvo en Santa Fe el 11 de mayo de 1978 para reunirse con Tur, preocupados por los docentes desaparecidos en el gremio. Dos represores a bordo de un Fiat 1500 rojo la siguieron en el viaje de ida y de vuelta a Rosario. Ya cuando Tur la despidió en la estación de ómnibus de Santa Fe se dio cuenta que otros cuatro sujetos lo seguían a él, de cerca. Allí tuvo un mal presentimiento: "Nos van a secuestrar", pensó. Y así fue. Cuando llegó a Rosario, a la noche, un grupo de tareas la secuestró en la Fabrica Militar de Armas y cinco días después, el 16 de mayo, otra patota de la dictadura secuestró a Tur y Ricotti durante dos semanas en otro centro clandestino de Santa Fe -que aún no fue localizado pero al que los represores también llamaban "Fábrica".

¿Qué pasó en esa reunión con Tur, en mayo de 1978? Porque después los secuestran a los dos -preguntó Rosario/12.
 
-El Sindicato de Trabajadores de la Educación estaba bajo la mira de la dictadura -dijo Adriana. "Y eso tiene que ver con el plan sistemático de exterminio para imponer un modelo económico. Los militares lo escriben en 1975 y lo aplican en 1976. Después sacan una directiva complementaria que apunta contra la Coordinadora de Gremios en Lucha, la CGT de los Argentinos y la Comisión Intersindical. También contra los docentes porque los consideran 'generadores de la ideología subversiva'. La misma noche del golpe del 24 de marzo allanaron la sede del gremio en Rosario y se llevaron los registros de afiliados y los nombres de los delegados departamentales, entre ellos los datos de Tur (que era delegado el departamento Las Colonias)".

"En 1978, vine a ver a Tur porque a pesar de que teníamos prohibida la actividad sindical, nos reuníamos con los delegados de los departamentos para ver los compañeros desaparecidos que teníamos. Había docentes desaparecidos por todas partes y de todos los niveles. Por eso vengo a Santa Fe y me reúno con Alberto en su casa. Ya cuando salí de la escuela en Rosario veo en la calle un automóvil con dos hombres. Era un Fiat 1500 rojo. Y cuando llego a Santa Fe y Alberto me busca en la terminal de ómnibus y vamos a su casa, vuelvo a ver el mismo autos con esas dos personas", recordó Arce.

¿Pudo identificar a esas dos personas que la siguieron a Santa Fe?
 
A uno de ellos lo tenemos preso en Rosario y es uno de los imputados en el juicio (oral al ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, general Ramón) Díaz Bessone que comienza el 27 de abril. Es "Armando" (Alberto Pelliza). Y el otro es "Rébora" (Eduardo Rebecchi) que está prófugo. Eran los mismos que me siguieron a Santa Fe -reveló Adriana.

Otro hecho que Arce relató en el juicio es que Tur también era seguido por los represores. Después de la reunión en la casa de su colega, éste la acompañó hasta la estación de colectivos de Santa Fe. Ella subió al micro que la llevaría de vuelta a Rosario y desde la ventanilla puede ver que cuatro sujetos seguían de cerca de Tur. Y en entonces, pensó: "Van a secuestrar a Alberto". "Y después, cuando yo llego a Rosario me secuestran a mí. Esa la tuve clara. Nos secuestraron a los dos, a mí esa noche (del 11 de mayo de 1978) y a Alberto lo secuestran unos días después (el 16 de mayo)", precisó.
 
En el juicio le preguntaron a Adriana si ella había podido identificar a quienes seguían a Tur. "No", contestó. "La imagen que tengo (en la memoria) es Alberto que regresa hacia su auto Citroen y los cuatro hombres que lo siguen. Allí presentí que lo iban a secuestrar. El colectivo arrancó, y no supe más nada. Creo que Alberto ni siquiera se dio cuenta de la presencia de esta gente".
 
¿Ambos secuestros están vinculados?
 
Sí. El Segundo Cuerpo de Ejército daba esas directivas a todos los que estuvieron unidos en la represión. Los grupos operativos estaban integrados por miembros de todas las fuerzas y también por civiles. Lo sé porque ellos me lo dijeron. Cuando me secuestraron me dijeron: "¿Vos sabés donde estás? Estás chupada. ¿Y sabés quiénes somos nosotros? Un grupo de tareas de fuerzas conjuntas integrados por civiles y militares de todas las fuerzas". Y evidentemente, yo pensé que eran alrededor de 30, pero si analizamos las listas (de los PCI) que fueron desclasificadas y publicadas, vemos que coinciden perfectamente. De esos, muchos andan aún por la calle. Y es importante que aquellos que los tienen de vecinos y los conocen, colaboren para que se pueda esclarecer todo lo que ha pasado en la dictadura y hacer justicia. Porque ellos han hecho un pacto de silencio que nos impide conocer la verdad, aplicar la justicia y seguir adelante como país. Durante tantos años de impunidad, ellos instalaron una dinámica en la que parece que todo vale.
 
Usted ofreció en el juicio un informe de inteligencia de la Policía de Rosario sobre usted y que menciona a Tur.
 
Si, me dediqué a investigar esto y a denunciarlo en cuánto lugar he podido. En el año 2000, logré denunciarlo en la Argentina ante el (ex fiscal y hoy camarista) Eduardo Freiler, en Comodoro Py. Freiler pidió información al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y le mandaron (el expediente con) todo. Y entre esas cosas, había un informe que le envían al ex juez (federal de Rosario, Pedro) Tiscornia, a quien el Comando de Segundo Cuerpo manda el penal de Villa Devoto para que nos abra una causa federal. A mi ya me habían hecho un Consejo de Guerra y ahora me hacían una causa federal con las mismas acusaciones. En ese momento, nosotros sabíamos que si eso sucedía era la manera de legalizar la condena (del Consejo de Guerra). Yo le dije a Tiscornia: "Mire, a mí me han secuestrado y torturado". Y él me contestó: "Yo no vengo a escuchar eso". Y se fue. Y después le mandó una nota informándole al general Leopoldo Galtieri. El juez Tiscornia tendrá que rendir cuentas de todo esto porque aún vive: él le informó al Segundo Cuerpo que yo había intentado denunciar (el secuestro y las torturas). Y eso es muy grave.
 
Usted dijo que ese informe de inteligencia fue hecho con datos que aportaban los infiltrados en el gremio y en otros sectores sociales.
 
Así fue. Lamentablemente. Y a partir de la lectura de las listas (de los PCI) uno sabe que fue así.
 
¿Pudo detectar algunos nombres de los agentes que operaban como PCI?
 
No se podían saber tantas cosas (de la actividad sindical) si los datos no salían de adentro. Ellos mandaban a los infiltrados a hacer tareas, a levantar datos en las asambleas.

Después de 30 años identifican restos de dos desaparecidos en Rosario

Según lo pudo establecer el Equipo Argentino de Antropología forense, se trata de Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga. Avanzan las investigaciones para determinar la identidad de otro NN.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de dos desaparecidos de la dictadura en Rosario: Roberto Enrique De Vicenzo y Rubén Juan Forteaga, que estuvieron sepultados como NN durante tres décadas en el cementerio de Barrancas. Y ahora avanza en los estudios genéticos para devolverle el nombre a un tercer NN localizado la semana pasada en el cementerio de Santa Fe, pero que los investigadores presumen que estaría vinculado al mismo grupo. "La verdad salió a la luz después de 34 años", dijo una fuente de la investigación que está a cargo del juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. De Vicenzo fue secuestrado el 27 de setiembre de 1976 y lo vieron con vida en el centro clandestino "El Pozo" en el Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario, por lo que el hallazgo y su identificación es una prueba clave para reconstruir el circuito del terror en la zona del Segundo Cuerpo de Ejército. Los traslados hacia la muerte: el secuestro, el martirio, la ejecución a la vera de los caminos, la desaparición del cadáver y el enterramiento clandestino.

El 27 de setiembre de 1976 fue un día fatídico en Rosario. Cinco militantes del peronismo revolucionario cayeron en pocas horas en poder de los grupos de tareas que comandaba Feced: a la mañana, la esposa de De Vicenzo, Miriam Susana Moro y un compañero de ésta, Antonio Angel López. Y a la tarde, De Vicenzo, Forteaga y Oscar Alfredo Bouvier, que sigue desaparecido.

Moro y López habían salido temprano a repartir volantes por la zona sur de Rosario, se movilizaban en una moto, pero los fusilaron y los dejaron en un camino rural de la provincia. Los cuerpos aparecieron 48 horas después del secuestro, el 29 de setiembre de 1976, en una ruta que va a Armstrong, entre Chabás y Bigand y los inhumaron como NN en el cementerio de Casilda. La esposa de López recuperó el cuerpo de su esposo en 1979. Lo habían matado de un balazo en la nuca. Pero la familia de Miriam recién tuvo certeza de su destino final en el arranque de la democracia, en 1983, aunque nunca pudo recuperar sus restos. Ella tenía 24 años, dos hijos: uno de casi dos años y otro de siete meses y estaba embarazada del tercero, de cuatro meses. Le dispararon doce balazos por la espalda.

De Vicenzo fue secuestrado el 27 de setiembre a la tarde. "Lo trasladan al Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario, donde es visto por dos personas", según relató ante la Conadep su cuñada Ana María Moro, gemela de Miriam, que también estuvo secuestrada en "El Pozo", unos meses después, en mayo de 1977. Allí, pudo hablar con otro detenido, José "Pollo" Baravalle, a quien le preguntó por su cuñado y su hermana. Baravalle le dijo que Roberto había estado en el centro clandestino, pero Miriam no, aunque sabía que ambos habían sido asesinados. Otra detenida, Eva Esther Fernández, le dijo lo mismo que José. Baravalle estaba acusado de colaborar con la dictadura, buscó refugio en Italia, pero el cerco de Interpol para extraditarlo a la Argentina comenzó a cerrarse en setiembre de 2008, no lo resistió y se tiró desde un puente.

Veinticuatro horas después de la escalada de secuestros en Rosario, aparecieron acribillados los cuerpos de tres jóvenes en la zona rural de Barrancas. Uno, el 28 de setiembre. Y dos, el 30 de setiembre, en el camino viejo a Yrigoyen, a un kilómetro de la autopista Santa Fe Rosario. Dos de ellos fueron sepultados en el cementerio de Barrancas, donde estuvieron 32 años hasta su exhumación en 2008. Pero el tercero terminó en el cementerio de Santa Fe, donde fue localizado recién la semana pasada en el cuadro de tierra Nº 5, con las marcas del terror y el tiro de gracia.

El 30 de junio de 2008, el juez Rodríguez ordenó inhumar los restos de los dos NN enterrados en Barrancas y autorizó al Equipo Argentino de Antropología Forense a enviar las muestras a un laboratorio de Estados Unidos especializado en la extracción de ADN a restos óseos (Bode Technology Group). El primer resultado de la investigación se logró el año pasado cuando, los estudios genéticos confirmaron que uno de los cuerpos "corresponden a quien en vida fuera Rubén Juan Forteaga", según la resolución 14/09 del 3 de agosto de 2009 firmada por el doctor Rodríguez.

La fiscal Nº 2 Cintia Gómez formuló entonces el requerimiento de instrucción para investigar el crimen y la esposa de Forteaga presentó una denuncia penal por la "persecución política, homicidio y posterior desaparición del cuerpo" de su esposo y su "enterramiento en forma clandestina en el cementerio de Barrancas".

Hasta ahí la investigación se mantenía en reserva, pero esta semana trascendieron varios hechos:

* El 26 de febrero, el juez Rodríguez firmó la resolución 6/10 que declara su incompetencia para investigar el asesinato de Forteaga y derivó la causa al juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que ya investigaba la desaparición del joven militante de la JUP, el 27 de setiembre de 1976. "El hecho delictivo se cometió en diversas jurisdicciones", dijo Rodríguez y consideró que su colega de Rosario estaba en mejores condiciones que él para investigar el caso por "economía, celeridad, inmediatez procesal y defensa en juicio", explicó. * El 8 de marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al magistrado los resultados genéticos que acreditan la identidad del otro NN exhumado en Barrancas: "Roberto Enrique Darío De Vicenzo, nacido el 4 de febrero de 1952 y secuestrado el 27 de setiembre de 1976", dice el informe al que tuvo acceso Rosario/12. Y el estudio del Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) de Córdoba que comparó el ADN de la víctima con muestras de sangre de su madre y de sus hijos agregó: "La probabilidad de que la muestra 220.545 pertenezca a un hijo biológico de Noemí Olga Johnston y a su vez padre biológico de Gustavo Alberto De Vicenzo y Darío Máximo De Vicenzo es del 99,999999 por ciento".

* La semana pasada, el Equipo de Antropología Forense produjo otro hallazgo trascendente en la investigación: localizó el cuerpo del tercer joven que había aparecido acribillado en Barrancas, en setiembre de 1976, pero que fue enterrado en el cementerio de Santa Fe un mes después. "Tiene marcas de disparos de bala", dijo otra fuente consultada por este diario. La búsqueda se reactivó hace muy poco por lo que algunos podrían considerar un "hecho casi fortuito", pero que no es otra cosa que el paciente y tenaz método de cruzar datos de los expedientes judiciales. Una lectura minuciosa en el despacho del juez Rodríguez de la causa abierta en 1984 para identificar las víctimas de la dictadura sepultadas como NN, detectó el traslado de uno de los cuerpos de Barrancas a Santa Fe. En 1984, sólo se identificaron dos y entre 1998 y 1999 otros diez. Ahora, la pesquisa volvió a dar resultados: los forenses hallaron "el cadáver trasladado de la ciudad de Barrancas, provincia de Santa Fe, a la sala policial del Hospital Piloto por orden del juez de Instrucción de la 1ª nominación, doctor Juan Cantoia, el 16 de octubre de 1976" e inhumados como "NN masculino, el cuadro Nº 5, hilera H, fosa Nº 31", dos días después, el día 18 de octubre de 1976.

martes, 9 de marzo de 2010

Los represores no quieren ver sus fotos, Nosotros no queremos olvidarlos nunca

Los represores no quieren fotos de los desaparecidos. El Tribunal se los consiente

EXPUSO LA DEFENSORA DEL REPRESOR GUERRIERI

 Por José Maggi

Las defensas de los represores de la causa Amelong-Guerrieri, comenzaron ayer a explicar sus argumentos. El primer turno fue para la defensa del imputado Oscar Pascual Guerrieri, quien integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar con el grado de Teniente Coronel. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatríz Caballero de Baravani ordenó desalojar la sala.

Los abogados de oficio que en doble turno se tomaron unas cuatro horas para su alegato no dejaron de "reconocer la repugnancia de los delitos de esta laya, la gravedad de los hechos y el marco histórico en que se produjeron", según dijo Mariana Grasso, abogada de la defensa. No obstante la letrada intentó demostrar que "la prueba de cargo producida durante el juicio no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad de Guerrieri en los hechos por los que se lo acusa".

La defensa solicitó que, "en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se mantengan las actuales condiciones de detención de Guerrieri, esto es, prisión domiciliaria, argumentando razones de salud y la avanzada edad del imputado". Grasso intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como "el plan sistemático aplicado durante la dictadura militar".

Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía. La defensora oficial también se refirió a la cobertura periodística del juicio. "Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados con el apelativo de 'genocidas' o 'asesinos'" dijo Grasso.

La abogada del represor apuntó también contra el paso del tiempo como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos.

Los organismos de derechos humanos y grupos que integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que "harían presente en el juicio a los desaparecidos". Así cuando comenzó la audiencia desde el público, en medio de cantos y gritos de justicia, desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza de Baravani, que presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala. Ya afuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y explicaron que "la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos

lunes, 8 de marzo de 2010

Pedido de prisión perpetua para los represores

La fiscal pidió la pena máxima con inhabilitación

El alegato del juicio contra Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo consideró que se produjo prueba suficiente de que los imputados fueron ejecutores del plan de represión ilegal.
   
"Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrenpentimiento de los acusados". De este modo concluyó ayer su alegato la fiscal federal Mabel Colalongo, el pedir la condena para Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Hoy comenzarán a hablar las defensas de los imputados, en las instancias finales del juicio.

Colalongo finalizó su alegato ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº1, luego de 17 horas de exposición concretadas en tres jornadas. "Cada uno de los testimonios en esta audiencia pone en evidencia la existencia de un plan criminal organizado de quienes se habían apoderado de todas las instituciones del estado, desde los municipios hasta el gobierno nacional", dijo la funcionaria judicial.

Asimismo, Colalongo manifestó que "los acusados fueron fieles ejecutores del plan de represión ilegal", y agregó que "los mismos permanecieron en las filas del ejército golpista porque su conciencia les permitió cometer los mas aberrantes crímenes, cumplir con ordenes ilegales, inmorales". No obstante, la fiscal añadió que "si no lo hicieron por convicción, entonces la otra opción es que lo hayan hecho por cobardía, y la cobardía no exculpa, no es una justificante."

Por su parte, en relación al rol de las víctimas, la representante del Ministerio Público mencionó que "muchas veces se ha desequilibrado la balanza en contra de las víctimas", y en ese sentido destacó que no se puede desconocer "que en 30 años no se ha dado un solo hecho de justicia por mano propia por partes de las víctimas, al contrario de todos los pronósticos". La fiscal alegó: "Tantos años de impunidad, tantos años de miedo, han hecho que muchas veces nos conformemos con un poquito de legalidad, un poquito de garantías con tal de tener un poquito de justicia".

En cuanto a la aplicación de la sanción, Colalongo subrayó que "la imposición de la pena a los acusados por los hechos que se han probado en este juicio es la manera de mostrar que nadie, ningún gobierno, puede utilizar el estado para imponer un sistema de terror, y que no existen dos sistemas jurídicos sino uno, el elegido por esta sociedad para su representación, que es el estado de derecho".

En tanto, al momento de pedir las penas, la fiscal argumentó en función de "el cargo que detentaban en el destacamento, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, inhumana, la colocación de otras víctimas en estado absoluto de indefensión pero además obligándolas a escuchar gritos de terror, de padecimiento, las terribles condiciones de detención en las que se encontraban las víctimas, el aprovechamiento perverso y cobarde de víctimas indefensas que no podían ofrecer resistencia, el amparo en el cual se escudaron para cometer estos hechos, la impunidad y por supuesto la falta absoluta de arrepentimiento por parte de los acusados".

Para la abogada querellante Daniela Asinari, el alegato de la fiscal "fue muy sólido". La profesional destacó que la representante del Ministerio Público "valoró toda la prueba colectada en el juicio, demostrando cómo ese caudal de elementos probatorios acredita sin lugar a dudas los hechos por lo que se acusa a los cinco imputados y la responsabilidad penal que a cada uno de ellos le cabe".

sábado, 6 de marzo de 2010

LISTA DE COLABORADORES DE LA DICTADURA EN LA ZONA DE ROSARIO.

Civiles aptos para todo servicio

En la nota de hoy se completa -con 33 nuevas identidades- los 116 nombres de quienes actuaron en los años de plomo como espías encubiertos, infiltrados en distintas organizaciones y responsables de la desaparición de muchas personas.
   
 Por José Maggi

El último domingo la edición de Rosario/12 publicaba el listado de quienes habían prestado servicios como Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante el primer tramo de la dictadura argentina entre 1976 y 1979. El listado compuesto por 83 identidades se completa hoy con 33 nombres más quienes fueron espías encubiertos, algunos infiltrados en las mismas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que cumplieron esa tarea hasta el último día de 1983. Se trata en total de 116 nombres completos con los que se termina de descorrer el velo sobre quienes ayudaron a convertir en sospechoso a cada uno de los ciudadanos que atacaba "el modo de vida occidental y cristiano" tal como Albano Harguindeguy definió al enemigo. O más cerca aún "a señalar a los sospechosos que no era la gente normal, que no era la gente que iba al Jockey Club", como dijo muy suelto de cuerpo Jorge Fariña, jefe de Operacione Especiales de Inteligencia del Destacamento 121 y uno de los cinco imputados juzgados por estos dias ante la justicia federal.

"¿Por qué Edgardo (El Gato) Andrada, que está acusado de colaborar con la última dictadura militar, es entrenador de las inferiores del club?", pregunto el colega Alejo Diz a Horacio Usandizaga en los primeros días de enero de 2009. "Es empleado del club. Ví las denuncias que tiene. Pero a él le asiste el principio de inocencia. No puede hacer otra cosa", respondió entonces Usandizaga.

"-Si se prueba judicialmente su participación en la dictadura, ¿qué medida tomaría?".

-Lo echaría, de ser así no lo dudaría. En ese caso lo echaríamos con una causal. La otra manera es que venga el responsable de divisiones inferiores y me diga que no es apto o no está capacitado. Creo que nosotros debemos respetar el principio de inocencia porque no hay ninguna sentencia en su contra".

Bien. El nombre del Gato Andrada es el tercero de la lista de agentes civiles: Alasino, Rolando Sergio (agente reunión). Alisi Diris, Fabián Alejandro (dibujante). Andrada, Edgardo Norberto (agente reunión). Bustos, Jorge (agente reunión). Carre, Raúl Jorge (agente reunión). Copparo, Hugo Enrique (agente reunión). Cruz, Raúl Alfredo (agente seguridad). De León, Saúl Segundo (agente reunión). Della Ceca, Juan Carlos (dactilógrafo). Florentín, Alicia Rosalía (agente seguridad). Gómez, Carlos Walter (agente seguridad). Grosso, Eduardo Antonio (programador auxiliar). Gruboy, Eduardo Luis (operador SCD). Gutiérrez, Juan Domingo (mecánico). Herrera, Domingo Faustino (agente reunión). Igoillo, Daniel Fernando (agente reunión).

Pangia, Raúl Joaquín (agente censura). Pangia es psicólogo y protagonista de las intervenciones militares a la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y la Biblioteca Vigil, según lo denunciara Juane Basso de HIJOS en 2007. En el año 2003 en diario El Eslabón Basso había denunciado que Pangia que acababa de ganar el cargo de director del Colegio Latinoamericano, era el mismo que se jactaba entre otras cosas de "haber eliminado la infiltración marxista" de Psicología durante la dictadura, "facultad de la cual veintidós estudiantes continúan desaparecidos". Finalmente, y luego de una fuerte presión ejercida por los organismos de derechos humanos, aquel concurso quedó desierto y el ex interventor debió abandonar el cargo. A diferencia de lo ocurrido en aquellos días, las autoridades de la Universidad Abierta Interamericana, le habian dado trabajo por entonces.

La lista de agentes civiles que colaboraron con la dictadura continúa con: Pavesio, Claudio Luis Juan (radioperador). Pérez, Gustavo Eduardo, (dactilógrafo). Perugini, Gualter A. (agente seguridad). Pettorossi, Carlos, (perfograboverificador). Ramos, Angel Paulino (agente seguridad). Rock, Claudio Andrés (radioperador). Rodríguez, Néstor Eduardo (peón). Rojas, Manuel Rubén (agente seguridad). Romero, Carlos Daniel (agente reunión). Scacco, Jorge Omar (agente seguridad). Solé, César Ramón (agente seguridad). Spezzi, Eduardo Julio (agente seguridad). Tarrió, Osvaldo Aníbal Blas (agente reunión). Vázquez, Daniel Alberto (perfograboverificador). Wirsch, Alicia Aracelli (agente reunión). Zangara, José Felipe (agente reunión).

UNA DENUNCIANTES QUE FUE PERSEGUIDA Y ASALTADA

"Todo esto debe aclararse ahora"
   Desde Santa Fe
 
La denunciante del ex agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Horacio Américo Barcos, que comenzó a ser juzgado esta semana en Santa Fe, dijo que hay dos cuestiones pendientes en la investigación: las intimidaciones y seguimientos que padeció desde que recurrió a la justicia y un asalto a su casa de un grupo de encapuchados. "Pido que estos temas se aclaren", dijo Amalia Ricotti. Barcos es acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Ricotti y a su ex marido ya fallecido, José Alberto Tur, en mayo de 1978.

Ricotti tiene custodia policial desde hace cuatro años, dijo al testimoniar en el juicio a Barcos. La pesadilla comenzó cuando se presentó ante la fiscal federal (Griselda) Tessio, que investigaba los centros clandestinos de detención de Santa Fe. "A partir de ahí, comencé a sufrir intimidaciones en la calle, por teléfono, seguimientos y uno de los últimos hechos fue muy violento. Ya tenía el teléfono celular del Programa de Protección a Testigos, pero no tenía custodia personal y cuando intentaba comunicarme con el responsable del programa, Alejandro Villalba, se cayó el sistema. En ese momento estaba en el centro de la ciudad y observé que me seguían. Me comunique entonces desde una cabina telefónica y al salir de ahí, me interceptaron tres personas: una se me abalanzó desde atrás e intentó arrebatarme el teléfono. Fue muy fuerte", dijo.

Amalia interpretó las llamadas intimidatorias como un mensaje de "la patota. Era como decir que seguían estando. Ese era el mensaje que yo entendí que me quisieron dar. Y evidentemente es así, porque desde el momento de mis denuncias, comenzaron los llamados telefónicos. Una persona me siguió. Era mostrar presencias, agresiones y evidentemente se tuvo que crear un equipo de Protección a Testigos en el año 2010" para custodiarnos.

"También me di cuenta que era seguida por una persona que posteriormente pude identificar con nombre y apellido: Gaspar Gelli, que también fue identificado por el hijo (de otros dos querellantes en el juicio al ex juez Víctor Brusa), Daniel García y Alba Sánchez"

Ricotti dijo que Gelli estuvo "citado para presentarse a una rueda de reconocimiento" de personas, pero "presentó un certificado médico" y no concurrió. Después, "lo volvieron a citar y no tenía el domicilio, su paradero es desconocido".

EL PRIMER JUICIO ORAL POR TERRORISMO DE ESTADO EN PARANA.

Por el robo de identidad a Sabrina

Es el caso de la hija de dos secuestrados en la Quinta de Funes durante la dictadura: Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Rosario/12 había comenzado de develar la trama de los mellizos de Raquel Negro, por la declaraciones de Costanzo.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

La supresión de identidad de Sabrina, la hija de dos secuestrados en la Quinta de Funes, Raquel Negro y Tulio Valenzuela, podría ser el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Paraná. La Cámara Federal de Paraná ratificó esta semana el procesamiento y la prisión preventiva de cinco imputados en la causa del Hospital Militar: Pascual Guerrieri, Walter Pagano, Jorge Fariña, Marino González y el médico Juan Antonio Zacarías y el 22 de marzo definirá la situación del sexto: Juan Daniel Amelong, quien en su condición de abogado se encarga de su propia defensa. Amelong afronta los mismos cargos que pesan sobre Pagano, por lo que si el tribunal resuelve en el mismo sentido que lo hizo con su colega de banquillo, "el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio oral en poco tiempo", dijo una fuente consultada por Rosario/12.

La trama sobre el nacimiento de los mellizos de Raquel Negro comenzó a develarse el año pasado en un reportaje del periodista José Maggi al ex agente de inteligencia Eduardo Constanzo que publicó Rosario/12. Constanzo confirmó que Raquel, secuestrada en la Quinta de Funes, había sido llevada al Hospital Militar de Paraná para dar a luz un niño y una niña. Y reveló que después, la beba había sido llevada en auto por Amelong y Pagano a un convento de Rosario. Inmediatamente, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Claudia Oberlín se presentó ante la justicia federal de Paraná y señaló en un escrito cuál podía ser ese orfanato: el Hogar del Huérfano de Rosario. La pista resultó clave para devolverle la identidad a Sabrina y avanzar en la búsqueda de su hermano mellizo.

En una audiencia realizada el jueves, la Cámara Federal de Paraná confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de cinco de los imputados y dejó pendiente la situación de Amelong que se resolverá en dos semanas.

En realidad, se dieron tres situaciones: 1) Las defensas de Guerrieri y Pagano habían recurrido el procesamiento, pero la Cámara rechazó el planteo y confirmó el fallo de primera instancia. 2) Fariña, González y Zacarías también habían apelado, pero como sus abogados sostuvieron el recurso ante la Cámara, ésta lo consideró desistido. Y por lo tanto, el procesamiento quedó firme. 3) Ahora, la Cámara deberá definir la situación de Amelong, pero como éste se defiende a si mismo la audiencia se postergó para el 22 de marzo. La resolución fue adoptada por los jueces Aníbal Ríos, Gustavo Ibañez y Ramón González, éste último de la Cámara Federal de Corrientes porque el tribunal entrerriano tiene sólo dos vocales.

"Si la Cámara Federal de Paraná confirma el procesamiento de Amelong, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio. Sería muy importante porque hasta ahora ninguna investigación por crímenes de lesa humanidad ha llegado a juicio oral en Paraná y esta sería la primera", dijo una fuente que conoce la causa.

En el juicio a Guerrieri y compañía en Rosario declararon los dos hijos de Raquel Negro: Sabrina y Sebastián Alvarez, que también estuvo secuestrado con su madre en la Quinta de Funes cuando era un niño de un año y ocho meses. Y los dos pidieron a los jueces que busquen a su hermano desaparecido. "Quería pedirles a ustedes, a la Justicia, que encuentren a mi hermano mellizo. Porque él sigue estando desaparecido. Y las personas responsables de los hechos que aquí se investigan, también lo son por su desaparición", dijo Sabrina.

Según Costanzo, el mellizo varón nació muerto, pero los testimonios de enfermeras del Hospital Militar de Paraná indicaron que había nacido vivo, con problemas de salud. "Para los Valenzuela (los hermanos de su padre biológico), está vivo. Y eso impulsa a buscarlo", agregó Sabrina. Mientras que Sebastián relató que las enfermeras pudieron ver a los mellizos, pero su madre no porque estaba encapuchada.

Los fiscales que intervienen en la causa José Ignacio Candioti y Mario Silva han solicitado distintas medidas en la búsqueda del niño. No creen en la hipótesis que nació muerto. "Si bien hay testimonios que dicen que el chiquito podría haber fallecido, no se puede confirmar fehaciente esa muerte porque el cuerpito nunca se encontró", dijo la fuente.

viernes, 5 de marzo de 2010

Santa Fé: Se incia el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad

Luego de la lectura del “requerimiento de elevación a juicio” el Tribunal Oral Federal escuchó el testimonio de Amalia Ricotti, víctima y querellante en el caso.


El viernes 5 de marzo se realizó la primera audiencia en el juicio por la represión ilegal durante la última dictadura militar que tiene como único imputado al ex sindicalista, Horacio Américo “Quique” Barcos, acusado de graves delitos durante su desempeño como personal civil de inteligencia (PCI), al servicio del Ejército.

El edificio que está en la esquina de San Jerónimo y Primera Junta contó desde temprano con medidas de seguridad que incluyeron un vallado perimetral y el corte de las calles aledañas, tal como ocurriera durante el juicio al ex juez federal Víctor Hermes Brusa. Ante un importante marco de militantes sociales y representantes de organismos de Derechos Humanos, la principal testigo y querellante, Amalia Ricotti, ingresó a la sala de audiencias alrededor de las 8.30 de la mañana.

Un poco más temprano, desde la cárcel de Las Flores, una unidad del Servicio Penitenciario, trasladó a Barcos, que aguardaba en el banquillo de los acusados, junto a su abogado particular, Néstor Oroño.

El Tribunal Oral Federal contó con dos de sus titulares, José María Escobar Cello -presidente- y María Ivón Vella. El tercer lugar lo ocupó el Dr. Daniel Laborde, subrogando en su cargo al ex juez Ramiro Puyol, que se jubiló el año pasado.

Por el lado de la querella estuvieron presentes los abogados Horacio Coutaz y Alejandra Romero Nicklison. Mientras que el representante del Ministerio Público fue el fiscal Martín Suárez Faisal.

Primer testimonio

La lectura del requerimiento de elevación a juicio estuvo a cargo del secretario del TOF, César Toledo, cuyo repaso completo llevó más de una hora.

Hubo un cuarto intermedio y la audiencia se reanudó antes de las 11, con la declaración testimonial de Amalia Ricotti, secuestrada entre el 16 y el 31 de mayo de 1978 en un centro clandestino de San José del Rincón, junto a su ex marido, el fallecido José Alberto Tur.

Barcos no era policía ni militar, sino que trabajaba como personal civil de inteligencia, en colaboración con el Ejército, en el Destacamento 122.

Está acusado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y tormentos” por el secuestro del matrimonio Ricotti-Tur y se encuentra preso desde hace más de dos años, luego de que Amalia Ricotti lo reconociera en la cola de un banco y lo denunciara en 2005 por aquellos hechos. La mujer aseguró que era él quien integraba las denominadas “patotas”, además de desempeñarse como empleado de la obra social de la Uocra (Ospecon).

Esta mañana, cuando Ricotti llevaba ya más de una hora de relato, el jurado llamó nuevamente a un cuarto intermedio, esta vez porque la testigo se mostró muy conmocionada, lo que le impedía seguir adelante con el testimonio.

El de Barcos es el segundo juicio de estas características que se lleva a cabo en la Justicia Federal de Santa Fe. En diciembre pasado, el mismo tribunal, pero integrado con otros jueces, dictó condenas de entre 19 y 23 años de prisión para seis acusados de delitos de lesa humanidad.

Cronograma

Para el juicio al PCI Horacio Barcos está prevista la declaración de 17 testigos y de no mediar inconvenientes la sentencia podría estar lista para fin de mes. Durante las audiencias venideras el tribunal recibirá el testimonio de compañeros del gremio docente y de militancia de Alberto Tur, además de aquellos que por otras circunstancias estuvieron ligados a las víctimas de alguna manera.

11 de marzo: A partir de las 8.30 se presentará Adriana Arce, compañera de Tour del gremio docente; también estuvo secuestrada y ya declaró en el juicio de Rosario. Su testimonio fue a pedido de la fiscalía. Ese mismo día se espera la presencia de Ricardo Scholtus, entonces director ejecutivo de una importante firma de la ciudad; y el periodista del diario El Litoral, José Luis Pagés, testigo de la época y amigo de Alberto Tour

12 de marzo: Declaran Susana Molinas, Narciso Rubén Gómez y Elena Luisa Muchiutti, docentes de la época, también a pedido de la fiscalía.

22 de marzo: Estarán el tribunales José Manuel Benvenutti, decano de la Faculta de Derecho; Rogelio Alaniz, periodista, docente e historiador local; y el Secretario General de ATE, Jorge Hofmann.

23 de marzo: Comparecerá César Luis Frillochi; Stella Maris Ricotti, prima de Amalia; y el médico Carlos Alberto Spitser.

25 de marzo: Será el turno de Daniel García y Alba Sánchez -ya declararon en la causa Brusa-; Santiago Deheza y Hernán de la Peña.

Para el 29 y 30 de este mes se espera que se realicen los alegatos y el 31 podría estar el veredicto.

miércoles, 3 de marzo de 2010

Alegato de la fiscalía

"Nadie actuó coaccionado, nadie dijo si no torturás, te torturo, si no matás, te mato. Las órdenes de matar, torturar, violar, sustraer identidad de menores, no debían ser cumplidas, debieron oponerse. Todo lo hicieron convencidos. No son crímenes de guerra ni excesos, son delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático". De este modo contundente se expresó ayer la fiscal federal Mabel Colalongo ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 al describir el accionar delictivo de los cinco imputados en la causa Guerrieri-Amelong.

Básicamente la fiscal se refirió ayer a "la responsabilidad de los imputados en los hechos de la causa analizando la prueba de cargo". De los diversos testimonios prestados en la causa y de la prueba documental la fiscal Colalongo consideró "probada la participación de los mismos en los ilícitos que se les atribuyen". Se refería a Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.

La representante del Ministerio Público reiteró que "todos ellos eran miembros del Destacamento de Inteligencia del Batallón 121 por lo cual era muy difícil que desconocieran el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención". En este sentido, recordó "la declaración de Agustín Feced ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas donde expresamente dijo que el Servicio de Informaciones estaba bajo control operacional de las FFAA y bajo las órdenes del Servicio de Inteligencia, y la Orden 404 que imponía la presencia obligatoria del personal de Inteligencia en procedimientos de detención de elementos subversivos". Colalongo remarcó que "a diferencia de la vincha de Amelong pidiendo legalidad, este juicio se ajustó a la única legalidad posible que es la del Estado de Derecho".

La fiscal también analizó "el encuadre de las conductas de los imputados en los tipos penales correspondientes, calificando las mismas como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas mediante el uso de violencias y amenazas, agravadas también por dirigirse contra perseguidos políticos, por haber durado más de un mes en muchos de los casos, delito de tormentos y homicidios agravados por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido en procura de lograr la impunidad de los autores", agregando que, "todos estos delitos no fueron cometidos en forma aislada sino masiva por los que el Derecho Internacional los incorpora como delitos de lesa humanidad".

En otro tramo del alegato la fiscal se refirió a la participación de los imputados en los hechos, señalando que "en todos los casos se los debe considerar como coautores ya que, por el rol preponderante de la Inteligencia, tenían el dominio de los hechos y la decisión final, aún en los casos en que entregaban a los secuestrados a otra área o sub zona, como en los casos de Hilda Cardozo o Jaime Dri, y además tenían presencia activa en los lugares clandestinos de detención, por lo que no es casual que todas las víctimas los mencionen".

lunes, 1 de marzo de 2010

BUSCAN RESTOS DE UN DESAPARECIDO INHUMADO EN SANTA FE

Lo secuestró Feced, lo enterraron en Santa Fe 
Por Juan Carlos Tizziani

El Equipo Argentino de Antopología Forense (EAAF) comenzará hoy la búsqueda de los restos de un desaparecido durante la dictadura que fue secuestrado por la patota de Agustín Feced en Rosario, su cuerpo apareció después acribillado en la zona de Barrancas y posteriormente terminó inhumado en el cementerio municipal de Santa Fe, en octubre de 1976. El caso está vinculado con la caída de otros dos militantes políticos en Rosario, inhumados también en Barrancas, en setiembre de 1976, que ya fueron identificados en una causa que instruye el juez federal Reinaldo Rodríguez desde principios de 2008, pero cuyos nombres se mantienen en reserva por pedido de las familias. La investigación sumará más pruebas sobre los métodos del terrorismo de estado: secuestros, torturas, homicidio y desaparición del cuerpo, dijo Miguel Nieva, integrante del EAAF que realizará los trabajos de excavación en el cuadro 5 del cementerio santafesino.

"Vamos a trabajar en una exhumación en el marco de la causa del cementerio de Barrancas. Estamos en la búsqueda de un NN que fue hallado, precisamente en la zona de Barrancas y luego inhumado en el cementerio de Santa Fe", el 18 de octubre de 1976, informó Nieva en un diálogo con Rosario/12.

El antropólogo evitó precisiones porque las familias de las víctimas pidieron reserva en la causa que investiga el juez Rodríguez. Pero a principios de 2008, ya se hicieron dos exhumaciones en el cementerio de Barrancas, se recuperaron los restos de dos NN y se les devolvió la identidad. Las pericias confirmaron que ambos fueron ejecutados. Por lo tanto, las tareas que comenzarán hoy en Santa Fe apuntan a la búsqueda de un tercer desaparecido vinculado con los anteriores, pero que a diferencia de aquellos no fue inhumado en Barrancas sino en el cementerio de la capital. "Los tres podrían habían sido víctimas de la misma caída en la ciudad de Rosario", planteó Nieva.

Los documentos sobre la inhumación en Santa Fe de un cuerpo encontrado a la vera de un camino en Barrancas durante la dictadura ya se conocían desde 1984. Pero la causa judicial recién avanzó en 2008 con la investigación del Equipo de Antropología Forense, que comenzó a definir el mapa de la represión en la provincia: el secuestros de militantes políticos en Rosario en setiembre de 1976, la inhumación de dos cuerpos en Barrancas y ahora la posibilidad de que un tercero pueda estar en el cementerio de Santa Fe, desde octubre de 1976.

En abril de 1984, a pedido de la Conadep, el ex director del cementerio de Santa Fe, Mentor María Doello, elaboró un informe sobre las inhumaciones de víctimas del terrorismo de estado en el período 1976/80. El documento llegó a manos del entonces secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe, Edgardo Luna. Y una de las anotaciones expresa: "NN masculino, inhumado en el cuadro Nº 5, hilera H, fosa Nº 31, el día 18 de octubre de 1976. La causa de la muerte se desconoce en esta dirección (del cementerio). El cadáver fue trasladado de la ciudad de Barrancas, provincia de Santa Fe, a la sala policial del Hospital Piloto por orden del juez de Instrucción de la 1ª nominación, doctor Juan Cantoia, el 16 de octubre de 1976".

Otros documentos judiciales de la época revelan que los dos cuerpos inhumados en Barrancas habían sido hallados el 26 de setiembre de 1976, y el tercero, inhumado en Santa Fe, dos días después, el 28 de setiembre de 1976.

En la causa que investiga el juez Rodríguez ya se presentó una denuncia penal "por la persecución política de las víctimas, homicidio, posterior desaparición del cuerpo y enterramiento en forma clandestina en el cementerio de Barrancas. Hechos ocurridos en el marco del genocidio producido en nuestro país a partir del terrorismo de estado de la última dictadura instaurada entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983", dice la querella.

En septiembre del año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó en el juicio a los represores de Rosario un informe sobre las exhumaciones en la provincia: Santa Fe (once cuerpos, diez identificados), San Lorenzo (tres exhumados, uno identificado), Coronda (cuatro exhumados, tres identificados), Barrancas (dos exhumados, uno identificado. Ahora habría que agregar el segundo), Melincue (dos exhumados), Maciel (un exhumado), Timbúes (un exhumado), La Piedad (un exhumado e identificado), Granadero Baigorria (un exhumado e identificado). "Del total de casos relevados, podemos inferir que en su mayoría fueron ultimados en forma extrajudicial al menos en un 45 por ciento, mientras que el 54 por ciento restante se encuentran aún desaparecidos". La dictadura utilizó varios "métodos para deshacerse de los detenidos" y uno de ellos fue "la ejecución a la vera de un camino o ruta" y luego los "enterramientos clandestinos", concluyó.